Ene 21, 2019 | Comunidad, Novedades
Vecinos y trabajadores de la feria de libros en contra de la decisión del Gobierno de la Ciudad de reabrir la Calle Beauchef.
Centenas de vecinos abrazaron el Parque Rivadavia el pasado sábado para oponerse a la apertura de la calle Beauchef. El gobierno porteño ya comenzó la obra, que bordearía el edificio que ocupan la Escuela Normal N° 4, el Liceo N ° 2 y profesorados docentes. Los puestos de la tradicional feria de libros ya fueron trasladados a la Avenida Rivadavia, los árboles resultaron talados y las mesas de ajedrez removidas. La comunidad educativa, además, alerta que, con una nueva arteria abierta al tránsito, se pondrá en riesgo la entrada y salida de niños y niñas del nivel inicial.
Todo comenzó el 7 de enero, a las 7 de la mañana. Ese día, integrantes de la Cooperadora del Normal 4 acudieron a la institución, con el objetivo de controlar las obras de mejora, que estaban previstas durante el receso escolar, para que todo estuviera listo para marzo. Sin embargo, el verde de los árboles y los puestos que se encontraban al costado de la escuela y constituían el paisaje tradicional del Parque Rivadavia, habían cambiado. Esa mañana, de manera sorpresiva aparecieron cercas metálicas amarillas, árboles talados y cinco camiones de Gendarmería.
En esa jornada nació la lucha de la Cooperadora del Normal 4, de la Feria del libro del Parque, de la ONG S.O.S. Caballito, de los vecinos y de todos aquellos que se solidarizaron para defender un espacio, que ya había corrido peligro en 1993 y que, debido a la barrial lograron, en aquel momento, parar las obras.
Esther, vendedora de libros frene a su puesto que fue dañado durante el desalojo.
Abrir la calle Beauchef al tránsito y unirla con Ambrosetti, por medio de la Avenida Rivadavia, es el argumento que se sostiene como solución para evitar el congestionamiento de vehículos que se genera en Rosario y José María Moreno. La obra se inscribe dentro de las reformas que permite el nuevo Código Urbanístico de la Ciudad.
El sábado 12 de enero a las 16, más de 200 vecinos se juntaron en asamblea, en la cual ratificaron la consigna “sí al parque y no a la calle” y decidieron que el 19 de enero a las 12 se realizaría un abrazo simbólico al Parque.
El lunes 14, una comisión de vecinos fue recibida en la Defensoría del Pueblo. Allí presentaron sus objetivos para salvaguardar el Parque y sus reparos a la apertura de la calle Beauchef. La Defensoría se expidió y se comprometió a participar del abrazo. El mismo día presentaron un amparo judicial en conjunto entre el comunero de Caballito Osvaldo Balossi, de Unidad Ciudadana, la Cooperadora del Normal 4, la ONG “SOS Caballito” y el Observatorio por el Derecho a la Ciudad.
Durante las semanas previas, por las tardes, los vecinos se convocaron para juntar firmas, charlar, concientizar a otras personas y convocarlas a defender el espacio verde, tan histórico como querido y necesario en una zona con mucha densidad edilicia. El abrazo al Parque Rivadavia, el 19 de enero al mediodía, debía ser multitudinario y así lo fue.
Estaba convocado para las 12, pero varios minutos antes, la puerta del Normal 4 estaba rodeada de madres, padres, adolescentes, abuelos y legisladores como Javier Andrade (FPV) y Gabriel Solano (Frente de Izquierda). También se hicieron presentes otros dirigentes, como Eduardo Jozami y representantes del gremio docente UTE. Allí, los integrantes de la Cooperadora de la escuela lucían pecheras blancas con una insignia redonda en tonos verdes, con una imagen que simula el parque, visto desde arriba, con una ronda de niños abrazándolo, acompañada por una leyenda que decía: “Sí al Parque, menos cemento”. Ellas y ellos entregaban a los asistentes un pequeño sticker con esa misma imagen.
A pocos metros, enfrente de la obra, se ubicaron el micrófono y los parlantes que fueron utilizados por los oradores. Unos pocos minutos, pasadas las 12, comenzó Pablo Torres, en representación de los puesteros de libros usados, que habló de lo que impacta a obra en sus trabajos. Hizo alusión a la supuesta encuesta online que hizo el Gobierno: “Acá está la demostración clara. Esos 111 vecinos que votaron a través de Internet es una farsa. El barrio está aquí presente y dice “Sí al Parque, no a la calle”. Anunció que habría una suelta de libros y quien lo deseaba podía llevarse uno de manera gratuita. “Es la paz, es el amor, es la cultura y el trabajo, lo que estamos defendiendo es de todos.”
Luego leyó un documento firmado por los Amigos del Parque Rivadavia, la Asociación Cooperadora del Normal 4, el Centro en Defensa del Espacio Público, la Feria del libro del Parque Rivadavia, la Regional Centro CTA Capital, “SOS Caballito”, que expresaba que el proyecto de apertura de la calle Beauchef viola la Constitución de la Ciudad y el plano urbano ambiental, ya que en Caballito hay solo 1, 50 m2 de espacio verde por habitante, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el promedio es de 6. La obra le restaría un quinto al Parque. También mencionó el riesgo de aumento de la contaminación sonora y visual y la defensa de los espacios culturales, recreativos y la histórica feria de libros. Se hizo énfasis en que no fueron informados, ni consultados con anterioridad y que por eso piden la anulación de esta obra.
Además, habló Carla Martínez, presidenta de la Cooperadora del Normal N° 4, Alejandro Bassignani, ex presidente de la Asociación de Amigos del Parque Rivadavia, entre otros vecinos.
La preocupación frente a la seguridad y el bienestar de los alumnos es un factor importante, sobre todo porque a la escuela asisten menores con Síndrome de Asperger y, según sus padres y especialistas, el ruido del posible tránsito, podría asustarlos y alterar su conducta al ingresar o salir del establecimiento.
Al grito de “Andate Macri”, acompañados con bombos y trompetas de fondo, se inició la marcha que abrazó al Parque. La multitud bloqueó parcialmente la Avenida Rivadavia.
En el trayecto, ANCCOM dialogó con algunos afectados directos, como Ester, puestera de la feria, una de las personas más perjudicadas en el traslado: “Me rompieron todo el puesto, no cierran las ventanas. Solo soldaron una pata y no quisieron hacer nada más. Dijeron que yo no hice mantenimiento, metieron mil excusas. El pecado mío es ser pobre. No tengo forma de defenderme, no tengo dinero. Desde que asumió Macri la feria se vino abajo, yo estoy fundida. Ni libros tengo. No hay respuesta del Gobierno, nos dejaron acá tirados”, expresó.
Zulma de la Asociación de Exalumnas del Normal N°4 contó: “Talaron los seis gingkos biloba históricos, que eran los árboles de hojas doradas”. Esos eran producto de la diversidad de especies que tenía el Parque, que incluye centenarios ombués (aunque el año pasado talaron uno), magnolias y araucarias, entre otras especies. “Además -continúa Zulma-, la República Popular de China había regalado dos gingkos en un aniversario que conmemoraba la bomba de Hiroshima y Nagasaki (porque ese árbol fue el primero en resurgir después de la explosión atómica), pero también fueron talados, eran un símbolo. El que se está salvando es el árbol histórico en el que leía Sarmiento. Están destruyendo la memoria de Buenos Aires.” El Parque Rivadavia era la antigua Plaza Lezica, una quinta perteneciente a una familia adinerada de Buenos Aires, durante el siglo XVIII, con diseño de Carlos Thays (h), que se caracterizó por tener árboles de diferentes partes del mundo y regiones de Argentina.
Karina Figueroa, perteneciente a la Cooperadora del Normal 4 comentó que se ha pedido al Gobierno de la Ciudad por una ampliación en la cocina del edificio de la escuela y se lo negaron por falta de presupuesto, Pero, en contrapartida, la apertura de la calle sale 25 millones de pesos. “Nosotros ahora tenemos comedor porque hay jornada completa, (una necesidad de la comunidad), pero no llega a ser ni de 10 metros cuadrados, necesitamos una pared y un techo.” También expresó su preocupación por el tema del tránsito: “Como papás cuidamos la seguridad de los chicos, cuando salen de la escuela, hay muchas motos que pasan y les roban los celulares. Los menores son una presa fácil. Consideramos que, si abren la calle, la vía de escape de motos va a ser mucho más activa.”
Pasadas las 13:40 el recorrido terminó en el punto de encuentro. El representante de los puesteros volvió a leer el documento con que el que dio inicio, que contó con la adhesión de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, lo que transmitió la idea de la circularidad del abrazo, también desde la palabra. Cuando finalizó la lectura notificó que el miércoles 23 de enero, a las 18, continúa la juntada de firmas en oposición al proyecto de apertura de la calle Beauchef. Luego, con los carteles en alto, bombos, trompetas y voces bien diversas, entonaron el Himno Nacional.
Ene 18, 2019 | Noticias en imágenes
Ene 17, 2019 | Novedades, Trabajo
«Fueron 300 policías para desalojar a dos personas que hacían una guardia. Nos sacaron
como a narcotraficantes», denunciaron los trabajadores que tomaban el local de la
tradicional confitería Boston -en la zona de Varese de la ciudad balnearia de Mar del Plata-, tras el abandono empresario. El desalojo se produjo en la madrugada del miércoles y
estuvo a cargo de efectivos de la Policía bonaerense.
Los trabajadores de la Boston llevan más de 200 días de lucha en los que intentaron -y
siguen intentando- mantener sus fuentes de trabajo. “Señores clientes, los hermanos
Lotero nos adeudan los salarios”, avisaba un cartel. Esa es la razón por la que dos locales
de la Boston permanecieron tomados por sus trabajadores.
La confitería había sido fundada en 1958 por Fernando Álvarez y Miguel Potrone. Si bien
llegó a contar con seis locales distribuidos por toda la ciudad, hasta el desalojo sólo
quedaban tres: el de Varese, el de la calle Buenos Aires y el de avenida Constitución.
En noviembre de 2016, los fundadores vendieron la empresa a los hermanos Pablo y Juan
Manuel Lotero y a un empresario austríaco. “Dijeron que iban a abrir más locales. Pero en
un año y cinco meses cerraron dos”, cuenta Alejandra Blanco, trabajadora de la sucursal
de Varese, en diálogo con ANCCOM.
“Ya veníamos con dos meses atrasados de obra social y aportes cuando se vendió la
empresa”, dice Blanco. Y continúa: “De ahí en más nunca cobramos un sueldo entero.
Llegamos a cobrar en cinco cuotas. Fuimos accediendo porque no queríamos perder el
trabajo”.
La primera retención de tareas fue en marzo de 2018 por falta de pago de salarios. Una
conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos
Aires obligó a los trabajadores a retomar sus actividades. La segunda retención fue en
abril. Esta vez por tiempo indeterminado.
Frente a esta situación, los dueños de la Boston realizaron una denuncia a los
trabajadores, y hubo despidos por usurpación. La causa finalmente fue archivada. “Fuimos
a hablar con la jueza y a demostrar que esto era una toma pacífica porque nosotros no
cobrábamos”, recuerda Blanco.
Si bien probaron que no era usurpación de los locales, no pudieron garantizar mantener la
lucha en ellos. El 26 de diciembre pasado fue el primer intento de desalojo del local de
Varese. Gracias a la presencia de sindicatos y organizaciones sociales pudieron frenarlo,
pero finalmente se concretó en enero, durante una madrugada en la que dos trabajadores
hacían guardia.
El otro local tomado por los trabajadores, el de la calle Buenos Aires, también tiene
pedido de desalojo, pero su situación no es la misma y aun la toma continúa. Pertenece a
Pastelera Tecomar, firma detrás de Confiterías Boston. En cambio, el de Varese pertenece
a una persona particular, que lo alquilaba a los Lotero, y por eso su desalojo también era
inminente.
Como parte de la medida los trabajadores de la Boston venden sus tradicionales
medialunas con café a voluntad a quienes quieran colaborar con el fondo de lucha.
También agregaron facturas, budines y bebidas. Todo a precios accesibles. A los clientes
se los atiende en la puerta. Adentro del local es todo penumbras. Ordenado y limpio,
como para recibir gente, pero sin esa posibilidad. En Varese habían ubicado unas mesitas
en la calle para el que quisiera. Hoy, con una única sucursal en manos de los trabajadores
que sólo puede vender productos para llevar.
Ninguno de los hornos está habilitado para ser usado. Por eso, los mismos trabajadores
despedidos cocinan en la sede del sindicato de pasteleros de Mar del Plata. Con lo
recaudado recuperan la materia prima y compran lo que les hace falta. Lo sobrante, va a
un “pozo”. “Una vez por semana las ganancias se dividen entre los que estamos”, explica
Blanco.
Empezaron siendo ochenta familias involucradas. Hoy quedan 26 trabajadores, catorce del
local de Varese. “Algunos consiguieron trabajo. Entre ellos, algunos siguen en la lucha.
Otros se abrieron y siguen solo con la parte legal”, dice Blanco.
En un principio, quienes fueron por su café y medialunas a la Boston también pudieron
dejar su firma para colaborar con el que era el proyecto de sus trabajadores: convertir la
empresa en una cooperativa. En el último tiempo, sobre todo a partir de los pedidos de
desalojo, ya no se veían las planillas.
Más que como objetivo, Blanco lo ve como un “sueño”. “No sigue en pie. Para tener
cooperativa necesitás un aval que nosotros no tenemos. Hace siete meses que no
cobramos un sueldo. No tenemos capital”, explica.
Se dice también que una cadena de cafeterías de Mar del Plata está interesada en alquilar
el local frente a la costa, pero los trabajadores de la Boston no lo ven como solución. “Una
persona vino al local a verlo. Dijo que no había hablado de la cantidad de personas que
tomaría. De producirse eso, no sabemos si quedaríamos los catorce”, cuenta Blanco.
Hace tiempo que Mar del Plata está dentro de las ciudades con mayor índice de
desocupación del país. En el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC), de diciembre de 2018, el número ascendió al 11,8 por ciento. “La situación del
trabajo es terrible. Es tremendo ver los negocios cerrados”, dice Blanco.
Pero también agrega: “En el caso de la Boston los dueños se aprovecharon, vaciaron la
empresa. Se hacían 350 mil pesos de caja por día. Si mañana abre, está lleno”. Según ella
es así porque “Boston es Mar del Plata”.
Tal vez por la particular situación de la ciudad o por el foco que tiene durante la
temporada, varios políticos visitaron Mar del Plata de cara a las elecciones de octubre.
Algunos se hicieron presentes en la Boston. Otros prestaron su apoyo también durante el
año.
Pero por más que sea una ayuda, Blanco no lo ve como una solución en el largo plazo.
“Los políticos han colaborado, pero esto es un conflicto privado. Se tiene que solucionar
por medio de las leyes”, explica. Y agrega: “El público apoyó en todo. La parte judicial no
nos ayuda. Necesitás llevar la comida todos los días a tu casa. En cambio, la Justicia se
maneja en días hábiles. Los tiempos de la Justicia no van con los tiempos de los
trabajadores”.
Ene 17, 2019 | DDHH, Novedades
Diversas organizaciones sociales y especialistas en materia de Derechos del Niño de
Argentina y Latinoamérica formularon rotundos rechazos ante el anuncio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich de un proyecto de ley acerca de un Nuevo Régimen del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. La propuesta está alejada de las recomendaciones y normas internacionales e incluye, entre otras medidas, la baja de edad de punibilidad de 16 a 15 años.
Si bien hay acuerdo en la necesidad de cambiar el actual Régimen Penal Juvenil que derogue el decreto ley N° 22278 que data de la época de la dictadura, esta reforma debe hacerse en consonancia con los principios internacionales vinculados a los derechos humanos de la niñez y la adolescencia que respete los derechos y garantías de este sector etario vulnerable. El intento de bajar la edad de punibilidad de 16 a 15 años –dicen los especialistas- no sólo no es recomendable de acuerdo a las recomendaciones de los organismos internacionales, sino que es inconstitucional dado que viola el principio de no regresividad, en tanto se estaría retrocediendo en un derecho adquirido.
“Para abordar este tipo de situaciones se requiere de un Estado social y no un Estado penal, que cree programas y dispositivos de prevención, integración y contención de los jóvenes ofreciéndoles alternativas de proyecto de vida y no de cárcel o punición. Para eso se requiere inversión de recursos y no desfinanciamiento ni reasignación de partidas. Todo lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno en los últimos tres años de gestión. La opción para ellos es ofrecerle a los pibes la amenaza de la encarcelación como forma de disciplinamiento”, advierte José Machain, referente de la Red Argentina No Baja, quien fue consejero de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en representación por la Legislatura Porteña durante doce años.
Al referirse públicamente sobre los alcances de este proyecto de ley, Patricia Bullrich habló de que “contempla un régimen social y educativo para que el menor no siga delinquiendo e impedir que avance en la carrera delictual” haciendo alusión a “la gran cantidad de menores involucrados en situaciones delictivas graves”. Esta argumentación causó gran repudio de organizaciones sociales dado que no existen datos públicos a nivel nacional que den cuenta de ello mientras que los números de las estadísticas disponibles dicen lo contrario. Por ejemplo, según la información del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, sólo el 3.6% del total de causas penales iniciadas son atribuidas a menores de edad, de los cuales tan sólo el 0.55% son delitos de sangre. “Es desacertado y falaz lo que dice Bullrich. Es ínfima la cantidad de menores de edad involucrados en delitos graves, de violaciones u homicidios. Entonces, nada tiene que hacer la ministra de Seguridad hablando de medidas socioterapéuticas. No tiene incumbencia en esta temática, como sí la tienen el Ministerio de Educación o el de Desarrollo Social a los cuales este gobierno les ha
recortado presupuesto y reasignado partidas que han sido derivadas justamente a la
Policía Federal y la Gendarmería”, aclara Machain.
“Así como hace veinte años decíamos que Carlos Menem ganó la reelección con el voto licuadora, ahora apuntan al voto bala», dijo Maria del Carmen Verdú.
En esta misma línea, María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), señala la falta de honestidad de Cambiemos cuando es a este mismo sector etario al que le cierran los secundarios nocturnos y se ve directamente afectado por los recortes que ha habido en Desarrollo Social, tanto de Nación como en Ciudad, concentrados en dos ejes que este gobierno considera descartables: los programas de género, violencias y disidencias así como en los de niñez y adolescencia. “Hablan de reinserción y hasta de un nuevo régimen socioterapéutico pero andá a visitar cualquier instituto de menores donde hay chicos por razones asistenciales, no penales, y contame si alguien se puede reinsertar viviendo en un cubículo de dos por dos, de cemento, sin almohada, con un camastro de material que es lo único que tienen como mobiliario.
«Después se preguntan por qué suceden los suicidios en los institutos de menores”, denuncia Verdú. A su vez señala que el gobierno utiliza una lógica de demagogia punitiva visible en la sucesión de hechos del último mes y medio con medidas que siguen una misma línea disciplinadora y represiva como la habilitación de uso de armas de fuego contra personas desarmadas, la compra de pistolas Taser o el programa Restituir que reincorpora a agentes apartados de las fuerzas de seguridad por haber sido investigados durante años por hechos represivos beneficiados por el sobreseimiento o la absolución fáciles. “Así como hace veinte años decíamos que Carlos Menem ganó la reelección con el voto licuadora, ahora apuntan al voto bala. La única forma de enfrentar a estos planes de ajuste y represión es con protagonismo popular en las calles, es el único lenguaje que entienden”, sostiene Verdú.
La relación del anuncio de este tipo de medidas de mano dura con el comienzo de un
año electoral es ineludible. En este sentido, Víctor Ramos, fundador del INADI y presidente de la asociación internacional SOS DISCRIMINACIÓN de Argentina, entiende que existe una especulación por parte del oficialismo sobre un sector de la sociedad reaccionario que tiene una pulsión xenófoba y que siente que la crisis se resuelve con la represión, lo que los lleva a ir detrás de esos votos. “La respuesta que propone el gobierno de bajar la edad punible, es responsabilizar al otro. Buscan un enemigo, un responsable de lo que el estado no ha podido resolver. Es un discurso que lo van profundizando porque, al no tener propuestas ni soluciones a la crisis económica que el propio Macri generó, señala un responsable: el delincuente ¿Quiénes son los delincuentes? Los pibes, los paqueros, los que se drogan. Buscan el eslabón más débil para responsabilizarlo de la ausencia de políticas públicas y de
profundos problemas sociales que no logran resolver”, argumenta Ramos. Además, señala que este tipo de medidas contribuye a la criminalización y estigmatización de los jóvenes pobres al acusarlos a priori de delincuentes y dejando de lado que son justamente los niños y adolescentes sobre los que mayor impacto tiene la pobreza, la violencia institucional policial y los recortes en políticas de salud y educación.
En el informe de UNICEF publicado a fines de 2018 sobre “Pobreza monetaria y privaciones no monetarias en Argentina”, se daba a conocer que el 48% de los niños, niñas y adolescentes del país son pobres, de los cuales el 20% se encuentra en condiciones de privaciones severas que implican vivir cerca de un basural, en áreas inundables o no haber asistido nunca a la escuela entre los 7 y los 17 años. En aquel entonces los medios hicieron gran eco de estas cifras alarmantes, pero al arrancar un nuevo año muchos toman a la ligera la baja de la punibilidad a pesar de que se trata del sector etario más afectado por la crisis económica y social que atraviesa el país.
«Este tipo de medidas contribuye a la criminalización y estigmatización de los jóvenes pobres al acusarlos a priori de delincuentes», reflexionó Victor Ramos.
“En lo que hay que ir a fondo es en que el estado realice políticas sociales adecuadas, con mano dura para los funcionarios que no ejecutan sus presupuestos. Llegamos a fin de año y no se ejecutó parte del presupuesto de Desarrollo Social y de Salud. No puede ser que hay dinero no ejecutado, inclusive haciendo recortes, en esos organismos. No lo gastan donde tienen justamente que invertir, en la prevención y en la integración de los jóvenes. Arrancan al final de la cadena cuando el delito ya se cometió”, sentencia Ramos.
En este sentido, la semana pasada UNICEF Argentina ha puesto en circulación un informe con “Ideas para contribuir al debate sobre la Ley de Justicia Penal Juvenil”, cuatro carillas donde se desarrolla expresamente que bajar la edad de punibilidad no mejora la seguridad, basado en experiencias internacionales que así lo han demostrado. Más bien se recomienda un sistema de justicia especializado cuyo enfoque se centre en la prevención del conflicto con la ley penal en lugar de la represión y donde la estrategia esté direccionada en pos de la reinserción social a través de la oferta de oportunidades educativas, de recreación y laborales que oriente a los jóvenes hacia un proyecto de vida alejado del delito.
La Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF), a su vez, ha emitido un comunicado en el que deja sentada su postura de rechazo a la disminución de la edad punible ya que entiende que “la actividad estatal no puede reducirse solamente a lograr una reforma de legislación penal que tenga como eje central la baja de edad de punibilidad, con la intención de dar una respuesta demagógica y punitiva al tema de la seguridad ciudadana. Y sin atender centralmente a los derechos sociales de la infancia, cuyo aseguramiento financiero estatal se ha visto recortado en educación, protección integral y salud -entre otros derechos- a la luz del presupuesto nacional aprobado para el ejercicio 2019”.
De debatirse este proyecto de ley en sesiones extraordinarias en el Congreso y de ser aprobado sería la primera vez que un gobierno elegido democráticamente logre bajar la edad punible. En 1954, el segundo gobierno peronista la elevó de 14 a 16 años y sólo se vio disminuida nuevamente a 14 en 1976, durante la última dictadura cívico-militar. Recién en 1983, con el retorno de la democracia, se recuperaron derechos básicos de la población y se aumentó nuevamente la punibilidad a 16 años.
Ene 16, 2019 | Comunidad, Novedades
El Oxaprost (diclofenac-misprostol), la droga utilizada para inducir un embarazo, sirve paradójicamente también para interrumpirlo. El compuesto puede ser conseguido en cualquier farmacia, mediante una receta médica y desde el 30 de noviembre ya son dos los laboratorios que tienen el permiso para su venta en farmacias. Se trata del método más accesible para interrumpir un embarazo no deseado, a pesar de que está penalizado por la ley. Por eso ya hay legisladores que, además de continuar la lucha por la despenalización del aborto, también piensan en la necesidad de que el Estado sea quien produzca esta droga.
En el país existen dos laboratorios que fabrican el Oxaprost: Beta S.A y Domínguez. Mientras que Domínguez, hasta hace un mes, se encargaba de dispensar el producto para su uso intrahospitalario, Beta S.A se establecía como el único laboratorio responsable de su despacho vía farmacia. No obstante, el 30 de noviembre último la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó al laboratorio Domínguez también el despacho de la droga en farmacias, algo que estaba reservado a su competencia, Beta S.A.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) uno de los fármacos recomendados para la interrupción voluntaria de un embarazo, desde 2005, es el misoprostol. El fármaco en sí se caracteriza por ser una prostaglandina, algo parecido a una hormona, cuya función es producir contracciones para interrumpir la gestación. “La condición de su venta es mediante receta archivada siempre que lo indique un ginecólogo, un obstetra, reumatólogo o un traumatólogo. Las farmacias en general eligen venderlo o no. Eso corre por cuenta de cada dueño”, detalla Belén Montenegro, farmacéutica del Hospital Municipal de la Ciudad de Boulogne.
Tras la imposibilidad de sancionar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en agosto último en Argentina, diputados y organizaciones de mujeres que brindan consejerías pre y post aborto se reunieron el pasado 9 de octubre en el Anexo de la Cámara de Diputados en el marco de una audiencia pública para proponer un proyecto de ley para que sea el Estado quien se encargue de la fabricación del misoprostol. El proyecto normativo, que ingresó al Congreso el pasado 20 de marzo de 2018, se centra en garantizar un aborto legal, seguro y gratuito. Principalmente seguro. Al no ser ilegal, muchos profesionales de la salud practican abortos clandestinos en pésimas condiciones o ejercen violencia sobre el cuerpo de las pacientes. El aborto, según los artículos del Código Penal de la Nación que van desde el 85 al 88, se considera una práctica punible con una condena de hasta 15 años, tanto para el profesional como para la persona que lo lleve a cabo. Pero si el embarazo es producto de una violación, o puesta en peligro la vida de la mujer a causa de un feto retenido o complicaciones en la gestación, la interrupción del embarazo, avalada por una denuncia policial o judicial, se convierte en un acto lícito.
Números
El misoprostol se encuentra al alcance con una receta elaborada por un profesional de la salud, y una determinada porción de dinero. Específicamente la presentación de Oxaprost, el nombre del misoprostol comercializado por Laboratorio Beta S.A, se establece en un envase con 16 comprimidos y un valor de venta en farmacias a 4.455,31 pesos.
Desde el 2005, la OMS ha incluido al fármaco en la lista de medicamentos esenciales debido a la posibilidad de salvar una vida en peligro a causa de un embarazo riesgoso, además de ser el fármaco menos nocivo para interrumpir una gestación. Sus indicaciones oscilan entre: maduración cervical, inducción del aborto en 1° y 2° trimestres, prevención y profilaxis de la hemorragia post parto, aborto incompleto y preparación instrumental del cuello uterino para una posterior intervención quirúrgica.
Según un relevamiento de Silvina Ramos, la investigadora titular del Área de Salud, Economía y Sociedad del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e Integrante del Comité Ejecutivo de la Alianza para el Fortalecimiento de la Investigación del Programa de Reproducción Humana de la Organización Mundial de la Salud, se estima que en la Argentina se realizan por año entre 350.000 y 500.000 abortos anuales. Los datos provienen de un estudio de 2005 realizado por Silvia Mario y Edith Alejandra Pantelides, investigadoras del Centro de Estudios de la Población (CENEP). El aborto se establece como la principal causa de muerte materna. De acuerdo a los últimos datos oficiales provenientes del Ministerio de Salud de la Nación, en el año 2016, de un total de 245 fallecimientos, el 17,6% fueron muertes por una gestación terminada en aborto. Lo que ubica a este flagelo como primero en el podio de defunciones maternas.
Ante la negativa del Senado a legalizar el aborto, en agosto del corriente año, se debatió establecer una alternativa para que el Estado garantice la fabricación del misoprostol con el objetivo de lograr el acceso masivo y de forma legal a la interrupción voluntaria del embarazo.
El fármaco
El uso de misoprostol es intrahospitalario, con el fin de estimular las contracciones del músculo liso del útero, cuando se encuentra en trabajo de parto por un feto fallecido o retenido. A la vez Oxaprost, el nombre bajo el que lo expende el laboratorio Beta S. A., se utiliza como analgésico y protector gástrico porque favorece la producción de la mucosidad que recubre el estómago e inhibe la producción de ácido, similar al diclofenac. La condición de la venta del misoprostol es mediante una receta archivada.
Existe entonces una contradicción en la comercialización del fármaco. Porque según la ley vigente, no avala las indicaciones del misoprostol para interrumpir un embarazo. Pero Beta, y desde el 30 de noviembre también laboratorio Domínguez, venden el medicamento como un protector gástrico o antiinflamatorio. El Protocolo para la Atención Integral de las personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo entiende que la única manera de practicar un aborto es por medio de una denuncia policial o judicial de violación, ya que funciona como declaración jurada. Además, el protocolo comprende que la práctica por fuera del marco regulatorio pueden ser “casos fabricados”, y, al mismo tiempo, entiende también que nadie puede imponerse a la interrupción legal del embarazo ni obstaculizarla frente a una persona víctima de un delito sexual.
“Las farmacias en general eligen venderlo o no. Eso corre por cuenta de cada dueño. Se genera una situación muy incómoda, porque vos del otro lado sabés por qué lo están comprando y si no vienen con una receta de un obstetra, se te hace muy difícil venderlo a nivel ético. Si no lo indica un obstetra, significa que están tratando de interrumpir un embarazo de manera clandestina y eso puede terminar en una guardia o en una internación”, detalla Belén Montenegro, farmacéutica en jefe del Hospital Municipal de la Ciudad de Boulogne.
Lo que tiene de particular la presentación de Beta es que la píldora está formada por una doble compresión. Es decir, por fuera posee el diclofenac, pero el núcleo es el misoprostol. Existen dos maneras de administrar el fármaco. Una es por vía oral. La paciente ingiere la pastilla entera y se consume a lo largo de 16 días. Luego existe la vía vaginal. Allí el médico debe romper esa primera capa de compresión de diclofenac y quedarse solo con el núcleo de misoprostol e introducirlo directamente en el cuello del útero.
Con respecto al precio, Montenegro se explaya: “Las prostaglandinas en general son caras. Su desarrollo es costoso. Sobretodo porque está diseñada para metabolizarse más lento para ejercer la acción”. El costo responde a una constante en la industria farmacéutica argentina. Sucede que el desarrollo de una molécula en el país tarda alrededor de diez años. Una vez pasadas las pruebas y los estudios clínicos del fármaco, el laboratorio fabricante tiene la potestad de vender el producto al precio que desee.
Audiencia pública
Los diputados Lucila De Ponti, Araceli Ferreyra, Cecilia Moreau, Nathalia González, Gabriela Cerruti y Daniel Filmus, junto a organizaciones de consejería para el pre y post aborto debatieron en octubre, en la Cámara de Diputados, que el Estado garantice la fabricación del misoprostol a un costo más accesible y legalizado para la interrupción voluntaria del embarazo. “Esto surgió a partir del rechazo de la ley. Se presentaron diversos proyectos y empezamos a ver casos como el de Santa Fe, donde el Gobierno provincial se va a encargar de producir el misoprostol a partir de una buena experiencia de practicar abortos con el medicamento”, declaró Nathalia Gonzalez Seligra, diputada nacional por el FIT por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Una vez rechazado el proyecto original se abrió el debate. La idea es presentar uno nuevo este año”. En sintonía, Lucila De Ponti, diputada por el Peronismo Para La Victoria por Santa Fe, remarcó: “Entendemos que si el Estado puede garantizar que las provincias que necesiten comprar los medicamentos, puedan hacerlo en un precio más barato y en una calidad mayor, van a hacerlo porque efectivamente les conviene”.
A pesar de no estar legalizado el aborto, la concepción compartida y planteada en la audiencia fue garantizar el derecho al acceso equitativo a los medicamentos recomendados por la OMS como ejemplares para la práctica de abortos seguros. Además, se contempla la inclusión tanto del misoprostol como de la mifrepristona (otro medicamento indicado para casos de aborto) en el Plan Médico Obligatorio Nacional y en el vademécum de medicamentos de cobertura gratuita. Según los legisladores, no solamente es conveniente la producción nacional del medicamento, sino que también puede tornarse rentable y posible de hacer para el Estado nacional.
Según el informe de la senadora Nancy González, legisladora por el Frente Para La Victoria de Chubut, el Estado se ahorraría un total de 613 millones de pesos, porque el gasto que hoy es de mil millones pasaría a menos de la mitad. El ahorro total sería de un 43% en términos de fabricación, a lo que habría sumarle costos de internación en hospitales públicos. Además, al tratarse de una actividad ambulatoria, los costos tienden a mermar. “Los profesionales que convocamos para la audiencia hablan de que ese costo bajaría a 300 pesos. Pero el principal problema al que nos enfrentamos es pelear frente a aquellos que no quieren, no sólo que no se fabrique el misoprostol directamente desde el Estado, sino también aquellos que no quieren el aborto legal y mucho menos la Ley de Educación Sexual Integral”, concluyó Nancy González.
La realidad a la que se enfrentan las madres gestantes es que el precio de Oxaprost, producido por el Laboratorio Beta S.A, aumentó su precio un 300 por ciento, entre los años 2014 y 2016, según estimaciones del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), además de alterar la presentación del medicamento en función de comprar más pastillas a un precio mayor. Con la autorización del Laboratorio Domínguez de su venta en farmacias para diciembre, se vislumbra el fin del imperio monopólico de Beta, dado que según aseguran fuentes de la empresa, lo comercializará a un precio mucho menor.
Abortar en la clandestinidad
Camila tiene 23 años y el título profesional como profesora de Educación Física. Ella renunció a la maternidad, pero para eso tuvo que someterse al aborto clandestino. “Nadie entiende lo difícil que es hasta que lo vive”, contó. Decidió abortar con 18 años, porque no se sentía con la madurez suficiente para hacerse cargo de un hijo a esa edad: “No quería formar una familia a tan temprana edad”, confesó. Camila también recordó: “Sufrí mucha violencia cuando me atendieron –detalló-. La primera vez que le comenté al profesional mi situación y me hizo tacto, me hizo doler mucho a propósito”. “Me decía puta y una serie de insultos más. Me amenazaba con denunciarme en la policía si seguía con la idea de abortar”, se explayó la joven. Desprotegida, Camila confesó que no podía denunciar al médico por ejercer violencia y abuso de poder, corría riesgo su vida y podía terminar hasta presa.
La interrupción de un embarazo es un proceso que si se ejecuta de manera incorrecta puede terminar con secuelas o sangrados abundantes, peligrando la salud de la mujer. Si el Estado interviniese, todas las interrupciones voluntarias del embarazo podrían tener el cuidado correspondiente. “Se garantizaría calidad en la atención y la vida de toda mujer”, así lo recalca la asociación Socorristas en Red, un colectivo feminista dedicado a casos de interrupción voluntaria del embarazo.
