Jun 19, 2019 | Comunidad, Novedades
En la Provincia de Buenos Aires se realizaron 173 juicios por jurados en dos años.
El sistema de jurados populares ha ganado relevancia en los medios de comunicación nacionales a partir de los debates generados en casos como el de Daniel Oyarzún, acusado de perseguir, atropellar y asesinar a Brian González, quien lo había asaltado minutos antes en su carnicería, en la localidad de Zárate. Oyarzún fue absuelto por unanimidad en un juicio por jurados. Sin embargo, expertos en el tema aseguran que son pocos los casos de “gatillo fácil” o exceso de legítima defensa que no son condenados..
La investigación El Poder del Jurado, realizada por Aldana Romano en conjunto con Sidonie Porterie, politóloga y directora del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), revela que los jueces se ven teñidos por la numerosa cantidad de casos que han tratado, pero que el ciudadano no se comporta de la misma manera que cuando opina ante un hecho noticioso, sino que a la hora de juzgar a un tercero asume responsabilidad y compromiso “más allá de toda duda razonable”. Según este trabajo, en la Provincia de Buenos Aires hubo un total de 80% de condenas y 20% de absoluciones por parte de jueces profesionales en 2011, mientras que los juicios que se han realizado por jurados han dado como resultado un 65% de condenas y 35% de absoluciones en 2017. “En todos los (casos) que el policía acusa una situación de robo y dispara, el jurado ha condenado a los policías. En general, se suele condenar más la supuesta defensa a un policía, que a un particular. En los casos de legítima defensa, en Provincia de Buenos Aires, el jurado condena más de los que absuelve, contrariamente a lo que se cree. Si es en contextos de robo la decisión de condena o absolución están más parejos”, aclara Romano.
En el origen, populares
Uno de los tantos objetivos que persiguieron los fundadores de la Argentina en la asamblea de 1813 fue que los juicios criminales se resolvieran por jurados populares. Sin embargo, no fue hasta la reforma constitucional de 1994 que se confirmó ese legado al ordenar el juicio por jurados en los artículos 24, 75 y 118 de la nueva Carta Magna. Córdoba se adelantó en 1991 al sancionar la Ley 8123 que modificó su Código de Procesamiento Penal, norma que tardó siete años en entrar en vigencia y dio como resultado que el 29 de julio de 1998 se realizara el primer juicio por jurados en Argentina. Si bien Río Negro, San Juan, Mendoza y Chaco han sancionado su propia ley, a la que se le está sumando Santa Fe con media sanción, las únicas provincias que gozan en su legislación del juicio por jurados son Neuquén, Buenos Aires y Mendoza. A nivel nacional, el nuevo Código Procesal Penal Federal sancionado en 2014 los prevé en el Artículo 249, pero aún es necesaria una ley específica que los regule.
En el mundo existen dos grandes modelos, denominados clásico y escabinado. Este último es el que terminó de instituir Córdoba en 2004 al establecer un tribunal mixto donde dos jueces profesionales deliberan junto a ocho ciudadanos comunes para determinar la culpabilidad o inocencia de un acusado. En el resto de las provincias las discusiones que se llevaron a cabo fueron por jurados clásicos y un claro ejemplo es Buenos Aires, donde hace cuatro años se estableció con la Ley 14543 mediante la cual doce jurados titulares, compuestos por seis hombres y seis mujeres, estudian el caso de forma secreta. A estos se le añaden otros seis jurados suplentes que no participan de esa deliberación. Así, el rol del juez queda reservado a moderar las exposiciones de la fiscalía y la defensa, brindar asesoramiento en materia de derecho al jurado y admitir o rechazar las pruebas que este puede considerar. Al final, es el jurado el que decidirá, a puertas cerradas, sobre la culpabilidad del acusado por cada cargo que se le impute. En la provincia de Buenos Aires se requiere una mayoría de diez votos afirmativos para la culpabilidad, aunque para los casos de reclusión perpetua es necesaria la unanimidad. Una vez que el jurado emite su veredicto este es vinculante para el juez, quien se limita a aplicar la sentencia. Si el acusado es encontrado culpable es posible pedir una revisión del proceso, opción que no existe en caso de su absolución.
¿Hacia la democratización judicial?
La aplicación del juicio por jurados es obligatoria para los casos de penas mayores a 15 años en todas las provincias que funciona, aunque en Buenos Aires el acusado puede renunciar a este novedoso sistema. De esta manera, queda restringido sólo a los casos de homicidio agravado, homicidio en ocasión de robo, abuso sexual agravado o robo agravado por arma si hay resultado de lesiones o muerte. Córdoba es la única provincia que incluye a los delitos relacionados a la corrupción. En esta dirección, un ejemplo fue el caso de Germán Kammerath, ex intendente de Córdoba, quien resultó condenado en 2015 a tres años y medio de prisión efectiva. “Estamos en una fase inicial en la que se quiso hacer una implementación gradual eligiendo delitos muy graves. Hasta ahora está funcionando, así que va a venir una segunda fase en donde se va a ampliar a más delitos”, explica Andrés Harfuch, miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y vicepresidente de la Asociación de Juicio por Jurados (AAJJ).
En un contexto de crisis de legitimidad del sistema judicial, el jurado se presenta como una propuesta que aparenta otorgar democratización, control, proximidad e imparcialidad. Su fuerza democratizadora reside en que se le devuelve al ciudadano un poder que originariamente había delegado, pero también en que tiene la posibilidad de deliberar entre pares para arribar a un consenso. Así, el modelo que más respeta el espíritu del jurado para Aldana Romano, politóloga y directora del INECIP, es el mendocino porque requiere de la unanimidad, es decir, que las doce personas se pongan de acuerdo tanto para condenar o absolver al acusado. “Existen prejuicios como que los argentinos no nos podemos poner de acuerdo porque somos como Boca vs River. El reparo que le tenemos a la unanimidad es porque desconocemos la deliberación como experiencia, no tenemos otras instancias en nuestra democracia donde exista la deliberación. Nuestro sector político está acostumbrado a negociar, que no es lo mismo”, afirma Romano. Según la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de 173 juicios realizados bajo esta modalidad entre 2015 y 2017 sólo tres se estancaron, es decir, el jurado no llegó a un acuerdo.
Este último punto es el que revela su fuerza de control, ya que en las pocas oportunidades en que el jurado se estanca se debe a que la prueba que le presentaron es poco clara, es decir, Fiscalía y Defensa hicieron un mal trabajo. “El sistema judicial en países como Argentina posee inflexibilidad, lentitud burocrática y un ritualismo absurdo. En el juicio por jurados todo se hace más rápido y además, eleva la calidad del debate porque obliga a las partes a traer mejores pruebas, lo que despeja el error judicial. Cuando el juicio es sin jurado el fiscal va más relajado, cuando es con jurado el fiscal labura el triple”, señala Harfuch. La duración promedio que tuvieron los 173 juicios mencionados fue de dos días y medio según la investigación por Romano y Porterie.
El beneficio de la proximidad del juicio por jurados se manifiesta en cómo se están modificando las reglas de juego para los abogados penalistas. Cualquier persona que presencie o participe de este sistema debe poder comprender todo lo que allí ocurrió y esto obliga a que los términos legales se expliquen en términos más asequibles para buscar la transparencia. “Estamos tan atados a una justicia colonial, escrita, secreta, plagada de tecnicismos y amparada en el famoso expediente judicial que el jurado rompe con esa lógica y pone en evidencia todas las falencias que el sistema tiene”, resalta Romano.
La selección del jurado
La imparcialidad puede rastrearse en el proceso de conformación del jurado. En Buenos Aires se realiza anualmente un sorteo sobre el padrón electoral para conseguir la cantidad de ciudadanos que van a participar durante un año judicial como jurados. Así se reúne uno por mil del padrón teniendo en cuenta sexo y departamento judicial, lo cual da 12.000 ciudadanos para toda la provincia. Luego, el Ministerio de Justicia depura ese padrón descartando los que no cumplen el requisito de poseer nacionalidad argentina, tener entre 21 y 75 años y entender el idioma castellano. Quedan excluidas las personas que posean cargos electivos o públicos, empleados del Poder Judicial, integrantes y exintegrantes de las Fuerzas Armadas o seguridad privada, abogados y escribanos, condenados de ciertos delitos y representantes de religiones. El siguiente paso consiste en otro sorteo para obtener 48 ciudadanos por cada juicio, cuyos nombres se preservan por razones de seguridad hasta la audiencia de selección. En esta ocasión, Defensa y Fiscalía tienen la posibilidad de descartar mediante preguntas a aquellos que pueden tener prejuicios y para esto ambas partes disponen de recusaciones con causa, que son ilimitadas y deben justificarse, y las sin causa que pueden alcanzar un máximo de cuatro jurados sin esgrimir razón alguna. Al finalizar esta instancia, se efectúa otro sorteo para conseguir los 18 jurados (12 titulares y 6 suplentes) que participarán del juicio.
Este proceso en la provincia de Buenos Aires, sin embargo, todavía presenta numerosos obstáculos a sortear. La investigación de Romano y Porterie ha dejado en evidencia un padrón electoral desactualizado, un proceso de depuración deficiente, falta de información de los potenciales jurados a la hora de contactarlos, fallas en la instancia de notificación de los mismos y una sobrecarga administrativa sobre los jueces. “La Constitución dice que todos los juicios criminales deben terminar con jurados y es lo deseable, pero no es posible hoy porque nuestro sistema de administración de justicia recién está empezando a atravesar la participación ciudadana. Organizar juicios por jurados conlleva un trabajo adicional administrativo que nuestra justicia no está del todo preparada para hacer, el sistema colapsaría”, finaliza Romano.
Jun 18, 2019 | Culturas, Novedades
En el espacio pública de la Ciudad de Buenos Aires se emplazan 2.200 monumentos, obras de arte y estatuas.
Cuando se abre la puerta del inmenso galpón sale un olor a acetona que golpea con fuerza, como en un salón de belleza. Obliga al visitante a abrir bien los ojos para combatir el picazón. De fondo suena una canción en una radio de esas que ya no se venden más, agregándole melancolía al lugar. En la pared hay una foto de Perón junto a una de San Martín y a sus pies se amontonan abrigos mojados de una mañana lluviosa.
A principios del siglo XX, una tarea clave dentro de la planificación urbana de “La Reina del Plata” o “La París de América del Sur” –tal cual los pomposos apodos surgidos por entonces– fue poblar los espacios públicos con obras de arte. Para ello las autoridades convocaron a figuras de renombre mundial, compraron esculturas y familias adineradas donaron otras. Pero la intemperie, el vandalismo y el tiempo (algunas datan del siglo XIX) hacen lo suyo, y aquí entra en escena la Coordinación de Monumentos y Obras de Arte (MOA), en cuyo taller se restauran estatuas, bustos, jarrones y placas emplazados en las calles de la Ciudad de Buenos Aires.
El coordinador operativo del espacio, Jorge Grimaz, de aspecto pulido y sonrisa amable, muestra el taller con el cariño de quien está en su casa y cuenta que el MOA se creó en 1953, que originalmente funcionaba en Dorrego y Figueroa Alcorta, bajo las vías del ferrocarril, hasta 1982, cuando se mudó a esta casona aislada, que parece estar en el campo y que en su origen fue la morada del personal de la hacienda de Juan Manuel de Rosas. Ubicada en Adolfo Berro 3880, al interior de la Plaza Sicilia, muy cerca del Jardín Japonés, hoy alberga a 25 trabajadores, la mayoría escultores egresados de Bellas Artes, personas de oficio y familiarizadas con distintas técnicas.
En el MOA trabajan 25 artistas dedicados a restaurar estatuas y monumentos.
En una esquina donde se amontonan cabezas y partes de esculturas se puede ver, recostado, al Eternauta, un residente permanente del taller. Solo, sin pies que lo sostengan, sin nadie que lo mire, esperando volver a la luz del sol. Formaba parte del Paseo de la Historieta en Costanera Sur. Fue reparado una y otra vez. “Es de un material muy frágil: no es apto para estar al aire libre, se decolora y no resiste los golpes”, explica Grimaz mientras observa con un afecto casi paternal al legendario Juan Salvo en versión de resina poliéster.
Apenas se ingresa al área principal aparece una estatua imponente pero que se ve frágil. Es Dioniso –o Baco–, el dios griego del vino que normalmente se exhibe en el Ecoparque. Después de años de descuido y falta de mantenimiento, fue trasladado al taller para un decapado que consiste en sacarle el exceso de pintura. “Lleva mucho tiempo. Es un trabajo artesanal de aproximadamente 60 días. Hay una artista que se ocupa solamente de esta obra. Puede ser muy agotador estar con formón y un martillo todo el día”, afirma Grimaz y señala a la mujer que lo está haciendo.
Mientras sostiene un molde de caucho con forma de pata de ciervo, cuenta que uno de los monumentos más vandalizados es el de Bolívar, del Parque Rivadavia, porque está expuesto a constantes grafitis. El equipo del MOA utiliza removedores biodegradables de pintura para no dañar la estructura de soporte. La labor es ardua. Se intenta siempre que los arreglos vayan en línea con la pieza original, por lo que se usan materiales como cemento o poliéster, baratos y resistentes.
De tan añejas que son o de tantas veces que fueron reparadas, algunas obras ya no se mueven del MOA.
En la época en la que quiso convertir a Buenos Aires en un museo al aire libre, se instalaron muchos objetos de mármol que hoy padecen los efectos del tiempo, como el busto de Saavedra y el de Belgrano que descansan en el piso del taller. Hasta 2017 el primero estaba en el Parque Saavedra y el segundo en una plaza de Belgrano, pero el clima comenzó a dañarlos. La cabeza del creador de la bandera nacional está erosionada y las facciones de su rostro se han ido borrando. Las dos piezas van a quedarse en el MOA para ser preservadas como es debido y ya se realizaron copias de cemento blanco que las van a reemplazar.
El MOA trabaja en varios proyectos en simultáneo. Ahora se aboca a la Carta Magna –para lo cual ya colocaron un andamio en Avenida del Libertador y Sarmiento– y al monumento del General Alvear, una de cuyas partes está en el taller. Jorge detalla que los titanes de casi tres metros que lo conforman tuvieron que ser llevados allí porque era muy complicado repararlos en el lugar. El grueso de las obras de bronce, además, tiene anclajes de hierro, que hace que se oxiden y se rompan, por lo aprovechan para cambiarlos.
El patio que da hacía el verde de Plaza Sicilia sirve de resguardo al pequeño paseo de estatuas que se sitúa en la entrada. Muchas viven ahí. “Preferimos que el público interesado las vea aquí a que sigan en el lugar original sometidas a un daño irreversible”, dice Grimaz y señala una, Diana Fugitiva, que estaba en Parque Lezama y era vandalizada: “La vamos a tener aquí. Al menos hasta que mejoren las condiciones de seguridad”, remarca.
“Nuestro trabajo es preservar la memoria. Dentro de las 2.200 obras hay trabajos sublimes de distintos artistas, de Rodin, Botero o Minujín. Es casi un deber cuidar este patrimonio, este museo al aire libre que tenemos”, afirma Grimaz. Los artistas del MOA, que no se desconcentran un segundo de su trabajo, parecen tomárselo al pie de la letra.
Jun 14, 2019 | DDHH, Novedades
Javier Matías había sido secuestrado junto a su madre en las cercanías de la ESMA en diciembre de 1977.
La noticia se hizo esperar. El pasado lunes, las Abuelas anunciaron desde su cuenta oficial de Twitter una nueva restitución, la número 130. Pero no se daría a conocer al nieto sino hasta la conferencia de prensa, pautada para las trece horas de este jueves. Y si tres días de incertidumbre parecieron ser muchos para nosotros, cómo imaginar la espera de Roberto Mijalchuk, que aguardó durante cuarenta años un llamado telefónico que finalmente llegó en 2016.
La historia del nieto 130 está signada por la matemática, la búsqueda, los teléfonos y los abrazos. Javier Matías Darroux Mijalchuk siempre supo que sus padres eran desaparecidos, pero no tenía interés en comprobarlo. Él estaba conforme con su vida. Tardó treinta años en comprender su egoísmo, según mencionó en la conferencia, porque su identidad no sólo es importante para él, sino también para la familia que lo busca, que no sabe si está vivo, que sueña todos los días con abrazarlo y que, en este caso, estaba representada por su tío Roberto, siempre esperando al otro lado de la línea telefónica.
Roberto Mijalchuk es hermano de Elena Mijalchuk, la madre de Javier Matías, quien desapareció con su hijo, al igual que su marido Juan Manuel Darroux, en diciembre de 1977. «Yo mismo la llevé al lugar de la desaparición, en la calle La Pampa entre Lugones y Figueroa Alcorta», confesó luego Roberto a ANCCOM. Juan Manuel, su cuñado, había desaparecido días antes y a ella le había llegado una carta con la firma de su esposo diciendo que vaya a esa dirección. Desde entonces, con 19 años, Roberto busca a su hermana, quien además de tener a Javier Matías en los brazos, estaba embarazada de dos meses. Las esperanzas de encontrarla tanto a ella como a su cuñado fueron desapareciendo con el tiempo, explicó durante su intervención en la conferencia. Pero no así las de recuperar a Javier Matías. Es por ello que conservó siempre la misma línea telefónica. “La tenía mi hermana, la tenía mi cuñado y si mi sobrino estaba vivo seguramente se la habrían pasado”.
El nieto 130, Javier Matías, estuvo acompañado en la conferencia de prensa por sus dos tíos.
En octubre del 2016 la sede de Abuelas de Córdoba citó a Javier Matías para darle la noticia que ya todo su entorno imaginaba. Con un 99,9% de compatibilidad genética, era hijo de desaparecidos. Siempre intuyó, por irregularidades en la información de su nacimiento, que sus padres habían sido secuestrados en la dictadura. Tenía noción de que una señora lo había encontrado a tres cuadras de donde, se supo después, Roberto había dejado a Elena aquella tarde de diciembre de 1977. “Imaginate qué tuvieron que hacerle para que abandone a su hijo”, reflexiona Roberto con ANCCOM. “Para mí la información siempre implicó más dolor», termina. Desde entonces, una familia adoptó a su sobrino, lo crió y hasta lo acompañó este jueves en la conferencia.
En cuanto las Abuelas le comunicaron la noticia a Javier Matías, le dieron el número de su tío, que vivía en Caseros. A Roberto también le dieron el número de Javier Matías, pero le advirtieron que no era él quien debía llamar. Siempre se respetan los tiempos del nieto y se espera a que sea él quien inicie la comunicación. No fue este el caso. Javier Matías no se animaba y Roberto violó la regla. Marcó y llamó. «¿Hola, Javier?» Pero quien atendió no fue Javier Matías, sino Vanina Fasulo, su compañera.
Vanina y Javier Matías se conocieron cuando ella tenía 21 años y él 23 en la Facultad de Filosofía de Córdoba y desde entonces están juntos. Ella fue una de las primeras personas en insistirle que debía hacerse el examen de identidad. «Era una posibilidad y conocer los orígenes siempre está bueno. Encontrar la verdad es sanador», expresa a ANCCOM. Explica después por qué, si la restitución se produjo en 2016, recién ahora se hace público el caso: «La investigación sobre los padres está estancada, no hay datos. Es una cuestión de respeto». Justamente decidieron hacer la conferencia para difundir la situación, con la esperanza de que sirva para encontrar datos y compañeros de Elena y Juan Manuel, que puedan aportar anécdotas, vivencias, experiencias, «armar el rompecabezas», define Javier Matías casi al término de su exposición. Para Roberto, que está sentado a su lado y tomado fuerte de su mano, es un día de alegría, pero también de duelo. “Todavía tengo una hermana y un sobrino que, hasta donde pude llegar a averiguar, fue adormecida y tirada en un vuelo de la muerte en el Río Paraná, con el hermano de Javier en su vientre”., dijo. Javier Matías lo sabe muy bien, lo charlaron previamente y por ello expresa “la alegría es siempre parcial, porque el hecho de encontrarme a mí significa que nunca va a volver a ver a su hermana». Y sigue: «La restitución de mi identidad es, para mí, un homenaje a mis padres, una caricia en el alma, un símbolo de memoria, verdad y justicia. Es un abrazo con mi tío después de 41 años. Sí. Abuelas son abrazos». Abrazos que hoy ya suman 130. Cada uno significa una familia reencontrada, una identidad restituida, y una exhortación a no negociar la memoria, la verdad y la justicia.
Vanina Fasulo, la pareja de Javier Matías, fue quien lo impulsó a realizarse los análisis genéticos.
Tras el llamado de aquel octubre de 2016, Javier Matías y Roberto quedaron en encontrarse al siguiente viernes. “¿Sos vos Javi?” Fueron las únicas palabras que resonaron antes del abrazo que repetirían una y otra vez durante la conferencia. “Roberto nunca bajó los brazos”, mencionaba Javier Matías. A su lado, Roberto, como ilustrando lo que su sobrino acababa de expresar, tenía los brazos levantados, bien en alto aunque temblando, con las fotos de su hermana y su cuñado. Al mismo tiempo lloraba. Pero no era el único. Toda la sala también lo hacía. Y lo volvió a hacer cuando Roberto tomó la palabra. Todos menos Estela de Carlotto que, emocionada, sentada al lado de Javier Matías, sonreía.
Cuando no está tomando mates con su familia, Roberto enseña matemática en la universidad. Durante sus clases le explica a sus alumnos cómo calcular las variables X y Z. No obstante, lo que no todos saben, es que entre la X y la Z hay una Y. «Un desaparecido es un muerto que vuelve todos los días. No es alguien que, como dijo Videla, no está. No es ni X ni Z. Es la letra Y. Y Matías es la letra Y. Mati no era una incógnita. Era una incógnita en dónde lo abandonaron y qué hicieron con él». Pero ni en las matemáticas existe algo que las Abuelas no puedan. Tras varios años, despejaron la X, descartaron la Z y Matías apareció en la vida de Roberto. Para ya no irse nunca. Nunca más.
Roberto, el tío de de Javier, muestra las fotos de su hermana Elena Mijalchuk y su cuñado, Juan Manuel Darroux, aún desaparecidos.
Jun 14, 2019 | DDHH, Novedades
Ya transcurrieron diez audiencias en el juicio que investiga las violaciones de los derechos humanos de los detenidos en la Contraofensiva montonera.
Los familiares de las víctimas llenaron la sala. Minutos antes del inicio de la audiencia –que se retrasó una hora– se repartieron carteles con el nombre y el rostro de los desaparecidos por los que reclaman justicia, todos secuestrados, torturados y asesinados en la marco de la Contraofensiva montonera, entre 1979 y 1980. Minutos después de las 10, con los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de San Martín en el estrado, comenzaron los testimonios.
El primero fue el de Carlos Cremona, un ex militante de Ligas Agrarias del nordeste argentino que, con el golpe cívico-militar de 1976, debió esconderse en el monte del Chaco. Como tantos de sus compañeros, padeció la persecución política de las fuerzas de seguridad. Ligas Agrarias agrupaba a los pequeños campesinos de la zona que luchaban por los precios de sus cosechas, fundamentalmente de algodón. “La represión se orientó a acabar con esa organización para favorecer al agronegocio que en ese momento estaba en manos de empresas como Bunge & Born”, explicó.
Cremona se quebró al evocar la dura estadía en el monte: “Vivíamos con lo justo, pero aun así teníamos que cargar unas mochilas muy pesadas. Llevábamos frazadas, algo de ropa y comida, pero sólo para asegurarnos que coma nuestra hija”. Su esposa debió allí ser asistida solamente por él. Sin embargo, tuvieron que encargarle a una familia campesina que cuide de la beba porque era imposible que sobreviviera en esas condiciones. Así estuvieron de 1976 a 1979 hasta que Cremona logró exiliarse en España, pero al poco tiempo regresó para ayudar a sus compañeros a escapar del país. De 1980 hasta casi el fin de la dictadura estuvo preso en la cárcel.
El abogado Pablo Llonto, uno de los representantes de la querella.
El segundo testigo fue Oscar Alberto Mathot, quien en la década del 70 fue parte de la presidencia de la Federación Estudiantil de la Universidad del Nordeste Argentino y de la Juventud Universitaria Peronista. También permaneció escondido en la selva chaqueña hasta 1978, cuando huyó a España y donde tomó contacto con la Junta Reorganizadora de las Ligas Agrarias. Con otros compañeros, entre ellos Cremona y Remo Vénica, decidieron retornar al país para retomar la militancia. “Creíamos que la dictadura iba a ser pasajera, como las anteriores. Suponíamos que en algún momento iban a llamar a elecciones”, señaló Mathot. Pero el triunfo de Reagan en 1980 en Estados Unidos nubló sus expectativas. La Junta Militar ahora contaba con un sostén, a diferencia de Jimmy Carter, antecesor de Reagan, quien los presionaba por las violaciones a los derechos humanos. En 1981 Mathot volvió a España.
Su compañero Remo Vénica, tercer testigo de la jornada, integraba el brazo católico de las Ligas Agrarias chaqueñas y fue otro de los que se escondió en el monte para evitar que lo atrapen. Su historia inspiró la novela Monte madre, de Jorge Miceli, y la película Los del suelo, de Juan Bandana. Junto a su esposa, Irmina Kleiner, brindaban capacitación a los campesinos, desde alfabetización hasta asesoramiento de organización en cooperativas. Por este motivo lo perseguían y por eso debió pasar a la clandestinidad. Su cercanía al campesinado lo ayudó a sobrevivir en la selva, dado que los lugareños le proveían de comida. Aun así fue difícil ya que estaba obligado a dormir siempre en sitios agrestes, ya que hacerlo en alguna casa implicaba poder ser descubierto. Dos de sus hijos nacieron allí, en el monte, y su primera hija, a quien habían dejado al cuidado de otra familia, fue secuestrada por la policía. “La recuperamos al final de la dictadura”, contó Vénica entre lágrimas.
El testigo Remo Vénica, militante de las Ligas Agrarias, abraza al hijo de un compañero asesinado por la dictadura.
Pasadas las 15.30, luego de la breve declaración de Hugo Mancilla, convocado por ser el único testigo ocular de la desaparición de los militantes montoneros Ángela Salamone y Daniel Santilli, se presentó en el tribunal Benjamín Ávila. Tenía colgado un cartel con la foto y apellido de su madre, Sara Ernesta Zermoglio, desaparecida en 1979, y entre el público se encontraba su pareja y sus hijos.
En 1977, cuando tenía 5 años, su familia se exilió en México, Brasil y Cuba –donde nació su hermano Diego–, hasta que en 1979 decidieron volver. Su madre, militante montonera, había resuelto participar de la Operación Retorno. Ese año vivieron en diferentes casas para que no los atrapen. Pero finalmente, una noche, un grupo de tareas irrumpió donde estaban Sara y sus dos hijos. Los niños fueron encerrados en una habitación bajo llave, que se abría sólo para dejarles un plato de comida. Tras cuatro días en cautiverio, los militares llevaron a Benjamín en un Falcon verde a la casa de su abuela. Antes de bajarse, él preguntó dónde estaba su hermano. El represor que conducía lo insultó e inmediatamente se largó. “Queremos que tengan el coraje de decir dónde están nuestros familiares y qué pasó con ellos”, concluyó el cineasta.
El último en declarar fue el ex militante montonero Hugo Fucek, quien detalló su actividad en el exilio. Su tarea consistió en el cuidado de los hijos de los compañeros que iban a participar de la Contraofensiva, dado que era muy riesgoso que volvieran junto a ellos. Así se montó en La Habana, Cuba, en una casa blanca con jardín y palmeras, “La Guardería”, donde llegaron a estar alojados hasta 25 niños y que funcionó hasta 1983. Fucek dejó el espacio tiempo antes. Esta bella e insólita experiencia fue retratada en el documental homónimo de la hija de desaparecidos Virginia Croatto.
Las audiencias del juicio “Contraofensiva montonera” se celebran todos los martes a partir de las 9 en Pueyrredón 3728 (partido de San Martín, provincia de Buenos Aires). Puede ingresar cualquier mayor de 18 años con DNI.
Imputados del juicio conocido como Contraofensiva montonera.
Jun 13, 2019 | DDHH, Novedades
Gran Bretaña, finalmente, ha dado luz verde al proceso de extradición a Estados Unidos del programador y periodista Julian Assange, cofundador de Wikileaks, el sitio que hizo público miles de documentos que revelaron numerosas maniobras de espionaje de los servicios de inteligencia norteamericanos. El ministro del Interior del Reino Unido, Sajid Javid, ha confirmado este jueves que ha firmado la orden que permitirá juzgar al activista en Washington.
La detención de Assange en Londres y ahora su inminente extradición genera alarma entre distintos especialistas en comunicación por el antecedente que establece, situación que se agravaría de ser extraditado a Estados Unidos.
El periodista y docente de las universidades nacionales de Avellaneda y Moreno, Luis Lazzaro, considera al caso Assange como “el efecto principal del ‘castigo ejemplar’ al periodista u organización que denuncia crímenes de Estado, más allá de la legalidad o no del método de obtención de la información o de las fuentes de noticias. Es el efecto ‘demostración’ que induce a la autocensura y el silenciamiento de noticias que pueden incomodar al poder”.
Cabe aclarar que Assange es acusado por Estados Unidos de violar una la ley de espionaje de Estados Unidos de 1917. A su vez, también cuenta con una denuncia judicial en Suecia por violación contra dos mujeres, cuya investigación se cerró en 2017 y se reabrió hace poco más de tres semanas.
La especialista en Políticas de Comunicación y Cultura de la Universidad Nacional de Córdoba, Daniela Inés Monje dice que “el punto de litigio que está proponiendo ahora Estados Unidos es no considerar que Assange pública desde el Wikileaks como periodista sino como hacker y activista y que en ese caso está violando la legislación vinculada a espionaje de Estados Unidos y por eso está pidiendo su extradición”. La investigadora agrega: “Existe en Estados Unidos legislación que protegería a los periodistas, por la Primera Enmienda (que garantiza la libertad de prensa) que es la que se están negando a aplicar en el caso Assange”.
La detención y la posible extradición del creador de Wikileaks a los Estados Unidos vulneraría los principios de libertad de expresión y libertad de prensa consagrados internacionalmente. En tanto, Luis Lozano, coautor, junto a Damián Loreti, del libro El Derecho a comunicar, escribe en la revista Zigurat: “Resulta inadmisible que los países más poderosos del mundo, encabezados por Estados Unidos, sostengan una prédica permanente a favor del libre acceso a la información pública y el escrutinio ciudadano de los actos de gobierno hasta el momento en que esa misma política se vuelve en contra de sus intereses. En esos momentos parece ser válido cualquier recurso para frenar la publicación o castigar a los responsables de su difusión, quienes no son ya tratados como periodistas o ciudadanos interesados en la cosa pública, sino que se convierten a los ojos del poder en espías o terroristas.
Lozano recuerda que Estados Unidos impulsa la idea de que Wikileaks habría sido parte de una conjura orquestada por Rusia. “La acusación incluiría a dos informantes clave de Wikileaks: la ex analista de inteligencia del ejército de Estados Unidos Chelsea Manning (condenada a 35 años de prisión por espionaje en 2013, pena que fue conmutada en 2017 por Barak Obama, quien le permitió salir en libertad) y Edward Snowden (ex administrador de sistemas de la CIA y la NSA, exiliado en 2014 de Estados Unidos a Hong Kong y luego a Rusia, con pedido de asilo en otros 21 países).
Por su parte, Milton Oddone, también docente e investigador de la Universidad Nacional de Moreno, agrega lo siguiente: “Si no se lo exculpa y se utiliza el caso como sanción ejemplificadora, cosa que en apariencia va en camino a ello, sentaría precedentes muy negativos para la libertad de expresión en tanto el efecto de autocensura podría afectar a otros periodistas en limitar búsquedas futuras de información por miedo a sanciones y represalias, por tanto la sociedad tendría un acceso limitado a información relevante”.
La pregunta en este caso es: ¿qué queremos proteger? ¿El derecho universal a conocer maniobras de espionaje o el encubrimiento de actos delictivos de las agencias de inteligencia bajo el manto de la seguridad nacional? La información pertenece a la sociedad.
