Oct 26, 2017 | Entrevistas
El 17 de octubre de 2014 la familia de Luciano Arruga cargaba sobre sus hombros cinco años y ocho meses de su búsqueda desesperada, de tocar puertas, de gritar su nombre y luchar para no ser vencidos por la impunidad cuando llegó la peor certeza: Luciano estaba muerto y enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita.
Ese mismo día, pero en 2017, fue encontrado el cuerpo sin vida de Santiago Maldonado, luego de 78 días de búsqueda.
Ambos casos se encuentran cruzados por varias coincidencias: fuerzas de seguridad fueron acusadas de las desapariciones por las familias; dichas fuerzas (en el caso de Luciano, la Policía Bonaerense; en el de Santiago, la Gendarmería) tuvieron a cargo las primeras horas de la investigación. En ambos casos, la lucha de los familiares –hostigados y menospreciados por funcionarios judiciales y políticos– fue fundamental para develar el encubrimiento.
Los dos casos también comparten el intento, por parte de los medios hegemónicos, de cuestionar a la víctima e instalar el motivo de muerte de los jóvenes como si fuera una foto: Arruga “murió atropellado” y Maldonado “se ahogó”, sin tener en cuenta que ambos huían de una persecución.
Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, es la principal impulsora de la búsqueda de justicia en una causa que, tras casi nueve años de su desaparición, todavía se encuentra en el período de instrucción.
Durante el proceso de búsqueda, ¿fueron recibidos por algún funcionario?
La realidad es que durante la búsqueda nosotros intentamos poder tener algún tipo de llegada con los funcionarios políticos que tuvieran injerencia en decisiones y que pudieran colaborar con herramientas propias del Estado para poder avanzar en la investigación y no pasaba de reuniones con secretarios, y en muchos casos con secretarios de secretarios, que no podían tomar decisiones concretas en lo inmediato. Eso con el tiempo se iba diluyendo.
¿Qué respuestas les daban?
Eran reuniones protocolares en las que nos decían: “Contame la situación de la causa” o “¿Cuáles son las exigencias?” No se avanzaba concretamente en nada. Nosotros no pudimos llegar a altos rangos. Nunca pudimos sentarnos a hablar con la Presidenta. Y llegar al gobernador Daniel Scioli nos llevó casi tres años. Esa reunión tampoco derivó en respuestas concretas que aportaran. Recién pudimos sentar a los funcionarios de Estado con injerencia en la causa judicial cuando presentamos por segunda vez el habeas corpus que fue a los cinco años de desaparecido Luciano. A través de ese recurso presentado en la justicia federal, nosotros obligamos a las diferentes instituciones del Estado a que den respuestas. Entonces se avanzó inmediatamente en lo que se debía hacer que fue, en primer lugar, comparar las huellas dactilares de Luciano con un registro de NN que tenía el Estado.
¿Qué sentiste en el momento en que supieron que uno de esos NN era Luciano?
Por empezar no se me derramó ninguna lágrima. La desconfianza es tal que hasta que uno no tiene la comprobación genética y la voz de un profesional que te dice que hay un 99,9% de exactitud nosotros no íbamos a decir que ese que se había encontrado era él. Así que nos sentamos en una conferencia de prensa y negamos lo que en ese momento se quiso instalar, que era que Luciano había muerto producto de un accidente de tránsito. Nosotros nos encargamos de realizar una conferencia de prensa porque la gente se podía guiar por las versiones de los funcionarios políticos y de los grandes medios de comunicación e iban a tener mala información. Necesitábamos más que nunca que se escuchara la voz de la familia, que seguía denunciando el accionar de la Policía Bonaerense. A las pocas semanas se concretaba lo que nosotros decíamos, con dos testigos: uno de ellos hablaba de un Luciano que corría desesperado obligado a cruzar por la Avenida General Paz y un segundo testigo ubicaba una patrulla de la Bonaerense a un costado de esa misma avenida. Esos dos testimonios, sumados a otros datos que nosotros teníamos -como la declaración de un testigo de identidad reservada que lo ve a Luciano en el destacamento de Lomas del Mirador prácticamente muerto y dos de los testigos que lo ven en la comisaría octava- son los que siguen alimentando nuestra denuncia en contra de la Policía y de los funcionarios políticos y judiciales que son los responsables de poder mantener una desaparición forzada durante cinco años y ocho meses.
¿Qué pensaste cuando encontraron el cuerpo de Santiago Maldonado justo en el aniversario de la fecha en la que identificaron a tu hermano?
No creo en las casualidades. En lo que sí creo es en la lucha y la presión social por lo que una desaparición forzada significa en la historia de nuestro país. Genera conflictos en cualquier gobierno esa gran fuerza que los familiares hemos hecho (y hacemos) para que la gente se concientice. Eso hizo que nos devolvieran lo restos de Luciano.
«No creo en las casualidades. En lo que sí creo es en la lucha y la presión social por lo que una desaparición forzada significa en la historia de nuestro país», dijo Vanesa Orieta.
¿Por qué creés que es posible una desaparición forzada en democracia?
Evidentemente se ha hecho un laburo de construcción en el cual la memoria solamente identificaba la violación de los Derechos Humanos como algo propio de la última dictadura militar: ese feroz genocidio que sufrieron gran parte de nuestros hermanos y hermanas. Pero no se pudo hacer la relación directa con una metodología que se extendía en períodos democráticos y que atravesaba gobiernos constitucionales. Tarde se llegó a la comprensión de que quienes estaban sufriendo esta vez con el control, la muerte y la desaparición son los pibes y pibas de barrios pobres. Allí lo que ha operado fuertemente es la discriminación y la criminalización hacia estos sectores, generando lo mismo que se ha generado durante el último genocidio: el “algo habrá hecho”.
Los familiares que nos levantamos organizados y luchando estamos dejando una semilla para que sean las futuras generaciones las que continúen este proceso de memoria dinámica, no estática, que sólo mira el pasado y no hace relación con el presente. Nosotros queremos que nuestra sociedad tenga una memoria dinámica que se comprometa con el pasado, que siga exigiendo memoria, verdad y justicia pero que también entienda que hay un correlato con lo que nos sigue pasando. Queremos que exija, con fuerza también, justicia en los casos de desaparición, gatillo fácil y tortura a nuestros pibes y pibas de los barrios pobres y a nuestros pueblos originarios que son criminalizados y discriminados.
¿Qué pensás del tratamiento mediático que se le dio a los casos de Luciano y Santiago?
Fueron similares. Sobre todo en manos de los medios hegemónicos de derecha que recurrieron a criminalizar fuertemente la figura de la víctima. En el caso de Luciano por ser un negro villero que podría haber estado involucrado en drogas y que por eso le pasó lo que le pasó. En el de Santiago, un pibe vinculado a la RAM, a un sector terrorista y cosas que intentan confundir a la sociedad y que se deshumanice y no contemple la gravedad de que sigan desapareciendo personas. Pero también hay diferencias. En el caso de Santiago fueron todos los medios de comunicación los que lo tomaron: por un lado, fueron los de la derecha con todo su aparato discriminador y criminalizante; pero también lo tomaron los medios un tanto progresistas, que fueron la contrabalanza a esa falsa teoría que se insiste en instalar. En cambio, en el caso de Luciano, por una cuestión estratégica, lo tomaron algunos medios de la derecha para poder pegarle al gobierno de aquel entonces; y los medios oficialistas hablaban poco y nada del caso, lo cual considero un error muy serio y grave porque me parece que más todavía lo tenés que tomar para poder seguir avanzando en la construcción de un país respetuoso de los Derechos Humanos.
La sociedad también tiene una responsabilidad, porque no se conmueve con la pérdida de una vida de un pibe o piba de barrio pobre como lo hace con la muerte de uno de clase media. Y esa es una autocrítica muy fuerte que tenemos que hacer.
Mirta Medina, madre de Sebastián Bordón, le escribió una carta a la madre de Santiago Maldonado. ¿Vos tendrías unas palabras para decirle a su familia en este momento?
Le diría lo que le digo siempre: que estamos con ellos, que los abrazamos y acompañamos desinteresadamente y con la mayor solidaridad y afecto. Que entendemos el dolor, porque lo hemos atravesado. Después, es puro sentimiento. A veces no hay palabras que uno pueda hacer llegar al familiar. Los familiares nos fundimos en el abrazo. Ahí todo está corriendo por dentro y la humanidad de cada uno de nosotros se muestra natural.
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El destacamento de Lomas del Mirador fue inaugurado en el año 2007 por un pedido de más seguridad de vecinos. Se instaló estratégicamente entre los barrios Santos Vega y 12 de octubre. A dos años de su inauguración, entre enero y febrero de 2009, es el espacio donde torturan y hacen desaparecer a Luciano Arruga.
Hoy en ese espacio expropiado funciona el Centro Cultural y Social Luciano Arruga: “El lugar está abierto para niños, niñas y adolescentes. Y para cualquier vecino que se quiera acercar para participar. En nuestros barrios se necesitan centros culturales, escuelas y bibliotecas. Y este espacio viene a traer eso: un lugar donde nuestros pibes puedan hacer actividades como las que hace cualquier otro que tiene todos sus derecho garantizados”, cuenta Vanesa, orgullosa.
Actualizado 25/10/2017
Oct 26, 2017 | Comunidad, inicio
“Con el caso Maldonado se dejaron de usar todos los buenos hábitos de un periodista: tener una fuente, después chequearla con una segunda y luego escribir con la razón y no con las impresiones”, dijo Mathilde Guillaume, corresponsal del diario Libération y France 24. ANCCOM dialogó con tres corresponsales de medios internacionales en Argentina acerca de cómo los medios locales trataron el caso de la desaparición de Santiago Maldonado el 1º de agosto en el Pu Lof Cushamen, Chubut, tras un operativo que realizó la Gendarmería Nacional.
Los medios de comunicación nacionales de mayor alcance elaboraron un gran caudal de noticias falsas que, al poco tiempo de ser publicadas, quedaron en evidencia. “Hubo una concentración de rumores, agudizado incluso en los últimos días, seguido de publicaciones en los grandes medios de cosas falsas”, agregó la periodista francesa. Cecilia González, corresponsal de la agencia Notimex, opinó algo similar al decir que el tema “se trató de una manera muy contaminada por intereses políticos, ya que la prensa más influyente, la más poderosa, actualmente es oficialista. En general apoyó, difundió y defendió solamente las versiones oficiales”. Por su parte, un editor de una de las principales agencias internacionales de noticias que prefirió reservar su identidad remarcó: “En todos los países del mundo los medios hegemónicos operan a favor de los intereses que defienden. Quizá en naciones periféricas como Argentina tienen menos autonomía que en las centrales y, por ende, sea más visible su parcialidad”.
En cuanto al caso particular de Clarín, uno de los más consumidos en el mercado local, Guillaume dijo que ese diario “levantó algo así como 80 teorías sobre donde ‘supuestamente’ estaba Maldonado, sin verificarlo y escondiéndose detrás del (tiempo verbal) condicional; ‘Podría estar Santiago en Chile’, decían, o ‘podría estar cortándose los pelos en una peluquería de San Luis’. Con el sólo uso del condicional publicaron cualquier barbaridad sin ningún tipo de chequeo. Como periodista se sabe que eso no se puede hacer en ningún caso”.
Sergio Maldonado, junto a su esposa, en la concentración en Plaza de Mayo por la aparición con vida de Santiago.
“Hay un barrio de Gualeguaychú en donde todos se parecen a Santiago”, publicó, por ejemplo, Clarín. En el mismo diario, el periodista Claudio Andrade, que publicó varias notas sin chequear fuentes, firmó el 31 de agosto una titulada “Una nueva versión apunta a que Maldonado estaría en Chile”. Desde el suspenso armado en torno al puestero de la estancia de Benetton “que se defendió a cuchillazos de un ataque de la RAM” (con la falsa expectativa de que hubiera herido a Maldonado) hasta las ambigüedades e inventos recientes acerca de un “Testigo E”, cuya declaración en la causa fue desmentida por el juez Gustavo Lleral, a cargo de la investigación, el caudal de información falaz es una ofensa para el oficio y, sobre todo, para la familia Maldonado
“Los periodistas recibieron un montón de teorías falsas -aseguró la corresponsal de France 24-. Cuando hacés reportajes en el terreno y sobre todo cuando investigás un caso tan fuerte como la desaparición de un joven, la gente se te acerca y te dice cualquier cosa porque quieren aparecer. Pero el rol del periodista, justamente, es filtrar todo eso, verificar, chequear, y si resulta ser cierto, recién ahí lo publicás”. La corresponsal subrayó que los periodistas de los medios de mayor influencia “recibieron todo este flujo de mentiras y no tuvieron el rol de filtro que es el que debe tener cualquiera que ejerce la profesión. Lo que hicieron fue darle amplitud y fuerza, fueron como una caja de resonancia de todas las mentiras”.
Por su parte, y en relación con Clarín, González expresó: “La línea editorial de los medios más influyentes fue muy evidente, publicaban filtraciones. Hay un periodista del grupo Clarín que tiene un cúmulo de filtraciones que son muy vergonzosas, eso no es periodismo. Pero por el contrario, en el mismo medio también hubo periodistas que publicaron muy buenos trabajos de investigación”.
Concentración en Plaza de Mayo a un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
Los entrevistados también hicieron referencia a la construcción discursiva que los medios realizaron respecto al pueblo mapuche. Guillaume sostuvo que le llamó la atención “la aparición de la RAM como una palabra que de repente todos llegaron a conocer cuando hacía dos meses nadie había escuchado hablar; ni de la RAM, ni de la temática mapuche, ni estaba instalado en absoluto el tema en los medios de comunicación”.
Además, agregó que le parecía preocupante que los periodistas que escribían para los grandes medios no tuvieran contacto con la gente de la comunidad; y que las veces que lo tuvieron, destacó, los juzgaban. “En vez de escuchar los testimonios y transcribirlos, como debe hacer un periodista, cuestionaban lo que los testigos decían desde un punto de vista más próximo al de un juez o un fiscal que al de un periodista: ‘Está bien, es tu testimonio, ¿pero por qué no hiciste tal o cual cosa?’” El editor que prefirió no identificarse, en tanto, remarcó que “con diferentes matices, los medios locales han tenido una cobertura bastante parcial del caso Maldonado. Esto pudo verse en el espacio dedicado al tema, en las fuentes citadas, o en la imagen que construyeron de los protagonistas de la historia, entre otras cosas”.
Los tres entrevistados coincidieron en que fue fundamental la cobertura que hicieron los medios alternativos y las redes sociales. “Un aspecto muy importante es el rol que han jugado las redes sociales, que han funcionado como complemento de los puntos de vista sugeridos por algunos de los principales medios del país -dijo el editor-. Un ejemplo es la ridiculización generalizada del testigo mapuche que supuestamente vio a gendarmes con sus binoculares; la contracara es la protección de la figura de Elisa Carrió, cuyas vergonzosas declaraciones han sido ‘limpiadas’ de los medios hegemónicos”. La corresponsal de Notimex centró su opinión en el buen trabajo que hicieron diferentes medios alternativos y en la actitud de algunos periodistas en particular: “La revista Cítrica fue una de las primeras que cubrió desde principio de manera profesional el tema. También Anfibia con diversas crónicas, y Cosecha Roja. Lo que hubo fue una transición: al principio los medios alternativos fueron los que mejor cubrieron, pero cuando el tema fue creciendo en impacto, los medios más grandes mandaron a periodistas al terreno, y como los periodistas no somos nuestros medios, ahí se notó la diferencia. Porque más allá de que la línea editorial fuera en apoyo al gobierno, a desacreditar la lucha mapuche y a Santiago Maldonado, estos otros periodistas que trabajaron de manera profesional no se plegaron a esa línea editorial y publicaron buenos trabajos”.
La siempre presente bandera de los pueblos originarios.
Guillaume destacó las coberturas de Anfibia, Mu, Cosecha Roja. “Los medios independientes y alternativos fueron los primeros en levantar y en darse cuenta de la posible importancia nacional e internacional que podía tener este caso -señaló-. Y además, a diferencia de los medios más reconocidos, no ventilaron rumores, como hicieron Clarín o La Nación”.
No especular ni prestarse a especulaciones debería ser la regla número uno de cualquier periodista, planteó González. “Lamentablemente, es lo que prevalece -evaluó-. Sin embargo, dentro del propio periodismo hubo una puja entre quienes seguíamos esperando una confirmación oficial, y pedimos respeto y profesionalismo a la hora de cubrir el caso, quienes tuvimos ética con el oficio, y quienes hicieron todo lo contrario. Me da gusto que haya habido tantos periodistas de todos los niveles y de todo tipo de medios que se han portado de manera responsable. Y en cuanto a los que no lo hicieron creo que corre por cuenta de cada quien en su conciencia y en su concepto de lo que es ejercer el periodismo”.
González destacó el rol de los corresponsales y su función dentro del periodismo argentino: “Tenemos una posición privilegiada porque no estamos tan contaminados como los medios locales y los medios que reciben nuestra información, en general, tampoco tienen esa contaminación, de modo que podemos trabajar sin tanta presión, como sí trabajaron acá”. Guillaume planteó una diferencia: “El componente político tiene muchísimo que ver en este caso -explicó-. Creo que no hay la misma grieta en Francia que en Argentina y eso tiene muchísimo que ver. A pesar de esa salvedad, como en Argentina, los medios franceses son concentrados y también pertenecen a intereses privados, pero de todos modos creo que tanto la formación de periodismo como el desarrollo del trabajo tendería a ser más serio que el argentino”.
Tanto Guillaume como González destacaron lo que dijo en torno a los medios Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, en la conferencia de prensa que dio en la ciudad de Esquel luego de que apareciera el cuerpo. “Me dio mucha vergüenza que Sergio Maldonado tuviera que pedir respeto -afirmó la periodista mexicana-. Ahora que apareció el cuerpo, trabajan de la misma manera, tratando otra vez de desacreditar. Hay muchos manoseos pese al pedido de la familia”. En la misma línea, Guillaume señaló: “Me impactó muchísimo que el propio hermano de Santiago Maldonado tuviera que dar una clase de periodismo diciendo que si no teníamos información fidedigna que no publicáramos cualquier cosa y que en vez de eso pusiéramos música. Que el propio hermano tenga que dar una clase de periodismo en este momento es una vergüenza para toda la profesión”.
En la concentración en Plaza de Mayo, el pueblo pedía la aparición con vida de Santiago, mostrando su foto entre la multitud.
Actualizado 25/10/2017
Oct 25, 2017 | DDHH, inicio
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en estos días lleva a cabo su 165º período de sesiones extraordinarias en Montevideo, Uruguay, recibió este martes a organismos de Derechos Humanos y asociaciones sindicales de la Argentina para evaluar denuncias sobre violaciones de Derechos Humanos cometidos en el país durante el actual gobierno de Cambiemos. “Vemos con preocupación cómo desde las más altas esferas se promueve desandar el camino recorrido en estos 40 años de lucha, estamos una vez más recurriendo a esta Comisión buscando preservar lo conquistado y avanzar sobre lo pendiente”, manifestó Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, ante la Comisión. El Estado Nacional hizo su descargo representado por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el Director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa de la Nación, Jorge Szeinfeld. “Rechazamos toda malintencionada imputación de indiferencia, negacionismo y vaciamiento”, dijo el secretario y aseguró que el gobierno es “víctima de una campaña de desprestigio”.
La audiencia pública comenzó a las 9.45 en el Palacio Legislativo de Montevideo. Entre los impulsores de la reunión se encontraban la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT), las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA); los principales organismos de Derechos Humanos y decenas de agrupaciones sindicales. En primer lugar, se trataron cuestiones relacionadas a la situación de los derechos laborales y gremiales, donde representantes de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Asociación de Trabajadores del Estado-Capital (ATE-Capital), Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), entre otras, denunciaron violaciones a los derechos de los trabajadores y persecuciones hacia los gremios por parte del gobierno de Mauricio Macri. Más tarde, se debatieron problemáticas sobre derecho a la memoria, verdad y justicia por crímenes de lesa humanidad en Argentina. Allí participaron Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el CELS, H.I.J.O.S.- Capital, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), entre otros. A través de la lectura de un documento a cargo de Luz Palma Zaldúa, coordinadora del Área de Memoria, Verdad y Justicia del CELS; Estela de Carlotto y Alan Iud, coordinador del equipo jurídico de esa Abuelas, los organismos plantearon sus preocupaciones. “El proceso de juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina es una referencia a nivel regional”, comenzó Palma Zaldúa. “Sin embargo, este progresivo avance en el proceso de memoria, verdad y justicia se vio fuertemente afectado desde el inicio del gobierno del presidente Mauricio Macri, pues desde entonces distintos funcionarios promovieron un discurso público que relativiza la gravedad del terrorismo de Estado, llegando al negacionismo, y se debilitaron o desmantelaron dependencias del Poder Ejecutivo Nacional que contribuían con las investigaciones judiciales. Este contexto tuvo su correlato en el Poder Judicial, especialmente en la Corte Suprema”, denunció la representante del CELS enumerando distintos casos que evidenciaban una situación de retroceso en materia de Derechos Humanos en los tres poderes del Estado.
La CIDH recibió a organismos de DDHH y asociaciones sindicales de la Argentina para evaluar denuncias sobre violaciones de DDHH cometidos en el país durante el actual gobierno de Cambiemos.
“El nuevo contexto político y los mensajes del Gobierno nacional también tuvieron eco en decisiones de la Corte Suprema y la Cámara Federal de Casación Penal y, en consecuencia, en algunos Tribunales Orales Federales”, continuó Iud. “El dato más relevante en este sentido es el fallo de la Corte, conocido como “Muiña”, que declaró aplicable a estos procesos la llamada “Ley del 2×1”. En ese fallo, la Corte omitió realizar el control de convencionalidad, violando así la prohibición de conmutación de penas para crímenes de lesa humanidad. El extendido repudio social forzó la rápida respuesta del Congreso Nacional y se dictó la Ley 27.362, una norma interpretativa que aclara que la regla del “2×1” no puede beneficiar a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad”, expuso. Luego se refirió a problemáticas como la lentitud del avance de las causas judiciales, la concesión de beneficios a imputados por delitos de lesa humanidad, la absolución de represores y apropiadores, la utilización del procesamiento del ex Jefe del Ejército César Milani como un logro propio del Gobierno, la situación de hostigamiento sufrida por defensores de derechos humanos, el ataque a la independencia de los fiscales –con particular referencia al intento de remoción de la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó-, y la falta de avances en la investigación por la desaparición de Julio López.
“Tal como hemos adelantado, estas regresivas decisiones judiciales o el debilitamiento de áreas clave del Poder Ejecutivo, no constituyen hechos aislados ni pueden comprenderse sin analizar el contexto en el que se producen”, prosiguió Carlotto. “Fueron resonantes las declaraciones de dos funcionarios públicos que relativizaron el número de desaparecidos y el alcance de la represión, con un discurso claramente negacionista. Ante el aniversario del golpe de Estado, el bloque de diputados del partido de gobierno asimiló la actividad de los organismos de Derechos Humanos a un “negocio”. Porque vemos con preocupación cómo desde las más altas esferas se promueve desandar el camino recorrido en estos 40 años de lucha, estamos una vez más recurriendo a esta Comisión buscando preservar lo conquistado y avanzar sobre lo pendiente”, concluyó, exigiendo que el gobierno de Mauricio Macri garantice la continuidad del proceso de memoria, verdad y justicia por crímenes de lesa humanidad en Argentina.
«La CIDH acaba de crear una Unidad para la Memoria, la Verdad y la Justicia como respuesta a las denuncias que planteamos», dijo Alan Iud, abogado de Abuelas.
A continuación, hizo su descargo la comitiva del Estado Nacional. “El Presidente de la Nación ha puesto como faro a la verdad, en virtud de que es un valor supremo, y a la justicia como un bien social que debe funcionar de forma independiente, como no ha ocurrido en los 12 años que precedieron a nuestra gestión. La agenda de derechos humanos -que denominamos ampliada- tiene como sostén fundamental a la memoria, el respeto, el encuentro, el diálogo y la inclusión. Memoria, verdad y justicia es política de Estado, a la que honramos con indicadores de eficiencia mayores a los heredados”, comenzó Avruj. “Reconocer el contexto de violencia del que emergió el terrorismo de Estado perpetrado por la última dictadura no significa en ningún sentido avalar la Teoría de los Dos Demonios. Nunca lo hemos hecho ni lo haremos. Los argentinos hemos demostrado en estos años de consolidación democrática, que no queremos volver a vivir el horror de la dictadura. Si se nos llama a responder sobre cifras, debemos reconocerle a la gestión anterior la creación en 2014 del Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado, el cual informa a la fecha 8.571 personas desaparecidas”, ratificó en justificación de la postura oficialista sobre la cantidad de detenidos desaparecidos durante la dictadura.
Por último, Francisco Eguiguren Praeli, Presidente de la Comisión y Relator para Argentina, remarcó la necesidad de unidad y trabajo conjunto entre ambas partes. “Los ministerios públicos tienen el deber de investigar, y el Poder Ejecutivo no puede influir ni cambiar sus conductas. Pero hay temas que son una verdad histórica, como la dictadura, las desapariciones y los crímenes de lesa humanidad. La Comisión está comprometida con eso y siempre lo estará. En ese sentido, es muy importante a partir de esta audiencia la creación de la Unidad de Memoria, Verdad y Justicia.”
Representantes de CTERA, ATE-Capital, SIPREBA, entre otras, denunciaron violaciones a los derechos de los trabajadores y persecuciones hacia los gremios por parte del gobierno de Mauricio Macri.
Al finalizar la audiencia, el abogado de Abuelas, Alan Iud, manifestó en diálogo con ANCCOM: “Planteamos en esta audiencia que las decisiones judiciales sobre causas de lesa humanidad son una de nuestras mayores preocupaciones, particularmente la implementación del 2×1 como se dio en el “fallo Muiña”. La CIDH acaba de crear una Unidad para la Memoria, la Verdad y la Justicia como respuesta a las denuncias que planteamos. Esto quiere decir que va a hacer un seguimiento directo sobre estos temas. Esperamos que nos sigan escuchando y que sigan de cerca la situación de los Derechos Humanos en Argentina para que, como dijo el Comisionado Paulo Vannuchi (de la CIDH), no haya regresionismos”, remarcó. Luego, en referencia a las declaraciones de funcionarios gubernamentales sobre la cifra de los desaparecidos, especialmente los recientes dichos de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, aduciendo que durante la década del setenta “ni los demonios eran tan demonios, ni los ángeles, tan ángeles”, agregó: “No deberíamos estar discutiendo estas cosas sino acelerando los procesos judiciales”. Y ante la creciente incertidumbre sobre el futuro de los derechos humanos en Argentina tras la victoria de Cambiemos en las elecciones legislativas, concluyó: “Las Abuelas y las demás organizaciones nos demostraron que, aun en los momentos más difíciles, se han sobrepuesto y han mantenido su lucha por la memoria, la verdad y la justicia”.
«Ante el aniversario del golpe de Estado, el bloque de diputados del partido de gobierno asimiló la actividad de los organismos de Derechos Humanos a un ‘negocio'», dijo Estela de Carlotto.
«Los ministerios públicos tienen el deber de investigar, y el Poder Ejecutivo no puede influir ni cambiar sus conductas», dijo Francisco Eguiguren Praeli, Presidente de la Comisión y Relator para Argentina.
Actualizado 25/10/2017
Oct 25, 2017 | Comunidad, inicio
El gobierno nacional anunció este mes la implementación de la Cobertura Universal de Salud (CUS). Esta reforma, según indicó desde Mendoza el ministro del área, Jorge Lemus, tiene el objetivo de garantizar el acceso a la salud de los 15 millones de argentinos que no cuentan con obra social o medicina prepaga. Además, se propone una mayor eficiencia en la atención, turnos telefónicos e historias clínicas únicas digitalizadas. Pero ¿qué hay detrás de este cambio de paradigma en la atención sanitaria y cuáles son las ventajas y los riesgos de su implementación?
En principio, hay que diferenciar los dos modelos de salud predominantes a nivel mundial. Uno, de origen británico, se denomina Beveridge y apuesta por la protección sanitaria universal y por un derecho irrestricto a la atención. Este modelo donde el Estado monopoliza la salud se aplica en países como España e Inglaterra. El modelo Bismarck, en cambio, tiene origen alemán y propone el pago de seguros con un grupo básico de prestaciones y servicios. Este régimen, que no ofrece protección universal, se utiliza en Suiza, en Alemania y, con algunas variantes, en Estados Unidos.
“En la Argentina tenemos una mezcla de todos los sistemas que existen en el mundo, pero desde 1946 siempre con el respaldo de un sistema público gratuito”, dice Nicolás Kreplak, médico sanitarista y ex viceministro de Salud de la Nación. Y agrega: “Desde los noventa, el Banco Mundial y la OMS recomiendan aplicar en toda América un sistema de seguros privatizado, similar al de Estados Unidos, donde se da una canasta básica de prestaciones y se agregan servicios según la capacidad de pago de cada uno”. Con la CUS, cada paciente tendrá asegurada cierta cantidad de estudios, diagnósticos o medicamentos por mes. Si supera ese monto, deberá abonarlos, ya sea en un hospital o en un centro de salud privado.
En efecto, el informe “Invertir en salud” del Banco Mundial, firmado en 1993, propone: “Si los gobiernos financiaran un conjunto de medidas de salud pública y servicios clínicos esenciales, el resto de los servicios de esta índole se podría cubrir mediante financiamiento privado, por lo general por la vía de los seguros”.
El proyecto de la CUS, del que solo hay escrito un Decreto de Necesidad y Urgencia, (908/2016) parece ir por este camino, aunque no se han explicitado las pautas ni las metas. “El decreto se hizo para capturar los ocho mil millones de los trabajadores, del resto no dice nada”, describe Kreplak. Se refiere a la financiación inicial de la CUS que percibirá ese monto proveniente de los ahorros de las obras sociales sindicales.
Marcelo Peretta, secretario de Previsión y Salud de las 62 Organizaciones Peronistas, es más optimista: “Pienso que es muy positivo que aquellos que no tienen una cobertura empiecen a recibir la misma atención que se da en un privado: servicios de 0800, Internet, médico de cabecera, receta electrónica, no hacer más colas, y otras cosas que permitan prestigiar al paciente. Eso es un avance grandísimo”, se entusiasma. Sin embargo, Claudio Capuano, titular de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos dice que la CUS parte de una falacia, que es la universalidad como novedad: “En nuestro país ya hay atención universal de la salud. Esto que quieren implementar es un seguro que va a limitar en prácticas, en acceso a medicamentos, es un recorte de derechos”.
En el mismo sentido se pronuncia Fernando Corsiglia, presidente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP): “La CUS es un intento de estratificación de acuerdo a la capacidad de pago. Socava el concepto de salud como derecho, como igualdad. Hoy, mal que mal, la respuesta está dada por la necesidad y no por la capacidad de acceso. En muchos territorios el sistema público es el único efector y resuelve la inmensa mayoría de los problemas de salud de la población. La CGT la apoya porque hay un acuerdo político, un intercambio”.
Guillermo Pacagnini, médico y secretario general de CICOP, dice que el anuncio fue solo “pirotecnia electoral”, pero que aún no hay nada concreto. “Solamente repartieron 120 mil carnets de pobreza, que desde ya es indigno. Es una obra social para pobres donde en vez de presupuestar la oferta y mejorar los hospitales, van a subsidiar la demanda y el centro de salud va a facturar de acuerdo a lo que atiende. Esto ya se aplicó en Colombia y México y terminaron con una reducción del 60 por ciento del sistema de salud público y aumentando casi al doble el gasto de bolsillo de los pacientes”. Por otro lado, acuerda con Corsiglia en que la disminución presupuestaria que se viene observando en los últimos años es la antesala de la privatización, tal como se hizo con los servicios públicos en los años noventa.
Kreplak subraya que lo que busca el gobierno de Macri, detrás de la CUS, es la creación por ley de la Agencia Nacional de Evaluación en Tecnologías de Salud (AgNET), cuyo proyecto ya está en el Congreso. Esta agencia se ocupara de definir qué y cuántas prestaciones, servicios y medicamentos formarán parte de la canasta básica universal, y cuáles quedarán afuera, forzando al paciente a pagar y provocando una competencia entre centros públicos y privados. “La AgNET va a basarse en una lógica de costo-beneficio, y en el artículo tercero dice que lo que no resulte efectivo no se incluirá en el plan. Ahí tenemos escrito, por primera vez en la Argentina, que habrá un paquete mínimo de prestaciones de salud”. La AgNET, además, va a definir los alcances del Plan Médico Obligatorio (PMO) de las obras sociales y prepagas, por lo cual éstas tienen especial interés en su creación para afrontar sus costos, ya que la inflación en salud que ha trepado a cerca del 100 por ciento mientras los salarios, y por ende el aporte, han sufrido un aumento sustancialmente menor.
Actualización 25/10/2017
Oct 25, 2017 | destacadas, Géneros
“En la primera denuncia que hice no tenía idea de cómo se hacía, tenía dos hijos chiquitos, de 4 y 5 años, no tenía con quien dejarlos así que salí y me fui a la comisaría. No sabía ni qué carajos estaba haciendo cuando le comenté al cana lo que quería hacer. Y encima andaba con un miedo terrible de que los chicos contaran donde habíamos estado; tuve que ir con ellos porque no tenía con quien dejarlos”. La que habla es Daniela, 45 años, víctima de violencia de género. Su historia es solo una entre tantas que existen, y la pregunta que se formuló es la de muchas: ¿Qué hacer? ANCCOM indagó en un recorrido institucional posible en la zona oeste del Conurbano.
“En el oeste está el agite”, dicen algunas frases pintadas en aerosol que retoman una canción de Divididos. Uno las puede ver desde el Ferrocarril Sarmiento, cuando está a punto de finalizar su recorrido en el partido de Moreno. En la estación cientos de personas van y vienen, miles de historias que circulan en silencio, tal vez queriendo ser escuchadas, tal vez queriendo ser rescatadas. Como la de Daniela, que cuenta: “Hubo un tiempo en que como él trabajaba en seguridad, tampoco quería hacer la denuncia pensando en que los chicos eran chiquitos y él podía llegar a perder la fuente de trabajo. Entonces, no hice una denuncia no pero sí una exposición, para que si pasaba algo por lo menos que la gente que después empezara a investigar supiera lo que en realidad ocurría, si es que llegaban a investigar y si es que pasaba algo”, dice.
El Programa Nacional Ellas Hacen, surgido en el año 2013, fue pensado para incluir a aquellas mujeres que atraviesan una situación de vulnerabilidad dentro de una iniciativa laboral y de formación. El programa prioriza principalmente a madres de familias numerosas, con hijos con discapacidad o víctimas de violencia de género, las ayuda a completar sus estudios y les brinda la oportunidad de formarse en algún oficio, como así también en diferentes temáticas como talleres de prevención de la violencia y salud sexual y reproductiva.
El Programa Nacional Ellas Hacen se convierte en una herramienta para el empoderamiento femenino al darles una oportunidad de independencia y realización personal. Foto Archivo ANCCOM.
La psicóloga e integrante del Ellas Hacen, Yanina García López, explica que “las mujeres que sufren violencia de género muchas veces tardan en hacer las denuncias, a veces hasta años, y por lo general es por miedo. Porque reciben amenazas, muchas veces no tienen dónde ir porque la casa que habitan es la que comparten con el victimario”. Por eso, el Programa se convierte en una herramienta para el empoderamiento femenino al darles una oportunidad de independencia y realización personal.
Micaela Guaricuyú, estudiante de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Moreno, trabaja hace cuatro años dentro del programa y explica: “Nosotras las acompañamos en todo el proceso; desde lo legal y lo personal, porque hay mujeres que por ahí una vez que denuncian no tienen adónde ir, o no tienen qué comer, o tienen problemas de salud. En esos casos las acompañamos al médico, como compañeras. Armamos un bolsón solidario de mercadería el cual hacemos rotar para las compañeras más necesitadas. También colaboramos con ropa, remedios y trabajamos con la salita barrial, tramitando los turnos para atender a esas mujeres o chicos que muchas veces también son golpeados.”
A pesar de que el programa esté orientado sobre todo a aquellas mujeres más vulnerables, no realiza un seguimiento de los casos, ni brinda un acompañamiento hacia las víctimas. Por esa razón, muchas de las cooperativistas del Ellas Hacen decidieron organizarse y fundar el Frente de Compañeras, hace cuatro años. “Organizamos reuniones donde no solo nos informamos sobre qué hacer sino también sobre los derechos de cada una, como así también cada vez que tenían que asistir al juzgado que le correspondía. Nosotras íbamos y las acompañábamos”, dice Guaricuyú, quien también comenta que el Frente logró agilizar la realización de los informes forenses de las víctimas, ya que el trámite en Moreno demoraba demasiado o, incluso, debían realizarse en el partido de General Rodríguez.
Daniela, después de intentar suicidarse, finalmente decidió denunciar a su abusador. Horas y horas en comisarías y fiscalías junto a sus hijos pequeños, soportando el destrato por parte de aquellos que debían protegerla. Hasta fue ella misma quien tuvo que notificarle a su golpeador que debía retirarse del domicilio.
Muchas de las cooperativistas del Ellas Hacen decidieron organizarse y fundar el Frente de Compañeras. Foto archivo ANCCOM.
“El programa Ellas Hacen fue el que me ayudó a darme cuenta de lo que estaba pasando, las vivencias, el empezar a relacionarme con otra personas, el empezar a escuchar, ir transitando. Me ayudó a darme cuenta de lo que estaba viviendo, me dio las herramientas y también me permitió armar el círculo de contención que pude armar. Por eso, también salí de mi casa, porque él no se iba… me fui y alquilé durante tres años”, recuerda.
En Moreno también está presente Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala). Ayelén Kelly, coordinadora zonal, dice: “Hemos sido parte del acompañamiento de varias mujeres en el distrito, hemos acompañado a Ailén y Marina, que son dos hermanas que estuvieron privadas de su libertad durante dos años por defenderse de un acosador en la calle, luchamos y exigimos su inmediata liberación.”
Las secuelas siempre las acompañan a las Danielas, tal como lo explica García López. “La violencia psicológica tarda mucho en sanarse, muchas veces pasan años y años y siguen teniendo pesadillas o teniendo miedos. Muchas veces tienen periodos buenos y después recaen en los miedos. Al llevar tanto tiempo se convierte como en una enfermedad crónica y las secuelas siempre están, yo creo que de por vida, solo que algunas por ahí no se ven tanto”, afirma.
Actualizado 24/10/2017
