May 26, 2023 | Comunidad, Destacado 3
Organizaciones ambientalistas y partidos de izquierda se movilizaron al Obelisco para manifestarse contra el agronegocio, los agrotóxicos y las semillas transgénicas.
En el marco de la Marcha Mundial contra Monsanto, que se celebra desde hace 10 años, cada 20 de mayo, este año en la Ciudad de Buenos Aires de postergó por cuestiones climáticas. La iniciativa surge de diferentes agrupaciones ecologistas y de izquierda, entre ellas Basta de Agrotóxicos y Red Ecosocialista.
Juan Esteche, quien pertenece a Proyecto Timón Verde, en diálogo con ANCCOM, explicó que la marcha mundial se inició hace diez años, como respuesta a un modelo que ya no se puede sostener, que es el modelo del agronegocio. “El modelo que usa semillas transgénicas dependientes de agrotóxicos. Cuando hablamos de agrotóxicos, hablamos de venenos. Los cuales contaminan el suelo, la tierra, el aire”, explicó. Este modelo, según explicó Juan, no está alimentando al pueblo sino que está aniquilando a la población. El integrante del Proyecto Timón Verde dijo que existen una gran cantidad de agrupaciones sociales y de derechos humanos que bregan por el fin de este proyecto. Y denunció que los distintos gobiernos que se han sucedido, nunca respondieron a esta demanda.
Durante la tarde del miércoles, la lluvia acompañó en algunos momentos, mientras decenas de personas entre agrupaciones y autoconvocados se acercaban al Obelisco. Los organizadores, en su mayoría jóvenes, tomaron distintos carteles y pancartas para realizar una acción frente al monumento. Algunos se pusieron mamelucos blancos y máscaras de gas, simulando alguien que está manipulando químicos tóxicos. Otros llevaban carteles con formas de bomba. La pancarta principal estaba hecha en letras rojas y rezaba “Basta de agrotóxicos”. En otras, más pequeñas, se podía leer “No es sequía, es saqueo”, “Agroecología como bandera” o “El agronegocio es política de Estado”.
Si bien había personas autoconvocadas que se acercaron porque comparten la idea de que el agronegocio debe finalizar, también movilizaron algunos partidos de izquierda como el MST y el Partido Obrero. En diálogo con ANCCOM, Mariana Bruno, quien pertenece a la Red Ecosocialista del MST y a la agrupación Basta de Falsas Soluciones, habló acerca de esta movilización. Confirmó que la marcha surgió en el 2012 cuando se quiso instalar en Córdoba una fábrica de semillas transgénicas de Monsanto. Mariana resaltó que, en aquel entonces, se pudo evitar la llegada de esta empresa multinacional gracias a la lucha y la organización de los movimientos socioambientales junto con los vecinos del pueblo de Malvinas Argentinas en Córdoba. “En paralelo se hacían marchas en Buenos Aires, sucesivamente”, recordó y concluyó: “Sinceramente nosotres creemos que la movilización y la acción en calle es lo que genera presión a los gobiernos”. Mariana sostiene con convicción, al igual que todos los allí presentes, que son estas empresas la causa de que el modelo productivo argentino no genere nada de desarrollo. Por el contrario, aseguran, “genera hambre y problemas de salud de distinto tipo”.
Otra de las razones que impulsaron esta marcha tiene que ver con la concientización. Porque creen que, si bien hubo un importante cambio a nivel social, aún hay muchas personas que no tienen noción de lo que está sucediendo debido al avance de empresas como Monsanto y Bayer.
Sachasauila, de la comunidad quechua, también se acercó a la movilización para defender -en sus palabras- “una causa común de urgencia.” Que tiene que ver con la soberanía alimentaria. “Tener conciencia sobre nuestra alimentación, sobre la semilla de la Pacha, la semilla infinita que nos cedió generosamente la naturaleza”, destacó.
Ella estuvo presente “para honrar y defender la tierra que es de todos”. Además de acompañar la consigna común que denuncia el uso de agroquímicos en Monsanto para la producción de alimentos. Afirmó: “Estamos muy enfermos espiritual y físicamente. Tanto hemos abusado que eso nos está haciendo tomar en cuenta qué hemos hecho mal, qué nos pasó. Y hay personas que despertaron la conciencia”. Sachasauila cree en que el despertar será para las generaciones que vienen, que ya están en camino hacia una alimentación saludable y en defensa de la tierra.
Cuando finalizó la acción en el Obelisco, los manifestantes comenzaron a dirigirse por la calle Cerrito hacia el Ministerio de Salud. Al llegar allí, las distintas agrupaciones que continuaban con sus pancartas y banderas en alto, leyeron un documento en donde se reflexionó acerca de la nocividad del accionar de empresas como Monsanto, Bayer y Syngenta. También cuestionaron la postura del gobierno que no genera políticas ambientales que cuiden los recursos ambientales: “Seguimos viendo a un gobierno nacional que defiende el modelo de transgénicos dependiente de agrotóxicos. Cuando (Alberto Fernández) sumó a sus filas (como asesor) a Antonio Aracre exceo de Syngenta y cuando promueve una semilla de trigo transgénico HB4 para seguir contaminando nuestros recursos con la excusa de que resiste sequías”, denunciaron.
Hablaron de la importancia de movilizarse y visibilizar el peligro del agronegocio, que atraviesa cualquier postura política. Pero además apoyaron las propuestas políticas con visiones más ambientalistas que promuevan una producción agrícola en armonía con la naturaleza.
Entre los autoconvocados estuvieron presentes también Soledad y Santiago, quienes se acercaron convencidos de la consigna que se estaba manifestando en esta movilización. “Las causas ambientales nos están mostrando el rol que cumplimos como territorio, como una zona de sacrificio. Y hay que despertar, venir a hacer ruido, a que la gente escuche”, señaló Santiago. Soledad agregó que es importante que estemos todos para estas acciones, pero sin embargo reflexionó que “Todos los grandes cambios se iniciaron con poca gente, tal vez vamos hacia allá, pero hay que resistir esta parte”.
Las políticas económicas de desarrollo no se han detenido en ningún momento en las cuestiones que atañen a la contaminación o la salud de las personas. Sin embargo, en más de una ocasión, como bien mencionaron varios de los presentes, levantar la voz logró cambios importantes. Es por eso que estas movilizaciones son importantes y necesarias, aunque sean algunas personas. Siempre que llamen a la reflexión de otros y sobre todo de los gobiernos.
May 24, 2017 | Comunidad
Dos millones de personas en más cuarenta países se manifiestan, el 20 de mayo, en la quinta Jornada Mundial de Lucha contra Monsanto. En la Argentina se realizan movilizaciones en Bahía Blanca, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, Miramar, Necochea, Pigüé, Río Cuarto, Rosario, Rufino, Tucumán, Santa Rosa, Trelew y Villa Cañás. En la Capital Federal, el lugar elegido es la Plaza San Martín, en el barrio de Retiro.
La gente empieza a llegar cerca de las 12 y el Monumento al Libertador se llena de carteles: “Somos las semillas que no podrán modificar”; “No a los transgénicos”; “Si mata no es progreso, basta de agrotóxicos”; “Tierra para quien la trabaja y respeta”; “Soberanía alimentaria ya”; “La salud no se negocia”.
Una bandera roja anuncia: “Olla popular. Que no se calle la calle, que no se abolle la olla”. En una mesa de dos metros por tres, cuatro voluntarios cortan verduras agroecológicas -papa, zapallo, apio, albahaca, cebolla y zanahoria-, con las que luego van a alimentar a unas 500 personas.
Uno de ellos es Miguel, que está vestido con plantas, sonajeros y una bandera. Es ayudante terapéutico y forma parte del grupo itinerante que llevará a cabo la primera intervención de la jornada. Cuenta que la idea del grupo es “cuestionar” y se indigna al recordar que trabajó muchos años en el INTA: “Ahora me entero que hace cuatro días esa institución prohíbe el uso de la palabra `agrotóxicos´. Ese es el sistema capitalista patriarcal que está destruyendo la vida”, sostiene, y antes de alejarse para dar inicio a su performance, reflexiona: “No es casual que se trate al planeta como se trata a las mujeres”.
Marcos Filardi, abogado especializado en derechos humanos y miembro de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA y de la Universidad de Lomas de Zamora, relata a los asistentes las investigaciones que finalizaron hace un mes sobre el desempeño de la multinacional estadounidense. Un tribunal reunido en La Haya, en el que participaron más de mil organizaciones y treinta testigos de distintas partes del mundo, presentó pruebas sanitarias y jurídicas contra la empresa y la declaró culpable de “ecocidio”.
El objetivo es que la Corte Penal Internacional incorpore esa figura a los delitos que juzga. “El tribunal determinó que Monsanto es responsable de la violación del derecho a una alimentación adecuada, a la salud, al ambiente, al acceso a la información y a la libertad de investigación científica”, subraya y agrega: “El uso del glifosato contamina prácticamente todo lo que comemos. No es sólo un problema de las 14 millones de personas que en Argentina están expuestas a la fumigación con agrotóxicos, sino que nos afecta a absolutamente todos”.
Kita Miryam Gorban, quien fue miembro del jurado del tribunal, coincide con Filardi: “Esto no es un problema sólo del peón rural. Empecemos a pelear por nuestra vida. Todos los días estamos consumiendo alimentos contaminados por agrotóxicos, por residuos de plaguicidas, por organismos genéticamente modificados que están en la comida y que los supermercados adornan con espejitos de colores”.
“Monsanto es la bandera del imperialismo, el gendarme de los pueblos”, afirma Gorban. Los que manejan los recursos del planeta, según él, “son los que van a venir por nosotros. ¿O qué se creen que es lo que sucede en Venezuela? Lo mismo que hicieron con Salvador Allende. ¿Y cómo se manejan? Como dijo (Henry) Kissinger, `controla los alimentos y controlarás los pueblos´”.
Filardi evoca al biólogo Andrés Carrasco, luchador contra los agrotóxicos, fallecido en 2014: “En nuestro país, los científicos que hacían ciencia digna, como Andrés, que en 2009 demostró que el glifosato era cancerígeno, fueron perseguidos y ninguneados incluso por el actual Ministro de Ciencia y Tecnología”. Un fuerte aplauso no lo deja terminar.
Monsanto tiene más de cien años y un frondoso prontuario. “Empezó siendo una empresa química -cuenta Filardi-. Aportó la dioxina para la elaboración del agente naranja que se utilizó en la Guerra de Vietnam para exfoliar las selvas y dejar expuesto al Viet Cong. Todavía hoy siguen naciendo niños vietnamitas con malformaciones y problemas derivados de aquellos químicos”.
En 1920, la multinacional ya producía bifenilos policlorados (PCB). Mucho tiempo después, “se demostró que eran cancerígenos -precisa Filardi- y Monsanto siguió produciendo y comercializándolos como aislantes”. En 1974, lanzó al mercado su producto estrella, “el Roundup, la marca comercial del herbicida glifosato, el agrotóxico más utilizado en todo el mundo”.
Modelo para pocos
“Únase al intercambio de semillas”, reza un cartel en una de las mesas que rodean al Monumento a San Martín. Sobre ella, una caja con cientos de sobres que buscan fomentar el consumo orgánico mediante la repartición gratuita de semillas. Quienes visitan esta mesa, también pueden llevarse macetas con plantas de lechuga, revistas y consejos de agricultura saludable. El objetivo es difundir la nocividad de los alimentos transgénicos.
Abogado e integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonathan Valdivieso, subraya que “casi el 99 por ciento de los porteños no sabe qué son los alimentos transgénicos y el daño que producen. Esto se podía ver anoche en Intratables, donde los médicos ortodoxos se reían de (la periodista) Soledad Barruti cuando analizaba los problemas de alimentación y salud que genera un modelo de agronegocios basado en transgénicos y agrotóxicos”.
No sólo es un problema de Monsanto sino de la política del agronegocio, remarca Valdivieso: “En la Ciudad de Buenos Aires estamos viendo las consecuencias de la acumulación de capital del campo y cómo se lo utiliza para generar más desigualdad y más violación de derechos en las áreas urbanas. Entre el 40 y el 50 por ciento de los ingresos de los trabajadores pasa a manos de los dueños de los suelos”.
Según Valdivieso, las políticas urbanas son iguales que en el campo: “La cantidad de metros de espacios verdes ha disminuido. Está desapareciendo el pulmón sur de espacio verde de la comuna 8, la mitad del Parque de la Ciudad se va a urbanizar, un tercio del Parque Roca se ha transformado en un lugar de cargas y descargas, se han concesionado 50 hectáreas del autódromo y se ha privatizado el Parque de la Victoria, que es un predio de 45 manzanas, para hacer un golf”.
Pasadas las 15, militantes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) llegan a la plaza y se suman a la marcha que se dirige, entrada la noche, rumbo al Obelisco. Tamara Migelson, integrante de la Red Ecosocialista del MST, expresa: “Nos sumamos a la lucha contra este modelo de producción de forrajes que es cáncer, deformaciones, abortos espontáneos, alergias y enfermedades, pero que también es ganancias para un ínfimo sector de la sociedad mundial. Este modelo productivo no tiene nada que ver con la alimentación, como la vende Macri en el exterior. Es un modelo basado en la producción para el uno por ciento de la población que comenzó en 1996 con la introducción de la semilla transgénica de soja. En 2003 eran seis millones las hectáreas cultivadas con este producto, y en 2015 eran 26 millones. Lo que buscan es que en 2020 se alcancen las 40 millones”.
Para Migelson, “el panorama no se presenta fácil, pero no está dicho que no se pueda ganar. Los compañeros de Córdoba nos demostraron que un proyecto que estaba avalado por todo el poder político tradicional, y que venía de la mano de Monsanto, que era instalar la fábrica de semillas transgénicas de maíz más grande del país, tras tres años de lucha, se evitó”, rememora.
Todos somos víctimas
De uno de los gazebos que rodea el monumento cuelga una bandera que anuncia “Rebelión en el aula – Taller en defensa de la vida”. Allí está Gastón Meza, parte del colectivo Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina (FLSAA), y que, junto a integrantes de la fábrica recuperada IMPA, iniciaron un taller para formadores y educadores. Gastón sostiene que “la educación que tenemos, más allá de si es pública o privada, reproduce el mismo sistema”.
El taller intenta “generar conciencia acerca de los problemas que acarrea el agronegocio y el modelo extractivista en manos de las multinacionales. Buscamos generar pensamiento crítico en torno a la crisis civilizatoria y del sistema capitalista, en busca de la organización y salidas alternativas”.
A unos metros del gazebo, hay una mesa de veinte centímetros con un mantel blanco sobre el que reposan decenas de bolsas de cartón de diferentes tamaños. Todas llevan un cartelito que las identifica como “yerba mate”, “albahaca”, “té negro”, “orégano”. Adelante, un cartel explicita: “Orgánicos y agroecológicos. Alimentos libres de agrotóxicos”.
Dos jóvenes atienden a los que se acercan. Renato cuenta que “uno de los mayores problemas es que los pequeños productores familiares van perdiendo su capacidad de competencia económica, porque hoy la mayoría de la población consume a través de los reguladores del mercado, que son las grandes cadenas de comercio y distribución”.
Renato añade: “Los pocos que resisten y tienen la posibilidad de no migrar se ven frenados porque no hay un mercado disponible que le pague lo que vale su producción artesanal y sin agroquímicos. Lamentablemente, vamos entrando en la lógica del marketing que no nos gusta, pero son costumbres incorporadas que ya tiene la sociedad, responde a los precios y a la cartelería”.
Luego del intercambio de semillas, de la olla popular, de la venta de productos agroecológicos, las performances teatrales y musicales, los talleres educativos, el obsequio de plantines, la juntada de firmas y los discursos y propuestas, cuando ya queda poca luz y la llovizna amaina, el medio millar de personas que siguen en la plaza emprende lentamente la caminata hacia el Obelisco para cerrar la jornada de protesta.
Ataúdes, barbijos, mamelucos, bidones, calaveras, máscaras y una parca los acompañan. Bajo el grito unánime de “Fuera Monsanto”, el sonido de bombos y trompetas, y un centenar de carteles, se suman nuevos manifestantes más en el camino. La jornada, después de siete horas, termina en el Obelisco. Pero no la lucha. “Tenemos que dejar de hacer marchas por separado y hacer una marcha federal que empiece en Jujuy y termine en Ushuaia, porque todos somos víctimas, directa o indirectamente. Es víctima el aire que respiramos, el agua que bebemos y la tierra que caminamos, son víctimas nuestros hijos y nuestros nietos. Depende de nosotros no ser otro Vietnam”, concluye Gorban.
Actualizada 24/05/2017
Nov 3, 2016 | inicio
“Nos encontramos con una ley que es más vieja que yo y que no contempla un montón de cuestiones tecnológicas que hoy están disponibles”. Con ese diagnóstico como punto de partida, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ricardo Negri, defiende el proyecto de modificación de la Ley de Semillas que el gobierno envió al Congreso días atrás. Ex asesor de empresas agropecuarias y profesor en la Universidad Católica Argentina (UCA), Negri defiende la iniciativa de seis artículos diseñada “en el diálogo con los distintos actores de semillas” y reconoce que la discusión es y será ardua porque “hay muchos intereses en juego”.
¿En qué estado estaba el debate en torno a la modificación de la Ley 20.247 cuando asumió como Secretario de Agricultura?
Cuando llegamos nos encontramos con una ley que es más vieja que yo, por lo que no contempla un montón de las cuestiones tecnológicas que hoy están disponibles. El INASE (Instituto Nacional de Semillas) y el Ministerio habían realizado varias resoluciones pero no hubo una decisión política seria para resolver esta falta. Es un tema que se arrastra desde el 2004. Nosotros veníamos con algunas ideas sobre la modificación a la Ley pero la verdad es que las conversaciones con los distintos actores de la cadena de semillas son diferentes si uno no está en el Gobierno.
En los últimos años se formularon distintos proyectos para modificar la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, ¿en qué se diferencian del que diseñó el gobierno?
Lo que pasó en 2013 y 2014 fue que hubo grupos de trabajo que llegaron a un acuerdo para presentar un proyecto de ley. Lo que nosotros presentamos hoy es una modificación de la ley actual que creemos que es un gran paso para mejorar no sólo la cadena de la soja sino de todas las semillas.
¿Cuál es el eje del proyecto, el punto que usted considera más importante?
Lo más importante del proyecto es que se paga la semilla. Y que el uso propio está restringido a las hectáreas que se compran. Esto es fundamental para nuestro primer objetivo que es el de lograr una buena industria semillera. Si podemos ser el supermercado del mundo también podemos ser el semillero del mundo, y no sólo de autógamas (n.d.r: son aquellas que se reproducen por autofecundación como el trigo, la soja, el arroz y cítricos, entre otras) sino también de muchas otras semillas que se producen en el mundo y que se podrían producir en la Argentina perfectamente.
¿Por qué la discusión lleva tantos años y aún no pudo resolverse?
Primero porque no estaba la decisión política de llegar a un acuerdo, y después porque hay muchos intereses en juego. El uso propio es un derecho ancestral, pero la tecnología de alguna manera tiene que ser retribuida. Cuando la ley es laxa, ganan los “pillos” y a ellos no les conviene que haya un acuerdo. Además, si no se priorizan las discusiones a largo plazo, se hace difícil actuar.
¿Cuáles fueron los puntos que se debatieron puertas adentro del Ministerio este año para la modificación de la ley?
Fueron muchos: quién paga, a quién, cómo, qué pasa con los infractores. Hoy lo que se paga a los obtentores es insuficiente para poder desarrollar la industria semillera argentina, pero a la vez los que aplican bien el uso propio no son ilegales. Es un tema de derechos de unos contra derechos de otros.
¿Cómo resolvieron las diferencias entre los intereses de la Mesa de Enlace y los de las empresas multinacionales?
Lo que hicimos fue tratar de juntar las puntas lo máximo posible, no pudimos juntarlos a todos en la misma mesa porque los intereses son demasiado divergentes. Fuimos trabajando con cada uno de los actores. Lo que mandamos es lo que creemos más factible para que se apruebe en el Congreso Nacional.
Luego de las negociaciones, ¿cómo quedó la relación del Ministerio con Monsanto?
La relación con la empresa siempre fue buena. Nosotros le mostramos el rol del Estado y qué es lo que queremos. Le decimos que los derechos del obtentor y los derechos sobre la biotecnología son importantísimos para nosotros. De todas formas, no se mostraron conformes con el proyecto.
¿Qué opina sobre los reclamos de la Sociedad Rural (SRA)?
Eso es un tema netamente comercial, es una cuestión de precio. El problema es que hay temas legales, temas de propiedad intelectual, y temas comerciales mezclados en la misma discusión. Nosotros nos reunimos con ellos como nos reunimos con los demás actores para discutir sobre el futuro de la Ley de Semillas.
Recientemente hubo algunos cambios en el Ministerio, en la Secretaría de Agricultura Familiar, ¿cuáles son las razones de la renuncia de Oscar Alloatti a casi un año de haber asumido en el cargo?
Oscar entró en diciembre y ya estaba cansado. Es un hombre grande y le puso todas las pilas a su trabajo.
El Consejo de Agricultura Familiar Campesino Indígena (CAFCI) reclama por una baja en el presupuesto del sector, ¿cómo ve el futuro de la Secretaría? ¿Pasará a formar parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca?
Eso es decisión del ministro. Por ahora estamos ordenando la Secretaría. Lo que hay es un ordenamiento presupuestario. Estamos ajustando los gastos como en todos los Ministerios, lo que no tiene que ver con reducciones sino con aumentar eficiencias. Tenemos un Estado Nacional con un déficit muy grande y tenemos que achicarlo.
¿En qué situación está el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)?
El INTA está dentro de esta situación de ordenamiento. No están en juego los salarios ni los presupuestos de investigación, pero tenemos que regular situaciones de gastos que a veces son excesivos. Estamos cuidando el bolsillo como todos los argentinos.
En cuanto al avance en los derechos de propiedad intelectual, ¿se dio en algún momento la discusión sobre la posible adhesión al acta UPOV (Unión de Productores Obtentores Vegetales) 91’?
El proyecto está en el marco del acta de 1978. Hoy queremos cumplir bien UPOV 78’ para analizar si vamos a UPOV 91’, tenemos que ir por partes.
¿Por qué es necesario constituir un nuevo directorio en el Instituto Nacional de Semillas (INASE)?
Hace muchos años que no tiene constituido su directorio. Lo que queremos es darle más operatividad al instituto, y que el trabajo entre INASE y la Comisión Nacional de Semillas (CONASE) sea más fluido.
¿Quién se encargará de establecer el precio del canon que se pagará en la compra de semillas?
El INASE va a verificar que el precio esté dentro de las reglas de mercado. Queremos que el valor lo pongan las compañías y los productores según la oferta y demanda, que haya una buena competencia.
Similar al Sistema de Regalías Extendidas…
El sistema de regalías extendidas fue una forma privada de resolver los conflictos. El INASE no va a trabajar en que sea un mercado regulado, sino un mercado transparente. Y entonces el sistema ya no va a ser necesario.
¿Cuáles son los planes para el año que viene?
La idea es trabajar en un proyecto de ley para reemplazar la vigente, pero tenemos que ir paso a paso. Primero necesitamos que se apruebe esta modificación.
¿Cuándo cree que será aprobada por el Congreso?
Por mí que se apruebe mañana, pero eso no depende de nosotros. Queremos entrar a la campaña que viene al menos con la media sanción.
Actualizado 1/11/2016
Nov 2, 2016 | inicio
Un debate con casi dos décadas de historia comenzó a dibujar un nuevo capítulo en el Congreso Nacional. Después de varios meses de idas y vueltas, el gobierno finalmente presentó en el Parlamento el proyecto de modificación de la Ley de 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas. La iniciativa, con eje central en la reforma del artículo 27 de la normativa vigente desde 1973, actualiza la polémica por el uso propio y gratuito de la semilla. Sin embargo, todo indica que la discusión en el recinto quedará postergada para 2017, según estimó el presidente de la comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, el massista Gilberto Alegre.
Tras medio año de misterios, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, presentó el 13 de octubre la iniciativa oficial que propone habilitar a los obtentores de la variedad vegetal (quienes obtienen una nueva semilla) a reclamar el pago de regalías por las tres primeras multiplicaciones. Además, el proyecto contempla que, luego de las tres primeras cosechas, las empresas semilleras podrán reclamar, sin límites establecidos, en caso de que el productor incremente la cantidad de semillas plantadas con respecto a la primera cosecha. Esta reglamentación regirá para los productores que tengan una facturación mayor a tres veces el monto correspondiente a la categoría más alta de monotributista, y será puesta en práctica por el Instituto Nacional de Semillas (INASE), órgano oficial de aplicación de la ley.
Además de este proyecto, hay otros cuatro ingresados al Congreso. La Federación Agraria Argentina (FAA), la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) y el Frente Renovador impulsaron sus propias iniciativas.
En diálogo con ANCCOM, Alegre aseguró que el debate dentro de la comisión de Agricultura comenzará en las próximas semanas, pero puso en duda que la iniciativa se apruebe en este período legislativo.
“Hay que modificar las reglas de juego. Y terminar con el Estado ausente”, subrayó Alegre al aludir a la denuncia por cobro de regalías ejecutadas ilegalmente por la multinacional Monsanto a principios de este año. “Debemos fortalecer el control del INASE, para incentivar la investigación y el desarrollo de las empresas semilleras nacionales”, puntualizó.
Otro de los puntos que incluye el proyecto firmado por la vicepresidenta Gabriela Michetti; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y Buryaile es la conformación de un nuevo directorio para administrar y dirigir el INASE. De aprobarse el proyecto, el organismo tendrá igual cantidad de asientos para representantes de organismos públicos como para los provenientes de instituciones privadas de los distintos sectores relacionados al comercio de semillas.
Eigidio Mailland, presidente de CONINAGRO, aseguró que la Confederación tendrá representantes tanto en el INASE como en la Comisión Nacional de Semillas (CONASE). Además, coincidió en que el derecho al uso propio debe ser oneroso. “Le reconocemos un canon al derecho de propiedad, pero obviamente queremos participar del debate sobre cómo se arbitra el precio de ese canon”, completó. El mes pasado, CONINAGRO presentó ante el presidente Mauricio Macri las necesidades y demandas del agro, en el marco del aniversario número sesenta de la Confederación. “Si bien estamos abiertos a discutir, coincidimos en el proyecto presentado por el Gobierno”, le explicó a esta agencia.
Quienes tiran la soga del otro lado del derecho al uso propio y gratuito de las semillas son las empresas desarrolladoras de las variedades vegetales. Estas compañías (Nidera, Monsanto, Syngenta) se enmarcan en los derechos de obtentor de variedades vegetales (DOV), y en el acuerdo UPOV 78’, al que Argentina adhirió en 1994. La Unión internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales actualizó el acuerdo del 78’, más flexible en cuanto a los derechos de propiedad intelectual, a un nuevo convenio dictaminado en 1991 y que hace peso del lado de los obtentores en la balanza de la renta. Miguel Rapela, director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos, consideró “irrealizable” la idea de adherir al acta de 1991. “El debate es imposible de plantear en el Congreso, aún para explicar de qué se trata, cosa que pocos saben y que nadie se interesa en entender. El proyecto del oficialismo deja bien claro que Argentina seguirá adherida al “Acta de 1978”, dijo en diálogo con ANCCOM.
Dentro de la modificación al artículo 27, el proyecto oficial mantiene la excepción para los productores inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF), así como para los pueblos originarios.
Diego Montón, representante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) -miembro del Consejo de la Agricultura Familiar Campesino Indígena (CAFCI)- entiende esta excepción como una trampa para mantener a este tipo de agriculturas al margen de la economía y seguir por el camino de la privatización. “Las semillas son patrimonio de la humanidad, no se puede aceptar que una empresa reclame la propiedad privada sobre ellas”, le explicó a esta agencia.
La presentación del proyecto por la modificación de la Ley de Semillas se produjo casi en paralelo a la desarticulación de la Secretaría de Agricultura Familiar, motor de asistencia y capacitación técnica para los agricultores de todo el país.
Actualizado 01/11/2016
Ene 19, 2016 | inicio
“El glifosato mata. Pero su accionar es lento y silencioso”. Así lo afirmo Arturo Serrano, médico rural de Santo Domingo, provincia de Santa Fe, quién se desempeña hace veinticuatro años como director del Servicio de Atención Médica a la Comunidad y es miembro de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. “Si bien el cáncer es multifactorial, su aumento en poblaciones rurales fue directamente proporcional a la instalación de los cultivos de soja”, explica Serrano.
El cultivo de soja es el principal rubro productivo que posibilita el ingreso de dólares al país. En base a esto, el médico rural argumenta el porqué de la negación sistemática y el encubrimiento por parte de autoridades municipales, provinciales y nacionales de la situación actual. “La no divulgación de las cifras de muertos y enfermos por contaminación con glifosato es una cuestión puramente política, acá nadie quiere cambiar el modelo, porque eso repercute en sus billeteras”.
La Red de Médicos de Pueblos Fumigados es una agrupación conformada por profesionales de la salud independientes y provenientes de provincias como Chaco, Jujuy, Misiones, Santa Fe y Córdoba. Desde el año 2001 sus integrantes denuncian en sus territorios los efectos de la utilización del glifosato en cultivos cercanos a poblaciones rurales, que son fumigadas de forma aérea y terrestre sin ningún tipo de control. En estas localidades los casos de abortos espontáneos, malformaciones genéticas, cáncer y enfermedades crónicas, aumentaron exponencialmente. Frente a este panorama, en el año 2010, la organización convocó a un Encuentro Nacional en la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad de Córdoba. Allí se reunieron unos 300 profesionales de la salud y científicos del CONICET que analizaron y discutieron la problemática. Como resultado de la reunión se elaboró una carta dirigida a la entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y a la Mesa de Enlace de entidades agrarias. En el comunicado se solicitaba la prohibición de fumigaciones aéreas en todo el país, junto con la restricción de la desinsectación terrestre en zonas aledañas a centros urbanos. El documento fue acompañado con datos sobre la salud de las poblaciones afectadas. Según menciona Serrano, dicha carta no tuvo respuesta hasta el momento.
“Si bien el cáncer es multifactorial, su aumento en poblaciones rurales fue directamente proporcional a la instalación de los cultivos de soja”, explica Serrano.
La Red también presentó en mayo de este año una solicitud a la Secretaria de Agricultura del Gobierno de la Provincia de Córdoba, en la que se solicitó “iniciar de manera inmediata y urgente las gestiones pertinentes ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a los fines de obtener la exclusión del glifosato (principio activo y formulado) de la nomina de productos autorizados”.
Desde la organización informan que, según sus datos, en localidades como San Salvador de Jujuy, hay diecinueve casos de personas enfermas de cáncer, en una distancia de cuatro cuadras. Este valor se encuentra tres veces por encima de la media nacional. En la Argentina existen hoy en día, unas 13.400.000 de personas afectas directa o indirectamente por los agrotóxicos.
“Nos están envenenando. El glifosato es un invento maquiavélico, te mata de a poco. Sus consecuencias se ven a largo plazo, es acumulativo, por este motivo no sale en los análisis de sangre”, explica Serrano.
Un poco de historia
En 1995, mediante un decreto firmado por el ingeniero Felipe Solá –por entonces Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del gobierno de Carlos Menem-, fue aprobada la introducción de la soja transgénica de la empresa Monsanto en la Argentina. Esta decisión se basó únicamente en un expediente administrativo presentado por la firma cuestionada. El trabajo, escrito en inglés, explicaba entonces los beneficios de esta semilla, resistente al herbicida glifosato y prometía resultados rentables y mejoras en la producción.
Desde entonces, los grandes cultivos de soja, maíz y trigo en el país provienen de semillas transgénicas. Un alimento transgénico es aquel cuyo ADN fue modificado genéticamente en laboratorios, donde le fueron introducidos genes provenientes de otras especies animales, con el fin de generar semillas más resistentes y productivas, por lo tanto más rentables. Resisten, sobretodo, al glifosato, el químico utilizado junto con otros pesticidas, para fumigar las plantaciones.
El problema es el modelo
En la Argentina se utilizan doce litros de glifosato por hectárea, mientras que en Estados Unidos, donde aplica el mismo modelo de producción, se usan dos litros y medio. En el mencionado país, ya circulan publicaciones que muestran una correlación directa entre el incremento del uso del glifosato y la aparición, al mismo ritmo, de diferentes enfermedades crónicas, como el cáncer.
Alicia Massarini, bióloga del CONICET y Doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, denuncia hace años el abuso por parte de los agropecuarios locales en la utilización del tóxico y la nocividad del modelo agropecuario vigente. “En la Argentina el abuso en la utilización del glifosato ha sido terrible, porque acá el único móvil es la ganancia. Este es un problema geopolítico, en donde a los países de nuestra región les toca, en el mercado internacional, el papel de proveedor de commodities. No es solo la semilla, sino una forma de producir a nivel industrial. Este paquete tecnológico simplifica la producción, eliminando casi toda la mano de obra a partir de la siembra directa. Pero su rentabilidad es proporcional al altísimo costo humano y ambiental”.
En el 2002, la cosecha de soja transgénica en el país comprendía unas dos millones de hectáreas, en la actualidad abarca más de 24 millones. Este aumento en la producción de soja, trajo aparejado la disminución de otros cultivos, sobre todo aquellos que producen alimentos consumidos por el mercado interno. Lo que genera una baja en la calidad y un alta en los precios. El avance sobre la ganadería, los tambos y los frutales ha ido incrementándose año tras año.
Carlos Carballo, ingeniero agrónomo y titular de la cátedra libre de Soberanía Alimentaría de la Universidad de Buenos Aires, explica que el modelo de producción agropecuario actual, influenciado por el alta del valor de la soja en el mercado internacional, ha ido creciendo sin respetar ningún límite. “El corrimiento de la frontera agropecuaria ha sido abrumador, lo que se evidencia en la altísima tasa de deforestación que tiene la Argentina, cuyo valor cuadruplica la tasa media del mundo. Se siguen destruyendo ecosistemas que son pulmones del planeta”. Carballo aclara que esta violencia por la ocupación de territorios, muchas veces se produce por de pooles internacionales de siembra anónimos. “Cuando esas tierras dejan de ser rentables, simplemente las abandonan y buscan nuevas. El problema es que la tierra se agota, se muere. Ese es el pasivo ambiental que estamos heredando de este modelo”.
En 2014, 370 millones de litros de glifosato fueron fumigados sobre el 60% del territorio argentino. Estas cifras, que son públicas, fueron aportadas por la cámara que aglutina a los empresarios que venden agroquímicos en el país, que son las mismas empresas que venden las semillas: Monsanto, Nidera y Basf.
“Nos están envenenando. El glifosato es un invento maquiavélico, te mata de a poco. Sus consecuencias se ven a largo plazo, es acumulativo, por este motivo no sale en los análisis de sangre”
Daños irreversibles
El glifosato fue presentado en un principio como un herbicida biodegradable, inocuo e inofensivo para el medio ambiente. El mismo Ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, dijo en una declaración “que el glifosato no era más que agua con sal”.
En la actualidad, investigaciones científicas dan cuenta de la toxicidad del herbicida. Análisis realizados por el CONICET, demostraron que el glifosato se encuentra presente en la tierra, en el aire y en el agua por años, y que a diferencia de lo expuesto por parte de sus defensores, el tóxico no es biodegradable, sino acumulativo. Esto genera que ríos y napas de agua potable se encuentren envenenados.
El Doctor Damián Marino, demostró que el contacto cotidiano con el glifosato destruye el ADN. Generando mutaciones en las células, que devienen en enfermedades crónicas como el cáncer, parkinson y el alzheimer, entre otras. Básicamente rompe las membranas celulares, lo que genera que los daños sean irreversibles.
“El problema es que las víctimas son invisibles. Y en muchos casos, no se ven a sí mismas como tales, porque nadie las legitima. Ellos van al hospital y les dicen que la alergia que tienen es producto del polen del plátano, y no que es una reacción química porque fue fumigado”, aduce Massarini. También explica que sistemáticamente en los centros de atención médica se niega la relación que existe entre los agrotóxicos y las enfermedades. “Esto se produce por una combinación de cosas, complicidad y desconocimiento. Hay médicos que saben y tienen miedo de asociar los síntomas. Hay otros que son ignorantes y no tienen información suficiente. Y hay otros, que son los más peligrosos, que se esfuerzan por ocultar el tema de forma activa, son tipos comprados, cooptados por las empresas y laboratorios.”
Massarini denuncia, que en muchos hospitales no se realizan los análisis de agrotóxicos a niños enfermos de poblaciones fumigadas, ya sea porque los médicos no los consideran pertinentes o porque son costosos y las víctimas no puede costearlos.
“El problema es que las víctimas son invisibles. Y en muchos casos, no se ven a sí mismas como tales, porque nadie las legitima. Ellos van al hospital y les dicen que la alergia que tienen es producto del polen del plátano, y no que es una reacción química porque fue fumigado”, aduce Massarini.
El resto del mundo
En la actualidad, el glifosato no está prohibido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En los últimos años fue cambiando, varias veces, su categorización en cuanto a su toxicidad. Cuando comenzó a utilizarse en la Argentina, el herbicida estaba calificado como de “alta toxicidad”. Luego producto del lobby de las empresas de agroquímicos y de los científicos asociados a esas empresas, que inciden en estos mecanismos internacionales de categorización, la calificación del glifosato bajo a una categoría: “muy levemente tóxico”. Se mantuvo así durante años, a pesar de que paulatinamente fueron presentados más de quinientos trabajos científicos que demostraban que tiene una alta toxicidad.
Este año, la Organización Mundial de la Salud, reunió una comisión de expertos especialistas en cáncer y agrotóxicos. que revisaron la literatura disponible y concluyeron que había que recategorizar el glifosato, y pasarlo nuevamente a una categoría de “alta toxicidad”, que es la segunda categoría en la escala de gravedad.
Estos científicos afirmaron que las evidencias publicadas, demostraban que el glifosato es cancerígeno en animales y que, por lo tanto, es “posiblemente cancerígeno en humanos”. No lo afirmaban, porque según ellos no existen experimentos realizados con personas.
En función de dicha resolución, algunos países revisaron su marco regulatorio, y en algunos casos, prohibieron el uso del glifosato, como en México, donde el maíz se encuentra protegido por ley. En otros, como en Colombia, cambiaron la regulación en cuanto a la cantidad permitida en la utilización. En Argentina, no paso absolutamente nada.
