Dic 14, 2017 | DDHH, Novedades
El colectivo Historias Desobedientes y con Faltas de Ortografía reúne a hijas, hijos y familiares represores por la memoria, verdad y justicia. “Liliana Furió (hija de un militar) me contactó por las redes sociales en mayo del año pasado y empezamos con esto juntas”, recordó Analía Kalinec, la hija del condenado a prisión perpetua Eduardo Emilio Kalinec, conocido como el Doctor K. “Pensamos que nadie más estaba pasando esa situación”, señaló.
“Si el Estado en su normativa interna tiene normas que prohíben y nulifican medios o fuentes de prueba debe cambiarlo”, dijo Pablo Verna.
Junto con Liliana, Analía comenzó a buscar a otros hijos e hijas de militares en las redes sociales. “Laura Delgadillo comentó en la nota de la hija de Etchecolatz, de la revista Anfibia, y es ahí donde la contacté”, recordó.
El 7 de noviembre pasado, el colectivo presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de reforma a los artículos 178 y 242 del Código Penal Procesal de la Nación “para que las prohibiciones, de esos artículos, de declarar y denunciar en contra de nuestros familiares, no corran para los crímenes de lesa humanidad”, explicó Pablo Verna, hijo de Julio Alejandro Verna, médico y ex capitán del Ejército. “Esas prohibiciones entran en conflicto con la obligación internacional que dice que en los crímenes contra la humanidad los Estados partes están obligados a investigar, juzgar y sancionar”, expone Verna y aclaró: “Si el Estado en su normativa interna tiene normas que prohíben y nulifican medios o fuentes de prueba debe cambiarlo, en esa medida se está incumpliendo”.
“Vemos que hay una intencionalidad política y un cambio de dirección en lo que se venía haciendo y en los logros que se fueron consiguiendo”, dijo Analía Kelinec sobre la política de DDHH actual.
El padre de Analía fue oficial ayudante de la Policía Federal. En 2015 quedó firme la condena a perpetua por participar en interrogatorios y torturas en los centros Atlético, El Banco y El Olimpo. “Crecí en una ignorancia total”, confesó la hija del Doctor K. La primera vez que el padre de Analía quedó detenido fue en 2005. “Hasta ese momento jamás lo había relacionado con la dictadura, estuve dos años diciendo que era todo mentira”, resaltó y agregó: “La última vez que lo vi, en Devoto, lo increpé, fue en 2008. Le dije que leí la causa y los testimonios y le pregunté si fue parte. Él me respondió: No, bueno fue una guerra y no es así como dicen, fueron siete mil. ¿Qué me estás diciendo?, le dije. No bueno, pero vos imaginate, nosotros sabíamos que alguien había puesto una bomba en un lugar y le teníamos que sacar información para salvar más vidas, dijo, intentando justificar las torturas. A partir de ahí no lo vi nunca más”.
En mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de aplicar lo que se conoce como “ley del dos por uno” a condenados por delitos de lesa humanidad. Otros en la misma condición, como Luis Patti, con doble condena a perpetua o Antonio Musa Azar, ex jefe de Inteligencia de la policía de Santiago del Estero, cuatro veces condenado, recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria. “Nos convocó el cambió de sentido en materia de derechos humanos que se viene impulsado desde el Gobierno”, enfatizó Analía Kalinec. “Nosotros vemos que hay una intencionalidad política y un cambio de dirección en lo que se venía haciendo y en los logros que se fueron consiguiendo”, opinó. Kalinec definió el fallo del dos por uno como un “intento fallido de una amnistía encubierta”. Pablo Verna define la situación como “el Happy Hour del horror”.
“A mi familia no le interesa escuchar lo que yo pienso sobre la última dictadura”, remarcó Kalinec. Y expresó que el mandato familiar es “aceptar lo que hizo su papá, que estuvo bien y defendió a la patria” o negar y “hacerte la tonta” y ratificó que ella no podía seguir ninguna de esas dos opciones.
“Me fui oponiendo a él a medida que pasaban los años y sucedían circunstancias muy dolorosas”, cuenta Bibiana Reibaldi.
Distinta es la historia de Bibiana Reibaldi. La dictadura-cívico militar comenzó cuando ella tenía 20 años y estudiaba Psicología en la Universidad de Buenos Aires. “Ya tenía un criterio formado, que no se parecía al de mi papá”, recuerda. Su padre, Julio Reibaldi, fue oficial de Inteligencia y analista. “Era el que ubicaba a las personas que después iban a secuestrar y organizaba los grupos que hacían esos trabajos”, detalló Reibaldi. En 1978 ella comenzó a estudiar psicopedagogía en la Universidad del Salvador. “Ya para esos años me daba mucha vergüenza explicar a qué se dedicaba mi padre”, agrega. “Me fui oponiendo a él a medida que pasaban los años y sucedían circunstancias muy dolorosas que ameritaban que yo tomara una posición contraria a su accionar”. Julio Reibaldi murió en 2002 sin ser juzgado penalmente.
Desde el colectivo luchan contra el mandato de silencio que sufrieron en la dictadura, y ahora en democracia continúa con la imposibilidad de denunciar penalmente a sus padres. “Era muy fuerte, no se hablaba en la familia de lo que pasaba”, señala Reibaldi. Para dejar de lado ese mandato, buscan reformar los artículos 178 y 242 del Código Procesal Penal de la Nación para poder aportar, judicialmente, a la memoria, la verdad y la justicia.
Actualizado 12/12/2017
Dic 6, 2017 | DDHH, Novedades
La algarabía una vez más en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo. En el barrio de Monserrat, este último martes al mediodía, los aplausos y las lágrimas no se hicieron esperar en un ambiente de respeto y emoción, cuando en el salón de conferencias la presidenta de la entidad, Estela de Carlotto, anunció el encuentro de una nueva nieta, la 126: “Le ponemos un número para que nos llene el corazón de crecimiento –sostuvo sonriente-. Esto es especial. Nos hemos encontrado con una mujer íntegra que recupera toda una historia”.
“Recibí un llamado de la CONADI y ahí me enteré de la feliz noticia. Se me completó la vida”, declaró Adriana.
La historia reconstruida es la de Adriana, hija de Violeta Graciela Ortolani y Edgardo Roberto Garnier, desaparecidos en la última dictadura cívico-militar. Es abogada, y nació en enero de 1977 durante el cautiverio de su madre. Su abuela, Blanca Díaz de Garnier, es oriunda de Concepción del Uruguay, al igual que su padre. “No esperaba tener esta alegría. Veía recuperar a otros nietos y me decía ‘a mí nunca me toca´. Más gozo no puedo pedir”, declaró Blanca, quien a sus 86 años y a pesar de no haber podido estar presente en la conferencia, sí pudo comunicarse telefónicamente con su nieta restituida.
Adriana contó que en cuanto se enteró de que no era hija biológica de sus padres, al poco tiempo acudió a Abuelas para saber si su identidad se vinculaba a desaparecidos, debido a su fecha de nacimiento en plena dictadura militar. Desde la entidad fue luego derivada a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), con el fin de poder completar su documentación y realizar el análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
Su partida de nacimiento falsa fue firmada por la médica Juana Franevich, quien ya había falsificado las partidas de otros tres nietos recientemente recuperados. “Recibí un llamado de la CONADI este lunes y ahí me enteré de la feliz noticia de la que ya todos saben. Se me completó la vida”, declaró Adriana en rueda de prensa, acompañada por un gran número de familiares de sus padres, además de compañeros de militancia, e integrantes históricas de Abuelas de Plaza de Mayo. “Con 40 años, nunca se me cruzó la posibilidad de volver a decir abuela”, agregó emocionada.
«Nos hemos encontrado con una mujer íntegra que recupera toda una historia”, dijo Estela de Carlotto.
Su padre, Edgardo Roberto Garnier, nació el 7 de agosto de 1955 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Simpatizante de Independiente, inquieto y curioso, fue a la escuela Nº1 Nicolás Avellaneda, y a los 17 años ingresó en la Universidad de la Plata para estudiar Ingeniería Electromecánica. “Ya de niño era muy ingenioso: desarmó y volvió a armar su primera bicicleta”, contó Estela de Carlotto en el comunicado de la conferencia de Abuelas. Edgardo militó en la JP, y conoció a su futura esposa, Violeta, militando en el Fondo de Apoyo de la Educación Pública (FAEP); luego ambos militaron en la agrupación Montoneros. Sus compañeros de militancia llamaban “La Viole”, a Violeta, y “La vieja Bordolino” o “El viejo” a Edgardo.
Violeta Graciela Ortolani nació el 11 de octubre de 1953 en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, a los tres años su madre falleció, por lo que fue criada por una tía en Bolívar. La joven, católica practicante, era charlatana y vivaz. Obtuvo una beca y también viajó a La Plata para estudiar Ingeniería Química, mientras paralelamente trabajaba como mucama en el Hospital de Niños. Además de haber militado junto con Edgardo, Violeta también militó en la Juventud Peronista. Años después y embarazada de tres meses, se casó con Edgardo el 7 de agosto de 1976 en una celebración llevada a cabo en Bolívar. Pensaron llamar Vanesa al bebé si llegase a ser nena, y Enrique o Marcos en caso de que fuese varón.
Violeta fue secuestrada el 14 de diciembre de 1976 en el Barrio La Granja, La Plata. Ella estaba embarazada de ocho meses cuando sucedió. A partir de ese momento, Edgardo emprendió una larga búsqueda y llegada la fecha próxima al parto, culminó despidiéndose y sosteniendo que iba a buscar a su hijo. Finalmente, fue secuestrado el 8 de febrero de 1977 en La Plata. Luego de los sucesos, no se supo más nada de la pareja ni se tuvo alguna prueba fidedigna del bebé que esperaban.
«Edgardo y Violeta están acá. Ellos son quienes causaron todas estas lágrimas de enorme alegría”, dijo Silvia Garnier, tía de Adriana.
Empero, la búsqueda de sus familiares nunca cesó y las denuncias fueron rápidamente tomadas en Abuelas de Plaza de Mayo. A ellos se les sumó la valentía de Adriana para buscar respuestas, aún luego de haber vivido casi toda una vida repleta de incógnitas e incertidumbres, sabiendo que podría ser de ayuda para quienes hayan vivido situaciones similares. “Si mi testimonio – comentó Adriana- puede ayudarles a dar algún empujoncito a quienes tienen alguna duda sobre su identidad, bueno, para ellos lo hago. Primero comparto mi felicidad con todos ustedes, y después si puedo ayudar, bienvenido sea”.
La postal en la conferencia en la sede de Virrey Cevallos fue la de Adriana acompañada de numerosas personas. Entre ellas se encontraba su tía Silvia Garnier, quien declaró al borde constante de las lágrimas: “La responsabilidad de todos nosotros es saber que mientras nosotros estemos, ellas -en referencia a Abuelas- van a estar. Y también Edgardo y Violeta están acá. Ellos son quienes causaron todas estas lágrimas de enorme alegría”, agregó la tía de Adriana, a quien abrazó fuertemente.
Además de familiares y compañeros de militancia de los padres, Adriana estuvo acompañada y asesorada por el Secretario Ejecutivo de la CONADI, Manuel Gonçalves Granada. En diálogo con ANCCOM, Gonçalves resaltó: “Estos encuentros no hacen más que demostrar que hay que seguir trabajando con la verdad. Todos los niños robados durante la dictadura, adultos cercanos a los 40 años, tienen derecho a saber su identidad, al igual que las familias que los esperan. A partir de ahí, ambos tendrán un hermoso camino por recorrer, junto a la verdad y en vínculos que no deberían haberse roto nunca”.
“Estos encuentros no hacen más que demostrar que hay que seguir trabajando con la verdad», declaró Manuel Gonçalves Granada, Secretario Ejecutivo de la CONADI.
Sobre el final de la jornada los cánticos sobre verdad, memoria y justicia por los desaparecidos en democracia se hicieron eco en todo el recinto, al compás de un respetuoso silencio y aplausos al unísono. Medios avasallantes desmantelaron el lugar haciendo a un lado sus incómodas cámaras, y el barullo periodístico se hizo sonar. Sin embargo, la noticia del encuentro de la nieta 126, condecoró una feliz jornada que concluyó en la quinta nieta recuperada en lo que va del año, y un nuevo desafío para quienes hayan sido interpelados por las transparentes y sentidas palabras de Adriana y sus familiares: su lucha y las de Abuelas en favor de la identidad.
Como dijo Adriana, una prueba más de que el amor vence al odio.
Actualizado 06/12/2017
Nov 15, 2017 | DDHH, inicio
El juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad por los que están acusados Eduardo Alfonso y Rafael Félix López Fader tuvo este martes la presentación de los alegatos de la Fiscalía; el próximo martes será el turno de las defensas de los imputados. La Fiscalía, al igual que las querellas que representan a Abuelas de Plaza de Mayo y a las familias de las víctimas, pidió prisión perpetua para el ex General de Brigada Eduardo Alonso, acusado del asesinato de Domingo García y la desaparición de Beatriz Recchia, embarazada de cinco meses; y la misma pena para el ex Capitán del Departamento de Inteligencia del Comando de Institutos Militares Rafael López Fader, imputado por su participación en el secuestro, tortura y homicidio del ex diputado nacional Diego Muniz Barreto y de tentativa de homicidio de su secretario Juan José Fernández
A las 10 de la mañana ingresaron los acusados a la sala. Alfonso pareciera no comprender aún la gravedad de su situación y los delitos que se le imputan, así como tampoco sus amigos, que al verlo pasar por la puerta del tribunal, lo vitorean, en voz baja, haciendo ademanes con la mano como si estuvieran festejando una hazaña.
La audiencia comenzó con una contextualización de los hechos de ambos casos. El secretario de la Fiscalía dijo que el arma elemental usada en el plan sistemático de eliminación de la subversión fue la inteligencia basada en la extracción de información a través del secuestro, tortura y disposición final de las personas, es decir su ejecución y la posterior desaparición de los cuerpos. “No existía otra operación en esa época que no tuviera que ver con dicho plan. Las planas mayores de la jefatura, los comandos, cada uno de los departamentos y escuelas, tenían distribuidas determinadas tareas en función del cumplimiento del plan. De ahí se desprende la importancia de los oficiales de operaciones en la ejecución de cada uno de los hechos como los que hoy se están juzgando”, amplió. Tanto en el caso García-Recchia como en el del ex diputado Diego Muniz Barreto tuvo participación el Área de Inteligencia.
Eduardo Alfonso rechazó las imputaciones en su contra. Dijo que no participó en el hecho y que no estuvo en el lugar
El fiscal Marcelo García Berro comenzó su alegato manifestando su coincidencia con todo lo expuesto por las querellas. Luego nombró a todos los condenados por la participación del secuestro y desaparición de víctimas embarazadas, entre las que se encontraba Beatriz Recchia, en el marco del juicio conocido como “Plan Sistemático de Apropiación de Menores”: Santiago Omar Riveros, Reynaldo Bignone, Luis Sadi Pepa y Carlos Eduardo José Somoza. “Hoy nos toca juzgar a Eduardo Alfonso porque cuando se hizo aquel juicio, el señor estaba prófugo”, dijo García Berro. Las pruebas que demuestran la participación de Alfonso en los hechos fueron las mismas mencionadas por las querellas de Abuelas de Plaza de Mayo y la Secretaría de Derechos Humanos, tanto Nacional como Provincial. Entre ellas figuraban las constancias médicas y los legajos personales del ex Teniente primero Raúl Fernando Delaico y Alfonso, el reclamo administrativo de Delaico, las condecoraciones a ambos por su desempeño en el operativo de Villa Adelina, las notas periodísticas de la época, el Boletín Oficial militar y las declaraciones de los vecinos de las víctimas. Alfonso rechazó las imputaciones en su contra. Dijo que no participó en el hecho y que no estuvo en el lugar, alegó que estaba con Delaico realizando un control vehicular en Villa Adelina en el que resultó herido. Sin embargo, el descargo que realizó Delaico no coincidió con la declaración del imputado. “De las pruebas del juicio surge que Alfonso mintió sobre su declaración indagatoria, sus dichos resultaron inconsistentes y no explicó cómo es que se encontraba realizando tareas rutinarias fuera de su jurisdicción, siendo oficial de contrainteligencia destinados a tareas especiales”, dijo el fiscal.
En base a los argumentos expuestos, la Fiscalía pidió prisión perpetua para Eduardo Alfonso bajo los cargos de allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad cometida por abusos funcional y agravada por el uso de violencia y amenazas, cometidas en perjuicio de Juliana Inés García y de Beatriz Recchia y homicidio agravado con el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Antonio Domingo García y Beatriz Recchia. Esto es una novedad, ya que es la primera parte querellante que acusa a Eduardo Alfonso de la coautoría del homicidio de la desaparecida Beatriz Recchia. También pidió que se considerase como agravantes la multiplicidad de homicidios, el plan perverso de apropiación de la beba que llevaba en su vientre Beatriz Recchia, para el cual se la mantuvo cautiva dentro del campo de concentración hasta el momento del parto, para luego asesinarla.
La Fiscalía pidió la prisión perpetua para Rafael López Fader por coautoría en la privación ilegal directa de la libertad.
En el caso contra López Fader, la Fiscalía afirmó: “Con las pruebas producidas durante el juicio se ha probado la directa intervención de Rafael López Fader como integrante del Departamento Nº2 de Inteligencia, funcional al plan sistemático empleado por las Fuerzas Armadas”. El acusado declaró en dos oportunidades negándose a responder preguntas que no fueran formuladas por su abogado. “Para el 6 de marzo de 1976 trabajaba en el Comando de Institutos Militares con la categoría de Teniente Primero, era instructor de tropa y oficial de servicio que tenía a su cargo tareas como cortar el pasto y arreglar los alambrados. Yo no soy de inteligencia, trabajé desde el 73 hasta el 79 como oficial experto en tropas especiales”, declaró Fader. La Fiscalía cuestionó esa declaración y manifestó que el imputado omitió su paso por el Área de Inteligencia en Campo de Mayo y su amplia carrera en la especialidad, sin embargo existe prueba documental y testimonial que lo coloca en ese destino ejecutando la especialidad. “Esto no se debe a una falta de memoria, ya que su paso por ese lugar ha marcado significativamente su trayectoria militar”, subrayó. Entre las pruebas se encuentran el legajo personal del acusado, un reclamo administrativo que inició el propio imputado por cuestiones económicas, en el que él mismo dice haber sido designado en el Comando de Institutos Militares del Departamento de Inteligencia; también el informe del programa “Verdad y Justicia” y la firma de López Fader en una evaluación a un suboficial de Inteligencia en calidad de jefe y capitán de Contrainteligencia. “Está ampliamente acreditado que López Fader se desempeñó del 77 al 79 en la División de Contrainteligencia de Departamento Nº 2 como el tercero en jerarquía. Ocupó al momento de los hechos una función esencial dentro del esquema represivo del Comando Institutos Militares. Por lo tanto, se le confiere un rol activo en los hechos que se le imputan como coautor y debe ser investigado por hechos similares y si corresponde enjuiciarlo”, concluyó.
Como resultado del análisis de las pruebas presentadas, la Fiscalía también pidió la prisión perpetua para Rafael López Fader por coautoría en la privación ilegal directa de la libertad cometida por abuso funcional y agravado con uso de violencia y amenazas, tormentos y homicidio agravado con el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Diego Muñiz Barreto. Y consideró como agravantes el sadismo aplicado a las víctimas, tanto dentro del centro de detención clandestino como durante el recorrido que tuvieron cuando fueron llevados para su eliminación en la provincia de Entre Ríos.
Querellantes en el juicio contra los represores del Ejército Rafael López Fader y Eduardo Alfonso
Tanto en el caso contra Fader como en el de Alfonso se pidió que se incluyeran como agravantes las consecuencias generadas a los hijos y a los familiares de las víctimas por los hechos comprobados. La Fiscalía consideró que dada las gravísimas modalidades desplegadas y los roles que los imputados desempeñaron en los hechos no encontraron atenuante alguno para con los acusados.
El próximo martes 21 de noviembre será el turno de los alegatos de la defensa, las réplicas y duplicas. La sentencia por parte del juzgado está prevista para el viernes 24 de noviembre.
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Leé las coberturas de las audiencias anteriores:
Abuelas de Plaza de Mayo pidió prisión perpetua para Eduardo Alfonso
Cuando la dictadura plantó un cuerpo en un río
“Los hechos traumáticos no se olvidan”
Más pedidos de perpetua
Actualizado 15/11/2017
Nov 8, 2017 | DDHH, inicio
El juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad por los que están acusados Eduardo Alfonso y Rafael Félix López Fader tuvo este martes la presentación de los alegatos de las querellas de las secretarías de Derechos Humanos de Nación y de la Provincia de Buenos Aires. También de Pablo Llonto, el letrado de la familia Muniz Barreto, víctima de López Fader. Todas las querellas, como ya lo había hecho la de Abuelas de Plaza de Mayo en la audiencia anterior, pidieron prisión perpetua para los dos imputados.
El abogado Pablo Llonto, representante de los hijos de Diego Muniz Barreto en la causa contra Rafael Félix López Fader, inició su alegato con el paralelismo entre genocidios: “Así como la Alemania nazi nos transporta al horror de los hornos crematorios, la dictadura argentina nos lleva a las víctimas arrojadas al mar o a un río, como fue el caso de Barreto”. El abogado aseguró que este tipo de delitos no fueron el accionar de una sola persona, sino que fueron un plan común ideado por varios agentes efectivos y agregó que dichas operaciones fueron llevadas a cabo por especialistas de la muerte entre los que se encontraba López Fader. “Participó voluntariamente y conscientemente. Él tuvo el poder en sus manos en cada hecho”, agregó.
Llonto afirmó que la materialidad de los tres hechos -privación ilegítima de la libertad, tormentos y el homicidio en perjuicio de Barreto- ya se encuentran probadas. Por este motivo se dedicó a desmantelar las declaraciones de López Fader contrastándolas con las pruebas recabadas. Llonto se remitió a las pruebas que ubican al acusado no solo en los lugares físicos de los hechos que se juzgan en este caso, sino también en un puesto jerárquico y de decisión. Una de las pruebas es un reclamo administrativo que inició el propio imputado por cuestiones económicas en el que él mismo dice haber sido designado en el Comando de Institutos Militares bajo las órdenes del Jefe del centro clandestino de detención, el Campito. “Incluso en ese reclamo menciona con orgullo una felicitación que había recibido por parte de un oficial por su participación en el Operativo Independencia, quién supuestamente le habría dicho que si tuvieran más agentes como él las Malvinas no estarían en manos de los ingleses”, describió el letrado. Llonto también mencionó como prueba una firma de López Fader como parte de Inteligencia del Ejército en una evaluación a un suboficial.
ARCHIVO – Juicio contra los represores del Ejército Rafael López Fader y Eduardo Alfonso. Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín.
Entre las pruebas más contundentes figuran la identificación del acusado por parte de tres testigos: el ex sargento primero Víctor Armando Ibáñez, un conscripto que declaró haberle entregado al ex capitán López Fader a Diego Muniz Barreto y Héctor Michelena, testigo que declaró por videoconferencia la semana pasada, quien afirmó haber estado presente durante el planeamiento de un ataque contra la revista Estrella Roja y ubicó en esa escena a López Fader como uno de los jefes con el rango de Capitán por las insignias que llevaba en su uniforme. Llonto también destacó las coincidencias entre las descripciones físicas que hizo el sobreviviente, Fernández, con la apariencia del acusado.
Según el abogado querellante todo lo presentado desecha los argumentos de la defensa de López Fader, quien se presentó como un modesto cortador de pasto y reparador de alambrados, que nunca formó parte del Departamento de Inteligencia en Campo de Mayo, ni de la lucha contra la subversión. Sin embargo, López Fader pidió ser incluido en la Ley de Punto Final y Obediencia Debida reconociendo en ese momento que participó en tareas represivas. “Fader fue una pieza decisiva en la lucha contra la subversión. Integró grupos de tareas, patotas y grupos especializados que cometieron los mayores horrores en Campo de Mayo, incluyendo el secuestro, los tormentos y el asesinato de Diego Muniz Barreto”, detalló.
“La función del Campito era ser un centro de detención clandestino, no funcionaba para otra cosa. Es decir que ya sea como interrogador, operativo o como el encargado de trasladar rumbo a la muerte a los detenidos, ese era el escenario de accionar de López Fader. Fader era un hombre de Inteligencia, lo cual implicó el conocimiento y su disposición para todos los métodos utilizados en el Campito para la obtención de información de los compañeros secuestrados llevándolos al máximo sufrimiento para lograr el cometido y luego eliminarlos”, dijo Llonto. Finalmente el abogado pidió la prisión perpetua para López Fader por coautoría en la privación ilegal directa de la libertad cometida por abuso funcional y agravado por el uso de violencia y amenazas, tormentos y homicidio agravado con el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Diego Muniz Barreto. El abogado realizó dos solicitudes, la primera fue que el acusado sea dado de baja del Ejército, una vez que la sentencia quede firme. La segunda tiene que ver con el lugar de cumplimiento de la pena, se pidió que no fuera en prisiones militares, ni ex centros clandestinos, sino Prisiones del Servicio Penitenciario Federal.
En el mismo sentido, Ciro Annicchiarico que representa la querella por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dijo respecto al caso de Diego Muniz Barreto que el acusado López Fader integró el Comando de Institutos Militares que operó en el centro clandestino el Campito. Ciro Annicchiarico aclaró que si bien Fader alegó que no concluyó el curso de Inteligencia, éste figura -en las pruebas que detalló Llonto- como oficial de Inteligencia. Y subrayó que quienes ejercían ese rol eran los interrogadores que sacaban información a los detenidos bajo torturas. El abogado expuso un alegato similar al de Llonto y también pidió la prisión perpetua para López Fader. Y solicitó que no se le considere atenuantes por el desprecio al dolor de las víctimas, pero sí como agravante el intento de amedrentar al testigo Michelena con el pedido de careo que fue denegado por el Tribunal. «Era obvio que el careo era para quebrar al testigo”, advirtió.
ARCHIVO – Pablo Llonto, querellante en la causa.
Maxi Chichizola, como querellante por parte de la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, planteó que es indistinto que López Fader haya sido separado del Departamento de Inteligencia -prueba que presentó la defensa del acusado- porque lo que importa es lo que hizo durante su desempeño como capitán entre los años 1973 y 1976 dentro de esa dependencia. El resto de los alegatos y el pedido de la pena para este caso coincidió con las restantes partes querellantes. Por último, el abogado Chichizola convocó a que se inicie una investigación sobre la participación de Fader en la totalidad de los casos que ocurrieron en el centro clandestino el Campito.
Respecto al caso García-Recchia -el otro que investiga en este proceso el Tribunal- en contra del acusado Eduardo Alfonso, Ciro Annicchiarico aclaró que hace suyos los argumentos que ya nombró en la audiencia anterior el abogado Alan Iud en representación de Abuelas de Plaza de Mayo y de la hija de las víctimas, Juliana García Recchia. Afirmó que Eduardo Alfonso cumplió funciones entre 1976 y 1983, siendo partícipe de la maquinaria represiva antisubversiva. Entre los principales argumentos que expuso la querella figuró la inexistencia de otro operativo en Villa Adelina la madrugada en que fue asesinado Domingo García y secuestradas Juliana y su madre Beatriz, embarazada de cinco meses. Tampoco hubo otro herido de bala ingresado en Campo de Mayo, argumentó la querella, en referencia a la coartada desplegada por Alfonso, quien aseguró que la herida que él mismo recibió fue en el marco de un operativo de tránsito supuestamente acontecido en el mismo momento en que ocurría la matanza en la casa de la familia García Recchia.
El abogado Annicchiarico cuestionó la declaración del médico militar Agustín Masllorens porque las referencias que utilizó al analizar las heridas de Alfonso fueron indirectas, cuyo único fin fue crear una coartada defensiva para Alfonso. También planteó que el argumento, utilizado por la defensa de Alfonso, basado en la diferencia entre el horario de defunción de Domingo Antonio García y la herida de bala del acusado carece de entidad, como tampoco se puede comprobar que la herida que el acusado recibió la hubiese provocado un tirador desde una motocicleta. Por último, la querella subrayó que en el legajo de Alfonso figura que estuvo con parte de enfermo por 68 días tras haber sido herido en operaciones. «Una distinción honorífica con entrega de una medalla por herido en combate por las operaciones en Villa Adelina, no cabe de ningún modo para alguien que hubiese sido herido realizando un control de tránsito», conjeturó Annicchiarico basándose en el informe hecho por Stella Segado, testigo en el debate oral. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió pena de prisión perpetua para Alfonso bajo los cargos de allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad cometida por abusos funcional y agravada por el uso de violencia y amenazas cometidas en perjuicio de Juliana Inés García y de Beatriz Recchia y homicidio agravado con el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Antonio Domingo García.
La Secretaría de Derechos Humanos bonaerense coincidió tanto en los argumentos que expuso la Secretaría de Nación como en el pedido de prisión perpetua para Alfonso. Maximiliano Chichizola agregó, a lo dicho anteriormente por la querella de Nación, que en la declaración en la que figura el ex Teniente primero Raúl Fernando Delaico como condecorado por haber sido herido en un episodio de combate armado contra terroristas subversivos en Villa Adelina “el otro condecorado de esa madrugada fue Alfonso», conjeturó. Por último pidió que la declaración de Alfonso sea rechazada por falaz.
En la próxima audiencia que se realizará el martes 14 de noviembre finalizarán los alegatos de la querellas con los argumentos de la Fiscalía. Se prevé que para el martes 21 se presenten los alegatos de la defensa de ambos acusados y el viernes 24 concluya el juicio con la sentencia dictada por el tribunal.
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Leé las coberturas de las audiencias anteriores:
Abuelas de Plaza de Mayo pidió prisión perpetua para Eduardo Alfonso
Cuando la dictadura plantó un cuerpo en un río
«Los hechos traumáticos no se olvidan»
Actualizado 08/11/2017
Oct 25, 2017 | DDHH, inicio
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en estos días lleva a cabo su 165º período de sesiones extraordinarias en Montevideo, Uruguay, recibió este martes a organismos de Derechos Humanos y asociaciones sindicales de la Argentina para evaluar denuncias sobre violaciones de Derechos Humanos cometidos en el país durante el actual gobierno de Cambiemos. “Vemos con preocupación cómo desde las más altas esferas se promueve desandar el camino recorrido en estos 40 años de lucha, estamos una vez más recurriendo a esta Comisión buscando preservar lo conquistado y avanzar sobre lo pendiente”, manifestó Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, ante la Comisión. El Estado Nacional hizo su descargo representado por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el Director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa de la Nación, Jorge Szeinfeld. “Rechazamos toda malintencionada imputación de indiferencia, negacionismo y vaciamiento”, dijo el secretario y aseguró que el gobierno es “víctima de una campaña de desprestigio”.
La audiencia pública comenzó a las 9.45 en el Palacio Legislativo de Montevideo. Entre los impulsores de la reunión se encontraban la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT), las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA); los principales organismos de Derechos Humanos y decenas de agrupaciones sindicales. En primer lugar, se trataron cuestiones relacionadas a la situación de los derechos laborales y gremiales, donde representantes de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Asociación de Trabajadores del Estado-Capital (ATE-Capital), Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), entre otras, denunciaron violaciones a los derechos de los trabajadores y persecuciones hacia los gremios por parte del gobierno de Mauricio Macri. Más tarde, se debatieron problemáticas sobre derecho a la memoria, verdad y justicia por crímenes de lesa humanidad en Argentina. Allí participaron Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el CELS, H.I.J.O.S.- Capital, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), entre otros. A través de la lectura de un documento a cargo de Luz Palma Zaldúa, coordinadora del Área de Memoria, Verdad y Justicia del CELS; Estela de Carlotto y Alan Iud, coordinador del equipo jurídico de esa Abuelas, los organismos plantearon sus preocupaciones. “El proceso de juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina es una referencia a nivel regional”, comenzó Palma Zaldúa. “Sin embargo, este progresivo avance en el proceso de memoria, verdad y justicia se vio fuertemente afectado desde el inicio del gobierno del presidente Mauricio Macri, pues desde entonces distintos funcionarios promovieron un discurso público que relativiza la gravedad del terrorismo de Estado, llegando al negacionismo, y se debilitaron o desmantelaron dependencias del Poder Ejecutivo Nacional que contribuían con las investigaciones judiciales. Este contexto tuvo su correlato en el Poder Judicial, especialmente en la Corte Suprema”, denunció la representante del CELS enumerando distintos casos que evidenciaban una situación de retroceso en materia de Derechos Humanos en los tres poderes del Estado.
La CIDH recibió a organismos de DDHH y asociaciones sindicales de la Argentina para evaluar denuncias sobre violaciones de DDHH cometidos en el país durante el actual gobierno de Cambiemos.
“El nuevo contexto político y los mensajes del Gobierno nacional también tuvieron eco en decisiones de la Corte Suprema y la Cámara Federal de Casación Penal y, en consecuencia, en algunos Tribunales Orales Federales”, continuó Iud. “El dato más relevante en este sentido es el fallo de la Corte, conocido como “Muiña”, que declaró aplicable a estos procesos la llamada “Ley del 2×1”. En ese fallo, la Corte omitió realizar el control de convencionalidad, violando así la prohibición de conmutación de penas para crímenes de lesa humanidad. El extendido repudio social forzó la rápida respuesta del Congreso Nacional y se dictó la Ley 27.362, una norma interpretativa que aclara que la regla del “2×1” no puede beneficiar a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad”, expuso. Luego se refirió a problemáticas como la lentitud del avance de las causas judiciales, la concesión de beneficios a imputados por delitos de lesa humanidad, la absolución de represores y apropiadores, la utilización del procesamiento del ex Jefe del Ejército César Milani como un logro propio del Gobierno, la situación de hostigamiento sufrida por defensores de derechos humanos, el ataque a la independencia de los fiscales –con particular referencia al intento de remoción de la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó-, y la falta de avances en la investigación por la desaparición de Julio López.
“Tal como hemos adelantado, estas regresivas decisiones judiciales o el debilitamiento de áreas clave del Poder Ejecutivo, no constituyen hechos aislados ni pueden comprenderse sin analizar el contexto en el que se producen”, prosiguió Carlotto. “Fueron resonantes las declaraciones de dos funcionarios públicos que relativizaron el número de desaparecidos y el alcance de la represión, con un discurso claramente negacionista. Ante el aniversario del golpe de Estado, el bloque de diputados del partido de gobierno asimiló la actividad de los organismos de Derechos Humanos a un “negocio”. Porque vemos con preocupación cómo desde las más altas esferas se promueve desandar el camino recorrido en estos 40 años de lucha, estamos una vez más recurriendo a esta Comisión buscando preservar lo conquistado y avanzar sobre lo pendiente”, concluyó, exigiendo que el gobierno de Mauricio Macri garantice la continuidad del proceso de memoria, verdad y justicia por crímenes de lesa humanidad en Argentina.
«La CIDH acaba de crear una Unidad para la Memoria, la Verdad y la Justicia como respuesta a las denuncias que planteamos», dijo Alan Iud, abogado de Abuelas.
A continuación, hizo su descargo la comitiva del Estado Nacional. “El Presidente de la Nación ha puesto como faro a la verdad, en virtud de que es un valor supremo, y a la justicia como un bien social que debe funcionar de forma independiente, como no ha ocurrido en los 12 años que precedieron a nuestra gestión. La agenda de derechos humanos -que denominamos ampliada- tiene como sostén fundamental a la memoria, el respeto, el encuentro, el diálogo y la inclusión. Memoria, verdad y justicia es política de Estado, a la que honramos con indicadores de eficiencia mayores a los heredados”, comenzó Avruj. “Reconocer el contexto de violencia del que emergió el terrorismo de Estado perpetrado por la última dictadura no significa en ningún sentido avalar la Teoría de los Dos Demonios. Nunca lo hemos hecho ni lo haremos. Los argentinos hemos demostrado en estos años de consolidación democrática, que no queremos volver a vivir el horror de la dictadura. Si se nos llama a responder sobre cifras, debemos reconocerle a la gestión anterior la creación en 2014 del Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado, el cual informa a la fecha 8.571 personas desaparecidas”, ratificó en justificación de la postura oficialista sobre la cantidad de detenidos desaparecidos durante la dictadura.
Por último, Francisco Eguiguren Praeli, Presidente de la Comisión y Relator para Argentina, remarcó la necesidad de unidad y trabajo conjunto entre ambas partes. “Los ministerios públicos tienen el deber de investigar, y el Poder Ejecutivo no puede influir ni cambiar sus conductas. Pero hay temas que son una verdad histórica, como la dictadura, las desapariciones y los crímenes de lesa humanidad. La Comisión está comprometida con eso y siempre lo estará. En ese sentido, es muy importante a partir de esta audiencia la creación de la Unidad de Memoria, Verdad y Justicia.”
Representantes de CTERA, ATE-Capital, SIPREBA, entre otras, denunciaron violaciones a los derechos de los trabajadores y persecuciones hacia los gremios por parte del gobierno de Mauricio Macri.
Al finalizar la audiencia, el abogado de Abuelas, Alan Iud, manifestó en diálogo con ANCCOM: “Planteamos en esta audiencia que las decisiones judiciales sobre causas de lesa humanidad son una de nuestras mayores preocupaciones, particularmente la implementación del 2×1 como se dio en el “fallo Muiña”. La CIDH acaba de crear una Unidad para la Memoria, la Verdad y la Justicia como respuesta a las denuncias que planteamos. Esto quiere decir que va a hacer un seguimiento directo sobre estos temas. Esperamos que nos sigan escuchando y que sigan de cerca la situación de los Derechos Humanos en Argentina para que, como dijo el Comisionado Paulo Vannuchi (de la CIDH), no haya regresionismos”, remarcó. Luego, en referencia a las declaraciones de funcionarios gubernamentales sobre la cifra de los desaparecidos, especialmente los recientes dichos de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, aduciendo que durante la década del setenta “ni los demonios eran tan demonios, ni los ángeles, tan ángeles”, agregó: “No deberíamos estar discutiendo estas cosas sino acelerando los procesos judiciales”. Y ante la creciente incertidumbre sobre el futuro de los derechos humanos en Argentina tras la victoria de Cambiemos en las elecciones legislativas, concluyó: “Las Abuelas y las demás organizaciones nos demostraron que, aun en los momentos más difíciles, se han sobrepuesto y han mantenido su lucha por la memoria, la verdad y la justicia”.
«Ante el aniversario del golpe de Estado, el bloque de diputados del partido de gobierno asimiló la actividad de los organismos de Derechos Humanos a un ‘negocio'», dijo Estela de Carlotto.
«Los ministerios públicos tienen el deber de investigar, y el Poder Ejecutivo no puede influir ni cambiar sus conductas», dijo Francisco Eguiguren Praeli, Presidente de la Comisión y Relator para Argentina.
Actualizado 25/10/2017
