“Proponemos eximir de impuestos para nuevos empleos en Pymes y dar incentivos fiscales a las empresas para que los jóvenes puedan acceder a su primer trabajo”, afirma Agustín Bertuzzi, referente juvenil de la Coalición Cívica y precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el espacio Juntos, en la lista encabezada por la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.
A sus 30 años, se desempeña como asesor legislativo del diputado Maximiliano Ferraro, referente de la Coalición Cívica, y como docente auxiliar en la Facultad de Derecho de la UBA y entre sus propuestas electorales se encuentra la reducción de impuestos a las Pymes para que los jóvenes accedan a su primer empleo y mejoras en las políticas ambientales.
¿Cuáles son las propuestas en materia de educación de Juntos?
-Proponemos que las escuelas estén abiertas, no queremos que ninguna pandemia vuelva a cerrar los colegios. Consideramos un proyecto de ley para que los niños puedan recuperar esas horas perdidas durante la pandemia y otra cosa que proponemos es que las familias se integren al debate educativo. Durante la pandemia los jóvenes y los padres se organizaron y fueron actores que tomaron visibilidad ante un gobierno que solo se dedicó a hablar con los sindicatos y gremios. Además, señalamos que la evaluación debe ser obligatoria y mucho más fuerte, tanto para docentes como para estudiantes, porque si queremos mejorar en materia educativa, debemos saber en dónde estamos parados.
¿Cómo observan desde el espacio de Juntos el aumento de la informalidad laboral en los jóvenes?
Es una realidad que el empleo registrado no crece desde 2011 y por otro lado hay millones de personas que se desempeñan en la informalidad laboral y se encuentran desprotegidos, sin obra social y sin derechos laborales. Esto a los jóvenes afecta aún más, porque más de la mitad de la población juvenil se encuentra en esta situación.
¿Qué proponen al respecto de esta situación de crecimiento de la informalidad laboral?
Para nosotros es clave dar una respuesta a esta problemática, por eso proponemos incentivos fiscales como exenciones impositivas para los nuevos empleos en las Pymes, que consideramos que son el motor de la economía en nuestro país y sobre todo incentivo a las empresas para el primer empleo joven. Esto lo consideramos clave porque da posibilidades a que los jóvenes puedan acceder a su primer empleo.
¿Cuál es tu mirada acerca de las problemáticas ambientales?
Estoy muy comprometido con el tema de la Ley de Humedales. En nuestro espacio, Maximiliano Ferraro es uno de los mayores impulsores de la ley en el Congreso. El año pasado, logramos un dictamen a favor en la Comisión de Ambiente y estamos trabajando para que pronto sea ley, porque es una problemática que afecta a gran parte del país y hay que darle una respuesta urgente para que no avance la especulación inmobiliaria y proteger a las especies y al agua.
¿Cuáles son tus propuestas en relación a los problemas ambientales?
Una de nuestras propuestas es un incentivo fiscal para el desarrollo de emprendimientos sustentables, que contemplen reciclaje o la generación de energía verde. Otra de nuestras ideas es dar incentivos económicos para la adquisición de vehículos eléctricos y el fomento a estas industrias con el objetivo de cambiar la lógica energética debido a que emitimos mucha energía sucia.
¿Por qué se encuentra cajoneada la Ley de Humedales?
Tiene que ver con prejuicios por desconocimiento. En parte porque el oficialismo nacional es un movimiento político que está identificado con el ataque al campo, me parece que la desinformación viene del lado de ese prejuicio. Entonces queda el prejuicio de que les van a prohibir producir. A pesar de eso, el dictamen sólo prohíbe la producción en áreas muy afectadas que se las denominó área roja. Aunque sabemos que hay diputados que responden a los intereses de los sectores agropecuarios y sumados a los prejuicios, impiden la posibilidad de consensos. Ojo, esto es transversal a todos los partidos políticos.
¿Qué pueden aportar los jóvenes al debate político?
Entre los jóvenes está bastante difundida la idea de que la política es mala solo porque se circunscribe en la política partidaria, aunque también hay jóvenes que están muy comprometidos con la política. Uno de los ejemplos más notorios es cuando los jóvenes salen a la calle por el cambio climático, hacen política en las universidades o en las ONG. Tal vez no hacen participación política partidaria. Nosotros los partidos políticos tenemos que dar una respuesta a esto, porque como militante desde hace más de 10 años, les diría que es una forma hermosa de hacer política. Por ejemplo, me siento orgulloso que antes de la promulgación de la Ley de Agricultura Urbana en la ciudad, que promulgamos desde nuestro espacio político en 2015, observamos que vecinos del Parque Centenario hayan realizado una huerta en un espacio libre que había en el lugar. Ver algo que escribiste con un compañero hace años y que se efectúe realmente es hermoso.
¿Cómo fueron tratadas las juventudes durante esta pandemia?
Considero que fueron dejados de lado, no solo por la educación en donde en muchos casos no tuvieron clases presenciales por un año y sumado a que muchos sectores tuvieron dificultades en trabajar en la virtualidad, sino también que se los responsabilizó por el aumento de contagios. Las excusas de que los jóvenes contagian porque se iban a fiestas, fueron un justificativo de un gobierno que no creyó en el testeo como forma de control. Considero que a los jóvenes se los dejó en el último lugar y se los atacó.
¿Qué cosas dejó la pandemia en materia política?
La pandemia visibilizó que en política no somos todos lo mismo. La Ciudad pudo diferenciarse del Gobierno de la Nación porque acá no había vacunatorios VIP. Los funcionarios del Gobierno de la Ciudad esperaron sus turnos a tiempo y se dio prioridad a las personas más grandes, mientras que el Gobierno nacional dio prioridad a sus amigos. En donde gobernó Juntos por el Cambio se dio prioridad a la educación, a la salud y al empleo.
Cómo militante y dirigente de la Coalición Cívica, ¿qué sentiste cuando Elisa Carrió realizó una fiesta con 70 personas en Exaltación de la Cruz?
-La verdad pienso que la etapa de la pandemia no era la misma. Por otro lado, doy fe de que en esa semana los diputados que asistieron a la celebración fueron testeados en el Congreso y la verdad no considero que sea una situación comparable con lo ocurrido en la fiesta de Olivos.
Luego de 14 días de ocupación, los vecinos y vecinas de la villa 21-24 levantaron la toma de los terrenos ferroviarios, en el barrio de Barracas, luego de un acuerdo, tras participar de una mesa de negociación con representantes de los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación.
“Tras una hostil oferta que proponía solamente el desalojo y algunos pocos materiales de construcción, pudimos negociar y plantear las necesidades que tenemos en el barrio. Conseguimos 135 subsidios habitacionales de parte de Ciudad y 135 subsidios de ayuda urgente de parte de Nación, ambos de $50.000 y por única vez”, detalló Nahuel Arrieta uno de los vecinos autoconvocados que participó de la mesa de diálogo convocada por el juez que interviene en la causa por la ocupación de los terrenos, Daniel Rafecas, que terminó con la toma.
De la mesa participaron además de Rafecas, representantes del Ministerio de Desarrollo de la Nación y del Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires; y por de los vecinos autoconvocados, tres delegados de la toma, Héctor y Nahuel Arrieta y Eliana Gramajo, acompañados por el cura Lorenzo “Toto” de Vedia, de la Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé.
Luego de recibida la propuesta, los referentes debatieron en asamblea con todas las familias autoconvocadas y resolvieron aceptar el ofrecimiento, a cambio de desalojar el predio de forma pacífica. “Esto no resuelve el verdadero problema, ni siquiera resuelve los problemas de alquiler, porque terminás gastando todo muy rápido -agregó Arrieta-. Lo que mejor pudimos conseguir, que para mí es lo verdaderamente importante, es una segunda mesa de diálogo, pero con los verdaderos actores que pueden llegar a solucionar el problema de fondo que tenemos: el déficit habitacional”.
El martes 14 de septiembre, los delegados mantendrán una reunión con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. “Vamos a plantear nuestras necesidades, pero también vamos a ampliar el reclamo para poder llegar a pelear la urgente urbanización e integración urbana de la villa 21-24 y Zabaleta”, sentenció el referente.
Se llama Da que estrictamente significa Diccionario castellano-wichí y, aunque no lo dice su nombre, se trata de una página web, que es una herramienta destinada a la traducción de palabras desde la lengua originaria a la lengua castellana y viceversa. El trabajo colectivo que busca satisfacer una necesidad tuvo que sobrepasar obstáculos técnicos y sociales durante años. Se logró con la participación de los propios hablantes y el apoyo de las instituciones académicas como la Universidad Nacional de Formosa y la Universidad de Buenos Aires y el auspicio del Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT) del CONICET
En las comunidades wichís había una demanda, hace tiempo rondaba la idea y necesidad de un proyecto así. En las provincias del norte del país se habla más de una lengua y no genera sorpresa la necesidad de un diccionario bilingüe. En Formosa, por ejemplo, existen escuelas donde asisten chicos con diferentes lenguas nativas, por lo tanto, los maestros necesitan un soporte para poder enseñar con la menor cantidad de dificultades posibles, el diccionario también es útil para que en los hospitales públicos los pacientes puedan expresar sensaciones y sentimientos sin que existan mayores interferencias en el diálogo, y un sinfín de peripecias en las que también viene bien la traducción.
“Hay gente blanca a la que le importan los idiomas originarios por eso es muy importante que haya un diccionario”, cuenta Graciela Bramajo, integrante de la comunidad wichí y participante del proyecto.
Lawit’äy (problemas) y desafíos
Una de las barreras a saltar para la conformación del diccionario fue la escritura. El proyecto debía acompañar el proceso de estandarización de la escritura wichí -a diferencia del castellano con larga tradición escrita-. Los primeros escritos datan de fines de siglo XIX y principio del siglo XX. El alfabeto comenzó a formarse y sufrió modificaciones. El uso de la lengua escrita se dio de a poco y se generó un desarrollo de la enseñanza de lectoescritura wichí. La temprana edad de los estudios implicó un desafío para el desarrollo del diccionario. Desde el equipo técnico se decidieron integrar las variantes ortográficas más sistemáticas que se presentan en algunos términos, existen casos en los que hay vocablos que se escriben de dos o tres formas.
A raíz de una joven práctica de la escritura e incorporación de la ortografía suele ocurrir que una persona escriba la misma palabra de dos formas distintas, cuando esto es sistemático puede ser por el hecho de que en la zona decidieron representar el sonido de otra forma. El diccionario pretende respetar estas variantes dialectales.
El trabajo abarca dos complejos dialectales, el pilcomayeño (Pyo) y el bermejeño (Bjo), que representan las dos variedades que tienen diferencias más estructurales e importantes, son las que tienen más tiempo de divergencia. Dentro de estos complejos también hay subdivisiones. Estos matices de la lengua wichí provoca otro desafío a superar y un carácter más para tener en cuenta a la hora de confeccionar un diccionario. Una de las diferencias estructurales es la variación en relación con las vocales, el pilcomayeño tiene seis vocales y el bermejeño tiene cinco; otro ejemplo es la forma de la primera persona: para decir “yo”, algunos lo hacen con la letra “o” y otros lo hacen de una forma que empieza con la letra “n”. Son diferencias que necesitan mucho tiempo para que se instalen en las comunidades.
El tiempo como en toda lengua impone y también deja palabras en desuso. Durante el armado se dieron largos debates entre ancianos y jóvenes de la comunidad wichí. La variación entre generaciones es interna en la lengua. Además de estos cambios, el contacto con el español provoca una serie de préstamos léxicos que también son abarcados por este diccionario. Por ejemplo, la comunidad wichí ha adoptado el sistema numeral occidentalcon las palabras en español adaptadas fonológicamente, el wichí era un sistema en base a 5. Más de 5, se consideraba muchos.
Llevar a cabo este proyecto exigió un gran compromiso y dedicación por parte de los integrantes del equipo técnico. Sus miembros se trasladaban por los pueblos cercanos para reunirse con otros compañeros wichís, Bramajo relata su rol y las cosas que tuvo que hacer en estos años: “Yo participaba en las reuniones, revisaba las palabras y buscábamos las traducciones, hubo días en que íbamos a Mortero que queda a 57km de Lomitas, en una moto con la profe Vero para juntarnos en la escuela con los demás”. La pandemia y las restricciones trajo nuevas limitaciones, las reuniones en la plaza quedaron suspendidas y ahora buscan la manera para organizarse y actualizar las entradas.
Iklafwete (detrás) del diccionario online
El trabajo consistió en incorporar las listas de palabras recolectadas para estudios lingüísticos, los términos se extrajeron de textos orales, términos de vocabularios específicos que fueron producidos por los hablantes nativos wichí en los últimos años.
Para lograr este diccionario se realizó un trabajo colectivo -intervinieron 47 autores/traductores hablantes nativos de las dos lenguas- donde se practicó la investigación participativa, “supone llevar adelante un trabajo analítico que no se realiza individualmente como lingüista, sino también con un equipo y con la participación de los interesados” define la lingüista Verónica Nercesian, quien también es coordinadora general del diccionario.
El equipo técnico compuesto por nueve personas formadas en lingüística y personas con diferentes experiencias y trayectorias cargó la información, colocó la palabra en wichí, buscó la correspondiente en castellano, la información gramatical, alguna información etimológica y así con cada palabra. El diccionario intenta tener la correspondencia semántica -la similitud de elementos conceptuales entre las dos lenguas- más aproximada posible.
El diccionario sale a la fwala (luz)
El proyecto se viene gestando hace siete años y a pesar de que ya se puede acceder al sitio y utilizarlo, aun el trabajo no finaliza. Existe un equipo técnico que se ocupa de confeccionar las listas de palabras y actualizar las entradas en el buscador. Reunieron 3.500 vocablos. En el caso de las que no se encuentran, el usuario podrá completar un formulario para indicar qué palabra buscaba o que inconveniente tuvo, y el equipo técnico recibe el pedido y lo suma al trabajo de elaboración y edición que se continúa haciendo.
Antes de su salida, el proyecto sufrió modificaciones y demoras. La idea inicial constaba de un diccionario impreso y pensado para la variedad del bermejo. El tiempo y el trabajo demostró que se necesitaba cambiar para cumplir otras necesidades, esto hizo que se modifiquen los lapsos de la publicación. “Había que repasar las palabras una por una, incorporar más gente y recorrer otras zonas” cuenta Bramajo.
La versión impresa no era la mejor opción. Traía limitaciones de alcance y costo, imprimirlo implicaba contar con un financiamiento o subsidio de investigación lo cual terminaba en una cantidad escasa de ejemplares, además el uso iba ser mucho más limitado. A la vez, acudir a una editorial y entrar en el mercado dificultaría la llegada del diccionario a la comunidad wichí ya que en la mayoría de los pueblos las librerías son inexistentes. Se evaluó y se pudo ver que la circulación de un diccionario en formato papel sería costosa, limitada y representaría un problema al momento de hacer correcciones. Todas estas dificultades se solucionaron con la versión online. El alcance es infinitamente mayor, es gratuito, de acceso libre y la edición se puede dar permanentemente. La popularización de teléfonos inteligentes y la mayor posibilidad de conexión a internet brindó una ayuda que no debía ser desaprovechada, un diccionario online llegaría a las manos de las comunidades wichís y a las de los hispanohablantes.
Esto es solo el lates (principio)
Un proyecto como este no solo recoge el trabajo lingüístico y lexicográfico, es decir, no gira exclusivamente alrededor del aporte científico, sino también es importante el aspecto de lo popular que existe detrás, son personas de dos lenguas que participaron en conjunto, supieron ver lo que faltaba y buscaron llenar el vacío. Ahora el equipo técnico extiende la responsabilidad al usuario, quien toma una importancia significativa. Su búsqueda y el uso de la página harán que surjan cada vez más palabras y que se extienda la participación de la sociedad en la creación de un diccionario que es para todos.
El trabajo no termina, pero se llegó a una nueva etapa, la dedicación de muchos años y después de muchas palabras se logró la publicación y se alcanzó una de las metas iniciales, que la población pueda usarlo. “El desafío era armarlo -sostiene Nercesian-, ahora debe mantenerse, se corregirá y se ampliará conforme pase el tiempo y el uso, por esta razón se decidió hacerlo público a pesar de que esté en proceso, porque un diccionario que no se usa es un diccionario que no sirve”.
Luego de varios días de protestas, las soluciones a los problemas habitacionales de los y las vecinos y vecinas parecen esfumarse como muchas otras promesas de campaña. El predio ocupado en los terrenos lindantes a las calles Luna y Lavardén es propiedad nacional a cargo de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF S.E), y esta semana se transformó en el escenario que permitió visibilizar el reclamo por un derecho largamente postergado: el acceso a una vivienda digna. Según el Gobierno porteño, la zona iba a ser utilizada por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) para realizar una obra de agua potable en convenio con Aysa. No obstante, los vecinos aseguran que esa obra nunca se anunció y que el terreno hace varios años que está abandonado.
En carpas y refugios, ciento sesenta familias resisten a las embestidas policiales y denuncian el abandono del Estado. “Fuimos los vecinos -explica Nahuel Arrieta, uno de los referentes de la toma- quienes trajimos las escuelas, los comedores y nos organizamos siempre de forma autogestiva. En las exigencias diarias de la 21-24 no aparece ningún ente estatal. Sufrimos constantes cortes de luz y hostigación permanente por parte de las fuerzas armadas. La realidad de esta toma no se diferencia mucho con lo que pasa en la Villa todos los días”.
A orillas del Riachuelo, la Villa 21-24 se encuentra emplazada en los barrios de Barracas y Nueva Pompeya al sur de la Ciudad de Buenos Aires y oficia de frontera con el partido de Avellaneda. Es una de las primeras villas y con 65 hectáreas es la más extensa en términos territoriales. Su historia está ligada al crecimiento del AMBA y su origen se relaciona con la proximidad de los barrios fabriles que, prontamente, impactaron en la contaminación del Riachuelo. Para 2010, según los datos oficiales del Censo de ese año, la población de la Villa ascendía a 31.018 habitantes, 7.455 viviendas habitadas y 9.127 hogares. Y para 2013, la fotogrametría realizada por el Ministerio de Desarrollo Urbano señaló un crecimiento cuantitativo: 48.315 habitantes, siendo así una de las villas más densamente pobladas de la Ciudad.
En todo estás vos (según donde vivas)
El abandono estatal que denuncia Arrieta se traduce en una profundización de la actual crisis habitacional que se vive en la Ciudad de Buenos Aires, y que repercute especialmente en los barrios más vulnerables. La emergencia sanitaria producida por el covid-19 generó una desaceleración económica que no sólo visibilizó, sino que profundizó los déficits socioeconómicos estructurales previos.
La falta de una vivienda digna es uno de los tantos rostros que muestra hoy la prolongada exclusión y marginalidad padecida por las familias de la 21-24. “Esta Villa no está urbanizada. Hace 40 años que luchamos por un Plan de Urbanización”, reclama Arrieta.
En efecto, no sólo el presente, sino también el futuro está lejos de ser promisorio. Según el informe de ACIJ, el presupuesto 2021 destinado a villas incluye programas de infraestructura y vivienda, atención de emergencia e integración social y económica que responden principalmente a los procesos de reurbanización de los barrios Carlos Mugica (Villa 31), Barrio 20 (Villa 20), Playón de Chacarita (Villa Fraga) y Rodrigo Bueno, así como los conjuntos de vivienda nucleados por la afección a las relocalizaciones de la cuenca Matanza Riachuelo.
El monto presupuestario es de $8.302 millones, número similar al del 2020 ajustado por inflación y 67.9% menor en relación al presupuesto devengado en 2019. Para la ACIJ este panorama resulta grave si se considera que las intervenciones implican no sólo la finalización de obras pertinentes, sino también el inicio de mejoramientos e infraestructura necesarios para la formalización y adecuación de viviendas existentes.
Hasta ahora, los procesos de reurbanización en las cuatro villas han estado centrados en la construcción de viviendas nuevas, pero aún están pendientes obras de infraestructura y de provisión de servicios básicos.
Por otro lado, se advierte que el desarrollo de nuevos procesos de reurbanización, comprometidos legalmente en alguna de las villas de la ciudad, se tornan inviables con los montos asignados. En este sentido, para la Villa 21-24, en la cual el Gobierno de la Ciudad tiene a partir de la causa judicial Riesgo Eléctrico del año 2010 la obligación de establecer una provisión eléctrica adecuada a todo el barrio, no se observa una afectación presupuestaria para tal objetivo. Asimismo, “en el plan plurianual de inversiones para la villa 21-24 sólo se verifican montos asignados a obras de mejoramiento y para la red peatonal e infraestructura del Eje Iguazú, pero que presumiblemente sirvan para dar respuesta a lo dispuesto en la Causa Mendoza de 2008. Mientras tanto, la obligación de garantizar electricidad segura en la Villa 21-24 no está presente dentro del presupuesto para 2021”, concluye el informe.
Una urgente necesidad
Desde atrás de un muro que separa a la 21-24 de las tierras del ferrocarril, Tito Arrieta, familiar de Nahuel y uno de los encargados de dar a conocer las exigencias de los y las vecinas y vecinos, indica: “A partir de la pandemia la situación está mucho peor en los barrios populares como Retiro, la Villa 21 y Bajo Flores. Cada vez la emergencia habitacional va creciendo, los sueldos van bajando, y al tener un sueldo de $30.000 es imposible que podamos alquilar cuando los alquileres aumentan progresivamente.”
Para generar soluciones, reclama una intervención activa por parte del Estado. Como respuesta, en cambio, reciben amenazas de desalojo impulsadas por el juez Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado en lo Correccional y Criminal N°3. Al ser un predio nacional, la causa judicial por la ocupación quedó finalmente en sus manos.
La falta de acción por parte de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para hacer frente a las problemáticas de los barrios populares no sólo se ve reflejada en su pasividad para resolver las exigencias de esta toma de tierras, sino que se hace sentir hace años por la falta de planes integrales de urbanización.
Tito, vecino con 20 años de antigüedad en el barrio y autoconvocado a la toma, afirma que: “La falsa promesa de la urbanización se ve, tal vez, en los edificios del PROCREAR que están atrás de la cancha de Huracán y los que están en la Estación Saenz. Cuando te querés anotar para acceder a la vivienda, piden tener un sueldo de 60.000 pesos o 70.000 para arriba, y eso es imposible, ni siquiera sumando los sueldos con mi cónyuge llegamos, y eso imposibilita poder acceder a la primera vivienda que todos queremos”.
Por su parte, Eliana Gramajo, encargada de las tareas operativas dentro del predio, extiende una de las exigencias de los y las vecinas: “Nosotros pedimos que nos reubiquen, hay familias con siete u ocho hijos a los que no les alcanza para comer porque tienen sueldos muy bajos y se les va la mayor parte en el pago del alquiler. Las casas de PROCREAR supuestamente iban a ser para los que vivimos acá, iban a sacar metros del terreno del ferrocarril para poder construir, pero están sin ocupar hace varios meses. Exigimos que nos escuchen, queremos una mesa de diálogo con la Ciudad, el IVC y Nación”.
Como consecuencia de la falta de urbanización e integración, la semana pasada falleció Luján Sofía Caballero López, de 15 años, tras ser atropellada por el tren de cargas de la empresa Ferrosur, que pasa a menos de medio metro de las casas del barrio. Sin embargo, a pesar de haberse difundido que este era un causante del inicio de la toma de tierras, Tito Arrieta confirma que no lo fue: “Lamentamos mucho la muerte de Luján. Los trenes pasan por acá hace muchísimo tiempo y el Estado nunca se hizo cargo. Igualmente, la toma de este predio fue autogestionada por los vecinos y fue una coincidencia con lo de Luján. Decir que hubo un aprovechamiento de esa muerte, como hacen algunos medios, me parece lo más nefasto que hay.”.
Como epítome de la nula intención de cooperación por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para con el vecindario, se presentó una situación absurda al quinto día de la toma. Jorge Gonzalez, empleado del IVC – Instituto que está a cargo del Gobierno porteño- y vecino de la 21-24, fue despedido de su puesto de trabajo por haber llevado alimentos a sus familiares dentro del predio. Arrieta expresa al respecto: “Exigimos la reincorporación inmediata a su puesto laboral ya que su única participación fue la asistencia con comida y bebida a vecinos, no es un referente de la toma como lo acusan en su trabajo y lo único que hizo fue solidarizarse”.
A nueve días del comienzo de la toma de las tierras, no se vislumbran soluciones reales a una problemática que impacta directamente sobre los proyectos de vida y las trayectorias de las personas que los atraviesan. Los problemas de vivienda condicionan la vida cotidiana y tienen implicaciones tanto económicas como sociales, e incluso sobre la salud física, mental y emocional. La situación habitacional está en crisis y no se puede mirar hacia otro lado.
“Proponemos eximir de impuestos para nuevos empleos en Pymes y dar incentivos fiscales a las empresas para que los jóvenes puedan acceder a su primer trabajo”, afirma Agustín Bertuzzi, referente juvenil de la Coalición Cívica y precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el espacio Juntos, en la lista encabezada por la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.
¿Cuáles son tus propuestas en relación a los problemas ambientales?
¿Qué cosas dejó la pandemia en materia política?
