Oct 17, 2017 | DDHH, inicio
El juicio a los represores de la dictadura Eduardo Alfonso y Rafael Félix López Fader inició ayer su segunda audiencia con el testimonio de Juana, la hija del diputado nacional, Diego Muniz Barreto. El legislador fue víctima de un operativo de la última dictadura cívico-militar, comandado por Fader, ex Capitán del Departamento de Inteligencia del Comando de Institutos Militares. Luego del secuestro, el 16 de febrero de 1977, el diputado y su secretario Juan José Fernández fueron arrojados al río, simulando un accidente automovilístico, en marzo del mismo año. Juana comenzó su declaración con lo más íntimo de su historia, en la que lleva 40 años pidiendo justicia. «Cuando tenía 8 años entré a la Escuela de Ballet del Teatro Colón. Mi papá me decía que iba a bailar como Margot Fonteyn, ya me veía como primera bailarina del ballet de Londres. Él hacía planes para que yo viajara y pudiera hacer mi carrera allá. Cuando tuve mi primera función, a los 10 años, entró un señor al camarín, que compartía con mis compañeras, con un ramo enorme de claveles rojos con una tarjetita que decía: ´Lo más maravilloso que tengo en este mundo, papá´. Así era mi papá y así fue los 15 años que lo tuve conmigo y tal vez esto explique porque yo estoy acá», contó conmovida.
Como era una figura pública, la desaparición de Diego Muniz Barreto no pasó inadvertida. «El Parlamento europeo, la prensa internacional pero también el diario Buenos Aires Herald y la Agencia de Noticias Clandestina de Rodolfo Walsh pedían por mi papá, además de mi familia. Por lo tanto, mi papá era una carga para ellos porque tenían que devolver su cuerpo, no lo podían dejar desaparecido. Por eso se tomaron ese trabajo, no es tarea sencilla devolver un cuerpo sin marcas después de haber estado semanas en un centro de concentración, después de no haberle dado de comer tantos días que se le caían los pantalones. Se tomaron el trabajo, lo hicieron con mucha precisión y una planificación rigurosa y detallada. Sin embargo, les falló porque a Fernández, el compañero y amigo de papá, no le hizo efecto la inyección (n. de r.: para sedarlo) y logró escapar», resumió Juana.
Después de que Fernández fuera liberado tras ser apresado como sospechoso del homicidio de Diego Muniz Barreto, fue a pedir auxilio y refugio a su amigo Salvador Viale, un escribano que vivía en Cuba. «A mí me emociona mucho pensar que hubo gente que tuvo el coraje de recibir y dar auxilio a un amigo. Salvador le dio de comer y cuando Fernández se recuperó le contó el horror que había vivido y cómo había vuelto de la muerte», relató Juana.
Según lo que recuerda la hija de Muniz Barreto sobre el testimonio de Fernández –quien falleció años después, exiliado en España-, Salvador le aconsejó que escribiera lo que había sucedido porque lo iban a estar buscando y si le llegase a pasar algo nunca se sabría la verdad. «Escribió a muy pocos días de los hechos un testimonio que tiene un valor extraordinario por lo preciso y detallado, con la memoria completamente fresca. Cuando en los 90 se conoció ese testimonio fue desgarrador, pero al mismo tiempo se transformó en la guía de la investigación», explicó Juana.
El juicio a los represores de la dictadura Eduardo Alfonso y Rafael Félix López Fader inició su segunda audiencia con el testimonio de Juana, la hija del diputado nacional, Diego Muniz Barreto. Foto registrada el pasado martes.
Luego, la hija del diputado asesinado rememoró el testimonio del ex sargento Víctor Ibáñez, también clave en el juicio: «Yo estuve presente cuando Ibañez declaró que López Fader pidió por mi papá, por el diputado, para que se lo llevaran al Comando de Institutos Militares el 5 de julio a las 3 de la mañana, allí Fader los recibió. Días después de la transferencia, Ibáñez comprobó que mi padre era el diputado que mencionaron porque pegaron en la cartelera, próxima a la sala de torturas, recortes de diarios que daban cuenta del fraguado accidente de mi padre». Para Juana, el testimonio de Ibáñez coincide con el de Fernández, quien también escuchó voces que dijeron que la hora del traslado era las 3 de la mañana. Según señaló de Fernández, el día del traslado, a las 11 de la noche, mandaron a buscar a Muniz Barreto y a Fernández y les hicieron cortar la barba igual que como la tenían al llegar al «Campito» (el Centro Clandestino donde los tuvieron cautivos hasta el 6 de marzo de 1977, cuando fueron arrojados al río). Además, llevaron los documentos de ambos hasta Entre Ríos y antes de tirarlos al agua se los colocaron en los bolsillos. «El objetivo era que cuando encontraran el auto, la policía pudiera identificar fácilmente los cuerpos y así poder devolvérselos a la familia», conjeturó Juana. Otros dos datos que dan cuenta de la planificación de los hechos son, por un lado, que taparan la patente del auto del padre de Juana y, por el otro, que les vendaron las muñecas y tobillos para que las cadenas no los lastimaran y así no dejaran marcas. «El que los vendo sabía lo que hacía. Según Fernández, esa persona vendaba caballos. Y López Fader era de caballería», agregó Juana.
El tono de Juana evidenciaba el dolor, la voz se le quebró en cada frase pronunciada, pero aun así continuó con su relato: «Fernández escuchó la voz de mi papá preguntando: ´¿Nos van a matar?´A lo que alguien le respondió que no. Por un lado se ilusionaban con que los iban a liberar y, por el otro, los amenazaban con que los iban a matar. ´No me cuesta nada pegarte un tiro, no te hagas el loco, no te hagas el héroe´, les decían. Al momento de meter a Fernández en el baúl le dijeron lo mismo: ´Te vamos a encadenar, a meter en un baúl de un auto, no quiero héroes, no te hagas el loco, porque no me cuesta nada pegarte un tiro y tirarte en una zanja´”. No me voy a meter en el horroroso calvario que le hicieron sufrir a mi papá y a Fernández, con el calor insoportable en un baúl tantas horas sin recibir siquiera agua». Cuando llegaron a Entre Ríos, Fernández identificó tres autos estacionados de culata en un semicírculo, dos Falcón, uno color ladrillo y el otro blanco, y un Fiat. Además vio a los tres sujetos responsables debido a que les sacaron las capuchas, porque los iban a matar y ya no importaba si los reconocían. Uno de ellos era Domínguez, alias «Escorpio», que ya ha sido condenado. Los otros dos eran un señor de remera amarilla y el otro era López Fader, que llevaba el torso desnudo y a quién describió como un hombre de unos 33 años, cabello rubio oscuro, estatura mediana, ojos claros, cutis blanco, contextura normal. El de remera amarilla le sacó las vendas con una hoja de afeitar y luego se las pasó a López Fader, quién las quemó. Ese de torso desnudo es quién los había vendado a la mañana y quién luego Fernández señala como el jefe por la forma de hablar que tenía. «Mi papá le pidió por favor que le dieran agua y López Fader le respondió que se quedara tranquilo que ya iba a tener todo el agua que quisiera. Después mi papá les preguntó què hacían ahí, qué estaban esperando y este mismo sujeto le dijo que estaban esperando el camión que los iba a trasladar a la Penitenciaria y mi papá le preguntó si ahí iba a poder recibir la visita de sus hijos. Y eso es lo más precioso que me llevo de toda la investigación, que él en sus últimos minutos pensaba en sus hijos», dijo Juana sollozando. Inmediatamente después lo vuelven a encerrar en el baúl, el auto se alejó, pusieron la radio a todo volumen y procedieron con el asesinato de Barreto. «A mi papá lo mataron, no le dieron una inyección, murió desnucado. Fernández se dio cuenta que lo estaban matando por eso la música fuerte para que no oyera sus gritos», dijo Juana. Después lo inyectaron a Fernández y lo acomodaron en el asiento del acompañante, mientras que a Barreto, quién ya estaba muerto según la autopsia, lo tiraron en el asiento de atrás. A Fernández no le hizo efecto la inyección y se escapó por el agujero del parabrisas.
Cuando Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo y querellante contra Eduardo Alfonso, le preguntó a Juana por las fuentes que consultó además de Fernández e Ibáñez ella respondió que leyó una infinidad de libros y artículos e hizo mención a uno en particular: «Operación bananas» publicado en la revista El Porteño, escrito por Juan José Salinas en el que se describía un encuentro entre López Fader y el Capitán José Luis D’Andrea Mohr en el regimiento de Neuquén en el año 1978. Allí tuvieron una conversación en la que López Fader se jactaba de tirar muchos subversivos al río y para evitar que los cadáveres flotaran los destripaba para que así se fuesen al fondo.
Foto de la audiencia por el juicio a los represores de la dictadura Eduardo Alfonso y Rafael Félix López Fader, del martes 10 de octubre.
Juana dijo que hay una coincidencia en todo lo que relató Ibáñez y lo que escribió Fernández. Para ella, queda clara la responsabilidad de López Fader, no sólo en el Comando de Institutos Militares, sino en el lugar del hecho como jefe. Además tuvo una activa participación en los actos de represión, en los años de terrorismo de Estado. «En nombre de salvar la civilización occidental y cristiana y a la familias argentinas, destrozaron miles de familias, humillaron a sus Fuerzas. Ellos hablaban de civilización y cometieron el hecho más bárbaro, que es matar a dos personas indefensas. Mi padre fue el más maravilloso que podría haber tenido y que tengo, por eso espero, ni más ni menos, una sentencia justa. Sé que el jurado se guía por pruebas pero no me puedo quitar de la cabeza a esos otros que siguen desaparecidos, que no tienen causa ni querella porque no flotaron, porque los destripó. Espero que puedan hacer justicia también por ellos», dijo Juana entre lágrimas.
Después de la declaración de Juana Barreto se prosiguió con los testimonios que aportan pruebas al juicio contra el ex General de Brigada Eduardo Alfonso, por su participación en el asesinato de Antonio Domingo García y la desaparición de Beatriz Recchia, embarazada de 5 meses, en el marco de un operativo que se llevó a cabo, el 12 de enero de 1977, en la casa del matrimonio, en Villa Adelina. Con ellos estaba su pequeña hija Juliana, quien -ya adulta- declaró la audiencia anterior. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín, lleva adelante en este juicio unificado dos causas –que han sido acumuladas, pero no tienen conexión entre sí, salvo la impunidad de ambos imputados durante 40 años.
Eva Gloria García, vivía en frente del departamento de Villa Adelina en donde se llevó a cabo el operativo contra la familia García Recchia. Ella observó por entre medio de las persianas de su casa lo sucedido. «Hubo dos operativos en frente de mi casa en 1976, con seis meses de distancia. En el segundo episodio mataron al padre de Juliana y se llevaron a la mamá, que estaba embarazada. Había personas con uniformes militares, policías y gente particular. No pude ver como fue el enfrentamiento porque era a la madrugada y ellos estaban dentro del departamento, y hay un portón delante. Yo vi que alguien había sido herido porque lo atendieron en la casa que está al lado de la mía, creo que fue en el abdomen. Pascual Florencio lo atendió, un médico vecino. Hubo otro herido, según me enteré después era policía. Recuerdo que había un Falcón fuera de la casa, también. A la mamá de la nena -Juliana- la taparon con una frazada, la envolvieron con una soga como un matambre, la metieron en el Falcón y se la llevaron. Eso lo vi porque dejaron el portón abierto. En el barrio se comentaba que los militares decían que se los llevaron porque eran subversivos», contó Eva Gloria.
Durante el cuarto intermedio, Alfonso que asistió sonriente a la audiencia, charlaba animadamente con sus familiares y amigos, con las manos en los bolsillos. Las personas que presencian el juicio destacan el bronceado del imputado y comentan: “Claro, si están en Campo de Mayo jugando tenis y golf todo el día”, en referencia a la cárcel de privilegio que aloja a genocidas.
Luego fue el turno de tres peritos que examinaron las heridas de Alfonso que lo incriminan en la participación del operativo de Villa Adelina. El primero, Luis Horacio Márquez, perito oficial y médico forense, habló de su participación en el peritaje efectuado en el 2009. Hizo mención a que se encargó de verificar si Alfonso tenía heridas, describió las características de las mismas y estableció el posible orificio de entrada y salida de bala. Luego se limitó a repetir las conclusiones de sus compañeros. El segundo, Walter Jorge García, perito especialista en balística, fue quién realizó las pericias en el 2009, por pedido de la defensa de Eduardo Alfonso. Dijo que se hizo un análisis descriptivo de Alfonso –a quien curiosamente se refirió como la víctima-, donde se reunió junto a otros tres peritos. En ese análisis evaluaron la cicatriz que tenía Alfonso en la parte superior del glúteo izquierdo. «La cicatriz que presentaba era indicativa de un orificio de entrada circular, es decir, que la trayectoria fue perpendicular al piso. Por lo cual la herida podría haber sido hecha desde una butaca de motocicleta, porque generaría una impronta horizontal. Si una persona hubiera estado acostada no hubiera dado tal impronta y si una persona hubiera estado parada la única posibilidad de que ese orificio fuera circular sería que el disparo se hubiese efectuado desde la cadera lo cual reduce la certeza del tiro». Todo eso para abonar a la teoría de Alfonso, quien dice que en el mismo momento del operativo de Villa Adelina, él estaba en otro contra un motociclista, que le disparó. Curiosamente, el único episodio que registra la prensa de la época, es el de la casa del matrimonio García Recchia.
Juliana Inés García Recchia en la audiencia del 10 de octubre por el juicio a los represores de la dictadura Eduardo Alfonso y Rafael Félix López Fader.
Cuando la querella cuestionó al perito y preguntó si la bala que recibió Alfonso no podría haber provenido de una persona en posición “arrodillada a tierra”, el perito se negó a responder porque no podía precisarlo por falta de datos. Tampoco quiso responder cuando plantearon si Alfonso podría haber sido herido, mientras se descolgaba de una pared, saliendo del patio de la casa en que habría asesinado a Antonio Domingo. Sin embargo, sí aseguró que el disparo efectuado desde una butaca de una motocicleta era factible, aún sin tener los datos de la altura del vehículo ni del tirador. Por último, la perito Silvia Bufalini aseguró que el informe se contestó desde la generalidad de los casos en balística y de los datos que se tenían en ese momento –orificio de bala y distancia al suelo-, porque había datos que no tenían como la altura del tirador y de la moto, si el vehículo estaba en movimiento o estático.
La última en declarar fue Stella Segado ex integrante del Equipo de Investigación de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, quien reafirmó lo que ya había declarado en la etapa de instrucción: el legajo de Alfonso contiene una condecoración por su participación en el operativo de Villa Adelina, la madrugada del 12 de enero de 1977. La noche que él dice haber perseguido una moto, sus superiores lo premiaron por su desempeño en la tarea «antisubversiva».
Las audiencias de este juicio por ambas causas acumuladas continuarán el próximo martes a las 9.30 de la mañana en el Tribunal de San Martín. Alfonso pidió que para esa audiencia no se lo trasladase, ya que el juicio girará más en torno al caso López Fader y sus testigos.
Actualizado 18/10/2017
Oct 11, 2017 | DDHH, inicio
Comenzó ayer el juicio contra el ex Secretario General del Ejército, Eduardo Alfonso, acusado por el asesinato de Antonio Domingo García y la desaparición de Beatriz Recchia, embarazada, en 1977, en la localidad bonaerense de Villa Adelina. La pareja militaba en la organización Montoneros. Su hija mayor, Juliana -que tenía tres años en el momento del secuestro- luego del operativo fue privada de su libertad por algunas horas. Al momento de los hechos, Alfonso se desempeñaba como teniente primero de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, ubicada en Campo de Mayo. Este es el primer juicio que enfrenta el ex militar, luego de 40 años de impunidad y cuatro como prófugo. Pudo ser acusado recién en 2008, luego de una lectura minuciosa de su legajo, en el que se lo condecoraba por aquel allanamiento clandestino.
En el mismo juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín –integrado por los magistrados Marta Milloc, Diego Barroetaveña y Marcela Mónica Rodríguez– juzga a Rafael Félix López Fader, ex capitán del Departamento de Inteligencia del Comando de Institutos Militares, por su participación en la privación ilegal de la libertad y tormentos, homicidio y tentativa de homicidio del ex diputado Diego Muniz Barreto y Juan José Fernández.
Fader está imputado por haber llevado adelante el secuestro de estos jóvenes, el 16 de febrero de 1977, en el marco de un plan sistemático. El personal policial habría obligado a ambos a salir de la carnicería en la que se encontraban y subir al automóvil de Fernández, marca Fiat 128. Las víctimas permanecieron detenidas en la comisaria cercana hasta el 18 de febrero de 1977, fueron trasladados a otra dependencia, arrojados en un calabozo esposados y desvestidos. Posteriormente fueron encapuchados e introducidos en dos automóviles Ford Falcon, donde se encontraban cinco hombres más. Después se inició la marcha hacia la localidad de Pacheco y los encapucharon hasta llegar al Centro Clandestino de Detención el “Campito”, en Campo de Mayo. Allí fueron golpeados, sometidos a simulacro de fusilamiento y a Barreto le aplicaron corriente eléctrica. El 6 de marzo de 1977, en horas de la madrugada, un militar que se apellida Roldan, apodado “Trapito” y un gendarme conocido como “Puma” trasladaron a los detenidos hasta el Comando del Instituto militar de la guarnición militar de Campo de Mayo, donde fueron recibidos por Fader apodado “Raúl” y Mario Rubén Rodríguez alias “Escorpio”. Fader integraba una comisión especial encargada de trasladar a los detenidos desde allí hasta a provincia de Entre Ríos. Las víctimas fueron encadenadas, encapuchadas e introducidas en el baúl de dos automóviles para dejarlos a orillas del rio Paraná, en donde permanecieron hasta el anochecer. Luego le suministraron inyecciones para adormecerlos y colocarlos en el Fiat 128 de Fernández y finalmente lanzarlos al agua. Muniz Barreto falleció, pero Juan José Fernández sobrevivió y pudo escapar del automóvil que había sido sumergido. Los represores intentaron ocultar los homicidios bajo la forma de un accidente automovilístico. Ante la lectura de las acusaciones, Fader decidió hacer uso de la palabra y dijo: “En primer lugar, quiero decirle al tribunal que soy totalmente inocente de los cargos que me han imputado. Yo no participé en el secuestro de Barreto como tampoco en la privación ilegal de su libertad y mucho menos en su deceso, jamás lo he visto. No he participado en la lucha contra la subversión y según me ha manifestado mi abogado defensor lo único que me imputa en esta prueba de la causa Campo de Mayo, ha sido prueba que ha traído el testigo protegido Víctor Ibáñez, al cual no conozco. Y yo le pido, excelentísimo Tribunal, tener un careo con esa persona. Esto es todo lo que voy a declarar por hoy, porque salí muy temprano de Campo de Mayo -a las 3 de la mañana- y olvidé una serie de documentos que sería muy importante mostrar”, dijo Fader, sin que le temblara la voz. Por último manifestó que quiere participar de todas las audiencias del caso.
Eduardo Alfonso, ex Secretario General del Ejército, acusado por el asesinato de Antonio Domingo García y la desaparición de Beatriz Recchia.
Eduardo Alfonso en cambio, prefirió no declarar, por asesoramiento de su letrado y se remitió a su declaración indagatoria, que hizo en sede judicial el 11 de diciembre del 2008. Pidió que se la leyera en voz alta, públicamente, y que luego se incorpore a las actas correspondientes con el croquis de puño y letra que él hizo en esa oportunidad relatando los hechos “tal cual sucedieron”, según su versión. Además expresó que él también quiere presenciar de todas las audiencias. Alfonso niega haber participado en tiempo y lugar del operativo en Villa Adelina, en la calle Independencia al 1940, la noche del 12 de enero de 1977. En aquel escrito, Alfonso dice no conocer el lugar de los hechos que se le imputan, los que “afectan a su persona en lo familiar, personal y profesional”.
Finalmente, tras los inverosímiles relatos de los acusados, fue citada a declarar Juliana Inés García Recchia quien comenzó hablando de sus padres para “bajar a la realidad el caso”, aclaró. “Mi mamá, Beatriz Recchia, se recibió de maestra, ejerció como jardinera y estudió Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Mi papá, Antonio Domingo García, había hecho la primaria como pupilo en el colegio Lasalle de González Catán y fue maestro de grado en el Colegio Pío XII. Los unió la pasión por la historia y la militancia, por el lado de la Iglesia. Se encontraron en un taller de historia en los 70. Convergieron en Montoneros, donde militaron hasta el último momento de sus vidas. Desde jóvenes tuvieron inquietudes sociales y políticas. En 1972 se casaron y cuando mi mamá estaba por rendir uno de sus últimos finales rompió bolsa y nací yo”, relató Juliana. Luego aclaró que a pesar de la corta edad que tenía cuando se produjeron los hechos, tiene recuerdos propios de esa noche porque la marcaron. Con respecto a la memoria de sus padres dijo: “La historia mía con ellos la fui armando con el tiempo. Trato de reconstruirla a través de lo que me contaron y otras que viví. Se han acercado muchas personas que conocían a mis padres, amigos y familia. Los recuerdos que tengo de ellos tengo que cultivarlos día a día. Trato de no perder sus caras, solo viví con ellos tres años y trece días. Los hechos traumáticos no se olvidan y éstos los tengo grabados a fuego junto con sus abrazos que me acompañan, porque es lo que me queda de ellos. Sé que me quisieron mucho y eso fue la base para ser lo que puedo ser hoy”.
“Los familiares necesitamos darle un cierre a esto. Hace más de 40 años que esperamos justicia», dijo Juliana Inés García Recchia.
Antes de la noche de horror que vivió la familia de Juliana, ellos ya sufrían la persecución a manos de la Junta Militar. La situación se había complicado aún más por las caídas de compañeros de sus padres motivo por el cual se mudaron varias veces hasta llegar al PH de Villa Adelina, ubicado en la calle Independencia al 1940, en diciembre de 1976. “Tengo recuerdos de adrenalina y terror que a veces vuelve en sueños”, contó Juliana.
El año pasado, Juliana volvió al barrio y habló con los vecinos y pudo saber qué pasó durante el operativo: “Muchos de mis recuerdos eran reales. Porque lo que me contaban era tal cual como lo tenía presente”. El operativo, según reconstruyó, fue alrededor de las 4 de la madrugada del 12 de enero de 1977. Lo primero que recuerda son los ruidos estruendosos. Después, que se encontraba con su madre agachada detrás de algo, como una cómoda, su madre la protegía y le hablaba. Beatriz le dijo a su pequeña de tan solo tres años que afuera había hombres malos explotando globos. Cuando los sonidos cesaron, aparecieron en la habitación unas personas que las sacaron a ambas de la casa. En el patio yacía su padre, Antonio Domingo García. “Nos hicieron pasar por el patio y ahí estaba el cuerpo de mi papá. El patio era tan chico que tuvimos que pasar por encima de mi papá”, dijo Juliana con la voz quebrada. Luego procedieron a subir a su madre a un camión que, según rememora Juliana, tenía lonas. Después de eso, solo recuerda que la subieron a la parte de atrás de un auto que tenía los “asientos largos”, típicos de los Falcón. Horas más tarde fue entregada a sus abuelos maternos por el personal de la comisaría de Villa Adelina. García fue inhumado como NN en el cementerio de Boulogne, mientras que Recchia -quien permanece desaparecida- fue confinada en la Guarnición Militar de Campo de Mayo, en el Centro Clandestino de Detención conocido como «El Campito». Allí fue vista con vida al menos por dos sobrevivientes. En ese lugar, dio a luz a una niña que permaneció desaparecida apropiada por Luis José Ricchiuti hasta 2009, cuando recuperó su identidad y se convirtió en la nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo número 97. Además, después de aquel operativo habían saqueado la casa. “Se llevaron todo, hasta mis dos cotorritas. Lo único que quedó fue un rollo de papel higiénico. Es lo único que me quedó como recuerdo de esa casa y de mis viejos”, repuso Juliana conmocionada.
“Lo más difícil era entender lo que pasaba con mi mamá, no estaba la figura del desaparecido en ese entonces. La gente desaparecía pero no se sabía qué iba a pasar con ellos. Hubo un tiempo que se decía que los desaparecidos estaban en España. Y yo quería creerlo, me quería ir a Europa a buscar a mi mamá. Mi tío Tito era el encargado de bajarme a la realidad, de pincharme los globos”, contó. A Juliana no solo le arrebataron a sus padres, sino también la posibilidad de tener un lugar en donde elaborar su duelo, una tumba para visitarlos y llorarlos. Al referirse al plan sistemático que llevó a cabo el Grupo de Tareas durante la última dictadura militar Juliana dijo -mientras sacaba un pañuelo y se secaba las lágrimas de dolor: “El plan era este: me quedo con todo, con tus bienes, tus hijos, tu cuerpo. Ni siquiera vas a tener una tumba”.
Juliana pidió que Alfonso tenga la valentía de contar la verdad y diga qué hicieron con su madre.
“Los familiares necesitamos darle un cierre a esto. Hace más de 40 años que esperamos justicia. El daño y el dolor son permanentes. Yo me despierto y todos los días me siento huérfana y mis hijas se perdieron de tener a sus abuelos”, manifestó Juliana. Además, pidió que Alfonso tenga la valentía de contar la verdad y diga qué hicieron con su madre y lamentó que por retardos en la justicia muchos represores quedarán impunes. “Sentimos que esto no se acaba nunca”, dijo Juliana para concluir su testimonio. Inmediatamente finalizada la declaración los aplausos no se hicieron esperar para acompañar a la hija de la pareja víctima del genocida Alfonso a quién no sólo no se le movió un solo musculo mientras Juliana relataba lo que le había sucedido a sus padres, sino que provocó a la audiencia al sonreírle a una fotógrafa que lo estaba retratando. Las que sí se mostraron emocionadas por el relato, fueron quienes vienen acompañando cada uno de los juicios de lesa humanidad. En la sala del martes pudo verse a integrantes de la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo –querellante en esta causa en representación de Juliana-, miembros de la Comisión Campo de Mayo y de Comisión Memoria de San Martín, entre otros. Alfonso y Fader también estuvieron acompañados. Paradójicamente, las hijas de Alfonso no pudieron ocultar la emoción al escuchar el relato de Juliana.
La segunda audiencia se llevará a cabo el próximo martes a las 9.30 de la mañana. López Fader y Alfonso continuarán detenidos en la Unidad Penitenciaria 34 de Campo de Mayo hasta que se dictamine una sentencia. Está previsto que declare Juana Muñiz Barreto, hija del ex diputado Diego Muñiz Barreto, secuestrado y asesinado el 6 de marzo de 1977.
Actualizado 11/10/2017
Sep 19, 2017 | inicio, Noticias en imágenes
A once años de la desaparición de Julio López, testigo clave en el juicio que condenó a cadena perpetua al genocida Miguel Etchecolatz, y a 48 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado en el Pu Lof Cushamen, una multitud se reunió en La Plata y Plaza de Mayo para exigir, una vez más, “aparición con vida” de ambos y la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Organismos de Derechos Humanos, sociales y políticos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia organizaron la jornada y responsabilizaron a la Policía bonaerense por la desaparición de López y a la Gendarmería por la de Maldonado. Como sucedió en las últimas marchas, en la desconcentración hubo un pequeño grupo de personas que intentó generar un clima violento, pero los manifestantes lograron aislarlos y desactivarlos.
Actualizada 19/09/2017
Feb 18, 2016 | inicio
El 23 de noviembre del 2015, la periodista Marcela Ojeda le preguntó a Mauricio Macri en una conferencia de prensa cuál era su posición frente a los juicios a los represores. “La Justicia tendrá plena independencia para seguir trabajando”, fue su respuesta. Esta afirmación anticipó la política de Derechos Humanos del actual gobierno: la Justicia, únicamente, estará presente. Las políticas de derechos humanos no se limitan únicamente al juicio y su sentencia ya que existe un contexto en el cual las víctimas, cuyos derechos fueron violados, deben ser acompañadas y respaldadas. Es ahí donde el Estado tiene un rol fundamental y un efecto reparador. El Estado, y no solamente el Poder Judicial deben estar presentes.
En la Argentina, hasta hace una década, el Estado no había asumido su rol en el acompañamiento y reparación de las víctimas. Sin embargo, al asumir el presidente Néstor Kirchner, el Estado Nacional modificó su rol: “Nosotros percibimos que el Estado tiene un efecto reparador en el plano simbólico. En ese sentido, las víctimas pueden descansar en que hay alguien que ha asumido la búsqueda y el compromiso de justicia”, afirma Julieta Calmels, ex directora del Centro Ulloa.
Sin embargo, al no participar el Estado con sus tres poderes, ese rol desaparece. En el libro Experiencias en Salud Mental y Derechos Humanos. Aportes desde la política pública, editado en noviembre de 2015 por el Centro Ulloa, se afirma: “(…) para salir de la escena del horror se requiere de tres movimientos. Por un lado, la interrupción de los hechos de violencia (materiales y simbólicos), y por otro, un movimiento del sujeto para pasar a otra escena. Pero también es necesario un movimiento de las instituciones del Estado. Si la violencia se interrumpe y el sujeto realiza un movimiento para posicionarse de modo diferente, pero las instituciones no asumen lo ocurrido como algo que también les concierne, el hecho queda meramente en la interioridad de cada persona y las posibilidades subjetivas de cada quien”. Es decir, para que la víctima pueda dar un salto cualitativo en relación a su trauma, hace falta un exterior que lo reconozca y que exista más allá del sujeto. Ese exterior es el Estado con sus tres poderes.
«Para que la víctima pueda dar un salto cualitativo en relación a su trauma, hace falta un exterior que lo reconozca y que exista más allá del sujeto».
“Sin su presencia, el sujeto no tiene, simbólicamente, dónde apoyar su vida para poder recomponer esa situación traumática. Los organismos en su momento cumplieron ese rol, pero es un rol distinto. Una cosa es el Estado con todo su andamiaje de recursos económicos, simbólicos, jurídicos e institucionales, y otra cosa son los organismos que forman parte de la sociedad civil, enfatiza Calmels. Actualmente, hay un corrimiento del Estado. Atrás de un despido, hay una política pública y una situación de desamparo para las víctimas”.
Corrimiento del Estado
En la Argentina, en los últimos años de democracia, la mayor parte del tiempo, la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia la llevaron adelante los organismos de Derechos Humanos en soledad. “Cualquier Estado debe escuchar a los destinatarios de una política pública para poder llevarla a cabo. Caso contrario, tiende a fracasar porque se pierde una parte nuclear de lo que es la política. Si no se escucha a las víctimas, cómo sabemos quiénes son los responsables”, sostiene Natalia Federman, ex directora Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad.
Durante estos dos meses, Macri aún no se juntó con los organismos de Derechos Humanos, en su lugar envió al jefe de Gabinete, Marcos Peña. “Haber mandado al Jefe de Gabinete para entrevistarse con los organismos es simbólico. Si uno compara a quiénes estaba atendiendo ese día – empresarios de AEA, entre ellos, Héctor Magnetto – ve la importancia que va a tener la política de Derechos Humanos. Eso es lo que preocupa”, afirma Federman. “Uno puede tener una agenda apretada, pero la decisión de delegar ese diálogo y ver con quiénes se juntaron muestra que no es una prioridad para la gestión”, agrega.
En la Argentina, en los últimos años de democracia, la mayor parte del tiempo, la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia la llevaron adelante los organismos de Derechos Humanos en soledad.
La Justicia, únicamente
“Vengo a pedir perdón en nombre del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante tantos años tantas atrocidades”, afirmó Néstor Kirchner en el 2003. A partir de allí, el Estado argentino, a través de los tres poderes, asumió la responsabilidad en torno a la historia.
La política de Derechos Humanos en general, y la política de Memoria, Verdad y Justicia en particular, no se pueden desarrollar si no es a partir de los tres poderes en conjunto. Es así que las políticas impulsadas por el Poder Ejecutivo son importantes como políticas integrales. Por ejemplo, una de las tareas del Ejecutivo es ser querella en los juicios de lesa humanidad. Al mismo tiempo, el Programa Memoria y Justicia se encarga de articular y coordinar a todas las dependencias del Poder Ejecutivo para brindar apoyo institucional a las investigaciones que se llevan adelante en los juicios de lesa humanidad. En definitiva, es a partir de una política integral que el Poder Ejecutivo cumple su rol reparador.
“Ante hechos tan graves como las violaciones a los derechos humanos, en primer lugar debe ponerse en funcionamiento la justicia y la reposición de la ley transgredida para reconocer las responsabilidades y hacer valer las consecuencias: la sanción. Pero incluso estando eso, también es necesaria una segunda operación: la inscripción de las víctimas en la comunidad, que puedan filiarse a una genealogía social común que no las excluya, las segregue o las estigmatice. Este movimiento le concierne también al Estado”, explican en Experiencias en Salud Mental y Derechos Humanos. Aportes desde la política pública. Es decir, el Estado debe posicionarse y presentar una sanción social que provoque no solo efectos en la víctima, sino también en la sociedad. Por lo que excede a la Justicia, únicamente.
Parálisis y desarme
“Existen dos formas de vaciar una política: la parálisis del trabajo y el despido”, afirma Calmels. Ambas, presentes en los últimos dos meses en las políticas de Derechos Humanos del nuevo gobierno.
La subgerencia de Derechos Humanos del BCRA, durante el último año, investigó cuál fue el rol del Banco en relación al plan económico de la última dictadura militar. Relevó actas y documentación secreta para abordar la responsabilidad civil en los delitos. “No quedó nadie trabajando. El área ha quedado vacía”, sostiene Federman quien participó en la subgerencia. “En el Ministerio de Seguridad, aún, no hay un panorama claro. Una de las personas que llevaba una parte importante de las competencias del área de Derechos Humanos -que tenía que ver con la extracción de ADN de niños y niñas que hubieras sido apropiados y hoy son adultos- fue despedida. Esos allanamientos se hacían de una manera supervisada y colaborando en forma adecuada con la Justicia. Hay que atender adecuadamente y no hay que olvidar que la persona allanada es una víctima más allá de que no desee hacerse el ADN. En ese contexto, se había creado un grupo específico que era coordinado por la Dirección Nacional de Derechos Humanos. Era un grupo idóneo”, agrega.
«Juicio y castigo», una de las consignas promovidas por los organismos de DDHH.
Por otro lado, está el caso del Centro Ulloa que asiste integralmente en salud y acompaña en todo el país a víctimas de violaciones a los derechos humanos: del Terrorismo de Estado, de violencia institucional, y en el último tiempo, la incorporación de la atención a víctimas de Cromañón y el acompañando a juicios como el de encubrimiento al atentado a la AMIA. “Los profesionales que despidieron atienden a personas que están en estas tres situaciones donde el Estado está comprometido. Cuando llega alguien o nosotros nos acercamos a ofrecer el acompañamiento es porque ya hubo una violación de los derechos humanos. Primero hay que crear en la víctima una relación donde el Estado asume la culpa de ese delito que cometió contra ellos y está dispuesto a acompañarlos para arreglarlo. Si la decisión es vaciar esos programas, como efecto simbólico se produce el efecto contrario”, cuenta Calmels.
También está el caso del Programa Verdad y Justicia, dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hubo despidos en las tres áreas: Abogados, Investigación e Implementación Operativa. Un caso que refleja las consecuencias de esta política es el despido de Natalia Vaca, perteneciente al área de Abogados en Salta. “El juicio en Salta era el primero que se reanudaba en febrero. Ese juicio es importante porque es el primero que se realiza a un empresario. Se juzga su participación y responsabilidad”. Tras su despido, ya no es el Programa el encargado de notificar a los testigos. “Eso implica que sean re-victimizados al ser notificados por las fuerzas de seguridad -relata Verónica Almada, trabajadora del Ministerio de Justicia de la Nación, despedida-, al mismo tiempo hubo una parálisis en el Programa. Por ejemplo, en Salta se complicó porque no tenemos los viáticos para viajar”.
A pesar de todo, que la Justicia tenga plena independencia para seguir trabajando es una buena noticia, pero no es suficiente. “La posición que asume el Estado a través de sus tres poderes es determinante. Cuando el Estado se desentiende, no imparte justicia, no ampara ni repara. Cuando esto pasa, cuando hay ausencia del Estado, de las políticas de Estado para con las víctimas, éstas quedan libradas meramente a su singularidad, sostiene Experiencias en Salud Mental y Derechos Humanos. Aportes desde la política pública, nada más liberal en última instancia que el corrimiento del Estado, así como nada más democrático que la potencia de su aparición”.
