La abogada Claudia Cesaroni acaba de publicar su nuevo libro, «Contra el punitivismo», donde desarma los argumentos que exigen mano dura cada vez que un crimen impacta en la opinión pública. ¿Por qué las mujeres son víctimas de las políticas del encierro? Entrevista publicada el 25 de febrero de 2022.

“Quilmeña. Gallina. Brigadista. Abogada. Docente. Un hijo, un nieto. Milito, escribo y hablo.” Así se describe en su cuenta de Twitter la abogada y escritora Claudia Cesaroni. Autora de varios libros que ponen en discusión las políticas punitivistas o, en criollo, políticas de mano dura. Entre ellos se encuentran: La vida como castigo, Un partido sin papá y El dolor como política de tratamiento. La abogada habló con ANCCOM sobre su nuevo libro, Contra el punitivismo, y puso en discusión los mitos que rondan alrededor de las personas que cometen crímenes. 

 Antes de responder cualquier pregunta, a Cesaroni (haciéndole honor a su rol de docente) le pareció indispensable explicar qué es el punitivismo: “El punitivismo trae aparejada la idea de que el castigo cada vez más duro y extenso soluciona tanto los delitos más graves, como un homicidio o una violación, hasta los más simples”. Qué hacer con las personas que cometen crímenes ha sido un tema de grandes discusiones a lo largo de la humanidad, polémicas que, según la autora, siempre se solucionan con más años de cárcel: “Aún en los casos más graves, cuestiono la duración de ese castigo. Deberíamos pensar otras alternativas que probablemente sean más satisfactorias para que no se vuelvan a repetir los hechos o que tengan un efecto pedagógico.”

 Pensar en otras soluciones le parece clave a la autora a la hora de decidir qué hacer con la gente que llega a cometer algún delito. Pero, es inevitable preguntar:

¿Qué otras soluciones se pueden aplicar además de la cárcel? ¿Cómo se le responde a la víctima que pide justicia?

En los casos graves es difícil pensar en otra solución que no sea el encierro, pero lo que sí optan otros países es por hacer que la pena no sea tan larga. En algunos países como España o Colombia, y también acá (pero muy de vez en cuando), se aplica algo que se llama mediación penal, sobre todo en el ámbito juvenil. Por ejemplo, si un pibito viene corriendo y le roba el celular a alguien, se intentan instancias de mediación penal donde las dos partes se sientan con su abogado, junto al Estado, y se piensa cuál sería la mejor manera de reparar el daño que se hizo. ¿Qué es mejor? ¿Que el pibe ese vaya tres años a la cárcel o que eventualmente trabaje para devolver el celular además de pedir disculpas? Aunque lo más importante es que el Estado, junto con la sociedad, ayuden a ese pibe a no volver a cometer delitos. Pero no es fácil pensar esas soluciones, lo más fácil es mandar a la gente presa. 

Hay algo que queda claro, hay crímenes que no pueden responderse más que con la cárcel, pero, sin olvidar los derechos de cada una de las partes: “Las personas que cometen delitos también tienen derechos. Como, por ejemplo, el derecho a la reinserción, que le permite a la persona que estuvo presa volver a la sociedad libre. Si le imponen una pena de 30 años a alguien de 20, ese derecho es absolutamente negado. Esa persona va a volver a la sociedad con una edad avanzada y totalmente inhabilitada para la convivencia social, o directamente muerta”, afirma Cesaroni. 

La autora sostiene que la cárcel no solo afecta a quien está condenado, sino que todo lo que gira a su alrededor también se ve alterado: “Mayoritariamente son las mujeres las que se hacen cargo de la situación; ahí hay un colectivo de mujeres absolutamente vulnerado que tiene que hacerse cargo económicamente de sostener a su preso, todo ese gasto no se evalúa. Cuando hablamos de políticas de cuidado, en general, no se mira a las acciones que llevan adelante las mujeres vinculadas a una persona privada de la libertad”. Agregado al gasto que le pueda generar a su familia, Cesaroni resalta el gasto público que genera tener personas privadas de la libertad: “A todos nos conviene que haya menos gente presa, más allá de una cuestión humanista, por una cuestión económica. Un preso cuesta mucha plata, desde los gastos judiciales, el personal penitenciario, los micros de traslado, etcétera.”

Pero, si un preso cuesta mucha plata, ¿por qué se sigue sosteniendo ese gasto?

Se gasta porque el Servicio Penitenciario recibe un enorme presupuesto. Justamente el cuestionamiento que siempre hacemos es que nunca se investiga qué se hace con ese dinero. Lo que sí sabemos es que las cosas con las que viven los presos, la comida, la ropa, los elementos de higiene no los proveen el sistema, sino las familias. Y muchas veces cuando se necesita hacer un traslado se dice que no hay dinero para la nafta. El presupuesto del sistema penitenciario es una gran caja en la que se pone muy poco la lupa.

Las cifras que maneja el sistema penitenciario, según Cesaroni, son borrosas y pocos claras. No se puede acceder fácilmente a algún presupuesto o detalle de gastos realizados, a diferencia de otras instituciones que tienen, o al menos eso parece, las cuentas un poco más claras.

¿Las políticas de mano dura corresponden a una falta de acción por parte del Estado?

No creo que el Estado esté ausente, sino que el Estado aparece de una sola manera: en lugar de prevenir, interviene siempre castigando. Es una respuesta fácil, por ejemplo, si no pueden evitar los femicidios, al femicida le meten 50 años de cárcel. Por mi parte, elegiría invertir mucho más tiempo y dinero en evitar que haya una muerta antes de festejar que le metan 50 años de cárcel al autor del hecho.

Los femicidios y el punitivismo demostraron ser temas sensibles a la hora de discutirlos, por eso la autora decidió explicar el panorama trayendo ejemplos de la realidad argentina. La abogada menciona el caso de Micaela García y la modificación que se realizó a partir de este en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad donde se limitaron las salidas transitorias (ya que el autor del hecho se encontraba aplicando ese derecho) a personas no solamente condenadas por delitos sexuales sino también por homicidio, robo a mano armada y hasta cultivo de cannabis: “En el caso de Mica García es muy importante la posición que tuvieron las compañeras del movimiento “Ni una menos” cuando se usó el caso para directamente dinamitar el sistema de ejecución de las penas en nuestro país (que es él se encarga del manejo de las personas que ya están condenadas). Ellas dijeron: “No en nuestro nombre”. Me parece muy valiente la posición de las compañeras de pedir que no se las use para aplicar políticas de mano dura. Lo que ellas reclamaban era otra cosa, más ligada a la prevención de esos hechos. Obviamente que no les dieron lugar y siguieron con la reforma”.

 Por otro lado, la autora menciona un caso que obtuvo mucha relevancia e indignación hace unos días: el de Chiara Páez: “En este caso, lo polémico fue la forma en la que se presentaron los hechos. La noticia fue: “Anulan la condena del femicida de Chiara” y obviamente apareció la respuesta de indignación de la gente. Pero en realidad, esa sentencia está bien porque lo que dice la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe es que el adolescente autor del hecho, Manuel Masilla, debió ser condenado como menor de edad. Nadie explica esto, dicen: ‘Un femicida libre’, que tampoco está libre, sino que se pide que se lo vuelva a someter a juicio en un tribunal de menores”. El caso de Chiara tocó, sin dudas, fibras profundas en las distintas ramas de feminismo: “El planteo fue que la justicia no tiene perspectiva de género, que muchas veces se da, pero tiene que tener también perspectiva de infancia. Me parece que a veces hay ciertos feminismos que, en función de la perspectiva de género, se olvidan de la perspectiva de derechos humanos”, agrega Claudia. 

 Estos casos detallados por la abogada tienen algo en común: fueron sumamente mediáticos. Los medios de comunicación tienen, según ella, un rol determinante a la hora de aplicar o discutir políticas de mano dura. 

 ¿Siempre es negativa la participación de los medios en este tipo de casos?

 Hay muy poca gente que sabe de estos temas que hable en los medios y cuando se invita a abogados especialistas, en general, son punitivistas. Las posiciones más críticas, que tratan de ver el fenómeno del delito desde otro lugar, prácticamente no están. Sumado a eso, está el morbo que genera la víctima llorando por el delito recién cometido y pidiendo justicia, que se combina con la empatía por el dolor que se genera en la audiencia. Aunque, sin duda hay un doble estándar en las víctimas porque hay algunas que se muestran y hay otras que no existen. Por ejemplo, el 14 de febrero una policía mató de un disparo en el pecho a un pibe de diecinueve años en Mendoza y el hecho no apareció por ningún lado. Este pibe no existe, es un acto cometido por las fuerzas armadas y, encima, si se quiere más morbo, por una mujer. Entonces, en la determinación de lo que es o no noticia, la manera en que se presenta y a quien se consulta, los medios tienen una gran responsabilidad. 

 Cesaroni a la hora de argumentar quién es el mayor responsable tiene una respuesta diferente: “Mucha más responsabilidad que los medios la tienen los sectores políticos, no solamente los partidos sino sindicatos, sectores educativos, etc. Son temas que no escuchan, ni atienden y tampoco les importa. Los dirigentes políticos, los funcionarios públicos tienen pánico de hablar estos temas, votan cosas que muchas veces en las discusiones parlamentarias admiten que no sirven, pero las votan igual porque es la demanda pública. Es una manera alevosa de lavarse las manos”. 

 Entonces, si las políticas de mano dura no son una solución, ¿por qué siempre se recurre a lo mismo?

 Porque es una solución fácil. Todas las reformas que se dieron a lo largo de los años estuvieron siempre relacionadas a un hecho de impacto público, como el secuestro y asesinato de Axel Blumberg, el femicidio de Mica García, etcétera. Frente a cada uno de esos hechos, que nadie niega que sean dolorosos e irreparables, la respuesta inmediata fue más años de prisión. Pero eso no le devuelve la vida a nadie ni tampoco evita que se sigan cometiendo asesinatos y secuestros.

 La pregunta sigue siendo la misma, y la respuesta es cada vez más compleja. ¿Qué se hizo antes, y que se hace durante y después con una persona que comete un delito? Según Claudia Cesaroni, los caminos fáciles y rápidos no solucionan nada y siguen llenando de gente las cárceles. 

 Unos días después de la entrevista, Claudia publicó en Twitter que intentaron entrar a su casa de Quilmes. Al día siguiente publicó una foto suya que decía: “Me tomé el día post robo, lloré, arranqué yuyos y me puse mi remera gallardista #ElijoSeguirEstando”. La mayoría de los comentarios fueron “jodete”. Al parecer el castigo no es solo para quienes cometen crímenes sino también para quienes  defienden que todo se sostenga sobre los fundamentos de los derechos humanos. 

La abogada Claudia Cesaroni acaba de publicar su nuevo libro, «Contra el punitivismo», donde desarma los argumentos que exigen mano dura cada vez que un crimen impacta en la opinión pública. ¿Por qué las mujeres son víctimas de las políticas del encierro?

“Quilmeña. Gallina. Brigadista. Abogada. Docente. Un hijo, un nieto. Milito, escribo y hablo.” Así se describe en su cuenta de Twitter la abogada y escritora Claudia Cesaroni. Autora de varios libros que ponen en discusión las políticas punitivistas o, en criollo, políticas de mano dura. Entre ellos se encuentran: La vida como castigo, Un partido sin papá y El dolor como política de tratamiento. La abogada habló con ANCCOM sobre su nuevo libro, Contra el punitivismo, y puso en discusión los mitos que rondan alrededor de las personas que cometen crímenes. 

 Antes de responder cualquier pregunta, a Cesaroni (haciéndole honor a su rol de docente) le pareció indispensable explicar qué es el punitivismo: “El punitivismo trae aparejada la idea de que el castigo cada vez más duro y extenso soluciona tanto los delitos más graves, como un homicidio o una violación, hasta los más simples”. Qué hacer con las personas que cometen crímenes ha sido un tema de grandes discusiones a lo largo de la humanidad, polémicas que, según la autora, siempre se solucionan con más años de cárcel: “Aún en los casos más graves, cuestiono la duración de ese castigo. Deberíamos pensar otras alternativas que probablemente sean más satisfactorias para que no se vuelvan a repetir los hechos o que tengan un efecto pedagógico.”

 Pensar en otras soluciones le parece clave a la autora a la hora de decidir qué hacer con la gente que llega a cometer algún delito. Pero, es inevitable preguntar:

¿Qué otras soluciones se pueden aplicar además de la cárcel? ¿Cómo se le responde a la víctima que pide justicia?

En los casos graves es difícil pensar en otra solución que no sea el encierro, pero lo que sí optan otros países es por hacer que la pena no sea tan larga. En algunos países como España o Colombia, y también acá (pero muy de vez en cuando), se aplica algo que se llama mediación penal, sobre todo en el ámbito juvenil. Por ejemplo, si un pibito viene corriendo y le roba el celular a alguien, se intentan instancias de mediación penal donde las dos partes se sientan con su abogado, junto al Estado, y se piensa cuál sería la mejor manera de reparar el daño que se hizo. ¿Qué es mejor? ¿Que el pibe ese vaya tres años a la cárcel o que eventualmente trabaje para devolver el celular además de pedir disculpas? Aunque lo más importante es que el Estado, junto con la sociedad, ayuden a ese pibe a no volver a cometer delitos. Pero no es fácil pensar esas soluciones, lo más fácil es mandar a la gente presa. 

Hay algo que queda claro, hay crímenes que no pueden responderse más que con la cárcel, pero, sin olvidar los derechos de cada una de las partes: “Las personas que cometen delitos también tienen derechos. Como, por ejemplo, el derecho a la reinserción, que le permite a la persona que estuvo presa volver a la sociedad libre. Si le imponen una pena de 30 años a alguien de 20, ese derecho es absolutamente negado. Esa persona va a volver a la sociedad con una edad avanzada y totalmente inhabilitada para la convivencia social, o directamente muerta”, afirma Cesaroni. 

La autora sostiene que la cárcel no solo afecta a quien está condenado, sino que todo lo que gira a su alrededor también se ve alterado: “Mayoritariamente son las mujeres las que se hacen cargo de la situación; ahí hay un colectivo de mujeres absolutamente vulnerado que tiene que hacerse cargo económicamente de sostener a su preso, todo ese gasto no se evalúa. Cuando hablamos de políticas de cuidado, en general, no se mira a las acciones que llevan adelante las mujeres vinculadas a una persona privada de la libertad”. Agregado al gasto que le pueda generar a su familia, Cesaroni resalta el gasto público que genera tener personas privadas de la libertad: “A todos nos conviene que haya menos gente presa, más allá de una cuestión humanista, por una cuestión económica. Un preso cuesta mucha plata, desde los gastos judiciales, el personal penitenciario, los micros de traslado, etcétera.”

Pero, si un preso cuesta mucha plata, ¿por qué se sigue sosteniendo ese gasto?

Se gasta porque el Servicio Penitenciario recibe un enorme presupuesto. Justamente el cuestionamiento que siempre hacemos es que nunca se investiga qué se hace con ese dinero. Lo que sí sabemos es que las cosas con las que viven los presos, la comida, la ropa, los elementos de higiene no los proveen el sistema, sino las familias. Y muchas veces cuando se necesita hacer un traslado se dice que no hay dinero para la nafta. El presupuesto del sistema penitenciario es una gran caja en la que se pone muy poco la lupa.

Las cifras que maneja el sistema penitenciario, según Cesaroni, son borrosas y pocos claras. No se puede acceder fácilmente a algún presupuesto o detalle de gastos realizados, a diferencia de otras instituciones que tienen, o al menos eso parece, las cuentas un poco más claras.

¿Las políticas de mano dura corresponden a una falta de acción por parte del Estado?

No creo que el Estado esté ausente, sino que el Estado aparece de una sola manera: en lugar de prevenir, interviene siempre castigando. Es una respuesta fácil, por ejemplo, si no pueden evitar los femicidios, al femicida le meten 50 años de cárcel. Por mi parte, elegiría invertir mucho más tiempo y dinero en evitar que haya una muerta antes de festejar que le metan 50 años de cárcel al autor del hecho.

Los femicidios y el punitivismo demostraron ser temas sensibles a la hora de discutirlos, por eso la autora decidió explicar el panorama trayendo ejemplos de la realidad argentina. La abogada menciona el caso de Micaela García y la modificación que se realizó a partir de este en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad donde se limitaron las salidas transitorias (ya que el autor del hecho se encontraba aplicando ese derecho) a personas no solamente condenadas por delitos sexuales sino también por homicidio, robo a mano armada y hasta cultivo de cannabis: “En el caso de Mica García es muy importante la posición que tuvieron las compañeras del movimiento “Ni una menos” cuando se usó el caso para directamente dinamitar el sistema de ejecución de las penas en nuestro país (que es él se encarga del manejo de las personas que ya están condenadas). Ellas dijeron: “No en nuestro nombre”. Me parece muy valiente la posición de las compañeras de pedir que no se las use para aplicar políticas de mano dura. Lo que ellas reclamaban era otra cosa, más ligada a la prevención de esos hechos. Obviamente que no les dieron lugar y siguieron con la reforma”.

 Por otro lado, la autora menciona un caso que obtuvo mucha relevancia e indignación hace unos días: el de Chiara Páez: “En este caso, lo polémico fue la forma en la que se presentaron los hechos. La noticia fue: “Anulan la condena del femicida de Chiara” y obviamente apareció la respuesta de indignación de la gente. Pero en realidad, esa sentencia está bien porque lo que dice la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe es que el adolescente autor del hecho, Manuel Masilla, debió ser condenado como menor de edad. Nadie explica esto, dicen: ‘Un femicida libre’, que tampoco está libre, sino que se pide que se lo vuelva a someter a juicio en un tribunal de menores”. El caso de Chiara tocó, sin dudas, fibras profundas en las distintas ramas de feminismo: “El planteo fue que la justicia no tiene perspectiva de género, que muchas veces se da, pero tiene que tener también perspectiva de infancia. Me parece que a veces hay ciertos feminismos que, en función de la perspectiva de género, se olvidan de la perspectiva de derechos humanos”, agrega Claudia. 

 Estos casos detallados por la abogada tienen algo en común: fueron sumamente mediáticos. Los medios de comunicación tienen, según ella, un rol determinante a la hora de aplicar o discutir políticas de mano dura. 

 ¿Siempre es negativa la participación de los medios en este tipo de casos?

 Hay muy poca gente que sabe de estos temas que hable en los medios y cuando se invita a abogados especialistas, en general, son punitivistas. Las posiciones más críticas, que tratan de ver el fenómeno del delito desde otro lugar, prácticamente no están. Sumado a eso, está el morbo que genera la víctima llorando por el delito recién cometido y pidiendo justicia, que se combina con la empatía por el dolor que se genera en la audiencia. Aunque, sin duda hay un doble estándar en las víctimas porque hay algunas que se muestran y hay otras que no existen. Por ejemplo, el 14 de febrero una policía mató de un disparo en el pecho a un pibe de diecinueve años en Mendoza y el hecho no apareció por ningún lado. Este pibe no existe, es un acto cometido por las fuerzas armadas y, encima, si se quiere más morbo, por una mujer. Entonces, en la determinación de lo que es o no noticia, la manera en que se presenta y a quien se consulta, los medios tienen una gran responsabilidad. 

 Cesaroni a la hora de argumentar quién es el mayor responsable tiene una respuesta diferente: “Mucha más responsabilidad que los medios la tienen los sectores políticos, no solamente los partidos sino sindicatos, sectores educativos, etc. Son temas que no escuchan, ni atienden y tampoco les importa. Los dirigentes políticos, los funcionarios públicos tienen pánico de hablar estos temas, votan cosas que muchas veces en las discusiones parlamentarias admiten que no sirven, pero las votan igual porque es la demanda pública. Es una manera alevosa de lavarse las manos”. 

 Entonces, si las políticas de mano dura no son una solución, ¿por qué siempre se recurre a lo mismo?

 Porque es una solución fácil. Todas las reformas que se dieron a lo largo de los años estuvieron siempre relacionadas a un hecho de impacto público, como el secuestro y asesinato de Axel Blumberg, el femicidio de Mica García, etcétera. Frente a cada uno de esos hechos, que nadie niega que sean dolorosos e irreparables, la respuesta inmediata fue más años de prisión. Pero eso no le devuelve la vida a nadie ni tampoco evita que se sigan cometiendo asesinatos y secuestros.

 La pregunta sigue siendo la misma, y la respuesta es cada vez más compleja. ¿Qué se hizo antes, y que se hace durante y después con una persona que comete un delito? Según Claudia Cesaroni, los caminos fáciles y rápidos no solucionan nada y siguen llenando de gente las cárceles. 

 Unos días después de la entrevista, Claudia publicó en Twitter que intentaron entrar a su casa de Quilmes. Al día siguiente publicó una foto suya que decía: “Me tomé el día post robo, lloré, arranqué yuyos y me puse mi remera gallardista #ElijoSeguirEstando”. La mayoría de los comentarios fueron “jodete”. Al parecer el castigo no es solo para quienes cometen crímenes sino también para quienes  defienden que todo se sostenga sobre los fundamentos de los derechos humanos.