Mar 11, 2021 | Géneros, Novedades
Se publicó el primer registro centralizado de la provincia de Buenos Aires sobre el acceso a la interrupción legal del embarazo en donde se informa que durante el 2020 se registraron 14.330 abortos. El 93.5% de ellos se realizó dentro del marco legal previo a la aprobación de la Ley Nacional N° 27610, que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo sin necesidad de causal prexistente. El informe de gestión señala que los números no son el reflejo total de las interrupciones que se llevaron a cabo, ya que la recolección de la información fue mejorando a lo largo del año.
Mariana Kielmanovich es psicóloga y trabaja en el Hospital Tornú y el Centro de Salud N° 33. Señala que, dentro de los circuitos que ya estaban establecidos en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires con el acceso a la interrupción legal del embarazo, la nueva ley facilitó las derivaciones.
Cecilia Ferrero es médica generalista del CESAC N°33 y expresa que, en su caso, al ser un centro de atención ambulatorio, hacen atención a mujeres que estén hasta la semana 12: “A partir de la semana 13 el procedimiento se tiene que hacer en un lugar que tenga internación. En nuestro caso derivamos a hospitales”.
Dentro de las interrupciones registradas según el informe bonaerense, el 52% de las interrupciones de embarazos se realizaron en centros de primer nivel de atención y un 44% en el segundo, mayoritariamente en hospitales provinciales.
“En la Ciudad sigue dependiendo, en parte, de ´voluntades´. Si bien los diferentes actores y dispositivos ya saben que la ley se debe aplicar, no siempre lo hacen”, reflexiona Sandra Bernabó, psicóloga del Hospital Tornú y del CESAC N° 33.
La profesional trabaja en conjunto con Kielmanovich y destaca que se ha visto un mayor movimiento en obras sociales y prepagas con respecto a las interrupciones del embarazo, algo destaca como un gran paso. “Lo que sucede ahora es que hay un margen posible para exigir que se cumpla, que no era lo que teníamos antes del 29 de diciembre del 2020”, plantea. Ferrero, por su parte, comenta que, debido a la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria se esperaba un aumento exponencial de la la cantidad de mujeres que consultan de: “Hemos visto que fue bajando de a poco aunque por supuesto han pasado unos pocos meses de su promulgación. Nos pone muy contentas y es lo que veníamos esperando desde hace muchos años. Muchas obras sociales y prepagas están empezando a formar equipos de IVE, entonces hay un montón de consultas que antes se absorbían por el sistema público, que hoy están dando respuesta desde otros efectores”. Además, advierte que es el panorama que observa respecto a provincia de Buenos Aires y Capital Federal.
«Muchas obras sociales y prepagas están empezando a formar equipos de IVE», dice Kielmanovich.
Melina Ceccato, psicóloga, trabaja en un centro de salud de primer nivel en Lugano y plantea que con la IVE -ahora incluida en el Plan Médico Obligatorio- es deber de las obras sociales y prepagas absorber parte de la demanda de esta práctica. Según cifras publicadas por REDAAS (Red de Acceso al Aborto Seguro) el 84% de las ILE en CABA fueron realizadas en el primer nivel de atención y el 16% en hospitales. Y el 92% de las interrupciones legales realizadas en el primer nivel se realizaron con medicamentos.
Respecto al esquema de tratamiento e intervención, Ceccato describe que la intervención es la misma que la que se hacía con las interrupciones legales. “El abordaje médico sigue siendo el mismo. Lo que cambia es que no hay que hacer un interrogatorio profundo respecto a las causales que habilitarían un marco legal para la interrupción”, agrega. Bernabó, a su vez expresa: “Eso que antes implicaba ubicar determinadas categorías o dar cuenta en conjunto con la mujer de cuáles eran sus razones para interrumpir, hoy no pasa”. Ferrero señala esta característica como uno de los avances que se lograron con la ley: “No tener que rebuscar en la historia de la persona para encontrar un motivo que justifique el acceso a la interrupción”, cierra.
En los centros de atención de primer nivel, el 98% de los tratamientos de interrupción fueron resueltos con misoprostol. El 88% de las prácticas de ILE registradas se resolvieron exclusivamente con un tratamiento de misoprostol, el 12% restante con AMEU -aspiración manual endouterina- u otro tratamiento instrumental o quirúrgico. Ceccato, por su parte, señala que es primordial para mejorar y continuar profundizando la capacitación profesional en las instituciones de salud: “Que haya equipos que estén formados en perspectiva de derechos y género para brindar adecuada atención en las consultas”. Resalta que es importante contar con la tecnología correspondiente, como el misoprostol, en los centros de salud, así como también con la AMEU. “Que se capacite en la técnica para poder contar con ella en el primer nivel de atención, que es a donde llegan la mayor cantidad de interrupciones del embarazo”, reclama.
“En CABA sigue dependiendo de voluntades. Los actores saben que deben aplicarla, pero no siempre lo hacen”, dice Bernabó
A partir de la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo, las profesionales señalan que ha habido un aumento de consultas, pero que atienden como solían hacerlo cuando la normativa se enmarcaba por causales. “Sí, se han duplicado las llamadas que se reciben desde el 0-800 de salud sexual. Esto tiene que ver con el efecto de la difusión de la información que es un elemento primordial y necesario para la implementación de la Ley de IVE. Tener acceso a la información es la posibilidad que uno tiene de poder decidir de forma autónoma lo que quiere hacer con su gesta”, expresa Ceccato. Kielmanovich, al mismo tiempo, opina que gracias a la circulación de la información y todo lo que acompaña la implementación de la IVE, se logrará que ya no dependa únicamente de los equipos que se propongan garantizar la práctica de interrupción, aunque a nivel nacional aún falte “entiendo que estamos en un país que presenta una heterogeneidad muy grande -en términos de acceso a derechos sexuales y reproductivos para las mujeres- y va a haber que desandar miles de años de patriarcado, y trabajar mucho con los equipos de salud”.
Dentro del trabajo para lograr que efectivamente se cumpla con la interrupción voluntaria del embarazo en todas las jurisdicciones, Ferrero expresa que lo más importante es que hoy están todas las miradas puestas en los distintos fallos judiciales que surgen. Como fue el caso de la jueza Zunilda Niremperger de Resistencia, quien intentó rechazar la implementación de la Ley IVE. “Por más que algunos lugares se nieguen a garantizar la IVE, no lo van a poder sostener tanto tiempo. Lo que siento después de haber estado el día que se sancionó la ley es que algo se quebró y es que para atrás no volvemos. No vamos a permitir que esos fallos entren en vigencia”. Ceccato agrega que algo que ha tensionado la IVE es la relación con la discrecionalidad de accesibilidad a nivel nacional que había previamente con la ILE, como por ejemplo en San Juan o Mendoza, donde estaba prohibida la venta de misoprostol: “Son distintas acciones que van abriendo camino sobre distintos obstáculos que venían sucediendo ya con la implementación de la ILE”.
El avance en la aprobación de la ANMAT de la mifepristona, que es junto con al misoprostol, los dos medicamentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para la atención de interrupciones de embarazos, es un tema central para la mejora de la atención, según expresa Ceccato: “Su incorporación haría que, en forma combinada con el misoprostol, aumentara la calidad de las interrupciones haciendo que disminuyan los efectos adversos, el malestar y aumente la efectividad al 97%”.
Por su parte, Ferrero opina que siempre habrá cosas por mejorar, pero que la gran deuda es poder brindar accesibilidad en cualquier lugar del país y no solamente en los grandes centros urbanos. Kielmanovich y Bernabó coinciden con que los dispositivos tienen que funcionar más amigablemente y que acompañen a las mujeres y personas gestantes en su derecho a decidir y a elegir qué hacer con sus cuerpos y maternidad: “No ser jueces de sus decisiones”, concluye Bernabó. A su vez, Kielmanovich resalta la importancia de trabajar con las instituciones de salud y sus trabajadores: “La premisa dentro del modelo médico hegemónico, que es el modelo dominante en salud, reproduce el patriarcado y la mirada en donde la mujer aparece como cuidadora o agente de cuidado de la sociedad y su familia, pero no como sujeto autónomo con derecho a decidir sobre su cuerpo”.
Ene 16, 2019 | Comunidad, Novedades
El Oxaprost (diclofenac-misprostol), la droga utilizada para inducir un embarazo, sirve paradójicamente también para interrumpirlo. El compuesto puede ser conseguido en cualquier farmacia, mediante una receta médica y desde el 30 de noviembre ya son dos los laboratorios que tienen el permiso para su venta en farmacias. Se trata del método más accesible para interrumpir un embarazo no deseado, a pesar de que está penalizado por la ley. Por eso ya hay legisladores que, además de continuar la lucha por la despenalización del aborto, también piensan en la necesidad de que el Estado sea quien produzca esta droga.
En el país existen dos laboratorios que fabrican el Oxaprost: Beta S.A y Domínguez. Mientras que Domínguez, hasta hace un mes, se encargaba de dispensar el producto para su uso intrahospitalario, Beta S.A se establecía como el único laboratorio responsable de su despacho vía farmacia. No obstante, el 30 de noviembre último la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó al laboratorio Domínguez también el despacho de la droga en farmacias, algo que estaba reservado a su competencia, Beta S.A.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) uno de los fármacos recomendados para la interrupción voluntaria de un embarazo, desde 2005, es el misoprostol. El fármaco en sí se caracteriza por ser una prostaglandina, algo parecido a una hormona, cuya función es producir contracciones para interrumpir la gestación. “La condición de su venta es mediante receta archivada siempre que lo indique un ginecólogo, un obstetra, reumatólogo o un traumatólogo. Las farmacias en general eligen venderlo o no. Eso corre por cuenta de cada dueño”, detalla Belén Montenegro, farmacéutica del Hospital Municipal de la Ciudad de Boulogne.
Tras la imposibilidad de sancionar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en agosto último en Argentina, diputados y organizaciones de mujeres que brindan consejerías pre y post aborto se reunieron el pasado 9 de octubre en el Anexo de la Cámara de Diputados en el marco de una audiencia pública para proponer un proyecto de ley para que sea el Estado quien se encargue de la fabricación del misoprostol. El proyecto normativo, que ingresó al Congreso el pasado 20 de marzo de 2018, se centra en garantizar un aborto legal, seguro y gratuito. Principalmente seguro. Al no ser ilegal, muchos profesionales de la salud practican abortos clandestinos en pésimas condiciones o ejercen violencia sobre el cuerpo de las pacientes. El aborto, según los artículos del Código Penal de la Nación que van desde el 85 al 88, se considera una práctica punible con una condena de hasta 15 años, tanto para el profesional como para la persona que lo lleve a cabo. Pero si el embarazo es producto de una violación, o puesta en peligro la vida de la mujer a causa de un feto retenido o complicaciones en la gestación, la interrupción del embarazo, avalada por una denuncia policial o judicial, se convierte en un acto lícito.
Números
El misoprostol se encuentra al alcance con una receta elaborada por un profesional de la salud, y una determinada porción de dinero. Específicamente la presentación de Oxaprost, el nombre del misoprostol comercializado por Laboratorio Beta S.A, se establece en un envase con 16 comprimidos y un valor de venta en farmacias a 4.455,31 pesos.
Desde el 2005, la OMS ha incluido al fármaco en la lista de medicamentos esenciales debido a la posibilidad de salvar una vida en peligro a causa de un embarazo riesgoso, además de ser el fármaco menos nocivo para interrumpir una gestación. Sus indicaciones oscilan entre: maduración cervical, inducción del aborto en 1° y 2° trimestres, prevención y profilaxis de la hemorragia post parto, aborto incompleto y preparación instrumental del cuello uterino para una posterior intervención quirúrgica.
Según un relevamiento de Silvina Ramos, la investigadora titular del Área de Salud, Economía y Sociedad del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e Integrante del Comité Ejecutivo de la Alianza para el Fortalecimiento de la Investigación del Programa de Reproducción Humana de la Organización Mundial de la Salud, se estima que en la Argentina se realizan por año entre 350.000 y 500.000 abortos anuales. Los datos provienen de un estudio de 2005 realizado por Silvia Mario y Edith Alejandra Pantelides, investigadoras del Centro de Estudios de la Población (CENEP). El aborto se establece como la principal causa de muerte materna. De acuerdo a los últimos datos oficiales provenientes del Ministerio de Salud de la Nación, en el año 2016, de un total de 245 fallecimientos, el 17,6% fueron muertes por una gestación terminada en aborto. Lo que ubica a este flagelo como primero en el podio de defunciones maternas.
Ante la negativa del Senado a legalizar el aborto, en agosto del corriente año, se debatió establecer una alternativa para que el Estado garantice la fabricación del misoprostol con el objetivo de lograr el acceso masivo y de forma legal a la interrupción voluntaria del embarazo.
El fármaco
El uso de misoprostol es intrahospitalario, con el fin de estimular las contracciones del músculo liso del útero, cuando se encuentra en trabajo de parto por un feto fallecido o retenido. A la vez Oxaprost, el nombre bajo el que lo expende el laboratorio Beta S. A., se utiliza como analgésico y protector gástrico porque favorece la producción de la mucosidad que recubre el estómago e inhibe la producción de ácido, similar al diclofenac. La condición de la venta del misoprostol es mediante una receta archivada.
Existe entonces una contradicción en la comercialización del fármaco. Porque según la ley vigente, no avala las indicaciones del misoprostol para interrumpir un embarazo. Pero Beta, y desde el 30 de noviembre también laboratorio Domínguez, venden el medicamento como un protector gástrico o antiinflamatorio. El Protocolo para la Atención Integral de las personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo entiende que la única manera de practicar un aborto es por medio de una denuncia policial o judicial de violación, ya que funciona como declaración jurada. Además, el protocolo comprende que la práctica por fuera del marco regulatorio pueden ser “casos fabricados”, y, al mismo tiempo, entiende también que nadie puede imponerse a la interrupción legal del embarazo ni obstaculizarla frente a una persona víctima de un delito sexual.
“Las farmacias en general eligen venderlo o no. Eso corre por cuenta de cada dueño. Se genera una situación muy incómoda, porque vos del otro lado sabés por qué lo están comprando y si no vienen con una receta de un obstetra, se te hace muy difícil venderlo a nivel ético. Si no lo indica un obstetra, significa que están tratando de interrumpir un embarazo de manera clandestina y eso puede terminar en una guardia o en una internación”, detalla Belén Montenegro, farmacéutica en jefe del Hospital Municipal de la Ciudad de Boulogne.
Lo que tiene de particular la presentación de Beta es que la píldora está formada por una doble compresión. Es decir, por fuera posee el diclofenac, pero el núcleo es el misoprostol. Existen dos maneras de administrar el fármaco. Una es por vía oral. La paciente ingiere la pastilla entera y se consume a lo largo de 16 días. Luego existe la vía vaginal. Allí el médico debe romper esa primera capa de compresión de diclofenac y quedarse solo con el núcleo de misoprostol e introducirlo directamente en el cuello del útero.
Con respecto al precio, Montenegro se explaya: “Las prostaglandinas en general son caras. Su desarrollo es costoso. Sobretodo porque está diseñada para metabolizarse más lento para ejercer la acción”. El costo responde a una constante en la industria farmacéutica argentina. Sucede que el desarrollo de una molécula en el país tarda alrededor de diez años. Una vez pasadas las pruebas y los estudios clínicos del fármaco, el laboratorio fabricante tiene la potestad de vender el producto al precio que desee.
Audiencia pública
Los diputados Lucila De Ponti, Araceli Ferreyra, Cecilia Moreau, Nathalia González, Gabriela Cerruti y Daniel Filmus, junto a organizaciones de consejería para el pre y post aborto debatieron en octubre, en la Cámara de Diputados, que el Estado garantice la fabricación del misoprostol a un costo más accesible y legalizado para la interrupción voluntaria del embarazo. “Esto surgió a partir del rechazo de la ley. Se presentaron diversos proyectos y empezamos a ver casos como el de Santa Fe, donde el Gobierno provincial se va a encargar de producir el misoprostol a partir de una buena experiencia de practicar abortos con el medicamento”, declaró Nathalia Gonzalez Seligra, diputada nacional por el FIT por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Una vez rechazado el proyecto original se abrió el debate. La idea es presentar uno nuevo este año”. En sintonía, Lucila De Ponti, diputada por el Peronismo Para La Victoria por Santa Fe, remarcó: “Entendemos que si el Estado puede garantizar que las provincias que necesiten comprar los medicamentos, puedan hacerlo en un precio más barato y en una calidad mayor, van a hacerlo porque efectivamente les conviene”.
A pesar de no estar legalizado el aborto, la concepción compartida y planteada en la audiencia fue garantizar el derecho al acceso equitativo a los medicamentos recomendados por la OMS como ejemplares para la práctica de abortos seguros. Además, se contempla la inclusión tanto del misoprostol como de la mifrepristona (otro medicamento indicado para casos de aborto) en el Plan Médico Obligatorio Nacional y en el vademécum de medicamentos de cobertura gratuita. Según los legisladores, no solamente es conveniente la producción nacional del medicamento, sino que también puede tornarse rentable y posible de hacer para el Estado nacional.
Según el informe de la senadora Nancy González, legisladora por el Frente Para La Victoria de Chubut, el Estado se ahorraría un total de 613 millones de pesos, porque el gasto que hoy es de mil millones pasaría a menos de la mitad. El ahorro total sería de un 43% en términos de fabricación, a lo que habría sumarle costos de internación en hospitales públicos. Además, al tratarse de una actividad ambulatoria, los costos tienden a mermar. “Los profesionales que convocamos para la audiencia hablan de que ese costo bajaría a 300 pesos. Pero el principal problema al que nos enfrentamos es pelear frente a aquellos que no quieren, no sólo que no se fabrique el misoprostol directamente desde el Estado, sino también aquellos que no quieren el aborto legal y mucho menos la Ley de Educación Sexual Integral”, concluyó Nancy González.
La realidad a la que se enfrentan las madres gestantes es que el precio de Oxaprost, producido por el Laboratorio Beta S.A, aumentó su precio un 300 por ciento, entre los años 2014 y 2016, según estimaciones del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), además de alterar la presentación del medicamento en función de comprar más pastillas a un precio mayor. Con la autorización del Laboratorio Domínguez de su venta en farmacias para diciembre, se vislumbra el fin del imperio monopólico de Beta, dado que según aseguran fuentes de la empresa, lo comercializará a un precio mucho menor.
Abortar en la clandestinidad
Camila tiene 23 años y el título profesional como profesora de Educación Física. Ella renunció a la maternidad, pero para eso tuvo que someterse al aborto clandestino. “Nadie entiende lo difícil que es hasta que lo vive”, contó. Decidió abortar con 18 años, porque no se sentía con la madurez suficiente para hacerse cargo de un hijo a esa edad: “No quería formar una familia a tan temprana edad”, confesó. Camila también recordó: “Sufrí mucha violencia cuando me atendieron –detalló-. La primera vez que le comenté al profesional mi situación y me hizo tacto, me hizo doler mucho a propósito”. “Me decía puta y una serie de insultos más. Me amenazaba con denunciarme en la policía si seguía con la idea de abortar”, se explayó la joven. Desprotegida, Camila confesó que no podía denunciar al médico por ejercer violencia y abuso de poder, corría riesgo su vida y podía terminar hasta presa.
La interrupción de un embarazo es un proceso que si se ejecuta de manera incorrecta puede terminar con secuelas o sangrados abundantes, peligrando la salud de la mujer. Si el Estado interviniese, todas las interrupciones voluntarias del embarazo podrían tener el cuidado correspondiente. “Se garantizaría calidad en la atención y la vida de toda mujer”, así lo recalca la asociación Socorristas en Red, un colectivo feminista dedicado a casos de interrupción voluntaria del embarazo.
