Sep 27, 2017 | Culturas, destacadas
Los artistas nucleados en la Unión de Músicos Independientes (UMI) reclaman la plena aplicación del artículo 65 de la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que exige cupos mínimos de difusión de música nacional e independiente en las emisoras radiales. Esa parte de la norma, que busca resguardar la producción nacional y autogestiva, está vigente desde el 2009, pero nunca se cumplió. “Es importante que la sociedad tenga un acceso más amplio a la música. Lo que se consume en las radios comerciales tiene que ver con un segmento que suele estar vinculado a las grandes discográficas. Por eso, la aplicación de este artículo va a redituar una mayor difusión para los músicos y sabemos que eso significa más gente en los recitales y más discos que se venden”, explicó a ANCCOM Juan Ignacio Vázquez, presidente de la UMI y guitarra y voz de la banda Ardilla.
El artículo 65 expone que el 30 por ciento de la música que se transmite en las emisoras privadas debe ser de origen nacional, y de ese porcentaje la mitad independiente. Por esto último se entiende cuando el músico es dueño de sus fonogramas, por lo que tiene el derecho de comercializar sus propios discos. “El músico independiente es el que desarrolla su carrera de forma autogestiva y sin convenio con discográficas. Genera su entorno de trabajo y no es que el músico independiente tiene que hacer todo, sino que va derivando gente que él elige para que lo ayude en su carrera”, explicó Lito Lisorski, guitarra de Ardilla y tesorero de UMI.
Según un relevamiento de 2016, a cargo de la Federación Argentina de Músicos Independientes (FAMI), de 73 radios analizadas, 51 cumplieron con la cuota de aire para la producción nacional, pero solo siete respetaron la de la música independiente. “Hay muy poquitas radios, alternativas, comunitarias, on line y de universidades que quizás hasta superan el porcentaje de música independiente en su programación, pero el problema lo tenemos en las grandes emisoras en las que no se cumple ni de cerca”, remarcó Vázquez.
“Es importante que la sociedad tenga un acceso más amplio a la música. Lo que se consume en las radios comerciales tiene que ver con un segmento que suele estar vinculado a las grandes discográficas», dice el presidente de la UMI.
El filósofo y músico argentino Gustavo Varela reflexionó acerca del lugar que se le otorga a la cultura independiente: “En los gobiernos populares hay un espacio para la producción de lo nacional dentro de lo cultural. Pero con el sistema capitalista, y más con el gobierno neoliberal actual, la producción de cultura resulta siempre un inconveniente, un gasto”. A su vez, sostuvo que “hay dos tipos de economías: la del Estado y la del mercado, una soporta la posibilidad de la producción cultural y la otra no, ve si es redituable o no”.
En este contexto, los músicos agrupados en la UMI llevan adelante una campaña de visibilización y concientización para exigir el cumplimiento del artículo. En la movida los acompañan reconocidas bandas y músicos nacionales como Lito Nebbia, Ricardo Mollo, El Mató a un Policía Motorizado, Boom Boom Kid, Raúl Porchetto, Onda Vaga y Attaque 77, entre otros tantos que se prestaron a grabar videos y difundirlos por la causa.
El artículo 65 se encuentra vigente desde 2009, cuando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual reemplazó a la Ley de Radiodifusión 22.285, instaurada en 1980 por la última dictadura militar. No fue modificado en 2016, cuando a partir del decreto 267 del gobierno de Mauricio Macri se creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que alteró una serie de artículos de la ley 26522. “Con la creación del ENACOM, pasó a haber un cinismo total sobre la Ley en general pero sobre el artículo en particular. Hace ya un tiempo largo que dejamos de tener algún tipo de conexión con la autoridad de aplicación”, denunció el presidente de la organización de músicos autogestionados en relación al organismo creado el 5 de enero de 2016 como resultado de la fusión del AFSCA y la AFTIC.
“El período 2009-2015, cuando todavía estaba el AFSCA, fue un momento de trabajo en la implementación del artículo. Había muchas dudas, más que nada en lo que se entendía por independiente”, expuso Vázquez. Por eso, desde la FAMI se generó un banco digital de música independiente, donde las radios pueden registrarse y acceder a discos de distintos géneros de todo el país, para poder cumplir con la cuota de música nacional independiente que exige la ley.
Son muchos los problemas a los que se fue enfrentando el artista independiente a lo largo de los años. Algunos como la producción y fabricación de discos, superados a partir de las nuevas tecnologías. “Hoy uno puede grabar un disco en su casa con una computadora sin necesidad de gastar un montón de plata en un estudio y luego fabricarlo con un sueldo normal”, explicó Lito Lisorski. Los condicionantes que encuentra hoy el músico autogestionado tienen que ver más con la difusión; “con el artículo 65 tratamos de generar esa herramienta por la cual cualquier músico pueda acceder a sonar en una radio de difusión masiva, por eso es tan importante para nosotros este artículo que logramos conseguir”, afirmó Ardilla.
Además, que se exija la plena aplicación del artículo 65 de la LSCA y de esta manera que se difunda la música nacional e independiente, les permite a los artistas hacer valer los derechos intelectuales de sus producciones. “Lo que estamos pidiendo es que se aplique una ley que está en vigencia. Algo muy simple, que el Estado cumpla con sus funciones de fiscalizar una ley que fue votada por ambas cámaras. Y si no quieren que se cumpla deberían explicar por qué”, denunció el presidente de la Unión de Músicos Independientes.
Actualizada 26/09/2017
Sep 27, 2017 | Comunidad, inicio
Para que una escuela sea escuela necesita de algunos ingredientes indispensables. Para que una escuela brinde educación y desarrolle personas con un proyecto de vida hacia el futuro necesita de un edificio, necesita de maestros y estudiantes, necesita bancos y sillas, necesita materiales como pizarrones, tizas y libros de lectura. Pues bien, la escuela Isauro Arancibia, a pesar de contar con todos estos ingredientes, no es reconocida como tal por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El instituto tiene todo pero aún le falta un componente fundamental: el reconocimiento legal.
El Isauro Arancibia da clases a chicos en situación de calle. Se encuentra ubicado en la avenida Paseo Colón al 1318, en el barrio porteño de San Telmo, en un edificio imponente, de tres pisos, con trapos de diferentes tamaños y escritos con diversas tipografías, pero con un mensaje en común: visibilizar el conflicto. Es que el Gobierno porteño se hace el desatendido, tal como explica su directora Susana Reyes, ante el reclamo por el reconocimiento estatal. “La respuesta que recibimos es puro silencio”, dice Reyes. Asimismo, Evangelina Aguilar, maestra de primer ciclo, se explaya en el mismo sentido: “La reacción del gobierno es contradictoria: por un lado, destina fondos y maestros como cualquier escuela pública y hasta las autoridades que nos visitan reconocen el proyecto que armamos, pero después no avanzan en la firma de la normativa”. Y enfatiza: “Se avanza y se reconoce la experiencia como valiosa, pero no se firma la reglamentación que nos ampare legalmente”.
Frente a este conflicto, el Isauro está preparado porque sabe de luchas. La institución, fundada en 1998, no siempre funcionó en la actual dirección, ya que siempre era trasladada de un lado a otro, hasta que en 2011 quedó instalada en Paseo Colón. Ese año, la Legislatura porteña aprobó un presupuesto de 14 millones de pesos para refaccionar el colegio pero pasó un lustro hasta que comenzaron las obras, porque en el ínterin apareció una seria amenaza: la demolición para dar lugar al Metrobus. Sin embargo, la comunidad educativa resistió con fuerza y logró en 2014 la suspensión del trazado del transporte público sobre su territorio.
El Isauro Arancibia da clases a chicos en situación de calle. Se encuentra ubicado en la avenida Paseo Colón al 1318, en el barrio porteño de San Telmo.
Pero el Isauro no tuvo paz. Las obras que se iniciaron en febrero de 2016 para remodelar la escuela se congelaron en abril de ese año ante una nueva amenaza de demolición, debido al resurgimiento de la idea del Metrobus. Frente a ello, el Isauro consiguió el triunfo definitivo, al menos en ese tema. No obstante, las malas noticias continuaron: en julio de 2016, la puerta del edificio fue violentada para causar destrozos y robos dentro de él. Allí, se llevaron materiales del jardín maternal como ropa, leche, pañales y juguetes, y también maquinarias del emprendimiento gastronómico autogestionado por los jóvenes que concurren al Isauro.
Consultada sobre qué problemáticas sufre el instituto, la directora indica la inestabilidad de los trabajadores: “A mí me intiman a jubilarme, pero si me jubilo, acá no queda nadie porque pueden mandar a un coordinador externo. Nos ha pasado de tener compañeras que se jubilaron y que nunca fueron reemplazadas. Necesitamos que seamos escuela para que se tomen maestros capacitados”. Reyes cuenta que también esta situación es alarmante para los chicos que asisten al Isauro, quienes la mayoría viven en situación de calle. “Acá vienen a estudiar, a formarse como trabajadores en distintos niveles educativos”, comenta con contundencia.
“A mí me intiman a jubilarme, pero si me jubilo, acá no queda nadie porque pueden mandar a un coordinador externo», comentó la directora.
La escuela, sin embargo, había nacido como un proyecto de centro educativo, es decir, como una entidad que albergara a un número reducido de alumnos, con pocos maestros y solo dos horas diarias para brindar las materias básicas (Matemática, Lengua, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales). Pero algo trastocó los planes: la llegada masiva de estudiantes, bajo una extrema vulnerabilidad social, con necesidades particulares para poder llevar adelante su formación primaria, obligó a transformar el proyecto y convertir, por lo tanto, el centro educativo en una escuela. “Esta transformación tiene que ver con más horas de clase, con una formación integral, donde además de las materias básicas, se dictan talleres de arte y comunicación”, cuenta la maestra Aguilar. Al mismo tiempo, se pueden cursar, en el colegio, oficios a contraturno. El objetivo, cuenta Aguilar, es ayudar a los chicos y jóvenes “a pensarse a futuro, construir su proyecto de vida y cambiar la situación de vulnerabilidad en la que viven”, y agrega que “lo que se busca es garantizar el derecho a la educación, a la vivienda, al trabajo y a la salud”.
El objetivo es ayudar a los chicos y jóvenes “a pensarse a futuro, construir su proyecto de vida y cambiar la situación de vulnerabilidad en la que viven”, afirmó una de las maestras.
UN ACTO PARA RECLAMAR
Frente a este conflicto que padece el Isauro Arancibia, el pasado miércoles 20, la comunidad educativa del colegio organizó un festival tendiente a visibilizar el reclamo y recaudar fondos para hacer frente a los gastos corrientes. Un humilde escenario fue montado sobre la calle Cochabamba, donde en su intersección con la avenida Paseo Colón, se levanta la casa de estudios. Allí, diferentes estudiantes tocaron algunos instrumentos y se dieron el gusto de cantar ante el público que apoyaba la iniciativa. También se exhibieron los productos de los talleres: fotografías, avioncitos de madera, libretas, ruedas de bicicleta, y también cosas ricas como bizcochos y cuernitos, hechos en el taller de panadería. En el festival también se hicieron presentes los chicos más pequeños, acompañados por una maestra de nivel inicial, quien con dinamismo y simpatía, los asistía hábilmente. A su vez, una cantante invitada tomó el micrófono hacia las cinco para alegrar aún más la tarde. Luego, la profesora de música y algunos alumnos, entonaron unas breves estrofas, compuestas por ellos previamente. “Esta escuela es una construcción colectiva. Fue la forma de organización y la potencia del proyecto lo que permitió en estos 19 años que no solo funcionemos, sino que hayamos crecido”, señaló Aguilar, mientras se iban sirviendo pizzas y gaseosas en la puerta del colegio. “Esta construcción colectiva se logra con los estudiantes, con los docentes, con la comunidad educativa y con un vínculo muy estrecho entre ellos, tanto en la construcción como en la resistencia y en la lucha por este proyecto educativo”, sentenció.
La comunidad educativa del colegio organizó un festival tendiente a visibilizar el reclamo y recaudar fondos para hacer frente a los gastos.
El Isauro sabe que el no reconocimiento por parte del Gobierno de la Ciudad como una escuela más constituye otra problemática a la que deben enfrentar con entereza. Es una lucha más en su larga experiencia, impregnada de triunfos y derrotas. Es un objetivo más, un paso más, para que la escuela sea escuela y no sufrir, por tanto, las condiciones que atraviesan en la actualidad. “Nosotros no tenemos una planta orgánica funcional que diga que tal maestro es de este colegio. Entonces, lo pueden mandar a trabajar a otro lado y este proyecto, desarmarse legalmente y muy rápido”, expresó Aguilar.
Desde aquel lejano 1998, la historia del Isauro Arancibia está plagada de conflictos, luchas y desatinos. Pero también, de muchas otras que alegran a cientos de chicos, jóvenes y adultos, que encuentran en esta escuela, un lugar de refugio ante tanta marginalidad social. También, su historia cuenta con resistencias y victorias. La solidaridad es un valor implícito que se explicita en el festival, donde los alumnos bailan con los maestros mientras Karina, La Princesita, suena de fondo. “Esta es una situación de extrema urgencia que no puede seguir sucediendo. El Isauro Arancibia es una escuela pública que se viene construyendo desde hace 19 años y que necesita de una ley que la reconozca como tal”, concluyó la cálida maestra Aguilar. Es una necesidad no solo de este colegio, con sus chicos y maestros, sino también de la sociedad en su conjunto. El Isauro necesita ese último ingrediente, la pata legal, para alegrar aún más su singular historia.
Un escenario fue montado sobre la calle Cochabamba, allí tocaron instrumentos y cantaron ante el público que apoyaba la iniciativa.
UN MIMO A LA LUCHA
La valentía que exhiben día a día los trabajadores del Arancibia en su proyecto de resguardar a los chicos y adultos en situación de calle, tuvo su merecido reconocimiento el 14 de agosto pasado, cuando la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) le otorgó la distinción en el marco de la 2da Edición del Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos “Óscar Arnulfo Romero”. La escuela fue premiada en la categoría de educación formal por su intensa labor de generar propuestas a las necesidades de los estudiantes, con el objeto de mejorar sus posibilidades de integración social. Asimismo, destacaron el proyecto de vida que elabora la institución “para que cada persona pueda imaginar un futuro y armar articulaciones con otros establecimientos que alojen a este sujeto educativo”.
Actualizada 27/09/2017.
Sep 26, 2017 | Comunidad, inicio
Comunidades indígenas originarias de distintos puntos del país instalaron, el pasado 23, una carpa frente al Congreso de la Nación para realizar un acampe de vigilia que se extenderá hasta el miércoles 27. La concentración se da en vísperas de la sesión del Senado en la que se tratará la prórroga de la Ley 26160 que prohíbe los desalojos de los pueblos originarios de los territorios en los que viven. Referentes de más de cuarenta organizaciones, unificados bajo el Colectivo Tierra y Territorio, se reunieron para pasar cinco días a la intemperie a merced del cambiante clima –bajo intensos rayos de sol, lluvias torrenciales y temperaturas que por momentos se acercaron a los 30 grados y a las pocas horas apenas superaba los 10- con la esperanza de que sus reclamos sean escuchados.
La prórroga de la Ley de Emergencia, que suspende «la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas», será debatida en la Cámara de Senadores este miércoles luego de que su tratamiento, previsto en principio para el 7 de este mes, fuera rechazado tanto por legisladores del oficialismo como de la oposición. De no aprobarse la prórroga, miles de familias de Pueblos Originarios podrían perder sus hogares y ser expulsados de sus tierras ancestrales.
A través de un comunicado de prensa, los representantes de las comunidades indígenas exigieron “el cumplimiento efectivo de los Derechos de los Pueblos Originarios, consagrados en la Constitución Nacional, Leyes y Convenios Internacionales”. También reclamaron el cese de las persecuciones de los integrantes de las comunidades, que son procesados, presos, muertos y desaparecidos en la Defensa del Territorio. Exigieron: “Basta de estigmatización del movimiento indígena en los medios hegemónicos de comunicación”. Además, reclamaron por la aparición con vida de Santiago Maldonado, considerado un hermano por su solidaridad con la causa indígena y desaparecido en medio de un operativo de la Gendarmería Nacional contra manifestantes mapuches.
Actualizada 26/09/017
Sep 26, 2017 | Comunidad
En pleno centro y a pesar de los penetrantes rayos de sol del mediodía, las camperas naranjas y amarillas resisten con bandera en mano y tambores de fondo. “Los antárticos nos vemos como mucho una vez al año, pero cuando estamos juntos nos ayudamos a sobrevivir”, dice Andrea Concheyro, paleontóloga del Instituto Antártico Argentino (IAA), y profesora de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Andrea fue a la Antártida por primera vez a los veinticinco años, y ese fue el inicio de más de quince campañas en la Base Carlini, territorio argentino en el continente antártico. Fuera de agenda, los investigadores del Instituto se movilizaron la semana pasada para frenar la venta del único edificio propio, la histórica sede de Cerrito 1248. Finalmente, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) lo remató por USD 9.300.000. En lo que va del 2017, el organismo estatal recaudó más de 100 millones de dólares con la venta de inmuebles públicos que consideran ociosos, y hay programadas otras 17 subastas para los próximos meses, según se estableció por decreto del Poder Ejecutivo en abril de este año.
El conflicto por la sede de Cerrito 1248 comenzó el año pasado cuando la AABE decidió poner en venta el edificio por “resultar innecesario para la gestión a su cargo”, según el decreto 952/2016 del 19 de agosto. En octubre del 2016, el diputado porteño Javier Andrade (FPV) presentó un proyecto de ley para que el edificio y todos sus bienes se declararan como Patrimonio Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Construido en 1917 por el arquitecto francés Joseph Gire, el edificio fue designado como sede oficial del Instituto Antártico días después de su inauguración en 1951. Argentina fue pionera en entender la Antártida como un polo científico. “Cuando otros países estaban concentrados en cuestiones de guerra, Argentina inauguró el primer instituto de investigación para la ciencia en Antártida. Fuimos visionarios, pero por unos pesos lo estamos perdiendo”, denuncia Juan Manuel Lirio, doctor en Geología y jefe del Departamento de Geología del IAA.
Desde su inauguración, el Instituto albergó material valioso: un museo de piezas antárticas y una biblioteca de más de diez mil libros y artículos de investigación. Todos esos elementos contaban con un sitio seguro de preservación y fueron trasladados sin chequear ni hacer inventarios a un espacio que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la calle 25 de Mayo, entre Paraguay y Viamonte. Los libros y apuntes se trasladaron como papeles descartables y sin consultar antes a los científicos del Instituto. “Este material no puede salir del edificio sin antes estar inventariado por nosotros mismos”, dice Tamara Manograsso, investigadora en geología en el IAA, mientras mira el edificio que en unas pocas horas será demolido para levantar una torre.
Lirio recuerda la entrada de nuevos investigadores en 2008, cuando se reactivó el proyecto de investigación antártica. Esto trajo nuevas iniciativas e ideas, pero hoy el camino parece desandarse poco a poco. “Es difícil retener a los investigadores jóvenes, porque para dar una posibilidad de carrera científica tenés que tener una continuidad en los proyectos de investigación”, explica Juan Manuel en relación a los contratados que trabajan por sueldos mínimos, sin los elementos necesarios ni un lugar físico estable, repartidos entre las dos sedes del Instituto: las oficinas de Balcarce y los dos pisos prestados por la Universidad de San Martín, donde aún no hay laboratorios ni equipamiento. “Actualmente no podemos hacer ciencia sin los convenios internacionales, porque en las oficinas sólo tenemos una mesada y una computadora”, completa.
Desde hace cinco años, el edificio de Cerrito 1248 esperaba su refacción, pero cada vez que se presupuestaban las obras aparecían otras urgencias: en 2016, el dinero se derivó a los alimentos para la campaña antártica, insumo básico para la supervivencia de los científicos que viajan a trabajar en el Continente Blanco. “Es claro que no somos prioridad”, reflexiona Juan Manuel. El investigador sabe de qué habla: lleva hechas más de 30 campañas en la Antártida, entre la Base Carlini y los campamentos, excursiones en las que se embarcan los dedicados a la geología y paleontología para analizar los fósiles que no se encuentran cerca de la Base.
Además de la extensa biblioteca, en el edificio de Cerrito funcionó un museo donde se hacían visitas guiadas y charlas de capacitación a maestros, profesores y otros trabajadores de la ciencia. También funcionaba allí todo el quehacer antártico: la organización logística de la Base Carlini, un laboratorio de electrotécnica, una imprenta donde las contribuciones al Instituto se traducían a cuatro idiomas, y un espacio para resguardar piezas museológicas únicas, como las de la expedición sueca de 1902. En 2013 empezaron a repartir al personal administrativo y científico a distintas sedes, pagando precios descomunales en alquiler. En 2015, se consiguió la sede en la Universidad de San Martín, pero durante la mudanza los investigadores pasaron nueve meses sin un lugar fijo, trabajando desde sus casas. “Mientras Chile invierte en su edificio antártico de Punta Arenas, o el British Antarctic Survey protege su patrimonio con más de 150.000 piezas museológicas, acá, que tenemos uno de los trabajos más profundos en ciencia en la Antártida, nos reemplazan por emprendimientos inmobiliarios”, advierte Concheyra. Y recuerda el proyecto que intentaron montar años atrás con algunos compañeros y compañeras de trabajo para dar a conocer en escuelas primarias algunos aspectos sobre la vida en la Antártida. “Cuando yo tenía seis años, en el Normal 4 me mostraron la película sobre la ´Operación 90´ y a partir de ahí empecé a soñar con ir a la Antártida”, recuerda. La película recrea la primera llegada argentina al Polo Sur, en 1965. “Así como yo, miles de chicos y chicas podrían dedicarse a la Biología, Geología o Paleontología”, plantea. El proyecto que intentaron llevar adelante era una muestra itinerante de fósiles de la Antártida para circular por escuelas en distintos pueblos del país. Sin embargo, una vez más, fueron sólo promesas: “Evidentemente hay un profundo desconocimiento y un marcado desinterés”, reflexiona Concheyra.
En medio de la Avenida 9 de Julio, un pingüino de peluche adornado con el estandarte naranja del IAA se ve entre las banderas. Romina viene a acompañar a su padre, Sergio, geólogo del Instituto. “Mi viejo va a la Antártida todos los años, desde antes que yo naciera, y es lo que más le gusta de su trabajo”, explica. Ella estudia Comercio Exterior, aunque admite que evaluó la posibilidad de dedicarse a la investigación: “Es muy duro el trabajo que hace mi viejo, porque no se queda en la Base sino que siempre está en los campamentos buscando muestras, es muy comprometido”. Sergio quiso llevarla a la Antártida en más de una ocasión, pero para viajar con sus familias los investigadores deben pasar más tiempo de lo que implica una campaña normal, por lo menos seis meses o un año.
Pasado el mediodía, la bandera se planta frente al edificio vidriado de Cancillería: “La soberanía y la ciencia antártica no se rematan, se defienden”. Se hace silencio y el petitorio, esta vez más combativo, vuelve a sonar amplificado por un megáfono. Camperas, bombos, pecheras y antiparras. Los que caminan se acercan y preguntan, otros sacan fotos, otros miran los carteles. Tras horas de resistencia, abre la puerta de la Cancillería Máximo Gowland, director nacional de Asuntos Antárticos. “Si no se puede evitar la venta, le pedimos que al menos nos den el tiempo necesario para retirar el material valioso con un inventario”, suplica Concheyra. La negativa fue inamovible: Gowland recibió el petitorio, el mismo que los antárticos habían entregado en la Defensoría del Pueblo, en la AABE y en la Casa Rosada, pero mantuvo la postura oficial. El remate concluyó el jueves por la tarde frente a la sede de Retiro de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, con una firma que marca un quiebre en la historia del Instituto. Los antárticos se quedaron sin edificio propio, sin biblioteca y sin museo. Queda, frente a la puerta de Cerrito, el germen de la unión ante la tristeza de la pérdida.
Actualizada 26/09/2017
Sep 20, 2017 | DDHH
El Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF) dio a conocer, el viernes 15 de septiembre, el veredicto de la mega causa “Operativo Independencia”, abierta contra 17 represores acusados por delitos de lesa humanidad cometidos contra 271 víctimas, entre febrero de 1975 y marzo de 1976. En el histórico juicio que se llevó a cabo en esa provincia, declararon 455 testigos -entre sobrevivientes de Centros Clandestinos de Detención y familiares de víctimas- sobre los hechos ocurridos durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. El proceso que comenzó el 5 de mayo de 2016 finalizó, luego de que el Tribunal -integrado por los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga- leyera la sentencia que incluyó seis condenas a cadena perpetua, tres de prisión superiores a los diez años, una de apenas cuatro años y siete sorpresivas absoluciones. La sesión cerró con algunos fallos divididos y con la sensación de ausencia de justicia.
El pedido de los fiscales Pablo Camuña, Agustín Chit y Julia Vitar, que habían requerido la pena de prisión perpetua para diez de los imputados -Roberto Heriberto (El Tuerto) Albornoz, Luis Armando De Cándido, Ricardo Oscar Sánchez, Miguel Ángel Moreno, Jorge Omar Lazarte, Enrique José del Pino, Manuel Rubén Vila, Néstor Rubén Castelli, Jorge Gerónimo Capitán, y Omar Edgardo Parada- solo se dictaminó de manera parcial, ya que únicamente los seis primeros recibieron ese castigo. En cambio, tres de los cuatro restantes recibieron penas inferiores -Vila fue condenado a 10 años de cárcel, Castelli, a 18 años, y Capitán, a 16 años- mientras que Parada fue absuelto de todos los cargos pese a la gran cantidad de pruebas presentadas en su contra que adjudicaban su responsabilidad a decenas de casos de privación ilegítima de la libertad, torturas, vejaciones, delitos sexuales y homicidios, entre otros crímenes. Por su parte, el ex militar Pedro López, por el cual la fiscalía había solicitado 13 años, finalmente recibió cuatro –pena que fue conmutada por considerarse ya cumplida-, sirviéndole como atenuante su servicio en la Guerra de Malvinas en 1982. Por último, a pesar de los reclamos de las víctimas, los familiares de desaparecidos y de los organismos de los derechos humanos presentes en la audiencia, el tribunal dictó la absolución a José Ernesto Cuesta, Ramón César Jodar, Camilo Orce, José Luis del Valle Figueroa, Alberto Svendsen y José Roberto Abba.
En el histórico juicio declararon 455 testigos -entre sobrevivientes de Centros Clandestinos de Detención y familiares de víctimas-.
En diálogo con ANCCOM, Agustín Chit, fiscal de la causa, relató los hechos vividos durante el cierre del juicio. “De los 17 imputados, 10 fueron condenados, de los cuales sólo seis recibieron prisión perpetua. Y hubo siete absoluciones. Sobre los 10 primeros, se determinó que son culpables por crímenes de lesa humanidad, y por ende, se acreditó que hubo un plan sistemático de exterminio de personas opositoras. De este modo se tiró por tierra uno de los argumentos de la defensa, que decía que había habido una guerra durante el Operativo Independencia”, expuso Chit y, mostrando su disconformidad con el fallo del tribunal, agregó: “En relación con los imputados, advertimos una serie de inconsistencias en los veredictos. Porque algunas de las absoluciones fueron mencionadas con algunos criterios que a nosotros nos llaman la atención, porque no se condicen con las otras condenas que se dictaron. Entonces estamos expectantes para ver cómo el tribunal va a fundamentar la decisión de absolver a siete personas, no sólo por las pruebas que había en su contra y las penas que nosotros habíamos pedido -que eran muy elevadas- sino porque habiendo condenado a perpetua a otros imputados que quizás tuvieron el mismo rol o se desempeñaron en funciones similares, no entendemos por qué absolvió a unos y condenó a perpetua a otros”, desarrolló y advirtió: “Este va a ser un punto por el cual nosotros vamos a ir a Casación para impugnar este fallo. En el caso de las seis condenas a perpetua, no tenemos objeción acerca del fallo, porque eran las penas que nosotros habíamos pedido, pero algunos de los otros condenados obtuvieron penas inferiores a las que solicitamos. Este también va a ser un punto de impugnación en la Casación.”
Esteban Herrera es hijo de Abel Herrera, víctima del Operativo Independencia: “Es un fallo que deja un sabor muy amargo por la cantidad de absoluciones, sobre todo en casos muy emblemáticos, como el de Omar Edgardo Parada, que era el máximo responsable del Centro Clandestino de Detención Santa Lucía, cuya responsabilidad estaba suficientemente probada. Las absoluciones fueron tremendas porque, de alguna manera, están negando la condición de las víctimas de crímenes por los cuales no hay ningún condenado. Hay víctimas que han sido doblemente estigmatizadas, por las causas fraguadas en aquella época y ahora al negarles la condición de víctimas”, manifestó. Su madre, Georgina Simerman, fue secuestrada embarazada en 1977 y permanece desaparecida, Esteban busca a su hermano o hermana nacido en cautiverio. “Por otro lado hubo seis condenas a perpetua, en varios casos a represores que ya estaban condenados por otras causas, y algunas penas que superan los diez años. Mi padre -que militaba en el frente de propaganda del ERP- está entre las 271 víctimas y en el juicio declaré como testigo a partir de la reconstrucción que pude hacer acerca de la militancia de mi papá”, recordó y apuntó: “Por su caso hubo tres condenados. Se comprobó que fraguaron una persecución y dijeron que había sido abatido en un tiroteo. En realidad, lo secuestraron el 16 de septiembre (de 1975) en la vía pública y recién el 6 de octubre entregaron su cuerpo junto a los de otros cinco compañeros. Hicieron pasar sus ejecuciones por un enfrentamiento, a pesar de que eran evidentes los signos de tortura y los balazos a quemarropa con los cuales fueron ejecutados. Por el caso de ellos condenaron a perpetua a Albornoz, a Lazarte y a Del Pino por tormentos agravados y homicidio triplemente agravado.”
A pesar de los reclamos de las víctimas, los familiares de desaparecidos y de los organismos de los derechos humanos presentes en la audiencia, el tribunal dictó la absolución a siete de los imputados.
En la misma línea se expresó el militante de H.I.J.O.S Tucumán Iván Jeger, cuyo padre, el librero Maurice Jeger, fue secuestrado el 8 de julio de 1975 junto a su pareja Olga Cristina González, y permanece desaparecido. “Este fue el decimosegundo juicio por delitos de lesa humanidad en Tucumán, y es la primera vez que hay tantas absoluciones”, refirió Jeger. “De los que recibieron condenas a perpetua, la mayoría ya habían sido condenados, aunque también hubo algunos que recibieron perpetua por primera vez. Entre ellos está Enrique Del Pino, que estuvo implicado en la causa de mi papá. Pero también hubo muchos absueltos, como Camilo Orce, que integraba la patota del (ex comisario) Malevo Ferreyra en Tucumán. Fue bastante duro el fallo. Además, en esta causa se está juzgando un operativo que ocurrió durante un gobierno constitucional, con Isabel Perón en la presidencia. Hay muchos políticos responsables -entre ellos la misma Isabel Perón-, que no estuvieron en el banquillo de los acusados y que, si bien fueron propuestos como imputados, fueron separados por el tribunal”, reflexionó el hijo de Jeger, que como Esteban busca un hermano o hermana nacido en cautiverio. “Lo tremendo de las absoluciones es que la gente que testificó contra los imputados ahora está con justificado temor, porque los represores a los que acusaron quedaron libres. No queda la sensación de que se haya hecho justicia”, aseguró. Luego recordó que la pareja de su padre, Olga Cristina, estaba embarazada de cuatro meses al momento de su secuestro. Ella también continúa desaparecida e integra una lista de 15 mujeres embarazadas que fueron secuestradas en el Operativo y de cuyos destinos, al igual que el de sus hijos por nacer, jamás se supo nada.
“Para nosotros, como fiscales, este juicio fue un enorme desafío. Y sobre todo lo fue para las víctimas y los testigos, que apostaron nuevamente a la Justicia, luego de 42 años, para declarar y contar los horrores que vivieron. Se trata en su mayoría de personas de condición muy humilde, del interior de la provincia de Tucumán, que en muchos casos se acercaban por primera vez a un tribunal. Y creo que el tribunal no estuvo a la altura de sus circunstancias para mensurar y dimensionar las exposiciones de las víctimas”, expuso el fiscal Chit, describiendo la causa en estos términos: “Fue un juicio histórico por la cantidad de casos -por el momento, es el juicio más grande que hubo en Tucumán- y por la cantidad de imputados, muchos de los cuales fallecieron en el proceso y otros a quienes les garantizaron impunidad. Pero incluso con 17 imputados, fue un juicio de enorme relevancia para Tucumán, que de alguna manera intentó retratar una explicación, sin salirse del marco jurídico-penal, de lo que vivió la provincia desde la década del 60 en adelante”.
Una de las principales particularidades del denominado “Operativo Independencia” es que, a diferencia de muchos de los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la década del 70 por el terrorismo de Estado, este se dio en el marco de una democracia, meses antes del golpe de Estado que derrocaría al gobierno constitucional de Isabel de Perón e instauraría en Argentina la dictadura autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”. Se estima que del total de desapariciones forzadas cometidas en la provincia de Tucumán, en el periodo comprendido entre 1975 y 1983, cerca del 30 por ciento tuvieron lugar en este operativo llevado a cabo por las Fuerzas Armadas bajo las órdenes de Acdel Vilas y de Domingo Antonio Bussi. Historiadores, políticos y expertos en el tema describen al “Operativo Independencia” como un ensayo del sistema represivo clandestino y la antesala del plan sistemático de desaparición forzada de personas y de exterminio que más tarde se extendería a todo el país y sería implementado por la dictadura de la Junta Militar a escala nacional.
Historiadores, políticos y expertos en el tema describen al “Operativo Independencia” como un ensayo del sistema represivo clandestino.
Sobre este punto, el fiscal Chit manifestó: “Sabemos que en las sentencias que se dictaron en las otras once causas por delitos de lesa humanidad en Tucumán, desde el tribunal se afirmó que el terrorismo de Estado había funcionado en Tucumán antes del golpe de Estado de 1976. A partir de esos antecedentes, se entiende que el tribunal consideró que Tucumán fue un tubo de ensayo en relación a la sistematicidad de la aplicación del terrorismo para lo que posteriormente sería el terrorismo de Estado ampliado sobre todo el territorio nacional. Si el tribunal es consecuente con sus propios antecedentes, y habiendo calificado los hechos en las condenas como crímenes de lesa humanidad, no creemos que se pueda apartar de este criterio, de que el Operativo Independencia efectivamente fue la prueba de lo que sería luego el terrorismo de Estado a nivel nacional durante la dictadura.”
Ante el desconsuelo de las víctimas por las absoluciones, todavía queda pendiente la instancia de Casación, que tendrá lugar en noviembre tras la lectura de los fundamentos de los magistrados respecto a sus leves sentencias. Allí, la fiscalía y los querellantes apelarán las decisiones del tribunal e intentarán revertir los resultados con sabor a injusticia con los que concluyó la Megacausa.
“El próximo paso es leer los fundamentos, el 8 de noviembre, y luego vamos a hacer una presentación ante la Cámara de Casación Federal para que revise aquellos puntos que nosotros consideramos que fueron tratados incorrectamente y que creemos que han sido una equivocación por parte del tribunal”, declaró Chit, y agregó: “También existe en el TOF otro juicio del Operativo Independencia con nuevos imputados por causas de lesa humanidad y que tendrá lugar el próximo año, con lo cual este juicio va a funcionar como un precedente. Por eso va a ser importante que la Casación revise con mucha celeridad estas sentencias”.
Por su parte, Jeger afirmó: “En noviembre van a leer los fundamentos de la sentencia y se va a hacer una apelación en Casación porque, tanto en las absoluciones como las condenas menores a las que se había pedido, uno de los jueces, Juan Carlos Reynaga, siempre votó en disidencia; por ejemplo en algunas absoluciones él había votado perpetua. Al ser un fallo dividido, nos habilita para apelar. Desde el punto de vista personal, teniendo en cuenta cómo está la situación del país y quienes nos gobiernan, yo no tengo muchas esperanzas de que se reviertan los fallos. Pero aun así vamos a utilizar todos los medios que están a nuestro alcance. Nosotros siempre sostenemos que estos tipos son juzgados por un tribunal pero son condenados por la sociedad.”
“Yo sigo repitiendo que, con el clima político que tenemos en la actualidad, no quiero que la familia de Santiago Maldonado tenga que esperar 40 años para obtener justicia. Durante la sentencia también pedimos por su aparición”, concluyó Herrera, haciendo referencia al reclamo que se hizo presente en la audiencia por la aparición con vida de Santiago Maldonado, que lleva 50 días desaparecido.
Actualizada 20/09/2017.
