Universidades en pie de lucha

Universidades en pie de lucha

Marcha, obelisco de fondo, carteles y banderas en alto.

CONADU convoca a un paro nacional universitario, el lunes 25 de junio, en confluencia con la CTA y la CGT.

En un panorama socioeconómico que acrecienta su oscuridad desde que comenzó 2018, las universidades reciben golpes en todos sus frentes. En el salarial, el Gobierno Nacional defiende como bandera el 15% en cuotas para cerrar las paritarias, cuando los trabajadores piden un 25% con cláusula de revisión automática. En el frente presupuestario se recortaron 3.000 millones de pesos; y como si fuera poco, la gobernadora María Eugenia Vidal plantea que la creación de universidades públicas en la Provincia de Buenos Aires ha sido inequitativa, porque “nadie que nace en la pobreza”, dice, llega a ellas.

Para el lunes 25 de junio CONADU convocó a un paro nacional universitario, en confluencia con la CTA y la CGT. Y también se anunció un plebiscito nacional, con la propuesta de no iniciar el segundo cuatrimestre. ANCCOM dialogó con Federico Montero, Secretario General de FEDUBA y Octavio “Tato” Miloni, Secretario General de la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata, para entender cómo se llegó a este presente, su contexto y el futuro inmediato.

Mujer sosteniendo un cartel en medio de la marcha.

Las universidades enfrentan un fuerte ajuste salarial y recorte presupuestario.

La paritaria comenzó a discutirse en marzo, por lo que quedaba pendiente de 2017 la cláusula gatillo. ”Pero para marzo nosotros lo que queríamos discutir era la paritaria de este año, porque previo a lo que fue la crisis que se vio este último mes, ya había una previsión de inflación muy grande para 2018 con lo que fueron los tarifazos”, explica Montero. Es así que el año comenzó con una agenda cambiada, porque el gobierno quería terminar de discutir lo del año pasado, y los gremios, con urgencia, lo de este año. Los docentes reclaman un aumento del 25% con revisión automática, adaptado proporcionalmente a la inflación, y el gobierno solo propone el 15% en cuotas, a terminar de pagar en enero. “Es importante, la revisión automática, porque hay otra cláusula de revisión que es ‘nos juntamos a discutir qué pasó’ –dice Montero-. Eso lo habíamos tenido en 2016 y no sirvió”. “Nuestro objetivo es no perder con la inflación, que se estima de 30% -expresa Miloni-. Nuestro salario no baja de manera absoluta, pero sí relativa con nuestro poder de compra”. Agrega Montero: “La oferta del gobierno ya era insatisfactoria cuando comenzamos la negociación, pero con los tarifazos, la devaluación, la crisis financiera y el acuerdo con el FMI, ahora esa oferta es más que inaceptable, ya que es imposible prever la inflación”.

En 2017, como dato comparativo, las paritarias se terminaron cerrando el 11 de julio, con una negociación que resultó satisfactoria, por lo que en cuestión de fechas se podría deducir que la situación no es tan crítica. “Lo que no son buenas ahora son las perspectivas, porque nosotros notábamos una actitud de negociación, pero era un momento totalmente distinto ya que había elecciones y económicamente era menos crítico”, explica Miloni. Aunque la propuesta sea del 25%, los sindicatos saben que no lo pueden considerar un porcentaje inamovible, ya que hay que compararlo con otras paritarias. “Tenemos que pensarnos en el marco del Movimiento Obrero, no se puede pensar de que yo voy a sacar lo que pido y la bancaria cierra en el 15 % más adicionales –dice Miloni-. Esto se enmarca en una situación general de negociaciones activas de las diferentes ramas, y vamos a ver cómo se va a dar la pelea”. Otro factor clave para llevar a cabo la negociación es lo que vaya sucediendo con el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires, que desde que derogaron la paritaria nacional funciona como una especie de regulador de la paritaria docente, según explica Montero.

Carteles en alto en marcha que con leyenda de paro nacional de docentes universitarios.

Desde que se derogó la paritaria nacional , la provincia de Buenos Aires funciona como una especie de regulador del conflicto salarial docente.

Si abarcamos la problemática en términos más generales, lo salarial es emergente de una situación mucho más estructural de la universidad, que tiene que ver con que el sistema universitario público venía desarrollándose de una forma importante con la creación de universidades entre otras cosas, y en marzo se anunció un recorte presupuestario de tres mil millones de pesos. Este recorte representa un 20% de los gastos de funcionamiento de las universidades, aunque sea solo 3% del presupuesto nacional universitario, ya que no se aplica a salarios, sino a gastos de funcionamiento. Miloni explica que este recorte afecta más directamente a las universidades nuevas, ya que sus creaciones no son decretos que se firman y listo, sino que hay que llevar a cabo el desarrollo de la propia dinámica, y eso requiere nuevos gastos. “Hay algunas que su primera cohorte tendrá tres años, es decir que hay una planta docente acorde a ese tiempo, pero hay que seguir cubriendo los puestos de todos los años de la carrera, que es el contrato académico que el Estado asume con los estudiantes –agrega Miloni-. Por el contrario es muy difícil la proyección de la carrera, es un peligro latente”.

En este marco, aquellas declaraciones de Vidal cuando expresó que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad se pueden anclar como justificación directa de las medidas gubernamentales. Explica Montero: “Es una matriz de pensamiento que es típica de las recomendaciones de los organismos de financiamiento internacional, básicamente del Banco Mundial en los 90, pero también ahora en este gobierno, con la idea de que como los pobres no entran a la universidad, lo mejor que pudiera pasar es que las instituciones públicas dejen de serlo y que haya aunque sea un arancelamiento parcial, con el argumento de que esos fondos serían mejor destinados para la educación inicial, que realmente ahí van los pobres”. Este argumento desplaza la idea de concebir a la universidad como derecho. Los medios masivos apoyan ese argumento oficial y apuntalan a las universidades privadas. “Aunque hagan mucha campaña a favor de la universidad privada, el prestigio de ir a una universidad pública va a ir más allá de lo que digan los medios y el gobierno nacional, que está compuesto por una mayoría de egresados en la educación privada”, concluye Miloni.

Clase pública en la calle, alumnos parados y sentados en pupitres.

Se cumplieron 100 años de la Reforma Universitaria, en el marco de una semana de reclamos.

Con un contexto muy complejo, en consonancia con lo que promueve este gobierno desde el principio pero de un modo mucho más crítico que durante los dos años anteriores, las protestas crecen desde principio de año. La semana pasada se cumplieron 100 años de la Reforma Universitaria que se transformó en una semana de reclamos inaugurada con un paro nacional de 48 horas y tomas de rectorados, y culminó, en La Plata, con una marcha de antorchas hacia el edificio de Gobernación repudiando los dichos de Vidal y sosteniendo el reclamo salarial.

También las protestas se hicieron escuchar en la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES), una reunión que se produce cada diez años en el marco de la UNESCO, con rectores, docentes, académicos, ministros y secretarios decisores en materia de políticas de educación superior en América Latina. Su objetivo consiste en que los Estados se comprometan en ciertas directrices generales sobre cómo va a evolucionar la política universitaria en los próximos diez años. Esta vez se realizó en Córdoba y en una universidad totalmente alineada al gobierno. ”La inauguración de la CRES fue el domingo 10 de junio y desde los frentes universitarios organizamos un encuentro latinoamericano previo donde articulamos con un conjunto de actores, rectores, el equivalente de CONADU pero en otros países, movimientos estudiantiles, con el objetivo de realizar una declaración e idear puntos de acción para intervenir todos juntos en el marco de la CRES, para sostener la idea del derecho a la educación”, explica Montero.

Allí participaron más de 1.500 personas y al día siguiente se realizó una marcha por las calles de Córdoba, con cerca de siete mil personas, número muy importante para lo que suele movilizar esta provincia. “La marcha terminó en el rectorado histórico de la Universidad de Córdoba, y resultó en que ese día a la tarde, en la inauguración de la CRES el discurso del Ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro fuera abucheado por todos los presentes, incluidos los rectores de Argentina y toda América Latina, ya que entienden cuál es el contexto”, explica Montero. Las medidas de protesta tienen el apoyo activo de los movimientos estudiantiles y tanto Miloni como Montero consideran esencial.

El 6 de julio, los gremios convocarán a un congreso extraordinario para analizar el resultado del plebiscito que harán para conocer la opinión sobre el posible no inicio del segundo cuatrimestre. Además de la adhesión al paro del próximo 25 de junio, los gremios resolvieron llamar a movilizar el 9 de julio con la consigna “No al FMI, en defensa de la universidad pública”.

Clase pública, personas sentadas en pupitres en la calle.

Los gremios convocarán a un congreso extraordinario para analizar el resultado del plebiscito que incidirá sobre el posible no inicio del segundo cuatrimestre.

Ciencia que ladra

Ciencia que ladra

El pasado viernes 9 de marzo, a partir de las 9:30 de la mañana, se llevó a cabo una jornada de protesta en el Polo Científico y Tecnológico contra los recortes en el ingreso de investigadores al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y eliminación de becas posdoctorales, entre otros puntos. Las actividades incluyeron paneles sobre el estado de la ciencia con científicos y representantes del Frente de Izquierda y de Unidad Popular, performances de grupos artísticos y un tuitazo. Asimismo, las organizaciones sindicales mantuvieron una reunión con las autoridades del Ministerio  y del Directorio del CONICET para exigir una respuesta satisfactoria al conflicto.

El principal problema consiste en la reducción de ingresos a Carrera del Investigador Científico (CIC) para aquellas personas que resultaron doblemente recomendadas en las instancias de evaluación del organismo. “Yo hice toda mi carrera de posgrado financiado por el CONICET, terminé el doctorado en 2015 y me otorgaron la beca posdoctoral en 2016. Me presenté el año pasado a la convocatoria para el ingreso a carrera y soy una de las 411 personas que fueron doblemente recomendadas, es decir, que pasé la instancia de evaluación tanto de la Comisión Asesora como de la Junta pero por cuestiones presupuestarias el Directorio decidió denegarme el ingreso a carrera”, comentó Gabriel Bosquín, licenciado en Letras y doctor en Lingüística.

Concentración de trabajadores y becarios del Conicet ante el ajuste en el organismo.

“Lo que es importante recalcar es que lo que se están cortando son líneas de investigación con el ajuste de presupuesto, no es sólo un número sino qué es lo que se está restringiendo, no sólo es un ingreso o una fuente de trabajo sino que también es una forma de pensar el mundo”, agregó.

Julieta Haidar, becaria doctoral del CONICET e integrante de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), fue afectada por los recortes al no ver renovada su beca posdoctoral. “Formo parte de otro grupo, los llamados pendientes de evaluación, porque en septiembre el Congreso de la Nación sancionó una ley en la cual dice que ya no puede haber restricciones de edad para ingresar a carrera, que es lo que venía existiendo históricamente en el CONICET”,  declaró. “Entonces, el CONICET lo que hizo fue apartar a aquellos que teníamos más del límite de edad que se establece, que son 35 años, para ser evaluados con posterioridad, y somos otras 400 personas que aún no tenemos los resultados de nuestra evaluación para el ingreso a carrera. Hoy estamos con esta situación: 400 personas directamente expulsadas del organismo y otras 400 que no saben cuál va a ser su futuro laboral”.

Juan Ignacio Felice, becario posdoctoral en la Facultad de Medicina de La Plata, con una investigación en curso sobre mecanismos moleculares de la generación de arritmias cardíacas, también resultó perjudicado por los ajustes presupuestarios. “Esto implica un corte en todas las líneas de investigación y colaboración que yo había empezado, tanto con gente de Argentina como del exterior”, aclaró.

“También hay otra situación: CONICET no está pagando las licencias por maternidad a las compañeras que han tenido hijos durante el transcurso de las becas, mediante artilugios legales les están diciendo que como tendrán unas prórrogas en sus becas no les van a pagar los casi cien días de licencia que les corresponden”, agregó María Soledad García, antropóloga y arqueóloga. “Hay alrededor de 15 compañeras que están en esta situación”, dijo.

El Polo Científico Tecnológico en la calle Godoy Cruz.

Por otro lado, los afectados denuncian sufrir un estado de precarización laboral. “No estoy en planta permanente, no recibo un salario sino que recibo un estipendio, y no tengo todos los derechos de los trabajadores a pesar de que CONICET te pide exclusividad, es decir, que no podés tener otro trabajo, solo es compatible la beca con un cargo docente simple”, explicó Silvia Nassif, otra becaria doctoral damnificada. “Es muy tremendo, sobre todo para las Ciencias Sociales, porque cuando te quedás sin la beca te quedás sin nada, y muchos de nosotros somos docentes ad honorem”, redondeó.

Los científicos afectados dicen que las medidas de fuerza y las jornadas de protesta continuarán hasta tanto se salde el conflicto. Laura Romano, becaria doctoral del CONICET e integrante de la organización Becarios Empoderados, comentó a ANCCOM: “En principio vamos a permanecer movilizados, vamos a seguir haciendo actividades en el Polo Científico para darle visibilidad al conflicto. A principios de abril habrá otra reunión, así que seguramente iremos los distintos espacios para apoyar a los compañeros que participen de ella y haremos varias actividades allí, y después se está pensando en hacer una marcha más grande”.

Nuestra Escuela, en peligro

Nuestra Escuela, en peligro

El Programa Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela es fruto de la exigencia de generaciones de docentes argentinos por obtener una herramienta gratuita de capacitación que contemple la situación económica, social y geográfica de cada maestro o profesor. Dependiente del Instituto Nacional de Formación Docente, el programa creado en 2013 cuenta con 2.600 tutores virtuales a cargo de una variada oferta de postítulos a los que cualquier maestro con conexión a Internet puede acceder.  Sin embargo, según denunciaron trabajadores y cursantes del proyecto, las resoluciones publicadas en el boletín oficial el pasado 23 de diciembre ponen en peligro su continuidad. En diálogo con ANCCOM, tres docentes explicaron el alcance de las medidas que ponen en riesgo la finalización de la cursada de muchos inscriptos y, como consecuencia, reducen significativamente la cantidad de tutores virtuales que serán necesarios para continuar. Hasta el momento, los contratos de los tutores no han sido renovados.

 

 

“Esto es el resultado de un proceso de lucha”

 

Carlos Trapani cursaba en una escuela técnica y quería continuar estudiando Física Atómica. Aprobó el examen en el  Instituto Balseiro pero los evaluadores le negaron la beca: “Era el año 83, todavía dictadura. El dictamen fue que yo era un individuo que implicaba un riesgo para la sociedad. Vaya a saber qué cosa significaba eso, pero como no pude estudiar e investigar sobre física, decidí que iba a enseñar a todo el mundo acerca de eso. De modo que al año siguiente empecé a estudiar y a trabajar como profesor. Y bueno, de esto hace ya treinta años”, contó Trapani, docente tutor y responsable de contenido de la especialidad en Física del postítulo Educación y Nuevas Tecnologías, ofrecido por Nuestra Escuela.

 

¿Cómo surgió el Programa Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela?

 

Tendríamos que remontarnos unas décadas. Esto es el resultado de un proceso de lucha que hay que enmarcar en la movilización los años sesenta y setenta, donde se pugnaba por una sociedad radicalmente más democrática que la que se vivía hasta ese entonces. En ese contexto, los docentes se asumieron como trabajadores de la educación y se pudo configurar el marco sindical de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA). Se luchó en ese momento por tener un estatuto del docente que regulara los procesos de selección de personal, de asignación de tareas y derechos laborales. En ese estatuto del docente se preveían las juntas de calificación docente, que eran cuerpos colegiados elegidos por los pares para evaluar los méritos académicos, experiencias, formación, capacitación posterior, y asignar en concurso un orden de mérito a los postulantes, para que los más capaces sean los que tengan prioridad para acceder a cargos. Lo que también había que garantizar eran iguales oportunidades para capacitarse luego de la formación inicial. De modo que se pensó incluso en crear la Universidad Pedagógica Nacional, una estructura similar a la UTN, con regionales en todo el país, donde los docentes pudiéramos formarnos, capacitarnos, investigar, especializarnos en nuestras disciplinas. Pero bueno, no se pudo. Al retomarse la democracia, en los primeros años se buscó reponer el estatuto del docente y normalizar el funcionamiento de los sindicatos, y hacia el 2000 se retomó la iniciativa de tener una instancia de capacitación nacional, de calidad académica, que alcanzara a todos los docentes y les brindara iguales oportunidades. Con ese objetivo, se creó el Instituto Nacional de Formación Docente y, dentro de él, políticas definidas para tener líneas de capacitación. Alrededor del 2008 y 2009 empezaron a aparecer cursos de alcance nacional: primero Conectar Igualdad, y después otra serie de programas. Entre ellos, uno de los más amplios, generosos y de mejor calidad  es el Programa Nuestra Escuela.

 

¿En qué consiste Nuestra Escuela?

 

Es un programa que no oferta cursos sueltos, sino un trayecto de dos años compuesto por una veintena de módulos, que forman lo que se llama una especialización en educación y nuevas tecnologías. Para todos, la extensión y la densidad académica, geográfica y de recursos es similar, pero respetando un trayecto que atiende a la especificidad de cada disciplina o área de desempeño. Yo, además de tutor, soy responsable de contenidos de Física para Nivel Medio y Superior. Las instancias a cursar son todas con trabajos que tienen que desarrollarse vinculados a los contenidos disciplinares, a los contenidos pedagógicos y a los diseños, realizaciones y evaluaciones de puestas en práctica docentes. Cada cursante tiene temas para estudiar de la disciplina, temas para desarrollar respecto de la pedagogía y de la didáctica, y tiene que implementar prácticas incorporando esos nuevos conocimientos y los nuevos recursos digitales que están por allí en la nube pero no están pensados desde la didáctica. Lo que hace el programa, entre otras muchas cosas, es hacer análisis didácticos de los recursos disponibles en el ámbito de las nuevas tecnologías.

 

 

Calificaste a Nuestra Escuela como un programa amplio y generoso, ¿En qué sentido?

 

Yo tuve una cursante que intervenía muy poco pero hacía intervenciones buenísimas, entonces le escribí pidiéndole que intervenga más seguido, que sus aportes eran muy importantes y muy interesantes. Ella me dijo que cuando baja a Tartagal y el cyber está funcionando se conecta. Podría nombrar cientos de casos así. El programa está pensado para que esa profesora, que trabaja en una escuela rural en Tartagal, pueda capacitarse y lo haga en las condiciones que pueda. Por eso en un momento mencioné que era un programa generoso, en el sentido que se les brinda a cada cual la oportunidad de cursar con sus disponibilidades y sus restricciones de tiempo, espacio y circunstancia. En cambio, la filosofía que fundamenta las nuevas resoluciones,  se parece a la de la Academia Pitman: vos entras, haces una capacitación instrumental y te vas. La única manera de entender la lógica de cerrar la inscripción, dejar a la mayoría afuera y a los pocos que quedan hacerlos cursar apurados es eso, un criterio de eficiencia operativa muy cruzado y muy enemistado con lo que tendría que ser una filosofía pedagógica.

 

¿Cuáles son esas nuevas resoluciones?

 

Durante el año pasado estuvo corriendo permanentemente el rumor acerca de cuánto iba a durar esto. Como se estaban destruyendo muchas cosas en distintos ámbitos, parecía extraño que no se metieran con la educación. Y bueno, en la semana que hubo entre las fiestas nos enteramos que venía la arremetida contra el programa Nuestra Escuela. Mediante las resoluciones firmadas el 23 de diciembre que establecieron cambios en el régimen de cursada. Son cambios muy malintencionados, que dejan afuera de la posibilidad de cursar a la mayoría de los docentes que están integrados a la cursada del postítulo y, en forma proporcional, va a dejarnos sin contrato a los tutores.

 

¿Qué modificaciones establecieron esas resoluciones en el régimen de cursada?

 

En primer lugar, se cierra la inscripción. Es decir, nadie este año puede ingresar y comenzar el curso. Con eso quedan afuera alrededor de 50.000 inscriptos que se venían anotando regularmente año tras año. La otra resolución establece que quienes aún no hayan superado la mitad de la cursada no pueden seguir cursando la segunda mitad, porque dicen que el programa ya está hace varios años y no puede ser que se estire tanto. El tercer cambio determina que quienes hayan superado la mitad de la cursada tienen este año para finalizar. Si no lo terminan en este ciclo lectivo, en diciembre se cierra y no lo terminan más. Entonces, son tres resoluciones sencillitas que dejan afuera más o menos a 50.000 docentes cursantes cada una. Además, para seguir siendo cursante tenías que reinscribirte hasta el 30 de diciembre. La resolución salió el 23, que fue viernes. Los docentes recibieron los mails entre el 26 y el 27 y tenían tiempo de presentarse hasta el 30 en sus escuelas sedes, porque el postítulo no es solo virtual, tiene instancias presenciales de evaluación, de coloquio, de ateneos, etc. En muchas sedes, entre el 27 y el 30 de diciembre no hay nadie. De modo que un montón de personas que sí se enteraron a tiempo quedarían afuera porque no tuvieron a quién presentar los papeles. En algunos lugares se pudieron presentar los papeles, pero si por ahí faltaba algún certificado o no estaba completo el conjunto de requisitos administrativos. Es una locura: tener que reinscribirse en tres días o perder toda la cursada.

 

¿Cómo afectan las nuevas resoluciones a los tutores virtuales?

 

Yo soy tutor de los últimos módulos: Propuestas Pedagógicas I y II y Seminario de Especialización en Física. Tengo que suponer que, como son del tramo de la terminalidad de la carrera, me quedo. Es decir, puedo especular que porque doy el último seminario no me van a echar. Pero también puedo especular que si me miran el Facebook me echan, porque no se basan en criterios académicos. No se nos acusa ni de ñoquis, ni de que enseñamos mal, ni de que somos burros, ni de que somos vagos. No hay acusaciones, porque no pueden, porque no existen. Esto estaba funcionando bien, los docentes lo han validado a lo largo de estos años inscribiéndose, estudiando, produciendo, explorando innovaciones en sus prácticas, pensándolas, elaborando reflexiones, asumiendo nuevas modalidades de trabajo. No hay críticas de que el programa sea defectuoso o que los tutores tengamos mal desempeño. No, simplemente decidieron que se achica, se corta, se cercena y se cierra.

 

¿Recibieron alguna respuesta a los reclamos?

 

Todavía no están los listados de quién se queda y quién se va, con lo cual se genera un clima horrible de inestabilidad, de incertidumbre. No somos empleados, somos contratados. Entonces, a pesar que nosotros nos consideremos despedidos, técnicamente no nos llaman a firmar el nuevo contrato y, por lo tanto, estamos afuera.  El ministerio dijo que están revisando y en febrero se va a saber quién continúa y quién no. Pero somos 2.600 y ese es el equipo que se vino construyendo a lo largo de ya varios años, y es la dimensión de docentes necesaria para atender la demanda regular que hasta ahora es bastante estable. “Revisar” quiere decir que van a achicar el ingreso y la permanencia y, por lo tanto, van a reducir la planta de tutores del equipo. Por los medios circula poco, recortado y distorsionado. Pareciera que el reclamo solo es no perder la fuente de trabajo. Estamos reclamando eso, pero es solo una parte. No se trata de mi puesto de trabajo individual. Se trata del Instituto Nacional de Formación Docente y el Programa Nuestra Escuela,  resultado de lucha de generaciones y generaciones por tener una mejor calidad educativa. Es el punto más alto de la construcción social que conocimos los argentinos en cuanto a garantizar el ejercicio del derecho a la capacitación permanente democrática y académica de los docentes, y con lo que están haciendo se están llevando puesta una institución que llevó casi medio siglo de construcción. Entonces, mi puesto es una nimiedad frente al hecho de que se está desmantelando una política institucional de estado que los argentinos pudimos conseguir mediante luchas populares a lo largo de generaciones, a lo largo de décadas. Se están llevando puesto el programa Nuestra Escuela y el Instituto Nacional de Formación Docente. Este es el problema.

 

 

“Otras formas de construir la docencia”

                      

Laura Bonomi egresó como profesora de Lengua y Literatura del Instituto Joaquin V. Gonzalez en marzo de 2016. Durante el último año trabajó como docente de Literatura en un Centro Educativo de Nivel Secundario para adultos de la Ciudad de Buenos Aires e ingresó como tutora virtual en un postítulo de alfabetización inicial del Programa Nuestra Escuela. “Empecé Letras en la UBA, estuve unos años ahí y después me di cuenta que lo que quería era trabajar en el aula. Me pasé a un profesorado y nunca me arrepentí”, dijo la docente.

 

¿Cuál es tu experiencia en el Programa Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela?

 

Mi experiencia de trabajo es poca, porque estuve sólo dos bimestres. Las especializaciones son de dos años, con materias bimestrales. La materia que doy yo –Perspectivas de Alfabetización– es una de las primeras de la especialización, así que en general tuve todos cursantes que estaban recién ingresando. El trabajo es bastante intenso. Cuando te hacen el contrato te plantean que es un trabajo que haces dos horas al día, diez horas a la semana, pero en realidad te lleva bastante más tiempo, porque la construcción del vínculo con cada cursante es de una forma completamente diferente a cómo es en un aula presencial. Implica prestarle mucha atención a las intervenciones de cada alumno, ver qué cursante no está participando, tratar de averiguar por qué, tratar de contactarse, reponer cierta cotidianidad del vínculo que te da el aula concreta que en el aula virtual se construye de otra forma. Así que para mí era bastante distinto también, porque la experiencia que tenía como docente era toda en aulas presenciales y esto es una modalidad bastante nueva. El postítulo también tiene encuentros presenciales, que se dan a lo largo del año. En mi caso, no eran con los cursantes de siempre, sino con otros que yo no conocía y que estaban transitando distintas etapas de la especialización. Es como una cuestión más transversal, con otro tipo de desafío, ya que eran personas que venían de hacer otro recorrido.

 

 

¿Qué aporta a tu formación como docente ser tutora en este programa?

 

Creo que como experiencia de trabajo es muy interesante: esto de ver cómo hay otras formas de construir la docencia que no necesariamente tienen que ver con un pizarrón y una tiza, sino con otros espacios y otras tecnologías que no son las que uno está acostumbrado tradicionalmente, o en las que se formó. Además, te plantea un montón de interrogantes como trabajador, que no te planteas en la docencia: la forma de contratación, o distintas cuestiones que tienen que ver más con lo gremial que te hacen preguntarte cosas que en la escuela, una institución con tanta historia, ya están planteadas. Acá está todo por construirse.

 

¿Cómo sentís que contribuye a la educación la capacitación virtual gratuita que ofrece Nuestra Escuela?

 

En las aulas en las que yo trabajé tenía cursantes de todo el país, de lugares muy alejados entre sí. Tenía docentes que estaban trabajando en Misiones, en la Triple Frontera, y otros que estaban trabajando en la frontera con Chile y tenían contacto con distintas comunidades aborígenes, o que venían de situaciones distintas cada uno de ellos como docentes. Para mí, como tutora, fue un aprendizaje enorme, abrirme al panorama de tipos de escuelas diferentes, que yo ni sabía que existían. Y creo que eso le pasa a los cursantes también: empezar a encontrarse con situaciones a las que no están acostumbrados a pensar. Me parece que cuando uno estudia presencialmente, por el contrario, lo hace con gente con la que uno comparte el mismo espacio geográfico. Por otro lado, la plataforma virtual habilita a esta gente que vive muy lejos de centros de formación o de lugares que den postítulos a hacerlos desde su casa, o desde sus pueblos. Los únicos dos requisitos es tener un título docente y tener conexión a Internet. Desde Ushuaia hasta Jujuy, todo el mundo puede acceder. Esa es la mayor ventaja que tiene el programa, la virtualidad. Además, los encuentros presenciales que se hacen cada cuatro meses, se ofrecen en varios lugares de cada provincia, permitiendo así que sea posible asistir. Me parece que es un programa, en ese sentido, mucho más amplio.

 

¿Qué problemas acarrean las nuevas resoluciones publicadas en diciembre?

 

Salieron una tanda de resoluciones, una por cada postítulo. En principio los postítulos se plantean como programas a término: se piensan para un período de tiempo limitado, de dos años. Eso implicaría que la gente que ingresó la última vez que se abrieron inscripciones, que fue en agosto de 2016, tenía dos años para terminar la cursada. Eso daba un tiempo hasta mediados de 2018. Las resoluciones lo que dicen es que cambia esa fecha de julio de 2018 a diciembre de 2017. De esta manera, sacan un cuatrimestre entero de cursada y la gente que se anotó en agosto ya no llega, le falta medio año para terminar la especialización. Otro de los puntos más terribles de las resoluciones es que se imposibilita el recursado de materias. O sea que si a vos en algún momento te fue mal en una materia, o la abandonaste o lo que haya pasado, no podes volver a cursarla. Hay un montón de gente que le falta quizás cursar una o dos materias, pero como son materias que tienen que recursar no podrían terminarlas. Hay otro problema con los encuentros presenciales: se pide en el trayecto de cada estudiante una cantidad de encuentros que tienen que cumplir, pero como los que ingresaron en agosto no llegan a hacerlo porque no les dan los tiempos, plantean suplirlo con una especie de trabajo de campo –que no se sabe bien en qué consistiría porque la resolución no lo especifica-. Son un montón de nuevas trabas que los tutores no conocíamos cuando terminamos de hacer el cierre de notas del último bimestre. No sabíamos que la gente que tenía que recursar la materia en realidad ya no iba a poder cursar más.

 

¿Cuántos son los cursantes afectados?

 

En mi especialización en alfabetización inicial, en agosto, ingresaron 8.000 cursantes. Ellos ya no pueden terminar la carrera porque no llegan según los nuevos tiempos. Los cálculos que se hicieron desde los sindicatos es que hay alrededor de 130.000 cursantes que no llegarían a finalizar los estudios antes de diciembre de 2017. O porque deben recursar materias y no están habilitados para hacerlo, o porque necesitan un cuatrimestre más –ese cuatrimestre hasta julio de 2018– y la resolución lo quita. Si uno les aumentara la cantidad de materias, los estaría excluyendo directamente porque no podrían terminar de cursar. El régimen de cursada, aunque es virtual, exige un ritmo de lectura y de participación en actividades muy intenso. En mi materia, por ejemplo, tienen que intervenir en los foros todas las semanas, hacer pequeñas actividades, y al fin del bimestre tienen que presentar un trabajo final. Y es un trabajo final que tiene una instancia de reescritura, si fuese necesario. Los tiempos son acotados, sobre todo si uno tiene en cuenta que los cursantes son docentes y que muchas veces el cierre de nuestras materias en los postítulos coincide con las fechas de cierre de notas en las escuelas.

 

¿Consideras que está en peligro la continuidad del programa?

 

Sí. No se abrirían nuevas cohortes y para nosotros ese es uno de los puntos a discutir: la continuidad del programa y la apertura de nuevas cohortes. La verdad es que son muchísimas las especializaciones que ofrecen, y muy variadas. Según algunos dichos extraoficiales de los funcionarios, se abrirían nuevas formas de capacitación. Pero los postítulos, como existen hoy, ya no existirían más. El programa tiene dos partes: una son las especializaciones, que son de dos años, y después hay cursos nacionales que dan puntajes en todo el país. Desaparecería todo: se cerrarían los cursos nacionales y las especializaciones. Para nosotros eso implica el cierre de hecho del programa, el vaciamiento, porque se transformarían en no sabemos qué.

 

¿Cómo se ven afectados los tutores con la resolución? ¿Y tu caso en particular?

 

En realidad lo que más nos afecta es que todavía no han llamado a ninguno de los 2.600 trabajadores del programa para firmar de nuevo el contrato. Nosotros estamos precarizados, estamos contratados por convenios con universidades, pero firmamos un contrato. En mi caso, como entré al programa a mitad de año, es un contrato de un cuatrimestre de agosto a diciembre. Pero la gente que viene trabajando hace muchos años en el programa siempre firmaba contrato de enero a diciembre, todo el año. Y ya para los últimos días de diciembre tenían el contrato firmado para el año siguiente. Este año no llamaron a nadie. No vamos a cobrar enero, y supuestamente nos llamarían en febrero para volver a firmar los contratos de los tutores que se necesiten. El tema es que con la cantidad de cursantes que se van a quedar afuera con estas resoluciones, se achica muchísimo la cantidad de tutores que son necesarios. Y sobre todo para las materias –como en mi caso– del principio de la especialización, que no se van a volver a abrir porque ya no existen nuevas cohortes y no permiten que los alumnos que las tengan que recursar lo puedan hacer. Se abrirían solamente aquellas materias que a algún alumno le falte cursar y que nunca haya recursado. Entonces, los que somos tutores de las primeras materias estamos más complicados, porque ya dejarían de existir.

 

 

“Una mirada del docente formador y transformador”

 

Felicitas Bernasconi, luego de recibirse de licenciada en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, realizó una certificación docente para técnicos y profesionales en San Pedro, donde vive actualmente, y un postítulo sobre Educación y Medios en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Da clases en el nivel secundario y, desde 2009, trabaja en un instituto superior de formación docente. Hace dos años comenzó un postítulo en el Programa Nuestra Escuela pero, debido a cambios implementados durante el último año, se sigue postergando la fecha en la que debe rendir el coloquio final necesario para obtener el título.

 

¿Qué mirada del docente consideras que tiene la capacitación ofrecida por el Programa Nuestra Escuela?

 

La capacitación tiene una mirada del docente formador y transformador. De reflexión sobre la práctica. Se dirige a un docente crítico y consciente de su propia labor. Es muy buena, porque te hace reflexionar continuamente sobre la propia labor, que es lo que tanto se pregona desde ciertos sectores sociales.  El que lo hace en forma consciente, termina modificando su propia práctica y eso, por ende, tiene una incidencia favorable en la educación de los chicos. La capacitación apunta a eso, a profundizar la calidad educativa en función de los cambios que aportan desde lo teórico y desde lo práctico para la educación de los chicos. A mí me sirvió un montón, porque si bien mi carrera de base es Comunicación, los avances en tecnología y la cantidad de plataformas y herramientas digitales existentes que me aportó el postítulo, claramente fueron en beneficio de mis clases y, supongo, en beneficio de los alumnos.

 

¿Cómo fue tu experiencia en el Programa?

 

Empecé con un postítulo de Nuestra Escuela hace dos años. La verdad, espectacular. No imaginé que iba a ser de tanta calidad un postítulo a distancia. Incluso trabajamos con los mismos autores que habíamos leído en FLACSO. El postítulo del Estado no tenía nada que envidiarle al otro. Incluso es más profundo. Cursé bien los dos años de postítulo, pero con el último gobierno vinieron algunos cambios. Yo tenía asignada una sede en San Pedro, en la que me anoté porque con el trabajo y mi hijo de 5 años se me dificulta viajar. Si bien los postítulos son virtuales, tenés algunas sedes asignadas de manera federal para los encuentros presenciales, que se dan dos o tres veces por año. Con el cambio de gobierno y la reestructuración en algunos postítulos, la coordinadora de sede fue informada de una serie de modificaciones que iban a implementarse y renunció a mitad de año. Se fue sin explicar demasiado por qué y, con desconocimiento del funcionamiento de todo el sistema, asumió un nuevo coordinador que tuvo que implementar todos esos cambios, entre ellos los de sede. Yo estoy haciendo el postítulo de Educación Primaria y TIC para formadores de formadores, porque doy clases en un instituto que enseña a futuros maestros. El sistema es así: vos cursas un seminario final, lo aprobás, y después tenés que presentar de manera presencial un trabajo que haces en ese seminario. A mí me queda solamente rendir el ese coloquio porque ya tengo todo aprobado. Iba a ser en San Pedro y, de repente, me lo pasaron para Campana por una cuestión de unificación de sedes, generándome bastantes complicaciones. Si bien Campana no queda lejos, para quienes no tenemos vehículo implica una serie de organizaciones familiares, laborales, etc.,  que uno no tenía previsto. De golpe cambiaron todas las condiciones de cursada. Y no solo eso,  sino que yo aprobé en octubre, tenía como fecha para rendir el  3 de diciembre, y me lo cambiaron para junio de este año. Es súper engorroso, y eso implica no solo un perjuicio personal, de tiempos, sino también en el ingreso a la docencia.

 

¿Cómo te afecta para el ingreso a la docencia?

 

Todos los años, los docentes se tienen que anotar para poder estar en el listado de aquellos que van a dar clases este año, por si salen horas y demás. Y cada año también debes incorporar, en ese ingreso, los nuevos títulos que tenés. Yo tengo todo el postítulo aprobado, pero no el coloquio final, porque me lo derivaron para junio. Como el ingreso a la docencia es en mayo, no llego con la fecha. Con lo cual tengo un año más con un postítulo dando vueltas sin poder ingresarlo a la docencia. Y eso me equivale un perjuicio en mi puntaje, porque cada título te da un puntaje determinado y te ubica en un lugar del listado docente. Lo grave del caso es que no dan explicaciones.

 

¿Qué problemas generaron las últimas resoluciones en tu especializción?

Hay una resolución por postítulo. El postítulo de Educación Primaria y TIC, por ejemplo, fija como fecha de fin de cursada el año 2017. Entonces, aquellos a los que les queda más de un año para terminar, van a tener que hacer un postítulo de dos años en la mitad de tiempo. En la resolución dice que se van a implementar las medidas necesarias para que los cursantes lo puedan hacer en un año, pero es algo imposible, salvo que una persona esté dedicada solo a hacer eso. Porque son exigentes, de muy buena calidad, te demandan un montón de tiempo. Es imposible hacerlo en un año, a no ser que bajen la calidad. Pero bueno, son todas cosas así extrañas. Otra modificación es que, a partir de este año, cito: “Los cursantes podrán cumplimentar los requisitos relativos a encuentros presenciales, a través de trabajos de campo y la presentación de un informe en el campus virtual”. Eso es lo que haces durante toda la cursada. O sea, dejan de establecer los encuentros presenciales.

Bibliotecas en peligro de extinción

Bibliotecas en peligro de extinción

Como pasó en la primera mitad del año, 480 bibliotecas populares de la Provincia vuelven a quedar en jaque porque el Gobierno bonaerense hace seis meses que no les paga el subsidio que les corresponde por ley. La deuda, que asciende en total a $ 22.690.899, las afecta seriamente ya que el 90 por ciento de ellas cuenta con ese dinero para abonar el salario del personal. “El atraso compromete la subsistencia de los bibliotecarios o genera demoras en el depósito de las cargas sociales”, explica el presidente de la Federación de Bibliotecas Populares de la Provincia de Buenos Aires, Luis Zurueta.

Pero el problema es aún mayor: a la vez que la Dirección de Bibliotecas Populares no les deposita el dinero, la AFIP y el Ministerio de Trabajo intiman y amenazan con embargos a sus directivos cuando contraen deudas o se atrasan con el sueldo del bibliotecario. “A la AFIP no le importa si la Provincia te pagó o no: te envían un inspector, te intiman y te demandan”, sostiene Zurueta. Además, aunque los miembros de la comisión directiva sean vecinos que colaboran ad honorem en una institución sin fines de lucro, “para el Estado legalmente son empleadores, entonces la situación no es fácil para ellos”.

“El atraso compromete la subsistencia de los bibliotecarios o genera demoras en el depósito de las cargas sociales”.

Además de los $ 7.887 mensuales del Estado provincial –que en noviembre debería actualizarse a $ 8.481–, los ingresos de una biblioteca popular se componen de la cuota de sus socios, entre 30 y 40 pesos, una partida de dinero a principio de año de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) cuyo monto se determina según la cantidad de socios, libros y préstamos de cada una, y en algún momento pueden recibir donaciones de ciudadanos o empresas. Los gastos corrientes incluyen salarios, compra de libros, mantenimiento y pago de servicios. Sobre este punto, Zurueta declara que todavía no pudieron acceder a las tarifas sociales, “igual que los clubes de barrio”.

La última vez que la Provincia pagó fue, justamente, porque descubrió que estaban queriendo embargar a las bibliotecas y ahí se dieron cuenta que la falta de pago desataba un caos”, señala María Virginia de Torres, presidenta de la Biblioteca Popular Alberdi de Remedios de Escalada, en referencia a julio, cuando les depositaron cinco meses adeudados de enero a mayo de este año. “Ahora pasa lo mismo –afirma–, nos deben de junio a noviembre ”.

Zurueta se remonta al origen de las históricas deudas: “Desde la segunda mitad de la década del 90, el recorte de subsidios fue brutal. En 2001, la crisis redujo en un 80 por ciento la cantidad de socios y nunca más pudimos recuperarlos. En parte, porque los avances tecnológicos reemplazaron a las bibliotecas en la búsqueda de información, y en parte, también, porque comenzamos una carrera por subsistir”.

En 2003, las bibliotecas pasaron de la órbita del Ministerio de Educación, que realizaba los depósitos en tiempo y forma, a la del Instituto Cultural bonaerense, cuyo presupuesto se distribuye entre teatros, museos, festivales artísticos y otros destinos. La ley provincial N° 13.056, que creó el Instituto y determinó el traspaso de las bibliotecas, hacía énfasis en la eficiencia y en la desburocratización. Sucedió todo lo contrario.

Leandro De Sagastizábal, presidente de la CONABIP

Leandro De Sagastizábal, presidente de la CONABIP

Patear la pelota

Rocío Giaccone es diputada provincial y desde 2012, todos los años, se encarga de impulsar leyes que prorroguen por doce meses la ejecución de sentencias sobre bienes de asociaciones civiles y así retrasar posibles embargos. “Debido a su funcionamiento burocrático –explica– la administración pública se toma entre tres o cuatro meses para que un expediente recorra su camino y los fondos lleguen a destino. Por lo cual, hasta noviembre de 2015, las bibliotecas recibían un ingreso mensual pero desfasado unos meses”.

 Al asumir la gobernadora María Eugenia Vidal, se congelaron los pagos. “No tendría que haber demora con un dinero que se venía dando y que es un derecho de las instituciones. El problema es que no tienen una política clara respecto a las bibliotecas populares”, opina Giaccone. “A principio del año, nos dijeron que estaban poniéndose al día con la actualización de firmas de los responsables. Pero los pagos se suspendieron. Luego, con muchas presiones y pedidos de informes en la Legislatura, logramos que en julio se pagaran cinco meses atrasados, hasta mayo”.

Ariel Guallar, presidente de la Biblioteca Popular de Haedo, denuncia que, por su cuenta y junto a otras instituciones, ha llamado “mil veces” a la Dirección Provincial de Bibliotecas para hablar del problema. “Pero te bicicletean o ni siquiera te atienden. No sabemos la causa real de por qué se siguen retrasando”. ANCCOM intentó comunicarse con la responsable del organismo, Natalia Hidalgo, pero sólo pudimos establecer contacto con dos de sus secretarias y con su jefe de prensa, Manuel Balut, que no brindaron respuestas.

Lo paradójico, remarca Zurueta, es que “las bibliotecas con mayor riesgo de cierre son aquellas que más se esforzaron por enmarcar en la ley a su personal, tener buenos bibliotecarios y brindar un servicio de calidad, y así ser reconocidas por el Estado provincial para acceder al subsidio”. Hoy cada una hace lo que puede con lo que tiene para autosustentarse, pero “muchas están tendiendo a reducir los horarios de atención, luego dejan de hacer asambleas y de a poco van cerrando”, se lamenta Zurueta.

Mirta Pérez Díaz, profesora del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 35 de Monte Grande.

Mirta Pérez Díaz, profesora del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 35 de Monte Grande.

Modos de supervivencia

En la fachada de la Biblioteca Popular de Haedo resalta un cartel amarillo: “Todos los problemas de nuestra patria son, en el fondo, problemas de educación. Sarmiento”. “Si querés espantar a cualquier posible lector, esa es la frase justa”, comenta Ariel Guallar, su presidente. “No podemos tenerla en la puerta, no conjuga con la energía de la biblioteca”, cuya patrona es, curiosamente, Rosario Vera Peñaloza, descendiente del caudillo “Chacho” Peñaloza, asesinado por orden de Sarmiento.

La idea es que artistas del barrio realicen un mural más colorido y atractivo: “Darle vida”, dice Guallar, quien además cree que los cargos directivos deben ser ocupados por gente joven y con equidad de género en su composición. Hoy, la institución realiza campañas a través de redes sociales para sumar socios. “Caímos en la cuenta de que muchos ni sabían que existía”, reconoce. Mientras, admite Guallar, tuvieron que “considerar una medida profundamente impopular que fue aumentar la cuota a 60 pesos para mantener la supervivencia de la biblioteca y el rango horario”.

La Biblioteca Pública y Complejo Cultural Mariano Moreno, de Bernal, una de las más grandes de la provincia, hace tiempo que ha decidido “alquilar todo lo que sea alquilable”, cuenta su coordinador Evaristo Rodríguez. Así, alquilan espacios al Municipio, a una biblioteca comercial y a una empresa teatral. “También extremamos la oferta de cursos arancelados y, si bien seguimos mal, no pensamos en cerrar”, dice Rodríguez.

“La Moreno” es un caso extraordinario: un golem cultural declarado de interés nacional con un edificio de cuatro pisos y dos subsuelos. En su interior funciona un teatro para 300 personas, una radio y un jardín de infantes. Además, dispone de un “bibliomóvil”, una camioneta con capacidad de llevar 700 libros a las escuelas de la zona que lo soliciten, una pequeña parte de los 80.000 que guarda la institución.

Rodríguez explica que desde sus inicios, en 1938, “este es un proyecto educativo con múltiples facetas, que nuclea la vida social tanto de Bernal como de los barrios aledaños”. Actualmente, ofrece más de cincuenta cursos para mil alumnos: animé y manga, historia del arte, astronomía, coro, nutrición, kung-fu, yoga, meditación y taller de búsqueda de vida inteligente extraterrestre, entre otros. Y si bien la biblioteca “ha sentido el efecto de Internet y los dispositivos móviles, sobre todo en los jóvenes, sigue prestando más de 15 mil libros al año.

A unos 15 kilómetros de allí, en Remedios de Escalada, se encuentra la Biblioteca Popular Alberdi. Virginia de Torres, su presidenta, puntualiza que el municipio de Lanús, al cual pertenece, es uno de los ocho de la Provincia que cuenta con una ordenanza que ayuda mensualmente a las bibliotecas. No obstante, se ven obligados a alquilar dos cocheras y un salón de usos múltiples para complementar sus ingresos.

La institución tiene 500 socios, aunque antes de la crisis de 2001 llegó a tener dos mil. Hoy alcanzar ese número resulta imposible, y Torres lo atribuye a que en las escuelas no se difunde su existencia. Pero también reconoce que es difícil que la biblioteca salga a la calle: “De los que estamos, ninguno se preparó para esto. Y muchos de los directivos son personas grandes, reticentes al cambio. Para ellos, las bibliotecas no tienen nada que ver, por ejemplo, con recitales de música. Pero hay que entender que si no te transformás, no sobrevivís”.

En la misma dirección, el presidente de la CONABIP, Leandro De Sagastizábal, afirma que “desde la sociedad se está reclamando un nuevo rol a la biblioteca, articulando su rico pasado con un futuro que, si bien es incierto, pareciera ser el de un paso de centro exclusivo de libros a centro cultural”.

 

Evento de "Bibliotecas Humanas",en el marco de los atrasos en la recepción de subsidios y del aumento de tarifas que sufren las 500 bibliotecas populares de la provincia de Buenos Aires.

Evento de «Bibliotecas Humanas»,en el marco de los atrasos en la recepción de subsidios y del aumento de tarifas que sufren las 500 bibliotecas populares de la provincia de Buenos Aires.

Bibliotecas humanas

Daniel Canosa, bibliotecólogo, docente e investigador, sostiene que “las bibliotecas populares históricamente se tuvieron que adaptar a los cambios” y que “es imposible saber en qué se van a transformar en unos años”. Pero alerta sobre el momento que atraviesa la carrera de Bibliotecología: “El foco está en lo técnico, en la digitalización de documentos, y está perfecto. Pero si se descuida el aspecto humanístico de la carrera, las bibliotecas populares pierden su sentido”.

Esta impronta es la que quiere recuperar la Biblioteca Florentino Ameghino de Luis Guillón, en Esteban Echeverría, donde al visitante, en la puerta, le preguntan: “¿Con qué libro querés conversar?” Los títulos que ofrecen son: “Familiar de niño autista”, “Adicto recuperado”, “Portador de HIV”, “Probador de videojuegos”, “Persona privada de la libertad”. Adentro, esperan para charlar “los libros humanos”, personas que viven o vivieron esas situaciones y se acercan para compartir sus experiencias con la comunidad.

El proyecto de las Bibliotecas Humanas, surgido hace 16 años en Dinamarca y retomado por estudiantes de bibliotecología del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 35 de Monte Grande, es un intento por derribar prejuicios sobre temas sensibles en la sociedad a través del diálogo directo con los protagonistas. La pregunta que se hace Mirta Pérez Díaz, profesora del instituto, es: “¿Qué nos está pasando que para conocer otras historias de vida y problemáticas hace falta planificar un encuentro y no surge espontáneamente?”

Según Daniel Canosa, “en nuestra rutina diaria no tenemos oportunidad de escuchar lo que piensan otras personas con experiencias diferentes. A lo que accedemos, muchas veces, es a estereotipos de los medios de comunicación. Y lo peor que nos puede pasar, ya lo decía el filósofo Walter Benjamin, es que se destruya la experiencia humana por medio del combo de la información más opinión”, reflexiona.

La iniciativa atrajo la atención de 300 vecinos de Luis Guillón que días antes habían votado los temas que querían conocer a través de encuestas hechas por alumnos del Instituto. A partir de los resultados, los estudiantes realizaron un trabajo documental para complementar los relatos de los protagonistas. “Lo interesante, entonces, es que hay dos colecciones que se enfrentan, generando una intertextualidad entre la colección humana y la bibliográfica”, explica Canosa, para quien “la riqueza de las bibliotecas populares está en que ofrecen documentos que no se encuentran en ningún otro lado, principalmente conocimientos sobre la historia local” que permiten fortalecer la identidad de la comunidad.

La docente Pérez Díaz argumenta que “tienen la oportunidad de ser un espacio de innovación” pero para ello deben romper con “un estereotipo conservador, custodio, cancerbero, residual del siglo XIX, que hace un culto al libro y a la propiedad que ya no encaja”. Para ella, el futuro está relacionado con “bibliotecas totalmente dinámicas y desestructuradas, que pasan del paradigma de la información al de la comunicación, y donde los contenidos, además de recibirse, se generan”.

Con la soga en el estante

Más allá de los debates, lo concreto es que las bibliotecas siguen regidas por el decreto-ley 9319, elaborado en 1979, durante la última dictadura militar, que  no reconoce el derecho a la lectura, tampoco su trayectoria histórica, al punto de llamarlas “bibliotecas públicas de instituciones privadas”, y que prevé la pérdida total de fondos en caso de “atentar contra los valores que hacen al sentimiento nacional y nuestra esencia occidental cristiana, o desarrollar actividades totalmente ajenas a la misión específica de la biblioteca” (sic).

La Ley N° 14777, que creó el Sistema Provincial de Bibliotecas, fue aprobada por unanimidad en la Legislatura bonaerense en octubre del 2015, pero nunca fue reglamentada por el Poder Ejecutivo. La diputada Rocío Giaccone afirma que la norma –de su autoría– venía a saldar una deuda con las bibliotecas en cuanto a su historia y función. “Cuando la trabajamos junto a bibliotecarios de toda la provincia teníamos como objetivo una actualización general desde el aspecto tecnológico, generar una mayor protección y reconocer su papel en la comunidad como ámbito de consulta permanente, intercambio de ideas y de comunicación”.

 La ley dispone un aumento del 33% del subsidio y que el dinero debe surgir del 0,5% de lo recaudado por los juegos de azar. “Esto ayudaría a la administración interna, ya que, cuando se dispone de  fondos especiales específicamente asignados, llegan más rápido, algo primordial para terminar con los atrasos”, sostiene Giaccone. Pero transcurrido más de un año de su aprobación, no sabe qué detiene su reglamentación. La nueva falta de pago del gobierno provincial la desanima: “Si la sociedad y los legisladores no nos seguimos moviendo, directamente van a dejar de financiar a las bibliotecas”.

 

Actualizado 15/11/2016