Nov 8, 2019 | Novedades, Trabajo
Aún resonaba el impacto del fallo que condenó a cinco trabajadores de la línea 60 a dos años de prisión en suspenso por una medida de fuerza llevada adelante en 2015 cuando se dio a conocer la noticia: la Secretaría de Gestión de Transporte dictaba un nuevo recorte del servicio, que pasará de tener 19 ramales a tan sólo 8. Sucedió el pasado viernes 1 de noviembre e, inmediatamente, los trabajadores declararon el paro total de actividades. Esa misma noche, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días y el servicio fue reanudado. Sin embargo, el conflicto sigue abierto.
La resolución 152/2019 dictamina la reestructuración del trazado de la línea con el fin de adecuarlo “al diseño y necesidades actuales del sistema de transporte público” e implica la supresión de tres recorridos y distintas fusiones entre los restantes. El resultado es el siguiente: tan sólo dos ramales saldrán de Barracas -al sur de la Capital Federal- y llegarán hasta San Isidro y Rincón de Milberg, respectivamente, mientras que aquellos servicios provenientes de Escobar -en la zona norte del conurbano bonaerense- terminarán su trayecto en Barrancas de Belgrano y Plaza Italia. La línea 60, de esta manera, quedará partida en dos.
“Para hacer el recorrido completo, un pasajero deberá abonar dos pasajes en vez de uno, teniendo en cuenta que tampoco accede al beneficio de la tarjeta SUBE porque está dentro de la misma línea”, advierte Sebastián Menconi, delegado en la cabecera de Barracas, y agrega: “Además, por la fusión de los ramales, se está dejando a barrios enteros sin servicio en la zona norte. Barrios sobre todo humildes y de trabajadores como son la zona de Las Tunas o la de Los Troncos en Pacheco”.
La actual medida se ampara en los puntos esbozados a partir de la resolución 137/2018, también de la Secretaría de Gestión de Transporte, en la que se delinean los procedimientos para la modificación de los recorridos de las líneas de colectivo. En los considerandos, se hace hincapié en la necesidad de “generar mecanismos que permitan lograr mayor eficiencia en la gestión empresaria, a través de la búsqueda de la racionalidad, la adecuación de la oferta a la demanda, la disminución de los costos de explotación[…] sin que ello redunde negativamente en la calidad [de los servicios existentes]”. En el caso de la línea 60, se estaría priorizando el interés económico muy por encima del derecho de los usuarios.
En diferentes entrevistas, Julio Marcelo Pasciuto -presidente de MONSA, prestadora del servicio-, utilizó esos mismos argumentos para justificar la modificación en los trayectos: “lo que se trata de hacer —dijo— es adaptar los recorridos a la demanda. El viaje entre Escobar y Barracas dura tres horas y la verdad es que nadie lo hace”. También alegó que estos cambios traerían una mejora a los pasajeros “porque podrán hacer transbordo con otras líneas” y así ahorrar tiempo.
Héctor Cáceres -también delegado en Barracas- sostiene que, al contrario de lo que opina el presidente de la firma, la baja en la demanda se debe a la pauperización del servicio. “Antes los subsidios que venían desde el Estado eran por unidad de transporte. Ellos hacían abuso de esto no sacando los colectivos a laburar. Nosotros hicimos la denuncia ante el ente regulador y al Ministerio de Trabajo, porque eso nos iba a traer un perjuicio a la larga con la pérdida de pasajeros. De los 250.000 usuarios diarios que manejábamos, en este momento quedan un poco más de 90.000”, explica y prosigue: “Con este gobierno, cambió el sistema. El subsidio entra según la cantidad de boletos vendidos, que ya venían reduciéndose. Entonces, en vez de recuperar los pasajeros perdidos, lo que quieren hacer es seguir achicando aún más la línea”. En efecto, según los trabajadores, la frecuencia del servicio, que solía ser de un minuto en Capital, ahora es de entre 5 y 6 minutos.
En otra de sus declaraciones, Pasciuto se refirió a la necesidad de hacer “competitiva” la línea, ya que actualmente era “deficitaria”. Sin embargo, el grupo DOTA -propietaria de MONSA- adquirió en septiembre la ex-línea 165 y sigue afianzándose como el grupo empresarial más poderoso del Área Metropolitana de Buenos Aires en el transporte automotor de pasajeros, con el control del 46% de las líneas de colectivos.
En todas ellas, impone sus políticas de austeridad financiera. “Lo que ellos llaman ‘adaptar las líneas’, nosotros lo llamamos desguace. Es lo que ya vimos que hicieron en empresas como General Tomás Guido -líneas 25, 84, entre otras- y San Vicente -sur del conurbano bonaerense-, donde sacaron recorridos por completo y recortaron otros”, ejemplifica Menconi.
Desde el arribo del grupo DOTA a la línea 60 en 2010, el personal se redujo de 1.450 trabajadores a poco más de 900. “Se fueron por jubilación o retiro voluntario y no repusieron esos choferes”, cuenta Menconi. Los empleados sostienen que el recorte de ramales recientemente anunciado podría implicar otro proceso de reducción, particularmente en la cabecera de Barracas, de la que empezarán a salir sólo dos servicios de los once que eran hasta ahora.
“Son funcionarios salientes, les quedan pocos días. No tienen autoridad como para definir esto en detrimento de miles de pasajeros”, denuncia Cáceres. Se refiere a Héctor Guillermo Krantzer, secretario de Gestión de Transporte, y a Guillermo Dietrich, ministro de Transporte. Ambos son los principales apuntados en los comunicados que divulgan los trabajadores de la línea 60: “Este gobierno, que acaba de perder las elecciones, aprovecha sus últimos días para arrasar con todo lo que pueda en beneficio de sus empresarios amigos. Desde el Cuerpo de Delegados manifestamos que no dudaremos en denunciar a Krantzer por mal desempeño en sus funciones”. Éste último es Ingeniero Civil con orientación en Transportes. En sus anteriores pasos por la función pública, se desempeñó como director de la Comisión Nacional de Transporte Automotor (CONTA) durante la presidencia de Carlos Menem y como director general de Transporte en la Ciudad de Buenos Aires.
“Nos vamos a mantener en estado de asamblea permanente para decidir entre todos los trabajadores los pasos a seguir. En los próximos días anunciaremos, una vez finalizada la conciliación obligatoria (finaliza el viernes 15), cuáles son las medidas de fuerza que vamos a llevar adelante para defender la fuente laboral de las 300 familias que trabajan en la cabecera de Barracas y para mantener un servicio público de calidad”, finaliza Menconi.
Por lo pronto, este lunes 11 de noviembre a las 10, los trabajadores de la línea 60 marcharán desde el Congreso de la Nación a la Secretaría de Trabajo y para ello convocan a los empleados del transporte, usuarios, organizaciones sociales, sindicales y políticas.
Nov 5, 2019 | Novedades, Trabajo
Los trabajadores de la Línea 60 en un acampe del conflicto del 2015, por el que fueron condenados.
El conflicto duró 42 días. Había comenzado un 24 de junio, cuando los trabajadores de la Línea 60 dispusieron el no cobro de boletos a los pasajeros como medida de fuerza frente a la falta de diálogo con el grupo DOTA-MONSA, gerenciadora del servicio. Sucedió en 2015, durante las vísperas de la elección presidencial que tendría como ganador a Mauricio Macri. Cuatro años más tarde, el pasado 11 de agosto, un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°8 de la Capital Federal dictó sentencia de dos años de prisión en suspenso a cinco trabajadores por lo sucedido en aquel entonces.
“Se busca que esto sirva de ejemplo para el resto de los trabajadores, diciendo que el que quiere llevar adelante una lucha para defender sus derechos puede correr con el riesgo de ser denunciado, procesado y tal vez hasta condenado, como estos compañeros”, explica Esteban Simonetta, delegado de la cabecera de Ingeniero Maschwitz. Las denuncias se habían presentado por presuntas amenazas coactivas y lesiones hacia otros empleados durante el conflicto. “La empresa tiene algunos empleados que son afines. Son contratados con permisos bastante flexibles y un trato diferencial en lo laboral, distinto al común de los demás trabajadores, para usarlos como rompehuelgas. A través de ellos, denunciaron en 2015 a estos cinco compañeros de la cabecera Barracas diciendo que los habían amenazado y golpeado”, agrega. Sin embargo, es imposible comprender la naturaleza del fallo sin tomar en cuenta el contexto en el que fueron presentadas estas denuncias.
A mediados de 2015, el grupo DOTA-MONSA amenazó con realizar despidos masivos mediante la aplicación del artículo 245 de la Ley de Contratos de Trabajo, que regula las indemnizaciones. La dirección aducía que, pagando los montos allí dispuestos, tenía la potestad para despedir a los trabajadores que creyera conveniente. “Argumentaban que había compañeros que eran enfermos crónicos, que pedían mucha ART. Nosotros dijimos que eso era discriminación y un cercenamiento al derecho a la enfermedad”, recuerda Simonetta. El quiebre se dio ante el despido de Ariel Benítez, chofer que había sufrido un accidente de tránsito y que sirvió como puntapié para aplicar el mecanismo de desvinculaciones pensado por la empresa. Además, los trabajadores venían reclamando, sin ser escuchados, por el pago de haberes adeudados, por la frecuencia del servicio y por las condiciones de seguridad e higiene. La respuesta fue el no cobro de boleto: “Veíamos que la empresa provocaba los conflictos y nos incitaba a que hagamos paro porque total ellos tienen la espalda económica para soportar los días que fueran necesarios. Entonces ya un par de años antes, habíamos puesto en marcha ese tipo de medidas de fuerza ”.
El grupo DOTA decidió ir por todo. Al tercer día, implementó un lock out patronal, o sea, retiró al personal administrativo de las cabeceras paralizando así el funcionamiento de toda la línea. Al mismo tiempo, continuó con su lista de “enfermos crónicos” y envió 52 telegramas de despido. Los trabajadores y sus familias sostuvieron la medida de fuerza, en un principio, ocupando las terminales. Luego decidieron directamente romper con el lock out y hacer circular los vehículos por su cuenta.
Represión a los trabajadores de la Línea 60 durante el conflicto de 2015.
Con el correr de los días, la tensión siguió en aumento. Gracias a una orden de la fiscalía de Escobar, la empresa logró impedir la salida de unidades desde la cabecera de Ingeniero Maschwitz. Más tarde, la jueza María Romilda Servini efectuó la orden de hacer lo mismo con la cabecera de Constitución junto a todo un despliegue policial alrededor del predio. Allí quedaron virtualmente “secuestrados” durante una decena de días 22 trabajadores que resistían el amedrentamiento de la empresa y el Poder Judicial. Según Esteban Simonetta, “lo justificaron aduciendo amenazas falsas de los trabajadores, diciendo que la cabecera estaba tomada por personas ajenas a la empresa, que no sabían en qué condiciones se encontraban las personas acá adentro para manejar, que no teníamos registro, que había gente de rehén…, toda una serie de falsas denuncias que después se probó que no eran ciertas, porque tanto en Maschwitz como en Barracas vinieron los jueces, inspeccionaron y se corroboró que eran acusaciones falsas”.
El conflicto siguió entre idas y vueltas constantes, que incluyeron cortes en Puente La Noria, Saavedra y Panamericana con represión incluída, hasta que finalmente la intervención del Ministerio de Trabajo logró destrabar la situación. No obstante, varias de esas denuncias -que en su momento sirvieron al grupo empresarial para enfrentar a los trabajadores- siguen abiertas hasta hoy. “El cuerpo de delegados tiene un montón de causas. Están siendo procesados, pero todavía no tenemos fecha de juicio oral. También se denunció a 14 compañeros por el no cobro de boletos propiamente dicho”, continúa Simonetta.
De ese caudal de denuncias proviene el fallo que condena a los cinco trabajadores de la Línea 60, cuatro de los cuales ya fueron despedidos. Al tratarse de una prisión en suspenso por dos años, permanecerán en libertad: “El objetivo es otro: buscan eliminar de cuajo cualquier intento de hacer nuevamente una medida como ésta, ya que nos permitió ponernos de igual a igual con la patronal. Además, es una condena que afecta a todo el conjunto de trabajadores porque vulnera la posibilidad de que puedan proteger sus propios derechos”, remarca. Por lo pronto, los trabajadores deberán aguardar a las instancias de apelación.
El transporte como negocio
El grupo DOTA es el mayor conglomerado empresarial del Área Metropolitana en el transporte de colectivos. Posee 180 de las 389 líneas, divididas en 67 empresas. Según la Auditoría General de la Nación, recibió entre 2014 y 2017 el 48% del total de subsidios otorgados al sector: 34.000 millones de pesos -sin tomar en cuenta la inflación-. También posee la concesionaria MegaCar -representante en el país de la terminal de utilitarios brasileña Agrale- y la carrocera TodoBus. El negocio, por lo tanto, es redondo.
En 2010, la operadora adquirió la Línea 60 -MONSA-. Casi automáticamente, redujo la cantidad de ramales de 24 a 12, mientras la nómina laboral pasó de 1.240 a 933 trabajadores. Este año se anunció la posibilidad del cierre de otros siete ramales y la decisión de partir la línea en dos: los servicios provenientes desde zona norte llegarían hasta Barracas, mientras que los de Capital Federal lo harían sólo hasta San Isidro. Así, por ejemplo, alguien que vive en Escobar debería hacer trasbordo dentro de la misma línea para llegar a Constitución.
Simonetta lo describe de la siguiente forma: “Es la concentración del mercado. Al haber abarcado tantas empresas, se superponen entre sí. La empresa busca reconvertir las trazas para hacerlas más competitivas y quitar los ramales más ociosos. Eso hace que incluso la línea pierda la entidad de servicio social, porque de llevarse a cabo esta reconversión se abandonarían lugares históricos del recorrido dejando a esa población sin colectivo”.
Tomar un servicio público como espacio de negocios tiene sus consecuencias. El 9 de septiembre de 2016, se le encargó a David Ramallo la reparación de un colectivo con un desperfecto eléctrico. Para ello, fue obligado a utilizar una rampa nueva sin habilitación que ya había sido denunciada por otros trabajadores. Al subir la unidad, cedió la contención, el micro cayó mientras Ramallo se encontraba debajo y le ocasionó la muerte. Hasta hoy, no hay ningún responsable por el hecho.
“Al ser un grupo tan poderoso, y que aspira a quedarse con todo el transporte en la Argentina, no le interesa respetar ni la Ley de Contratos de Trabajo, ni el Convenio Colectivo ni nada. Ellos vienen a implementar su política patronal y a querer enmarcar nuestro trabajo con sus propias reglas. Lo hacen en todas sus empresas, menos en ésta línea. Por eso están tan abocados a enfrentar esta Comisión Interna y a todos los trabajadores de la 60, para tener el camino allanado y seguir adelante contra las conquistas y los derechos de los trabajadores”, concluye Simonetta.
Abr 17, 2019 | Novedades, Trabajo
Atravesar la Ciudad de norte a sur es una odisea que a partir de una nueva disposición será más caótica que nunca. El Ministerio de Transporte de la Nación emitió una resolución por la que la emblemática línea 60 de colectivos, perteneciente a la empresa Micro Ómnibus Norte (Monsa), suprimirá 12 de sus 19 ramales, por lo cual quedarán en circulación únicamente siete recorridos. De este modo, tres ramales serán directamente eliminados, mientras que los restantes se fusionarán dando origen a nuevas rutas. ANCCOM dialogó con usuarios y trabajadores, para conocer de primera mano el impacto de este cambio.
A partir de la modificación, de estos nuevos trayectos, cuatro llegarán hasta Escobar, dos hasta Tigre y sólo uno hasta San Isidro, siendo este último el único en llegar a un punto neurálgico de la Ciudad como lo es Constitución. Así, alguien que vive en Escobar, Tortuguitas o Ingeniero Maschwitz tendrá que tomarse más de un colectivo para hacer el mismo recorrido. A su vez, como la mayoría de los servicios terminarán en Barrancas de Belgrano, quienes se tomaban esa línea en las paradas siguientes, dentro de la ciudad, sufrirán muchas mayores demoras.
“Con la restructuración de las trazas dividen la empresa, ya que los trabajadores de Barracas perderemos contacto con nuestros compañeros de zona norte. Además, planean reducir el parque automotor en más de 100 unidades, por lo cual la empresa buscará despedir choferes. Nosotros denunciamos que es una medida antipopular: no beneficia a nadie, tanto usuarios como trabajadores nos veremos afectados”, puntualiza Santiago Menconi delegado de la línea 60.
Estefany Lucas, 23 años, vive en el partido de Tigre y viaja diariamente a Capital. De los cinco ramales que llegaban a Tigre, ahora sólo quedarán dos, lo cual se traduce en peores condiciones de viaje para los usuarios: “El colectivo 60 lo usa toda mi familia, mis primas, mis tías, mi hermano, hasta mi hermanita porque va al colegio en Capital. Sinceramente para nosotros es complicado porque todos trabajamos en Capital, yo también estudio allí, y es el único colectivo que nos deja a todos cerca de donde vamos”, cuenta Estefany y agrega: “Sé que van a sacar el ramal que usamos y eso implicaría tomar hasta dos colectivos solo para llegar a Belgrano, el pasaje cada vez va en aumento y los colectivos que salen desde provincia no son nada baratos”.
Los pasajeros manifiestan su repudio a estas modificaciones y junto con los choferes de la línea juntaron firmas y presentaron sus reclamos en la Subsecretaria de Transporte para que la resolución sea anulada. Daniel Silveira tiene 47 años, hace 11 que es chofer del 60, y señala la importancia del apoyo conjunto de las otras organizaciones para que su reclamo tenga más peso y visibilidad. “Estamos trabajando con organizaciones sociales, barriales, con otras organizaciones sindicales que nos apoyan y con los usuarios que son los que a futuro, si esto sale, van a ser los más perjudicados porque va a haber barrios carenciados en los que ya no va a pasar el 60”, remarca.
Si bien en la resolución se plantean tiempos mínimos y máximos entre un colectivo y otro dependiendo de cada recorrido, Santiago Menconi explica cómo el recorte afecta a los pasajeros, fundamentalmente, por dos razones: “En primer lugar, se eliminan servicios de zonas humildes, como el Ruta 9 por Tigre, el Panamericana 1 y el Panamericana Bajo. Por otro lado, de aprobarse el edicto, tendrían que abonar dos pasajes en lugar de uno, dado que los servicios de Barracas solo llegarían a San Isidro y los de la zona norte -provenientes de las cabeceras de Maschwitz, Escobar y Rincón- solo llegarían hasta Barrancas de Belgrano. Así, el pasajero no tendría el descuento del sistema SUBE, porque estaría viajando dentro de la misma línea, y pagaría dos pasajes por el mismo servicio”.
El recorte para los trabajadores no es algo nuevo y así lo hace notar Héctor Cáceres, chofer de la línea 60 desde hace 21 años: “El ajuste que se viene produciendo en la línea desde el año 2010 produjo una merma de puestos de trabajo de 300 personas, y con el edicto presentado por la Secretaría de Transporte, estamos viendo que va a haber muchos más aunque la empresa haya prometido que no”. Lo cierto es que “hubo despidos encubiertos ya que durante estos últimos años hubo muchos compañeros que se jubilaron y no repusieron esos puestos de trabajo”, denuncia Cáceres.
Cabe recordar que en 2016 un operario de mantenimiento de la empresa, David Ramallo, murió aplastado por una falla en un elevador. Por esa muerte, los trabajadores denunciaron fallas en las condiciones de seguridad laboral instrumentadas por la empresa.
En cuanto a los recortes de servicios, Daniel Silveira razona: “Ahora estamos haciendo 19 recorridos y vamos a pasar a hacer 7 nada más y es imposible que haciendo menos recorridos se contrate más gente, sino todo lo contrario. Ciertos usuarios, para hacer el recorrido que vienen haciendo pagando un solo boleto, van a tener que pagar hasta dos y tres pasajes. Eso es lo que en definitiva está buscando la empresa: como le sacaron subsidios, quieren abaratar costos y maximizar ganancias haciéndoselo pagar a los pasajeros”. Habrá que esperar para saber si los reclamos de los pasajeros y trabajadores serán escuchados o los responsables harán caso omiso y privilegiarán sus bolsillos.
Ago 4, 2015 | inicio
La asamblea de trabajadores de la línea 60 de colectivos aprobó en la noche del martes el último ofrecimiento elaborado por el Ministerio de Trabajo de la Nación para poner fin al conflicto que llevaba 40 días. Los delegados firmarán hoy una conciliación obligatoria por diez días hábiles y desde esta medianoche volverán a circular las unidades con normalidad.
La propuesta refrendada en la tarde del martes por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y por la secretaria Noemí Rial contempla la reincorporación de los 50 conductores despedidos desde el 22 de junio y el pago, en dos cuotas, del 80 por ciento del sueldo correspondiente al período de huelga, al que se sumarán las asignaciones familiares. También estipula que el cuerpo de delegados cobre los diez meses de salarios adeudados a sus once miembros y que se incremente de cuatro a doce días los permisos por licencia sindical.
Todo queda sujeto a la satisfacción de los demás temas pendientes. De lo contrario se retomarán las medidas de fuerza”, advirtió a ANCCOM el delegado Héctor Cáceres.
La comisión interna logró el reconocimiento gremial de la cartera laboral. Así, podrá continuar negociando con los directivos de la empresa DOTA, sin la intervención de su sindicato madre, la Unión Tranviarios Automotor (UTA). A partir del lunes buscarán reinstalar a los tres compañeros echados antes de que estallara el enfrenamiento. También deberán resolver la remuneración por el resto del salario de los días caídos.
Asimismo, Cáceres apuntó otras reivindicaciones que llevarán a la mesa. “Tenemos cuatro días por licencias especiales (casamiento, fallecimiento y nacimiento) que no nos reconocen en su totalidad. Si te quedan uno o dos francos te los cuentan dentro de la licencia especial”, explicó. A eso se le suman reclamos por suspensiones arbitrarias y mejoras en las condiciones laborales, que incluyen discutir el diagrama de servicio, los premios y el estado de los baños y del comedor.
Los funcionarios de Trabajo se habían reunido de forma separada con los representantes de los choferes, dirigentes de la UTA y directivos de la empresa ayer desde las 15.30. Por la mañana, los trabajadores habían cortado parcialmente la Autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 42, en Ingeniero Maschwitz. Permanecieron allí hasta las 19, cuando fueron notificados del posible acuerdo. Desde allí se trasladaron hasta la cabecera del 60 ubicada en esa localidad bonaerense, donde tuvo lugar la asamblea.
Hoy los delegados concurrirán al Ministerio de Trabajo para rubricar el acta y acudirán a los tribunales de Comodoro Py para exigir el cese de la judicialización contra los tres compañeros que aún no fueron reincorporados. Desde mañana, los colectivos que transportan a 250 mil pasajeros diariamente volverán a unir Constitución con Tigre y Escobar.
04/08/2015
Jul 29, 2015 | inicio
La Gendarmería Nacional Argentina reprimió este martes, a primera hora, a los trabajadores de la línea 60, quienes intentaban realizar un piquete en la Autopista Panamericana a la altura de la ruta 197, localidad de Pacheco, en el marco del conflicto que hace más de un mes mantienen con Micro Ómnibus Norte SA (MONSA), empresa controlante del servicio en manos de la empresa DOTA. Los delegados denunciaron que 33 manifestantes resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, y 5 estuvieron detenidos hasta la tarde en la Base Operativa N° 4 de Tigre.
Bajo el mando del secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, los casi 400 efectivos primero dispersaron a los manifestantes a las 7 de la mañana. Minutos después de las 10, un grupo de choferes que había estado cortando el Puente La Noria arribó a la zona y el choque se reanudó. Las fuerzas de seguridad utilizaron balas de goma, pistolas lanzagases y gas pimienta. De acuerdo al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el empleo de dichos elementos durante protestas en la vía pública fue prohibido por la Resolución N° 210/2011 del Ministerio de Seguridad, que regula los protocolos de actuación en tipo de situaciones.
La orden de desalojo había sido emitida por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado. Al cierre de esta nota, tres de los veinte trabajadores lesionados permanecían hospitalizados. Dos de ellos, Omar Barreiro y Adrián Acosta, estaban bajo terapia intensiva. “A Barreiro lo golpearon luego de haberlo detenido”, aseguró el delegado Iván Iza a ANCCOM. Además, el reportero gráfico de Infobae, Adrián Escandar, sufrió quemaduras por gas pimienta. Por su parte, Gendarmería informó que cinco de sus agentes fueron heridos.
Compañeros y familiares apoyan a los trabajadores en huelga encerrados en la Terminal de la Línea 60
Luego de los incidentes, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Granados, se ofreció como mediador. Durante la tarde mantuvo una reunión con los delegados y con representantes de la empresa DOTA en oficinas que la cartera bonaerense posee en el Puente 12 de La Matanza. Las partes resolvieron pasar a cuarto intermedio por 24 horas y hoy podrían reunirse de forma conjunta para acercar las diferencias. Aunque celebró la reunión, la comisión interna se mostró desconfiada de que la empresa acepte todas las demandas y no descartó continuar con medidas de fuerza a partir del jueves. Además, informaron que la empresa había reconocido a Granados que seguía habiendo una lista de despedidos, a la que los trabajadores reclaman reincorporar. “Significa reconocer que la lucha de La 60 es un reclamo gremial y no una cuestión judicial”, señalaron los delegados en un comunicado.
“La izquierda está buscando un muerto”, sentenció a la mañana Roberto Fernández, secretario general de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) -gremio al que también están afiliados los delegados de la línea 60-, en diálogo con el programa radial Al Máximo de la FM Latina 101.1. “No sé por qué hace referencia a la izquierda. Quienes formamos parte y encabezamos la protesta somos empleados de MONSA. En ese marco pedimos apoyo y los dirigentes de algunos partidos de izquierda se hacen presentes. Pero nos encantaría que, además, otros sectores políticos se solidarizan con nuestro reclamo”, respondió Iza a ANCCOM al ser consultado sobre las declaraciones de Fernández.
