Sep 1, 2019 | DDHH, Novedades
“La Comisión ha llegado a la conclusión de que, por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período a que se contrae este informe –1975 a 1979– numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos”, concluye el informe producido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) en diciembre de 1979. Tres meses antes, representantes de la CIDH habían visitado Argentina y recolectado denuncias y testimonios, marcando con ello un punto de inflexión en el devenir de la última dictadura cívico-militar. Este 6 de septiembre, con motivo del aniversario número 40 de aquella histórica visita, la Comisión vuelve a nuestro país.
Todavía resuenan en la memoria de los argentinos los gritos de aliento de José María Muñoz, el festejo en el Obelisco tras la victoria del Mundial Juvenil de Japón, el micro de la Selección ingresando por la Avenida 9 de julio y la ciudad entera, las casas y las vidrieras, los autos y las ventanas, todo empapelado bajo el lema “Los argentinos somos derechos y humanos”. Y es que aquella euforia coincidió además con la llegada de la CIDH a Buenos Aires, y qué mejor que los miembros de una de las entidades del sistema interamericano de protección de derechos humanos vieran lo felices que eran los argentinos, todos sujetos de derechos, todos seres humanos.
Delia Giovanola, se define como la última Abuela Fundadora que queda hoy en la institución de Abuelas de Plaza de Mayo. En ese entonces, cuando vino la CIDH era una Madre, de esas primeras que caminaban en Plaza de Mayo junto con Azucena Villaflor y unos pares más, cuyos rostros ya no recuerda. Delia daba vueltas a la pirámide reclamando por la desaparición de su hijo, Jorge Oscar Ogando, quien había sido secuestrado junto a su pareja Stella Maris Montesano, embarazada de ocho meses.
El 6 de septiembre de 1979 “fue un antes y un después”, declaró Delia a ANCCOM. Y continuó: “Porque hasta ese día que vino la Comisión Interamericana yo buscaba a mi nieto nacido en cautiverio. A partir de ese día busqué un niño rubio de ojos celestes que nació el 5 de diciembre del ‘76”.
Su día había comenzado en Ballester, donde residía –y aún lo hace–. Tomó el Tren Mitre hasta Retiro y desde la estación terminal un colectivo hasta Plaza de Mayo. Caminó desde allí hasta Avenida de Mayo al 700, donde funcionaba el espacio de la OEA para recolectar denuncias. No obstante, antes de llegar al final de la fila, un grito la detuvo.
–¡Delia!– escuchó proveniente desde un montón de gente. Era Erenia López Osorio, una vieja compañera de cuando, joven, residía en La Plata. Erenia tenía información crucial para Delia Giovanola y estaba yendo a declararla, pero se encontró antes con su destinataria. Le contó entonces que había hablado con Alicia Carminati, una ex-compañera de celda de Stella Maris Montesano, y le había contado sobre la fecha exacta y las condiciones del parto de Stella. Delia no recuerda nada más de aquel día. Ni siquiera sabe si llegó a ingresar a la oficina donde funcionaba la Comisión.
(Archivo ANCCOM ) Museo de la Memoria,ex ESMA, donde funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico militar (1976-1983).
Graciela Lois, representante de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, tampoco recuerda exactamente la conversación que tuvo con la CIDH, pero sí puede volver a sentir la sensación de alivio y descanso que la invadió en el ‘79 cuando la Audiencia que tenía programada Familiares con la Comisión se llevó a cabo. Y es que los meses anteriores habían sido un verdadero caos. Graciela fue una de las impulsoras de la visita de la Comisión, para lo cual había recolectado –con Familiares– desde 1976 cartas de denuncias que enviaban a la sede de Estados Unidos. “Después vimos la necesidad de solicitar que la Comisión viniera aquí. Y esto se empezó a trabajar desde el 78. Esa visita se fue prolongando y finalmente vinieron en septiembre (del 79). Para esa época ya teníamos registrados más de 1100 casos”, declaró a ANCCOM, añadiendo luego que se había tomado el tiempo para armar estadísticas y gráficos según edad, sexo y profesión de los casos.
*Toc-toc, se escucha en la puerta de servicio.
Cuando Graciela y su compañera abren, se encuentran con un policía uniformado y un secretario de juzgado diciendo que tenían que revisar porque había una denuncia. “Se llevaron nuestros archivos, los testimonios de la gente. Así que antes de que viniera la CIDH tuvimos que correr y armar todo de nuevo. Hubo bastantes tropiezos antes de la llegada de la CIDH. Pero así todo logramos hacer una buena entrevistas”, agrega la representante de Familiares. Aquel organismo no fue el único allanado previo a la visita de la OEA. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga por los Derechos del Hombre también fueron intervenidos. Se buscaba desaparecer los documentos y acusar a los organismos de estar manejados por organizaciones guerrilleras, agregó Graciela Lois.
La falsa entrevista de Thelma Jara de Cabezas con la revista Para Tí también tuvo ese mismo propósito. El mismo día que la CIDH pisó Buenos Aires, la revista Para Ti publicó en su tapa un reportaje titulado “Habla la madre de un subversivo muerto” donde Thelma Jara de Cabezas desacreditaba las denuncias de las Madres. Previo al encuentro con los periodistas, le habían comprado un vestido y la habían llevado a la peluquería. Le hicieron incluso una sesión de fotos en Uruguay para disimular lo que Thelma realmente era: una detenida más del principal centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Así lo recuerda Carlos Muñoz, un compañero de detención de Thelma que se encontraba trabajando como mano de obra esclava en la ESMA. Él supo una semana antes que venía una Comisión de Derechos Humanos al país. “Al principio tuve muchas dudas, no sabía si era cierto, si era verdad. En algún momento dudamos de si no era una excusa y en realidad nos iban a matar a todos”, recordó en diálogo con ANCCOM. Finalmente, la madrugada del 30 de septiembre de 1979 los subieron a un vehículo militar y los llevaron hasta la Prefectura Naval del Tigre y desde allí en una lancha hasta la Isla El Silencio. “A los que estaban en Capucha los llevaron a la noche. Alrededor de ocho y diez compañeros no llegaron a la Isla -agregó- fueron en todo sentido trasladados”.
La Comisión permaneció en Argentina del 6 al 20 de septiembre de 1979. Durante su estadía recorrió los principales campos clandestinos de detención de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Rosario y las cárceles de Devoto, Caseros y Rawson. Realizaron además varias entrevistas con la Junta Militar y con los organismos de derechos humanos. Recolectaron 5580 denuncias de secuestros y desapariciones.
Tras un mes de aislamiento en El Silencio y posterior a la partida de la Comisión, a los detenidos los retornaron a la ESMA, que ya había sufrido modificaciones edilicias. Se había eliminado el ascensor que iba desde la planta baja hasta el segundo piso (los dormitorios de los oficiales) y se había cortado la escalera que llegaba desde Capucha hasta el Sótano. Las modificaciones tenían como propósito desacreditar los testimonios que ya habían llegado a manos de la CIDH. “Quisieron tapar el sol con una mano”, comentó Muñoz.
En aquel entonces, Carlos Muñoz trabajaba como mano de obra esclava falsificando documentos en la ESMA. No era esa la única labor que realizaban quienes estaban bajo esa condición. Algunos, por ejemplo, trabajaban en la imprenta realizando calcos: una bandera argentina de fondo con un registro en negro: “los argentinos somos derechos y humanos”.
El pasado 11 de agosto a Delia Giovanola, que a pesar de tener 93 años sigue yendo a votar, le tocó la mesa número 118. En diciembre del 2015 había recibido otra de esas noticias que nuclearon la totalidad de los recuerdos del día: Martín, su nieto, había aparecido, convirtiéndose en la restitución número 118. Ese día Martín recuperó su identidad. Ese día volvió a tener derechos.
A Carlos, hoy trabajador del Espacio Memoria y Derechos Humanos, el día de su llegada a la ESMA, le asignaron un número, el 261. Y lo llamaron así mientras estuvo en Capucha. No fue sino hasta el último día, que le concedieron la libertad, que el jefe del grupo de tareas le dijo “Bueno, Carlos”. “Ese día volví a ser Carlos”, recuerda. Ese día volvió a ser humano.
“Que la Comisión venga hoy me parece que reafirma el compromiso de la defensa de los derechos humanos, de la libertad, de la Constitución y de los básicos conceptos para poder vivir en democracia. Bienvenido reafirmar 40 años después la pelea contra toda dictadura”, sintetiza Carlos Muñoz.
Como hace cuarenta años, la CIDH arribará a Buenos Aires el 6 de septiembre y dará inicio a su agenda a las 10 de la mañana con la inauguración de una muestra temporaria en el Ex Centro Clandestino de la ESMA, que incluye testimonios, objetos y documentos de la visita del ´79. “El ocultamiento de la ESMA: La verdad se hace pública” podrá visitarse de martes a domingos entre las 10 y las 17.
(Archivo ANCCOM) Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA).
Ago 29, 2019 | DDHH, Novedades
La Coalición por una Comunicación Democrática no da el brazo a torcer. Ayer presentó en la Cámara de Diputados de la Nación una nueva serie de propuestas “para construir la comunicación que viene”. “Son aportes para sostener los valores de la diversidad y el pluralismo -sostiene Diego Rossi, profesor adjunto en Políticas y Planificación de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA-. Se trata de garantizar el acceso a la información y los derechos de la ciudadanía a recibir, producir y difundir contenidos.”
Conformada por una pluralidad de actores -universidades, sindicatos y centrales obreras, pequeñas y medianas empresas de comunicación, radios y televisoras comunitarias, organizaciones sociales y de derechos humanos, periodistas y productores- desde 2004 alza la voz para defender a la comunicación concebida como un derecho. “Estamos preocupados -agrega Rossi- por recuperar la capacidad productiva y la potencia de Argentina en el campo audiovisual, por disponer medios públicos que realmente sean federales y que reflejen la diversidad de opiniones y de miradas culturales. Nos interesa que el próximo gobierno regule formas que preserven la intimidad de las personas, su capacidad de ser productores de contenido, la posibilidad de elegir y de tener precios justos y razonables.”
Daniela Monje, investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba y Doctora en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) puso la propuesta en contexto: “La idea fundamental de la Coalición desde su inicio y hasta el momento es que hay una perspectiva de derechos humanos que está de alguna manera ligando todas las propuestas que se hacen. Entendemos a la comunicación como un derecho humano, en el marco de lo que el derecho público internacional ha nombrado como libertad de expresión”, dice .
En el 2004, con el incipiente gobierno de Néstor Kirchner, la Coalición por una Comunicación Democrática marcó su primer antecedente con incidencia en la política argentina: se presentaron los 21 Puntos Básicos para una Ley de Radiodifusión de la Democracia. Sin embargo, el proyecto quedó en curso hasta ser retomado en 2008 durante el gobierno de Cristina Fernández. El debate plural y federal sobre ese documentó sentó las bases para el armado de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) promulgada en 2009, en reemplazo de la Ley de Radiodifusión (22.285), dictada en 1980, durante la última dictadura militar.
Sobre la Ley 26.522 en materia de derechos y democratización, Larisa Kejval, secretaria académica de la carrera de Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), investigadora y militante por la comunicación comunitaria, destaca: “La ley no sólo es una ley de carácter democrático porque reconoce a los medios sin fines de lucro como uno de los operadores del servicio de comunicación audiovisual, no sólo porque genera políticas de fomento para este sector sino también por otras cuestiones que me parecen centrales y que son las que han sido puntualmente atacadas a partir del gobierno de Mauricio Macri. Esto es: una ley que además ponía límites claramente a la concentración mediática, construía órganos de diseño, control y aplicación de políticas públicas federales, multisectoriales y participativos con distintas representaciones que promovían también la producción nacional y federal.”
A pesar del esfuerzo y el terreno ganado por la Coalición, con la llegada de la política macrista y, en particular, del Decreto de Necesidad y Urgencia 267 de diciembre de 2015, hubo una serie de modificaciones en materia de política comunicacional que perjudicaron a los medios pequeños y medianos de comunicación. “La política de Cambiemos ha sido desde sus inicios una política que caracterizaría como regresiva y, a su vez, asimétrica en función de los grandes jugadores.”, declara Monje.
Por su parte, Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), en diálogo con ANCCOM recuerda: “Este gobierno cuando asumió lo primero que hizo fue desguazar mediante los decretos de diciembre de 2015 que, entre otras cosas, se llevaron puesta nuestra capacidad de participación en los organismos de aplicación de la ley. Ahí teníamos el Consejo Federal, el Directorio de la AFSCA, lugares donde estábamos representados los medios comunitarios, educativos, los medios de pueblos originarios, los sindicatos de trabajadores de la comunicación. Fue sustituido el AFSCA por el Enacom y fueron quitados los topes que impedían la concentración mediática, facilitando así meganegocios como la fusión de Clarín y Telecom.”
Este marco de políticas trajo un panorama de especial dificultad para los medios populares, comunitarios y alternativos. Natalia Vinelli es docente e investigadora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y dirige el canal Barricada TV. En relación a la incidencia de la política de Cambiemos sobre los medios comunitarios expresa que la situación “se complejizó muchísimo. No hubo llamados a concurso para televisión, por ejemplo. Los fondos del fomento concursable, que son becas que venían funcionando, se ralentizaron enormemente. La subejecución creció y la deuda que el Estado mantiene con el sector es de más de mil millones de pesos. Así se hace muy difícil la sostenibilidad de los medios de comunicación. Es un escenario de gran dificultad para poder funcionar como verdaderas opciones en un sistema de medios que es cada vez más concentrado.”
Además de los problemas acarreados en razón de política pública, la democratización de la comunicación se vio afectada por políticas de otra índole. Al respecto, Kejval nombra las persecuciones a reporteros gráficos durante movilizaciones sociales en los últimos años y Antonini remarcó la repercusión de las políticas económicas: “Impactan los tarifazos de la luz, por ejemplo. O la recesión: es muy importante la incidencia que tienen en las radios los comerciantes o las organizaciones locales, que en general son nuestros auspiciantes.”
A partir de las políticas regresivas en comunicación del actual gobierno, la Coalición presentó en 2016 una actualización de los 21 Puntos y continuaron con la lucha por el derecho a la comunicación y condiciones de trabajo dignas. Sin embargo, la situación en la cual se ven inmersos en la actualidad dista ampliamente de ser un escenario propicio para el desarrollo de una comunicación democrática.
Con esperanza en que las nuevas propuestas vayas a ser tenidas en cuenta y, sobre todo, consciente de la fuerza que presenta la unidad de medios sin fines de lucro, comunitarios y alternativos, Kejval deja un mensaje de aliento sobre la presentación del documento: “Lo que estamos haciendo es precisamente no bajar las banderas de la Coalición por una Comunicación Democrática sino todo lo contrario: seguir sosteniéndolas bien firmes porque creemos que las políticas del próximo gobierno nacional tienen que estar encaminadas a restituir los derechos comunicacionales que han sido vulnerados en los últimos cuatro años.”
Ago 29, 2019 | Entrevistas, Vidas políticas
«Hoy tenemos una intención de voto para Fernández que supera los 50 puntos», dice Zuban.
Ana Paola Zuban, politóloga y Directora de Investigación de la consultora cordobesa Gustavo Córdoba y Asociados, una de las pocas firmas que había estimado que la diferencia de la fórmula encabezada por Alberto Fernández respecto de la de Mauricio Macri podría acercarse a los 14 puntos, dialogó con ANCCOM sobre las PASO, la primera vuelta y las polémicas sobre las encuestas. Y sobre cómo ciertos medios atacan encuestadoras si divulgan estudios que no coinciden con su línea ideológica.
¿Por qué acertaron con los resultados y otros encuestadores fallaron? ¿Qué metodología usaron ustedes?
Nosotros hicimos una medición, como la mayoría de los colegas, con una metodología llamada IVR. Se trata de una encuesta telefónica nacional con una muestra estratificada de 1.200 casos que tiene la particularidad de generar un sesgo considerable porque sólo el 50% de la población argentina posee un teléfono fijo. Los resultados que nos arrojó daban una diferencia a favor de Alberto Fernández que rondaba entre 7 y 9 puntos, dependiendo del escenario en el que lo medíamos. A su vez, consultamos con colegas que hicieron encuestas domiciliarias. Las mismas son costosas, superan ampliamente los dos millones de pesos si la muestra fue tomada correctamente. Así, pudimos analizar nuestros números y la diferencia que nos daba con respecto a los que hicieron encuestas domiciliarias, que era de 10 puntos. Esa estimación sumada a nuestros números, un poco de conocimiento del contexto, de análisis, de lectura de un clima de opinión y el seguimiento de la medición mes a mes, nos dio un panorama que otorgaba la diferencia a favor de Alberto Fernández. Hubo varias mediciones que llegaron a los mismos números que planteamos nosotros. No todos los encuestadores se equivocaron por igual sino que muchos no publicaron sus números. Un poco para no provocar a cierta prensa que ataca de alguna manera a los encuestadores cuando los resultados no son favorables a sus opiniones y así no quedar en evidencia. Por parte de algunos medios hubo una inclinación a favor del gobierno actual, ya que publicaron encuestas que no eran tan cercanas a la instancia de las PASO y por eso no se pudo estimar el resultado final.
¿Hubo errores metodológicos en aquellos que se equivocaron con las estimaciones?
Pudo haber errores metodológicos. Quienes tienen teléfono fijo, esto está estudiado estadísticamente, tienen un voto inclinado a favor del presidente Macri. Los dos extremos de la sociedad, es decir en las villas de emergencia como en los countries o barrios cerrados, no hay teléfono fijo. Son dos segmentos de la población que quedan excluidos cuando se hacen las encuestas telefónicas. Nosotros tenemos formas de ajustar, de ponderar resultados para que la muestra nos quede normalizada. Hay algunos colegas que no lo hacen o no ponderan de una determinada manera. En algunos casos, hay errores metodológicos y en otros hay una intencionalidad para favorecer a un candidato.
¿Crees que en las encuestas hubo resultados dibujados “a pedido”? Tanto del gobierno como de especuladores financieros…
No puedo mencionar a ninguno en particular porque no tengo esa información de primera mano pero creo que es posible. Es realmente increíble pensar que los especuladores financieros o el mercado argentino se guíe en sus inversiones por una encuesta. Está probado desde la Ciencia Política que los números que arroja no influyen en la intención de voto de la opinión pública. Esto era así cuando no había redes sociales, los medios de comunicación eran limitados y la gente no tenía acceso a determinada información. Me resulta inconcebible que carguen de responsabilidad a una encuesta por las decisiones que toman, creo que deben manejar otras herramientas dentro de su análisis como, por ejemplo, el comportamiento de los mercados internacionales. Esto no quiere decir que las encuestas no tengan validez o fiabilidad sino que son, simplemente, una foto del clima de opinión en un momento determinado.
«Casi un 60% de la población no cree que la institucionalidad esté en riesgo ni que haya que adelantar las elecciones», señala Zuban.
¿Cómo quedó el tablero político luego de las PASO?
Esperamos unos días para hacer la encuesta post-PASO y publicarla por todos los acontecimientos que se fueron sucediendo desde el domingo a la noche, cuando el presidente nos envió a dormir sin tener los resultados provisorios del escrutinio, más el escándalo de Smartmatic. También se vino la conferencia de prensa del lunes, los nuevos anuncios del miércoles, el cambio de Ministro de Economía, además de la crisis económica concreta que estalló el día después de las PASO. Según nuestra medición, las diferencias se acrecentaron con el correr de los días a favor de Alberto Fernández. Hoy tenemos una intención de voto para Fernández que supera los 50 puntos y una intención de votos hacia el presidente que cada vez se circunscribe más a su núcleo duro de votantes, cercano al 37%. Con este panorama es muy poco probable que pueda revertirse lo sucedido de cara a las elecciones de octubre. Especialmente, si observamos como el presidente todavía se debate entre representar el papel de candidato o el papel de actual gobernante. Macri está en una posición incómoda, necesita poder encontrar el eje, ver que está en medio de una crisis y poder manejar esa situación con moderación junto al resto del marco político del oficialismo. Juntos por el Cambio va profundizando cada vez más su núcleo duro de votantes y sigue una narrativa discursiva que apunta a diferenciarse. Apelan al miedo de regresar al pasado o al odio con discursos que echan a rodar versiones de que la democracia está en peligro. Siguiendo nuestras encuestas, casi un 60% de la población no cree que la institucionalidad esté en riesgo ni que haya que adelantar las elecciones.
¿Qué componentes influyen en el voto?
El voto tiene muchos componentes: hay teóricos que opinan que el voto es ideológico, otros creen que la gente vota con las emociones aún en contra de sus propios intereses, algunos opinan que el voto es clasista, etc. Pienso que hay un componente económico muy importante, sobre todo en tiempos de crisis, pero también hay uno ideológico. La relación Cambiemos – kirchnerismo se ha planteado en esos términos. La palabra polarización, que la hemos escuchado un montón a lo largo de la campaña y no la habíamos sentido mucho antes, la han sugerido las dos fuerzas políticas. Una defendiendo la pertenencia a ciertos valores y políticas públicas cercanas a la izquierda y la otra más afín a la derecha, a lo conservador en lo social y a lo liberal en lo económico. Lo que hemos obtenido es una polarización no tanto en términos numéricos, ya que vimos que la diferencia es casi irremontable, pero sí en términos ideológicos.
¿Dónde se dieron los resultados más inesperados?
En Buenos Aires se dio una diferencia mucho mayor de lo que estaba pronosticado. Se sabía que iba a ser muy difícil para María Eugenia Vidal sobreponerse a la diferencia en contra que iba a sacar Macri. La gobernadora necesitaba un corte de boleta a su favor muy significativo para poder remontar esa diferencia. Sin embargo, pensábamos que la diferencia iba a ser un poco menor. De todas maneras, no hubo mucha sorpresa en ningún lado porque en todo el resto de las provincias estaba la tendencia hacia el Frente de Todos. En la provincia de Córdoba, sabíamos que la diferencia que iba a sacar a favor Macri, que fue el único lugar del país en el que ganó, iba a ser muy inferior a la que había sacado en el 2015 e incluso en el 2017.
Mendoza y Córdoba tienen una característica que es que votan en un sentido político para la presidencia, en otro para la gobernación y, Córdoba Capital, en otra orientación distinta para la Municipalidad. En el 2015 ganó Macri la presidencia, mientras que la gobernación quedó en manos de un peronista anti K, y en la municipalidad ganó un radical que, si bien tenía alianza con Cambiemos, no era de su círculo íntimo.
Ago 28, 2019 | DDHH, Novedades
La V Marcha contra el Gatillo Fácil fue organizada por los familiares de las víctimas, sin presencia de partidos políticos.
“Los pibes de Monte, presente; la China Cuellar, presente; Ismael Sosa, presente; el Rafa Nahuel, presente; el Kiki Lezcano, presente; Marcos Sebastián Acuña, presente; los chicos de Pergamino, presente; Jorge Martín Gómez, presente; Diego Cagliero, presente…”, exclamaban los familiares de víctimas de la represión policial e institucional que encabezaron ayer la quinta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil.
La enumeración de las víctimas parece interminable y es mucho más que nombres que se dicen y rostros que se evocan en las remeras y carteles de los familiares y amigos. Es la historia de miles de personas cuyas vidas quedaron truncas.
La marcha fue organizada por los propios familiares de las víctimas que prefieren evitar la intervención de partidos políticos. Convocaron a concentrar en el Congreso de la Nación a las 15 y, una vez pasadas las 16, empezaron a avanzar por Rivadavia hacia Plaza de Mayo arrastrando una larga bandera blanca que en grandes letras negras llevaba inscripto: “Contra el gatillo fácil. Basta de gatillo fácil. El Estado es responsable”.
Las marchas contra el gatillo fácil se iniciaron a partir del caso de Ismael Sosa, un joven de 24 años asesinado por la policía en un recital de La Renga, en 2015.
Los familiares estuvieron acompañados por distintas organizaciones sociales y políticas como La Poderosa, la Confederación de Trabajadores de la Economía popular (CTEP), Resistencia Popular, Movimiento 20 de Mayo, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), diversos centros de estudiantes, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y la Red de Familiares de Víctimas del Sistema de Encierro.
En la quinta edición de estas marchas -que comenzaron a partir del caso de Ismael Sosa, un joven de 24 años asesinado por la policía en un recital de La Renga en 2015-, el pedido de justicia y la denuncia contra las políticas estatales que avalan el accionar represivo de las fuerzas de seguridad sigue vigente. Alfredo Cuellar, padre de Florencia La China Cuellar -asesinada en la cárcel de Ezeiza en 2012 por el Servicio Penitenciario Federal- y uno de los principales organizadores de la movilización, señaló a ANCCOM la particularidad de este año: “Hoy se suman 17 ciudades de 14 provincias a la misma hora y con el mismo objetivo: `Ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más´. Y agregó: “Unificar la lucha es muy importante porque creo que el dolor y la angustia lo tenemos que dejar de lado para convertirlo en un día de lucha. Tenemos que dar el primer paso para combatir la inseguridad que estamos viviendo. Estamos combatiendo contra un monstruo. Ojalá mis nietos puedan ver el cambio”.
Según la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) se contabilizaron 6.564 muertes a manos de fuerzas represivas desde la vuelta de la democracia hasta febrero de este año. Además, sostienen que durante la gestión del presidente Mauricio Macri el promedio de víctimas se elevó a un caso cada 21 horas.
“No queremos policía, no queremos represión, queremos para los pibes trabajo y educación”, gritaban los manifestantes.
A paso lento pero firme, avanzó la caravana coreando las principales consignas: “No queremos policía, no queremos represión, queremos para los pibes trabajo y educación”. En diálogo con ANCCOM, Nicolás Sansone, hermano de Danilo Sansone, el menor de 13 años, asesinado el 21 de mayo junto a tres amigos en San Miguel del Monte, dijo: “Hoy estamos pidiendo justicia por los pibes de Monte y por todos los pibes masacrados por la policía. No queremos que larguen a los policías porque pasa el tiempo. Los largan de a uno y no queremos que larguen a ninguno. Tienen que quedar presos de por vida”.
Finalmente, la movilización llegó al escenario montado en Plaza de Mayo, donde se leyó el documento principal en forma colectiva por distintos familiares de víctimas. Allí condenaron las políticas de Estado y la defensa del presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich del asesino de Juan Pablo Kukok, el policía Luis Chocobar. “La impunidad que pretenden imponer hace que nosotros sigamos con las marchas en todo el país. El gatillo fácil es una forma de represión. Denunciamos al Estado represor y opresor del capitalismo burgués”, expresaron.
Luego, se le dio la palabra a cada uno de los familiares para que expongan sus casos. La primera oradora fue Adriana García, la mamá de Diego Cagliero, muerto el 19 de mayo de este año en una persecución policial. “Diego murió de un tiro en la espalda adentro de una camioneta. A partir de ese día nuestra familia no tiene vuelta atrás. Mi hijo ese día no tenía que morir. Mi hijo tiene que estar vivo”, afirmó Adriana.
Los familiares de las víctimas encabezaron la marcha y fueron los principales oradores del acto.
El momento más emotivo de la jornada fue cuando subieron al escenario los familiares de los cuatro jóvenes asesinados en San Miguel del Monte. “Camila tenía sólo 13 años, toda una vida por delante, hoy tendría que estar paseando en la laguna con su amigos, pero no puede porque la maldita policía decidió perseguirlos mientras paseaban en un 147 y aún no sabemos por qué”, expresó Yanina Zarzoso, mamá de Camila López.
Entre los últimos oradores estuvo el tío de Jorge Martín Gómez, quien murió tras ser pateado por un policía de la Ciudad de Buenos Aires la semana pasada. “Nosotros no tenemos un sobrino delincuente como quisieron decir para tapar este hecho. Y concluyó: “Jamás pensé estar en este lugar y ahora comprendo lo que se siente al perder así a un familiar querido”.
“Maximiliano Kosteki, presente; los pibes de Cromañón, presente; Mariano Ferreyra, presente; Santiago Maldonado, presente; Julio López, presente; los treinta mil compañeros desaparecidos, presente. Ahora y siempre”. Se escuchó al final.
Ago 28, 2019 | Géneros, Novedades
“Muchos creen que ser inclusivo es poner un intérprete en lengua de señas, pero eso no es todo”, aclara Mottini.
“Si vivís situaciones de violencia llamá al 144 o buscá algún centro de atención cercano”, suelen enunciar carteles en subtes, trenes y avenidas. Sin embargo, actualmente el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres no contempla la recepción de denuncias de personas sordas. “El mundo está planteado de una forma que las deja afuera, porque estamos mirando con unos anteojos que sólo nos dejan ver a las mujeres que son iguales entre sí”, explica Ester Mancera, psicóloga social y coordinadora del programa Sordas sin Violencia.
Este espacio, creado por la Asociación Civil Enlaces Territoriales y la Equidad de Género y la Fundación Fundasor (Fundación de Padres y Familiares de Personas Sordas para su Integración), está conformado por el primer equipo de asistencia, acompañamiento y acceso a la información para mujeres hipoacúsicas víctimas de violencia de género en toda la región. “Ester y yo veníamos trabajando sobre el tema hace más de 20 años, pero sólo con oyentes. Este era un nicho vacío que ni nosotras mismas registrábamos al principio”, continúa Elisa Mottini, trabajadora social y responsable del Área Salud-Género de la fundación.
La ruta crítica que atraviesan las víctimas de violencia es particularmente dificultosa para las mujeres sordas, ya que también deben enfrentarse a múltiples violencias institucionales cotidianamente. Además de las obvias limitaciones para la comunicación telefónica, los organismos públicos no cuentan con intérpretes de lengua de señas ni con ninguna otra herramienta para poder entenderlas. Así, se dificulta la posibilidad de que hagan una denuncia libremente o puedan pedir asistencia.
La iniciativa de Sordas sin Violencia busca paliar esta exclusión estructural. Desde el nombre y los flyers hasta la página web, todo es discutido y diseñado en conjunto con las víctimas. “Nuestra tarea implica un trabajo de deconstrucción de nuestra mirada para empezar a comprender la suya”, plantea Mottini. “Nosotros hacemos el mismo proceso de acompañamiento que se lleva adelante con una mujer oyente, pero valorizando la necesidad de que se respete la cultura sorda.”
Por este motivo, el primer contacto con las mujeres que recurren a ellas siempre es a través de una compañera sorda. “Muchos creen que ser inclusivo es poner un intérprete en lengua de señas, pero eso no es todo”, aclara Mottini. “Es necesario un conocimiento de todas las violencias que atraviesan la historia de una persona.” Asimismo, cualquier intervención requiere el doble de tiempo que con una persona oyente, especialmente debido a la falta de acceso a la información que padecen. En muchos casos, no pueden comprender los discursos y campañas que circulan en la televisión y en los diarios; pero, además, hay muchos términos –como género o patriarcado – para los que recién ahora se están creando señas. “Como son palabras que no escucharon nunca, no las pudieron apropiar”, agrega.
Estas limitaciones idiomáticas ocasionan que, en general, asocien la violencia únicamente con la pelea física. Por este motivo, este equipo de profesionales apunta a ayudarlas a conocer y exigir sus derechos. La mayoría de las mujeres que pudieron realizar una consulta hospitalaria en el marco de este programa nunca se había hecho un pap ni había tenido acceso a un método anticonceptivo. En el resto de los casos, las experiencias en hospitales habían sido invasivas y mecánicas. “No sabían ni qué les hacían. Un médico las acostaba en la camilla y les hacía abrir las piernas, pero al no contar con una mediadora, no les podía explicar el procedimiento”, relata Mancera.
Tanto la psicóloga como la trabajadora social denuncian una gran infantilización al interior de las familias de las mujeres sordas. “Muchos les sacan su pensión por discapacidad porque creen que no pueden manejarla”, ejemplifican. A su vez, resaltan que hay muy pocos profesionales sordos debido a que la educación no es accesible para ellos. Si bien hay ciertas facilidades en el caso de la primaria y la secundaria, aquellos que deseen seguir estudios terciarios necesitan tener suficientes recursos para contratar a un intérprete que haga la carrera con ellos. Aunque la universidad pública debería garantizarles esta facilidad, actualmente no se cumple esta ley.
En el plazo de tres años y de forma voluntaria, Sordas sin Violencia ya ha ayudado a alrededor de cien mujeres. En retrospectiva, ambas coinciden en que el proceso detrás fue un camino de aprendizaje mutuo. “Entendimos que es necesario incluir a las personas sordas en todas las instancias. Son ellas las que tienen que decir cómo necesitan ser atendidas”, reflexiona Mottini.
No obstante, no sucede lo mismo a nivel gubernamental. Si bien el equipo se ha acercado con propuestas a distintas instituciones, aún no hay ninguna política pública que apunte a desarrollar servicios de asistencia accesible. “Algunas instancias son más permeables y responden a nuestros planteos, pero no más que eso. Muchos nos convocan para preguntarnos cuál es nuestro método, pero cuando les explicamos cómo hay que trabajar, se complica”, detalla la trabajadora social.
En ese sentido, las especialistas subrayan la necesidad de que el Estado empiece a tener en cuenta a las personas sordas para la elaboración de medidas que puedan mejorar su calidad de vida. “No se está respetando la igualdad de derechos. Siempre se argumenta que no hay presupuesto para poner intérpretes en todos lados. ‘Además, ¿cuántas sordas habrá?’, te dicen. Y ni siquiera se sabe, porque nunca se incluyó en el censo”, concluyen.
Si sos víctima de violencia podés comunicarte a https://www.sordassinviolencia.com/
Por SMS y whatsapp al 1172873691 o por mail a sordassinviolencia@gmail.com
