“Padecemos una información televisiva excluyente, clasista, desigualitaria y sesgada”

“Padecemos una información televisiva excluyente, clasista, desigualitaria y sesgada”

Más de una cuarta parte de las noticias que emiten los cinco canales de aire de la Ciudad de Buenos Aires son policiales, según se desprende de un informe de la Defensoría del Público. Desde 2013, el organismo realiza un monitoreo de los noticieros televisivos de Canal 13, Telefe, Canal 9, América y la TV Pública, que indaga en el tiempo y la cantidad de noticias, su lugar geográfico, las temáticas predominantes y las menos visibles, las perspectivas que se abordaron, las fuentes utilizadas, la distribución por género de columnistas, entre otras cuestiones.

La misión de la Defensoría –creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y puesta en funcionamiento en 2012– es promover, difundir y defender el derecho a la comunicación democrática de las audiencias en todo el territorio nacional. Según la investigadora Stella Martini, “el monitoreo pone en evidencia el conocimiento con que cuenta la población para vivir, pensar, ser ciudadana, así como advierte a medios y periodistas acerca de la crisis en que se encuentra la noticia”.

En el último trabajo, correspondiente a 2019, se relevaron 17.467 noticias emitidas en cuatro franjas horarias (mañana, mediodía, noche y medianoche), a partir de la visualización de la primera semana completa de los meses pares (febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre). Canal 13 produjo la mayor cantidad, un 25,8% del total, y Telefe la menor, un 17,6%. Pero en términos de duración, Canal 9 aportó más tiempo de noticias, un 26,1% del total de horas registradas en el informe, mientras que la TV Pública fue la que menos generó con un 11%.

Sobre los temas de las noticias, el 27,1% fueron policiales, significativas en cantidad además ya que junto con política representaron el 35,5% del total, seguidas de internacionales, deportes y economía. En lo que refiere a la duración, un 36,2% tuvo un abordaje policial.

En el tópico “Niñez y adolescencia / Juventud”, las noticias policiales representaron un 58,8% y si se suman otros asuntos que reportaron violencia, el porcentaje aumenta a 73%. En la categoría “Géneros” (abuso, femicidio, violencia de género, aborto, transfemicidio), el 68% estuvo relacionada a hechos policiales, mientras que en “Personas mayores” la proporción fue del 45,4%, en tanto que en “Migrantes” –que en su mayoría aparecieron criminalizados– fue del 49,5%, el 10,1% a políticas de seguridad y el 6,3% a control migratorio.

Es decir que las noticias son contextualizadas mediante el género policial, algo que alcanza a los temas y grupos sociales más invisibilizados –educación, discapacidad, adultos mayores, pueblos originarios y migrantes– que sólo se vuelven noticiables cuando se relacionan con hechos de violencia. La contraparte de esta tendencia es la reproducción de imaginarios que naturalizan las problemáticas, revictimizan y estigmatizan a quienes forman parte de colectivos socialmente vulnerados.

Aun así, entre los medios de gestión privada y la TV Pública hay diferencias. El canal estatal fue el que menos información policial aportó: el 14% de un total de 4.642 noticias y un 5,6% en tiempo de duración. En cambio, de las 69 noticias sobre “derechos humanos” contribuyó en más del 50%: una hora, 51 minutos y 40 segundos, muy lejos de las más de 210 horas de policiales, 140 de política, y 58 de espectáculos.

En el ex Canal 7, la decisión de las coberturas está a cargo de los jefes de noticias, independientemente de la gerencia. Desde la emisora, explican que la idea es jerarquizar una agenda que no es la de los medios comerciales. Por ejemplo, tratan de incorporar a las minorías, informar sobre violencia institucional, protestas sociales, conflictos gremiales y tienen como prioridad la defensa de lo público. Fuera de la búsqueda de rating, se proponen dar un servicio a quienes no tienen representación en otros espacios.

Periodistas, productores y productoras coinciden en que la definición de una noticia depende de varios factores, uno es la interrelación entre las publicaciones de los diarios y la televisión. El medio gráfico se nutre de la agenda política y las declaraciones de funcionarios, de las comunicaciones de entidades financieras, datos de organismos públicos y de otras instituciones. Pero también influye Google, que revela la cantidad de clics que tuvieron en Internet, y así los principales portales informativos no sólo conocen sus propias métricas sino también las de sus competidores. Cuando una nota tiene muchos clics, otros medios la ven y buscan replicarla (al menos los comerciales).

Además de los diarios y la web, la televisión se alimenta de los cables y las agencias. Siempre hay dos o tres temas del día y el contexto es otra variable que interviene, ya que se considera que puede aumentar el interés del público. Como se observa en el monitoreo de 2019 –año de elecciones–, la política fue el segundo tema con mayor presencia. Los testimonios acuerdan en que el rating también configura la agenda. El famoso “minuto a minuto” no se agota en las mediciones propias: se mira lo que está haciendo el otro y cómo le está funcionando. “Si estás con un tema al aire y no mide, se da un volantazo y se cambia”, afirma una de las profesionales consultadas por ANCCOM. Asimismo, las decisiones editoriales tienen su peso, en particular cuando se trata de poner o no al aire a determinado personaje, como puede ser un funcionario público.

Las y los periodistas admiten que el predominio de lo policial desde hace varios años ha dejado relegadas otras cuestiones. Un descreimiento de la ciudadanía en la política, así como un desconocimiento de la economía, refuerzan la hipótesis de que los hechos policiales se hayan convertido en la moneda de cambio de los noticieros. A su vez, estos van en búsqueda de aquello que afecta el bien común, entre ellos la integridad de las personas consideradas ciudadanas y el derecho a la propiedad privada. La noción de inseguridad remite a estos sentidos cuando se ven vulnerados por los delitos y los crímenes comunes e interpela a quienes encuentran identificación en ellos. Para uno de los periodistas televisivos de policiales entrevistados por ANCCOM –todos prefirieron mantener sus nombres en reserva–, esta presencia se relaciona a que “hoy el tema de la inseguridad es una de las mayores preocupaciones de la gente, principalmente en las grandes ciudades”.

 

Precarizados y sin fuentes

Las condiciones en las que se producen las noticias recortan los tiempos de análisis y resultan en la falta de perspectivas diversas para contar los hechos. Para Martini, el periodismo televisivo está en crisis: la precarización laboral da lugar a periodistas con escasa experiencia, a locutores o presentadores a quienes el mismo canal o el programa califican de “experto”. A ello se suma la desigualdad de género, que si bien se está tratando de revertir es un proceso que lleva años, y aún hoy repercute en el desarrollo profesional de las mujeres y deja huellas en los discursos.

En la mayoría de los canales se reproducen estereotipos que justifican la asignación de ciertos temas a mujeres, así como el privilegio de los varones en roles periodísticos y áreas técnicas. De las 8.034 noticias presentadas por columnistas, el 68,8% contó con la participación de un varón, el 25,5% de una mujer y el resto de una combinación de ambos. Otras identidades de género estuvieron ausentes. Las mujeres solamente son mayoría en temáticas de “salud” y “espectáculos, arte y cultura”. “Deportes”, “policiales”, “niñez y adolescencia / juventud”, “economía”, “política” y “géneros”, fueron presentados predominantemente por varones. Esta disparidad se puede ver condensada y agudizada en las noticias deportivas donde sólo el 2,5% fue presentado por mujeres.

Ahora bien, si en 2018 ya se había registrado una ausencia de fuentes en más de la mitad de las noticias, en 2019 esa mala praxis se redujo al 39,2%.

De las 10.617 (60,8%) que contaron con una o más fuentes, el 51,7% fueron privadas, el 33,8% públicas y el 14,5% indistintas. Internet, videos de aficionados y de redes sociales de personas privadas pasaron a ser los registros digitales más utilizados. Junto a dispositivos de seguridad, representan el 19,7% del total. Martini opina que incluirlos es una decisión editorial puesto que, en un contexto de mercantilización de la noticia, la TV compite con internet como soporte informativo. “Poner en el aire una fuente casera también busca aumentar la audiencia, hacer la noticia más ‘atenta’ al día a día de los públicos y a la necesidad o expectativa”. Los entrevistados por ANCCOM sostienen que las redes han tomado protagonismo. La mayoría de las noticias llega por este medio y después se busca la fuente periodística. Quienes protagonizan hechos policiales comparten sus propios videos, ya que tratan de encontrar primero una respuesta social y después una institucional. “Eso habla de un descreimiento de la organización del Estado. La gente cree más en los noticieros que en la policía o en la justicia”, reflexiona uno de los profesionales consultados. Las fuentes digitales pueden colaborar como respaldo de la información, dar una primicia al medio y ser un complemento del trabajo periodístico. Pero, ¿qué representaciones construyen los medios cuando las utilizan? Otras fuentes recurrentes fueron Vecino/a, Ciudadano/a a pie, Transeúnte, Consumidor, Conductores/as (7,7%), Medios de comunicación privados nacionales e internacionales (7,5%) y Familiares/Testigos (7,1%).

 

Centralismo y criminalización

La mayor parte de las noticias monitoreadas ocurrió en Argentina –el 80,4%– y en menos de la mitad (49,7%) se especificó el lugar del suceso. Más de la tercera parte correspondieron a la Ciudad de Buenos Aires (el 34,4%) y se registró un crecimiento de las situadas en el Gran Buenos Aires (el 22,9%) que ocuparon el 32,3% del tiempo. Las noticias de CABA y GBA sumadas a las sucedidas a lugares geográficos sin especificar del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), alcanzaron el 79,1%. Martini asevera que entre los efectos políticos más graves de la centralización de las noticias en el AMBA está la reducción del territorio nacional y la anulación del federalismo. “Se consolida el sentido común de Buenos Aires versus ‘el interior’ –¿de qué?–, y el mito de la supremacía ‘blanca’ porteña. Se trata de un proceso de hipoinformación que hace del país un espacio distorsionado, todo es Buenos Aires y alrededores. Desaparecen la particularidad de las regiones, provincias, localidades. Se produce una profunda desinformación de toda la población”.

El modo predominante de representación de los hechos en el GBA fue la noticia policial (64,2%), así como en CABA (22,1%), seguida de política (19%) y protesta social (10,2%). “La Ciudad de Buenos Aires es signo de todo lo bueno y todo lo malo que tiene nuestro país. La pantalla televisiva, que funciona como si fuera una ventana abierta al mundo, reitera la agenda sobre la inseguridad. Entre el vivo televisivo, la transmisión en directo y la capacidad de ‘mostrar’ del soporte audiovisual, se construye una imagen única de realidad”, explica la especialista, quien en diálogo con ANCCOM analiza esa gigantesca trama de sentidos, parcial y sesgada, que construyen los noticieros de aire y de cable, por la que se cuelan las fake news y se naturaliza una idea falsa de país.

¿Qué determina el predominio de las noticias policiales?

La primacía del género policial en la televisión argentina es casi un sello de nuestra agenda. Se trata de una noticia de larga data, propia de la prensa escrita masiva decimonónica. Como herramienta que permitía al diario una cercanía con los sectores populares, históricamente vulnerables al delito y la violencia, se constituyó en la crónica de la vida cotidiana. Décadas más tarde, la televisión aportó a la información primero en un formato casi de diario leído, para abrirse luego al noticiero con modalidades del entretenimiento. Por eso entra en la agenda la noticia sobre el crimen en los 70, y muy rápidamente convirtió a la seguridad y la delincuencia en nota destacada que pretende poner en relación el delito con la gobernabilidad. El soporte audiovisual es referente ideal para tal propósito y supera a la noticia escrita, que no puede registrar rostros y llantos, pena y desesperación. En la actualidad, vemos el delito cuando se produce desde las cámaras de seguridad callejeras, una modalidad retórica peligrosa: mucha violencia sin filtro y la imposibilidad de verificar un rostro hacen de tal tipo de notas una suerte de escena de ficción. Solo aporta al miedo y el escándalo. Suma al sensacionalismo.

¿Qué dice esta tendencia de nuestra sociedad?

La crónica policial es clasista: hay víctimas buenas y otras no tanto, las que no merecían el padecimiento y las que quizás se lo buscaron, su curriculum vitae, los rostros familiares, su casa, el barrio en que vivía lo delatan. También hay amarillismo, la cámara exhibe el dolor de la víctima o de su familia, muestra escenarios comunes que se tiñen de terror con la descripción simplificada del hecho criminal en los zócalos. Es una noticia que incluye también aportes de expertos en psicología y psiquiatría forense, criminología, derecho penal, que repiten y buscan legitimar, con los modos pertinentes de la comunicación gestual, el espacio que ocupa el acontecimiento en la sociedad. La banalización del crimen se cristaliza en un desvío: la investigación judicial se lleva a cabo por individuos que ni pertenecen a la justicia ni han estado en contacto con la causa, pero igualmente construyen una noticia. Hay discursos y metadiscursos mediáticos sobre los casos delictivos, y hay operaciones políticas que los tienen como tópico y excusa, fabricando denuncias sobre presunta corrupción o ingobernabilidad, y alimentando el juego del marketing político.

¿La significativa presencia de registros digitales afecta la calidad de las fuentes de información?

El periodismo audiovisual no recurre a todas las fuentes que permitan conocer los sucesos que hacen a la vida cotidiana de todo el país. Hay fuentes imprecisas, como las que circulan informalmente por las redes sociales, los videos caseros. Toda imagen puede ser registrada, dicen los dispositivos inteligentes, y tal registro llega a la audiencia televisiva con algún trabajo de edición y escaso chequeo. Lo que se ve en la televisión como de fuentes no profesionales suele ser el registro de un escándalo. Algunas grabaciones informales, sin embargo, sirven a fines policiales, judiciales, testimoniales. En todo caso, su servicio siempre depende de la verificación de la fuente y del trabajo de producción periodística. No existe el trabajo en crudo, toda nota es producto de la edición. No soy de la creencia de que hay un “periodismo ciudadano”. Hay buenos y malos profesionales del periodismo, los hay que responden al sentido de su profesión y se proponen brindar un servicio público, y los que se asocian al poder concentrado para la construcción de una realidad distorsionada.

¿Qué deberían hacer los medios?

Reflexionar y producir un modelo mejor de programación noticiosa, lo cual incluye la seriedad profesional, la honestidad para la investigación, la voluntad de construir ciudadanía y opinión crítica. No sé si se puede medir la calidad periodística, pero sí se puede evaluar la responsabilidad del periodismo y de las empresas de medios en la construcción de diversas versiones de la realidad. Los medios concentrados son el riesgo más alto que puede acechar a la democracia, a la libertad de expresión, al derecho a la información, porque en la construcción de la realidad que promueven están las fake news, las grietas, el desprecio a la sociedad, el olvido de la historia, la lucha contra la memoria y la justicia.

A partir del monitoreo de la Defensoría del Público, ¿qué puede decir de la democratización de la comunicación?

No hay democracia en los medios, en la televisión argentina. Hay geografías relegadas y se verifican ausencias de ciertos conflictos –el conflicto social no existiría–, hay actores y actoras sociales que no se ven, quienes luchan por sus derechos tienen escasos minutos al aire. No tener registro televisivo es sinónimo de no existencia. ¿A qué tipo de opinión pública aporta un noticiero sesgado y desbalanceado? ¿Cómo pensamos o imaginamos la  realidad y las políticas públicas cuando sabemos mucho de crímenes atroces y poco de derechos laborales? La situación inaudita que vivimos por causa del covid ha puesto en relieve la necesidad de una política para disponer de información televisiva “socialmente necesaria”, como decía Herman Schiller. Podemos coincidir en el poder de atracción que la TV tiene como fuente de información pública en un momento de crisis mundial como el que vivimos. La pluralidad de voces es indispensable, porque así se puede hacer un país inclusivo y una ciudadanía generosa. Cuando no hay un derecho a la información satisfecho, cuando la noticia es formalmente un commodity, y un capital en juego en el campo político, sin garantía de federalismo, cuando no se habilita el derecho a ser sujeto de la información y a que su barrio, su ciudad, su provincia sean objeto de información, entonces padecemos una información televisiva excluyente, clasista, desigualitaria, sesgada. Todavía hay muchos feos, sucios y malos en la noticia de la televisión abierta.

«La escuela sola no puede»

«La escuela sola no puede»

A la pobreza que vulnera a niñas, niños y adolescentes, se suman las situaciones de violencia y abuso que padecen a diario. Con la virtualidad que impuso la pandemia, aumentó la exposición al grooming –acoso sexual que ejerce un adulto a través de un medio digital– y la violencia de género en el ciberespacio. Para mitigarlos, garantizar la Educación Sexual Integral (ESI) es fundamental y requiere el impulso del Estado. En cada jurisdicción existen particularidades que dificultan su implementación, como la estigmatización del rol docente, la precarización de la profesión, los intereses y las creencias personales de las autoridades, y la falta de recursos para los proyectos institucionales. En muchos casos, la presencia de la ESI en las aulas termina dependiendo de la voluntad y el compromiso de maestras y maestros. Y con la enseñanza a distancia, aparecieron otras dificultades.

Licenciada en Ciencias de la Educación, doctoranda, investigadora y docente, Laura Sirotzky es la titular de la Subsecretaría de Educación Social y Cultural del Ministerio de Educación de la Nación. Entrevistada por ANCCOM, explica las estrategias para sostener la continuidad pedagógica de la ESI en todo el territorio. Durante octubre y noviembre repasa, se desarrollaron diversas actividades con motivo de los 14 años de sancionada la Ley 26.150, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral: conversatorios, se difundieron informes sobre las experiencias escolares en distintas provincias y se presentó el Observatorio Federal de Implementación de la Educación Sexual Integral.

Para Sirotsky, la ESI es un asunto público que concentra tensiones y debates, parte de una agenda de políticas que tienden a construir una sociedad más igualitaria. “Desde esta perspectiva, todos y todas debemos, a lo largo de la educación obligatoria, recibir información y aprender, sin excepción, a cuidar el cuerpo y la salud, a valorar la afectividad, a garantizar la equidad de género, a respetar la diversidad y a ejercer nuestros derechos”.

¿Qué acciones se han llevado adelante para garantizar la ESI en pandemia?

Con la interrupción de las clases presenciales, el Ministerio de Educación desarrolló, y continúa haciéndolo, el Programa Seguimos Educando, que se conforma a partir de dispositivos de acompañamiento pedagógico en simultáneo, por niveles y ciclos, a través de la televisión, por los medios públicos, las radios, la plataforma virtual de Educ.Ar, y cuadernillos impresos para llegar a zonas donde la accesibilidad a Internet es más dificultosa. La ESI ahí tiene un lugar destacado. Está presente todas las semanas en los programas de radio y televisión, en función de los contenidos acordados en el Consejo Federal de Educación. Ha tenido una sección específica para darle visibilidad y hemos trabajado transversalizándola, como indican los lineamientos curriculares. También está en los cuadernos y en colecciones especiales de la plataforma de navegabilidad gratuita como “Más ESI, Más Derechos”, en los que se abordan todos los ejes con recursos y propuestas para estudiantes, docentes y familias. Además, se suma la continuidad de acciones de formación docente que son centrales para seguir fortaleciendo la ESI. Más de 25 mil docentes se anotaron este año en los cursos del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD) y estamos trabajando para profundizar esta propuesta consolidando un trayecto formativo de especialización en ESI.

¿Qué problemas han encontrado para la implementación de la ESI?

Para las escuelas, repensar las estrategias de enseñanza a distancia, buscar las formas de seguir en contacto y educando, fue un desafío. Que las y los estudiantes puedan dar continuidad a los procesos de aprendizaje. Para la educación sexual integral implicó desafíos específicos, que son también una oportunidad para visibilizar todo lo que la ESI es –que es más que hablar de anticoncepción y relaciones sexuales– y ampliar ese universo que tradicionalmente se piensa. También el trabajo con las jurisdicciones es central. No podemos hacerlo si no es articuladamente, consensuando y aunando esfuerzos. Todavía quedan desafíos pendientes para garantizar la plena implementación de la Ley N° 26.150. Para eso trabajamos de manera conjunta, teniendo en cuenta que cada territorio tiene sus particularidades, experiencias e historias.

¿Cómo actúa la Subsecretaría ante la vulneración de derechos en el ámbito educativo?

Existen protocolos y guías, cada jurisdicción tiene sus instrumentos para intervenir. Estamos trabajando actualmente en nuevas herramientas para que las escuelas sean espacios libres de violencia y discriminación. Sabemos que el contexto de aislamiento profundiza estas situaciones. Desde la Subsecretaría venimos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, el Ministerio de Salud y otros organismos del Estado para aunar esfuerzos en su abordaje, porque sabemos que la escuela cumple un rol central en esto. Es a dónde los niños/, las niñas y los adolescentes construyen vínculos de confianza, es donde se detectan situaciones y se puede acompañar y orientar a las familias para que las instituciones correspondientes intervengan. Pero la escuela sola no puede, por eso el proceso de articulación territorial es fundamental para consolidar redes que garanticen el pleno ejercicio.

Al primer semestre de 2020 no se ejecutó el presupuesto del Programa Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral, ¿por qué?

La ESI tiene un lugar central en las políticas del Ministerio de Educación que se financian a través de múltiples acciones. La limitación del análisis de desempeño del semestre está vinculada a la reestructuración de los lineamientos del programa. En la gestión anterior, la línea de Fortalecimiento de la ESI estaba en otro programa presupuestario. Por la pandemia, se demoró este procedimiento, pero está en plena ejecución y durante el primer semestre se ejecutó casi el 75% a través de la asignación específica a las jurisdicciones. Además, en lo que va del año lleva una inversión que duplica ese presupuesto en otras acciones como formación docente, elaboración de materiales de Seguimos Educando, producción audiovisual para radio, televisión, contenidos de la Plataforma Educativa, entre otras.

¿Qué es el Observatorio Federal de Implementación de la Educación Sexual Integral?

Desde la sanción de la Ley de ESI (en 2006), las acciones de seguimiento e investigación fueron realizadas desde el Estado nacional, las jurisdicciones, organismos internacionales, universidades y organizaciones de la sociedad civil, entre otros actores y actrices. Sin embargo, es sostenible la demanda respecto de tener a disposición acceso a información sistemática y de calidad que pueda dar cuenta del desarrollo de todas estas acciones y de la implementación de la ESI en todo el territorio. Queremos conocer las experiencias, el impacto de la ESI y lo que aún falta. La información es fundamental para construir políticas públicas sólidas. Con este objetivo se crea y pone en funciones el Observatorio, el cual tendrá una mirada federal, multiagencial, transversal e interseccional, y estará dedicado a la investigación, monitoreo y seguimiento de la implementación de esta política pública. La propuesta es generar conocimiento sobre todas las dimensiones y actores involucrados en la implementación de la ESI, para lograr que se cumpla plenamente este derecho. Se trata de una cuestión que requiere del compromiso de todas y todos para construir una sociedad más justa, igualitaria, con plena vigencia de los derechos.

¿Cuáles son los objetivos a largo plazo?

Garantizar la plena implementación. La ley de Educación Sexual Integral va a cumplir 15 años, tiene un camino recorrido que necesitamos poner en valor conociendo el impacto de las acciones realizadas y delinear las mejores estrategias para lo que falta. Esta ley plantea procesos de transformación profundos. Garantizar la ESI es garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes de acceder a información confiable, segura, validada científicamente, actualizada, y a partir de allí, además, fortalecer el ejercicio del derecho a la salud, a vivir una sexualidad plena, a expresar su identidad, a una vida libre de violencias y discriminación.

La ESI a distancia

La ESI a distancia

De acuerdo a una serie de informes de UNICEF, se estima que más de 13 millones y medio de estudiantes del nivel inicial, primario y secundario se vieron afectados por la suspensión de las clases presenciales. El panorama es más preocupante aun cuando el acceso a infraestructura, la apropiación de tecnología y las circunstancias de vida que posibilitan, en parte, la continuidad de la escuela y de los vínculos entre docentes y alumnos, muestran brechas y desigualdades. A esto se suma el agravamiento de problemáticas como las violencias en las infancias y adolescencias. En este escenario, la ESI resulta fundamental y su despliegue exige la presencia del Estado, así como un involucramiento social activo.

Analía Morra es profesora de nivel secundario en CABA: “Cuesta que la ESI forme parte del proyecto institucional. Más allá de buscar espacios y de planificar encuentros que abarquen algunos de los ejes de la ESI relacionados con mi materia, lo que cuesta mucho es armar equipos de referentes. Hay muchas escuelas donde no están”.

La Resolución 340/18 del Consejo Federal de Educación estableció el objetivo de promover la organización de un equipo de ESI en todas las escuelas del país, que lleve adelante un enfoque interdisciplinario y que se articule con el proyecto institucional de cada establecimiento. La normativa fue impulsada por la necesidad de garantizar a toda la población el acceso a la información, métodos y prestaciones de servicios sobre salud sexual y procreación responsable, y de prevenir y erradicar la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, la violencia de género, la trata y explotación de personas, y el embarazo no intencional en la adolescencia. También incluyó la creación de acciones que amparen el derecho a la identidad de género y un ejercicio pleno de la salud en base a la igualdad, el respeto a la diversidad, la justicia social y la libertad.

La resolución ratificó el compromiso de todas las jurisdicciones del país a hacer efectivo el cumplimiento del Programa de ESI en su enfoque integral que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. ¿Qué acciones se hicieron efectivas a lo largo de estos años? ¿Qué ocurre en el contexto actual con la incorporación de estos contenidos en las propuestas educativas?

“Durante muchos años, la implementación tuvo relación directa con la voluntad de cada uno de los docentes que militamos la ESI. Quienes llevamos adelante estas propuestas somos también quienes activamente estamos haciendo fuerza para que se complete y se concrete”, afirma Analía.

El abordaje de la ESI no se promueve de manera institucional y frente a esta dificultad se sumó la de la enseñanza remota por la pandemia. Los y las docentes no pararon de trabajar en ningún momento: se capacitan, diseñan nuevas estrategias y planificaciones, y realizan un seguimiento con cada una de las chicas y chicos que tienen en los cursos. La necesidad de enfocarse en determinados contenidos prioritarios, siguiendo la propuesta del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, relega más a la ESI. A pesar de ser incluida en esa selección –a través de ciertos ejes– los tiempos y las posibilidades de encuentro entre docentes y estudiantes se vieron acotadas. En definitiva, la implementación queda en manos de las escuelas y de los equipos comprometidos con los derechos de los estudiantes.

El abordaje que se realiza para que la educación sexual integral sea garantizada a cada niño, niña y adolescente, no es una simple transmisión de conocimientos. Interpela la formación docente e implica a las personas en sus experiencias íntimas de vida. “Las capacitaciones en ESI son vivenciales, incluyen atravesar y recorrer nuestra propia historia, ponernos en situación, analizar casos, tomar decisiones entre pares. Nos lleva a trabajar frente a frente, a crear un clima de confianza y a generar debates. Una cuestión que es muy difícil ahora”, sostiene Analía. Es más complejo el acompañamiento porque la ESI no solamente se trabaja en el aula sino además en los pasillos, agrega. En esos lugares que no son tan públicos, muchas veces los pibes y las pibas se acercan a docentes en la búsqueda de escucha. “Se dieron las situaciones de chicos y chicas que nos golpean la puerta virtualmente con algunos de los problemas que están sufriendo en sus casas: desde algún caso de abuso hasta la violencia cotidiana a las que ahora están expuestos todo el día. Para muchos chicos, la escuela es un lugar de escape, un refugio, un lugar donde encontrar otras respuestas y sentirse seguros. En este contexto, la situación para ellos empeora si en sus casas el clima no es bueno”, concluye.

Capacitación y presupuesto

Norma Sotelo es profesora de teatro y trabaja en la provincia de Buenos Aires, en un barrio donde las situaciones de vulnerabilidad y desigualdad se hacen visibles. “En el nivel inicial se trabaja la ESI, pero con la pandemia la educación a distancia se da con muy poca población porque casi no hay conectividad. Esa es la realidad”. El trabajo docente es arduo y angustiante. El mayor contacto con los niños y niñas lo tienen las maestras de sala, pero las respuestas son pocas. Según Norma, inciden distintos factores: las familias consideran que es un nivel más fácil de recuperar, hay preocupación por los problemas económicos y el contexto, el uso de las herramientas digitales es desigual y la conectividad es baja, casi nula. También es docente en una escuela primaria intensificada en artes de CABA donde la ESI está instalada, aunque el proceso es lento y con dificultades. Con el tiempo ha ido evolucionando y el trabajo, particularmente este año, es transversal: corresponde tanto a maestras de grado como a profesoras curriculares. Además, articulan entre docentes y se abordan ejes como las emociones, la escucha, el respeto por el cuerpo y la diversidad, y los estereotipos de género. “Cuesta que baje la ESI a las escuelas, pero se está haciendo cada vez con más continuidad y con mayor seguimiento”, sostiene.

Existen provincias adheridas formalmente a la ley donde no hay una política activa para llevar implementarla. Noemí Solís es profesora de Economía en el nivel medio y forma parte de la Red Nacional de Docentes por el Derecho a Decidir de Tucumán. Explica que la baja conectividad y la escasez de los recursos económicos son factores determinantes que impiden la continuidad escolar. Pese a no haber una institucionalización de los contenidos de la ESI, hoy los docentes ven la importancia de trabajar cuestiones vinculadas a la afectividad y la violencia de género. En el marco de la integralidad, pueden comprender que la ESI no es sinónimo de hablar de relaciones sexuales. El tabú se vincula con el enfoque moralista que predomina en la provincia, incluso más que el médico-biologicista, afirma Noemí. En la comunidad docente se ha podido visualizar la multiplicidad de temáticas y de materias que habilitan los ejes de la ESI. Sin embargo, las capacitaciones provienen de planes e institutos nacionales. Los intereses de sectores religiosos y las creencias personales de las autoridades políticas, derivan en la ausencia de un presupuesto destinado a políticas de género y en la falta de un trabajo sostenido para incorporar la ESI en el derecho de enseñar y aprender.

A nivel nacional, los cursos de la plataforma del Instituto Nacional de Formación Docente tienen una gran demanda de los docentes de la provincia en temáticas relacionadas a la ESI. El docente que se capacita, que reflexiona y da cuenta del enfoque de derechos, asume una responsabilidad y se profesionaliza. Conocer los lineamientos curriculares les otorga seguridad para trabajar la ESI y, además, posteriormente puede llegar a las familias. “La capacitación puede ser la puerta de entrada para que un mayor número de docentes de cuenta de cuál es el enfoque de la ESI y no hablen a partir de lo que muchas veces se naturaliza como verdad, dado los enfoques predominantes. También del miedo, porque sucede que son temáticas que nos atraviesan a todos. Es darte cuenta que vos no estás exenta de la violencia ni de situaciones de abuso que hayas pasado en tu niñez, o inclusive ahora en tu adultez. Que esta conducta de responsabilidad y cuidado también nos atraviesa porque no solamente enseñamos y somos docentes”. Las dificultades y las resistencias tienen que ver con el desconocimiento, cuenta Noemí. “Cuando hay capacitación se corre con esos mitos y falsas creencias que hay en relación a los contenidos y que están muy llevados adelante por los fundamentalistas que se oponen a la ESI. Entonces el docente tiene un respaldo. También las iglesias tienen mucho peso en este marco, dificultan porque tienen una cercanía muy fuerte con el gobierno. Se hace muy difícil la viabilidad cuando quienes nos representan se oponen a un derecho de niñas, niños y adolescentes. Es tarea de las y los docentes, pero sin presupuesto y sin capacitación es inviable”.