Feb 5, 2019 | Culturas, Novedades
Minas con la dirección de Ana Alvarado es una obra sobre mujeres de 40 años que se conocieron en la adolescencia y se reencuentran luego de largo tiempo.
Paredes beige con detalles en tono pastel, piso de parquet, fotos, cuadros, asientos de madera, veladores encendidos que hacen juego con una elegante iluminación. Así es el hall al que se ingresa en el Teatro El Extranjero luego de recibir la entrada en boletería. La calidez hogareña se mantiene adentro de la sala que es como entrar en un living donde acontece esta reunión de amigas.
Una mesa clara al centro, con un teléfono verde oliva como los que entregaba la empresa estatal Entel antes de su privatización, unos sillones y estamos en la casa de Yiya (Silvia Hilario), quien vivió en Brasil un tiempo y fue una contradictoria militante política en su juventud. Eugenia (Milagros Gallo) es una señora acomodada, con hijos y muy creyente, y Adela (Andrea Jaet), una profesional exitosa que ha tenido variedad de parejas. Tres personalidades diferenciadas, tres minas de 40 años que se conocieron en la adolescencia y se reencuentran luego de largo tiempo.
La mesa va a poblarse de botellas de alcohol y vasos con el transcurrir de los minutos. La bebida va a propiciar que las emociones se intensifiquen. Los intercambios, interrumpidos con escenas al ritmo de Sade o Whitney Houston, cruzan los recuerdos con los sentimientos que aún remueven e invitan a la reflexión sobre las decisiones de vida de las protagonistas.
En diálogo con ANCCOM, Jaet relata que en 2018 se juntaron con Silvia, Milagros y Ana Alvarado (la directora) para definir qué hacer y se decidieron por una temática femenina. “De repente, apareció la idea de esta obra con la recomendación de Mauricio Kartun. La leímos, nos divertimos y la adaptamos ubicándola en los 90 para que tuviese más contraste con la actualidad”, cuenta.
Ana Alvarado, por su parte, afirma: “Tomamos los años 90 como punto de partida a los temas que hoy están vistos como la actualidad de lo femenino. Una mujer de clase media de 40 años en esa época había vivido lo que ocurrió en los 70. Tenía preocupaciones que ahora parecen menos acuciantes: el mandato de casarse para que un hombre la mantenga, tener hijos, la posibilidad de separarse e irse a vivir con una mujer, contar o no su bisexualidad. Pasaron por cosas que hoy parecen superadas. Esta charla tiene algo muy divertido, porque en realidad las mujeres en cualquier época, cuando nos sentamos a hablar, tocamos el tema del amor, de los hijos o del sexo. Estas minas lo hacen mientras fuman marihuana, se ríen, se pelean, y sacan los trapitos al sol”.
Minas, con texto de Diana Amiama, dirección de Ana Alvarado y actuaciones de Silvia Hilario, Milagros Gallo y Andre Jaet, se presenta –por segundo año consecutivo– los viernes a las 21 en el Teatro “El Extranjero”, Valentín Gómez 3378, CABA.
Ene 31, 2019 | Culturas, Novedades
Las partidas públicas nacionales destinadas a Salud sufren desde 2016 mutilaciones permanentes. Mientras tanto, el brote de hantavirus originado en la ciudad chubutense de Epuyén, dejó un total de 28 casos y 10 personas fallecidas, según información de la Secretaría de Gobierno de Salud (ex Ministerio, reducido al actual rango en septiembre del año pasado). ¿Qué relación existe entre ambas noticias?
El recorte aplicado en el presupuesto destinado a la salud pública en 2019 llegó a las áreas relacionadas con la prevención y el control de epidemias, lo que afectó la eficacia de las herramientas para enfrentar el brote. Según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria (FSS), desde 2016 el área de Salud de la Nación ha sido víctima de un recorte sistemático de recursos que en algunos programas ha llegado a una disminución de casi un 80% de sus fondos.
Si bien la emergencia del virus no está directamente relacionada con el desfinanciamiento de la salud pública, limitar los instrumentos para combatirlo podría haber provocado el aumento en la cantidad de casos. “Mientras exista el roedor y exista el virus, hay posibilidades de que aparezca un brote” explicó Federico Kaski, médico sanitarista y vicepresidente de la FSS. “Antes se hacía un seguimiento, que por el ajuste se dejó de hacer, donde se investigaban los roedores de las zonas que son endémicas, se analizaban las muestras para ver si son portadores del virus y de qué tipo. Si eso se hubiera hecho, hubiéramos podido saber que estaba aumentando la cantidad de roedores portadores y anticiparnos al brote. Hoy nos encontramos con menos herramientas para dar respuesta y para hacer que el impacto del brote sea el mínimo”, agregó.
En la misma línea, Fabián Martín, secretario general adjunto de la Comisión Interna de ATE en la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Doctor Carlos. Malbrán” aclaró: “Un brote no se produce directamente porque se desfinnacie el área de Salud. Lo que ocurrió es que a fines de 2015 se desmanteló el área de control de vectores, es decir, de roedores, dependiente del entonces Ministerio de Salud en ese entonces. Si no hubiera ocurrido, tal vez se hubieran achicado las chances de que se produzca un brote. Además, en 2018 se despidió a un grupo de los biólogos dependientes del Ministerio de Ambiente que estudiaban la dinámica poblacional del ratón colilargo, que es el causante del virus, en la zona afectada y alrededores”.
La ANLIS Malbrán es un organismo dependiente de la actual Secretaría de Gobierno de Salud, encargado de desarrollar y coordinar acciones de prevención y consecuencias causadas por enfermedades infecciosas y con base genética o nutricional, y que también ha sido víctima del brutal ajuste presupuestario efectuado desde el ascenso del macrismo. “Tuvimos recortes en el presupuesto en el 2017, en el 2018 no hubo básicamente ingreso de insumos en el instituto y en 2019 recibimos un aumento nominal del 13% interanual sobre un 50% de inflación, con lo cual llevamos desde que asumió el nuevo gobierno un recorte de más del 50% del presupuesto para que el instituto funcione”, comentó Martín. “Si a esto se le suma el recorte real de salarios, ya que muchos trabajadores del Malbrán cobran algo más cercano a la canasta de indigencia que a la canasta de pobreza, y que se prohibió el ingreso de personal, esta situación se vuelve sumamente grave”, puntualizó.
Aunque no existe un tratamiento específico para el hantavirus, los casos fueron atendidos con internación y cuidados intensivos necesarios. Pero según lo informado por la FSS, debido a la escasa dimensión de las localidades afectadas, las instituciones sanitarias no cuentan con suficientes equipamientos de alta complejidad ni profesionales para cubrir una demanda exponencialmente creciente. “El Gobierno Nacional debería asistir con el equipamiento de alta complejidad y los equipos adecuados. Pero el Ministerio se retiró de la centralidad y delegó la responsabilidad a las provincias, se desentendió de la responsabilidad y esto trae siempre consecuencias, porque no todas las provincias tienen la misma capacidad para garantizar el acceso a la salud y se necesita de una articulación nacional”, argumentó Kaski. En este sentido, Martín sostuvo: “Lo que hizo el Gobierno es dejar la salud en manos de cada uno, dar instrucciones de prevención no es suficiente. Si se quiere enfrentar este virus, lo que se tiene que hacer es invertir en prevención”. No parece que eso sea posible en un contexto de amputación permanente de dinero público.
Ene 31, 2019 | Culturas, Novedades
La vigorosidad sobre la discusión en torno a la relación Iglesia con el Estado se vio incentivada por el impacto social que alcanzó el debate sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) el año pasado y la efervescencia del movimiento de mujeres a nivel nacional. Durante la primera sesión informativa del año pasado en Cámara Baja, el actual Jefe de Gabinete, Marcos Peña se vio sorprendido por una pregunta de Carla Carrizo, diputada del bloque Evolución Radical, quien sostuvo: “Quisiera plantear un poco la equidad de culto en la Argentina y garantizar la pluralidad de voces de todas las religiones en la escena pública democrática del país ¿Cuánto aporta el Estado en los sueldos de los funcionarios eclesiásticos?” El recinto se tornó silencioso. El Jefe de Gabinete afirmó que se destinan 130 millones 421 mil 300 pesos, percibiendo un obispo hasta 46 mil 800 pesos mensuales. La diputada levantó sus anteojos rápidamente y aseguró: “Cada uno de estos obispos gana lo que no gana ningún maestro argentino”. Desde el oficialismo resaltaron que el Estado está obligado por la Constitución Nacional a pagar esas sumas a la Iglesia, amparados en el artículo 2: “El Gobierno Federal sostiene el culto católico apostólico romano” y aclararon que estas no representa ni un 7% del dinero de la Institución.
Con este planteo y, sobre todo, a partir del debate de la Ley IVE se desarrolló en Argentina la Campaña Federal por la Separación de la Iglesia y el Estado, que reclama un Estado laico y denuncia la influencia material y simbólica de la Iglesia católica en las decisiones de interés público.
En medio de la discusión, la 116 Asamblea Plenaria del Episcopado dio a conocer, en noviembre de 2018, la resolución por la cual la Iglesia renunciaría paulatinamente a este financiamiento estatal. Los obispos expresaron su voluntad de aceptar el reemplazo gradual de los aportes del Estado por alternativas basadas en la solidaridad de las comunidades y de los fieles, asumiendo el espíritu de las primeras comunidades cristianas que ponían lo suyo en común.
De las leyes que regulan el financiamiento de la Iglesia en la actualidad, tres fueron decretadas durante la última dictadura militar, sin modificarse ni derogarse durante los sucesivos gobiernos democráticos. La 21.950 establece que los miembros de la jerarquía eclesiástica reciban una asignación mensual equivalente al 80% de la que percibe un juez nacional de primera instancia. La ley 21.540 las define como vitalicias. La 22.162 le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de otorgar un sueldo a curas párrocos que vivan en zonas de frontera. La ley 22.950 crea un régimen de sostenimiento a la Iglesia Católica Apostólica Romana para promover la formación de sus ministros, que surjan de la población nativa. Por último, el Decreto Ley 22.430 instituye una asignación mensual vitalicia para sacerdotes seculares que hayan cumplido los 65 años o se hallaren incapacitados y que hubieran desarrollado su ministerio en el país por un lapso no menor a cinco años, recibiendo una asignación equivalente a una jubilación mínima.
Un estudio realizado recientemente por la Universidad de San Andrés reveló que un 74% de la población argentina conectada a Internet dijo estar «de acuerdo» acerca de la separación del Estado y la Iglesia, frente a un 18% que se mostró en desacuerdo. Considerando el nivel de religiosidad, el 86% de los no creyentes dijo estar de acuerdo con la campaña “Iglesia y estado, asunto separado”, al mismo tiempo que el 79% de los religiosos también estuvo de acuerdo.
Desde marzo de 2018 a la actualidad, varios fueron los proyectos de ley presentados por distintos partidos en torno a la temática. Las diferentes iniciativas coinciden en plantear la condición laica del Estado así como también de la educación pública, y buscan recortar el financiamiento a la Iglesia Católica. Para la diputada Carrizo se trata de que la Iglesia sea considerada “persona jurídica privada”, como el resto de las religiones. En cuanto a remuneraciones propuso asignarle el equivalente a la del profesor universitario concursado. A su vez, al igual que el proyecto presentado por el Frente para la Victoria (FPV), a cargo de la diputada Araceli Ferreyra, su propuesta busca prohibir la exhibición transitoria o permanente de imágenes, símbolos o cualquier objeto que remita a la práctica religiosa en todos los edificios y espacios públicos. Por otro lado, la dirigente del Partido Obrero, Romina del Plá, presentó otro proyecto orientado a derogar una ley de transferencia de tierras públicas al Obispado de San Justo. El diputado del PTS/FIT, Nicolás del Caño, junto a su compañera de banca Nathalia González Seligra, presentó una iniciativa para derogar los decretos de la dictadura y el Concordato entre la República Argentina y el Vaticano de 1966 (Ley 17032). Con el mismo objetivo lanzó su proyecto el diputado radical Alejandro Echegaray.
El mismo debate se desarrolla en la Legislatura porteña. En la audiencia pública desarrollada el 6 de septiembre de 2018, Gabriel Solano, legislador del Partido de Izquierda de los Trabajadores (FIT), presentó el proyecto de ley de mayor alcance, que busca poner fin a las exenciones impositivas establecidas en el Código Fiscal, anular las cesiones de tierras e inmuebles y eliminar los subsidios que reciben las entidades religiosas. En diálogo con este medio, el diputado explicó: “Presentamos esta iniciativa para colaborar con la lucha que están librando en las calles las mujeres y la juventud. La estrategia fue mostrar de qué modo se produce este entrelazamiento de intereses. Hicimos una investigación donde sacamos a la luz los impuestos que la Iglesia no paga, o la forma en la que se le entregaron decenas de propiedades. El accionar defensivo de la Institución Católica fue abrir una negociación con el Gobierno para cambiar la forma en la que el Estado paga los salarios de los obispos y curas de frontera”.
La Campaña Federal por la Separación de la Iglesia y el Estado
Ya se había levantado del asiento que ocupaba hacía cincuenta minutos en la línea 98. Colocada frente a las puertas de descenso, apretaba fuertemente con su mano derecha un papel impreso doblado al medio, mientras que con la otra se sostenía del caño del colectivo. Llevaba una remera blanca de mangas cortas con la frase «Abajo el patriarcado», unos jeans ajustados y zapatillas deportivas negras. Su cabello rubio caía sobre sus hombros. En su muñeca derecha tenía amarrado un pañuelo naranja y en su mochila, uno verde. Llevaba puestos unos auriculares conectados a un mp3. Se dirigía hacia la Asamblea Abierta, organizada por los referentes de la Campaña Federal por la Separación de la Iglesia y el Estado.
Taty Barranco, salteña, transfeminista, militante de género, diversidad sexual y derechos humanos, es la impulsora de la campaña. En diálogo con ANCCOM habló sobre su origen: “La campaña se inició antes de las elecciones legislativas por el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En ese momento, aún no se hablaba al cien por ciento sobre cómo la Iglesia y sus dogmas religiosos y morales influyen en las decisiones políticas. Entonces pensé que era necesario y urgente que se cree un movimiento que pueda reflejar este palo en la rueda de la evolución y adquisición de derechos, que solamente le competen al Estado y no a la institución Iglesia.”
Para Barranco, el pañuelo naranja, emblema de la Campaña, es mucho más que una prenda: “Significa que lo que necesitamos y queremos es la real separación del Estado y la Iglesia: que el Estado sea laico, que no sea sólo teoría y que en la práctica se demuestre este descontento. También, que se deje de transferir millones de pesos a la institución año a año y que se le quiten los privilegios que tiene sobre otras religiones. Pero lo que más significa y deseamos es que haya un cambio sociocultural donde la primacía del dogma moral y religioso caiga.”
La Campaña es apartidaria y funciona en todo el país. Presentan un documento de adhesión donde las agrupaciones pueden acceder a él. A su vez, la acción tiende a ser conjunta y horizontal. “Estamos las veinticuatro horas en comunicación, coordinando acciones federales o provinciales. Nos ayudamos, alentamos, complementamos y cada acción se consensua e informa”, describe Barranco. También presenta comisiones especializadas: legales, género, comunicación, arte, militancia y finanzas. “En cada comisión tenemos profesionales que asesoran y ponen su tiempo por convicción a la campaña y esperamos que se sumen más”, termina de explicar Tatiana. Unas de las acciones más trascendentes llevadas a cabo en este último período por la Campaña son las invitaciones masivas a apostatar: “darse de baja de la Iglesia Católica.” Esto implica realizar un trámite, explicado paso por paso en la página oficial, que permite desbautizarse.
La postura de la Iglesia Católica
El cura Jorge Bazán, miembro de la Iglesia Católica Apostólica Romana, sostiene la legitimidad de la unión de la Iglesia con el Estado en la tradición y en el lugar hegemónico que la institución eclesiástica ha ocupado históricamente en la sociedad. “No hay dudas -asegura- de que las elites fundadoras del país asignaron a la Iglesia Romana un papel fundamental en la constitución del Estado Nación, sin embargo, el status jurídico que la diferencia del resto de los cultos suele pasar inadvertido. La Iglesia no sólo es reconocida por la Constitución Nacional como un Estado autónomo, sino que el Código Civil le asigna personería jurídica pública a diferencia de las demás religiones, reconocidas como personas jurídicas privadas”.
El funcionario eclesiástico niega la necesidad de equiparar la institucionalidad jurídica de la Iglesia Católica Apostólica Romana al del resto de las religiones ya que carecen del tamaño y la complejidad estructural que posee su credo. Según Bazán, “el problema es que otras Iglesias, como las Evangélicas, teórica y fácticamente no tienen la estructura de la Iglesia Católica. Por eso se dice que en Argentina hay diversidad religiosa pero no igualdad religiosa.”
Además, el culto católico se erige como la religión predominante, cuyo alcance real se observa fácilmente en la extensión de sus instituciones de carácter social. Con respecto al financiamiento estatal de la educación privada católica, Bazán argumenta que “el Estado debe subvencionar la educación, pero no necesariamente toda la educación tiene que ser del Estado. Este debe subvencionar la educación que los ciudadanos eligen para sus hijos”. Por otra parte, afirma que el Estado necesita de la guía moral de la Iglesia para obrar correctamente ya que sin su influencia en materia normativa, cualquier tipo de perversiones serían legalmente permitidas.
Sin embargo, esta no es la única postura del catolicismo frente al debate. Generalmente se tiende a construir una imagen simplista y homogénea de la Iglesia Católica que omite la existencia de contradicciones internas y diferentes corrientes de pensamiento al interior.
“Dentro del concepto ‘Iglesia Católica’ subsisten las Iglesias Ortodoxas, Nacionales y alta Iglesia Anglicana”, explicó el Monseñor Luis Bergonzi, representante de la Iglesia Católica Apostólica Argentina, una vertiente del catolicismo que se independizó de Roma en 1945. Esta corriente se ha posicionado históricamente a favor de la separación entre la Iglesia y el Estado ya que plantea que el reconocimiento de la igualdad jurídica de todas las religiones es fundamental para la construcción de una sociedad más justa.
Según Bergonzi, la mezcla entre política y religión se opone a la esencia misma de la Iglesia ya que “al recibir sueldos y prebendas por parte del Estado, en detrimento de las demás confesiones religiosas, la Iglesia Católica Romana cae en un acto de discriminación que en nuestro país está penado por la ley”. Por lo tanto, aseguró que “es necesaria una nueva ley de culto, democrática, consensuada y ecuánime, sin privilegio alguno para la Iglesia de Roma ni cualquier otra confesión.”
Un debate más complejo
La socióloga Verónica Giménez Béliveau plantea que no hay que perder de vista la complejidad del panorama al pensar la cuestión de la separación ya que “el catolicismo es un espacio complejo, plural y heterogéneo en el que conviven corrientes, instituciones, comunidades e individuos. Es decir, son objetos sociales diversos que tienen distintos niveles de institucionalidad y de relación con distintas esferas de actividad”. Estos espacios se articulan con una gama de instituciones sociales que incluyen desde escuelas parroquiales, hogares de ancianos y huérfanos hasta la distribución de alimentos en parroquias y capillas.
Por lo tanto, se distinguen dos funciones estatales que han sido históricamente delegadas a la Iglesia Católica: la educación y la acción social. “Al Estado le sale más barato subsidiar las escuelas privadas confesionales que crear unidades educativas nuevas”, explica Giménez Béliveau con respecto al ámbito educativo. Y agregó que sólo en la Ciudad de Buenos Aires el 47,3% de los niños asiste a escuelas privadas donde el 31,6% de la matrícula es confesional, de la que el 96% pertenece a instituciones católicas. Muchas de ellas son parroquiales y atienden a una población empobrecida o se establecen en zonas donde la educación estatal no llega.
Con respecto a la esfera de acción social, resaltó: “El Estado, tanto provincial como nacional, terceriza gran parte del trabajo de cuidados en institutos religiosos”. Por lo que se pregunta qué es lo que hay que separar y hasta dónde se debería plantear la separación.
La socióloga señala que el presupuesto estatal destinado a estas actividades es insignificante con respecto a su volumen real, tanto en términos de presupuesto estatal como en la forma en que las diócesis administran ese dinero. “La Secretaría de Culto destina 50 mil pesos por diócesis. Con esto no quiero decir que no sea necesaria la separación, sino que la cuestión de sostenimiento económico no puede ser un obstáculo para la separación”, agregó.
Por otro lado, el historiador Roberto Di Stefano explica que el desarrollo del debate en torno a la separación de la Iglesia del Estado en Argentina ha adquirido tintes pasionales que no han permitido sostener una discusión informada y racional acorde a la complejidad de la cuestión. Un eje clave que ha sido eliminado de todo debate es la pregunta por el tipo de laicidad que se desea instalar en el país. Di Stefano explicó que la laicidad está formada por dos elementos, por un lado la libertad de conciencia e igualdad de derechos que utiliza como herramienta la separación de la Iglesia y el Estado; y por otro lado la neutralidad del Estado con respecto a toda religión u otras filosofías de vida. Existen distintos tipos laicidad posibles: cerradas, abiertas, con Iglesia de Estado o con separación de la Iglesia y el Estado.
Di Stefano afirma que es posible la convivencia de la libertad de conciencia e igualdad de derechos con una Iglesia de Estado, pero que en Argentina la experiencia histórica exige una laicidad con un Estado autónomo. “Tenemos una historia en la que el catolicismo se ha propuesto, e incluso impuesto, como identidad religiosa vinculada a la identidad nacional de manera muy estrecha y eso ha servido para discriminar gente, para establecer desigualdades jurídicas, políticas o simbólicas”, explicó.
De todas formas, “no es un tema para tomar en términos de hinchadas de fútbol”, agregó en referencia a la tendencia a simplificar argumentos, “lo que me parece importante es sentarnos a debatir, informarnos y tener un debate público serio evitando ponernos camisetas y pensar críticamente.”
Ene 30, 2019 | Novedades, Trabajo
Con la finalización de la feria judicial, la Cooperativa de Trabajadores del Hotel Bauen reanudará las medidas de lucha para reclamar por la expropiación definitiva del edificio, luego de que la Corte Suprema rechazara a fin de año pasado un recurso extraordinario para no ser desalojados del inmueble de la Avenida Callao.
El primer golpe contra los trabajadores de la empresa recuperada se lo había dado el presidente Mauricio Macri, cuando en 2016 había vetado la ley que les efectivizaba la adjudicación del edificio. En diálogo con ANCCOM, Diego Ruorte, del Departamento de Compras de la empresa recuperada, explicó que “cuando se inicien las actividades en marzo volvemos otra vez a plan de lucha y a replantear el proyecto de expropiación en el Congreso, porque ya una vez vetado por el presidente, si el Congreso lo vuelve a avalar y a aprobar, el presidente no lo puede vetar”. Así, los cooperativistas redoblan la apuesta para defender sus puestos de trabajo.
Juan, uno de los trabajadores de la lavandería del Hotel Bauen.
El Hotel Bauen se inauguró en 1978 con motivo del Mundial de Fútbol. Para poder construirse, contó con un préstamo del Estado que nunca fue saldado y permaneció en manos de una empresa privada hasta 2001, año en que, en medio de la crisis económica, declaró su quiebra. En 2003 fue recuperado por sus antiguos trabajadores y desde ese momento hasta la fecha lo continúan gestionando. Lo hacen en permanente zozobra ante las sucesivas amenazas de desalojo. “Comprobamos que el dueño del hotel es el Estado ya que fue adjudicado en la época de la dictadura y la empresa nunca devolvió su crédito inicial”, justificó Ruorte.
Durante los quince años que lleva el conflicto, los cooperativistas presentaron siete proyectos, en los que participaron economistas, sociólogos y abogados. “Los últimos están hechos con una conciencia económica sustentable ya que el Bauen es una herramienta de trabajo, de inclusión y de sustentabilidad”, expresó Ruorte y agregó que “esto es una causa loable, nosotros tributamos, pagamos todos los servicios, no tenemos ni una deuda, demostramos que los trabajadores somos lo contrario a lo que fue el patrón porque generó deudas, quiebras, a los proveedores les dio cheques voladores… nosotros estamos haciendo todo al revés”.
Cuando la temporada es baja o cuenta con salones libres, el hotel ofrece el espacio para distintas organizaciones que lo solicitan. Actualmente son sede de talleres teatrales de verano. “Dentro de lo que es nuestro formato de cooperativa y asamblea, ideamos promover algunos simbolismos de los trabajadores, que son el espíritu solidario, la cooperación, la colaboración. Anteriormente se hacía solidariamente, hoy pedimos una colaboración para pagar la luz y el resto de los servicios”, agregó.
Los trabajadores Jorge , Abel y Lucas.
Además, en su interior alberga diferentes emprendimientos productivos vinculados a la alimentación orgánica y de producción nacional. “A nosotros nos interesa, dentro del marco de lo que es el Centro porteño, donde tenés a Mc Donald’s y Farmacity por todos lados, dar visibilidad a un emprendimiento que muestre que hay otro tipo de economía y de acción, que no está motivada solo por el dinero. Como todo hotel estamos abiertos a un público mundial y tenemos que mantener la marcas de primera línea, pero dentro de esos productos, incluimos los de las cooperativas”, contó. En esa línea, a fin de año (casi en sintonía con el fallo de la Corte), se inauguró en el hall del hotel el Almacén de la Agricultura Familiar, del Movimiento Popular La Dignidad, con el apoyo de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que vende productos de otras cooperativas.
Ruorte forma parte de Bauen desde hace quince años, luego de suceder a su papá, que integró el staff del hotel desde su fundación. “Nunca recibimos subsidios, nunca fuimos apoyados por el gobierno en ese aspecto. La motivación nuestra es la de mantener nuestros 100 puestos de trabajo y seguir funcionando como cooperativa”.
El fallo de la Corte implica que una vez que se efectivicen las notificaciones a la Cámara de Apelaciones y al Juzgado comercial que llevan la causa de la quiebra, puede llegar la orden definitiva de desalojo. Mientras tanto, los trabajadores aguardan para dar lucha, una vez más.
Ene 29, 2019 | Comunidad, Novedades
Colegio Secundario Mariano Acosta, Ciudad de Buenos Aires.
En el año 2016, el Consejo Federal de Educación firmó la Resolución 311/16. Uno de sus puntos clave es la prohibición a las escuelas de negar la inscripción por motivos de discapacidad y rechazar la posibilidad de que los directivos deriven alumnos a escuelas especiales. Si bien esta norma significó importantes avances en la certificación de los estudiantes, los erráticos avances en el proceso de conversión educativa a los términos de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la falta de políticas públicas en este aspecto llevan a las familias a una lucha interminable. Exclusión, rechazo, discriminación, inaccesibilidad física, son algunos de los problemas con que tienen que lidiar todos los días para garantizar la educación de sus hijos.
“Pasaba -y en muchas jurisdicciones sigue pasando- que las escuelas se negaban a certificar los títulos de estudiantes que cursaban con un proyecto pedagógico individual. Podía ocurrir que un chico transitara toda la escuela primaria sin poder pasar a la secundaria, debido a no estar certificado, porque la escuela consideraba que no era igual de válido su proceso educativo. A esto responde la Resolución 311”, explica Gabriela Santuccione, de Grupo Artículo 24. Si bien la Resolución fue firmada por todos los miembros del Consejo Federal de Educación, no en todas las provincias se aplica de la misma manera, o en ciertos casos directamente se la niega. Esta falencia genera que las familias deban estar muy informadas para poder acceder a los derechos que tienen sus hijos.
El caso de Gregorio es un ejemplo. Su padre, Omar Coronel, destaca el haber contado con el acompañamiento necesario para su hijo con síndrome de down, en gran medida gracias al accionar de Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba). Pero si bien resalta el rol de la organización gremial, considera que tanto la sociedad como las familias carecen de información sobre el tema. Para Coronel, desde su experiencia, “el mayor problema está dado por el desconocimiento de la familia y de parte de la sociedad. Falta saber, por lo menos, cómo enfrentar a las instituciones y cómo hacer valer los derechos de los hijos. La mayoría no sabemos cómo desempeñarnos como padres frente al sistema educativo”.
Grupo de Padres TGD/TEA es un espacio de reunión que surge como necesidad de las familias de chicos con discapacidad, de brindarse mutuamente la información y, especialmente, el acompañamiento que se les obstruye. Se trata de una organización que apunta a socavar las fuerzas del desamparo y la marginación que sus hijos viven en las escuelas. Así lo cuenta Pamela Ratto, madre de Thiago: “Todo el tiempo encontramos barreras en la educación de los chicos. Es una sensación de desesperación y dolor. Rebuscamos apoyos que nos deberían dar las instituciones educativas. Es una pelea constante que nos desgasta a todos”.
Una de las barreras que destaca Pamela, tiene que ver con los acompañantes que muchos chicos con discapacidad requieren en el ámbito escolar. “En vez de venir de la escuela, el acompañante de cada chico hay que pedirlo a la obra social. Es una función que en realidad debería realizar el maestro integrador, pero éste va una sola vez por semana -con suerte- y una o dos horas. No alcanza. Y ni hablar si no tenés obra social, lo que cuesta el acompañamiento de los chicos es inalcanzable”, denuncia.
Pese a la jerarquía constitucional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su perspectiva respecto de la inclusión educativa, las trabas y barreras que las familias enfrentan dificultan considerablemente el ingreso y permanencia de sus hijos en la educación. “Hay padres que todavía eligen las escuelas especiales porque consideran que no tienen opción. O ceden y segregan a sus hijos o enfrentan una lucha agotadora”, cuenta Celeste Fernández, de ACIJ.
Muchas son las dificultades que Celeste señala y permiten dar cuenta de esta elección. Escuelas que se niegan a adaptar la currícula, derivaciones arbitrarias a escuelas especiales en cualquier momento del año, rechazo de inscripción, deslegitimación de los proyectos pedagógicos, entre tantas otras. “Hay familias que han sido rechazadas en más de 30 escuelas”, finaliza.
Tamara es madre de Lucía, una nena de cuatro años con discapacidad motora que reduce la movilidad de la parte izquierda de su cuerpo y trae problemas en el desarrollo del lenguaje. Lucía ha pasado por infinidad de médicos, especialistas y tratamientos. Ha tenido graves problemas de salud, siempre con garra y saliendo adelante ella misma. Pero la exclusión no es medicable.
“Lucía es súper sociable. Aunque es la más chiquita no le costó integrarse, se hizo amigos, desarrolló a la perfección su socialización, que es el proceso más importante en la educación inicial. Sin embargo, todo el tiempo encontramos barreras simbólicas. De repente, la integración de Lucía era excelente pero los directivos cuestionaban que no sabía los colores, poniendo el foco en conocimientos más avanzados y en esa etapa irrelevantes. O se nos pedían más requisitos que los legales para la entrada de acompañantes. Vimos mucha falta de información y de predisposición”, cuenta Tamara, quien recorrió más de 40 escuelas hasta encontrar una que incluyó a su hija.
Las familias reconocen reticencia por parte de los establecimientos educativos y de muchos docentes para adaptarse a las necesidades de cada chico en su diferencia. Pero ¿qué pasa cuando las condiciones edilicias tampoco acompañan?
Cecilia González, arquitecta en Rumbos, cuenta cómo, en áreas como el Conurbano bonaerense, donde los colectivos no están adaptados, llegar a la escuela por su cuenta es una odisea para los chicos con discapacidad motriz. Pero además, cuando lo logran, “si hay rampas en general las hay en la entrada, pero se colocan aulas o laboratorios en pisos superiores y no hay ascensor. Otro de los problemas que más dificulta la estadía de los chicos en la escuela es la falta de baños adaptados. Pocas son las escuelas que los tienen. El baño es uno de los factores que más restringe la permanencia, como también las condiciones ambientales generales de la escuela”, concluye.
