Negocio inmobiliario mata organización barrial

Negocio inmobiliario mata organización barrial

Policia evitando el ingreso de los vecinos a la Asamblea barrialEste miércoles, el Gobierno de la Ciudad desalojó a la Asamblea de Vecinos de Villa Urquiza con un operativo en el que participaron la Policía de la Ciudad, la Federal y la Gendarmería. Ubicada  en terrenos estatales de la esquina de Triunvirato y Roosvelt, el Ejecutivo porteño decidió dejar a la intemperie a la asociación comunitaria para subastar el espacio que será destinado a emprendimientos inmobiliarios privados.

Los vecinos se reunían en ese local –donde antiguamente estaba la pizzería La Ideal- desde la crisis de 2001, cuando se organizaron para brindar asistencia a distintos sectores vulnerados. Actualmente funcionaban allí una biblioteca popular,  una videoteca y una docena talleres gratuitos, entre otros servicios.

Desde muy temprano, decenas de policías y gendarmes acordonaron el lugar e impidieron los vecinos acercarse.  A pesar de intentar sostener un diálogo, fueron ignorados por las fuerzas estatales. Incluso, dos asambleístas resultaron detenidos. Los vecinos denunciaron que el operativo fue ilegal, dado que no lo presenció ningún oficial de justicia.

El pasado 2 de octubre, los “viyurqueros” ya habían resistido un desalojo y comenzaron negociaciones para reubicar la asamblea. Sin embargo,  esta mañana y por sorpresa, las autoridades gubernamentales arremetieron con 16 años de historia barrial.

Viyurca resiste

Viyurca resiste

“Vamos a intentar conseguir una prórroga para seguir la lucha desde acá. Si no podemos,
seguiremos desde donde sea”, dice Javi, integrante de la Asamblea de Villa Urquiza. La
amenaza de desalojo prevista para este miércoles finalmente no se cumplió, pero sigue
latente. Y los vecinos están decididos a resistirla con la misma fuerza comunitaria que
ayer volvió a reunirlos en la calle.

Ubicada en la ex pizzería La Ideal, la Asamblea acumula una historia de largos 16 años y
ya evitó un intento de desalojo anterior. El 2 de octubre se presentaron funcionarios de la
Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y de la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF-SE) junto con la Policía Federal para intentar cerrar el
centro comunitario. Pero no lo consiguieron.

El anunciado desalojo se enmarca en un juicio que la AABE le inició a la Asamblea de Villa Urquiza a finales del año pasado. El objetivo detrás del operativo, denuncian los vecinos, es la venta de tierras públicas que se encuentran al costado del ramal Retiro-José León Suárez de la línea del tren Mitre, a la altura de la estación General Urquiza.

El local de la Asamblea no es el único afectado. Según el pliego de licitación, son 2.774
metros cuadrados comprendidos entre las calles Bucarelli, Roosevelt, Triunvirato y el  sendero peatonal de la estación Urquiza. En esa estratégica franja barrial también hay  locales comerciales, canchas de fútbol y hasta viviendas.

La AABE convocó a una fallida mesa de diálogo el pasado 23 de octubre y los asambleístas asistieron “con la voz y reclamos de los vecinos”, explicó a esta agencia Valeria, otra integrante del colectivo. La intención de esa instancia era conseguir la tenencia del espacio o una prórroga frente al inminente desalojo. Ni la AABE ni la ADIF-SE, ambos organismos nacionales, pudieron garantizarlo. Con la subasta de la manzana, programada para el 8 de noviembre, el local de la asamblea quedaría en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

La Asamblea de Villa Urquiza se formó en 2002, al calor del movimiento vecinal que
generó el estallido de diciembre de  2001, con la impronta del “que se vayan todos”. Los
slogans contra la deuda externa, el Fondo Monetario Internacional y el Área de Libre  Comercio de las Américas se hicieron propios. Entre sus banderas también se sumó la  defensa de la recuperación de los recursos naturales y de las empresas privatizadas. “La
Asamblea de Villa Urquiza es la defensa de una forma de vida, de nuestra libertad, de nuestro ser en un barrio”, cuenta Lili, que da clases de tango a la gorra.  

Negocios

“Para legitimar la venta de los playones ferroviarios de tierra pública se determinó que el
35 por ciento del terreno se dedique a negocios inmobiliarios y el 65 por ciento a espacios
públicos”, explicó a ANCCOM Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad. El 35 por ciento tiene capacidad para tres torres. La asamblea quedaría por fuera, pero el gobierno de la Ciudad exige la entrega de tierras sin ocupantes.

Para Baldiviezo, que el local no esté dentro de la parte reservada para negocios  inmobiliarios supone una doble oportunidad de frenar el desalojo. “Por una parte, sabemos que va a quedar a manos de Ciudad, si es que ya no lo está. Nos da la posibilidad de ir al juzgado y buscar al futuro dueño. Quizás no tenga problema con que la asamblea siga con sus actividades. Por otro lado, vamos a presentar un proyecto de Ley de Código Urbanístico en la Legislatura para que se permita que la asamblea continúe en este predio”, aclaró.

Sin embargo, que el local de la asamblea quede en el 65 por ciento perteneciente a la
Ciudad, y que sea destinado a espacio público, no deja más tranquilos a sus integrantes.
“Hay que reflexionar qué significa espacio público para el Gobierno de la Ciudad. Significa
una plaza con grandes porcentajes de cemento, con rejas y que tenga cámaras para ver
qué hacés. Para mí eso no es espacio público”, comenta Valeria.

“Sabemos que ir a negociar con la Ciudad implica que esto mañana tenga un cartel
amarillo y alguien que te diga cómo tenés que manejarte en un lugar comunitario o
público. Quizás queden las torres y este centro comunitario, pero se va a manejar con las
lógicas del Estado y no nos va a representar. Nos va a quitar la identidad y la memoria”,
dice Andrés, que participa hace más de cinco años de la asamblea.

Para visibilizar la situación, el sábado pasado se realizó el Festival Viyurca en Lucha. Fue
en la plaza Jorge Casal, frente a la ex pizzería La Ideal, bajo la consigna “La Asamblea de
Villa Urquiza no se gentrifica”. Como explica Lili, el objetivo de ese encuentro fue
“convocar a todo el barrio a apoyar y resistir”.

Andrés también remarca la importancia de resistir, y dice: “Tenemos el afán de que la
Asamblea quede como está porque es nuestra identidad, nuestra lucha. Llamamos a que
habiten este espacio del barrio que nació de la impronta del ‘que se vayan todos’. Fue
autogestionado 16 años por los vecinos y queremos que siga de la misma forma”.

Sí a la Plaza Clemente, no al shopping

Sí a la Plaza Clemente, no al shopping

Cientos de vecinos del barrio de Colegiales realizaron el último sábado un festival en la esquina de Concepción Arenal y Conde en defensa de la Plaza Clemente. El predio está catalogado en el Código de Planeamiento Urbano como Urbanización parque, es decir espacio verde de uso público. Sin embargo, un cartel de obra anuncia la construcción de cocheras subterráneas y locales comerciales.

El evento fue organizado por un grupo de vecinos autoconvocados que desde hace años esperan que el gobierno porteño cumpla la ley y construya la Plaza Clemente. “El Gobierno de la Ciudad incumple las dos leyes que establecen que acá tiene que haber una plaza. Una de esas leyes es la reforma del Código de Planeamiento Urbano que, entre las distintas zonificaciones que establece en toda la ciudad, habla específicamente de este predio y lo designa como urbanización parque, y la otra es una ley de la legislatura votada por unanimidad en el año 2013 que decidió que esta plaza se llame Clemente en homenaje a Caloi”, explicó Ernesto Golomb, vecino de Colegiales.

Las sombras de Tute y Rep se proyectan sobre el mural donde pintan la figura de Clemente, personaje histórico de Caloi.

En acción: Tute y Rep realizaron grandes dibujos de Clemente sobre los carteles que rodean el predio.

Durante el festival hubo música en vivo, actividades participativas para chicos e intervenciones artísticas de distintos dibujantes. Los vecinos organizaron además una colecta de alimentos no perecederos para, a través del grupo Mafalda Consciente, donar aquellos a distintos comedores.

Reconocidos dibujantes como Tute y Rep realizaron sobre los carteles que rodean el predio grandes dibujos cuya figura principal fue Clemente, la creación de Caloi, padre del primero de los artistas mencionados. Tute, quien fue además unos de los principales difusores del evento, destacó: “Fundamentalmente lo que acá se está exigiendo es que se cumpla con una ley votada en la legislatura porteña en el año 2007, estamos reclamando que se construya la Plaza Clemente y que se desanden los pasos de la idea de poner acá un centro comercial con un estacionamiento subterráneo. Desde lo personal el reclamo es no solo como habitante de la ciudad de Buenos Aires sino también como hijo de Caloi, que es el homenajeado en esta plaza”.

Una de las vecinas exhibe lo que debería ser la Plaza Clemente.

Maquetas hechas por los mismos vecinos ilustraban lo que debería ser el predio según la ley y en lo que se convertiría con el proyecto licitado. “La idea del gobierno es construir dos grandes bloques de cemento con negocios a cielo abierto y arriba, como para justificar que esto sigue siendo urbanización parque, poner pasto en la terraza”, afirmó Graciela Magan mientras explicaba una de las maquetas.

Colectivos barriales, figuras artísticas y agrupaciones políticas diversas se hicieron presentes en el lugar para mostrar su apoyo al reclamo de los vecinos. “Hay una ley que explícitamente indica que acá se debe construir una plaza y sin embargo el gobierno porteño quiere hacer un shopping. Hay en la ciudad toda una política de enajenación del patrimonio público y a favor de los grupos inmobiliarios”, sostuvo Gabriel Solano, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y los Trabajadores.

Refiriéndose al proyecto de construcción del shopping y a la licencia otorgada Ernesto Golomb afirmó: “Hay una política desde el gobierno de la ciudad de limitar el desarrollo de los espacios verde y promover emprendimientos comerciales que son un negocio en sí mismo, acá se le estaba dando a la empresa una concesión por treinta años por un canon ridículo”.

Mientras Rep pinta sobre los carteles que rodean el predio, a sus espaldas una gran cantidad de personas lo observa.

El festival contó con una numerosa presencia de vecinos.

Melisa Brarda, vecina de Colegiales y una de las organizadoras del festival, expuso la necesidad de un nuevo espacio verde para el barrio: “Este predio por ley debería ser un espacio verde y público, con acceso libre para todos aquellos que quieran utilizarlo, con vegetación y árboles y con suelo absorbente. Un estacionamiento subterráneo evitaría que escurra el agua de lluvia y modificaría la dinámica del barrio”. Y agregó: “Según la Organización Mundial de la Salud tiene que haber diez metros cuadrados de espacio verde por habitante mientras en la ciudad hay menos del 10% de lo que debería haber”.

El predio en cuestión fue foco de conflicto durante muchos años. En un tiempo Canal 9 lo ocupó y lo usó como depósito de materiales. y también fue una sede del Mercado de Pulgas mientras su predio original era refaccionado. Además, estuvo durante años directamente abandonado.

Un hombre en bicicleta, parado, observa lo que sucede más allá. Detrás de él, carteles escritos a mano que dicen "Plaza sí, Shopping no".

Algunos de los carteles realizados por los vecinos que exigen el cumplimiento de la ley.

Los vecinos están convencidos de que el festival y la difusión del reclamo van a lograr que la Plaza Clemente por fin se concrete. “A partir de la presión que se fue generando, (Diego) Santilli, vicejefe de gobierno, anunció en una entrevista radial que no se va a hacer el emprendimiento comercial porque la empresa que ganó la licitación ante el escenario de conflicto decidió bajarse. Lo cierto es que todavía está vigente el decreto que le dio el predio a esa empresa en concesión para hacer la obra, con lo cual nosotros estamos pidiéndole a Santilli que firme un compromiso de que se va a hacer la plaza como corresponde. Acá una ley y hay que cumplirla”, concluyó Ernesto Golomb.

 
¿Una pantalla cinematográfica o de negocios?

¿Una pantalla cinematográfica o de negocios?

Dos años después de que se paralizaran las obras prometidas, los integrantes de la Coordinadora en Defensa del Cine El Plata y vecinos de Mataderos están en alerta a raíz de que se presentaran en el lugar una representante legal del Ministerio de Cultura porteño, Gabriela Aranaz, junto con un tasador del Banco Ciudad y los empresarios Pablo y Adrián Serantoni, productores del programa de TV “Pasión de Sábado”. La visita disparó y  acrecentó los rumores sobre el futuro destino del predio.  

Ubicado en la avenida Alberdi al 5000, El Plata se inauguró en 1945 y tenía capacidad para más de 1.800 espectadores. Funcionó como cine y teatro hasta 1987, cuando cerró sus puertas y fue utilizado como depósito de una casa de electrodomésticos hasta el año 2000.

Fachada del cine El Plata, en Av. Juan Bautista Alberdi 5765 en Mataderos.

Los vecinos de Mataderos se organizaron, una vez más, ante la sospecha de que el Cine El Plata sea vendido por el Gobierno de la Ciudad.

“Se daban películas de Mirtha Legrand, de Palito Ortega y se presentaron artistas como Aníbal Troilo, Argentino Ledesma, Fidel Pintos o Roberto Grela. Yo los presentaba, quiero que se abra el cine porque ese espíritu está todavía ahí adentro, están mis sueños”, expresó Roberto Gutiérrez, quien a sus 91 años es el integrante más grande de la Coordinadora, como se conoce a la agrupación en el barrio.

En el año 2004, un grupo de vecinos le pidió al entonces jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, que comprara el cine para convertirlo en espacio cultural. El propietario aceptó vender con la condición que el espacio solo tuviese ese destino. Mediante la Corporación Buenos Aires Sur, la Ciudad adquirió el inmueble y luego, tras la caída de Ibarra y la incertidumbre en el interinato de Jorge Telerman, comenzaron los conflictos tras la asunción de Mauricio Macri.

A pesar de la cláusula impuesta en el contrato de compra-venta y que la ley lo protege por ser patrimonio cultural de la Ciudad, el PRO quiso demoler el cine y hacer allí un Centro de Gestión y Participación (CGP). Jorge Elger, secretario general del Centro de Comerciantes de Alberdi, dijo: “Nuestro Presidente (Alberto Di Leo) fue quién convocó a los vecinos a una asamblea en la puerta del Plata al enterarse de diferentes maniobras que involucraban al edificio. A partir de ahí, se fueron haciendo reuniones semanalmente”. Esa fue la génesis de la Coordinadora, conformada en 2007

Reunión de vecinos sentados alrededor de una mesa en el centro de Comerciantes de Alberdi

Reunión de vecinos en el Centro de Comerciantes de Alberdi organizado por los integrantes de la Coordinadora en Defensa del Cine El Plata.

El proyecto de CGP impulsado por el actual secretario de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo fue enterrado por los vecinos en 2008 a fuerza de organización. Luego, la Justicia falló a favor de que El Plata sea un centro cultural. Después de eso, Hernán Lombardi, exministro de Cultura porteño, se acercó y asumió el compromiso de realizar las obras necesarias. Walter Ordoñez, referente de la Coordinadora, recordó: “Se hizo la primera etapa y en julio de 2011 se habilitó una sala para 170 personas que funcionó irregularmente hasta mitad de 2013. Ese año, volvemos a la Justicia a intimar al Gobierno a resolver la segunda y definitiva etapa del centro cultural”.

Tras la ratificación legal, se licitaron las obras por primera vez en 2012 ya que las anteriores habían sido vía contratación directa. La empresa Teximco S.A. ganó y por 25 millones de pesos se comprometió a terminar la obra en 400 días. La comunidad de Mataderos estaba satisfecha porque era cuestión de tiempo para cumplir su meta, pero luego de avances y el cobro de 20 millones, se abandonaron los trabajos. En abril de 2015 el cine reabrió sus puertas parcialmente con dos salas equipadas y refaccionadas, aunque en diciembre cerró de manera definitiva.

Reja del cine El Plata en Mataderos, se lee un cartel en mal estado que dice: vecino vuelva a ser protagonista por la finalización de obra y apertura

Hace dos años que las obras se encuentran paralizadas pese a la promesa del Gobierno de la Ciudad de convertirlo en un centro cultural.

Ordoñez dijo: “El Gobierno confirmó el pago de 20 millones y plantea que las obras están al 82%. A nosotros, técnicos de la Defensoría del Pueblo, nos dijeron que, con suerte, están el 65%”. En adición a esto, el también integrante de la Coordinadora, Gutiérrez, reclamó: “Hay guita que falta, ¿dónde está la plata de El Plata?”

La presencia de los Serantoni alertó a los vecinos de una posible venta, ya que el cine entró en comodato hasta 2015 y vencido el plazo, vuelve a su dueño: la Corporación del Sur.

Walter Ordoñez integrante de la coordinadora en defensa del Cine El Plata en primer plano, en la vereda donde queda el cine.

Walter Ordoñez, de la Coordinadora en Defensa del Cine El Plata, denuncia faltante de dinero por el pago realizado a la empresa Teximco.

La legisladora porteña de Unidad Ciudadana, Lorena Pokoik, apoya la lucha de los vecinos y planteó: “Lo central es que se hagan cargo desde el Gobierno de la Ciudad de que la obra tiene que continuar y hay que renovar la cesión de uso para que se justifique la cantidad de plata que se invirtió”. Pokoik es también integrante de la Comisión de Cultura y agregó: “Lo único que hicieron es darle más valor inmobiliario a algo que no van a usar, esa plata se le evitó invertir a un futuro comprador. Es torpeza o una avivada”.

La defensa del Cine El Plata como centro cultural tiene aceptación unánime en Mataderos. La comunera kirchnerista del barrio, Aixa Rocha, afirmó: “En este caso, todas las fuerzas barriales estamos de acuerdo. Incluso, los del PRO.»

 

A desalambrar La Boca

A desalambrar La Boca

“El barrio entero de La Boca está siendo usurpado por el negociado inmobiliario”, denuncia Juana Domínguez, militante del Movimiento Evita y madre del barrio, en el marco de la Caravana que el Colectivo Artístico Vecinal de La Boca organizó el sábado último. La convocatoria de distintas organizaciones y vecinos del barrio tuvo el objetivo de impedir que la dirigencia del club xeneize, encabezado por Daniel Angelici, coloque rejas en los terrenos de Casa Amarilla. Los vecinos reclaman que el lugar siga siendo un espacio verde de cultura y recreación para los vecinos.

A través de la realización de una Caravana Artística, que partió desde las calles Olavarría y Garibaldi, el barrio de La Boca dijo “no a la venta del campito”, intención que tiene el club Boca Juniors de adquirir este espacio público para privatizarlo y realizar un mega emprendimiento inmobiliario. Se trata de terrenos que comprenden cinco manzanas, ubicadas a metros de la mítica Casa Amarilla.

La caravana consistió en una pacífica movilización que recorrió las calles del barrio, expresando su petición con banderas, carteles y la utilización de megáfonos, bombos y otros instrumentos de percusión. “La Caravana Artística es una protesta. La Boca es un barrio artístico y se nos ocurrió que una manera más pacífica de hacerlo sería por medio de una Caravana Artística. Cada uno muestra su arte, pero básicamente es una protesta, y la idea es llamar la atención y hacer ruido para que no nos saquen nuestras tierras. Es la lucha del pueblo, de la gente”, afirma Domínguez.

De la muchedumbre de la Caravana Artística, se destaca la presencia de dos niños. Uno sostiene un cartel que dice: "Queremos el campito para jugar".

La Caravana Artística consistió en una manifestación pacífica.

La gestión de Angelici pidió a la Justicia la autorización para enrejar el predio en su totalidad, a pesar de que en junio de este año el juez Guillermo Scheibler prohibió la realización de cualquier tipo de obra hasta tanto se determine la legalidad de la venta. La decisión del juez se basó en el reconocimiento de una serie de irregularidades en el proceso licitatorio que se encuentra bajo investigación por parte del Poder Judicial. Sin embargo, el club xeneize insiste en reclamar el lugar como propio. A esto se suma que quiere cerrarlo para impedir su uso por parte de los vecinos.

El sábado, la caravana artística culminó su recorrido en el campito, precisamente sobre la calle que une los terrenos de los que Boca quiere adueñarse. Allí se montó un escenario en el que las organizaciones realizaron diversos espectáculos, con el objetivo de demostrarle a los dirigentes que continuarán defendiendo este espacio que es de todos. “La idea de la caravana es realizar una protesta pero que sea colorida, festiva, y que invite al vecino a acercarse y participar. Desfilamos por casi todo el barrio haciendo paradas, contándole a la gente cuál es el problema que estamos viviendo con el campito, y cuál es el problema general en el barrio con el negocio inmobiliario, con los incendios, con la expulsión de la población originaria del lugar, y con la pérdida de la identidad del barrio desde la aprobación del Distrito de las Artes, algo que atropella la identidad del barrio permanentemente”, comenta Violeta Fractman, organizadora del Colectivo Artístico Vecinal de La Boca.

En febrero de 2016 el Gobierno porteño, a través de la Corporación Buenos Aires Sur S.E., llevó a cabo una licitación fraudulenta hecha a medida, en la que solo participó el club, y le vendió a Boca éstas tierras de manera inconstitucional, ya que primero debía pasar por la Legislatura porteña. Desde entonces, los vecinos fueron denunciando en distintas ocasiones las diferentes maniobras para privatizar el espacio, con el objetivo de evitar la venta. Para mayo del mismo año, se convocó a una marcha –en la que ANCCOM estuvo presente- llevada a cabo por diversas organizaciones barriales, políticas y vecinos, en repudio al violento ataque ocurrido días atrás en la Comuna 4, en Nueva Pompeya, durante una asamblea en la que se discutía la privatización de los terrenos, y de la que formaron parte militantes y miembros de agrupaciones vecinales de La Boca, quienes sufrieron heridas por parte de una patota. A su vez, tanto las organizaciones presentes como los vecinos aprovecharon la ocasión para expresar nuevamente su rechazo respecto a la venta de los terrenos de Casa Amarilla al club.

Además de esta violenta situación, se suman también los numerosos incendios en los conventillos, que los vecinos afirman que son “intencionales”. Juana Domínguez, una de ellas, sostiene: “Están incendiando los conventillos, hasta incluso con gente adentro. Los incendios son intencionales. Y además están desalojando a todo el mundo”.

La imagen muestra el terreno en disputa siendo utilizado por jóvenes que juegan un partido de fútbol.

El Gobierno porteño llevó a cabo una licitación fraudulenta hecha a la medida del club.

Para mayo de este año, se permitió la participación como querellantes de las organizaciones del barrio en la causa judicial que investiga si la venta del predio fue lícita. De acuerdo a un informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad, se trata de una venta “ilegal e inconstitucional” debido a que, de acuerdo a las normativas vigentes, está prohibida la venta de tierra pública de la Ciudad sin la correspondiente aprobación por parte de la Legislatura. Como afirma Alejandro Magnin, representante del Movimiento Evita, “hubo numerosas irregularidades, entre ellas, que tendría que haber pasado por la Legislatura y aprobarse allí, y esto no se hizo. Entonces en esa maniobra fraudulenta se quedaron con éstos terrenos que estaban destinados a viviendas sociales o a uso comunitario”.

La operación cuestionada se produjo en 2010, cuando los restantes terrenos, en los que no se habían construido viviendas, se traspasaron del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) al Gobierno de la Ciudad, y de éste a la Corporación Buenos Aires Sur, por medio del decreto 723/10, concretando la venta pero evitando todas las instancias legales. “Estos terrenos son de un gran valor inmobiliario pero, aparte de eso, tienen una función social, desde cualquier punto de vista: para la vivienda social que originalmente habían sido designados o como espacio verde para las actividades del barrio. Es un lugar de esparcimiento y uno de los pocos espacios verdes que nos quedan. Así que estamos tratando de darle un freno a la usurpación por parte del Club Boca Juniors que, en alianza con el Gobierno de la Ciudad, quieren usurpar estos terrenos, sacárselos a la comunidad y quedárselos para beneficio propio”, agrega Magnin.

Vecinos marchan por las calles de La Boca sosteniendo una bandera grande que dice: "Colectivo Artístico Vecinal de La Boca". De fondo, se pueden observar banderas de La Campora, el Frente Popular Darío Santillán, entre otras.

Distintas organizaciones políticas adhirieron al reclamo de los vecinos.

Es importante destacar el gran apoyo recibido en defensa de los terrenos por parte de las diversas organizaciones sociales, políticas y culturales. Más de 40 organizaciones, entre otras “Casa Popular El Patio”, “La Cámpora La Boca”, “Frente Popular Darío Santillán”, “Movimiento Evita La Boca”, “Fundación CasaSan” se adhirieron, junto al Colectivo Artístico Vecinal de La Boca, en defensa de los derechos de los vecinos sobre el predio.

La convocatoria finalizó cerca de las 19, con la lectura del documento presentado por el Colectivo Artístico en el que expresaron: “Defenderemos cada espacio público donde nuestros pibes juegan a la pelota, las familias hacen un picnic o ensayan con la murga”.

Al momento, la causa por la adjudicación de tierras se encuentra en manos de la jueza Paola Cabezas Cescato, quien debe determinar la legalidad o no de la venta. Sin embargo, los terrenos siguen en manos privadas, a la espera de una resolución judicial.

Tres niñas, vestidas de la misma manera, ríen mientras bailan en la calle una coreografía como parte de la Caravana Artística.

“La idea de la caravana es realizar una protesta pero que sea colorida y que invite al vecino a participar», dice Violeta Fractman, organizadora del evento.

Actualizado 28/11/2017