Sep 13, 2017 | Comunidad
La contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo es un hecho, y la demora en la relocalización de las familias que viven a la vera del río, otro. Aún quedan más de 1.800 familias por relocalizar, lo que implica que falta mudar a más del 80 por ciento de la población afectada. Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no dan respuestas concretas y se sigue dilatando la urgente relocalización de los vecinos de la zona. ANCCOM recolectó testimonios de distintas personas y organizaciones vinculadas al tema.
María Gutiérrez, vecina de la zona, cuenta: “Hace como treinta años que nos vienen diciendo que nos van a relocalizar, pero pasa el tiempo y seguimos en el mismo lugar. Además, en caso de que nos cambien de lugar, tiene que ser por la zona. Hubo casos anteriores que mandaron a los vecinos a cualquier lado. Ya no se aguanta vivir acá, nuestros pozos de agua están pegados a los de la cloaca. Con la contaminación que hay en el río, vivimos con mal olor, basura, y chicos con problemas respiratorios”.
Aún quedan más de 1.800 familias por relocalizar, lo que implica que falta mudar a más del 80 por ciento de la población afectada.
Natalia Machain, coordinadora regional de política de Greenpace Andino (oficina regional que agrupa a las sedes de Argentina, Chile y Colombia), da un panorama de algunos de los problemas que trae seguir viviendo allí: “Los vecinos de la Cuenca Matanza Riachuelo ven afectada su salud por falta de agua potable, los altos niveles de contaminación del agua por efluentes industriales y por hidrocarburos en aguas subterráneas en algunas áreas. Esta contaminación provoca afecciones y enfermedades varias en la piel, enfermedades respiratorias y tiene incidencia en algunos tipos de cáncer”.
El presidente de la Asociación Vecinos de La Boca, Alfredo Alberti, afirma que “el beneficio de trasladar a los habitantes a nuevas viviendas es obvio, la gente está viviendo de manera muy precaria, y estas nuevas viviendas son realmente confortables. Es cierto que la gente tiene un arraigo muy fuerte a sus hogares, algunos tienen un núcleo de relaciones allí establecidas que le ayudan a su supervivencia, por lo que la relocalización se trata de que sea lo más cercana a donde ellos están viviendo actualmente”.
Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no dan respuestas concretas .
En consonancia con Alberti, Santiago Cané de la ONG “Fundación Ambiente y Recursos Naturales”(FARN), dice: “El beneficio es que las casas a las que se relocalizarían son de concreto, y están en mejores condiciones edilicias, la obligación de relocalizar incluye que tengan agua y cloacas y además dejan de estar asentados sobre basura y tierra contaminada con plomo entre otros tóxicos”. Cuando a Cané se le consulta sobre la demora del Gobierno en la relocalización, ilustra: “Se puede imaginar que hay intereses inmobiliarios en los terrenos que, por ley de la Legislatura de la Ciudad, están destinados a la construcción de viviendas para relocalización”.
La Corte Suprema dispuso en 2008 la obligación de la Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires de llevar adelante el saneamiento del Riachuelo, en forma coordinada, para garantizar la calidad del agua y el bienestar de los vecinos de la Cuenca.
A nueve años, el fallo de la corte sigue sin cumplirse. Machain, de Greenpeace, asegura: “Las empresas identificadas como agentes contaminantes siguen vertiendo sus desechos al agua y las compañías del Polo Petroquímico de Dock sud, cuya contaminación fue la causa de la denuncia judicial que terminó con el histórico fallo, no sólo no fueron reconvertidas sino que eventualmente podrían quedar exentas de responsabilidad, si se achica el área de influencia de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). A pesar de los progresos cosméticos en la Cuenca, queda mucho por hacer”.
«Ya no se aguanta vivir acá, nuestros pozos de agua están pegados a los de la cloaca»,dice una vecina.
Hay quienes se preguntarán si más allá de la relocalización de los vecinos es posible una recuperación ambiental del Riachuelo. En este punto son varias las voces que coinciden. Desde FARN, Cané dice: “La recomposición es posible, depende de la decisión política de las máximas autoridades de Nación, Ciudad y Provincia, además del esfuerzo de la Corte Suprema en la persecución de ese objetivo. Esto implicaría tener el agua, el suelo y el aire de todo el territorio de la cuenca no contaminado. Las industrias funcionando sin verter sustancias nocivas, el tratamiento de residuos sólidos urbanos en buen funcionamiento (no en basurales a cielo abierto), los asentamientos precarios urbanizados, etcétera”.
Machaian coincide con que la recuperación ambiental es viable: “La recuperación de la Cuenca Matanza Riachuelo es un imperativo ambiental y social, urgente para la Argentina. La tecnología está disponible y las herramientas legales también. Es necesaria la voluntad política y el ejercicio del control y sanción por sobre las industrias contaminantes que hasta el momento avasallan el derecho a la salud de la población”, destaca.
Actualizado 12/09/2017
Sep 29, 2016 | inicio
Sesenta sillas instaladas en la intersección de las avenidas Rivadavia y Acoyte, en el porteño barrio de Caballito, trazan una metáfora viviente. Buscan emular las sesenta bancas que componen el recinto de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sillas de plástico color negro, más austeras que aquellas sobre las que reposan los legisladores durante las sesiones. En la calle, los ocupantes de los asientos son los vecinos del barrio que, por quinta vez, resisten la instalación del “shopping más grande de la Capital” que auguran los adalides del negocio inmobiliario.
La cita fue convocada para conformar un “Parlamento de Vecinos” desde el que se llamó a participar a los habitantes de Caballito y barrios aledaños como Almagro, Boedo, Villa Crespo, y Flores. Algunos de los organizadores no están agrupados, mientras que otros pertenecen a Encuentro en Defensa del Espacio Público, Corredor Verde del Oeste, SOS Caballito, Asociación de Comerciantes de Gaona y Adyacencias, y partidos políticos. El objetivo de conjunto es rechazar proyecto de ley enviado el 15 de septiembre por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a la Legislatura para permitir la instalación de un shopping del Grupo Irsa en los terrenos aledaños a las vías del tren y laterales al Club Ferrocarril Oeste. Por quinta vez, el gobierno porteño intenta aprobar la “deszonificación” de los terrenos ubicados sobre la Av. Avellaneda entre Fragata Sarmiento y Olegario Andrade, para que puedan ser destinados a la construcción de un megacentro comercial.
Corte de calles Acoyte y Rivadavia, en rechazo al nuevo intento de construir un shopping.
La acción del martes por la tarde no escapa a ciertas normas de civilidad: se corta medio carril de cada avenida y, cuando el semáforo se pone en rojo, los vecinos se despliegan sobre los otros carriles. Todos se repliegan cuando llega el verde.
Algunos vecinos funcionan como capas tectónicas; vienen organizados “desde la asamblea conformada en 2001”. Otros fueron parte de la resistencia a los anteriores intentos por parte de un gobierno del PRO de instalar el shopping. Hay banderas y pancartas ya gastadas, otras hechas para la ocasión. “S.O.S Caballito, barrio de casas bajas”, “Ningún shopping vende oxígeno”, “Basta de priorizar el negocio inmobiliario sobre nuestra calidad de vida” y la que más se repite: “Sí al Parque Caballito, No al shopping de Irsa”.
Las contrapropuestas al shopping no son ajenas a los impulsores del Parlamento de Vecinos que proponen que los terrenos en cuestión sean destinados a la creación de un parque. “Estamos cortando la calle porque desde 2013 se vienen presentado proyectos en la Ciudad, también hubo en Congreso, para que esos terrenos se destinen a un parque. Creemos que tiene que haber un proyecto alternativo al del Ejecutivo que garantice más espacios verdes, públicos. Ahora se está consensuando un nuevo proyecto y aspiramos que se consiga la firma de todos los integrantes de la Legislatura. Sabemos que no vamos a contar con las del PRO que tiene 28 votos y necesita 31 para su shopping. Y nosotros debemos reunir 31 para el parque”, dice el ex comunero y actual integrante de Proyecto Parque Caballito – Encuentro en Defensa del Espacio Público, Martín Iommi.
El objetivo de conjunto es rechazar proyecto de ley enviado el 15 de septiembre por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a la Legislatura para permitir la instalación de un shopping del Grupo Irsa en los terrenos aledaños a las vías del tren y laterales al Club Ferrocarril Oeste.
Al proyecto inmobiliario de Irsa, se suma el caso de un colegio que podría ser demolido para la edificación de emprendimientos inmobiliarios. “También estamos sufriendo muchos cortes (de servicios) frente a tanta construcción, y en particular porque en el ex Colegio Santa Rosa se pretenden construir torres donde nosotros queremos que haya una escuela y un jardín público”, agrega Iommi. Y concluye: “Estamos pensando que no solo es un momento de resistir, sino que estamos en condiciones de soñar con un parque, una escuela y un jardín, para empezar a construir, desde los barrios, la Ciudad que queremos y no que lo haga el Jefe de Gobierno con las corporaciones”
“Para construir el shopping se debe rezonificar la parcela, si lo hacen están en condiciones de levantar un edificio de 75 mil metros cuadrados, con un estacionamiento de 50 mil metros cuadrados. Estamos hablando de un barrio en donde, por ejemplo, este verano, de madrugada, los vecinos no conseguían llenar el tanque de agua ni siquiera en viviendo en un PH. Va a ser un colapso y el único interés que se está contemplando es el de IRSA. La ley dice que debe haber una audiencia pública previa a la presentación del proyecto y todavía no hubo nada, además de que no son vinculantes. Los vecinos no queremos más cemento, queremos parques”, apunta Estela mientras sostiene una pancarta.
Juan Carlos vivía en Caballito y se mudó a unas cuadras hacia Flores pero igual participa en el reclamo. “Hay una invasión tremenda de edificios por la especulación inmobiliaria, después vienen los cortes de luz, la baja presión de agua, se tuvieron que cambiar las líneas de gas. Otro problema son las torres que están sobre la Avenida Lorca, al lado de Ferrocarril Oeste, que consumen el equivalente a 16 manzanas de casas bajas. Por eso, ya sabemos lo que pasa. Y los días en que hay partido se llena de autos, imaginate lo que va a pasar con más torres o con el shopping”, explica.
“Sí al Parque Caballito, No al shopping de Irsa”, una de las consignas de la protesta.
Algunos vecinos concurren después de buscar a los chicos del colegio, hay quienes visten camisa, caras de señoras maquilladas y con perlas, y jóvenes con el termo y el mate. Tres patrulleros custodian el corte.
Con 26 años, Daniela piensa en las actividades culturales que hacen con su agrupación Felipe Vallese en el playón que está detrás de los terrenos en cuestión, y en las “cerca de 40 familias que están asentadas ahí y que pueden verse afectadas por este proyecto”. Mientras tanto, algunos pasan y preguntan por qué el alboroto, los vecinos de este lado –de la organización de la protesta- exhiben en detalle y con calma los argumentos que empiezan, finalizan y se sintetizan en #SiAlParqueNoAlShopping
Todos los consultados repiten el mismo dato: la Organización Mundial de la Salud recomienda cerca de 10m2 de espacios verdes por habitantes. La Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Hacienda de la Ciudad, sobre la base de datos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, indica que la Capital Federal no llega a los seis metros cuadrados por habitantes. “Esta es la comuna con el menor promedio, tenemos menos de un metro cuadrado de espacios verdes por persona. Entonces no necesitamos más torres, ni más negocios, necesitamos verde. Acá los parques están colmados. La alternativa no es shopping o baldío, nosotros decimos sí al parque, que esté urbanizado y donde puedas cruzar desde la avenida Avellaneda a Rivadavia sin dar vueltas”, dice Carlos, de 60 años, mientras alienta a que la gente ocupe las “bancas”.
Rodríguez Larreta aparece en la máscara de un comediante. “Sobran alumnos y sobran escuelas”, dice. Y sigue: “Estaría buena la Ciudad de Irsapolis”. La tribuna grita y chifla. Después de la alegoría, desfilan actuales y ex legisladores: Gustavo Vera (Bien Común), Javier Andrade (Frente para la Victoria), Claudio Heredia (Bloque Peronista), los radicales Hernán Rossi y Marcelo Guouman (Suma +), Alejandro Bodart (MST), y María José Lubertino (FpV). También comuneros, y referentes de partidos y organizaciones sociales.
Además de banderas y pancartas, hay una mesa que colecta firmas para el petitorio de apoyo. Mientras algún orador lanza consignas o críticas a la gestión actual se escuchan aplausos, arengas y abucheos, según corresponda. Un vecino pasa y grita: “Acá a tres cuadras, no hay luz”.
Actualizado 28/09/2016
Sep 9, 2015 | inicio
La Villa 20 forma parte de la Comuna 8, en el barrio de Villa Lugano. Bordeada por las avenidas Escalada y General Fernández de la Cruz linda, por un lado, con la Escuela Federal de Policía y, por otro, con el recientemente construido Polo Farmacéutico. Delante de la Villa está el estacionamiento de la Policía y al lado un predio vacío, que solía ser un cementerio de autos. Desde hace diez años, los vecinos esperan que se cumpla la Ley de urbanización para acceder al derecho de tener una vivienda digna. “Queremos que realmente se cumpla la urbanización, porque esto causa la desigualdad”, reclama Marisa Llanos, vecina del lugar.
Predio recuperado y el paredón, vista desde arriba.
El 11 de agosto de 2005, durante el gobierno de Aníbal Ibarra, la Legislatura Porteña sancionó la ley 1.770 que en su artículo 3º dice: “El Poder Ejecutivo deberá realizar, en el término de noventa días de promulgada la ley, una audiencia pública con los vecinos y vecinas a fin de establecer conjuntamente las obras a realizar en lo relativo a tipología edilicia, emplazamientos, apertura de calles, equipamiento de servicios y toda otra inquietud que consideren importante”, el texto finaliza con la exigencia: “El Poder Ejecutivo debe realizar antes de comenzar las obras mencionadas en el párrafo anterior, el saneamiento del suelo”. Sin embargo, recién hoy, diez años después, y tras la toma del predio y su posterior desalojo forzado, comienzan las tareas de análisis y saneamiento.
Según un informe realizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad en 2007, el predio vecino a la Villa era utilizado por la Policía Federal “como depósito de vehículos afectados a causas judiciales o abandonados en la vía pública” y esa acumulación y abandono de chatarra tóxica producía “un grave daño ambiental, que pone en riesgo la vida y la salud de los miles de habitantes de la Villa 20”. A fines de ese mismo año, el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Nacional firmaron un convenio para recuperar las tierras con el fin de construir viviendas. Todo se empezó a concretar en 2009, cuando un juez ordenó vaciar el predio para comenzar su limpieza y desinfección. Marta Lado, encargada de la secretaría Ad Hoc para el trámite de los expedientes colectivos en materia de derechos económicos sociales y culturales, bajo la órbita de la jueza Elena Liberatori, contó sobre el problema: “Fue un proceso largo para poder sacar los automóviles de ese predio. Porque el expediente tiene muchos años, y dicen que hace muchos años que no se hace nada, pero primero había que conseguir que esos autos destruidos fueran a alguna parte”. Finalmente, la última etapa del vaciamiento terminó a fines del 2013, cuando debió comenzar el saneamiento del suelo contaminado.
Marcha por la urbanización de la Villa 20. 25 de agosto de 2015
Barrio Papa Francisco
Luego de retirar la totalidad de los autos abandonados, la tierra contaminada permaneció a la espera del análisis. Pero algunos vecinos, ante la demora, decidieron hacer visible su demanda y se asentaron allí. El 5 de febrero de 2014 se produjo la toma de los terrenos, a los que sus habitantes llamaron Barrio Papa Francisco. “A principios de marzo logramos hacer una audiencia enorme con vecinos y legisladores. Ahí se fijaron líneas muy claras de trabajo, y yo les dije desde el primer momento que no me pidieran baños químicos, ni nada para la toma, porque la toma es un modo inapropiado de reclamar algo legítimo. Lo que podíamos hacer frente a esa situación, y yo para eso me comprometía, era trabajar la desocupación pacífica. Desocupación en función de obtener del Gobierno el compromiso de ver cómo íbamos al tema de fondo, que era el reclamo de la vivienda”, contó la jueza Elena Liberatori, titular del juzgado N° 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. Liberatori fue quien estuvo presente en el diálogo con los vecinos de Villa 20, y quien luego actuó como mediadora ante el Estado: “Habíamos avanzado bastante, porque para agosto estaba fijada la audiencia pública de la Ley 1.770, en el Parque Roca. Nos costó pero el Gobierno finalmente accedió. Teníamos una agenda, había gente de la Facultad de Arquitectura, con anteproyectos para la tipología urbana del barrio. Fuimos al barrio, nos reunimos en una escuela para hablar con los vecinos y explicarles que íbamos hacer la audiencia y que era una oportunidad”, agregó.
Para Liberatori la toma provocó una “contaminación política” dentro de aquella situación de negociación: “Ese desparramo que hicieron algunos no dejó participar a los vecinos que venían a enterarse de cómo era una audiencia pública. Entonces vino el desalojo, y después todos lloramos, y ahí se terminó todo”. Seis meses después de la negativa de los vecinos a retirarse voluntariamente del predio, el 23 de agosto de 2014, la jueza Gabriela López Iñiguez, titular del juzgado N° 14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, decidió el desalojo que llevaron a cabo la Policía Metropolitana y la Gendarmería. Según Liberatori, el desalojo también era la última medida para la jueza Iñiguez, por eso se realizó en el mes de agosto y no al comienzo de la toma: “Estoy convencida de que el abordaje de los conflictos no tiene que acudir en primera medida a lo punitivo y a lo represivo. Nos hubiera dado muchísima más fuerza, confiar en el camino legal que estábamos haciendo y poniendo en pie. Después de una audiencia, inclusive para los legisladores, hubiéramos llegado de otra forma”, dijo la jueza. Luego del desalojo, Liberatori exigió al Gobierno de la Ciudad el cumplimiento efectivo del plan de urbanización y estableció este año, 2015, como plazo límite.
“Si no se producía la toma, eso no se iba a visibilizar nunca. Iban a pasar los gobiernos, los mandatos, e íbamos a seguir siempre igual. Y la toma se produjo porque hubo muchos años de ausencia, de abandono, entonces los vecinos se cansaron y se asentaron ahí para tener su propia vivienda. Si ya el Gobierno no hace las casas, entonces las hacemos nosotros. Ahí se visibilizó el problema”, Marcelo Urquiza.
Por otro lado, algunos vecinos reivindicaron la medida como un modo de hacer valer sus derechos. Marcelo Urquiza, delegado de la Junta Vecinal de Villa 20, dijo: “Si no se producía la toma, eso no se iba a visibilizar nunca. Iban a pasar los gobiernos, los mandatos, e íbamos a seguir siempre igual. Y la toma se produjo porque hubo muchos años de ausencia, de abandono, entonces los vecinos se cansaron y se asentaron ahí para tener su propia vivienda. Si el Gobierno no hace las casas, entonces las hacemos nosotros. Ahí se visibilizó el problema”. Urquiza tiene 40 años y se crió en el barrio. En la Villa 20 vivieron sus abuelos, sus padres, y ahora sus hijos y nieto. Marisa Llanos también vive en el barrio. Su mamá vino de Bolivia hace 26 años y ella nació y creció en Lugano. Ahora es militante del Frente de Organización en Lucha y estudia para ser maestra de primaria. Llanos comentó: “Yo no estoy en contra, pero creo que había que buscar otra solución. La solución no es tomar un terreno, sino un plan de urbanización. Pienso que deberían hacer departamentos, y que los vecinos, la gente que necesita, que lo pague en cuotas a la medida de sus posibilidades”.
Situación actual
El 25 de agosto pasado, distintas agrupaciones junto con habitantes de la Villa 20, y en compañía de vecinos de otras villas de la Ciudad, se movilizaron desde el Obelisco hasta la Jefatura de Gobierno para recordar los diez años de la sanción de la Ley 1.770, su incumplimiento, y el primer año transcurrido desde el desalojo del predio. El pedido general era de una solución a la crisis habitacional: “Así como nosotros estamos desamparados por el Gobierno de la Ciudad, están también las otras villas, muchos barrios humildes que tienen la misma problemática que nosotros, que les falta urbanización, no tienen luz, no hay agua ni cloacas. Y todo le compete hoy al Gobierno que está conduciendo la Ciudad. ¿A quién le vamos a reclamar?”, se preguntaba Marcelo Urquiza. Mientras que Marisa Llanos hacía hincapié en la igualdad de derechos y obligaciones: “Si se corta la luz, nosotros no podemos reclamar porque no pagamos nada. Pero queremos pagar, queremos tener los mismos derechos que cualquier persona, así podemos reclamar. Pero no, nos tenemos que quedar como estamos y aguantar a que ellos quieran arreglarlo. Esa es la situación de todas las villas, todas sufren lo mismo”, aseguró la militante.
Chicos jugando al lado del paredón que divide el predio de la villa.
Durante este año, los habitantes de la Villa 20 no vieron que se realizaran mejoras en los terrenos. Urquiza comentó que lo único que se hizo fue “un paredón de dos metros y medio que rodea al barrio y esconde a la Villa del resto de la sociedad. Lamentablemente hay una falta de voluntad política en la Ciudad de Buenos Aires, donde los derechos de los ciudadanos los guardan en un cajón”. Virginia Gutiérrez vive en la Villa desde el 2001 y desde la terraza de su casa se puede ver el muro y el predio. Gutiérrez contó que durante la toma se vivieron momentos tensos de violencia y tiroteos y que aún recuerda a las personas que corrían llorando cuando las topadoras aplastaron sus casas y pertenencias. Ella alojó algunos vecinos en su casa por un tiempo, pero después muchos se fueron del barrio: “Algunos los llevaron a hogares pero se quedaron sin nada. Otros se fueron con familiares, y algunos se volvieron a sus países”. En cuanto a la movilización, opinó: “No sé qué va a pasar pero para mí hay que seguir. Por lo menos conseguir que se construyan las calles, que pongan el agua y la luz. No hay que dejarlo y acordarnos solamente una vez por año”. De la misma manera, la jueza Liberatori subrayó: “Lo que falta es la voluntad política. ¿Dónde está la voluntad política?: En la urna. No sale de mi firma, ni nos compete a los jueces forzar la voluntad política. Por eso las cosas no salen, andan de a tumbos, porque contra eso no podemos. La voluntad política es inexistente para ciertas cosas. Porque donde hay voluntad política las cosas caminan, y salen”. Por último, la jueza confirmó que el proceso de saneamiento ya comenzó, y adelantó que durante el mes de julio recibieron en el juzgado un avance: “Nos llegó un informe en donde se recategorizó el predio de la toma y dice que se van a construir 800 viviendas, que va haber comercios minoristas y distintos núcleos que llaman “nido” en donde darán talleres. Eso fue lo último que hemos recibido, y para nosotros fue una sorpresa. Con lo cual ahora, estaremos trabajando sobre esta segunda parte”, finalizó.
