Jul 3, 2019 | Comunidad, Novedades
El presupuesto de ciencia e investigación era de 21 mil millones de pesos en 2015. Este año apenas llega a 13.100 millones.
Cientificidio». Así definen los investigadores al proceso de desfinanciación del Conicet que comenzó a fines de 2015. Desde entonces, el ajuste económico viene cambiando las reglas de juego para las instituciones dependientes del gobierno. La ciencia no pudo escapar de este destino. Ya en 2018, el Ministerio de Ciencia y Tecnología había sido degradado a Secretaría a través del decreto 801/2018, y este año, el ingreso de sólo 450 postulantes a la carrera de investigador científico acentúa la pauta descendente de las políticas ejecutadas por Cambiemos.
En 2015, el presupuesto asignado a ciencia e investigación era de 21 mil millones de pesos, y fue disminuyendo anualmente, llegando este año a los 13.100 millones, según un informe de la Universidad de Avellaneda. En comparación, es un 37,6% menos. Si se observan los recursos exclusivos del Conicet, en 2015 se invirtieron 6.400 millones de pesos, mientras que este año la cifra fue de menos de 5 mil millones. En una carta pública, redactada durante el mes de abril por cinco de los ocho directores de esta institución, se mencionan salarios por debajo del nivel de pobreza, imposibilidad en la renovación de cargos, cesación de pagos de compromisos ya asumidos e imposibilidad de uso de herramientas de promoción del conocimiento, como algunas de las situaciones que enfrentan los científicos a diario.
El total de postulantes a la carrera de investigador científico para el año 2019 fue de 2.595, pero los resultados de la comisión evaluadora, publicados en el mes de abril, revelaron que más de dos mil quedaron excluidos.
Esta año ingresaron 450 postulantes a la carrera de investigador científico. Otros 2.000 quedaron afuera.
Julián Corach, Doctor de la UBA en el Área de Ingeniería y uno de los afectados por este recorte, se manifiesta sobre los nuevos métodos de evaluación, incorporados en 2018 para el ingreso al Conicet: “El llamado 2018 fue el primero en que se explicitó cómo se iban a otorgar los puntos en la evaluación; cuánto valía cada publicación, cuánto valía cada congreso o cuánto valían los cargos docentes y demás. La evaluación en sí es un número, pero no tenés idea de cómo se llega a ese número. Yo tengo buenos antecedentes de docente y los han puntuado mal, me han dado pocos puntos en categorías que pensé que iba a estar saturando esos ítems.”. Esto deja entrever cómo el sistema de puntuación también puede funcionar como una herramienta excluyente, habiendo casos de postulantes que quedaron afuera con 98 puntos sobre 100.
Otra de las consecuencias del recorte presupuestario es la eliminación de temas de investigación de áreas estratégicas. Corach habla del biodiesel y las energías alternativas: “El biodiesel es un combustible alternativo que en Argentina se produce principalmente con aceite de soja . Cuando me presenté a la beca de post-doctorado, allá por el año 2017, ya no era un tema estratégico. Fue sorpresivo porque el tema energías renovables es ´el´ tema’dentro de los temas estratégicos que, más allá de la coyuntura, es una energía renovable y un producto que en Argentina es muy fuerte. Somos unos de los principales productores y exportadores del mundo.”
El área de Bioenergía no fue la única afectada. “En el caso de Salud, sé que en el Malbrán sufrieron bastante el recorte de presupuesto. En este lugar se hacen investigaciones, por ejemplo, con antiofídicos, y trabajan con tuberculosis y varias enfermedades infecciosas, y sé que habían estado bastante complicados en el último tiempo. De hecho, sé que en Chagas también hubo bastante recorte. Carreras que son de temas endémicos no fueron consideradas como estratégicas para los ingresos, y en países en vías de desarrollo son muy importantes. Sin embargo, no son prioridad”, comenta María Soledad Gori, bióloga especializada en Farmacia y Bioquímica, y dejada afuera del Conicet el año pasado.
En cuanto a Ciencias Sociales, sector en donde sólo entró el siete por ciento de los aspirantes, la doctora en Letras de la UBA Paula Daniela Bianchi, señala: “(Lino) Barañao afirmó que iba a mantener la misma cantidad de investigadores y la misma calidad en ciencia que el gobierno anterior y lo primero que hizo cuando asumió fue todo lo contrario. Se retoma el discurso exclusivo, siempre tomando a la educación y a la ciencia como un gasto, y no como una inversión.” Bianchi fue otra de las investigadoras dejada afuera del Conicet en 2018.
En esta misma línea se pronuncia Maximiliano de la Puente, Doctor en Ciencias Sociales de la UBA : “La crisis científica en realidad no es un problema económico, no es un problema presupuestario, es un problema que se soluciona con muy poco dinero. Uno tiene que entender que acá hay un problema político, ideológico. Hay un proyecto de modelo de nación, donde se quiere convertir a Argentina de un país productor de ciencia a uno importador de ciencia”. De la Puente, docente de la Universidad Nacional de Moreno (UM), agrega que “la idea es que Argentina sea un país periférico en el concierto de naciones a nivel mundial, que no produzca ciencia ni científicos.”
En cuanto al futuro, los científicos se enfrentan a un panorama incierto. Gori sostiene: “Con este recorte masivo, a los investigadores le quedan dos opciones. La primera, la más conocida y la más difícil, la fuga de cerebros. Los que terminamos todas las becas que podíamos tener, trabajamos precarizados, y fuimos formados por el Estado como una inversión. El sistema nos está expulsando. El otro punto es terminar en docencia, o con becas, precarizados, sin aguinaldo o aportes jubilatorios, tratando de conseguir algo que nos dé de comer, sin poder proyectar. Los cargos docentes tampoco son tan extensos. Por eso necesitamos la planta permanente, porque uno adelante un plan de trabajo que sea largo.”
Las promesas incumplidas llevan a los científicos a agruparse y protestar para poder continuar con su trabajo y su aporte a la sociedad. “Hace 4 años que venimos tocando puertas y manifestándonos -comenta Gori-, cuando el recorte es cada vez peor, y cada vez se consiguen menos cosas. La verdad es que no tenemos muchas esperanzas.”
En esta dirección, el pasado 14 de mayo la Plaza de Mayo se llenó de testimonios. Los científicos, una vez más, llevaban la protesta a la vía pública, esperando que alguien los escuche. La jornada esta vez se llamó “#Cientificxsenlacalle”. Durante todo el día, contaron a través de carteles sus historias de solicitudes no aprobadas, así como también de la eliminación de las investigaciones. Luego, se tomaban fotos con el hashtag para poder viralizarlas en redes sociales. Los organizadores fueron la Compañía de Funciones Patrióticas, un grupo teatral con apoyo de la Red de Afectados del Conicet, y la Comisión contra la Discriminación Etaria en Ciencia (CODEC).
En respuesta, el gobierno a fines de mayo realizó un anuncio: un aumento en el presupuesto para Ciencia. El incremento era de mil millones de pesos, pero en realidad, la mitad de esa cifra ya estaba presupuestada y hasta el momento no había sido ejecutada. Es decir que el aumento fue solo de 500 millones de pesos. La comunidad científica se manifestó en disconformidad contra el “falso” anuncio, y sostuvo que el aumento no alcanza para solucionar todos los problemas que enfrenta el sector.
Dic 5, 2018 | Comunidad, Novedades
Dos semanas antes de terminar el ciclo lectivo, el Ministerio de Educación porteño decidió trasladar la Escuela de Cerámica N°1, ubicada en la calle Bulnes 45 del barrio de Almagro, al Polo de las Artes del barrio Vélez Sarsfield, perteneciente a la comuna 10. La propuesta unilateral generó rechazo en la comunidad educativa y las familias llevaron adelante sentadas y abrazos a la institución.
La voluntad del gobierno de la Ciudad es trasladar, a partir del año que viene, el bachiller con orientación y especialización en cerámica y dejar la tecnicatura en el edificio actual. “Esta mudanza implica un traslado de más de siete kilómetros de nuestros hijos, un desarraigo del barrio Almagro, complicaciones familiares múltiples, y fundamentalmente una pérdida de un espacio educativo cultural”, afirma Cecilia Paul, madre de una alumna de la escuela de cuarto año.
Más del 80% de la matrícula de la Escuela de Cerámica es de Almagro o aledaños. Para solucionar el traslado le dijeron al alumnado que les iban a ampliar los beneficios de la tarjeta SUBE, y que si es necesario van a ofrecer transporte en micros, pero hasta ahora la comunidad educativa asegura que sólo se trata de promesas.
Las consecuencias también recaen sobre el grupo de docentes, ya que al quedar la escuela dividida, no podrán cumplir con su carga horaria, porque algunos trabajan en el taller y a la vez en el bachiller. “Tenemos materias en las diferentes modalidades con una diferencia de horario de entre 10 y 15 minutos para salir de un curso y entrar a otro. Sería incompatible trasladarse en ese tiempo de un barrio a otro”, sostiene Vanina Espinoza, profesora de taller de la Escuela. “No sabemos bien qué conducción va a quedar en cada lugar -agrega-, ni qué va a pasar con los administrativos. También están los jefes de taller, y ayudantes de cátedra que, según el día, ayudan a una modalidad y otro día, a otra”.
“Esta mudanza implica una pérdida de un espacio educativo cultural”, afirma Cecilia Paul.
En el Tribunal Superior de Justicia N° 3 las familias y docentes realizaron una denuncia por falta de espacio y las condiciones edilicias que atentan con la seguridad del alumnado y maestros. Se obtuvo una medida cautelar y, en 2015, un amparo donde la justicia intimaba al Gobierno a realizar todas las obras necesarias para darle respuesta a las necesidades pedagógicas y cumplir con todos los requerimientos, en cuanto a sistemas de seguridad.
La comunidad educativa había pedido la ampliación del edificio actual, ya que el año pasado la institución fue elegida para implementar el proyecto Escuela del Futuro y como consecuencia se agrandó la matrícula. También se da la falta de un comedor compatible con una carga horaria de ocho horas. En este sentido, presentaron un proyecto de ley en la Legislatura porteña -a través de la legisladora de Unidad Ciudadana Victoria Montenegro- para que se expropie el terreno lindero, que está abandonado hace un año y medio. Pese a ello, la decisión fue el traslado. “Los legisladores oficialistas no se presentaron, por lo tanto el proyecto no se votó. Pero sí se presentaron para la votación de la creación de la Unicaba. Nos da la pauta que la intención no es solucionar la problemática que tiene la escuela”, remarca Cecilia Paul.
“Los legisladores oficialistas no se presentaron, por lo tanto el proyecto no se votó. (…) Nos da la pauta que la intención no es solucionar la problemática que tiene la escuela”, remarca Cecilia Paul.
La Escuela de Cerámica no solo se fraccionará si se concreta el traslado del Bachiller al Polo de Artes, sino que compartiría edificio con la Escuela de Enseñanza Artística Rogelio Yrurtia. Según Paul, el Yrutia ésta hace más de diez años peleando por un edificio propio: “También lo necesitan y si se da esta mudanza nos encontramos con que ellos tampoco van a tener el espacio necesario para realizar sus actividades”. Además, no hay hornos y tornos con toda la infraestructura para hacer cerámica, porque el Yrurtia es de artes visuales: “El espacio no está acondicionado para una escuela de cerámica, no fue pensado para ello. Los profes del Yrurtia nos pusieron al tanto de que el espacio que está cubre las necesidades que ellos tienen. La sala de profesores, y de exposición aparentemente no existirán más”, resume Espinoza.
Alejandra Marcela Marelli, directora de la Escuela de Cerámica, define lo que ocurre como otro capítulo del recorte a la educación: “Creo que estos funcionarios vinieron a terminar con la educación pública en todas sus formas, respondiendo así al modelo chileno que tanto admiran y quieren imitar. Reflexiona acerca de lo que va a traer en el futuro este traslado y unificación: “La fusión de las dos escuelas, es una manera de no dejar crecer a ninguna de las dos. El lugar está pensado para una sola escuela”.
El pasado 29 de noviembre, la directora de Educación Artística Helena Alderoqui, la directora general de Educación Superior Marcela Pelanda y la subsecretaria de Planeamiento e Innovación Educativa Mariela Gallo, irrumpieron en la escuela para mantener una conversación a puerta cerrada con el estudiantado, sin sus docentes y sin la presencia de sus familias, con el pretexto de mostrarles el proyecto de traslado. Esto generó disconformidad en los padres que invitaron a las funcionarias a participar de una asamblea, pero fue vano: se negaron a dialogar.
Alejandra Marcela Marelli, directora de la Escuela de Cerámica, define lo que ocurre como otro capítulo del recorte a la educación.
El Edificio de la Escuela de Cerámica tiene historia e identidad. Fue fundado por el ceramista y escultor español Fernando Arranz. El inmueble fue su taller y luego se transformó en establecimiento educativo. En la última asamblea llevada a cabo el lunes último, estuvieron el hijo y la sobrina del fundador, quienes se unieron al reclamo: “Hemos vivido en esta casa, jugábamos cuando niños y posteriormente trabajamos como docentes. Nos unimos por el respeto y la preservación de la cultura, y asumimos el compromiso de sostenerlo con fuerza”, fueron las palabras de una carta que le dejaron a la escuela.
La comunidad estudiantil y docente ya puso en marcha clases abiertas, firma de petitorios, festivales y cortes de calle en Bulnes y Rivadavia para visibilizar la problemática. “Lleva al desarraigo de un barrio en que estamos hace 70 años, la pérdida de identidad, problemas con los horarios de los docentes, ya que no le darían los tiempos para trasladarse, problemas de horarios de los chicos, ya que toda la población inscripta es de Almagro”, enumera Marelli y concluye: “el clima que se vive dentro de nuestra escuela es de tristeza, bronca pero también de lucha”.
El Edificio de la Escuela de Cerámica tiene historia e identidad.
Dic 3, 2018 | Comunidad, Novedades
En el año 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó al 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Más de una década después, en el año 2006, la misma institución aprobó un documento en el cual se establecía, entre otras cosas, al término personas con discapacidad como el pertinente para denominar a quienes tengan “deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que (…) puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás”.
Estos antecedentes históricos, basados en un modelo social de inclusión con foco en los derechos humanos, fueron el punto de partida para que, a fines de 2017, el Gobierno firme el decreto 868/2017 que establecía la creación del Plan Nacional de Discapacidad. Pasado un año de ese hecho, ¿Qué hizo el Poder Ejecutivo respecto de ese tema?
El documento garantizaba la implementación de políticas públicas reguladas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que, en conjunto con la participación activa de organizaciones no gubernamentales, permitieran la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad a la hora de insertarse en los diferentes sectores de la sociedad. No obstante, la actualidad muestra que la distancia entre el dicho y el hecho es cada vez más extensa.
“Después de un tiempo, nos fuimos dando cuenta que el plan era puro marketing, hay muy pocas iniciativas concretas por parte del Gobierno” afirma Marcelo Betti, presidente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI). En paralelo, Betti agrega que “el sector es uno de los más afectados por el ajuste, ya que hay una quita paulatina de pensiones no contributivas desde 2016. Las personas con discapacidad tienen un gasto mayor que el resto de la sociedad y su nivel de ingresos es muy bajo. Según un informe de la OIT, el 80 por ciento de quienes integran este colectivo son desempleados”.
“A la pobreza hay que agregarle la quita de las pensiones y la falta de respuesta gubernamental ante el pedido de pensiones nuevas», dijo Martín Passini.
Si bien la desocupación es una de las problemáticas más lacerantes en el país a nivel general, la cuestión se agrava ante el incumplimiento de pautas dentro del mismo aparato estatal. En diálogo con ANCCOM, Martín Passini, miembro de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba, explica que “el Estado tanto a nivel nacional como provincial está obligado a tener un cuatro por ciento de trabajadores con discapacidad en cada organismo, sin embargo hoy en día el cupo no llega al uno por ciento”.
Passini, quien también forma parte del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de la misma provincia, asegura que “a la pobreza hay que agregarle la quita de las pensiones y la falta de respuesta gubernamental ante el pedido de pensiones nuevas. Además hubo una regresión ya que las pensiones se volvieron a regir de acuerdo a un decreto del año 1997 que se centra en los grados de invalidez de cada persona en particular y no en los problemas del entorno, oponiéndose a lo reglamentado por las Naciones Unidas en 2006”.
Otra de las premisas incluidas en el plan es el acceso a la educación, aunque lejos está de establecer prioridades o metodologías de aplicación específicas para los diferentes niveles. “La ANDIS no tiene relación con nosotros, nunca nos ha hecho participar. Las actividades que hacemos son junto a otras organizaciones y con el mínimo presupuesto posible” asegura Natalia Barroso, quien integra la Comisión de Inclusión de Personas con Discapacidad (CIPeD) de la Universidad de Salta (UNSA). En la misma línea opina Daniela Pérez Rangeon, licenciada en Trabajo Social e integrante de la CIPeD, quien entiende que “el recorte presupuestario incide directamente en la accesibilidad de nuestros estudiantes e impide la inclusión plena, hay que entender que no todos parten del mismo lugar ni tienen los mismos recursos”.
“El recorte presupuestario incide directamente en la accesibilidad de nuestros estudiantes e impide la inclusión plena», dijo Daniela Pérez Rangeon.
La ausencia del Estado se pone de relieve en casos como los del Cottolengo Don Orione, institución centenaria abocada a la asistencia de personas con discapacidad que en la actualidad sufre el embate del brutal ajuste. “Hay una conjunción de atraso de pagos y desactualización de aranceles que nos genera una incertidumbre permanente”, sostiene Beatriz Pérez, coordinadora del organismo. En consonancia, Pérez agrega que “están mintiendo respecto a la supuesta cancelación de la deuda, el último pago que recibimos corresponde al mes de junio. Por la falta de regulación no se están recibiendo prótesis ni medicamentos, además los transportes dejan de brindar servicios y eso es algo esencial ya que no contamos con vehículos adaptados a nivel público, incluso hay lugares que no tienen transporte”.
Precisamente la falta de movilidad es el principal conflicto que afronta Cecilia Watkins, ciudadana de Corrientes capital y tutora de su hermana María Graciela, quien tiene síndrome de Down. “Ella tiene PAMI como obra social y es un desastre, deberían pagar el instituto y el transporte pero no se hacen cargo de nada”, aclara. En la misma línea, Julieta Blayer, vicepresidenta de la Federación de Entidades Pro Atención a las Personas con Discapacidad Intelectual (FENDIM), entiende que la situación es cada vez más apremiante. “Como mamá de una persona con discapacidad de 40 años considero que día a día hay menos posibilidades de que accedan a una mejor calidad de vida”, sostiene.
Según la línea argumental del Plan, la participación multisectorial es un pilar fundamental a la hora de generar políticas de inclusión. Sin embargo, Daniel Ramos, presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), asegura que “la medida fue anunciada sin consulta previa ni posterior a los organismos especializados”. Tanto Passini como Betti coinciden también en cuanto a la unilateralidad en el armado del proyecto. Pese a esto, el presidente de REDI subraya que “más allá de intereses contrapuestos, la gravedad de la situación genera una homogeneización de los grupos a la hora de marchar y reclamar por nuestros derechos”. En tiempos turbulentos, consideran, la unión emerge como uno de los escasos remedios contra la incapacidad de quienes gobiernan.
“El sector es uno de los más afectados por el ajuste, ya que hay una quita paulatina de pensiones no contributivas desde 2016″, dijo Marcelo Betti.
Abr 20, 2018 | Novedades, Te puede interesar, Vidas políticas
Alumbrada por una llama, la bandera de cabecera sintetizó el reclamo con una leyenda breve: “Basta de tarifazos”. Detrás, se multiplicaron con velas en todas las versiones. En botellas de plástico, casi por la mitad, más derretidas y más completas, sostenidas por antorchas caseras, o por vasitos de telgopor que resistían al viento que trataba de apagarlas. Entre las velas también había luces, blancas y de colores Y fueron miles los representantes de las sectoriales del país, de empresas recuperadas, de Pymes, de clubes de barrio, de vecinos y jubilados los que se unieron ayer en el Congreso para marchar hacia el Obelisco para reclamar al gobierno de Cambiemos una urgente revisión de los aumentos en las tarifas de servicios. La movilización había sido convocada por las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), y el Movimiento 21F que lidera el gremio de Camioneros y la Multisectorial contra el Tarifazo, junto a la Confederación de Trabajadores de la Economía (CTEP) y la Corriente Federal de Trabajadores (CFT). Contó, además, con la adhesión de numerosas organizaciones sociales, políticas y sindicales como bancarios, canillitas y actores.
“Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad”. Voces de adultos, mujeres, ancianos, y niños entonaron con diferentes matices el Himno Argentino. “Por los 30.000 desaparecidos y por el chico que manejando su colectivo hace días fue asesinado brutalmente porque en el país no hay seguridad, por todas las víctimas”, se escuchó desde los micrófonos. Y por un minuto todo lo que había sido ruido se enmudeció.
La columna principal estuvo encabezada por los líderes de varias de las organizaciones convocantes: Pablo Moyano (Camioneros); Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores); Pablo Micheli (CTA Autónoma); Daniel Catalano (ATE-Capital) y Omar Plaini (Canillitas). También marcharon el líder del partido MILES, Luis D Elia; el ex abogado de la CGT y actual diputado de Unidad Ciudadana, Héctor Recalde, y los referentes de los Metrodelegados, Roberto Pianelli; de los docentes bonaerenses de UDOCBA, Miguel Ángel Díaz, y del gremio de actores, Alejandra Darín.
Las organizaciones consensuaron un documento que fue leído en el cierre en la Plaza de la República, frente al Obelisco. El reclamo se concentró en el pedido de “prohibir los aumentos por un año” para la electricidad, el gas y el agua. Además, los manifestantes exigieron dar marcha atrás con los incrementos decretados a lo largo de este año y retrotraer el cuadro tarifario al 31 de diciembre de 2017.. Por último, pidieron devolver el dinero a quienes los hayan pagado aplicando descuentos en las futuras facturas y anular los cortes de servicios aplicados por falta de pago en cualquiera de estos servicios.
En los discursos también hubo duras críticas al proyecto avalado ayer por el gobierno -con usina en el radicalismo- para moderar el impacto de los aumentos. “La posibilidad que plantean de rever esta política tarifaria termina siendo una verdadera tomadura de pelo. Proponen prorratear las boletas en cuotas con interés, sin modificar ni una coma de imponer a los sectores más humildes tarifas que después no se van a poder pagar”, advirtió Yasky.
Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores (AAA) y Lola Berthet, secretaria adjunta de la organización, leyeron el documento único de todas las organizaciones convocantes a la Marcha de las Velas contra el tarifazo. La redacción se había consensuado una semana antes en el Hotel Bauen.
“En su primera semana de gobierno, Mauricio Macri decretó la emergencia del sector eléctrico nacional. Desde entonces hasta hoy no sólo el cuadro tarifario de dicho sector sino de todos los servicios públicos experimentaron un aumento creciente”, describieron. Los manifestantes hicieron escuchar su descontento. “Esta política comporta un intencional desconocimiento del papel del Estado como garante del derecho de los usuarios, y ello sólo puede explicarse en la determinación gubernamental de favorecer a las grandes empresas vinculadas a la oferta de servicios públicos”, subrayaron.
Y advirtieron: “Mientras en los hogares nos cuidamos, en las casas de todos y todas los que viven de su trabajo, y no del trabajo ajeno, tienen que elegir entre un plato de comida o pagar la luz. Las cooperativas, las empresas recuperadas, las pequeñas y medianas unidades productivas y de servicios que son las que emplean el mayor número de trabajadores de nuestro país ya no pueden hacer frente a la factura”.
“Nos comprometemos a persistir en esta clase de medidas legítimas de protesta hasta tanto el gobierno nacional escuche la incesante demanda ciudadana que lo interpela. Para nosotros la más amplia unidad de las organizaciones del pueblo es esta, la que forjamos en las calles levantando bien alto nuestras banderas comunes y así seguiremos. Este es nuestro compromiso”, concluyeron.
Fortalecidos por el eco del ruidazo del miércoles y la nutrida adhesión a la Marcha de las Velas de anoche, los manifestantes comenzaron la desmovilización en el centro de la ciudad. Las banderas se doblaron y las columnas comenzaron a desarmarse.
Mar 12, 2018 | Comunidad, Novedades, Trabajo
El pasado viernes 9 de marzo, a partir de las 9:30 de la mañana, se llevó a cabo una jornada de protesta en el Polo Científico y Tecnológico contra los recortes en el ingreso de investigadores al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y eliminación de becas posdoctorales, entre otros puntos. Las actividades incluyeron paneles sobre el estado de la ciencia con científicos y representantes del Frente de Izquierda y de Unidad Popular, performances de grupos artísticos y un tuitazo. Asimismo, las organizaciones sindicales mantuvieron una reunión con las autoridades del Ministerio y del Directorio del CONICET para exigir una respuesta satisfactoria al conflicto.
El principal problema consiste en la reducción de ingresos a Carrera del Investigador Científico (CIC) para aquellas personas que resultaron doblemente recomendadas en las instancias de evaluación del organismo. “Yo hice toda mi carrera de posgrado financiado por el CONICET, terminé el doctorado en 2015 y me otorgaron la beca posdoctoral en 2016. Me presenté el año pasado a la convocatoria para el ingreso a carrera y soy una de las 411 personas que fueron doblemente recomendadas, es decir, que pasé la instancia de evaluación tanto de la Comisión Asesora como de la Junta pero por cuestiones presupuestarias el Directorio decidió denegarme el ingreso a carrera”, comentó Gabriel Bosquín, licenciado en Letras y doctor en Lingüística.
Concentración de trabajadores y becarios del Conicet ante el ajuste en el organismo.
“Lo que es importante recalcar es que lo que se están cortando son líneas de investigación con el ajuste de presupuesto, no es sólo un número sino qué es lo que se está restringiendo, no sólo es un ingreso o una fuente de trabajo sino que también es una forma de pensar el mundo”, agregó.
Julieta Haidar, becaria doctoral del CONICET e integrante de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), fue afectada por los recortes al no ver renovada su beca posdoctoral. “Formo parte de otro grupo, los llamados pendientes de evaluación, porque en septiembre el Congreso de la Nación sancionó una ley en la cual dice que ya no puede haber restricciones de edad para ingresar a carrera, que es lo que venía existiendo históricamente en el CONICET”, declaró. “Entonces, el CONICET lo que hizo fue apartar a aquellos que teníamos más del límite de edad que se establece, que son 35 años, para ser evaluados con posterioridad, y somos otras 400 personas que aún no tenemos los resultados de nuestra evaluación para el ingreso a carrera. Hoy estamos con esta situación: 400 personas directamente expulsadas del organismo y otras 400 que no saben cuál va a ser su futuro laboral”.
Juan Ignacio Felice, becario posdoctoral en la Facultad de Medicina de La Plata, con una investigación en curso sobre mecanismos moleculares de la generación de arritmias cardíacas, también resultó perjudicado por los ajustes presupuestarios. “Esto implica un corte en todas las líneas de investigación y colaboración que yo había empezado, tanto con gente de Argentina como del exterior”, aclaró.
“También hay otra situación: CONICET no está pagando las licencias por maternidad a las compañeras que han tenido hijos durante el transcurso de las becas, mediante artilugios legales les están diciendo que como tendrán unas prórrogas en sus becas no les van a pagar los casi cien días de licencia que les corresponden”, agregó María Soledad García, antropóloga y arqueóloga. “Hay alrededor de 15 compañeras que están en esta situación”, dijo.
El Polo Científico Tecnológico en la calle Godoy Cruz.
Por otro lado, los afectados denuncian sufrir un estado de precarización laboral. “No estoy en planta permanente, no recibo un salario sino que recibo un estipendio, y no tengo todos los derechos de los trabajadores a pesar de que CONICET te pide exclusividad, es decir, que no podés tener otro trabajo, solo es compatible la beca con un cargo docente simple”, explicó Silvia Nassif, otra becaria doctoral damnificada. “Es muy tremendo, sobre todo para las Ciencias Sociales, porque cuando te quedás sin la beca te quedás sin nada, y muchos de nosotros somos docentes ad honorem”, redondeó.
Los científicos afectados dicen que las medidas de fuerza y las jornadas de protesta continuarán hasta tanto se salde el conflicto. Laura Romano, becaria doctoral del CONICET e integrante de la organización Becarios Empoderados, comentó a ANCCOM: “En principio vamos a permanecer movilizados, vamos a seguir haciendo actividades en el Polo Científico para darle visibilidad al conflicto. A principios de abril habrá otra reunión, así que seguramente iremos los distintos espacios para apoyar a los compañeros que participen de ella y haremos varias actividades allí, y después se está pensando en hacer una marcha más grande”.
