Jul 10, 2022 | Comunidad, Destacado 5
La Red de Organizaciones Barriales realizó una concentración frente al Obelisco para defender el patrimonio urbanísto frente al desarrollo inmobiliario que propone el Gobierno de la Ciudad.
En rechazo al avance de las obras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) sobre espacios verdes, la Red de Organizaciones Barriales (ROB) se movilizó el sábado pasado frente al Obelisco en defensa del ambiente, la identidad barrial y el patrimonio. Reclamó por un freno a la edificación, el libre acceso al río y efectiva participación ciudadana.
Con el jardín vertical de “BA” de fondo, y al grito de “Parques sí, torres no”, los y las vecinas de los barrios porteños que organizaron “EL 9 EN LA 9” llenaron de pancartas y carteles la plaza del Obelisco. «Basta de especulaciones inmobiliarias» -se podía leer-, «Más cielo, menos cemento», «Basta de demoler patrimonio urbano», «No a los nuevos códigos urbanísticos y de edificación», «No al arroyo artificial en el Parque Saavedra». Además, una reedición del actual flyer del GCBA de «La transformación no para» a «La transformación para turistas y amigos no para de demoler, de mutilar árboles y de matar barrios».
Los motivos de la gran asamblea barrial se concentran en el pedido de un cese a “las políticas urbanas del Gobierno de CABA que están diseñadas desde un concepto mercantil por sobre el del interés público”, expresó el arquitecto Daniel Giglio, integrante del Colectivo Colegiales Participa y Decide. Entre algunas de las líneas de acción se enumeran la recuperación del Playón de la Estación Colegiales como espacio verde público, libre de edificios sobre su superficie; el rechazo del proyecto de “regeneración” del Arroyo Medrano en el Parque Saavedra; y un freno a “los ilegales proyectos de privatización y ocupación con construcciones de la ribera del Río de la Plata (Costa Salguero, Ciudad Deportiva)”.
La ROB está conformada por más de 30 organizaciones vecinales y ONG. El organismo se creó hace ya un año con el objetivo de lograr una unión coordinada de los barrios que pueda alzar la voz por diversos reclamos en cada uno de ellos y está conformado entre otros por el Colectivo Colegiales Participa y Decide; ¡No A Las Torres! (Parque Chacabuco); Asamblea Villa Pueyrredón; Asociación Vecinos de Bajo Belgrano; Vecinos X Saavedra; Parque de la Estación (Almagro, Balvanera); Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP); Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC); Tierras Ferroviarias Verdes; El Movimiento: La Ciudad Somos Quienes La Habitamos; Basta de Mutilar Nuestros Árboles (BdM); Basta de Demoler (BdD); la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH); Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC).
En diálogo con ANCCOM, la abogada y exconstituyente de la Ciudad, María José Lubertino, trazó un panorama sobre la situación del reclamo acerca de la cuestión ambiental en CABA y expresó que “con la movilización de hoy estamos intentando una articulación porque las luchas no se pueden dar de manera aislada. Esta es una lucha contra el extractivismo urbano en un contexto de cambio climático”. Además, la política agregó que “los problemas que detectamos cuando hicimos la Constitución de la Ciudad hace 20 años se han agudizado y las políticas públicas van en contra de lo que deberíamos hacer para el mejor vivir en la ciudad”.
En la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está instituida la “democracia participativa”. Sin embargo, “lo único que se hace hoy es permitirte votar el nombre de una estación de subte de manera online: eso es una ficción”, afirmó Lubertino. Dentro de los derechos vulnerados, la abogada enumera el derecho a la salud, al espacio verde y público, al ambiente, al patrimonio, la descentralización en las comunas, entre otros.
En la movilización pedían si alguien había traído una Constitución y una vecina sacó la suya de la cartera. “Yo también traje la mía por las dudas”, replicó otra. Los manifestantes hicieron lectura de algunos de sus artículos como el Nº 26 que promulga el ambiente como patrimonio común, el goce de un ambiente sano y su preservación para generaciones presentes y futuras, o el Nº 27 el cual implica que toda acción que suponga un daño en el ambiente debe cesar y conlleva la obligación de recomponer y la garantía de su uso común.
Ana Charrelli, se crió en el espacio verde del Parque Chacabuco hasta que las autopistas lo cortaron por la mitad. De su infancia solo queda un pequeño sector cercado donde hay rosedales, pero las maravillosas fuentes que ella recuerda, con figuras de las que caía el agua desaparecieron, así como los árboles. Hace 40 años se mudó a San Telmo donde formó su familia y crecieron sus hijos. En su cuadra fueron construidas, solo en los últimos cinco años, cinco torres nuevas. El edificio donde ella vive es patrimonio protegido. Hoy reclama por la preservación del casco histórico de su barrio: “Quieren hacer en San Telmo lo mismo que hicieron con Palermo, convirtiéndolo en un polo gastronómico. No entendemos a dónde nos lleva esta ‘transformación que no para’ del GCBA. Destruyen la vida y la identidad del barrio y de los vecinos”.
El arquitecto Giglio analizó, en diálogo con esta agencia, algunos de los problemas que trae aparejado el Código Urbanístico de la Ciudad aprobado en 2018. Este establece, por ejemplo, que en ciertas zonas no pueden construirse torres. Sin embargo, existen más de 100 excepciones a dicho código que fueron aprobadas por la Legislatura porteña. A partir de ellas, se permite la construcción de torres en zonas antes prohibidas “que el desarrollista inmobiliario paga de acuerdo a su conveniencia”, señaló Giglio.
Anteriormente regía el Código de Planeamiento Urbano que “si bien no era perfecto defendía las identidades barriales”. Giglio explicó que, por ejemplo, en un barrio de casas bajas, el código anterior establecía que se construya más o menos en esas mismas condiciones. Además, no permitía construir todo el lote, aseguraba el pulmón de manzana y por sobre todas las cosas regulaba los metros cuadrados construibles en cada parcela. “Ahora no hay un límite y eso aumenta la densidad de edificación, que suma cantidad de viviendas y de habitantes y resta capacidad a la infraestructura urbana, es decir, más agua, más gas y más electricidad, además de menos terreno absorbente y capacidad de asoleamiento. Estos factores implican un decrecimiento enorme en la calidad de vida en la Ciudad de Buenos Aires”, expuso el arquitecto.
La licenciada en Ciencia Política y diplomada en Derecho Ambiental, Carolina Somoza, explicó en diálogo con ANCCOM las implicancias de la perspectiva de género en las cuestiones ambientales, como por ejemplo los nombres de las calles mayoritariamente masculinos. “Ha sido construido -señala- por varones blancos, clase media, sanos; un lugar del que fuimos excluidas hace mucho tiempo y ahora que empezamos a tomar más la calle vemos problemas no solo en términos de planificación sino de ejecución”.
Así como lo privado es político, lo público también lo es. “Si el Estado somos todos, nosotras queremos ser parte de esas decisiones. No es que no tengamos ideas ni consciencia, sino que no se nos da el espacio para integrar esa planificación”, agregó Somoza. También hizo mención del rol del cuidado asignado a las mujeres como algo a ser puesto en valor a la hora de planificar el espacio: “Se trata de cómo se piensan los asientos, los baños o los juegos ya que muchas veces somos las mujeres quienes nos hacemos cargo de llevar a los pibes a la plaza”.
Águeda Lacané, vive hace 34 años en Colegiales. En su momento, disfrutaba de varias manzanas verdes libres al lado de las vías del tren a las que llamaban “zona rural”. Cuando sus hijos eran chicos siempre los llevaba a ese playón de la estación porque, aunque no fuera un parque, era la zona verde que tenía el barrio. De a poco lo fueron cerrando y entregando parcelas a empresas de seguridad o de construcción. El lugar se achicó. Cinco de las nueve parcelas que comprenden el playón fueron vendidas y se encuentran siendo investigadas por la oficina anticorrupción. Las otras cuatro están amparadas por una medida cautelar que impide que se las toque temporalmente. El cartel que está sosteniendo hoy Águeda reza «Todavía estamos a tiempo».
Jun 24, 2020 | Comunidad, Novedades
La pandemia del COVID-19 expuso las desigualdades estructurales de la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de ser el distrito más rico de nuestro país. Con el aislamiento obligatorio, internet se convirtió en una herramienta importante a la que buena parte de la población no puede acceder. Por eso, ANCCOM conversó con los dos organismos que recurrieron a la Justicia para que el gobierno garantice el acceso y lo declare como un derecho humano.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó un amparo ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 para que el Estado garantice la conectividad en las villas y asentamientos de la Capital Federal, y que entregue computadoras en préstamo a los niños, niñas y adolescentes que no cuentan con los medios para continuar con las clases durante la cuarentena.
El juez Andrés Gallardo falló a favor y le otorgó al gobierno de Larreta un plazo hasta el 18 de junio para cumplir con las medidas, y tres días más para acreditarlas en la causa. La situación es alarmante, ya que, según lo indicado por ACIJ, más de 300 mil personas de barrios humildes carecen del servicio.
Marcelo Giullitti, que integra área de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas de la ACIJ, explicó el origen de la demanda: “Varias familias no pueden acceder a internet por dificultades socioeconómicas o porque las empresas privadas no proveen el servicio. Hay una ausencia estructural por la falta de urbanización, que hace que el virus afecte de manera diferencial. El Estado debe garantizar que los colectivos más vulnerables puedan acceder a internet porque es un derecho”.
El abogado prefirió no hablar de intencionalidades, pero sí opinó que “hay una falta de políticas públicas del gobierno porteño que resulta discriminatorio porque afecta a los colectivos más humildes”. En esa sintonía, confesó que “cuando se tomaron las medidas de aislamiento, no pensaron en cómo iba a afectar este problema a los que menos tienen, que encima ya venían sufriendo desigualdades estructurales desde antes”.
El letrado fue optimista y aseguró que el cumplimiento de la medida debe y puede acatarse: “El Gobierno cuenta con espacios públicos que tienen internet libre, así que puede hacer una conexión inalámbrica en las villas y asentamientos de la Ciudad”.
Derecho humano
El Observatorio del Derecho a la Ciudad de Buenos Aires fue más allá y realizó un pedido para que se reconozca al acceso a internet como un derecho humano. La medida obligaría al Gobierno a garantizar la conectividad digital y a otorgar una computadora a cada estudiante y adulto mayor que no tenga recursos.
La Justicia ordenó la derogación de los requisitos de préstamo de computadoras del Ministerio de Educación porteño por ser restrictivos, la creación de un registro de solicitudes para la entrega de los dispositivos, y garantizar internet por red inalámbrica o datos. Todo esto con plazo de cumplimiento hasta el 18 de junio y tres días más para acreditarlo en el expediente. Hasta el cierre de la edición, no había novedades respecto del GCBA.
“Internet es una herramienta necesaria para garantizar otros derechos. Así como la libertad de expresión garantiza los derechos políticos, y el acceso a la información a la educación y la cultura, el acceso a internet posibilita todos los anteriores. Por eso queremos que sea un derecho humano”, expresó el presidente del Observatorio, Jonatan Baldiviezo.
El titular del organismo agregó que “el problema no está solo en la educación a distancia, sino también en el acceso a internet en general. Los trámites se hacen en casa y por eso necesitás una conexión. Ya no podés buscar internet en el trabajo, en la plaza o en un comercio”.
La dificultad en el acceso, según Baldiviezo, se debe a “una falta de políticas públicas para eliminar la brecha digital y la desigualdad. Esto viola un derecho tan básico como la educación, y también impide que se cumpla la obligación de la escolaridad. Es evidente que si la educación presencial pasa a ser a distancia, vas a necesitar computadoras y conexión a internet. Sabiendo que tu población no tiene los mismos recursos, como gobierno no te podés quedar inmóvil viendo como no se resuelve el problema”, cerró.
Trabas
El titular del Observatorio comentó que “días antes de presentar la demanda, el Gobierno dictó una resolución para prestar las computadoras de los colegios en comodato a los estudiantes, con cláusulas restrictivas y excluyentes”. Los requisitos decían que “cada alumno tenía que pertenecer a una familia que recibiera la AUH o la beca alimentaria, y que no tenía que haber otro dispositivo en el hogar”.
“Casi ninguna familia pudo cumplir con los requisitos. Más de 30 mil hogares que están en el Programa Ciudadanía Porteña quedaron excluidos por ser incompatible con la AUH. La medida es inconstitucional y obstaculiza la igualdad de oportunidades”, concluyó Baldiviezo.
Pasaron tres meses del aislamiento y miles de familias de la Ciudad no pueden acceder a internet. El gobierno porteño parece no estar interesado en solucionarlo.
Mar 21, 2019 | Comunidad, Deportes, Novedades
El microestadio de Atlanta fue diseñado para albergar a 16.000 espectadores.
El 14 de marzo, el titular del juzgado Nº 10 en lo Contencioso Administrativo, Aurelio Ammirato, dio lugar a la acción presentada por el colectivo de vecinos de Villa Crespo y suspendió de esta manera la explotación económica del Microestadio de Buenos Aires Arena, que se encuentra a cargo de la empresa AEG Worldwide y el grupo La Nación.
El estadio cubierto fue diseñado con 30 metros de altura y una capacidad para 16.000 personas. Se planeaban organizar allí unos cien espectáculos al año. Nada de esto sabían los vecinos, hasta que el 28 de marzo leyeron un artículo en el diario La Nación que decía: “El Luna Park ya no estará solo: Buenos Aires tendrá un nuevo estadio techado en Villa Crespo. Un arena como los que se levantan en las grandes ciudades del mundo”.
Un proyecto de tal envergadura necesita, según la Ley Nº 6/98 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que la autoridad responsable habilite un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión respecto a la edificación. Además, este tipo de obras necesita, según la misma norma, diversos permisos de impacto ambiental. “Estos permisos no se hicieron y por eso estamos acá” declaró Jonatan Baldiviezo de la Fundación Ciudad a ANCCOM.
Los afectados tomaron rápidamente cartas en el asunto. Los vecinos de Villa Crespo se autoconvocaron. Por medio de su organización y la intervención de la Fundación de la Ciudad y el Observatorio del Derecho a la Ciudad presentaron un recurso de amparo colectivo para declarar nulas las habilitaciones ecológicas y ambientales para construir el estadio cubierto más grande de Buenos Aires.
“Es razonable presumir su incidencia potencial sobre la capacidad de la infraestructura vial y de servicios”, dictaminó el juez al conceder el amparo. También señala que la empresa Metrogas ha tomado en cuenta el caso y ha declarado que la provisión del servicio de gas no es factible debido a la cantidad de suministro que necesita una obra de esta índole. Pero también aclara que la distribuidura gasífera recibió una declaración del proyecto como de uso residencial del servicio y, por ejemplo, no refleja el uso de los locales gastronómicos que tiene proyectada la obra.
Al mismo tiempo, la constructora solicitó a AySA la provisión de cloacas y servicio de agua para 19.840 m2 Pero la superficie total a construir es, en realidad, de 28.715 m2.
EDESUR, a su vez, manifestó solo una mera factibilidad de provisión de servicio ya que la empresa AEG Worldwide no presentó las actuaciones tramitadas ante la Agencia de protección Ambiental ni la documentación necesaria para que la distribuidora pueda precisar el caudal a brindar.
A nivel transporte, según detalla la sentencia, el único programa de manejo de tránsito y transporte contenido en el estudio técnico sólo se refiere a contemplar a la situación de los servicios de traslado público en etapa de obra y no durante la explotación del proyecto.
En dialogo con ANCCOM, Ingrid, vecina de Villa Crespo y una de las representantes del colectivo La Voz Vecinal explicó qué cambió con respecto a la situación conocida en 2018: “Lo más significativo fue que se amplió el grupo de personas que está movilizado. La gente no se movilizó antes porque no estaba enterada y en la medida que se iban enterando se iban indignando”.
La actividad, según los vecinos, impactará tres veces por semana en su vida cotidiana, lo que ha generado la decisión política de manifestarse y organizarse. En base a esto, Ingrid mostró su felicidad por la concesión de la medida cautelar: “Nos da mucho orgullo. Lo importante es que el diagnóstico del juez fue el mismo que el de los vecinos, algo que es de sentido común. Es irrisorio pensar una obra de esta envergadura sin un estudio de impacto ambiental. Los pasos a seguir es realizarlo y esto cambia totalmente las cosas. Eso implica contempletar cosas que ni si quiera estuvieron en consideración, como el estacionamiento y los servicios públicos”.
Si bien el proyecto de ley N° 5.874 de 2017 fue aprobado por 46 de 57 legisladores, hubo casos como el de la legisladora por el FIT, Laura Marrone, y dirigentes de la izquierda como Luis Zamora y Vilma Ripoll que se manifestaron públicamente en contra del microestadio.
“Estamos en plena campaña para sumar apoyo. A pesar de esto tuvimos gente simpatizante de Atlanta que nos han sido hostiles sobre todo en Facebook, diciéndonos que si no nos gusta la situación, que nos vayamos del barrio” cuenta la entrevistada.
Ante estas amenazas, los vecinos acudieron a la Secretaría de Seguridad de la Ciudad, a cargo del abogado Marcelo D’Alessandro. Ingrid dijo al respecto: “Lo más triste de esto es que nuestro problema no es con el club, sino con la Ciudad que es la que entregó este terreno para el usufructo de AEG Worldwide y a La Nación.”
Los vecinos entienden que el gran beneficiario es el capital privado y que el problema no es con Atlanta. En reunión con los organizadores del proyecto, los vecinos declaran haber sido acusados de entorpecer la obra. Además, el conflicto también se genera cuando AEG Worlwide y La Nación fueron eximidos, según la Ley de la Edificación, del pago de impuestos por 40 años. Y además, cabe aclarar que Atlanta, según aseguró Ingrid, recibirá sólo el 0,3% de la facturación del proyecto.
May 24, 2017 | Comunidad
“Hecha la ley, hecha la trampa”, dice el refrán para referirse a la violación de normas o, al menos, al intento para evitarlas. La frase se aplica al conflicto que están viviendo los vecinos del barrio de La Boca que, desde hace más de diez años, se encuentran en conflicto con el Gobierno de la Ciudad y con el club Boca Juniors, a partir de la venta irregular de terrenos que estaban destinados a la construcción de viviendas. Desde entonces, movimientos como La Boca Propone y Resiste y Boca es Pueblo se comprometieron con el reclamo. El 4 de mayo último, se revocó la sentencia del juez Pablo Mantaras que negaba a las agrupaciones la posibilidad de constituirse como querellantes en la causa y esta novedad abre a los vecinos la a la esperanza de recuperar los terrenos de Casa Amarilla para el barrio. El club intenta construir allí un “estadio shopping”, que desde el año pasado está frenado gracias al amparo presentado por las agrupaciones vecinales.
Todo comenzó el 11 de abril de 2005 cuando la Asociación Civil Casa Amarilla lanzó la inscripción al programa habitacional para la construcción de 1231 viviendas y su posterior ocupación. El Gobierno de la Ciudad, sin embargo, no quiso hacerse cargo de construir esa cantidad de casas y llegó a un acuerdo con la Asociación: solo se edificarían 438 con la condición de que la entidad se quedaría con el derecho a designar quiénes serían los beneficiarios. En 2010, los restantes terrenos, no ocupados por las viviendas, fueron traspasados del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), propietario de las tierras, al Gobierno de la Ciudad, y de este a la Corporación Buenos Aires Sur, una organización destinada a desarrollar la zona sur de la Ciudad, a través del decreto 723/2010. Aquí la trampa, la violación a la ley. La Corporación vendió los predios al club Boca Juniors evitando toda legislación y audiencia pública, tal como está estipulado en la Constitución porteña. Jonathan Baldiviezo, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, comentó a ANCCOM: “Estos terrenos fueron vendidos sin la aprobación de la Legislatura que es la que tiene facultades constitucionales para aprobar la disposición de bienes e inmuebles y su venta en la Ciudad de Buenos Aires. Además, estos predios formaban parte de la Ley 2240 que declara la emergencia ambiental y urbanística del barrio de La Boca”. Es decir, las tierras en disputa “tenían una finalidad establecida por ley que no fue respetada ya que se va a vender para hacer un estadio shopping y no, un parque público”, dijo Baldiviezo.
El 4 de mayo último, se revocó la sentencia del juez Pablo Mantaras que negaba a las agrupaciones la posibilidad de constituirse como querellantes en la causa y esta novedad abre a los vecinos la a la esperanza de recuperar los terrenos de Casa Amarilla para el barrio.
Por esa razón, varias organizaciones barriales pusieron el acento en la ilegalidad del traspaso. Ahora, La Boca Propone y Resiste y Boca es Pueblo podrán constituirse como querellantes en la causa quedó en manos de la jueza Paola Cabezas Cescato, quien deberá determinar la legalidad o no del proceso. Natalia Quinto, una de las precursoras de la acción de amparo dijo en diálogo con ANCCOM: “A partir del fallo de la Cámara, queda todo en suspenso ya que se tiene que revisar el proceso de venta de los terrenos. La expectativa que tenemos es la mejor. Desde que hicimos la presentación, estamos en la certeza de que la venta fue irregular. Vamos a aportar todas las pruebas que hagan falta para demostrar que lo que decimos es así”. Quinto es integrante de La Boca Propone y Resiste, una multisectorial compuesta por organizaciones e instituciones que tiene como principal preocupación a los chicos del barrio. El movimiento parte de la vivienda como base de todos los derechos de los más pequeños y así lo hizo saber Quinto: “Si un pibe vive en una habitación de cuatro por cuatro con cinco integrantes más de la familia, es muy difícil que tenga un espacio físico para el juego, para hacer la tarea, para la privacidad”.
Otro de los movimientos comprometidos con la causa es Boca es Pueblo, compuesto por hinchas de Boca, quienes desarrollan la militancia barrial junto con organizaciones sociales y vecinos de la ciudad. “Venimos realizando talleres para contribuir al desarrollo de los chicos y chicas del barrio. Intentamos brindarles la mayor contención posible y un lugar más donde puedan jugar”, indicó Gustavo Manteiga, uno de los integrantes de la agrupación. Respecto a las tierras en conflicto, Manteiga expresó: “En 2010, en los pasillos de la Legislatura, ya se mencionaba que esos terrenos podrían pasar a Boca Juniors. En la plataforma electoral de (Daniel) Angelici, de cara a las elecciones del club, a fines de 2011, ya se hablaba de la construcción de un estadio-shopping en los terrenos de Casa Amarilla y que la Ciudad estaba dispuesta a vendérselos a Boca”.
Mientras el Gobierno de la Ciudad todavía no se pronunció sobre el conflicto, las tierras continúan en manos privadas, a la espera de una resolución judicial. “Boca obtuvo las tierras mediante una licitación, que fue armada para que el único oferente sea el club. En el 2010 se declararon esas tierras de utilidad pública y seis años después las únicas tierras públicas del barrio se terminan vendiendo a un privado, sin tener en cuenta la participación y opinión de los vecinos del barrio”, aclaró Manteiga. En consonancia con esto, Quinto sostuvo: “Esto se llevó adelante en una situación de arbitrariedad absoluta. Algunos pueden querer viviendas, otros pueden querer espacios verdes, o que se hagan escuelas, pero lo que todos acordamos es que no queremos que esas tierras sean vendidas a un privado”, concluyó la referente de La Boca Resiste y Propone.
Actualizada 24/05/2017
