Línea 60: despidos, paro, acampe y encierro
La línea 60 no circula desde el lunes 29 de junio a raíz de un enfrentamiento entre la empresa operadora y sus choferes. El cuerpo de delegados denunció que Micro Ómnibus Norte S.A. (MONSA) impuso un lockout patronal y echó a 53 trabajadores. Además, 22 empleados permanecen encerrados hace una semana en la terminal de Constitución. Desde la noche del martes 14 de julio, la Policía Federal montó un vallado en Guanahani 420 por orden del Juzgado Federal N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de María Servini de Cubría.
El conflicto salió a la luz el miércoles 24 de junio cuando la asamblea decidió no cobrar boletos en protesta por el despido del chofer Ariel Benítez. Los 250 mil pasajeros que viajan por día se ahorraron el pasaje durante el jueves y viernes siguientes. “La medida contó con un 95 por ciento de adhesión. El año pasado, en primera y en segunda instancia, la Justicia resolvió que esta herramienta de fuerza gremial era legítima”, argumentó Héctor Cáceres, uno de los delegados que hace una semana no sale del cerco policial.
El sábado 27 MONSA se presentó con una conciliación obligatoria firmada de oficio el día anterior por Adrián Caneto, titular de la Subdirección Nacional de Relaciones de Trabajo. Con ese respaldo cesanteó a otros 47 conductores y retiró al personal administrativo y jerárquico de las cabeceras de Constitución, Ingeniero Maschwitz y Tigre. Asimismo, intentó normalizar el servicio pero sólo 26 de los 1200 choferes se prestaron.
“Despidieron a Benítez aduciendo que tuvo choques múltiples. Es mentira porque habrá tenido tres o cuatro accidentes y de gravedad mínima. En realidad lo echaron porque es activista sindical. Entre otras cosas, denunció a un inspector y a la empresa por persecución laboral”, acusó Mario Andrés Molina, otro de los delegados de la agrupación Al Volante. Y agregó: “Fue una excusa para atacar los reclamos que veníamos sosteniendo sobre condiciones laborales”.
Causas de la pugna
Antes de que estallara el conflicto, la comisión interna y los directivos de MONSA mantenían una mesa de negociaciones donde había tres reclamos. El primero era que la compañía cumpliera con dictámenes firmados hace cinco años por el ministro Carlos Tomada y la secretaria Noemí Rial, de la cartera de Trabajo, por liquidaciones incorrectas de salarios. El segundo, que depositaran los diez meses de sueldos adeudados a once delegados. Era un total de 1,4 millones de pesos. Y el tercero problema refería al incremento de permisos gremiales para los delegados de 4 a 12 días por año. “En el transporte público casi ningún delegado trabaja arriba del colectivo. Nosotros, además de la tarea sindical, también manejamos. Los afines a la empresa no”, manifestó Molina.
Pero la mesa se rompió luego de que el presidente de MONSA, Marcelo Pasciuto, intentara incluir otras tres cuestiones. “Nos pidieron que los choferes pagáramos las multas de los accidentes cuando corresponde que lo hagan los dueños de los vehículos. En otras líneas, la empresa pudo imponerse porque los compañeros no están organizados y tienen miedo”, indicó Molina.
Según una investigación realizada por miembros del Conicet y de la Universidad Austral a pedido de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y publicada por el diario La Nación, el 85 por ciento de los choferes de transporte urbano reconoció que para atenerse a los horarios debe conducir de manera insegura y no cumplir las reglas de tránsito.
“Solicitaron, además, que elimináramos el fondo de lucha: un comedor interno donde algunos colegas, que por alguna razón no pueden manejar, trabajan cocinando y se llevan el sustento para la familia”, añadió Molina. “Pero la gota que rebalsó el vaso fue el pedido para aplicar la 245, una herramienta del convenio colectivo mediante la cual el patrón, con el acuerdo de los delegados, puede despedir a quien quiera. Nosotros nos levantamos de la mesa. Su intención no era limpiar a Benítez sino a muchos más”, lanzó.
Tras los 47 despidos que siguieron al de Benítez, MONSA envió dos telegramas más. De esta manera totalizaron 50 trabajadores en la calle en el último mes, que se suman al de otros tres compañeros por los cuales el cuerpo de delegados peleaba su reincorporación. “A Canuyan, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) le había quitado el registro por error. Cuando retrotrajo la decisión, la empresa no hizo lo propio. Lema fue reinstalado tras una cautelar pero su situación es inestable. Y Siriscevic, que trabajaba en el fondo de lucha, fue llevado a juicio por usurpación y podría terminar preso. La Justicia defiende a quienes ahogan a los trabajadores”, relató Molina.
A su vez, la comisión interna denunció que la empresa aún recibe subsidios por coches que no tiene en circulación. Por mes percibe desde el Estado Nacional 34 millones de pesos por sus 340 unidades. Pero sólo saca a la calle 244 de ellas y 96 se quedan paradas.
Vivir en la terminal
Desde el martes pasado, 22 colectiveros quedaron dentro de la cabecera de Constitución. Servini de Cubría dispuso que se realizara un allanamiento para constatar el estado de las unidades. El procedimiento todavía no tuvo lugar y la comisaría 26 mantiene un vallado con efectivos y un camión hidrante para impedir la entrada al predio de la línea 60. “Podemos salir pero no volver a ingresar; ni nos permiten cambiar la guardia. Si lo hacemos significaría que renunciamos a nuestra lucha”, contó Héctor Cáceres desde el interior de la cabecera. Quien sí tiene vía libre para entrar y salir es el personal de vigilancia de la compañía.
La policía impidió hasta el sábado que se ingresaran alimentos o bebidas y la única forma de comunicación es por vía telefónica. El viernes, una ambulancia constató que uno de los choferes estaba enfermo y le recetó antibióticos. Sin embargo, los agentes también vetaron los medicamentos. “Estábamos sin comida, sin bebida y sin ropa para cambiarnos. Se nos hizo muy complicado vivir así”, narró Cáceres. Recién este sábado la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación intervino a raíz de la denuncia presentada por los abogados de la comisión interna y organizaciones sociales. De esta manera pudieron ingresar los víveres.
A unos 50 metros, los choferes instalaron un acampe en la esquina de Guanahani e Ituzaingó y cortaron el paso junto a algunos de sus familiares. Aproximadamente 20 de ellos duermen ahí cada noche. El domingo pasado llevaron a cabo un festival donde tocaron La Duquesa, el Agitador y los Banghieri. A un mes de iniciado el conflicto, aún no parece haber solución a la vista.