Oct 20, 2023 | Comunidad, Destacado 1
Se presentó la primera vacuna argentina contra el covid 19, un emprendimiento conjunto entre los ministerios de Ciencia y Salud junto al CONICET, la UNSAM y el laboratorio privado Cassará. Se aplicará como dosis de refuerzo y también se exportará a Latinoamérica.
En una colaboración histórica entre el Ministerio de Ciencia y Salud, el CONICET, la UNSAM y el Laboratorio Cassará, se creó la primera vacuna nacional contra el covid19. Aprobada por la ANMAT el 18 de octubre la vacuna bautizada ARVAC Cecilia Grierson ya está preparada para ser aplicada. Se calcula que hacía el mes de noviembre ya estaría lista para ser comercializada. Después de meses de investigaciones y pruebas, se confirmó que la vacuna es segura y los indicadores preliminares de respuesta inmunológica son altamente alentadores.
Este hito para la ciencia argentina se presentó en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva mediante un acto presidido por el titular de esa cartera Daniel Filmus, que estuvo acompañado por la ministra de Salud Carla Vizzotti, el director del laboratorio, Jorge Cassará y una de las investigadoras del proyecto, Juliana Cassataro.
Otra investigadora, Lorena Coria, destacó que la producción de la vacuna nacional contra el covid 19 cumple con rigurosos estándares de calidad, incluyendo la producción bajo estándares GMP (Buenas Prácticas de Manufactura). Además, según Coria, se prevé una capacidad de producción anual estimada en 50 millones de dosis, con la flexibilidad de adaptarse a nuevas variantes del virus en aproximadamente cuatro meses. Hasta el momento se cuenta con una producción base que se aproxima a un millón de dosis.
«Somos entre 300 y 400 personas de más de 20 instituciones públicas y privadas las que venimos trabajando en este proyecto desde el año 2020”, dice Cassataro.
Ahora que la vacuna ya está registrada y aprobada por ANMAT, se preverá su lanzamiento comercial hacia el mes de noviembre para abastecer la demanda local, garantizando a la población la oportunidad de recibir refuerzos de la vacuna de industria nacional. Además, se aspira a poder exportar a otros países de la región, extendiendo así el beneficio de esta innovación científica. Filmus mencionó que la Argentina se encuentra en diálogo con países limítrofes y con Colombia, Cuba y México, con el fin de exportar la vacuna.
Cassataro afirmó que «somos entre 300 y 400 personas de más de 20 instituciones públicas y privadas las que venimos trabajando en este proyecto desde el año 2020”. Los estudios se llevaron a cabo en el centro médico CEMIC y el laboratorio farmacéutico Clinical Pharma, ambos ubicados en CABA.
Mercedes Sofiak, subinvestigadora del proyecto, le expresó a ANCCOM el papel esencial de los médicos investigadores en el proceso de pruebas de la vacuna. El laboratorio encargado de llevar adelante las pruebas con voluntarios, mantuvo contacto directo y regular para seguir las respuestas inmunológicas que presentaron al tratamiento. Estos son pasos cruciales y decisivos en lo que corresponde al futuro de la investigación.
Para dar comienzo al alistamiento de ciudadanos voluntarios en pos de las primeras fases de prueba, el equipo a cargo de Gonzalo Pérez Marc reclutó en el mes de abril un total de 1.782 personas voluntarias, con un mínimo de 18 años de edad y que hubieran recibido entre dos y tres dosis de alguna vacuna contra el coronavirus. ARVAC Cecilia Grierson, compuesta por Gamma y Ómicron, se utilizará como dosis de refuerzo.
A pesar de que la emergencia epidemiológica de covid 19, según la OMS, finalizó en mayo de este año, el organismo señaló la importancia de que los países no dejaran de desarrollar vacunas de refuerzo para la prevención de un posible rebrote de SARS-CoV-2.
Sobre la participación de los voluntarios, Julian Sters, estudiante de Medicina en la Universidad Nacional de Mar del Plata, informó que la respuesta ha sido excelente, con un gran orgullo y entusiasmo en contribuir al desarrollo de la vacuna. Se destaca la diversidad de participantes, desde jóvenes hasta adultos en edad avanzada, quienes han demostrado un compromiso con la salud comunitaria y el avance científico.
Sters destacó la importancia de continuar desarrollando vacunas dado que el covid 19 sigue circulando con diversas variantes. Las vacunas han demostrado ser fundamentales para frenar la propagación del virus y disminuir sus efectos, especialmente considerando la alta tasa de mutación que tiene el virus.
“La vacuna genera memoria inmunológica para proteger al organismo en futuros encuentros con el virus. Y la regularidad de la vacunación, en caso de ser necesaria, depende de la evolución del virus y será determinada por el Ministerio de Salud. Nosotros estamos acostumbrados a vacunarnos contra la gripe anualmente, y es probable que con el covid sea de la misma manera”, comentó Coria.
«Para mí es un orgullo muy grande y es una sensación de satisfacción poder decir que me formé en una universidad pública, que actualmente trabajo en una de ellas y en un organismo público como es el CONICET y que podamos desde ese lugar poner toda esa experiencia en algo tan importante, devolviéndole algo a nuestro país y a la gente”, concluyó la investigadora.
El lanzamiento de ARVAC representa un logro significativo para la ciencia y la medicina argentinas, marcando un hito en la lucha contra el COVID-19 y ofreciendo una solución local a un problema global. La importancia de contar con una vacuna de producción nacional radica en la independencia de las importaciones, permitiendo un mayor desarrollo tecnológico en el país. Además, este avance sienta las bases para futuras investigaciones y adaptaciones de la plataforma para abordar otras enfermedades.
Dic 19, 2018 | Comunidad, Novedades
Lucas Fauno Gutierrez, en el Ciclo Positivo organizado por Casa Brandon.
Lucas ´Fauno´ Gutiérrez es positivo desde hace diez años.
Eso, positivo o persona viviendo con VIH, no portador ni infectado ni sidoso. Ni tampoco persona viviendo con SIDA porque esa ya es la etapa avanzada de la infección por VIH que deteriora el sistema de defensa y permite la aparición de enfermedades. El SIDA es la fase más grave de la infección por VIH. No es lo mismo.
“Nosotros seguimos siendo pensadas como una pastilla y un preservativo en el 2018, es todo muy objetivizante, nos reduce sólo a nuestra condición clínica y nos estigmatiza”, comenta Gutiérrez sentado en el escenario de Casa Brandon con un vestido que resultó ser más corto de lo que pensaba. “Hoy la reunión sirve para aclarar dudas -agrega-, para informar, para conectarse entre pares. Para visibilizar. Para conocernos”.
Matías Muñoz está sentado junto a Lucas, presentando también el Ciclo Positivo, realizado en Casa Brandon en ocasión de conmemorarse el Día Mundial de VIH-SIDA. Muñoz es el presidente de la Asociación Ciclo Positivo, un colectivo que reafirma la positividad como potencia y que se reúne para trabajar en pos de la promoción y la protección de los derechos, brindar acompañamiento en asuntos jurídicos, psicosociales y asistencia integral para las poblaciones diversas y en situación de vulnerabilidad.
Comentan que hace un par de días el gobierno publicó un informe sobre la situación que atraviesa la población que vive con VIH-SIDA u otra enfermedad de transmisión sexual. De estas nuevas estadísticas, Matías dice que “parecen bastante estáticas respecto al año pasado. Hay un aumento de nueve mil personas positivas, ahora somos 129.000 y de esas 26.000 lo desconocen. Sabemos que se están reciclando números del 2016, estamos bastante lejos de tener cifras claras y certeras y de cumplir la meta 90-90-90”.
Matías Muñoz, Nadir Cardozo y León Abate en el Ciclo Positivo.
¿Pero qué es ese 90-90-90? Matías aclara que el país asumió un compromiso internacional en la Asamblea de la Naciones Unidas del 2014 en el que se responsabilizaba a alcanzar tres objetivos para el 2020: que, de la totalidad de las personas que viven con VIH, el 90% esté diagnosticado; que de toda esa porción, el 90% tenga acceso al tratamiento; y de todo ese porcentaje, el 90% tenga la carga viral suprimida, es decir, indetectable.
“Las nuevas estadísticas, nos dicen que mejoramos en el acceso al diagnóstico -asegura Muñoz-: bajamos de 30 al 20% la población que desconoce que convive con el virus. También mejoramos en el acceso al tratamiento, que subió del 81 al 83,5% y progresamos en la medición del tercer noventa, porque hasta el año pasado ni siquiera se medía. Lo curioso es que en la publicación no aparece el número, sólo una frase que dice ´pero aún menos de la mitad (del total) de las personas infectadas han logrado suprimir la carga viral´. Eso nos estaría dando un 80-80-40 o un 80-80-30, o incluso menos, no lo sabemos”.
Fauno aclara para debatir un poco el estigma asociado a la transmisión: “Suprimir la carga viral significa que la cantidad de virus que tengo en el cuerpo es Indetectable y por eso también intransmisible: Yo a una pareja sexual no le transmito el virus. No es para decir que no usemos forro, porque no tengo ganas de agarrarme clamidia, sífilis… Es para decir: ´¿A qué le tenes miedo? Si yo no te puedo transmitir nada´ Pero estamos lejos de eso”.
León Abate es miembro de RAJAP, la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, y está sentando en la otra punta del sillón. Señala la necesidad de hablar de este tema públicamente, con otras personas, “para entender cómo nuestras vidas están completamente atravesadas por lo político, porque lo personal es político”.
Y retoma lo que dijo Muñoz: “Las estadísticas están reciclando números del 2016, hay un recorte de 43 millones de pesos para todo lo que es tratamiento, no hablemos de prevención, preservativos, educación sexual integral, personas que van a quedarse sin las pastillas retrovirales… La situación es complicada. La Secretaría de Salud plantea que cada provincia tiene que hacerse cargo de la compra de los tratamientos… ¿Qué pasa con las provincias que no pueden pagar? ¿Qué pasa con el acceso? Para el gobierno actual somos identidades residuales, no les interesamos. Perdimos un Ministerio de Salud, qué gesto político más claro puede haber, ¿no?”
Ciclo Positivo, es un colectivo que reafirma la positividad como potencia y que se reúne para trabajar en pos de la promoción y la protección de los derechos, brindar acompañamiento en asuntos jurídicos, psicosociales y asistencia integral.
La jujeña Nadir Cardozo milita en ATTTA, la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina. Desde el escenario cuenta que enterarse de que era positiva hace casi treinta años significó para ella diferentes etapas: “Primero fue mucho susto, viviendo en Jujuy no teníamos información, no sabíamos nada, lo único que sí sabíamos es que quien contraía VIH se moría: cuando me enteré sentí que ya estaba todo. Lo sentíamos como un castigo social, que nos lo merecíamos”.
Varias de sus compañeras están acá ahora, escuchándola. Dice que necesitó perder el miedo al estigma, a la discriminación que todavía las atraviesa. “El vivir con VIH es una piedra más en una mochila cargada de expulsiones, porque no sólo somos poblaciones con mayor prevalencia, sino también con mayores tasas de mortalidad: una de cada tres chicas vivimos con el virus. Por eso necesitamos salir a informar”.
Ante todo esto, el gobierno les sigue dando la espalda: “Desde 2015 a esta parte tuvimos que salir tres veces a reclamar medicación, nuestra medicación. Tenés que ir mes a mes, te cuesta viajar, en octubre estaba tomando medicación que vencía ese mismo mes”.
Y no es sólo eso: “Es acceder a un infectólogo, una infectóloga, que te de turno de acá a un mes, es pagarte el viaje adonde esté -agrega Abate-. Hay pastillas que potencian depresiones y yo me enteré hablando con pares. ¿Quién se pone a dialogar… quién te lo dice si no es el sistema médico?”
Gutiérrez comenta definitorio que “desde que una persona tiene VIH, toda la sociedad tiene VIH. Lo tenés que tener en tu información, en tu día a día… no en tu cuerpo, pero sí en lo cotidiano, en tu forma de votar… porque vos podés elegir a un gobierno que me va a matar…o no».
Yo podría cambiar la palabra VIH por aborto, embarazo adolescente y por un montón de palabras más. Lo que falta es empatía. Me chupa un huevo la cura, porque la cura cuando llegue a quién va a llegar y cómo. Yo, para preocuparme por la cura, necesito la medicación hoy, necesito mi medicación día a día para llegar vivo a esa instancia.”
Dic 5, 2017 | Comunidad, Novedades
El pasado 1º de diciembre se conmemoró el Día Mundial de Lucha contra el SIDA y en Argentina, uno de los países más avanzados de Latinoamérica en cuanto al diagnóstico, análisis y tratamiento del virus del VIH, las cifras médicas indican que hay aproximadamente 120.000 personas que lo poseen, pero se calcula que un tercio de esa cantidad desconoce esa situación. ANCCOM dialogó con especialistas en la temática, a 35 años del primer caso detectado en el país y con un proyecto de ley congelado en el Congreso.
Lorena del Valle, miembro de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP) afirma que “El VIH no es una enfermedad. Tienen que pasar muchas cosas antes de que uno llegue a la etapa de SIDA, por desconocimiento o por propia voluntad de no llevar adelante el tratamiento”. Esta situación favorece el desarrollo de enfermedades “oportunistas” (infecciones o tumores) que aparecen aprovechando la caída de las defensas. Del Valle agrega: “Las enfermedades oportunistas siempre atacan de forma muy fuerte y muy violenta”. Según la edición 2016 del Boletín Epidemiológico de VIH-SIDA difundido por el Ministerio de Salud, 17 personas por día se infectan el virus y en el 90% de los casos, la vía de transmisión son las relaciones sexuales sin preservativo.
Dicho Ministerio, a través de la Dirección de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), promueve el acceso universal a la prueba de VIH en forma gratuita, voluntaria y confidencial. Se recomienda hacerse el test de VIH a las personas que tuvieron relaciones sexuales (orales, vaginales o anales) sin preservativo; a las que compartieron agujas, jeringas o máquinas de afeitar con otras personas o a aquellas que desean tener un hijo de manera de evitar posibles transmisiones del virus al bebé. Por otro lado, a partir de la Ley Nacional de SIDA, sancionada en 1990, se garantiza el acceso al diagnóstico y tratamiento gratuito de VIH y otras enfermedades asociadas. El Estado brinda, además, todos los estudios de seguimiento a quienes se atiendan en el sistema público de salud.
“Argentina tiene uno de los índices más altos de personas que acceden al tratamiento antirretroviral. Por la ley vigente, el tratamiento se entrega gratuitamente al 100% de los pacientes, ya sea a través del sistema público como los de las obras sociales y de las prepagas”, sostiene José María Di Bello, secretario de la Fundación GEP (Grupo Efecto Positivo) y miembro del secretariado de RedAr (Red Argentina de Personas Viviendo con VIH-SIDA).
Desde el año 2007 y como medida de prevención, el Estado pone a disposición de la población puestos de distribución de preservativos, ubicados en espacios públicos de gran circulación. Soledad Sequeira, abogada y miembro del Área de Derechos humanos de la Dirección de SIDA, ETS y HEP virales resalta que “además hay que tener acciones de prevención precisas y estratégicas que lleguen a esos lugares donde son necesarias. La prevención tiene que llegar a todo tipo de lugar y de cultura. La información tiene que estar adecuada a cada autonomía y cada identidad”. Otra de las políticas públicas que se lleva a cabo es la se entrega de leche maternizada para bebés recién nacidos de mujeres con VIH en hospitales de todo el país.
Gracias a los tratamientos actuales, cada vez son más las personas que tienen VIH sin desarrollar SIDA. Más allá de las políticas de salud adoptadas por el Estado, las personas con VIH-SIDA sufren estigmatizaciones y discriminación. Lorena del Valle resalta que “existe algo que nosotros llamamos ‘la enfermedad social’ que tiene que ver con la segregación que sufrimos. Todavía se tiene un concepto muy antiguo de lo que es vivir con VIH. Se lo asocia con la muerte, con drogadicciones o con promiscuidad y hoy ya no es tan así”. Y agrega: “En caso de que lo fuera, nadie tiene autoridad como para cuestionar la manera de vivir del otro”.
José María Di Bello considera, justamente, que “el obstáculo más grande para frenar el VIH-SIDA sigue siendo el estigma y la discriminación. Es una realidad contundente en nuestro país como en otros. Sobre esto no había mucha materia de legislación y, a decir verdad, la ley de los años 90 es buena pero se encarga exclusivamente de los aspectos biomédicos”. Por eso, desde el año 2014, se viene gestando un proyecto de actualización de la normativa que contempla los determinantes sociales y cuestiones ligadas a los derechos humanos. En esa propuesta trabajan ONGs, la comunidad científica y la Dirección Nacional de SIDA.
En el proyecto se planea crear el Observatorio contra el Estigma y la Discriminación Asociados al VIH-SIDA y las Hepatitis Virales. La propuesta legislativa tiene artículos que sancionan específicamente situaciones del ámbito laboral, educacional y sanitario, como poder multar a aquellas empresas privadas u organismos públicos que pidan el test como condición para acceder a un trabajo. Además, el proyecto incluye a las infecciones de transmisión sexual (ITS) como la sífilis, gonorrea, clamidiasis, herpes, hepatitis B y C, VIH y VPH.
El proyecto de ley fue presentado en el Congreso en el año 2016. “El 13 de junio de 2017 se logró un dictamen favorable en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Desde esa fecha, debía pasar por la Comisión de Legislación General y la de Presupuesto y Hacienda, pero lo cierto es que no ha pasado nada” expresa José María Di Bello. Los días y meses pasaron acompañados de movilizaciones pero la propuesta no recibió el tratamiento necesario y con el cierre del año legislativo perdió estado parlamentario. Por lo que, como el Juego de la Oca, el tratamiento legislativo deberá volver a empezar.
Actualizado 05/12/2017
Oct 25, 2017 | Comunidad, inicio
El gobierno nacional anunció este mes la implementación de la Cobertura Universal de Salud (CUS). Esta reforma, según indicó desde Mendoza el ministro del área, Jorge Lemus, tiene el objetivo de garantizar el acceso a la salud de los 15 millones de argentinos que no cuentan con obra social o medicina prepaga. Además, se propone una mayor eficiencia en la atención, turnos telefónicos e historias clínicas únicas digitalizadas. Pero ¿qué hay detrás de este cambio de paradigma en la atención sanitaria y cuáles son las ventajas y los riesgos de su implementación?
En principio, hay que diferenciar los dos modelos de salud predominantes a nivel mundial. Uno, de origen británico, se denomina Beveridge y apuesta por la protección sanitaria universal y por un derecho irrestricto a la atención. Este modelo donde el Estado monopoliza la salud se aplica en países como España e Inglaterra. El modelo Bismarck, en cambio, tiene origen alemán y propone el pago de seguros con un grupo básico de prestaciones y servicios. Este régimen, que no ofrece protección universal, se utiliza en Suiza, en Alemania y, con algunas variantes, en Estados Unidos.
“En la Argentina tenemos una mezcla de todos los sistemas que existen en el mundo, pero desde 1946 siempre con el respaldo de un sistema público gratuito”, dice Nicolás Kreplak, médico sanitarista y ex viceministro de Salud de la Nación. Y agrega: “Desde los noventa, el Banco Mundial y la OMS recomiendan aplicar en toda América un sistema de seguros privatizado, similar al de Estados Unidos, donde se da una canasta básica de prestaciones y se agregan servicios según la capacidad de pago de cada uno”. Con la CUS, cada paciente tendrá asegurada cierta cantidad de estudios, diagnósticos o medicamentos por mes. Si supera ese monto, deberá abonarlos, ya sea en un hospital o en un centro de salud privado.
En efecto, el informe “Invertir en salud” del Banco Mundial, firmado en 1993, propone: “Si los gobiernos financiaran un conjunto de medidas de salud pública y servicios clínicos esenciales, el resto de los servicios de esta índole se podría cubrir mediante financiamiento privado, por lo general por la vía de los seguros”.
El proyecto de la CUS, del que solo hay escrito un Decreto de Necesidad y Urgencia, (908/2016) parece ir por este camino, aunque no se han explicitado las pautas ni las metas. “El decreto se hizo para capturar los ocho mil millones de los trabajadores, del resto no dice nada”, describe Kreplak. Se refiere a la financiación inicial de la CUS que percibirá ese monto proveniente de los ahorros de las obras sociales sindicales.
Marcelo Peretta, secretario de Previsión y Salud de las 62 Organizaciones Peronistas, es más optimista: “Pienso que es muy positivo que aquellos que no tienen una cobertura empiecen a recibir la misma atención que se da en un privado: servicios de 0800, Internet, médico de cabecera, receta electrónica, no hacer más colas, y otras cosas que permitan prestigiar al paciente. Eso es un avance grandísimo”, se entusiasma. Sin embargo, Claudio Capuano, titular de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos dice que la CUS parte de una falacia, que es la universalidad como novedad: “En nuestro país ya hay atención universal de la salud. Esto que quieren implementar es un seguro que va a limitar en prácticas, en acceso a medicamentos, es un recorte de derechos”.
En el mismo sentido se pronuncia Fernando Corsiglia, presidente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP): “La CUS es un intento de estratificación de acuerdo a la capacidad de pago. Socava el concepto de salud como derecho, como igualdad. Hoy, mal que mal, la respuesta está dada por la necesidad y no por la capacidad de acceso. En muchos territorios el sistema público es el único efector y resuelve la inmensa mayoría de los problemas de salud de la población. La CGT la apoya porque hay un acuerdo político, un intercambio”.
Guillermo Pacagnini, médico y secretario general de CICOP, dice que el anuncio fue solo “pirotecnia electoral”, pero que aún no hay nada concreto. “Solamente repartieron 120 mil carnets de pobreza, que desde ya es indigno. Es una obra social para pobres donde en vez de presupuestar la oferta y mejorar los hospitales, van a subsidiar la demanda y el centro de salud va a facturar de acuerdo a lo que atiende. Esto ya se aplicó en Colombia y México y terminaron con una reducción del 60 por ciento del sistema de salud público y aumentando casi al doble el gasto de bolsillo de los pacientes”. Por otro lado, acuerda con Corsiglia en que la disminución presupuestaria que se viene observando en los últimos años es la antesala de la privatización, tal como se hizo con los servicios públicos en los años noventa.
Kreplak subraya que lo que busca el gobierno de Macri, detrás de la CUS, es la creación por ley de la Agencia Nacional de Evaluación en Tecnologías de Salud (AgNET), cuyo proyecto ya está en el Congreso. Esta agencia se ocupara de definir qué y cuántas prestaciones, servicios y medicamentos formarán parte de la canasta básica universal, y cuáles quedarán afuera, forzando al paciente a pagar y provocando una competencia entre centros públicos y privados. “La AgNET va a basarse en una lógica de costo-beneficio, y en el artículo tercero dice que lo que no resulte efectivo no se incluirá en el plan. Ahí tenemos escrito, por primera vez en la Argentina, que habrá un paquete mínimo de prestaciones de salud”. La AgNET, además, va a definir los alcances del Plan Médico Obligatorio (PMO) de las obras sociales y prepagas, por lo cual éstas tienen especial interés en su creación para afrontar sus costos, ya que la inflación en salud que ha trepado a cerca del 100 por ciento mientras los salarios, y por ende el aporte, han sufrido un aumento sustancialmente menor.
Actualización 25/10/2017
Abr 20, 2016 | inicio
“¿Qué hiciste hoy contra el mosquito?”, se preguntan en el video, para responder, de inmediato: “Nada… Porque no nos dejaron”. El eslogan que parafrasea a los avisos oficiales y su contundente respuesta forma parte de una campaña impulsada por profesionales de la salud pública nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que ven con preocupación cómo se desmantela el proyecto al que dedicaron mucha pasión y horas de sus vidas. “Desde el 23 de diciembre hasta avanzado marzo el programa Organización Comunitaria en Salud estuvo totalmente paralizado”, contó a ANCCOM Camila Lynn, delegada de ATE en el Ministerio de Salud de la Nación.
Lynn se refiere a una iniciativa impulsada en octubre de 2014 que consistió en la formación de equipos interdisciplinarios para recorrer en unidades móviles especialmente equipadas las zonas consideradas vulnerables, con el objetivo de realizar campañas de prevención y controles sanitarios a sus pobladores, casi siempre de bajos recursos económicos y con escasas posibilidades de movilizarse hacia los centros urbanos para acceder a una atención digna. Durante más de un año, los profesionales del programa realizaron operativos en los lugares más carenciados, entre ellos las villas cercanas al Riachuelo, o lugares alejados del Conurbano bonaerense como Moreno, Merlo o Malvinas Argentinas. Zonas por lo general sin acceso de transporte público, ni pavimentos, y hasta sin agua corriente.
Pero no sería la única dependencia de dicha cartera que se encuentra prácticamente inoperativa. En los últimos días trascendió que el macrismo también pretende poner fin a la tarea de la Dirección de Enfermedades Transmisibles por Vectores (DETV), una oficina encargada de generar políticas de prevención y control de trastornos como el Dengue, el Zika, el Paludismo o el Mal de Chagas. Es decir, en los meses en los cuales la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte sobre el riesgo de propagación de estos trastornos por América latina, el gobierno argentino decide desguazar los organismos que se ocupan de su contención.
Norma Romanello, Pediatra.
En video de corta duración –menos de un minuto- circula desde principios de marzo a través de Internet y en las redes sociales: decenas de rostros desfilan fugazmente por el ojo de la cámara mientras una sucesión de voces en off relata profesiones y quehaceres: “Somos obstetras, odontólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, pediatras, oftalmólogos, psicólogos, comunicadores sociales…” y apela a reducir la problemática de la expansión del Dengue, el Zika y el Chikungunya -todas enfermedades transmitidas por la picadura del mismo vector, el Aedes Aegypti- al interpelar al ciudadano común con preguntas directas: “¿Usaste repelente cada tres horas?”, “¿diste vuelta baldes y otros recipientes?”, “¿eliminaste neumáticos o botellas que no usás?”. Por otro lado, el video opera como recurso en la batalla discursiva para defender a los trabajadores estatales del estigma del “ñoqui”, al que el Gobierno recurrió desde su asunción, para justificar los despidos. “Hoy no pudimos vacunar a tu familia ni hacerle controles de salud (…) hoy no pudimos salir a hacer campañas de prevención”, insisten las voces del video, que cierra con una leyenda, que en rigor es un reclamo: “No al vaciamiento de la salud”. La pieza incluye estadísticas alarmantes: como consecuencia de la suspensión del programa habría hoy unas 18.000 personas sin la atención médica que éste les brindaba, unos 1.050 controles de embarazo sin realizar (la OMS advirtió que el Zika puede ocasionar en mujeres embarazadas trastornos graves a su bebé, como, por ejemplo, hidrocefalia), alrededor de 10.800 niños sin control de salud y aproximadamente 3.200 dosis de vacunas sin aplicar.
Lynn señaló que de los más de 100 trabajadores que en diciembre pasado integraban Organización Comunitaria en Salud sólo quedan unos 70. “Antes de comenzar el año intentaron despedir a 30, pero gracias a que nos movilizamos desde el gremio conseguimos reincorporar unos 15”, agregó la delegada. Sin embargo, cada caso es diferente y la incertidumbre laboral llevó a que los equipos se fueran desarticulando lentamente. Una de las caras que se turnan para aparecer en el video es la de Amelia Caresana. Es pediatra, tiene 60 años, y formó parte del proyecto desde la primera hora, cuando la Resolución N° 1770/2014 del Ministerio de Salud de la Nación oficializó su existencia.
“De un momento para el otro nos comunicaron que el programa se suspendía ‘hasta nuevo aviso’”, comentó Caresana en diálogo con ANCCOM, y aseguró que desde entonces muchos de los empleados siguieron con la obligación de concurrir al Ministerio todos los días, pero para permanecer las ocho horas de la jornada laboral en una oficina, sin posibilidad de retomar el trabajo territorial. Caresana admite que su realidad es menos dramática que la de muchos de sus compañeros. Beneficiada por un tipo de contratación más estable, continuó percibiendo su salario hasta febrero -ya no en marzo- sin tener que presentarse a su puesto de trabajo. La estabilidad económica de su familia no depende de la actividad en el Ministerio y en el peor de los casos su marido tiene trabajo. Su angustia pasa por otro lado: “Pusimos el corazón en este proyecto”. Al mismo tiempo, advierte que aunque el Gobierno intente reactivarlo el daño ya está causado. Durante marzo, reconoce, fueron convocados a reuniones con funcionarios designados por las autoridades para “ver qué se puede hacer” frente al escenario de avance del dengue, pero percibe de su parte “mucha improvisación”.
Según los datos difundidos el pasado 8 de abril a través del Boletín Integrado de Vigilancia del Ministerio de Salud, en lo que va del año ya son 23.759 los casos de dengue confirmados en todo el país y la cifra asciende a 47.741 si se consideran los casos probables o en estudio y también los descartados. A su vez, el Ministerio reconoce 22.940 casos autóctonos entre confirmados y probables y al menos unos 2.504 importados. El NEA -Nordeste Argentino- que incluye a las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, aparece como la región más comprometida, con 16.677 casos, considerando tanto los confirmados como probables, mientras que el centro del territorio nacional -provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Ciudad Autónoma de Buenos Aires- registra unos 4.362 casos. La situación en las restantes zonas del país, como el NOA -Noroeste Argentino que incluye a Catamarca, Jujuy, Salta, La Rioja y Santiago del Estero-, Cuyo –San Luis, San Juan y Mendoza- y la Patagonia –Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego- es menos alarmante, pero aún así el promedio total es de 110,7 casos cada 100 mil habitantes. A pesar de estos números, que surgen de las propias estadísticas oficiales, el gobierno insiste en anular los principales mecanismos políticos para evitar un posible agravamiento del panorama.
En lo que respecta a Organización Comunitaria en Salud, el alcance de las acciones implementadas por los equipos sanitarios excedía largamente la problemática del Dengue. Los móviles o simplemente, “los camiones”, como los llaman los trabajadores, incluyen ecógrafos, laboratorios e instalaciones para brindar servicios de odontología y oftalmología, fundamentales para las zonas vulnerables. Pero para prevenir puntualmente las enfermedades provocadas por el mosquito Aedes Aegypti se desplegaban campañas informativas en los mismos hogares de los barrios visitados. “Son viviendas muy precarias y cualquiera de los patios es un criadero de mosquitos”, precisa Caresana y remarca que en el pico de la epidemia el Ministerio de Salud mantiene a los miembros de los equipos sanitarios sentados en una oficina. Lejos de disimular su decepción por la orientación que ha tomado la política de salud pública en la era macrista, su diagnóstico personal sobre el futuro inmediato es todavía más desalentador: “Mientras nosotros estamos acá, el dengue sigue haciendo de las suyas”.
Sin choferes, no hay operativos
Durante marzo, acorraladas por la expansión del Dengue y el impacto de la problemática en la opinión pública, las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación comenzaron a considerar la necesidad de retomar los recorridos sanitarios. No obstante, tras desentenderse del trabajo de algunos de los profesionales del programa Organización Comunitaria en Salud, el Gobierno ya se había encargado previamente de crear un problema adicional: la interrupción de los convenios laborales con universidades nacionales.
Como explicó Lynn a ANCCOM, hasta la llegada de Macri a la presidencia las contrataciones en el Ministerio de Salud nacional se realizaban bajo dos modalidades: una es la conocida como “048” -en referencia al número de la resolución del año 2002 que estableció el marco regulatorio del empleo público nacional-, que, como detalló Lynn, “podría definirse como planta transitoria del Ministerio, ya que el trabajador cuenta con su recibo de sueldo y se le aplican las deducciones correspondientes al sistema formal, pero no alcanza la categoría de permanente”; la otra es vía acuerdos con universidades, que según la gremialista es la que corresponde a la mayoría de los trabajadores del programa: “Así como se suspendieron los operativos, lo propio ocurrió con los convenios, por lo que los trabajadores están con sus contratos caídos”, explicó Lynn.
Esta situación alcanza a los choferes de las unidades móviles, quienes de acuerdo con lo expresado por la dirigente sindical no cobran sus sueldos desde febrero ni sus viáticos desde diciembre. En semejante escenario, es impensado que los camiones salgan regularmente. Si bien Lynn afirma que ATE consiguió el compromiso de las autoridades de que va a normalizar el pago de los salarios de los conductores, al mismo tiempo asegura que “no están dadas las condiciones para enfrentar la epidemia del dengue”.
El Muñiz, desbordado
En el Hospital de Enfermedades Infecciosas Francisco Muñiz, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, un cartel colgado en uno de los pilares que decoran la vía de entrada y salida de las ambulancias oficia de guía para los visitantes. Enumera una serie de síntomas: “Fiebre, dolor de cabeza y detrás de los ojos, fuerte dolor muscular o en las articulaciones, vómitos, sarpullido”. También aconseja a quienes los experimenten no automedicarse. Son los signos orgánicos que advierten a una persona que podría estar padeciendo dengue.
Según la OMS, existen cuatro serotipos diferentes de la enfermedad -DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4- y cada uno supera en nivel de gravedad al estadío anterior. Si bien no existen tratamientos específicos, la detección oportuna y un control médico adecuado reduce el riesgo de mortalidad a porcentajes ínfimos, pero el escenario se complica cuando se producen re-infecciones -personas que ya lo padecieron vuelven a ser picadas por el vector- que pueden derivar en lo que se llama dengue grave o hemorrágico.
De acuerdo con el ya citado Boletín Integrado de Vigilancia del Ministerio de Salud de la Nación fueron confirmados en el país cinco casos mortales en 2016. Dos de ellos ocurrieron en la Capital Federal y las víctimas –una mujer de 47 años y un hombre de 48- murieron internadas en el Muñiz. Una médica que trabaja en la Guardia del hospital, Norma Romanello, aclaró a ANCCOM que en ambos episodios los enfermos traían otras patologías de base, que agravaron su estado de salud al momento de presentárseles los síntomas de dengue. «La mujer, si bien era joven, era diabética, insulinodependiente, mientras que el hombre presentaba una inmunodeficiencia grave. Es decir, el serotipo de dengue que se vio en este brote es de tipo no hemorrágico», aseguró.
Los profesionales del hospital con los que dialogó ANCCOM coinciden en que, según sus cálculos, son más de 100 los pacientes que atienden diariamente por síntomas relacionados con el dengue. La demanda de atención durante la epidemia es de tal magnitud que las instalaciones del Muñiz son insuficientes para cubrirla. Por esa razón, el Ministerio aprobó desde mediados de marzo la presencia de una de las unidades móviles que habitualmente se utilizaban para los operativos del programa Organización Comunitaria en Salud. La misma se encuentra en el patio central del hospital, a pocos metros de la Guardia. Al lado se montó una carpa de color anaranjado a la que se acercan permanentemente personas a registrarse y realizarse los controles correspondientes en la unidad móvil.
“Estamos desesperados porque llegue el frío y los mosquitos mueran y la epidemia se termine”, confió Romanello, quien aportó el detalle de que durante los primeros días del año la mayor parte de las consultas eran realizadas por personas que provenían de Misiones o del Paraguay, pero a medida que avanzaba el verano comenzaron a multiplicarse las atenciones por casos autóctonos. Es sábado 16 de abril y la médica llegó a las 8 de la mañana al Muñiz y pasará allí las siguientes veinticuatro horas. Junto a sus colegas dedicará el mayor de sus esfuerzos durante la jornada para aliviar a los pacientes aquejados por los síntomas del dengue. Es todo lo que puede hacer, mientras espera la llegada del invierno.
Actualizada 20/04/2016
Amelia Caresana, pediatra dell Programa organización comunitaria de la salud, Ministerio de Salud.
