Por Mariel Fontanet Peres
Fotografía: Juan Ignacio Galvalisi

A la pobreza que vulnera a niñas, niños y adolescentes, se suman las situaciones de violencia y abuso que padecen a diario. Con la virtualidad que impuso la pandemia, aumentó la exposición al grooming –acoso sexual que ejerce un adulto a través de un medio digital– y la violencia de género en el ciberespacio. Para mitigarlos, garantizar la Educación Sexual Integral (ESI) es fundamental y requiere el impulso del Estado. En cada jurisdicción existen particularidades que dificultan su implementación, como la estigmatización del rol docente, la precarización de la profesión, los intereses y las creencias personales de las autoridades, y la falta de recursos para los proyectos institucionales. En muchos casos, la presencia de la ESI en las aulas termina dependiendo de la voluntad y el compromiso de maestras y maestros. Y con la enseñanza a distancia, aparecieron otras dificultades.

Licenciada en Ciencias de la Educación, doctoranda, investigadora y docente, Laura Sirotzky es la titular de la Subsecretaría de Educación Social y Cultural del Ministerio de Educación de la Nación. Entrevistada por ANCCOM, explica las estrategias para sostener la continuidad pedagógica de la ESI en todo el territorio. Durante octubre y noviembre repasa, se desarrollaron diversas actividades con motivo de los 14 años de sancionada la Ley 26.150, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral: conversatorios, se difundieron informes sobre las experiencias escolares en distintas provincias y se presentó el Observatorio Federal de Implementación de la Educación Sexual Integral.

Para Sirotsky, la ESI es un asunto público que concentra tensiones y debates, parte de una agenda de políticas que tienden a construir una sociedad más igualitaria. “Desde esta perspectiva, todos y todas debemos, a lo largo de la educación obligatoria, recibir información y aprender, sin excepción, a cuidar el cuerpo y la salud, a valorar la afectividad, a garantizar la equidad de género, a respetar la diversidad y a ejercer nuestros derechos”.

¿Qué acciones se han llevado adelante para garantizar la ESI en pandemia?

Con la interrupción de las clases presenciales, el Ministerio de Educación desarrolló, y continúa haciéndolo, el Programa Seguimos Educando, que se conforma a partir de dispositivos de acompañamiento pedagógico en simultáneo, por niveles y ciclos, a través de la televisión, por los medios públicos, las radios, la plataforma virtual de Educ.Ar, y cuadernillos impresos para llegar a zonas donde la accesibilidad a Internet es más dificultosa. La ESI ahí tiene un lugar destacado. Está presente todas las semanas en los programas de radio y televisión, en función de los contenidos acordados en el Consejo Federal de Educación. Ha tenido una sección específica para darle visibilidad y hemos trabajado transversalizándola, como indican los lineamientos curriculares. También está en los cuadernos y en colecciones especiales de la plataforma de navegabilidad gratuita como “Más ESI, Más Derechos”, en los que se abordan todos los ejes con recursos y propuestas para estudiantes, docentes y familias. Además, se suma la continuidad de acciones de formación docente que son centrales para seguir fortaleciendo la ESI. Más de 25 mil docentes se anotaron este año en los cursos del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD) y estamos trabajando para profundizar esta propuesta consolidando un trayecto formativo de especialización en ESI.

¿Qué problemas han encontrado para la implementación de la ESI?

Para las escuelas, repensar las estrategias de enseñanza a distancia, buscar las formas de seguir en contacto y educando, fue un desafío. Que las y los estudiantes puedan dar continuidad a los procesos de aprendizaje. Para la educación sexual integral implicó desafíos específicos, que son también una oportunidad para visibilizar todo lo que la ESI es –que es más que hablar de anticoncepción y relaciones sexuales– y ampliar ese universo que tradicionalmente se piensa. También el trabajo con las jurisdicciones es central. No podemos hacerlo si no es articuladamente, consensuando y aunando esfuerzos. Todavía quedan desafíos pendientes para garantizar la plena implementación de la Ley N° 26.150. Para eso trabajamos de manera conjunta, teniendo en cuenta que cada territorio tiene sus particularidades, experiencias e historias.

¿Cómo actúa la Subsecretaría ante la vulneración de derechos en el ámbito educativo?

Existen protocolos y guías, cada jurisdicción tiene sus instrumentos para intervenir. Estamos trabajando actualmente en nuevas herramientas para que las escuelas sean espacios libres de violencia y discriminación. Sabemos que el contexto de aislamiento profundiza estas situaciones. Desde la Subsecretaría venimos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, el Ministerio de Salud y otros organismos del Estado para aunar esfuerzos en su abordaje, porque sabemos que la escuela cumple un rol central en esto. Es a dónde los niños/, las niñas y los adolescentes construyen vínculos de confianza, es donde se detectan situaciones y se puede acompañar y orientar a las familias para que las instituciones correspondientes intervengan. Pero la escuela sola no puede, por eso el proceso de articulación territorial es fundamental para consolidar redes que garanticen el pleno ejercicio.

Al primer semestre de 2020 no se ejecutó el presupuesto del Programa Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral, ¿por qué?

La ESI tiene un lugar central en las políticas del Ministerio de Educación que se financian a través de múltiples acciones. La limitación del análisis de desempeño del semestre está vinculada a la reestructuración de los lineamientos del programa. En la gestión anterior, la línea de Fortalecimiento de la ESI estaba en otro programa presupuestario. Por la pandemia, se demoró este procedimiento, pero está en plena ejecución y durante el primer semestre se ejecutó casi el 75% a través de la asignación específica a las jurisdicciones. Además, en lo que va del año lleva una inversión que duplica ese presupuesto en otras acciones como formación docente, elaboración de materiales de Seguimos Educando, producción audiovisual para radio, televisión, contenidos de la Plataforma Educativa, entre otras.

¿Qué es el Observatorio Federal de Implementación de la Educación Sexual Integral?

Desde la sanción de la Ley de ESI (en 2006), las acciones de seguimiento e investigación fueron realizadas desde el Estado nacional, las jurisdicciones, organismos internacionales, universidades y organizaciones de la sociedad civil, entre otros actores y actrices. Sin embargo, es sostenible la demanda respecto de tener a disposición acceso a información sistemática y de calidad que pueda dar cuenta del desarrollo de todas estas acciones y de la implementación de la ESI en todo el territorio. Queremos conocer las experiencias, el impacto de la ESI y lo que aún falta. La información es fundamental para construir políticas públicas sólidas. Con este objetivo se crea y pone en funciones el Observatorio, el cual tendrá una mirada federal, multiagencial, transversal e interseccional, y estará dedicado a la investigación, monitoreo y seguimiento de la implementación de esta política pública. La propuesta es generar conocimiento sobre todas las dimensiones y actores involucrados en la implementación de la ESI, para lograr que se cumpla plenamente este derecho. Se trata de una cuestión que requiere del compromiso de todas y todos para construir una sociedad más justa, igualitaria, con plena vigencia de los derechos.

¿Cuáles son los objetivos a largo plazo?

Garantizar la plena implementación. La ley de Educación Sexual Integral va a cumplir 15 años, tiene un camino recorrido que necesitamos poner en valor conociendo el impacto de las acciones realizadas y delinear las mejores estrategias para lo que falta. Esta ley plantea procesos de transformación profundos. Garantizar la ESI es garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes de acceder a información confiable, segura, validada científicamente, actualizada, y a partir de allí, además, fortalecer el ejercicio del derecho a la salud, a vivir una sexualidad plena, a expresar su identidad, a una vida libre de violencias y discriminación.