Feb 3, 2021 | Novedades, Trabajo
“Matías Dimuro presente, ahora y siempre”, vociferaba a través de un micrófono el miembro de la Comisión Administrativa de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA) por la Lista Violeta, Carlos Artacho. Eran 17:30 del viernes 20 de noviembre y se cumplía casi un mes desde que Dimuro, de 26 años, falleció mientras trabajaba para Global Connect, una empresa tercerizada de Claro. En las calles que se despliegan como arterias del Congreso de la Nación, corazón de la democracia argentina, se congregaron familiares, amigos, compañeros de trabajo y de lucha del joven para exigir justicia, recomposición de salarios y condiciones dignas de empleo.
“Todavía tengo la imagen de Mati con el casco a tres metros. A veces me veo a mí mismo, incluso”, dice un joven trabajador de la empresa Global Connect que prefirió mantener el anonimato. Dimuro perdió la vida el viernes 23 de octubre cuando, tras varios días de lluvia, fue a realizar una instalación de fibra óptica en un poste de luz. “Él no tenía que estar subido al poste, porque no era técnico sino ayudante y estaba solo, se necesitan dos o más personas”, testimonió su hermano para La Izquierda Diario. “El poste tiene que ser uno puesto por la empresa Claro, y estaban usando los de la municipalidad que son de fierro y estaba en estado deplorable”. El deceso ocurrió al instante: aún sin tocar los cables, el trabajador sufrió una descarga eléctrica que, debido a la falta de equipamiento de seguridad correspondiente para la tarea, lo disparó de la escalera a la que estaba trepado.
“A veces te subís al poste y se te cae el casco porque no sirven, no son para eso”, sigue el joven que trabajaba codo a codo con Matías y que fue el último en verlo antes de que, a las 13, le informaran de lo que había sucedido.
Global Connect es una PYME fundada en el 2006 y asentada en Castelar, Buenos Aires, que tiene entre 250 y 270 empleados. “Somos una empresa de telecomunicaciones, una contratista: eso significa que trabajamos al servicio de otras empresas como Claro, Telecentro y Cablevisión. En la primera tenemos, además de personal técnico, vendedores de portabilidades”, cuenta Tomás, que trabaja en Recursos Humanos hace un año y dos meses. Quien figura como presidente, Oscar Damián Di Criscenzo, tiene un cargo similar en otras tres empresas del mismo rubro: ZETTA Comunicaciones SA, RCDA Telecomunicaciones SA y Equal Team SA. Todas ellas tienen otro factor en común: la dificultad de acceder a sus datos más básicos a través de Internet.
“Es la primera vez que tenemos una situación como la de Matías. Desde entonces, fortalecimos las capacitaciones, la entrega de elementos de protección personal y nos aseguramos de que todos estén al día. También les dimos unos días de descanso: tenemos que seguir trabajando porque la empresa exige que continuemos produciendo, y tratamos de que la gente esté lo más a gusto posible”, responde Tomás sobre el suceso. “Al ser la primera experiencia también estamos probando un poco y viendo cómo avanzar”.
Sin embargo, Hebe Sosa, madre de Matías, señala: “De la empresa se comunicaron conmigo pero solamente de Recursos Humanos para pedirme papeles”. Los compañeros de Matías, por su lado, volvieron a trabajar a los pocos días. “No hubo respeto”, afirma su ex compañero. “Eso pasó un viernes y cuando se enteraron de que el lunes era el velorio e íbamos todos dijeron `el lunes no se trabaja´ pero el martes ya nos comunicaron que nos teníamos que presentar. Vinieron a hablar y no dieron una respuesta concreta”.
Hebe, la madre de Matías Dimuro, exigiendo justicia en el acto realizado el 20 de noviembre.
Sub-representados
El fenómeno de la tercerización comenzó durante la última dictadura militar cuando, al retirarse de algunos puntos del interior del país, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) le abrió el paso a nuevas empresas privadas para que ocupen su lugar. Esto se profundizó durante los gobiernos menemistas: “Las empresas hacían lo que querían con nosotros. No nos daban nada, tenías que pagar para laburar”, comenta Alejandro Ante, quien cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector.
A partir del 2003 las condiciones mejoraron, pero la subcontratación continuó. Según la investigación La tercerización en el sector de telecomunicaciones durante la postconvertibilidad. El caso de Telefónica de Argentina, de Victoria Basualdo para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en 2011 la mitad de los trabajadores de telecomunicaciones estaban en empresas tercerizadas. “Todas estas compañías tienen contratas y subcontratas, es el tercerismo del tercerismo”, señala la trabajadora de Telecom y miembro de la Lista Violeta de FOETRA, Florencia Saracho. De acuerdo al informe La tercerización laboral en Argentina: evidencia, análisis y propuesta de regulación, elaborado por el Ministerio de Trabajo en el 2015, para el 2014 los empleados de las contratistas ganaban un 35% menos que los de planta, y los de las subcontratistas, un 51% menos.
Para comprender esta situación es necesario situar la mirada en los sindicatos. “La precarización comienza al estar dentro del convenio de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA)”, asegura Florencia. El gremio apareció en el sector en la década de 1970 y, de a poco, fue creciendo hasta ser hoy el principal representante de los trabajadores tercerizados.
Sin embargo, al estar ligado a la construcción, el convenio colectivo de trabajo 577/10 resulta problemático a la hora de aplicarse en el rubro de las telecomunicaciones: “Es casi todo a producción, y para un albañil probablemente está bien, pero no para otros sectores”, comenta un afiliado a la UOCRA que prefiere mantenerse en el anonimato. Esto le permite a los dueños de las empresas abaratar costos, ya que, según Saracho, “los técnicos tercerizados tienen remuneraciones mucho más bajas que los efectivos, que generalmente están dentro de FOETRA. Además, su salario en blanco es la mitad y el resto, que está sujeto a la producción, es en negro”, cuenta.
El sueldo atado a la producción tiene otras implicancias. Carlos relata que un año le tocó un febrero en el que llovió la mitad del mes. “Las metas de producción llevan a que los muchachos arriesguen la vida más de lo usual. No podés volver a tu casa y decirle a tus pibes ‘hoy no hay leche porque no me animé a subir a un techo’”, añade.
“Todas estas empresas lucran con los terciarizados”, declara el empleado de Global Connect. “Estamos mitad en negro, mitad en blanco: en mi recibo de sueldo figura que trabajo cuatro horas y gano 17.000 pesos. Cuando sos ayudante tenés un sueldo fijo de 22.000 y 2.000 de presentismo, y el técnico, gana a producción. Si te enfermás o te pasa algo, esos días no los recuperás, no te los paga nadie”.
El rol de la UOCRA es fuertemente cuestionado: “Funciona como una forma de precarizar por su convenio colectivo y lo peor es que ni siquiera se cumple con lo que está garantizado, por más que haya mejores o peores delegados. Hay límites por el convenio y otros que son autoimpuestos por el sindicato”, menciona Carlos. En noviembre del corriente año, las paritarias de UOCRA cerraron con un 33% de aumento, pero Carlos advierte: “Hay empresas que se hacen las desentendidas, en última instancia depende de la correlación de fuerzas con los trabajadores dentro de cada lugar. El gremio acompaña los reclamos pero hasta ahí”.
Ni seguridad ni higiene
La pandemia dejó al desnudo la precarización laboral desde su capa más superficial. Cuando se instaló la cuarentena en marzo del 2020, entre los trabajadores esenciales que consignaba el decreto gubernamental con derecho a salir y seguir realizando actividades estaba el de telecomunicaciones.
“Hubo una reorganización, porque cuando apareció todo este tema había mucha incertidumbre y miedo. A los chicos les brindamos los elementos personales de cuidado y sanidad así como capacitaciones a cargo de un servicio de higiene y seguridad externo, especialmente importantes para quienes están constantemente en la calle y visitando domicilios con gente”, explica Tomás de Global Connect.
Sin embargo, quienes ponen el cuerpo día tras día no coinciden. “Un mes nada más hubo barbijos, guantes y alcohol en gel. Hasta que pasó lo de Matías no había ningún elemento de cuidado”, aseguran. Además, los trabajadores nunca dejaron de ingresar a los domicilios, a diferencia de lo que sucedió con empresas como Movistar, que les proveían trajes especiales o los dejaban realizar sus tareas desde exteriores.
“He trabajado en empresas que no te dan nada y tenés que arreglarte como podés. No te otorgan un detector de tensión, por ejemplo, que en nuestra área es central porque cuando subís, detecta si hay un campo eléctrico”, cuenta Alejandro. Los accidentes no son inusuales en el sector y tampoco las muertes: “A mí se me murieron compañeros”, afirma con la liviandad de quien no ha tenido otra opción que naturalizarlo. Uno de ellos era Marcelo Arispe, un trabajador tercerizado de Telefónica que perdió la vida en el 2017 tras caer de un poste en Villa Lugano, Buenos Aires. Ritmos exigentes, la necesidad de ganar dinero y la falta de herramientas son siempre una combinación letal.
Según datos de la organización Basta de Asesinatos Laborales, durante el 2019, en Argentina se produjeron 534 muertes de personas en sus puestos de trabajo, y la situación en la que se encuentran el sector de telecomunicaciones no pareciera estar orientada a disminuir ese número. “Vivís corriendo. Lo que pasó con Matías es una suma de un montón de cosas, entre ellas el nerviosismo con que a veces trabajas pensando en que tenés que hacer otra producción, que en realidad vale 380 pesos cada una. Pero siempre suma hacer una o dos más, y corrés contra todo, no te fijás donde te apoyás ni qué estás tocando. Quiera o no, la empresa es culpable de generar esos problemas en el empleado”, relata el joven empleado de Global Connect.
Para Alejandro, las compañías siempre le buscan la vuelta para que la culpa parezca ser de los empleados. Para ello, tienen una estrategia infalible: apenas comienzan a trabajar para ellos, les hacen firmar una capacitación de higiene y seguridad que, en algunos casos, no les dan realmente. Eso deja a las empresas cubiertas: “Si vos subís y te pasa algo la responsabilidad es tuya. Ellos presentan la nota y ya se desligan”, declara.
Justicia por Matías
“La idea es que, en nombre de mi hijo y ya que ahora no lo tengo, surja algo positivo para el resto, para los que quedan y para todos los trabajadores tercerizados que están bajo estas condiciones laborales horrendas”, dice Hebe, madre de Matías y del reclamo por que su muerte sirva como semilla para un verdadero cambio.
“Lo que pedimos es basta de precarización, justicia por Matías y seguridad para los trabajadores, es esencial. Como corresponde y tiene que ser, cumpliendo con todos los derechos que acá no se respetan”, manifiesta con voz firme. “La causa judicial está armándose, tengo un abogado que está averiguando qué hay ahí adentro porque todavía no sabemos, pero en el acta de defunción decía que falleció por electrocución y paro cardíaco”.
Hebe lidera la lucha y reclama una indemnización por parte de Global Connect. Sin respuestas aún, asegura: “Si la empresa no responde, iremos por la madre, que es Claro”. Hoy busca visibilizar la situación y, para ello, contacta personas que hayan padecido la muerte de un familiar, amigo o compañero a causa de la precarización laboral y la desidia estatal, ya que, según declara, “el Gobierno sabe de estas cosas, pero no hace nada”.
Su idea es agruparse e ir de un solo golpe, pero cuenta con un obstáculo: el poder político, económico y mediático que detenta su rival, Claro. Sin embargo, nada la detiene: organiza las movilizaciones, el sistema de transporte para que todos puedan asistir y se encarga de difundir en todo medio que quiera ayudarla a transformar su dolor en la posibilidad de evitar que la historia se repita. “Ya me prometí que voy a mover cielo y tierra para que esto cambie y que se haga justicia”, termina.
Mar 18, 2020 | Novedades, Trabajo
Ailén Lucarelli, referente de Monotributistas Organizadxs.
Ni ART, ni indemnización por despido, ni antigüedad laboral. Mucho menos vacaciones pagas, aguinaldo o licencias. Sin paritarias, ni representación gremial, ni jubilaciones dignas. Sin Convenio Colectivo de Trabajo. Sin estabilidad laboral. En esas condiciones trabaja el 49% de trabajadores activos en Argentina, según el Instituto Nacional de Datos, Estadísticas y Censos (INDEC), todos ellos monotributistas. Sobre este “régimen de precarización y tercerización laboral”, se le sumó un aumento al impuesto al Monotributo del 51% a partir de enero del 2020, en un contexto de congelamiento tarifario generalizado.
Frente a la situación de “presiones tributarias, ausencia completa de derechos laborales, inestabilidad y flexibilidad laboral”, los prestadores de servicios contratados bajo la modalidad de Monotributo, trabajadores independientes y freelancers, se organizaron dentro de Monotributistas Organizadxs. “Somos un grupo de trabajadorxs monotributistas de distintos ámbitos y rubros que nos organizamos para unirnos en la lucha contra la precarización laboral y para exigir nuestros derechos como trabajadorxs”, se presentan.
La organización se creó a fines de 2019 como forma de lucha contra el aumento, y a partir de Prestadores Precarizados en Salud y Educación, una agrupación que nucléa psicólogos, psicopedagogos, psicomotricistas, terapistas ocupacionales, entre otros. “Al enterarnos del brutal aumento del 51% quisimos coordinar acciones para enfrentarlo, pero como solos no nos daban las fuerzas, creamos el espacio de Monotributistas Organizadxs para articular a todos los monotributistas en una lucha en común para derrotar este impuestazo”, explica Ailén Lucarelli, una de las referentes de la agrupación. “Con una primera asamblea de tan sólo ocho personas comenzamos a organizar el movimiento, que tuvo rápida repercusión debido a que tocamos una fibra sensible de la clase trabajadora argentina, que está sumida en la más absoluta precarización laboral.”
“Ser monotributista en la actualidad es parte de la progresiva «uberización» de la economía”, sostiene Lucarelli, quien es psicóloga y trabaja como acompañante terapéutica de niños con discapacidad. “La patronal o el Estado, dependiendo del caso, queda eximido de pagar los aportes patronales que por ley deben cubrir para contratar trabajadores, y pueden desvincularlos en cualquier momento sin ningún tipo de indemnización. La contracara, para los trabajadores monotributistas, es la falta total de derechos.”
Además de la anulación del “impuestazo” para las categorías que no alcanzan a cubrir la canasta básica familiar, entre las reivindicaciones de los monotributistas se encuentran también ingresos y jubilación digna -más del 80% de los trabajadores está por debajo de la línea de pobreza y todos, sin importar la categoría, se jubilan con el haber mínimo-; el pase a planta bajo convenio colectivo de trabajo de todos los monotributistas contratados en relación de dependencia encubierta -y derechos laborales de freelancers y autónomos-; y cobertura de salud de calidad garantizada o componente de obra social en carácter optativo.
Respecto de esto último, Guillermo Kühl, otro de los referentes de Monotributistas Organizadxs, explica: “Nosotros pagamos tres componentes: el componente previsional, la simplificación tributarias -que tiene que ver con el pago de IVA y ganancias-, y la obra social. En los últimos años, a los monotributistas no nos están dejando afiliar a casi 20, 30 obras sociales porque, según ellos, el componente que pagamos de obra social no alcanza al valor de un Plan Médico Obligatorio.” Frente a esto, los monotributistas exigen que se garantice la libre afiliación -en tanto está establecido por ley y pagan la obra social. O, en su defecto, que el pago del componente sea optativo.
“También estamos debatiendo el componente de la simplificación tributaria porque nosotros no somos una empresa y no tenemos mucha claridad de por qué deberíamos pagar el IVA o ganancias al Estado”, agrega Kühl.
Debido al aumento del 51% -impuesto que hoy en día los monotributistas están pagando y asunto que organiza las medidas más urgentes de Monotributistas Organizadxs-; los trabajadores precarizados y tercerizados se movilizaron hacia la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), donde se les dijo que nada podían hacer por ser solo un “órgano de aplicación”. Frente a esta respuesta, votaron en asamblea la realización de una audiencia pública en el Congreso de la Nación para presentar un proyecto de ley que anule el “impuestazo” de forma retroactiva al pasado enero y modifique en favor de los monotributistas las regulaciones actuales. Para ello, la diputada nacional por el Frente de Izquierda, Romina Del Plá, se puso a disposición de la agrupación.
Asimismo, luego de una movilización al Ministerio de Trabajo y la presentación de un pliego de reivindicaciones con 70 mil firmas, consiguieron una reunión que se llevó a cabo el 20 de febrero. Estuvieron presentes los funcionarios Adrián Perrone y Alberto Tomassone, quienes se comprometieron a avanzar en las negociaciones y seis delegados de Monotributistas Organizadxs. El siguiente paso sería la conformación de una “mesa chica” para tratar con los diferentes organismos los reclamos que presentan.
El día a día
Lejos del ideal de independencia y libertad presentado como una de las ventajas de este tipo de contratación, los trabajadores que se encuentran bajo la modalidad de Monotributo -o, al menos, la gran mayoría-, enfrentan muchas dificultades en su vida diaria. En muchos casos, incluso, el monotributo no es una opción personal: “Soy monotributista porque el Estado me obliga a eso”, cuenta Emilia, quien prefiere no dar a conocer su apellido para resguardar su identidad. “Trabajo como psicopedagoga en el ámbito de la discapacidad. Le facturo a las obras sociales de forma independiente y, en el caso del centro categorizado para el que trabajo, es una relación de dependencia encubierta porque facturo mis honorarios y ellos a su vez le facturan a la obra social. O sea que mis ingresos son un parcial de lo que debería recibir en esta relación de dependencia encubierta.”
La mayoría coincide en dos aspectos del Monotributo: la precarización laboral y la incertidumbre.
“No tengo acceso a licencias por enfermedad, por embarazo; no tengo vacaciones pagas; no se tiene en cuenta mi antigüedad; no estoy bajo ningún convenio que fije mi salario, no tengo posibilidad de paritarias. No accedo a aguinaldos o bono, y tampoco a indemnización en el caso de que algún empleador decida suprimir el vínculo laboral. Y además de esto, estoy condenada a la jubilación mínima, sin importar a qué categoría haya aportado en mis años laborales”, enumera Emilia, en una lista que parece no acabar.
En una situación similar, Ailén Lucarelli, psicóloga y acompañante terapéutica de niños con discapacidad (APND) en escuelas, relata las diferencias que hay entre su trabajo y el de otros trabajadores escolares: “Cumplo el mismo horario que los docentes, debo firmar asistencia, realizar funciones pedagógicas, hacer adaptaciones curriculares, de acceso y de contenido, redactar informes, articular con los distintos actores de la escuela, las familias y el equipo tratante del niño. Todo esto con poco más de la mitad de lo que cobra un docente que recién ingresa a dar clases (es decir, sin antigüedad). Luego de lo cual debemos pagar nuestro propio monotributo, matrícula, seguros de accidentes personales y de mala praxis, etc. Además, los contratos son de marzo a diciembre, por lo cual hay dos meses enteros que no cobramos nada.”
Tal realidad laboral tiene implicancias directas en las decisiones personales de los monotributistas: desde recurrir a la ayuda económica de familiares y conocidos hasta tener un segundo -o tercer- trabajo, tal como la venta de productos, que hasta puede generar mayores ingresos que la fuente laboral principal. “No puedo vivir de lo que amo porque mis ingresos son de hambre. La mayoría de los APND buscamos trabajar de cualquier otra cosa, desde cajero de supermercado hasta microemprendimientos como compra/venta de mercaderías, porque se gana más que con esta profesión”, explica Ailén: “Mi mamá, que es docente, me tiene que ayudar a llegar a fin de mes, y la ayuda se redobla en los dos meses de hambre de las vacaciones de verano, en los que no cobro nada. Me gustaría ser mamá y no puedo porque implicaría tener que dejar de trabajar y, ergo, no poder darle de comer a mi hijo o hija.”
