Sep 22, 2021 | Géneros, Novedades
“El concepto de libertad en el mundo islámico es absolutamente distinto al del mundo occidental”, dijo a ANCCOM Belén Torchiaro, musulmana y politóloga especialista en relaciones internacionales. El punto está en la interpretación de los hechos. Torchiaro menciona a Boushra Y. Almutawakel, fotógrafa yemení, cuya obra de arte de mujeres utilizando la burka se viralizó en las redes sociales y que expresó que su trabajo había sido mal interpretado y utilizado para hacer una crítica negativa del islam. Se interpreta que la vestimenta oprime y que es necesario desaprender esos comportamientos en pos de ser libres. “Se confunde al régimen talibán con el islam porque eso es lo que los medios venden. Se pierde el foco; sus principales víctimas son los propios musulmanes”, expresó Nancy Falcón, directora del Centro de Diálogo Intercultural Alba.
Existen parámetros sesgados al momento de tratar el conflicto, discursos occidentales y eurocéntricos. Discursos construidos y dados por hecho. “Ahora porque estamos hablando del caso afgano pero cada vez que se menciona algún conflicto -lo que más aparece en Argentina es el caso de Palestina cuando hay alguna situación puntual- las personas que estamos todo el año mirando hacia ese lado del mundo, lo vemos a diario, cómo se hacen las representaciones en el imaginario colectivo. Cómo se construye la mirada hacia una mujer que utiliza el velo”, expresó Torchiaro y agregó que esto contribuye a la forma en que se mira a las musulmanas que habitan suelo occidental: “Están siendo todo el tiempo juzgadas y puestas en tela de juicio con el discurso de ´ya estás en Occidente, sacate tu pañuelo, ya podés ser libre´. Con una presión y una violencia total”.
“Hay una construcción del islam como un otro lejano, como un demonio, como algo que viene a atacar nuestra libertad, nuestros supuestos derechos que muchos son ganados, pero no sin luchas”, enfatizó Falcón. Por su parte, Torchiaro admitió que durante años “me costaba muchísimo afrontar la reacción que recibía -y que sigo teniendo- cada vez que digo que soy musulmana. ¡Y eso que no uso el hiyab! Cuando nos socializamos las mujeres musulmanas en sociedades que no son mayoritariamente islámicas, y sobre todo en las occidentales -como Argentina- que no son multiculturales, padecemos un gran racismo subyacente, interno, intrínseco”. Se infantiliza a todos los pueblos musulmanes y más a la mujer porque tiene un plus en la interseccionalidad que genera la opresión de ser una población de subalternidad en el mundo, como es la categoría género. Se las define todo el tiempo y al definirlas se las mutila, se las silencia.
Por otro lado, para Falcón decir que el islam condensa el paradigma de la misoginia y lo patriarcal, es un error. “El patriarcado es una forma discursiva, textual, que atraviesa pensamientos enteros, religiosos, filosóficos, políticos y no podemos decir que solo existe en el islam”, explicó.
Torchiaro sumó que existe una maquinaria ideológica alrededor, repetitiva, friccionada con la industria cultural, la televisiva, la cinematográfica, que reproducen ese imaginario.
El islamismo, como el catolicismo y el judaísmo, incluye diversidades, múltiples escuelas del pensamiento. El feminismo islámico existe hace años, es un pensamiento de base, reformista sobre el islam. Lo que hicieron las mayores eruditas, fue empezar a tomar los principios ordenadores de esas sociedades y replantearlos, repensarlos. La manera que encontraron más cercana a esto es acceder a los textos sagrados y hacer de éstos una hermenéutica feminista.
Desde occidente se mira a las mujeres de oriente con pena, desde un lugar de superioridad, producto de una mirada colonizadora, salvacionista. “La mujer afgana tiene voz. La mujer afgana viene luchando no solo contra los talibanes sino contra la ocupación estadounidense y anteriormente contra la ocupación rusa, donde hubo violaciones de derechos humanos, abusos sexuales, prostitución, trata de personas”, dejo en claro Falcón. Agregó que lo que podemos hacer es dejar de estigmatizar el islam per se como una religión retrograda, tratar de habilitarles la voz y no hablar por ellas. Unirnos en un feminismo que no debe tener fronteras ni distinciones entre las creencias.
Torchiaro cerró expresando que hay muchísimas maneras de analizar la situación de Afganistán desde lugares tan lejanos. Hay análisis políticos que terminan en lo más belicista, en lo más duro, en cuestiones geopolíticas pero lo real es que es una catástrofe humanitaria y esto va a generar un desplazamiento forzado de personas, mayoritario del que ya había, por eso se está haciendo un llamamiento internacional al pedido de recepción de refugiados. La comunidad musulmana argentina ya elevó pedidos a amnistía internacional.
Sep 22, 2021 | Comunidad, Novedades
“La situación en San Juan es bastante grave», cuenta Eliana Laredo, vecina de Jáchal e integrante de la asamblea Salvemos Huachi.»Ya es de público conocimiento que tenemos un megaproyecto minero desde el 2000 que es Veladero de Barrick Gold. Por distintas situaciones, en el 2015 nos levantamos como pueblo y surgió la idea de crear una asamblea. No tardamos mucho en conformarla porque en septiembre de ese mismo año ocurrió el derrame en Veladero. Y a pesar de las luchas en la justicia, en lo social, aquí seguimos luchando en la calle y concientizando”, cuenta la militante sanjuanina.
Hace aproximadamente tres años, un grupo de jóvenes creó Salvemos Huachi con el objetivo de llevar adelante una campaña social en el pueblo, concientizando principalmente a las juventudes y complementando el trabajo que venía haciendo la Asamblea Jáchal No se toca. Conformada en febrero de 2015, la Asamblea convocó a la comunidad movilizada debido a las actividades de exploración minera en La Ciénaga para la explotación de uranio, área natural protegida por su valor geológico y arqueológico, ubicada a 16 kilómetros del centro de San José de Jáchal, ciudad cabecera del departamento homónimo.
“Con Salvemos Huachi vamos a las escuelas, damos charlas. Antes de la pandemia hacíamos actividades en la plaza, todos los domingos pasábamos proyecciones. También hacemos marchas, notas, juntamos firmas para apoyar a nivel judicial lo que hace la Asamblea pero nuestro foco es más la concientización con distintas actividades en forma personal y a través de las redes sociales para visibilizar todo lo que está pasando acá. A la crisis ambiental se suma la crisis hídrica, “no tenemos una gota de agua”, dice Laredo. “Acá ya hay cortes, a los productores se les han disminuido los días de riego e incluso les han advertido que siembren menos para el año que viene porque va a haber menos agua”. Desde hace varios años distintos sectores y distritos cortan las rutas porque sufren la falta de este recurso primordial para la vida cotidiana y las actividades productivas de la zona, durante días, semanas y hasta un mes entero.
Al mismo tiempo que sigue funcionando Veladero -ya que se extendió su vida útil por al menos 10 años– se gestiona un nuevo megaproyecto de cobre, plata y oro tres veces más grande llamado José María de la empresa Lundin Gold. Ubicado en la cordillera al noroeste de San Juan en el departamento de Iglesia –entre los 3.700 y 5.300 metros sobre el nivel del mar- usaría en promedio 550 litros de agua por segundo y podría afectar su calidad, según figura en los informes de impacto ambiental. Este plan de mina a cielo abierto comenzó a explorar y perforar el área en 2003, y para su explotación, utilizaría el agua de las napas subterráneas.
“Las napas alimentan las únicas cuencas que tenemos acá y la mayoría de los distritos nos alimentamos de pozos de agua porque el agua del río Jáchal, desde lo de Veladero, no se puede consumir más”, dice Laredo. Ante el temor de la comunidad por el panorama ambiental que pronostica José María, han estado elevando notas y denuncias al Ministerio de Minería, al Consejo Consultivo Minero y al Ministerio de Ambiente de la Nación.
Además, por emplazarse dentro del ambiente periglaciar, en la Reserva de Biósfera San Guillermo, la provincia estaría incumpliendo con la Ley Nacional de Glaciares que prohíbe la actividad minera sobre estas reservas de agua dulce que alimentan las cuencas de San Juan. A su vez, hay un conflicto latente con La Rioja que reclama regalías debido al impacto ambiental que producirá en su territorio y a que hoy se accede a la mina a través de esa provincia, entre otras razones.
Veladero, mina de Oro a cielo abierto, ubicada en la provincia de San Juan.
Sin diálogo
Los vecinos y vecinas de Jáchal no mantienen un diálogo formal con el gobierno provincial ni tampoco fueron convocados a una instancia participativa respecto a este nuevo proyecto ya que la licencia social se limita a la población de Iglesia. Sin embargo, Jáchal se vería afectado ya que las cuencas hídricas alimentan ambos departamentos. Por el momento, sólo hubo reuniones de funcionarios de gobierno, concejales del departamento y proveedores con representantes de la empresa, a puertas cerradas, en busca de apoyo local. Laredo recuerda la llegada de CEOs para dar charlas en el municipio: “Les pasan un listado diciendo que firmen con nombre y DNI, una planilla común como para justificar que ha ido gente a la reunión y esa es la licencia social, pasó con Veladero. Ahora como saben que ya estamos advertidos y en pie de lucha, en el departamento no apareció nadie”.
Salvemos Huachi lleva ese nombre porque en el año 2018 quisieron instalar una minera en la zona aledaña al pozo que alimenta a toda la población de Jáchal y que toma agua del acuífero Pampa del Chañar. “A la gente no le gustó nada cuando se enteraron que la mina quería asentarse en Huachi, saben que es nuestra única fuente de agua. Sobre el río ya están resignados que está muerto pero tocar el acuífero era matarnos. La gente tomó conciencia y salimos todos. Cuando vieron a la gente en la calle el proyecto quedó en pausa. Y seguimos controlando porque no se dio de baja, no nos hemos quedado tranquilos. Tenemos contacto con vaqueanos y pobladores porque el lugar no está tan lejos pero no es fácil el acceso, y cuando podemos, vamos para ver si hay algún movimiento. Es más, hay una obra, un puente en el medio de la nada que es el paso de las maquinarias de la empresa para Huachi”, cuenta Laredo.
Hoy están latentes más de 180 proyectos mineros de una escala menor en toda la provincia aunque la mayoría se encuentra dentro de Jáchal, Iglesia y Calingasta. “Cuando nos enteramos de un proyecto ya tienen aprobada la prospección, exploración, ya hicieron todo”, dice Laredo. Tanto el gobierno departamental como provincial tienen una postura prominera, alineada con los gobiernos nacionales que han favorecido a estas empresas, por ejemplo, estableciendo un tope de regalías y eliminando las retenciones a las exportaciones mineras durante dos años en la gestión de Mauricio Macri o reduciéndolas de manera arbitraria.
“Ellos insisten que con la minería vamos a salir y va a haber desarrollo, trabajo, un montón de cosas pero nos están exponiendo a todos”, afirma Laredo. Las autoridades se escudan en rever las condiciones para el nuevo megaproyecto como el cobro de más impuestos y la mitigación de los efectos ambientales, e incluso proponen que la empresa provea de pozos de agua y del sistema de riego por goteo a los productores y la población en general.
“La gente pasa semanas sin agua y el gobierno no da solución alguna, largan el agua por unos días y le cortan a otro sector, y así. Muchas veces hemos tratado de entablar un diálogo para que se nos tenga en cuenta, no para mediar ni consensuar. Ellos quieren que nosotros tengamos un diálogo para que aceptemos la minería con controles pero no hay un punto medio lamentablemente. Sabemos que los controles no existen y que estamos en un contexto de emergencia hídrica en un pueblo precordillerano semidesértico donde el agua siempre ha sido escaza. Qué casualidad que después de 15 años de megaminería nosotros estamos sin agua”, sostiene la ambientalista jachallera.
¿Cómo se vinculan las empresas mineras con la comunidad? Desde Salvemos Huachi cuentan que su esfuerzo a veces se ve afectado por los recursos que manejan: “Siempre se han involucrado pero a la gente igualmente no le gusta. Desembolsan mucha plata con las instituciones deportivas, con las escuelas, con salones, iglesias, lo que te imagines. Aparte de eso, el gobierno se encarga de hacerles el lobby: aunque no sea con plata de la minería ellos pusieron un foco o asfaltaron una calle y te dicen que lo hicieron con las regalías mineras”, cuenta Laredo.
A lo largo de la provincia, los proyectos mineros son innumerables pero el pueblo está activo y movilizado, defendiendo sus recursos desde las asambleas como lo hicieron y lo hacen en Chubut, Mendoza y Catamarca, territorios que tampoco le dieron licencia social a esta industria.
En defensa «de»
El Colectivo Crisis Socioambiental y Despojo del Instituto Tricontinental de Investigación Social, formado por José Seoane, Viviana García y Patricio Vértiz, describe en su Cuaderno N° 4 un nuevo ciclo de luchas contra la megaminería. En él escribieron las organizaciones sociales y militantes populares de estas provincias que resisten para transformar las distintas realidades de las comunidades que habitan.
Para Patricia Collado, socióloga de la UNCuyo e investigadora del CONICET, el objetivo de estas experiencias “trasciende la lucha en ‘contra de’ para proponer ‘la defensa de’ una forma de desarrollo de la comunidad que no empeñe en el presente o el futuro la forma de vivir que los caracteriza”. ANCCOM habló con José Seoane, Sociólogo y Doctor en Ciencias Sociales, sobre estas historias recientes. ¿Es posible un modelo alternativo a la narrativa del desarrollo que pone en riesgo la vida? ¿Luchar sirve?
¿Por qué teniendo tanta información y evidencias de lo que genera el extractivismo minero los gobiernos continúan avalándolo?
Tenemos que tener en cuenta que estamos ante corporaciones mineras transnacionales de gran porte que manejan grandes finanzas, que obtienen grandes ganancias de la explotación megaminera en los territorios, incluso producto de los beneficios fiscales sancionados en la Argentina y a nivel provincial. Esos grandes actores transnacionales tienen capacidad de influir y de incidir, e incluso a través de la corrupción, de comprar las representaciones políticas particularmente de los estados provinciales que, en términos de sus capacidades económicas y de gobierno, son ciertamente débiles frente a estas grandes corporaciones. Otra cuestión es la contribución a los recursos locales provinciales que pueden hacer este tipo de actividades económicas. De todas formas el balance es absolutamente negativo. Claramente en el caso de las provincias con más tradición minera, por ejemplo en Bajo de la Alumbrera, el primer gran proyecto megaminero de Argentina de esta fase neoliberal, los resultados en términos sociales son terribles. La provincia no deja de ser una de las más pobres, con un alto nivel de desempleo, con un alto porcentaje de la población debajo de la línea de la pobreza. O sea que el impacto social real en la vida de las poblaciones, en términos de los beneficios prometidos, está por demás ausente.
¿Cómo romper con la dicotomía ambiente–economía que limita el debate a la premisa de que sólo es posible una política de “desarrollo económico” extractivista?
Hay toda una narrativa que afirma la importancia de las actividades extractivas y de ciertos daños “colaterales” sobre el territorio, sobre el ambiente y la naturaleza, en razón del prometido desarrollo económico y social, que es totalmente falaz. Creo que ahí una de las rupturas y de la pérdida de credibilidad de estos discursos tiene que ver con la experiencia en los pueblos. En la medida que llevan adelante una experiencia de sufrimiento, también de frustración en relación con la ausencia de mejora social que implican estos emprendimientos, crece el cuestionamiento y estas falacias muestran toda su falsedad. Por eso las resistencias tan fuertes que están habiendo hoy en las provincias donde se quieren llevar adelante estos proyectos, donde en muchos casos ya ha habido experiencias de este tipo o ha habido grandes movilizaciones rechazando la minería como el caso de Catamarca. El enfrentamiento entre el desarrollo y lo ambiental es una construcción discursiva en una narrativa de los sectores dominantes. En la realidad e incluso en la práctica de estos movimientos, lo social y lo ambiental están profundamente articulados.
¿De qué manera se conectan estas historias de lucha en el país?
Hay un movimiento social que las articula. En 2001-2002 se inicia un primer gran ciclo de lucha en la Argentina contra estos proyectos megamineros con la resistencia en Esquel a la implantación de un emprendimiento de explotación de oro que tiene una victoria importante a través de un plebiscito que realiza la comunidad en rechazo. A partir de ahí se generalizan estas experiencias, incluso se construyen marcos de articulación regional y nacional. Fue el periodo de la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas. Ese primer período es el gran ciclo de lucha y de movilizaciones del 2003 al 2010, que incluso conquista leyes importantes como la Ley de Protección de los Glaciares o la Ley de Bosques. Incluso las leyes a nivel provincial, donde siete provincias conquistan regulaciones que prohíben o limitan la megaminería contaminante. Ese ciclo de luchas está retomándose ahora, a partir del 2019, en este nuevo contexto donde estos emprendimientos son empujados por los altos precios de los minerales en el mercado mundial. Lo que los lleva a volver o a poner más énfasis en el desarrollo de sus proyectos y en ese sentido reaparece este ciclo de las resistencias.
Cuál es el horizonte de estos movimientos sociales?
Me parece que uno de los desafíos es cómo poder articular estas protestas y resistencias de las comunidades y de las poblaciones que habitan los territorios donde se asientan los proyectos mineros, con las luchas, las resistencias y las poblaciones de los grandes centros urbanos, que también sufren el impacto de estas políticas que deterioran el ambiente. Cómo articular esta diversidad de luchas que están cuestionando un modelo de desarrollo que implica un deterioro ambiental y social. Por ejemplo en Chubut la resistencia es un movimiento que atraviesa toda la provincia y que articula una diversidad de sujetos, actores y organizaciones muy disímiles, desde las comunidades indígenas hasta los sindicatos de salud y de educación hasta los pobladores, los vecinos de las ciudades o las resistencias más locales. Son comunidades que se levantan no sólo por una preocupación abstracta respecto de la naturaleza o del ambiente sino que están resistiendo, están movilizándose y están llevando también propuestas. Están defendiendo su propia vida, sus propias condiciones de vida. No hay una cuestión ambiental separada de lo social en la emergencia de estos movimientos.
¿Cuál es el camino a trazar para que un modelo alternativo sea posible y se traduzca en la práctica?
Hay respuestas que están formuladas por los propios movimientos, las resistencias contra la megaminería tienen propuestas en sus territorios de desarrollos alternativos, de formas de gestión económica alternativa. En los grandes centros urbanos hay otro tipo de movimientos que hoy están también en el centro de la discusión, por ejemplo los relacionados con la economía popular. Particularmente aquellos de la agricultura familiar, de la pequeña producción agrícola, movimientos territoriales como el MTE [Movimiento de Trabajadores Excluidos] Rural y la Unión de Trabajadores de la Tierra, que vemos a diario en la escena pública y en las movilizaciones mostrando que hay otra forma de producir alimentos. Incluso para abastecer el consumo de las grandes ciudades, con una producción cooperativa, comunitaria y de carácter agroecológico. Con otra forma de distribuir y de acceder a los alimentos, a menos precio y con más calidad. Es decir, hay un montón de propuestas que podrían ponerse en marcha y que incluso en algunos casos se logran conquistas. Existe toda una variedad de iniciativas legislativas de políticas públicas que están siendo impulsadas por estos movimientos de carácter socio ambiental.
¿Qué dificultades atraviesan estas resistencias?
Aparecen las grandes corporaciones, financiando y apadrinando, vinculadas a los representantes políticos. Eso es una realidad que sucede en todas las provincias donde se llevan adelante estos emprendimientos pero también en otras partes. Las últimas semanas circuló mucha información sobre el peso del lobby que hacen las empresas en el parlamento para garantizar que proyectos como la Ley de humedales o la del etiquetado no prosperen. Estamos ante corporaciones muy poderosas, globales, que han salido victoriosas y gananciosas de todo este proceso de transformaciones neoliberales que lleva varias décadas. Que ha concentrado el dinero y el poder en pocas grandes corporaciones mundiales a despecho de las condiciones de vida de los pueblos. Hay toda una cuestión de poder, de política, que ciertamente es el nudo gordiano a resolver. Tienen una capacidad de influir sobre los gobiernos de forma legal, en el sentido de los aportes que estas actividades pueden hacer al fisco, pero también de forma ilegal, respecto a las contribuciones en el terreno de la corrupción, del bienestar privado que pueden asegurar. Hay lógicas muy perversas de cooptación mercantil de las representaciones políticas y la lógica de la impunidad que construyen estas grandes corporaciones internacionales parece asegurarles estar por fuera de los mecanismos de administración de la justicia.
¿Luchar sirve?
Las movilizaciones y la acción de las comunidades tienen logros: se sancionaron leyes, se pararon proyectos, se pueden conseguir cosas. Por otro lado, respecto del pasado me parece que en la actualidad hay una mayor conciencia social general en las provincias pero también en las grandes ciudades de la importancia de las cuestiones socioambientales. Se ha ganado en una conciencia más socioambiental y es más complejo justificar las destrucciones del territorio de las comunidades a nombre de un desarrollo económico que no se visualiza. Hay una mayor presencia incluso en términos de la opinión pública, de la agenda política y de la agenda mediática.
Sep 21, 2021 | Entrevistas
Llegamos. Una puerta de color rojizo adornada con una media luna y una ventana en el medio con la cara de la escritora dibujada indicaba que algo fantástico nos esperaba: un espacio consagrado a la literatura.
La autora de Aquí pasan cosas raras, El mañana, Zoorpresas zoológicas, Conversación con las máscaras, entre otras obras, nos invita a pasar. Una casa-cofre de recuerdos en la que se pueden explorar vivencias, viajes, escritos, relatos y mucho encanto.
Luisa explica el protocolo —por el malvado SARS-CoV-2—, y una vez que tomamos los recaudos correspondientes sacamos todo el material para poder realizar la entrevista. Valenzuela nos guía hacía el lugar en donde pasaremos la mañana de uno de los últimos días otoñales. Entre cafés, bizcochuelo casero, y custodiadas por la atenta mirada de las máscaras de los tres Reyes Magos, empezó a contar la historia de cómo el microrrelato llegó a su vida sin saber que eso que había escrito era un microrrelato.
“A principios de los años noventa, hubo un gran Congreso en Salamanca de Literatura Hispanoamericana en donde yo tenía que participar de una mesa de cuentos. Veo una [mesa] sobre microrrelatos, y me digo qué interesante, qué será esto. Lo dirigía Francisca Noguerol, una de las grandes profesoras de Salamanca. Ella hacía su ponencia, explicaba lo del microrrelato, toda la teoría que se estaba gestando en esa época. Y citan un cuento mío que se vuelve emblemático, un cuento de 1967 que se llama El abecedario. Empiezo a interesarme, a mirarlo como género y a aprender un poco de la teoría”, recuerda Valenzuela.
El microrrelato, como su palabra lo indica, es breve, conciso y deja que el lector complete la parte que falta. La cotidianidad está colmada de pequeños detalles, y ahí es donde cobra vida. Una palabra, un objeto, un animal pueden ser los protagonistas de estas pequeñas historias que dejan mucho en la vida del lector cuando lo lee por primera vez. La autora dice: “Dos cosas lográs con el microrrelato. Primero, no te da miedo porque es corto, no sentís que sea apabullante. Segundo, tenes que prestar mucha atención a las palabras, los vocablos y a los puntos y aparte, a toda la puntuación”.
“El microrrelato es la cosa más linda de la tierra porque esa misma gente: novelistas, cuentistas, ensayistas, cuando hacemos microrrelatos nos convertimos en otra persona mucho más jocosa, juguetona. Hay una cosa lúdica, muy literaria y una pasión por la literatura que también está en todo escritor, pero con el microrrelato está latente. Hay mucha atención al lenguaje”, agrega.
La habitación 201
El tiempo parece detenido en ese rincón del hogar donde disfrutamos el desayuno. Bajo la mesita de vidrio asomaba una sirena de cerámica tratando de ver a las extrañas que estaban sentadas ahí. Si miraba al techo podía ver un tucán pispiando lo que anotaba. A mis espaldas se percibía una leve brisa que las máscaras de Luisa soplaban como un llamado. Porque Luisa colecciona máscaras de todo tipo que condensan cada uno de sus recorridos.
Luisa está acostumbrada a vivir con esos seres extraños. Ella habla y cuenta una anécdota tras otra. Esos viajes que ha realizado por el mundo se potencian en sus relatos fantásticos. Tal es así, que entre café y café cuenta cómo nació la serie de microrrelatos relacionados con la habitación de los hoteles que tiene como número 201.
“Hubo un Congreso en Enchanted, Suiza. En estos Congresos se genera el carrusel de microrrelatos. Al final de los Congresos muchos de los microrelatistas, en una mesa larga, empiezan a leer. En una punta de esa mesa larga estaba David Roas, que es un especialista en microrrelato catalán. Lee un microrrelato diciendo que en una gira por España le tocó varias veces la habitación 201, a la tercera vez que le tocó no sé animo a entrar. Cuando entra no le pasa nada, y dice maldita realidad, ese es el microrrelato”, cuenta Luisa.
Y continúa: “Llega mi turno, estaba en la otra punta de la mesa y digo, yo estoy viviendo una ficción de David Roas porque estoy en el Hotel Enchanted en la habitación 201. Y así se empezó a generar la serie 201. Me encuentro con mi editor italiano que acababa de publicar un libro mío y salimos de gira. Me tocó tres veces la habitación 201, en Italia. Entonces, escribo el primer microrrelato de la 201 que dice que en todos los hoteles antiguos de Europa como no pueden construir más hay una habitación de uso múltiple que entran universos en el multiverso. A la mañana siguiente todos se saludan con cierta distancia sin saber que durmieron todos en la misma cama”.
“Esto lo inició David Roas, luego lo tomé yo y sigue y sigue”, añade la escritora.
La niñez
Le preguntamos a Luisa si los niños podían acceder al microrrelato, si lo podían contar o escribir, y cómo podían acceder al género. La escritora dice que “primero hay que enseñarle a los profesores sobre el microrrelato”.
“En una época no se le podían contar a los chicos cosas que les den miedo. El escritor y psicólogo Bruno Bettelheim descubre que es necesario. Necesitan el miedo para saber que los monstruos están afuera, que no son propios. Ellos creen que todo es tuyo, y no. Son cosas que están afuera, y ahí las combatís”, explica Valenzuela.
“Los niños pueden contar sus miedos. Poco a poco los vas llevando a tener conciencia de eso, y después pueden expresar con pocas palabras cosas internas. Es la conciencia del peso de las palabras. Ponés acá tal palabra, y si pusieras esta u otra que es lo mismo, te da otra connotación, podés mirarlo por otro lado. Jerome Bruner, psicólogo norteamericano del conocimiento que trabajó mucho con la niñez, decía que a los chiquitos les sorprendía lo inhabitual, lo inusual. Por ejemplo: en lugar de soplar las velitas de cumpleaños, le tiran un vaso de agua. Al chico enseguida le sorprende y le llama la atención. Eso es lo que hace el cuento, te hace pensar desde otro lugar, es lo que llamamos pensamiento lateral. Es interesante en los pequeños porque los llevás a no pensar por el camino trillado”, comenta en detalle Luisa.
Periodismo y literatura
Luisa Valenzuela dio sus primeros pasos como periodista en la revista 15 abriles. Luego, pasó por los diarios Clarín, El Mundo, La Nación; y, también, escribió para diversos diarios y revistas latinoamericanas. Nos cuenta que en junio de este año un día se despertó y le cayó una novela que va a salir en octubre.
“Nace a raíz de un cuento que había escrito un mes antes, incorporé todo el trabajo de experiencia en el área de investigación que venía haciendo en esos meses. Así, armé esta novela rapidísimo, y convencí a la editorial que en lugar de publicar mi libro de las pestes, publique ese antes. Se llama Fiscal muere, es un libro policial”, adelantó la escritora.
A raíz de esta nueva publicación de contenido periodístico, le consultamos si el periodismo y la literatura pueden ir de la mano. Ella responde que “la literatura y el periodismo no pueden ir de la mano porque son dos maneras de mirar el mundo. Dos maneras de trabajar con la lengua y la información. Al periodismo lo tenés que ver horizontalmente, tenés los datos, hay que trabajar con esos datos y conjugarlos”, asegura Luisa.
“En la literatura la mirada es vertical, tenés que penetrar en el lenguaje, escribir lo que no sabés sobre lo que sabés. En el periodismo tenés que escribir sobre lo que sabés. Recabás la información. A veces uno ayuda al otro. Cuando escribí La máscara sarda, el profundo secreto de Perón, me ayudó mucho el periodismo para hacerlo rápido y la cancha que tenía con la investigación”, agrega.
Carnaval toda la vida
Luisa, en su casa del Bajo Belgrano, atesora una impresionante colección de máscaras de todos los continentes. Están agrupadas por región y cada una cuenta una historia particular, las rodean bibliotecas llenas de libros que desbordan los estantes.
La sala, que parece un museo, está cercada por un extenso jardín que le da aire a ese asombroso lugar repleto de naturaleza en medio de una ciudad. Ahí se respira historia antigua, mitos y los espíritus de los pueblos originarios. La de Luisa es una vida puesta al servicio de la literatura. No sabe exactamente cuándo comenzó su afición por las máscaras, y tampoco se acuerda cuál fue la primera. Siempre coleccionó, asegura, lo que le atraía de esos otros mundos.
Premios y reconocimiento
“Como mujer he tenido éxito afuera, que también es difícil. Hay una memoria argentina que a mí me preocupa mucho, y mucho más allá de lo mío, el círculo que a mí me interesa sí me reconoce, pero me preocupan mucho todos esos grandes escritores que quedan en el olvido. Inventé para PEN (poetas, ensayistas, narradores) un diccionario de escritores argentinos. Tenemos mil nombres. Quiero involucrar a todas las provincias, pero para que vean que tenemos un acervo literario enorme”, reflexiona Luisa.
Y ocurre algo inesperado en esta Era digital. El avance de la tecnología, la conectividad, los tiempos breves de la cultura, combinados al uso de las redes sociales en las que se accede a lecturas rápidas y fragmentadas, interpela a la sociedad en su máxima expresión. Preferimos leer mucho en poco tiempo, contestar mensajes, abrir el mail, bajar algún libro corto o responder un llamado. Es ahí donde el microrrelato cobra impulso y se hace cada vez más fuerte, se mete de a poquito en las lecturas cotidianas y va teniendo más seguidores.
Entrar al santuario del microrrelato es como ese jardín biblioteca-casa-museo. Todo en uno. Un mundo dentro de otros que en la brevedad del mañana ya no te deja escapar.
Por cierto, Luisa es la primera mujer en ganar el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria, en 2019, unos meses antes de que las máscaras se transformaran en barbijos.
Junto a Sandra Bianchi y Ramón Alfredo Blanco, seleccionarán textos realizados por estudiantes de sexto grado de nivel primario hasta cuarto año del secundario de las escuelas de todo el país, hasta el próximo 10 de noviembre, en este Primer Concurso de microrrelatos. Las y los participantes deberán asumir el desafío de no pasar la extensión máxima de 150 palabras incluyendo el título. Dicen que lo bueno y breve es dos veces más bueno.
Sep 21, 2021 | Novedades, Trabajo
Sobre La Rioja e Hipólito Yrigoyen, barrio de Once, se ubica uno de los espacios arrendados por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Luego de reprimirlos, hasta desalojarlos de la calle cuatro años atrás, el Gobierno de la Ciudad puso a disposición de los vendedores ambulantes una serie de centros comerciales. Sin embargo, con la pandemia llegó el ajuste, dejó de pagar el alquiler y hoy 200 familias de manteros se enfrentan a la amenaza de un nuevo desalojo: con una deuda de 20,6 millones de pesos, el Ejecutivo porteño litiga contra el dueño del terreno «por ocupación indebida».
Oscuro y escondido detrás de la feria del Gobierno de la Ciudad, el predio apenas se distingue. El movimiento sobre esa calle, tomada por los carros que comercializan verduras, es casi nulo y muy cada tanto recibe algún potencial comprador. Entre los primeros locales se encuentra el de Margarita Pérez, referente y delegada del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Pérez, que trabajó en la calle la mayor parte de su vida, fue víctima de las coimas que la policía cobraba para permitirles trabajar.
«Estamos en el predio hace casi cinco años. Vendíamos en la calle cuando el Gobierno de la Ciudad decidió sacarnos de ahí. Hubo una negociación y nos reubicaron en estos galpones. En un principio se veía todo lindo, pero con el tiempo se fue a la mierda porque no había ventas. Le propusimos al Gobierno que pongan paradas de colectivos, que esto se difunda, pero no fue así», explica Pérez y agrega: “Las ventas aquí son poco y nada».
Respecto al posible desalojo, Pérez asegura que las autoridades tampoco les han informado nada. De hecho, desconocen si la deuda contraída es con el predio de La Rioja, del cual ella es delegada, u otro. Pero afirma: “El Gobierno de la Ciudad cuenta con un monto de dinero para reparar tanto el predio de La Rioja como el de Perón”. Propone que los feriantes pudieran mudarse a otro lugar, si el Gobierno se tomara el trabajo de ponerlo en condiciones. “Hasta ahora no quieren mover un dedo. Presentamos un proyecto de refacción y les pusimos todo lo más fácil posible. Es más, expusimos que tenemos compañeros capaces: arquitectos y trabajadores del MTE que pueden hacerlo y que cobrarían por debajo del costo con la garantía de responsabilizarse. Pero hasta ahora nos dilatan el tema”, cuenta la delegada.
La indiferencia que padecen es de larga data, desde el momento que llegaron al galpón y perdieron sus mercaderías por las goteras en el techo. El Gobierno les ofreció una retribución paupérrima y muchos eligieron dejar el lugar, empujados también por la falta de ventas. “A veces se vende y a veces no. Tratamos de liquidar la ropa porque tampoco nos vinimos para irnos con una mano atrás y otra adelante, si tenemos que ‘baratearla’ lo hacemos porque tenemos que llevar algo a casa. Por otro lado, recibimos el apoyo de las ferias populares que nos dan bolsas de alimentos. El Gobierno, al principio de la pandemia, empezó a repartir alimentos, pero después lo dejó de hacer. Hace seis meses entregaron una vez más y ya no volvieron. Me parece algo inadecuado porque hay necesidades”, sostiene Pérez.
Pese a la incertidumbre que viven, las feriantes eligen trabajar en el predio. Muchas de ellas son madres y sus hijos las acompañan, ya que no disponen de guardería, otra demanda ignorada por el Gobierno. También trabajan allí adultos mayores, personas que sufrieron la violencia institucional y no quieren volver a la calle. Ante la falta de apoyo, son las organizaciones sociales las que brindan contención, como el MTE, que organiza ollas populares y lleva comida para las familias.
“Apostamos a la conciencia porque sin lucha no se consigue nada –afirma Pérez–, todo lo que se pide es para los compañeros”. A la lucha por un trabajo digno, se suma la pelea por la vivienda, otra de las necesidades urgentes. Los precios exorbitantes de los alquileres expulsan a condiciones de vida infrahumanas a quienes no pueden pagarlos. “Yo me pregunto: ¿por qué el Gobierno nos denigra a la gente de la clase baja? Los pobres somos la última rueda del coche, somos los negros. ¿Por qué solo se le da la oportunidad a los que tienen plata? ¿Por qué nos discriminan? No pedimos que nos regalen, sino una casa para pagar, así sea a treinta o cuarenta años. Yo a la casa no me la voy a llevar al cementerio, pero nuestras familias se van a ocupar de seguir pagando eso que yo les estoy dejando porque tienen claro que es de ellos”, sostiene.
Ante la ausencia de políticas, las vendedoras crearon lazos de solidaridad y, según Pérez, la gente del predio es su segunda familia. Entre colegas se cuidan los puestos, se dan una mano ante cualquier problema o necesidad y conversan mientras esperan clientes. Los pasillos de la feria contrastan con el exterior: además de las prendas de vestir, los juguetes, accesorios y diversos productos exhibidos, cuelgan globos y guirnaldas de colores. Cada puestera mantiene los cuidados que amerita el marco sanitario y desde el MTE las han ayudado para que se vacunen. Frente a contagios de coronavirus, Pérez cuenta que se organizaron y acompañaron, así como lo hacen cuando alguien pasa una situación complicada de salud o fallece. De parte del Gobierno de la Ciudad nunca recibieron una ayuda económica desde que comenzó la pandemia.
El secretario general del Sindicato de Vendedores Ambulantes, Omar Guaraz, opina que la Ciudad de Buenos Aires está “liberada” desde hace unos meses por el contexto electoral. “Larreta quiere preservar la paz social, los vendedores hemos hecho muchas marchas. Somos laburantes, pero ante el hostigamiento nos organizamos”, destaca y hace un repaso del derrotero que condujo a la creación de la llamada “Feria de Once”.
“Cuando fue el desalojo, en 2017, había unos 2.300 vendedores en Once que, junto con Flores, son los lugares donde más manteros hay. Los desalojos comenzaron antes, en la peatonal Florida, cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno, desde entonces se eligió una política de represión que continúa hasta hoy. Por una cuestión de propaganda política, para mostrar que Larreta daba soluciones a los vendedores, se crearon los predios. Tenían capacidad para 500, 600 personas, es decir que le dio una solución parcial a un 25%. Aunque en aquel momento, en la Ciudad de Buenos Aires había más de 15 mil manteros. O sea que en realidad era una solución para un 3%, pero siempre se presentó como ‘la solución’”.
Guaraz relata que al principio se hicieron controles “literalmente carcelarios” en los predios y se echó a más de 200 vendedores. Mucha gente se fue y hoy es pequeño el porcentaje que trabaja allí. “Los predios fracasaron, no cumplieron con su objetivo. Hoy todos los vendedores están en la calle. Con el paso del tiempo, las promesas del Gobierno para poder levantar los predios no llegan porque no son viables económicamente y los trabajadores esperan”, afirma. La violencia institucional se sigue ejerciendo mediante la indiferencia y abarca a todos los funcionarios políticos con poder de gestión, independientemente del origen político, sostiene Guaraz. “Hoy en el conurbano bonaerense hay represión –subraya-, secuestro de mercadería, prohibición de trabajar, ocurre en los municipios de San Martín, Morón, Florencia Varela, La Matanza y en distintas provincias”.
En territorio porteño, la persecución de las autoridades –la Policía de la Ciudad y Espacio Público– condujo a la muerte de dos vendedoras ambulantes que fueron atropelladas en situaciones similares: María Barrechea y Beatriz Mechato Flores. Esta política xenófoba se tradujo también en la sistemática detención de vendedores senegaleses y metodologías de tortura en comisarías. “En la ex Comisaría Séptima –hoy 3 A sobre Lavalle entre Paso y Pueyrredón– tenían la modalidad de quemarles la mano con una plancha caliente. Muchos compañeros heridos en esas circunstancias quedaron con discapacidades permanentes producto de la represión”, asegura Guaraz. La violencia no se limitó a la calle, también operó a través del poder político de la Ciudad con la justicia porteña en los allanamientos. Las fuerzas de seguridad entraban de manera ilegal a los hogares, amenazaban a los trabajadores y les sacaban mercadería y bienes personales. Estos hechos fueron utilizados por el Gobierno para instalar un relato que luego replicaron los grandes medios, el de “las mafias organizadas”, criminalizando a los vendedores ambulantes.
Hoy el Gobierno de la Ciudad no tiene intenciones de entablar un diálogo con los manteros a quienes considera “ilegales”. Guaraz explica que la mayoría de los funcionarios los sigue viendo como una contravención o una falta. “Pero es un tema que excede el formalismo legal porque vivimos en un país donde cada dos personas en edad de trabajar, solo una lo hace, donde hay 13 millones de trabajadores en la informalidad y más de 20 millones son asistidas de alguna manera por el Estado con ingresos mínimos para vivir que no le garantizan ni la supervivencia. La gente tiene que salir a ganarse el mango y muchos lo hacen con la venta ambulante. Poner el Estado para reprimir, encarcelar a los vendedores, a los excluidos, hace que estén fuera de la realidad de lo que vive gran parte de nuestro pueblo”, señala Guaraz.
La gestión de Rodríguez Larreta nunca tuvo la verdadera intención de brindarles las herramientas para que los manteros puedan trabajar en mejores condiciones. Para Guaraz, la disposición de los predios “fue parte de una estrategia del Jefe de Gobierno para mostrar en un desalojo a la sociedad porteña que él no dejaba sin trabajo a la gente” y que el fracaso de estos galpones es intencional: “Saben que es un fracaso y que no lo pueden mantener”, asevera.
Desde el Sindicato se llevaron adelante propuestas para mejorar la situación de los manteros. La lucha por la legalización de su trabajo viene de 2014, año en el que se presentó el primer proyecto que proponía la habilitación de la reventa, muchas veces prohibida, y la creación de ferias en determinados horarios. “Tenemos que tener derechos y obligaciones. Esa era una manera de regular la venta desde el espacio público: si la prohibís, la volvés a tener. El Gobierno utilizó todos los recursos, Policía, toda la violencia institucional y, sin embargo, todos los vendedores volvimos a la calle. Es un hecho. No les sirvió desde el punto de vista que querían ellos”, expresa el secretario.
En los próximos meses, presentarán un proyecto de formalización de la venta callejera a la Legislatura porteña. Guaraz dice que “cada vez hay más vendedores en la calle producto de la situación económica. La solución es la creación de trabajo genuino. Si no hay, no hay posibilidad de dar una respuesta desde el Estado a los millones de trabajadores de la economía popular”.
Lejos de ser un problema, el trabajo de los vendedores ambulantes genera un impacto positivo en los centros comerciales. Tal es el caso de avenida Avellaneda, que creció con su llegada. “La gente iba por los manteros y esa afluencia indirecta de público que recibían los comercios los terminó beneficiando. No existe, al contrario de lo que se piensa, un interés contrapuesto. Son actividades que pueden coexistir”, afirma Guaraz. De hecho, los operativos de la policía contra los manteros asustaron al público. “Muchas personas terminaron siendo detenidas o decomisadas cuando salían de un comercio”, puntualiza.
Asegura que con la mayoría de los comerciantes tienen buen vínculo. Además, la situación crítica que ha dejado la pandemia se transformó en un punto de coincidencia. “Los comercios no cierran porque se le pone un vendedor al frente, cierran por los efectos de la cuarentena, porque la Ciudad de Buenos Aires le exige más impuestos, mientras que el valor inmobiliario de los locales cada vez es más alto. Los negocios no cierran por los vendedores, sino por la administración política de los funcionarios de turno”, concluye Guaraz.
Sep 17, 2021 | Comunidad, Novedades
La crisis económica en la que se encuentra sumergida la Argentina, sobre todo tras más de un año y medio de pandemia y un la recesión que arrastraba del gobierno macrista, deteriora constantemente el poder adquisitivo de los trabajadores. Las medidas sanitarias, sumadas a la profunda sensación de incertidumbre vivida durante gran parte de 2020, se tradujeron en un retroceso en los índices de consumo y por ende una preocupación constante entre la población respecto al mantenimiento de sus fuentes laborales.
Si bien la economía ha ido reactivándose muy lentamente en los últimos meses, y el Estado ha tomado medidas con el fin de palear la caída de los salarios respecto de la inflación, también es necesario mantener la sustentabilidad del sistema previsional.
Respecto a esto, el economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortíz (CESO), Nicolás Pertierra, dice que “la base de todo es mejorar la economía y crear empleo. Los trabajadores en actividad son los que financian las jubilaciones. Y para crear empleo tenés que sostener la actividad económica, o sea es un círculo virtuoso. Para poder incrementar todavía más las jubilaciones se tiene que volver a crear fuertemente empleo privado registrado, que fue lo más afectado de los últimos años.” Y agrega: “Se podrían pagar mejores jubilaciones aumentando la cantidad de trabajadores y el salario promedio de los mismos, de esa forma aumentarían los recursos de la seguridad social”.
Las jubilaciones siguen al nivel de 2019.
Entendiendo que el problema de fondo es muy complejo y son múltiples las circunstancias económicas que entran en juego, la duda surge al tratar de entender por qué no aumentan las jubilaciones. “La realidad es que han sido la variable constante de ajuste dado al gasto público que representan. El peso que tienen es tan importante, que han sido objeto de las políticas de ajuste sobre todo de 2017 a 2019. En ese periodo hubo una clara pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, y todavía viene oscilando un poquito por debajo. En la medida en que los ingresos del sector privado y la recaudación se empiece a recuperar, las jubilaciones deberían subir. Pero falta una recuperación contundente”, detalla el economista.
Para el sistema integrado provisional argentino parece fundamental la evolución del salario mínimo vital y móvil. El mismo tuvo un incremento del 35% en los últimos cinco meses y a partir de este mes se percibirá el último aumento previsto para este año. De esta manera, el piso de las remuneraciones pasará a ser de $29.160 e impactará en octubre.
Por otra parte, el gobierno aprobó para los jubilados el pago junto a sus haberes de una serie de bonos (de $1500 en abril y mayo más un tercero de $5000 que se pagó en agosto de 2021,) con el fin de compensar la pérdida en la capacidad de consumo producida por la inflación. “El punto más bajo, en términos de poder adquisitivo de los jubilados, estuvo en mayo de este año. A partir de ahí empezó a recuperarse un poco, y eso sin considerar los distintos bonos que se fueron otorgando, los cuales van a compensar un poco más la base de la pirámide de las jubilaciones”, señala Pertierra.
El punto más bajo a nivel de poder adquisitivo de las jubilaciones estuvo en mayo de este año.
Haciendo una comparativa de los haberes percibidos en los últimos diez años, el especialista explica que “las jubilaciones actualmente están en niveles similares a los de fines de 2019 y son comparables con algunos niveles del 2010 y 2011. El periodo de fuerte crecimiento de las jubilaciones mínimas fue del 30% y va del 2011 al 2015. Por el contrario, del 2015 al 2017 hubo un relativo estancamiento y una contundente caída del 20% entre 2017 y 2019. En la primera parte del 2020 hubo un incremento en las jubilaciones, que se deterioró mucho con la aceleración de la inflación de fines del mismo año”.
Según informo a principios del mes de agosto la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), y de acuerdo a lo estipulado por la Ley de Movilidad 27.609, las jubilaciones aumentarán a partir de este mes un 12,39%. De esta manera que el haber jubilatorio mínimo será de $25.922 y beneficiará a más de 7 millones de jubilados y pensionados.
