Ene 3, 2024 | Destacado 5, Trabajo
La flexibilidad y el acceso al mercado laboral vs. la precariedad y la vulnerabilidad. Los repartidores comparten sus experiencias y plantean un debate: ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar para progresar?
Es martes por la tarde en Capital Federal, a pesar del frío y el viento, el punto Rappi de Humboldt y Costa Rica se va colmando de camperas naranjas, combinadas con gorras y cajas de delivery del mismo color. Los que llegan se saludan entre sí y se sientan frente al local. Charlan, fuman y esperan.
Félix Vázquez hizo de todo, fue plomero, albañil, paseador de perros. Por muchos meses buscó un trabajo para mantener a su familia, y así fue como llegó a las oficinas de Rappi en Villa Crespo. El representante le explica que no será un empleado, sino que se unirá al equipo, será “colaborador”, no realizará repartos, sino que prestará un servicio. Sin contrato, sin horarios, sin objetivos de rendimiento —y sin derechos laborales, también—. “Hace tres años que trabajo en Rappi, a base de arriesgar mi bicicleta, mi celular, mi integridad. No tenemos leyes laborales que nos amparen, si no salís a laburar, no cobrás”, comenta Félix trabajador de Rappi, en diálogo con ANCCOM.
El circuito empieza cuando un cliente pide algo por la aplicación y abona con tarjeta o efectivo. El pago siempre es para Rappi, quien le liquida al restaurante a los 15 días de realizada la compra, pero se queda con un porcentaje del producto. “A mí me conviene porque llego a más clientes, aumenta la demanda, aunque le tenga que dar 20% a la app tengo publicidad y no me encargo del costo de distribución y los chicos del delivery”, explica Yasmín Merlo, encargada de un local de hamburguesas de Palermo.
Radiografía del mercado
El trabajo en plataformas no cuenta con estadísticas oficiales ni estudios exhaustivos periódicos que den cuenta de la situación de los trabajadores. Hasta el momento se ha realizado en 2018 y en 2021 la Encuesta de Trabajadores de Plataforma (ETP). Según el primer informe, realizado durante 2018 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se estiman 160.000 empleados de plataformas digitales en todo el país, de los cuales unos 60.000 serían de reparto. En un estudio más reciente, publicado en 2022 por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), se realizó la segunda edición de la encuesta. Por el volumen de transacciones y cantidad de trabajadores las dos empresas principales son PedidosYa y Rappi.
La idea de PedidosYa nació en 2008, cuando Ariel Burschtin y Álvaro García eran alumnos de la universidad ORT de Uruguay. Como trabajo para una materia sobre emprendedurismo, les dieron la consigna de inventar un negocio desde cero en 30 minutos, pensar su propósito, imaginar su nombre y diseñar cómo podría ser su implementación.
Por su parte, Rappi fue fundada en 2015 en Colombia, por Simón Borrero y Sebastián Mejía. Ambos eran empleados de la startup Grability que permitía que los consumidores compren productos del supermercado online. Se dieron cuenta de que existía un cuello de botella en el envío, la entrega podía demorar días, hasta semanas. Vieron que los clientes tenían una necesidad de recibir compras como comida, medicina o antojos en su casa y en poco tiempo, así fue como decidieron crear una plataforma que brindara esa solución.
Comparando las encuestas mencionadas, se observa que la edad de los trabajadores disminuyó significativamente: la edad promedio en la ETP 2018 era de 38 años, y en la ETP de 2021 cae a 31 años. También se observa que las plataformas comienzan a absorber a una población de menor nivel educativo. En la ETP 2018 el 87,3% de los encuestados tenía al menos el nivel secundario completo, mientras que ese porcentaje disminuye al 79,2% en la ETP 2021.
En cuanto a la población migrante, hay una caída relativa respecto a 2018, los datos mostraban sólo un 23,8% de trabajadores argentinos, mientras en la ETP 2021 pasan a ser la nacionalidad mayoritaria con un 58,1%. Esto a su vez se corrobora en la antigüedad de los trabajadores, aquellos que hace más tiempo que trabajan son en su mayoría venezolanos y los que ingresaron hace menos de un año, son en su mayoría argentinos.
Esto coincide con las fechas de aumento exponencial de la migración (fundamentalmente desde Venezuela). Mientras que, en 2008-2009, la inmigración venezolana se ubicaba en séptimo lugar en términos de las radicaciones en nuestro país, en 2019 ocupaba el primer lugar, con el 34,5% de radicaciones. Esto se puede observar en este gráfico interactivo, una producción propia a partir de datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Hecha la ley, hecha la trampa
El sociólogo brasileño Ricardo Antunes, autor de libros clave para entender las transformaciones en el mundo del trabajo, define esta situación como la “uberización de la economía”, un proceso en que el trabajador se ve despojado de derechos, garantías y protecciones asociados al trabajo y acarrea con los riesgos y costos de su actividad. Un proceso en el cual las relaciones sociales de trabajo asumen la apariencia de ‘prestación de servicios’, invisibilizando la relación de asalariado y de explotación del trabajo. Se presenta como un nuevo tipo de economía innovadora y colaborativa, donde los trabajadores aparecen como “emprendedores” o “colaboradores”.
Omar Plaini, secretario general del Sindicato de Canillitas y senador bonaerense por el Frente de Todos, quien presentó un proyecto para la regulación de este tipo de trabajo, en diálogo con ANCCOM, describe: “Es una situación laboral fraudulenta. Se etiquetan como colaboradores, aunque es evidente que existe una relación de dependencia encubierta, manifestada por la necesidad de la aplicación en términos económicos para llevar a cabo las entregas».
Hebert Nontero, repartidor de Rappi lo describe: “Somos trabajadores, no somos microempresarios, ni trabajadores independientes. Eso es mentira. Somos totalmente dependientes de la empresa”. El conflicto está en que se presentan como meras intermediarias y así logran eludir todas las regulaciones laborales e impositivas. “La falta de transparencia en el funcionamiento de las empresas que gestionan aplicaciones forma parte de un innovador modelo de negocio que ha modificado las normas en cuanto a la explotación laboral”, explica Plaini.
El senador afirma que, «gracias a la gestión algorítmica, las plataformas funcionan con costos prácticamente inexistentes, sobre todo en lo que respecta a los costos laborales». Esta realidad coloca a los repartidores en una situación de «extrema fragilidad y precariedad», ya que carecen de salario mínimo, seguro de accidentes laborales y cobertura médica.
Mi jefe es un algoritmo
Tanto Félix Vázquez como Ezequiel Rojas, dos repartidores de Rappi, trabajan desde el mediodía hasta pasada la medianoche. Van en bicicleta o moto y reparten de todo: desde pizza y hamburguesas, hasta artículos de farmacia, compras de supermercado, o incluso, las llaves que un cliente le tiene que hacer llegar a alguien.
Ezequiel Rojas describe: “Necesitamos trabajar, pero a veces sentimos que usan la tecnología en nuestra contra. Avalan la esclavitud moderna”. Y cuenta cómo fueron los inicios en este trabajo que necesita, pero descubre esclavizante: “Empecé hace unos meses a trabajar en Rappi, mi primer día hice $15.000, estaba contento porque calculé lo que podía ganar en un mes y era más que el salario mínimo. Al tiempo noté que me llegaban menos pedidos o me mandaban muy lejos”. Con el tiempo el algoritmo lo empezó a desengañar: “Capaz la app te dice que (el pedido) está a 2 kilómetros, pero cuando lo pones en maps es mucho más lejos”. Los repartidores tienen la opción de liberar el pedido en caso de tener algún inconveniente. “Si pides liberar el pedido, te bloquean y no puedes seguir trabajando por una hora, a veces hasta tres días, si liberas dos pedidos. Te obligan a tomar un pedido que no quieres o no puedes”, comenta furioso.
El teléfono de Ezequiel comienza a vibrar. “Tenemos un pedido perfecto para ti”. Retirar en Palermo y entregar en Villa Crespo. Se pone la caja naranja en la espalda y el cronómetro de la aplicación le dice: “Tiempo para llegar a la tienda, 10 minutos”. En Rappi no hay tiempo para la furia. O sí: arriba de la bicicleta.
El hecho de que las plataformas se reserven el derecho de «dar de baja» o desconectar al usuario/trabajador en cualquier momento es una de las manifestaciones más evidentes de la insensibilidad de este sistema de empleo y de la vulnerabilidad a la que se enfrentan aquellos que buscan obtener ingresos a través de él. “Muchas veces te pueden poner en pausa, te cierran las cuentas, y no siempre queda claro los motivos por los que lo hacen. Lo peor es que no tienes la posibilidad de derecho a réplica”, afirma Francisco Ojeda, otro repartidor.
¿Bronce, Oro o Diamante?
“Rappi tiene un sistema de categorización que nos divide como Bronce, Oro y Diamante. En este último, dan mayor prioridad para elegir horarios, aunque el pago sigue siendo el mismo para todas las categorías”, explica Ojeda, repartidor desde hace seis años. “Si en Rappi no acepto un pedido pasaré a ser de la categoría Bronce; lo que me implica tener menor prioridad al momento de elegir horarios”.
Según relata Ojeda, PedidosYa tiene un sistema mucho más estricto. Se asignan posiciones desde el nivel uno (el más alto) al seis, y el ranking clasifica en base a las ausencias. ¿Qué número de ausencias tuviste durante la semana en tu horario? ¿Llegaste tarde o llegaste puntual? “A un repartidor del nivel uno le pagan más que a un repartidor de los niveles inferiores. La competencia entre nosotros es constante e injusta a mi parecer. Sobre todo, porque muchas veces te asignan pedidos a zonas peligrosas o de muy largas distancias a precios que no son convenientes ni por seguridad ni por insumos nuestros (nafta, peajes, comida). Entonces, por el simple hecho de rechazar un pedido o no querer hacerlo, la aplicación te bajará de nivel y con ello todo lo que implica”.
La organización vence al algoritmo
Estas modalidades de empleo, en las que las calificaciones y clasificaciones juegan un papel fundamental para asegurar mejores oportunidades, condiciones laborales e incluso la permanencia en la plataforma, limitan el ejercicio de los derechos laborales. Ejercer cualquier derecho colectivo puede perjudicar a los propios trabajadores, la posibilidad de ser «despedido» fácilmente mediante la simple desactivación de la aplicación aumenta el temor a represalias. A pesar de ello, los trabajadores han optado por una variedad de estrategias para promover la acción colectiva, asegurar la libertad de asociación y avanzar en la regulación efectiva de su trabajo.
Ramiro Manini, asesor legal del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA), que actualmente cuenta con más de 2.500 afiliados, relata: “Empezamos en 2020, en el contexto de pandemia. Era contradictoria la situación, por un lado, tenías que presentar un permiso que te diga que eras de los trabajadores esenciales para poder circular por la calle, pero por otro lado no teníamos ningún derecho como tales. Ahí nació el sindicato, nos empezamos a organizar en paradas solidarias a charlar y comentar la situación que vivíamos”.
Y remarca: “En un punto las empresas quieren instalar la competencia entre compañeros, eso veíamos en las paradas. Quieren que sea un sálvese quien pueda, que vas a estar mejor si pedaleas toda la semana sin parar y subís el puntaje. Así llegas a repartidor Diamante y tenés mejores tarifas y estas por encima de los demás trabajadores. Buscan que no haya solidaridad entre nosotros, un individualismo extremo”, remarca Ramiro. Y reflexiona: “No son nuevas formas de trabajo, son nuevas formas de explotación. Se aprovechan del vacío legal y esquivan la ley. Están haciendo cosas ilegales, no hay derechos básicos y fundamentales».
Las personas nucleadas en SiTraRepA buscan ser reconocidas como trabajadores y tener los mismos derechos: obra social, vacaciones, aguinaldo, días por enfermedad. “Si un repartidor se quiere ir de vacaciones tiene que poner a un amigo a manejar y usar la app en su nombre, o llevarse la bici y la mochila a la costa y repartir ahí. Es triste, pero si no lo haces te quedás sin puntaje, el algoritmo te puntúa todo el tiempo. Es como si fuese un juego, según el ranking que tengas vas a ganar más o menos plata”, describe Ramiro.
Las posiciones sobre la sindicalización laboral son diversas. Francisco Ojeda, por su parte, opina: “Por lo que hablamos en el grupo de repartidores, prácticamente ninguno está de acuerdo con que haya una sindicalización del sector porque, aunque nos puede traer beneficios como la jubilación, las vacaciones pagas, también nos va a generar mayores obstáculos, vamos a tener que cumplir un horario obligatoriamente, una asistencia y vamos a perder cierta flexibilidad de la que ahora disfrutamos”.
Otra de las posiciones es la de Vázquez, quien manifiesta: “Es necesaria la intervención del Estado para regularizar nuestra situación laboral, no solo de repartidores de Rappi, todas las empresas Uber, Glovo, Cabify son iguales. Necesitamos que se pronuncien los políticos, estamos totalmente precarizados”.
Según Manini, la sanción de una ley para regular este tipo de trabajo es una deuda pendiente, y opina que la falta de jurisprudencia en torno a reconocer la relación de los trabajadores con las empresas como laboral lo frena bastante. “La influencia de las empresas es real, tanto para impedir el debate en el Congreso como para impedir la organización y sindicalización de los trabajadores. No quieren regulaciones económicas como tienen todas las empresas que trabajan en el país. Hay una grave falta de transparencia a la hora de cobrar y a la hora de recibir sanciones o penalizaciones. Y como los trabajadores no tienen contrato, no se sabe cuáles son las consecuencias de rechazar pedidos o cuánto van a ganar por repartir. Una ley no va a transformar el mundo, pero sí será una conquista enorme”, sostiene Manini.
Millones para unos pocos
Juan, repartidor de Rappi, repite este deseo como un mantra para soportar la lluvia intensa y la frustración mientras ve cómo el cliente regresa al ascensor con su pizza. Rápido y seco. Mientras tanto, Juan da un paso hacia el borde de la vereda y se empapa nuevamente. Las gotas caen con fuerza sobre su campera naranja. Cierra la caja y se escapa la última bocanada de aire caliente que dejó la pizza antes de irse. Caliente y puntual.
Los trabajadores de estas plataformas son formalmente considerados trabajadores autónomos, y no se les reconoce una relación de dependencia. Siguiendo una argumentación similar a la de la pionera Uber, empresas como Rappi y PedidosYa también se autodenominan «empresas de tecnología». En ambos casos, estas plataformas argumentan que simplemente proporcionan una herramienta informática, una base de datos para conectar clientes con prestadores de servicios individuales, con el objetivo de evitar cualquier relación de dependencia y eludir el cumplimiento de las protecciones laborales establecidas por la legislación. La intención de no reconocer las actividades desempeñadas por sus repartidores como trabajo se refleja en el propio lenguaje que utilizan las empresas para promover el espíritu emprendedor y el autoempleo. Utilizan términos como «red de consumidores», «red de productores», «colaborador». En este contexto, los términos «trabajo» y «trabajadores» se usan rara vez. Un informe de la OIT plantea los indicadores de existencia de relación laboral en el trabajo en las plataformas digitales de reparto en Argentina.
Las empresas argumentan que no hay una relación de dependencia, mientras que los «rappitenderos» recorren la ciudad sin protección, sin ningún tipo de seguro. “Nos roban las bicicletas o nos pasa un accidente, y no se hace responsable ni la empresa ni ellos tienen a alguien como para auxiliarnos a nosotros y decirnos ´ve a tal lado porque tú trabajas con nosotros´”, comenta Angie León, repartidora de Rappi. Debido al vacío regulatorio y legal en el que se desarrolla esta actividad, las empresas eluden el pago de beneficios laborales, suministros de trabajo, compensaciones por accidentes laborales y cualquier obligación relacionada con la seguridad social. Mientras tanto, los repartidores pueden trabajar hasta más de 8 horas diarias y muchas veces no llegan al salario mínimo.
El derrotero político
La discusión sobre la regulación de las plataformas de reparto se está dando a nivel mundial.
El camino de búsqueda por la regulación en Argentina comenzó en 2020, cuando el gobierno oficialista de Alberto Fernández elaboró un proyecto “Régimen del Trabajo en Plataformas Digitales Bajo Demanda” pero que no fue presentado. Apuntaba a crear una categoría jurídica especial incorporada al ámbito del Derecho del Trabajo y abordaba, entre otras cuestiones, la regulación de la jornada laboral: “Artículo 18.1. Una jornada de labor que no supere las 9 horas. La distribución del horario será por acuerdo de parte entre la Plataforma y la persona trabajadora”, aclara el proyecto.. Respecto al salario mínimo, el Artículo 12 dice que el salario mínimo por tipo, modalidad y categoría profesional será fijado periódicamente por la Comisión Nacional de Trabajo en Plataformas Digitales (CNTPD). También se incluían temas como la retribución por viaje, envío, entrega o distribución en función de la distancia, tiempo y lapso de espera, entre otras cuestiones.
El senado bonaerense aprobó en 2022 un proyecto de ley del legislador Omar Plaini, que establece en su Artículo 2° la creación de un “Registro Provincial, Único y Obligatorio para Trabajadores y Trabajadoras de Plataformas en Aplicaciones (APP)”. Fue aprobado en la Cámara de Diputados provincial en 2023, luego de haberse frenado por varios meses a causa de la presión de las empresas.
En los Artículos 6° y 7° la norma le da atribuciones al Poder Ejecutivo provincial: el registro otorgará un “certificado habilitante” para el trabajador y su vehículo, que será intransferible y establecerá que el Poder Ejecutivo “deberá” exigir a las personas jurídicas y empleadores que denuncien horario de conexión y desconexión de los trabajadores, así como también la aseguradora de riesgo de trabajo.
Sin embargo, aún se busca regular una ley a nivel nacional. En septiembre de este año la exministra de Trabajo, Raquel ‘Kelly’ Olmos aseguró que estaban desarrollando un proyecto de ley para enviar al Congreso. Según declaraciones en El Destape Radio, la iniciativa es parte de un trabajo en conjunto con el Ministerio de Economía: «Nosotros reconocemos que se autodefinen como trabajadores independientes que utilizan su propio bien de capital. Nuestra aspiración es que puedan ampliar su marco de derechos», destacó la ex funcionaria. Todo lo contrario, parece, se propone la gestión desreguladora de Javier Milei.
Delivery de derechos
Las tecnologías digitales generaron cambios en el trabajo y el empleo. La “algoritmización”, les permite a las plataformas operar con costos prácticamente nulos, esto mejora la eficiencia y, en particular, se ve una reducción de los costos laborales. Las nuevas modalidades de empleo en la economía digital se destacan por la desregulación y la flexibilización de los límites en muchos niveles. Mientras que los trabajadores hacen malabares con sus tiempos de trabajo para obtener buen puntaje, la gestión algorítmica produce sobrecarga de trabajo, además, de los riesgos que implica para la salud y la seguridad (accidentes, robos, etc.), trabajar en la calle. Todos estos elementos unidos no se ven recompensados con un salario.
Los repartidores responden con organización y acciones colectivas para fortalecer su representación y capacidad de acción. La sindicalización, las redes sociales, los grupos de WhatsApp son iniciativas destinadas a promover tanto los derechos como la comunicación entre los trabajadores, además de crear conciencia sobre la necesidad de establecer un marco legal que mejore las condiciones laborales y defienda los intereses de los trabajadores y trabajadoras de plataformas.
Dariannis Linares, repartidora venezolana, destaca la importancia del compañerismo entre los “redes”. “Fue en el 2021, en Lomas de Zamora a las 20. Fui a buscar un pedido a una casa de pastas de Don Cotrone, mientras esperaba llegaron unos chicos en una moto chiquita, uno de ellos sacó un arma blanca y me amenazó. Cuando me iban a quitar la moto, aceleré y me fui súper asustada, mirando para todos lados a ver si encontraba algún policía o una comisaría para hacer la denuncia. Encontré la Comisaría 9A de Lomas de Zamora, me estacioné y escribí en nuestro grupo de WhatsApp porque no sabía qué hacer, estaba muy asustada. Algunos de mis compañeros que estaban cerca llegaron a la comisaría para cerciorarse de que estuviera bien y saber qué me había pasado. Fueron ellos quienes le escribieron al soporte de PedidosYa, mientras yo hacía la denuncia en la comisaría. Me sentí contenida por mis compañeros, porque como repartidores andamos solos y expuestos a los peligros de la calle”.
La solidaridad de clase entre los naranjas y los colorados se siente. Cuando las piernas no les dan más, tienen un problema, llueve o hace frío y no recibieron nada de propina, cruzarse con el saludo o la ayuda de un compañero les da un respiro en la línea del frente de batalla.
May 27, 2022 | Destacado 2, Trabajo
El día del 35º aniversario del diario, sus trabajadores realizaron un acto para reclamar por salarios que estén por encima de la línea de pobreza.
“Celebramos luchando para que decir ‘la otra mirada’ tenga sentido. Para ser consecuentes con lo que predicamos, luchamos por salarios y condiciones dignas”, bajo esta consigna, trabajadores y trabajadoras de Página/12 se congregaron hoy, a partir de las 16, en las puertas de la redacción del diario, en Venezuela 356, para exigir una inmediata recomposición salarial. La manifestación contó con un fuerte apoyo de parte de colegas de prensa de otros medios, organizaciones gremiales, algunos movimientos sociales, la comunidad de lectores del diario y dirigentes políticos y sindicales.
La jornada de reclamos se realizó el mismo día en que el diario cumplió 35 años desde su primera publicación y se inscribe en la “Semana de lucha con paro” que impulsa el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) en busca de visibilizar las múltiples formas de precarización y mejorar las condiciones laborales y salariales en la industria periodística. Por otra parte, el sindicato, nucleado en la Federación Argentina de Prensa (FATPREN) aprovechó para sumar a la lista de reclamos la necesidad de obtener la personería gremial para discutir paritarias. “Si los trabajadores y trabajadoras de prensa no estamos sentados en la paritaria, es una discusión renga”, comentó a ANCCOM Agustín Lecchi, secretario general del SiPreBa.
“Si seguimos sin obtener respuesta del Grupo Octubre, la bronca va a seguir creciendo y las medidas de fuerza continuarán. El descontento ya es generalizado y se hace extensivo a las redacciones de otros medios que atraviesan situaciones igual de desastrosas. Es regla en todo el gremio que los salarios se ubiquen por debajo de la línea de pobreza. Estamos pidiendo recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos seis años”, dijo a este medio Diego Martínez, delegado gremial en Página/12.
Además, Martínez también insistió en la necesidad de suprimir la figura del “colaborador”. “Hay un ejército de compañeros precarizados que son mal llamados colaboradores. En los hechos son redactores pero para la empresa son colaboradores. ¿Qué significa eso? Que trabajan a destajo, que cobran por nota. Esto es, si les aceptan la nota que proponen y se las publican, cobran, de no ser así, no cobran. No tienen salarios. En consecuencia, decidimos crear un fondo de lucha para cubrir la necesidad de estos compañeros que quieren trabajar, dándoles la posibilidad de cobrar por trabajo realizado, y, además, porque necesitamos que adhieran a las medidas de fuerza, porque la lucha es colectiva”.
Para las 16.30, la angosta calle adoquinada del microcentro porteño fue ocupada por los manifestantes. Un grupo de ellos, al ritmo de los bombos, hacía ondear bien alto las banderas del sindicato. La larga serie de oradores y oradoras fue inaugurada por Paula “Poli” Sabatés, secretaria de Cultura y Juventud en el SiPreBa y delegada gremial en Página/12, quien sostuvo que “para que exista la otra mirada los trabajadores y las trabajadoras tienen que estar en condiciones dignas, con salarios dignos, y eso hoy no está ocurriendo. Por eso estamos acá. Para celebrar luchando”.
Seguidamente, dieron su testimonio algunos integrantes de la comisión interna del diario perteneciente al Grupo Octubre. Ana Paoletti remarcó que “Pagína/12 somos sus trabajadores”. A continuación, Martínez se hizo del micrófono y agradeció el respaldo de todas las personas presentes. Resaltó la “depreciación brutal de los salarios. El trabajo a destajo es realidad en prensa. Debemos desnaturalizar que tengamos dos o tres trabajos”. Y agregó: “Hacer nuestro trabajo bien implica acceder a nuestros derechos laborales. Además, nuestro gremio tiene una particularidad. Como trabajadores de prensa tenemos la obligación de darle voz a las demás luchas. Las empresas no dialogan puertas adentro. Lo único que conciben es la sumisión. Nosotros, como trabajadores, mal podríamos cumplir nuestra función de difundir las luchas ajenas si no nos plantamos con dignidad ante nuestros patrones. Vamos a seguir luchando hasta que no haya nadie por debajo de la línea de pobreza y a terminar con la vergonzosa precarización”.
Aplausos y el fuerte grito que clama: “Unidad de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode, se jode”. Presente en el acto, la periodista de Página/12 Adriana Meyer le afirmó a este medio que “no hay libertad de expresión posible con los trabajadores por debajo de la línea de pobreza”.
Mientras el dueto encargado de la locución hacía lectura de una extensa lista de saludos, apoyos y mensajes solidarios, la agrupación Serigrafistas Queer atravesó un hilo blanco a lo ancho de la calle para formar un tendal del que colgaron telas con el rezo “cuerpos desobedientes, producción parada”. También, el músico correntino Yacaré Manso acompañó los reclamos con su guitarra y su canto.
Otro de los oradores fue Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Prensa de Rosario (SPR), quien en un efusivo discurso recalcó que “estamos acá para abrazarnos en una lucha común. Por el futuro de nuestra clase. No solo defendemos salario, defendemos la dignidad de escribir lo que vemos”. Y decretó: “El pueblo argentino necesita de una prensa libre e independiente. Somos voceros de las necesidades de nuestro pueblo”.
Por su parte, la diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Myriam Bregman, dirigió un mensaje de agradecimiento a los trabajadores y las trabajadores de Página/12. “Le debemos muchísimo quienes luchamos contra la impunidad, quienes luchamos contra la represión, quienes damos esas batallas que no son mediáticas, que a los grandes medios no les interesan o que directamente los perjudica. Les debemos muchísimo a los trabajadores y trabajadoras de Página/12. Cuando desapareció Julio López ahí estuvieron para recoger nuestras denuncias, recoger esa voz.”
Ya en la etapa final del acto, Carlos Rodríguez, periodista histórico de Pagina/12 y delegado honorario, concentró sus críticas en Víctor Santa María, responsable principal del Grupo Octubre. “Desde que está Santa María en este lugar todo está peor. Hay que cambiar esta dirigencia. Hoy más que nunca tenemos que pelear”, indicó. Dondero, miembro fundador de Página/12 y líder sindical, aprovechó la ocasión para recordar y homenajear a excompañeros y excompañeras del diario: Osvaldo Soriano, Miguel Briante, Lía Levit, Rubén Levenberg, Salvador Benesdra, Marcelo Zlotogwiazda, Lilia Ferreyra, Julio Nudler e Hilda Cabrera. “Ellos nos marcaron el camino, nos dieron una responsabilidad. Dieron todo lo que pudieron en lo profesional y en lo gremial. La semilla se sembró y el único camino es estar unidos”.
Por último, Lecchi y Carla Gaudensi, secretaria general de FATPREN, anunciaron la continuidad del plan de lucha para romper el círculo de un trabajo precarizado que desvaloriza la labor periodística. “Que se note que a los trabajadores de prensa no los callan nunca. Por lo tanto, vamos a seguir en pie de lucha en las calles defendiendo nuestras fuentes de trabajo, nuestras condiciones dignas de trabajo”, sentenció Gaudensi.
Feb 3, 2021 | Novedades, Trabajo
“Matías Dimuro presente, ahora y siempre”, vociferaba a través de un micrófono el miembro de la Comisión Administrativa de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA) por la Lista Violeta, Carlos Artacho. Eran 17:30 del viernes 20 de noviembre y se cumplía casi un mes desde que Dimuro, de 26 años, falleció mientras trabajaba para Global Connect, una empresa tercerizada de Claro. En las calles que se despliegan como arterias del Congreso de la Nación, corazón de la democracia argentina, se congregaron familiares, amigos, compañeros de trabajo y de lucha del joven para exigir justicia, recomposición de salarios y condiciones dignas de empleo.
“Todavía tengo la imagen de Mati con el casco a tres metros. A veces me veo a mí mismo, incluso”, dice un joven trabajador de la empresa Global Connect que prefirió mantener el anonimato. Dimuro perdió la vida el viernes 23 de octubre cuando, tras varios días de lluvia, fue a realizar una instalación de fibra óptica en un poste de luz. “Él no tenía que estar subido al poste, porque no era técnico sino ayudante y estaba solo, se necesitan dos o más personas”, testimonió su hermano para La Izquierda Diario. “El poste tiene que ser uno puesto por la empresa Claro, y estaban usando los de la municipalidad que son de fierro y estaba en estado deplorable”. El deceso ocurrió al instante: aún sin tocar los cables, el trabajador sufrió una descarga eléctrica que, debido a la falta de equipamiento de seguridad correspondiente para la tarea, lo disparó de la escalera a la que estaba trepado.
“A veces te subís al poste y se te cae el casco porque no sirven, no son para eso”, sigue el joven que trabajaba codo a codo con Matías y que fue el último en verlo antes de que, a las 13, le informaran de lo que había sucedido.
Global Connect es una PYME fundada en el 2006 y asentada en Castelar, Buenos Aires, que tiene entre 250 y 270 empleados. “Somos una empresa de telecomunicaciones, una contratista: eso significa que trabajamos al servicio de otras empresas como Claro, Telecentro y Cablevisión. En la primera tenemos, además de personal técnico, vendedores de portabilidades”, cuenta Tomás, que trabaja en Recursos Humanos hace un año y dos meses. Quien figura como presidente, Oscar Damián Di Criscenzo, tiene un cargo similar en otras tres empresas del mismo rubro: ZETTA Comunicaciones SA, RCDA Telecomunicaciones SA y Equal Team SA. Todas ellas tienen otro factor en común: la dificultad de acceder a sus datos más básicos a través de Internet.
“Es la primera vez que tenemos una situación como la de Matías. Desde entonces, fortalecimos las capacitaciones, la entrega de elementos de protección personal y nos aseguramos de que todos estén al día. También les dimos unos días de descanso: tenemos que seguir trabajando porque la empresa exige que continuemos produciendo, y tratamos de que la gente esté lo más a gusto posible”, responde Tomás sobre el suceso. “Al ser la primera experiencia también estamos probando un poco y viendo cómo avanzar”.
Sin embargo, Hebe Sosa, madre de Matías, señala: “De la empresa se comunicaron conmigo pero solamente de Recursos Humanos para pedirme papeles”. Los compañeros de Matías, por su lado, volvieron a trabajar a los pocos días. “No hubo respeto”, afirma su ex compañero. “Eso pasó un viernes y cuando se enteraron de que el lunes era el velorio e íbamos todos dijeron `el lunes no se trabaja´ pero el martes ya nos comunicaron que nos teníamos que presentar. Vinieron a hablar y no dieron una respuesta concreta”.
Hebe, la madre de Matías Dimuro, exigiendo justicia en el acto realizado el 20 de noviembre.
Sub-representados
El fenómeno de la tercerización comenzó durante la última dictadura militar cuando, al retirarse de algunos puntos del interior del país, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) le abrió el paso a nuevas empresas privadas para que ocupen su lugar. Esto se profundizó durante los gobiernos menemistas: “Las empresas hacían lo que querían con nosotros. No nos daban nada, tenías que pagar para laburar”, comenta Alejandro Ante, quien cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector.
A partir del 2003 las condiciones mejoraron, pero la subcontratación continuó. Según la investigación La tercerización en el sector de telecomunicaciones durante la postconvertibilidad. El caso de Telefónica de Argentina, de Victoria Basualdo para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en 2011 la mitad de los trabajadores de telecomunicaciones estaban en empresas tercerizadas. “Todas estas compañías tienen contratas y subcontratas, es el tercerismo del tercerismo”, señala la trabajadora de Telecom y miembro de la Lista Violeta de FOETRA, Florencia Saracho. De acuerdo al informe La tercerización laboral en Argentina: evidencia, análisis y propuesta de regulación, elaborado por el Ministerio de Trabajo en el 2015, para el 2014 los empleados de las contratistas ganaban un 35% menos que los de planta, y los de las subcontratistas, un 51% menos.
Para comprender esta situación es necesario situar la mirada en los sindicatos. “La precarización comienza al estar dentro del convenio de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA)”, asegura Florencia. El gremio apareció en el sector en la década de 1970 y, de a poco, fue creciendo hasta ser hoy el principal representante de los trabajadores tercerizados.
Sin embargo, al estar ligado a la construcción, el convenio colectivo de trabajo 577/10 resulta problemático a la hora de aplicarse en el rubro de las telecomunicaciones: “Es casi todo a producción, y para un albañil probablemente está bien, pero no para otros sectores”, comenta un afiliado a la UOCRA que prefiere mantenerse en el anonimato. Esto le permite a los dueños de las empresas abaratar costos, ya que, según Saracho, “los técnicos tercerizados tienen remuneraciones mucho más bajas que los efectivos, que generalmente están dentro de FOETRA. Además, su salario en blanco es la mitad y el resto, que está sujeto a la producción, es en negro”, cuenta.
El sueldo atado a la producción tiene otras implicancias. Carlos relata que un año le tocó un febrero en el que llovió la mitad del mes. “Las metas de producción llevan a que los muchachos arriesguen la vida más de lo usual. No podés volver a tu casa y decirle a tus pibes ‘hoy no hay leche porque no me animé a subir a un techo’”, añade.
“Todas estas empresas lucran con los terciarizados”, declara el empleado de Global Connect. “Estamos mitad en negro, mitad en blanco: en mi recibo de sueldo figura que trabajo cuatro horas y gano 17.000 pesos. Cuando sos ayudante tenés un sueldo fijo de 22.000 y 2.000 de presentismo, y el técnico, gana a producción. Si te enfermás o te pasa algo, esos días no los recuperás, no te los paga nadie”.
El rol de la UOCRA es fuertemente cuestionado: “Funciona como una forma de precarizar por su convenio colectivo y lo peor es que ni siquiera se cumple con lo que está garantizado, por más que haya mejores o peores delegados. Hay límites por el convenio y otros que son autoimpuestos por el sindicato”, menciona Carlos. En noviembre del corriente año, las paritarias de UOCRA cerraron con un 33% de aumento, pero Carlos advierte: “Hay empresas que se hacen las desentendidas, en última instancia depende de la correlación de fuerzas con los trabajadores dentro de cada lugar. El gremio acompaña los reclamos pero hasta ahí”.
Ni seguridad ni higiene
La pandemia dejó al desnudo la precarización laboral desde su capa más superficial. Cuando se instaló la cuarentena en marzo del 2020, entre los trabajadores esenciales que consignaba el decreto gubernamental con derecho a salir y seguir realizando actividades estaba el de telecomunicaciones.
“Hubo una reorganización, porque cuando apareció todo este tema había mucha incertidumbre y miedo. A los chicos les brindamos los elementos personales de cuidado y sanidad así como capacitaciones a cargo de un servicio de higiene y seguridad externo, especialmente importantes para quienes están constantemente en la calle y visitando domicilios con gente”, explica Tomás de Global Connect.
Sin embargo, quienes ponen el cuerpo día tras día no coinciden. “Un mes nada más hubo barbijos, guantes y alcohol en gel. Hasta que pasó lo de Matías no había ningún elemento de cuidado”, aseguran. Además, los trabajadores nunca dejaron de ingresar a los domicilios, a diferencia de lo que sucedió con empresas como Movistar, que les proveían trajes especiales o los dejaban realizar sus tareas desde exteriores.
“He trabajado en empresas que no te dan nada y tenés que arreglarte como podés. No te otorgan un detector de tensión, por ejemplo, que en nuestra área es central porque cuando subís, detecta si hay un campo eléctrico”, cuenta Alejandro. Los accidentes no son inusuales en el sector y tampoco las muertes: “A mí se me murieron compañeros”, afirma con la liviandad de quien no ha tenido otra opción que naturalizarlo. Uno de ellos era Marcelo Arispe, un trabajador tercerizado de Telefónica que perdió la vida en el 2017 tras caer de un poste en Villa Lugano, Buenos Aires. Ritmos exigentes, la necesidad de ganar dinero y la falta de herramientas son siempre una combinación letal.
Según datos de la organización Basta de Asesinatos Laborales, durante el 2019, en Argentina se produjeron 534 muertes de personas en sus puestos de trabajo, y la situación en la que se encuentran el sector de telecomunicaciones no pareciera estar orientada a disminuir ese número. “Vivís corriendo. Lo que pasó con Matías es una suma de un montón de cosas, entre ellas el nerviosismo con que a veces trabajas pensando en que tenés que hacer otra producción, que en realidad vale 380 pesos cada una. Pero siempre suma hacer una o dos más, y corrés contra todo, no te fijás donde te apoyás ni qué estás tocando. Quiera o no, la empresa es culpable de generar esos problemas en el empleado”, relata el joven empleado de Global Connect.
Para Alejandro, las compañías siempre le buscan la vuelta para que la culpa parezca ser de los empleados. Para ello, tienen una estrategia infalible: apenas comienzan a trabajar para ellos, les hacen firmar una capacitación de higiene y seguridad que, en algunos casos, no les dan realmente. Eso deja a las empresas cubiertas: “Si vos subís y te pasa algo la responsabilidad es tuya. Ellos presentan la nota y ya se desligan”, declara.
Justicia por Matías
“La idea es que, en nombre de mi hijo y ya que ahora no lo tengo, surja algo positivo para el resto, para los que quedan y para todos los trabajadores tercerizados que están bajo estas condiciones laborales horrendas”, dice Hebe, madre de Matías y del reclamo por que su muerte sirva como semilla para un verdadero cambio.
“Lo que pedimos es basta de precarización, justicia por Matías y seguridad para los trabajadores, es esencial. Como corresponde y tiene que ser, cumpliendo con todos los derechos que acá no se respetan”, manifiesta con voz firme. “La causa judicial está armándose, tengo un abogado que está averiguando qué hay ahí adentro porque todavía no sabemos, pero en el acta de defunción decía que falleció por electrocución y paro cardíaco”.
Hebe lidera la lucha y reclama una indemnización por parte de Global Connect. Sin respuestas aún, asegura: “Si la empresa no responde, iremos por la madre, que es Claro”. Hoy busca visibilizar la situación y, para ello, contacta personas que hayan padecido la muerte de un familiar, amigo o compañero a causa de la precarización laboral y la desidia estatal, ya que, según declara, “el Gobierno sabe de estas cosas, pero no hace nada”.
Su idea es agruparse e ir de un solo golpe, pero cuenta con un obstáculo: el poder político, económico y mediático que detenta su rival, Claro. Sin embargo, nada la detiene: organiza las movilizaciones, el sistema de transporte para que todos puedan asistir y se encarga de difundir en todo medio que quiera ayudarla a transformar su dolor en la posibilidad de evitar que la historia se repita. “Ya me prometí que voy a mover cielo y tierra para que esto cambie y que se haga justicia”, termina.
Mar 18, 2020 | Novedades, Trabajo
Ailén Lucarelli, referente de Monotributistas Organizadxs.
Ni ART, ni indemnización por despido, ni antigüedad laboral. Mucho menos vacaciones pagas, aguinaldo o licencias. Sin paritarias, ni representación gremial, ni jubilaciones dignas. Sin Convenio Colectivo de Trabajo. Sin estabilidad laboral. En esas condiciones trabaja el 49% de trabajadores activos en Argentina, según el Instituto Nacional de Datos, Estadísticas y Censos (INDEC), todos ellos monotributistas. Sobre este “régimen de precarización y tercerización laboral”, se le sumó un aumento al impuesto al Monotributo del 51% a partir de enero del 2020, en un contexto de congelamiento tarifario generalizado.
Frente a la situación de “presiones tributarias, ausencia completa de derechos laborales, inestabilidad y flexibilidad laboral”, los prestadores de servicios contratados bajo la modalidad de Monotributo, trabajadores independientes y freelancers, se organizaron dentro de Monotributistas Organizadxs. “Somos un grupo de trabajadorxs monotributistas de distintos ámbitos y rubros que nos organizamos para unirnos en la lucha contra la precarización laboral y para exigir nuestros derechos como trabajadorxs”, se presentan.
La organización se creó a fines de 2019 como forma de lucha contra el aumento, y a partir de Prestadores Precarizados en Salud y Educación, una agrupación que nucléa psicólogos, psicopedagogos, psicomotricistas, terapistas ocupacionales, entre otros. “Al enterarnos del brutal aumento del 51% quisimos coordinar acciones para enfrentarlo, pero como solos no nos daban las fuerzas, creamos el espacio de Monotributistas Organizadxs para articular a todos los monotributistas en una lucha en común para derrotar este impuestazo”, explica Ailén Lucarelli, una de las referentes de la agrupación. “Con una primera asamblea de tan sólo ocho personas comenzamos a organizar el movimiento, que tuvo rápida repercusión debido a que tocamos una fibra sensible de la clase trabajadora argentina, que está sumida en la más absoluta precarización laboral.”
“Ser monotributista en la actualidad es parte de la progresiva «uberización» de la economía”, sostiene Lucarelli, quien es psicóloga y trabaja como acompañante terapéutica de niños con discapacidad. “La patronal o el Estado, dependiendo del caso, queda eximido de pagar los aportes patronales que por ley deben cubrir para contratar trabajadores, y pueden desvincularlos en cualquier momento sin ningún tipo de indemnización. La contracara, para los trabajadores monotributistas, es la falta total de derechos.”
Además de la anulación del “impuestazo” para las categorías que no alcanzan a cubrir la canasta básica familiar, entre las reivindicaciones de los monotributistas se encuentran también ingresos y jubilación digna -más del 80% de los trabajadores está por debajo de la línea de pobreza y todos, sin importar la categoría, se jubilan con el haber mínimo-; el pase a planta bajo convenio colectivo de trabajo de todos los monotributistas contratados en relación de dependencia encubierta -y derechos laborales de freelancers y autónomos-; y cobertura de salud de calidad garantizada o componente de obra social en carácter optativo.
Respecto de esto último, Guillermo Kühl, otro de los referentes de Monotributistas Organizadxs, explica: “Nosotros pagamos tres componentes: el componente previsional, la simplificación tributarias -que tiene que ver con el pago de IVA y ganancias-, y la obra social. En los últimos años, a los monotributistas no nos están dejando afiliar a casi 20, 30 obras sociales porque, según ellos, el componente que pagamos de obra social no alcanza al valor de un Plan Médico Obligatorio.” Frente a esto, los monotributistas exigen que se garantice la libre afiliación -en tanto está establecido por ley y pagan la obra social. O, en su defecto, que el pago del componente sea optativo.
“También estamos debatiendo el componente de la simplificación tributaria porque nosotros no somos una empresa y no tenemos mucha claridad de por qué deberíamos pagar el IVA o ganancias al Estado”, agrega Kühl.
Debido al aumento del 51% -impuesto que hoy en día los monotributistas están pagando y asunto que organiza las medidas más urgentes de Monotributistas Organizadxs-; los trabajadores precarizados y tercerizados se movilizaron hacia la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), donde se les dijo que nada podían hacer por ser solo un “órgano de aplicación”. Frente a esta respuesta, votaron en asamblea la realización de una audiencia pública en el Congreso de la Nación para presentar un proyecto de ley que anule el “impuestazo” de forma retroactiva al pasado enero y modifique en favor de los monotributistas las regulaciones actuales. Para ello, la diputada nacional por el Frente de Izquierda, Romina Del Plá, se puso a disposición de la agrupación.
Asimismo, luego de una movilización al Ministerio de Trabajo y la presentación de un pliego de reivindicaciones con 70 mil firmas, consiguieron una reunión que se llevó a cabo el 20 de febrero. Estuvieron presentes los funcionarios Adrián Perrone y Alberto Tomassone, quienes se comprometieron a avanzar en las negociaciones y seis delegados de Monotributistas Organizadxs. El siguiente paso sería la conformación de una “mesa chica” para tratar con los diferentes organismos los reclamos que presentan.
El día a día
Lejos del ideal de independencia y libertad presentado como una de las ventajas de este tipo de contratación, los trabajadores que se encuentran bajo la modalidad de Monotributo -o, al menos, la gran mayoría-, enfrentan muchas dificultades en su vida diaria. En muchos casos, incluso, el monotributo no es una opción personal: “Soy monotributista porque el Estado me obliga a eso”, cuenta Emilia, quien prefiere no dar a conocer su apellido para resguardar su identidad. “Trabajo como psicopedagoga en el ámbito de la discapacidad. Le facturo a las obras sociales de forma independiente y, en el caso del centro categorizado para el que trabajo, es una relación de dependencia encubierta porque facturo mis honorarios y ellos a su vez le facturan a la obra social. O sea que mis ingresos son un parcial de lo que debería recibir en esta relación de dependencia encubierta.”
La mayoría coincide en dos aspectos del Monotributo: la precarización laboral y la incertidumbre.
“No tengo acceso a licencias por enfermedad, por embarazo; no tengo vacaciones pagas; no se tiene en cuenta mi antigüedad; no estoy bajo ningún convenio que fije mi salario, no tengo posibilidad de paritarias. No accedo a aguinaldos o bono, y tampoco a indemnización en el caso de que algún empleador decida suprimir el vínculo laboral. Y además de esto, estoy condenada a la jubilación mínima, sin importar a qué categoría haya aportado en mis años laborales”, enumera Emilia, en una lista que parece no acabar.
En una situación similar, Ailén Lucarelli, psicóloga y acompañante terapéutica de niños con discapacidad (APND) en escuelas, relata las diferencias que hay entre su trabajo y el de otros trabajadores escolares: “Cumplo el mismo horario que los docentes, debo firmar asistencia, realizar funciones pedagógicas, hacer adaptaciones curriculares, de acceso y de contenido, redactar informes, articular con los distintos actores de la escuela, las familias y el equipo tratante del niño. Todo esto con poco más de la mitad de lo que cobra un docente que recién ingresa a dar clases (es decir, sin antigüedad). Luego de lo cual debemos pagar nuestro propio monotributo, matrícula, seguros de accidentes personales y de mala praxis, etc. Además, los contratos son de marzo a diciembre, por lo cual hay dos meses enteros que no cobramos nada.”
Tal realidad laboral tiene implicancias directas en las decisiones personales de los monotributistas: desde recurrir a la ayuda económica de familiares y conocidos hasta tener un segundo -o tercer- trabajo, tal como la venta de productos, que hasta puede generar mayores ingresos que la fuente laboral principal. “No puedo vivir de lo que amo porque mis ingresos son de hambre. La mayoría de los APND buscamos trabajar de cualquier otra cosa, desde cajero de supermercado hasta microemprendimientos como compra/venta de mercaderías, porque se gana más que con esta profesión”, explica Ailén: “Mi mamá, que es docente, me tiene que ayudar a llegar a fin de mes, y la ayuda se redobla en los dos meses de hambre de las vacaciones de verano, en los que no cobro nada. Me gustaría ser mamá y no puedo porque implicaría tener que dejar de trabajar y, ergo, no poder darle de comer a mi hijo o hija.”
Ene 31, 2020 | Novedades, Trabajo
El 27 de enero la jueza Elena Liberatori ordenó la reincorporación de la totalidad de los agentes de Tránsito despedidos.
Una larga planilla contiene la lista de 82 nombres. Son los agentes despedidos. Junto a ellos, las razones por las que ya no pertenecen al Cuerpo de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. En una sala de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Lucas Dávolos y Silvio Piera leen por primera vez los motivos que, aparentemente, justifican sus desvinculaciones y la violación de la medida cautelar emitida por la jueza Patricia López Vergara, de noviembre pasado, que impedía al Gobierno de la Ciudad despedir a cualquier trabajador de es repartición. “Tuvo cuatro suspensiones, fue informado en tres ocasiones, debe destacar que desde el día 8/9/19 el agente no labró acta alguna”, lee Dávolos con incredulidad y una sonrisa que enuncia sorpresa: el enojo y la impotencia ya se superaron. Su trabajo consistía en ser chofer. “Tengo una sola suspensión, que me la hicieron en estos casi cuatro meses de lucha. Me la hizo un coordinador que, además, es delegado del gremio. Cuando empezó el conflicto, aprovecharon a los que tienen nivel jerárquico dentro del Cuerpo y que también pertenecen al sindicato para justificar medidas disciplinarias y poder rescindir el contrato, darnos de baja o echarnos.”
Los despidos comenzaron poco antes del 1 de enero y fueron notificados como no renovación de contratos. Llegadas tarde, ausentes injustificados y falsificación de certificados médicos fueron los motivos que el Gobierno alega para violar la cautelar. Sin embargo, los trabajadores niegan que estos argumentos sean las verdaderas razones: “De los 82, más o menos 55 fuimos los que impulsamos los reclamos y tratamos de asesorarnos con otro gremio, ya que el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) siempre se comportó bastante funcional al Ejecutivo y de una manera violenta y agresiva hacia con los trabajadores. Y en ese grupo estamos los referentes, delegados normalizadores de ATE, y nuestros amigos y personas cercanas”, sostiene Dávolos, quien llevaba cuatro años en el Cuerpo.
El caso de Silvio Piera es similar: con seis años de monotributista para el Gobierno de la Ciudad y realizando los estudios para su pase a planta permanente fue notificado por teléfono que su vínculo con Tránsito había cesado. El motivo: no haber realizado multas, incluso cuando esa no era su función. El verdadero motivo: político, tal como se lo confesó su supervisor. Los despidos fueron la última represalia para los que decidieron organizarse por sus derechos, y un mensaje para los agentes que quedaban dentro de la Dirección de Tránsito.
Frente a esto, Rodolfo Arrechea, secretario gremial y parte del Consejo Directivo de ATE, aseguró que acudirán al INADI: “Vamos a ir al INADI a presentar una denuncia por discriminación ideológica y persecución laboral, y porque una patota que agredió a las mujeres, mandada por una organización sindical empresarial que es la que sostiene al Gobierno de Larreta. Presentamos la denuncia en la comisaría y acá la respuesta fue ‘los echamos a todos’
Por otra parte, el pasado 27 de enero la jueza Elena Liberatori ordenó al Gobierno de la Ciudad la reincorporación de la totalidad de los agentes de Tránsito desvinculados del Cuerpo con posterioridad a la cautelar de López Vergara, en un nuevo capítulo de esta saga.
“Vamos a ir al INADI a presentar una denuncia por discriminación ideológica y persecución laboral», dice Arrechea.
La situación que atraviesan los agentes del Cuerpo de Tránsito dista mucho de ser la ideal desde hace mucho tiempo. Su precaria situación laboral se conoció luego de que en la madrugada del 8 de septiembre de 2019, Cinthia Choque muriera durante su horario laboral tras ser atropellada por Eugenio Veppo, quien también hirió de gravedad a otro agente, Santiago Siciliano. “Esa noche, Cinthia y Santiago ya no estaban parando autos porque se habían cortado los controles desde supervisión: ya no había lugar en las playas de acarreo”, cuenta Dávolos, quien también era amigo de las víctimas. “Pero los chicos quedan ahí parados en la calle, no los dejan ni subirse al móvil ni subirse a la vereda. Se tienen que quedar ahí como una especie de campaña de márketing”, agrega. Una exposición que es doblemente peligrosa cuando los trabajadores no cuenta con ningún tipo de cobertura por parte de la Dirección de Tránsito: ni ART, ni obra social, ni posibilidad de licencias médicas debido a su condición de monotributistas, es decir, de trabajadores sypuestamente“independientes”.
A partir de ese momento, lo que antes fueron quejas aisladas y puntuales se convirtió en un reclamo organizado. Comenzaron las movilizaciones, las asambleas y la unidad para denunciar las condiciones en las que trabajan. Sin embargo, en medio de una campaña electoral y con bastante presencia de los medio de comunicación, la respuesta del “Ejecutivo” -las autoridades de la Dirección de Tránsito- no se hizo esperar: “Primero nos sacan de la calle con la excusa de que durante una negociación no se podía cortar la calle”, relata Piera. “En la primera mesa de trabajo nos prometieron un montón de cosas, estábamos todos felices. Pero antes de que se lleve a cabo la segunda mesa, renuncia el director y asume el que hasta entonces era jefe de Operativos, que también es delegado de SUTECBA. Ahí hacen un negocio para ellos y a nosotros nos dejan afuera.” Lo que sigue, cuentan, es una serie de persecuciones y aprietes tanto en el ámbito laboral -suspensiones, cambio de horarios y funciones, acoso- como por fuera de éste e incluye amenazas de muerte, patotas y golpizas.
Verónica Báez, trabajadora en planta permanente que también forma parte de la lucha en contra de la precarización laboral, recuerda que anteriormente “otros compañeros intentaron organizarse en un sindicato distinto, pero fueron amenazados violentamente.” La frase “SUTECBA o muerte” logró disuadir a los demás agentes por un tiempo. “Nosotros teníamos muy en claro que no podíamos organizarnos. Pero todo tiene un límite, y la muerte es un límite. Cuando te dicen ‘SUTECBA o muerte’ era literal, nuestra compañera murió. Eso fue el detonante para querer organizarnos”, sostiene Báez. La afiliación en ATE no fue una opción hasta que, agotados todos los recursos propios y habiendo hablado con todas las personas posibles, el asesoramiento legal y laboral que ya recibían del gremio se convirtió en su base de resguardo.
La presión siguió en aumento, al punto que supervisores y coordinadores acudieron durante su horario laboral -como si estuvieran cumpliendo sus funciones- a una reunión de los trabajadores en Parque Chacabuco, en la que sacaron fotos y filmaron. “Se lo dije al vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, porque esta cuestión es gravísima en el marco de la democracia, y dijo que iban a averiguar”, dice Arrechea. Pero esa averiguación prometida culminó en una lista de despedidos en la que se encuentran todos los fotografiados aquella tarde. “Ahí te das cuenta que en esa lista no está el justificativo. El justificativo es todo lo que venimos aguantando y que expusimos”, argumenta Dávolos. Los despidos fueron tan solo el paso final.
La lucha por la reincorporación no es menor, pero los trabajadores no quieren que esta situación corra del eje central la cuestión más importante: la precarización laboral. “Estamos en el año 2020 y estamos pidiendo derechos del 1900. ¿Cómo puede ser que a esta altura en la Ciudad de Buenos Aires -no un lugar perdido en el mundo-, un trabajador no tenga obra social, y no tenga una ART o el derecho a pasarse un médico?,” sostiene Báez.
Piera sostiene que “ya de por sí la condición de contratado es violencia pura porque la gente no sabe si al otro día va a tener trabajo o no, hay dependencia total de la persona que te contrata y así no se puede proyectar nada.” Por otra parte, y si bien el Cuerpo de Tránsito aporta el mayor caudal de ingresos al gobierno después de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), los trabajadores de esta dirección son los peores pagos entre los trabajadores municipales de la Ciudad, tal como sostiene Arrechea. A esto se le suma que pueden llegar a no cobrar durante enero, febrero, marzo y, en ocasiones, abril. “Interrumpen la facturación, que es por una cuestión fiscal para que no salte la relación de dependencia encubierta”, explica Dávolos y añade: “Si facturás los doce meses durante cuatro años, como es mi caso, claramente hay una relación de dependencia. Estás completando el ciclo anual de facturación al mismo ente una y otra vez y seguís siendo monotributista.”
Según Báez, también “hay que ver lo político y lo económico en cómo está armado el Cuerpo de Tránsito para que las cosas no cambien”. Desde lo político, “algo importante es qué hace el gobierno de la Ciudad, por qué decide contratar”. “No es solo una cuestión burocrática, es una manera de presionarte, diciéndote y amenazándote con que no te van a renovar el contrato. Entonces, si a vos te piden hacer mil multas, lo vas a hacer por el miedo de quedarte sin trabajo. Es una pistola en la cabeza”, expresa la agente.
Otra cuestión de gravedad que denuncian es la utilización de los agentes de Tránsito como militantes políticos por parte del gobierno y del PRO. “Si superabas los 45 días por médico que tienen los monotributistas y, por alguna razón, tenías que faltar, te daban los días a cambio de que fueras a timbrear. Una persona que hacía política para el PRO o que es afín al gremio y al poder tiene franco”, cuenta también Báez, y Dávolos agrega: “Hay gente que se jacta de que recibió la planta permanente por estar siempre presente en el timbreo y de que ‘vos sos un boludo’, te lo dicen así.” Es de este modo que “una persona que va a timbrear los fines de semana y que entró hace dos años tiene más derechos que Cinthia, que falleció estando seis años y medio como monotributista.” “Hicieron clientelismo con los recursos que nosotros habíamos conseguido en nuestra lucha. Hay clientelismo y corrupción”, resume Piera.
Respecto de los motivos económicos, la recaudación supone el objetivo principal y la contracara de la presión sobre los trabajadores en términos de productividad. “Ellos no quieren funcionarios públicos, no solo por el tipo de contratación y la plata, sino porque no quieren personas que estén a favor del ciudadano y que ayude en lugar de recaudar”, sostiene Báez, una de las pocas agentes en planta permanente que no es administrativa, sino que trabaja en la calle.
Es por esto que, a pesar de que entre las funciones del trabajador de Tránsito esté el “aportar para cesar la falta y prevención de la falta”, es decir, participar en la educación vial más allá de lo meramente punitivo, desde el Gobierno y la Dirección están lejos de promover este tipo de acciones. “La política de los jefes es esconderte porque ellos lo que quieren es la multa, la plata”, sostiene Piera.
“Eso es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que nos llenó de luces la avenida Corrientes pero resulta que genera una ciudad profundamente injusta. Por afuera muchas luces y mucha sonrisa, y por dentro están los trabajadores en esta situación,” expresa Arrechea, para quien la situación está lejos de resolverse debido al cerco mediático: “A todo tipo de medios le aporta Larreta para poder sostener un gobierno como este.”
Por su parte, los trabajadores despedidos y los agremiados a ATE continúan en lucha, a la espera de que se cumpla del fallo de Liberatori. “Nosotros creemos que es prioridad el puesto de trabajo, más en un momento tan difícil como el que está atravesando el país, y aún más después de una relación de dependencia durante tanto tiempo, de manera encubierta, y con una limitación de derechos básicos que asquea”, sostiene Dávolos. También convocaron a una concentración el lunes 3 de febrero para exigir la inmediata reincorporación de los despedidos y continuar con los reclamos por mejora en los derechos laborales.
