Mar 10, 2022 | Comunidad, Destacado 4
El Gobierno porteño no logra resolver el problema que resurge cada marzo. Desde que el PRO está al frente del Ejecutivo, el presupuesto educativo se redujo un 10 por ciento. Los problemas de infraestructura.
Con el inicio del ciclo lectivo 2022, más de 56 mil chicas y chicos no han encontrado su lugar en el sistema educativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Si bien no es la cifra definitiva, ya que algunos encontrarán lugar en las próximas semanas, es más que seguro que el número superará ampliamente a los 20 mil jóvenes que se quedaron sin vacantes durante el 2021”, indica Pablo Cesaroni, miembro de la Comisión de Educación del Consejo Consultivo de la Comuna 5 y de la agrupación Cooperadores en Movimiento. El dato, que se desprende de relevamientos realizados por agrupaciones gremiales, se condice con la caída de la inversión en educación por parte del Gobierno de la Ciudad en los últimos años. “Lo que el Ministerio de Educación ha hecho, con Soledad Acuña a la cabeza, es achicar todo lo que sea educación pública en gestión estatal. Tanto es así que desde que el PRO es gobierno el presupuesto educativo ha bajado más del 10%”, menciona Cesaroni.
“No solo tiene que ver con una política educativa, tiene que ver con una política sobre los inmuebles”, aclara Lisandro Teszkiewicz, auditor general de la Ciudad de Buenos Aires. Las palabras de Teszkiewicz apuntan a uno de los nudos centrales del problema, que es la infraestructura: es que el Gobierno porteño no ha construido ninguna escuela desde que comenzó la pandemia y tampoco tiene planeado iniciar obras con este fin durante el 2022.
Una política no tan publicitada de Rodríguez Larreta es la del remate de terrenos públicos en donde se encuentran escuelas en funcionamiento.
Si bien las medidas que el Gobierno de la Ciudad presenta como novedades con respecto a este ámbito son garantizar 192 días de clases, el reemplazo de las horas libres en secundarios por Matemática e Inglés y la introducción de nuevas materias como Educación Financiera para alumnos del último año de secundario, una política no tan publicitada por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta es la del remate de terrenos públicos en donde se encuentran establecimientos educativos en funcionamiento.
Uno de estos casos es el del Centro de Desarrollo Infantil (CEDI) ubicado en la calle Pringles 344, en el barrio de Almagro, en donde el 7 de marzo último se realizó un acto en contra de la decisión del Gobierno de subastar este edificio dos días después, junto a otros dos contiguos inutilizados que también pertenecen al Estado local (Pringles 342 y 340). Si bien el intento del Ejecutivo fracasó, ya que finalmente no se presentó ningún oferente, se trata de la cuarta vez que el establecimiento pasa por esta situación, con el último antecedente en agosto del 2021. “Prometieron tres mil jardines y lo único que hacen es cerrarlos”, señala María José Gutiérrez, secretaria de Nivel Inicial de la Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE), para la dirigente, la solución es que la Ciudad ceda los terrenos lindantes al CEDI para que este pueda aumentar su capacidad. “Para esta franja etaria hacen falta quinientas vacantes solamente en esta comuna”, aclara Myriam Godoy, miembro del Observatorio del Derecho a la Ciudad. “Durante el año pasado aceptaban niños desde los 45 días hasta los tres años. Tuvieron que subir la edad mínima hasta el año porque no han contratado suficientes maestros -añade Godoy-. Ahora asisten 45 chicos en total pero si se amplía se puede satisfacer a un poco más de la mitad de la demanda comunal”.
A fines del 2021, la Escuela Indira Ghandi, ubicada en una de las zonas de mayor valor de la ciudad, cerca del Aeroparque Jorge Newbery, con grandes espacios verdes, corría el peligro de ser trasladada para que sus terrenos sean vendidos con el fin de dar lugar a proyectos inmobiliarios a manos de privados. Más próximo en el tiempo, en los primeros días de marzo, fue el turno de la Escuela Especial N° 28 Bartolomé Ayrolo que funciona en el Palacio Ceci en Villa Devoto. En este caso se quería ceder el edificio para que pasara a formar parte del Distrito del Vino. En ambas ocasiones lo que detuvo el desplazamiento de los establecimientos educativos fueron las movilizaciones por parte de la comunidad educativa porteña. Para Gutiérrez, la situación es crítica: “Además de que no se abren escuelas las quieren cerrar”.
A estos acontecimientos se le suma el pobre mantenimiento de los establecimientos ya existentes. Para la maestra de Nivel Inicial, Natalia Simonelli: “Es evidente que durante el verano no hicieron mantenimiento en ninguna escuela”. Algunos accidentes durante el mes de febrero ilustran su afirmación: una explosión en la zona de calderas provocó quemaduras en un trabajador que estaba haciendo refacciones eléctricas en la Escuela N° 8 del barrio de Boedo, y en Parque Patricios, el padre de una alumna resultó herido cuando parte de la mampostería del Instituto Bernasconi cayó sobre él.
“El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha destruido la Dirección de Infraestructura Escolar. Hoy solo tiene empleados administrativos, no tiene trabajadores capaces de arreglar las escuelas -menciona Teszkiewicz-. Todo se hace a través de un sistema de licitaciones para empresas que no tienen ni experiencia ni vocación en el sector educativo”. Para el auditor un ejemplo de esto es que una de las contratistas que tiene mayor cantidad de establecimientos asignados en la Ciudad lleva el nombre Mejores Hospitales S.A. A la posible impericia de las empresas se le añade la lentitud con la que las gestiones de las autoridades de cada colegio atraviesan el aparato burocrático del Estado porteño: “El mecanismo de atención de los edificios hace que cualquier reparación demande más de un ciclo lectivo completo. Cada vez que un directivo solicita el arreglo de un baño, por ejemplo, significa que esa obra va a demorar todo un año en ser realizada”, enuncia Teszkiewicz.
Para Cesaroni es de central que desde el gobierno local se arme una mesa de diálogo con representantes de la comunidad educativa para poder dar cuenta de cuáles son los problemas que afectan a gran parte de la población con respecto a las vacantes en la educación de gestión estatal. Por su parte María José Gutiérrez concluye: “Si bien la ministra Acuña dice que los tenemos perdidos en los pasillos de las villas nosotros sabemos dónde están nuestros pibes y nuestras pibas, dónde ir a buscarlos y qué es lo que hace falta para que no sean excluidos de la escuela pública”.
Ene 18, 2021 | Comunidad, Novedades
Caer en la escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires ya era una odisea antes del fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del pasado miércoles 23 de diciembre. Lejos de instruir al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta a cumplir con el artículo 24 de la Constitución porteña –que establece la responsabilidad del Estado de asegurar y financiar la educación pública desde los 45 días de vida–, la máxima instancia judicial consideró que no tiene la obligación de garantizar vacantes antes de los cuatro años, edad de escolarización obligatoria. La decisión del TSJ habilita al Ejecutivo porteño a desentenderse de los 9.120 mil niñas y niños que quedaron fuera de los colegios porteños durante 2019.
Frente a un recurso de inconstitucionalidad de una madre en reclamo de una vacante para su hijo en una escuela pública o la financiación por parte del Estado en una privada, el TSJ desestimó la presentación y dispuso que solo pueden exigir la obligatoriedad de las vacantes quienes no estén en condiciones de hacer frente a la cuota de la educación privada.
Con largas listas de espera, el déficit de vacantes para las escuelas porteñas suma más niñas y niños fuera del sistema público cada año. El nivel inicial, desde los 45 días hasta los 5 años de edad, está en la situación más crítica. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la faltante de vacantes ascendió de 5.629 en 2011 a 9120 en 2019. El Estado se mantiene inmutable ante los miles de chicos que quedan fuera del sistema educativo público. En los sucesivos gobiernos del PRO de Mauricio Macri (2007-2015) y Horacio Rodríguez Larreta (2015-hoy), la situación deficitaria ha persistido.
Desde 2011, ACIJ mantiene un acuerdo con el Gobierno porteño donde el Estado reconoce la problemática de la falta de vacantes y se comprometió a garantizar el acceso a la educación inicial desde los 45 días hasta los 5 años. “Recibimos con mucha sorpresa el fallo no sólo por las interpretaciones jurídicas, que entendemos no son acordes a la normativa vigente, sino porque no reconoce los compromisos y obligaciones que ya había asumido el GCBA”, señala la abogada y co-directora de ACIJ, Constanza Argentieri.
La decisión del máximo órgano trae más elementos que preocupan a la organización civil. El fallo establece un criterio de priorización de vacantes existentes para niños en situación de vulnerabilidad socioeconómica. “Por supuesto que es acorde al enfoque de derechos humanos pero esta decisión viene acompañada de un deslinde de responsabilidad de garantizar la universalidad de vacantes”, expresa Argentieri.
“El fallo le dice al Gobierno de la Ciudad que no necesita seguir avanzando en obras de infraestructura ni que es necesario garantizar vacantes en nivel inicial a todos los niños, sino que simplemente con las vacantes existentes tiene que garantizar este criterio de priorización”, explica la directiva de ACIJ. “Si el Gobierno sigue en esta línea de desfinanciamiento educativo y sin garantizar la totalidad de las obras que tendría que realizar para garantizar las vacantes, podría terminar sucediendo que se establezcan escuelas donde haya solo niños en condiciones de vulnerabilidad y escuelas privadas donde solo vayan quienes pueden pagar la cuota. Esto generaría un sistema educativo absolutamente segregado y discriminatorio”, denuncia.
Con esta decisión, el Poder Judicial porteño no tuerce la dirección de la política educativa de Rodríguez Larreta frente a la faltante de vacantes. Según Argentieri, lo habilita a continuar sin adoptar medidas inmediatas para garantizar la educación del nivel inicial.
Desde la organización esperan que la lista de espera de niños y niñas aumente para este año debido a la pandemia. “Se ha venido pronosticando una migración muy grande de familias de la educación privada a la pública por no tener las condiciones económicas para afrontar las cuotas”, advierte Argentieri. El aumento de la demanda en combinación con la inacción del Gobierno porteño avalada por el TSJ no augura un futuro esperanzador para las familias porteñas que busquen su lugar en la educación pública.
La demanda de vacantes se resuelve con mayor inversión educativa y construcción de más escuelas. Pero los números indican que no hay una voluntad política por resolver la situación de miles de niños y niñas en lista de espera. El presupuesto destinado a Educación en CABA en 2021 es el más bajo de los últimos 9 años. En comparación con el año pasado, la inversión educativa es un 3,9 por ciento menor. Esta cifra resulta peor en comparación con 2019: un recorte del 24,6 por ciento. Y en lo que refiere a infraestructura, el panorama es peor aún. Según el monitoreo que realizan desde ACIJ en el marco del acuerdo con el Gobierno porteño, el Programa de Infraestructura Escolar sufrió un recorte de 71,8% en comparación al anterior.
Fuente: ACIJ (https://acij.org.ar/vacantes–en–la–ciudad–preocupantes–niveles–de–desinversion–educativa–en–el–proyecto–de–presupuesto–para-2021/)
Nov 15, 2018 | Comunidad, Novedades
El 9 de noviembre se publicaron los resultados de la asignación de vacantes para el ciclo lectivo 2019, donde miles de niños y niñas quedaron expulsados del sistema de educación pública. En base a una proyección de los datos presentados oficialmente por el Gobierno porteño en los últimos años, se estima que son alrededor de 22.000 chicos quienes, principalmente en el nivel inicial, no tendrán su lugar asegurado en las aulas el año próximo.
La asignación se dio en un contexto de incertidumbre, donde el Gobierno de la Ciudad publicó los resultados y después eliminó esa información por varias horas, provocando la angustia de las familias expectantes. “A los que la plataforma nos decía que no teníamos vacantes nos dijo luego que esperemos, y lo mismo a los que ya la tenían asignada”, explica el periodista Werner Pertot, a quien el sistema le denegó el cupo para su hija.
El grupo multitudinario “Vacantes para tod@s en las escuelas públicas”, es un colectivo conformado por madres, padres y docentes damnificados por esta problemática que fue profundizada con la implementación de la modalidad de inscripción online en 2014. El mismo funciona como una red colaborativa entre familias donde se comparte información sobre el funcionamiento del sistema, formas de reclamo y asesoramiento legal. Patricia Pines, una de las fundadoras, denuncia la ausencia de presupuesto destinado a la construcción de nuevas escuelas: “El gobierno se ampara en la excusa presupuestaria, pero eso es refutable ya que destinan el doble de dinero a publicidad oficial. Por eso asistimos numerosas veces al Ministerio de Educación a denunciar que no se cumple la construcción de los 75 establecimientos prometidos, pero la respuesta es siempre `apagarnos el aire acondicionado` mientras reclamamos con nuestros hijos a upa en pleno diciembre. Nos cierran la puerta en la cara”.
Pines explica que, junto a la comunidad que tiene alrededor de 10.000 miembros, lograron iniciar casi 300 amparos individuales de los cuales el 95% resultó favorable: “Esto significa que las familias a las que el sistema no les asignó vacante, logran obtenerla luego de un tiempo”. Sin embargo, aclara que esto es sólo una solución a corto plazo ya que se trata de una minoría dentro de la multitud de niños y niñas que se quedan afuera y que deben buscar otras opciones: “Esta es una política de privatización de la educación pública. Los que son excluidos, si es que sus familias pueden, se terminan inscribiendo en escuelas privadas”. Como en el caso de Marina Guitelman, mamá de Juana, a quien le negaron la vacante por tercer año consecutivo: “Una vez más quedamos en lista de espera, esta vez en sala de 4 de un jardín que tenemos a dos cuadras. El año pasado presentamos un amparo judicial, pero tuvimos sentencia negativa, por eso tuvimos que inscribir a nuestra hija en un jardín privado que pagamos con esfuerzo y ayuda de nuestros familiares. El sistema está diseñado así, te empuja a contratar niñeras, o a pasar al sector privado”, comenta.
Cuando no existe la posibilidad de contratar un servicio de niñeras o de pagar una institución privada, para Micaela López Rodríguez, de la organización “La Vacante es un derecho”, la falta de vacantes implica un doble juego: “Incide sobre todas las familias, pero también entendemos que hay una mayoría de situaciones en donde es la mujer la que tiene que generar una estrategia de cuidado. No solamente recae sobre las mujeres trabajadoras, sino también sobre aquellas que se dedican al trabajo doméstico que, como todas, tienen derecho a tener tiempo para sí”. En la misma línea, Pines asegura: “Esta problemática atenta con la posibilidad de las mujeres de desarrollarse no sólo en el ámbito laboral, sino que hace incompatible la maternidad con cualquier proyecto de vida, porque si no hay jardines y no se puede pagar una niñera, ninguna madre tiene la posibilidad de hacer otras tareas».
“A los que la plataforma nos decía que no teníamos vacantes nos dijo luego que esperemos, y lo mismo a los que ya la tenían asignada”, explica el periodista Werner Pertot.
Este año la problemática afectó principalmente al nivel inicial, donde la falta de escuelas se combina con la política de cierre de jardines maternales y salas de lactarios. Tal es el caso de la Escuela Infantil 6 del Distrito Escolar 6, más conocido como el jardín del Hospital Ramos Mejía. Luisa Cendoya, quien encabeza la lucha contra el cierre de esta institución, promovido por el Ministerio de Educación, comenta: “Mi hijo hoy está en sala de lactarios y entiendo que será de la última camada. En las inscripciones la sala de lactarios no fue ofertada para 2019. Al publicarse los listados definitivos, nos dimos cuenta que el sistema dejó a muchas familias anotar a sus hijos en otras salas, pero que finalmente no figuran en lista de espera en ninguna institución. La conducción del establecimiento confirmó que son 1652 los niños y niñas afectados”.
El Gobierno intentó saldar la falta de cupos en el nivel inicial suplantando la construcción de escuelas por la creación de Centros de Primera Infancia, (CPI). “Son instituciones que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, por lo tanto, las personas a cargo de los grupos no necesariamente tienen que tener título docente, y si lo tienen, no están contratadas bajo el convenio de docentes, ni los mismos derechos ni obligaciones, esto significa un gran retroceso pedagógico. En los últimos años han crecido exponencialmente, cuando el PRO empezó a gobernar la Ciudad, se estimaba que había 20 CPI, hoy son 120”, explica Pines.
Myriam Feldfeber, directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, puntualiza en relación a la proliferación de CPI: “El Estado es responsable de generar las condiciones para garantizar el derecho a la educación desde los 45 días de acuerdo con la Constitución de la Ciudad. Esto significa que existan vacantes para todas las familias y que la propuesta pedagógica se desarrolle en instituciones educativas. En este sentido, es cuestionable la política del gobierno que expande los CPI y no así la construcción de escuelas de nivel inicial”.
Mar 21, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar
En la Ciudad de Buenos Aires hay más de diez mil chicos que no cuentan con vacantes en escuelas públicas. La problemática, que afecta principalmente al nivel inicial, no encuentra respuestas por parte del Gobierno porteño. “El nivel inicial es uno de los más nuevos y requiere de una infraestructura muy especializada. El Ministerio (de Educación) no está construyendo la cantidad de jardines de infantes necesarios para cubrir esa demanda, por lo tanto todos los años luego de la inscripción online hay un montón de mamás que tienen que acudir a los jardines privados”, explica a ANCCOM Angélica Graciano, secretaria de Educación y Estadística de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).
El colectivo Vacantes para Tod@s en las Escuelas Públicas es un grupo conformado en 2013 por madres, padres y docentes que sufrieron de cerca la problemática de falta de cupo. Realiza movilizaciones y festivales en solidaridad con las familias que no cuentan con vacantes para sus hijos, además de informar a los padres las vías de reclamo a las que pueden recurrir, compartir sus experiencias y brindar asesoramiento legal. Gabriela González, una de las referentes, asegura: “Cuando en 2013 se implementó por primera vez la inscripción online fue un desastre porque a partir de ahí esa relación pedagógica que existe entre la familia y la escuela se rompió y, políticamente, hay una clara intención de poner una línea, el sistema corta, dice acá no hay mas vacantes, cuando uno va a hablar con una directora, con las maestras, se abren otros canales, se acomodan los números”.
Además, ella afirma: “Hace muchísimos años que no se construyen escuelas en la Ciudad de Buenos Aires y la inscripción online lo que hace es evidenciar esta problemática que antes resolvían los directores como podían. La inscripción online, además, generó una expectativa que no fue cubierta porque no hay escuelas”.
La escuela Nº 24 fue cerrada por su traslado a un nuevo edificio que aún no está habilitado.
Graciano, de UTE, dice en relación a la cantidad de chicos que se quedarían sin su vacante en 2018: “El año pasado, por un pedido de informe de la legislatura el Ministerio de Educación. informó que había 11 mil vacantes faltantes y este año suponemos que son más. Todavía no está el número consolidado porque están reubicando chicos, creemos que son más porque a medida que avanza la crisis y las familias tiene que salir a ampliar su cantidad de horas de trabajo la necesidad de los jardines es mayor.”
Karina Wainschenker es mamá de Ivana, quien fue anotada por primera vez en un jardín para el ciclo lectivo 2017. “Vivíamos en Colegiales y mi hija quedó en lista de espera, hice el reclamo online como indicaba el sistema, obviamente pasó todo el año y no apareció ninguna vacante, tuvimos que anotarla entonces en un privado”, explica.
Este año se mudaron a Villa Urquiza y Karina volvió a inscribir a Ivana para el ciclo lectivo 2018, esta vez en sala de dos, quien nuevamente quedó en lista de espera: “Fuimos a la escuela y era un nivel de desconcierto enorme, uno intentaba saber en qué puesto de la lista de espera estaba, qué posibilidades había de tener una vacante pero ocultaban esa información. Llevamos una carta de reclamo a la supervisión y fuimos al Ministerio de Educación a entregar una carta dirigida a la ministra. Ahora estamos en un proceso de amparo judicial”, agrega.
El artículo 24 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice que el Estado debe garantizar la escolaridad a partir de los 45 días de vida. “Se replica en supervisiones, en el Ministerio y en directores de escuelas el discurso falso de que es obligatoria la escolaridad a partir de los 4 años y entonces dicen que no tienen por qué resolver este tema antes”, afirma Karina, la mamá de Ivana, y añade: “Se manipula la información, desinforman y desconciertan a las personas que se van resignadas a sus casas y no saben que tienen este derecho constitucional en la ciudad que no está siendo cumplido.”
Por su parte Pablo Imen, director de Idelcoop-Fundación de Educación Cooperativa y docente e investigador de la UBA, advierte: «La falta de miles de vacantes en la ciudad es la contracara del compromiso verbal de crear tres mil jardines de infantes en todo el país. El neoliberalismo del siglo XXI, a diferencia del estilo más brutal y sincero de su antecesor del siglo XX, se caracteriza por un elevado nivel de cinismo». En el mismo sentido Graciano, de UTE, afirma: “Evidentemente la primera infancia no está en la prioridad de las políticas públicas de este gobierno”.
Natalia, docente de la escuela N° 6 del distrito 10, junto a su hija, quien no consiguió vacante.
González, del colectivo Vacantes para Tod@s, explica el funcionamiento de los centros de primera infancia (CPI) con los que se pretende sustituir a los jardines: “El gobierno construyó los CPI, que no dependen del Ministerio de Educación sino de Desarrollo Social, no tienen un proyecto pedagógico y donde están a cargo de los niños cuidadores que pueden o no ser docentes. Los CPI surgieron como una respuesta del Estado a un acuerdo que se hizo en sede judicial, son instituciones de cuidado pero no educativas” .
El eje de la problemática está para los padres en la falta de escuelas. “La solución no es hacer reclamos ni ir atrás del proceso judicial para que te den la vacante, la solución es construir escuelas. Nuestros hijos no tienen vacantes y más allá de que yo haga el amparo y consiga una vacante para mi hija, hay miles de niños sin vacante. La escuela pública iguala oportunidades y en ese sentido creo que estamos ante un problema gravísimo” concluye Karina.
Dic 14, 2016 | Entrevistas
Cuando su segundo hijo cumplió un año, Patricia Pines obtuvo una vacante en el jardín de la Escuela Pública N°6 “José María Ramos Mejía” de la Ciudad de Buenos Aires. Una vez que la obtuvo, el primer día de clases, en reunión de padres, se encontró con una maestra al borde del llanto porque tenía a su cargo cuarenta chicos. La docente anunció que se acercaría al sindicato para saber cómo seguir: la situación era insostenible. Ese día, Pines -también docente- comenzó una lucha que la convirtió en una de las referentes del espacio “Vacante para tod@s”.
¿Cuándo surge Vacantes para tod@s?
En 2014, después de la primera implementación del sistema de inscripción escolar online en la Ciudad. Al principio éramos pocas mamás, pero la problemática afectaba a más de 17.000 personas. Pedíamos por la no inscripción online. Después nos dimos cuenta que el tema era más amplio y tenía que ver con la reducción y la subejecución del presupuesto para estructura, la falta de escuelas y con la negación de un derecho constitucional como el acceso a la educación pública a temprana edad. Hoy somos un grupo numeroso, donde hay muchas familias afectadas, docentes de diferentes sindicatos y militantes de varias agrupaciones políticas, sociales y gremiales. Por eso es muy multisectorial.
¿En qué coinciden actores tan diversos?
En defender la educación pública y reconocer que hay una problemática que, si no nos ponemos todos al hombro en unidad, va a ser muy difícil de solucionar. Este año lanzamos la campaña “Que florezcan escuelas en primavera”, que busca determinar espacios ociosos en la Ciudad donde se pueden crear escuelas públicas.
Vacantes para tod@s surge en 2014, después de la primera implementación del sistema de inscripción escolar online en la Ciudad.
¿Cuál es el problema más urgente?
Hay complicidad de la problemática en los tres poderes. En el Legislativo, desde 2014 hemos presentado, a la Comisión de Educación, proyectos integrales de creación de escuelas para las zonas postergadas: el sur, Soldati y Retiro. Hasta ahora solo dos fueron tomados en cuenta: la escuela recuperada “Carlos Fuentealba” en Parque Patricios, después de una toma de tres meses de las familias y que todavía hoy no figura en la inscripción. Y la otra en Venezuela 3269, un galpón abandonado del Ministerio de Educación, en donde ya debería empezar la obra. No obstante, el presupuesto, que cayó del 27,5% al 18,5% para 2017, siempre es subejecutado por el Ejecutivo. En los últimos diez años, se subejecutaron 850 millones de pesos. A valores de construcción actual, equivale a 127 escuelas que se podrían haber abierto. Es dinero que se usó para otra cosa.
¿Qué consecuencias tienen estas políticas?
Hay una decisión política de vaciamiento y privatización de la escuela pública. El sistema de inscripción, el abandono de las escuelas y la no construcción de otras nuevas, produce una derivación de matrícula a escuelas privadas. Cualquier familia que no tiene vacantes y con muchísimo esfuerzo logra pagar una cuota, lo pasa a su hijo a una privada para no dejarlo sin escolaridad.
¿Y los que no pueden pagarla?
Son la mayoría. A mediados de mayo y junio, he acompañado a familias en el Distrito 19 y 21, cuyos hijos no habían comenzado el primer grado. Solo el que tiene la posibilidad empieza en privada, los otros se quedan sin nada. La inscripción online es expulsiva. Hay lugares como la Villa 1-11-14, Lugano, Retiro, donde la población vive en situación de vulnerabilidad y el sistema es un obstáculo más para acceder a la educación pública. El Gobierno responde que hay personal en las escuelas para solucionar estos temas, pero eso es mentira. Tenemos muchísimas denuncias de establecimientos donde no hay nadie para realizar estas tareas. Y a la vez cientos de casos de maltrato por parte del personal contratado, tercerizado, que les han llegado a decir a las madres que no hay vacantes porque ellas tienen muchos hijos, o porque hay demasiados extranjeros, o porque viene gente de otras provincias. Un argumento falso, que queda demostrado al ver el bajo número de estos casos en la matrícula de CABA. Es un discurso xenófobo y discriminatorio.
«Hay una decisión política de vaciamiento y privatización de la escuela pública».
¿Qué respuestas obtienen del Gobierno?
Pocas o evasivas. Va ligado a la no voluntad política. El presupuesto aprobado para 2017 es de 172.000 millones de pesos. Solo con 600 millones se solucionaría el problema de construcción de escuelas. Pero no lo quieren hacer. Mientras destinan casi 2.000 millones a publicidad. En el Ministerio cierran las puertas y dicen que no pueden dar soluciones, y mandan a las madres a la Supervisión. Y lo único que puede hacer ese organismo es meter a más chicos en una misma aula, algo que hoy pasa: hay salas de 2 años con cuarenta chicos, algo inaceptable. A eso se llega porque el Ministerio de Educación no se hace responsable.
¿Cuántos chicos se quedarán sin vacantes en 2017?
Ese dato no lo han querido dar. Se comprometieron a hacerlo en una audiencia pública el próximo 26 de diciembre. Como dato duro, informado por la Legislatura, tenemos que en 2016 fueron más de 11.400 los chicos sin vacantes.
Hace una semana, gracias a un amparo, tuvieron una audiencia pública con funcionarios de Educación ante la jueza Elena Liberatori, ¿qué pasó allí?
Se negaron a entregar datos hasta que la jueza les dijo que iban a ir los sindicatos a dar los datos de cuántas vacantes hay en nivel inicial y primario. Ahí se comprometieron a publicarlos el 26 de diciembre. Esto muestra un intento de ocultamiento de la información que pasa todos los años. También pedimos saber la tasa de egreso de sala de 5, porque sabemos que en zona sur hay más egresados de preescolar que vacantes en primer grado. En concreto, fueron a no decir nada, a dar excusas. Nosotros lamentamos que el pedido de amparo que generó esta reunión era para todos los niveles y la jueza decidió que sólo se tocaran los casos de primario y medio, quedando los del inicial en otra causa que ya tiene un fallo favorable en otro juzgado en lo Contencioso y Administrativo, que si bien dictaminó a favor, nunca le puso multas al Gobierno, entonces está totalmente parada. La sensación es amarga, las familias tienen muchísima angustia. Pareciera que son funcionarios alejados de nuestras realidades, con poca empatía.
«En el Ministerio cierran las puertas y dicen que no pueden dar soluciones, y mandan a las madres a la Supervisión».
¿Cómo afecta a una familia no obtener vacantes?
En mi caso, al año saqué al nene de la escuela Ramos Mejía porque la condición edilicia era impresentable. Tuve la suerte de conseguir vacante en el Mariano Acosta, donde trabajo, pero para eso tuve que renunciar a mi cargo titular de escuela primaria, porque el horario común de jardín no me da para trabajar en primaria. Tomé un cargo en el inicial para llevar a mi hijo en el mismo horario. Modifiqué mi situación laboral, mi carrera. Mi hijo va tres horas y cuarto al jardín, y eso es lo que yo puedo trabajar. En Balvanera, donde vivimos, no hay opciones con horario completo, que es lo que muchas familias necesitamos.
En los últimos años, el GCBA abrió casi 40 Centros de Primera Infancia (CPI), ¿ayudan a cubrir vacantes?
El problema con los CPI es que no dependen del Ministerio de Educación, sino de Desarrollo Humano y Hábitat. Entonces las personas a cargo de los grupos no necesariamente son docentes y los que sí lo son, no trabajan bajo el Estatuto docente. Son contratados de marzo a diciembre, o sea que están precarizados, trabajan por convenio con las instituciones que pactan con el Gobierno. Y sobre todo nos preocupa que esto es una cuestión asistencialista que carece de un marco pedagógico vital. Los CPI son más parecidos a una guardería que a un nivel inicial con una propuesta lúdica y pedagógica específica. Ofrecen un recorrido escolar diferenciado para ciudadanos de primera, que pueden elegir ir a una escuela, y de segunda, que no tienen los recursos y terminan en estas guarderías.
¿Cuáles son los siguientes pasos de Vacantes para tod@s?
En principio, esperamos los datos del Ministerio el 26 de diciembre. Las familias sin vacantes estamos más organizadas que otros años. La mayoría empiezan a hacer amparos individuales en la Defensoría Pública Tutelar o con abogados que colaboran con las familias. Ojalá que el Poder Judicial nos de las respuestas favorables que no nos dan desde el Legislativo y el Ejecutivo. Y también vamos a seguir con la campaña “Que florezcan escuelas”. Seguimos con los registros de las familias sin vacantes y de los espacios ociosos para crear nuevas escuelas. Y sobre todo denunciando esta política asistencialista que tiene el GCBA por sobre la idea pedagógica en la que creemos desde el espacio. Lo bueno es seguir generando esta red que nos da recursos para continuar peleando e intentar revertir esta situación.
Actualizado 14/12/2016
