Jun 2, 2021 | Culturas, Novedades
El título del documental, Punto de No Retorno, hace referencia al fin del mundo como lo conocemos. La pandemia instaló en el debate la inviabilidad de las formas actuales de producción y de consumo, unas y otras responsables del calentamiento global. Dirigida por el biólogo, periodista y actual viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Sergio Federovisky, con la codirección de Nicolás Capelli y Diego Corsini, la película recorre distintas zonas del planeta con el objetivo de poner en evidencia cómo las maneras en las que las sociedades se relacionan con el ambiente han generado alteraciones climáticas.
Con testimonios de científicos del CONICET, de la NASA –entrevistados en el Centro Espacial Goddard–, intelectuales, políticos nacionales y extranjeros, religiosos, y habitantes de todo el país afectados por el cambio climático, el filme se presentará por streaming este sábado 5 de junio a las 20 con acceso gratuito. Antes del estreno, Federovisky mantuvo una charla con ANCCOM y contó sobre su motivación a la hora de producirlo, su postura frente a la crisis ambiental y el rol que deben tomar los Estados frente a ella.
¿Cómo surgió la idea del documental?
Como una especie de continuidad, o si se quiere, de conclusión de mi trabajo de más de 30 años en la gráfica, en los medios audiovisuales y en la televisión. Entendí que tenía que dejar algo más cristalizado que permitiera en una pieza única mostrar cuál era mi pensamiento respecto de la crisis ambiental, pero también acerca de las políticas públicas y de los desafíos políticos que surgen a partir de esa cuestión, básicamente en la Argentina, pero con ramificaciones a toda la agenda ambiental, que está “semi instalada” hoy.
¿Qué ocurriría si llegamos al Punto de No Retorno?
Traspasado ese umbral no va a ser posible volver a la situación anterior, al menos no en materia de equilibrio climático. Pero no sabemos cómo va a ser si se llega a un equilibrio futuro. El gran problema que abre el Punto de No Retorno no es tanto aquello a lo que no vamos a poder volver, sino la incógnita de cómo va a ser ese mundo futuro. Por eso lo que sostengo en el documental es que no es el fin del mundo, no va a estallar y desaparecer, sino que va a ser distinto. Seguramente más desigual, con más desequilibrios ambientales y con mayor deterioro ecológico, pero no sabemos cómo va a ser, y esta angustia colectiva es la que nos promueve hoy a no traspasarlo.
¿La pandemia podría convertirse en ese punto?
Podría, en sí misma, convertirse en un Punto de No Retorno, o en todo caso en una bisagra a partir de la cual la situación no será igual a la anterior. Por eso hablamos hoy incipientemente de una nueva normalidad, porque la que conocíamos será muy difícil de recuperar. En la propia idea de la pandemia está inserto el deterioro ambiental, porque emerge de la anomalía en la relación entre la sociedad y el medio natural. No es una casualidad histórica, no es fruto de algo imposible de prever o prevenir, sino que es consecuencia directa de ese mal funcionamiento que, a lo largo de los últimos 200 años –pero principalmente los últimos 50–, ha tenido la sociedad con el medio natural.
¿Su advenimiento funcionó como un disparador para la toma de conciencia ambiental?
Probablemente lo ambiental está más en agenda a partir de la pandemia. Sin embargo, no lo está en el sentido de disparar la necesidad de tener políticas públicas contundentes y persistentes en el tiempo, no sólo a nivel nacional, sino también global. Además, no me parece que el gran problema radique en la falta de conciencia. Por lo contrario, en los últimos 30 años ha habido un desarrollo de la conciencia y esto no ha sido verificado en resultados concretos para detener el empeoramiento de los indicadores ambientales. Seguir insistiendo en que el problema ambiental es consecuencia de la falta de conciencia individual o colectiva, me da la sensación que es menospreciar la ausencia de políticas públicas, de decisiones concretas que modifiquen el modelo económico, productivo y de consumo imperante en el planeta, que es básicamente la causa de los problemas ambientales.
¿Qué pasa con la dicotomía entre habitabilidad del planeta e intereses económicos?
Esta dicotomía es la opción de hierro que tenemos. De acuerdo a cómo se resuelva, será el futuro del planeta o por lo menos de la relación entre la sociedad y la naturaleza. Claramente, esa está siendo resuelta a favor de los intereses del mercado. El propio Papa Francisco, en la Encíclica Laudato sí, afirma que un bien común como la naturaleza no puede quedar supeditado a los intereses particulares del mercado. Sin embargo, es lo que está ocurriendo. De ahí que aquella dicotomía difícilmente se resuelva por decreto. Hay que desarrollar políticas públicas que empiecen a morigerar esa situación o, al menos, a quebrar la tendencia. Ahora, cuál es el futuro del capitalismo en ese asunto… el capitalismo es parte del problema, no es parte de la solución.
¿Qué rol deberían cumplir los Estados?
Es crucial en tanto y en cuanto son los que tienen las herramientas para empezar a modificar los patrones de consumo, de explotación de los recursos naturales, los mecanismos de producción de energía, y tienen también los resortes esenciales, a través de dispositivos conocidos históricamente como políticas públicas, para derivar en cambios de conductas colectivas. El problema no es la suma de las conductas o conciencias individuales, porque eso jamás daría como resultado el cambio de una conciencia colectiva. Los comportamientos colectivos se modifican a partir de políticas públicas. En eso han fallado los Estados en los últimos 30 años. Desde que en la Eco 92 de Río de Janeiro se propusieron instaurar cambios en la agenda política internacional, a partir de convenciones como la del Cambio Climático y la de Biodiversidad y 30 años después sólo vemos empeoramientos en todos los indicadores ambientales.
¿El Gobierno nacional entiende la importancia de estas problemáticas?
Mi respuesta anterior cabe también para el Estado en la Argentina. Aún no se ha entendido la necesidad de tener esas políticas públicas, más allá de que ha habido avances indiscutibles. Y la conformación de un Ministerio de Ambiente (antes Secretaría) al menos refleja, desde lo simbólico, la reacción positiva a la demanda que hoy tiene tanto el deterioro ambiental como la propia sociedad ante eso.
¿La flamante Ley de Educación Ambiental puede aportar a este proceso?
Por supuesto. Es una respuesta positiva a la necesidad de desarrollar mayores políticas de concientización de la sociedad. Pero no podemos descansar o suponer que esta concientización es condición suficiente. Es necesaria, pero la condición suficiente la van a conformar las políticas públicas que hagan operativa esa conciencia individual y colectiva.
Abr 13, 2021 | Comunidad, Novedades
Con 215 votos afirmativos, 7 negativos y 18 abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el pasado 27 de marzo el proyecto de Ley de Educación Ambiental Integral y lo giró al Senado. La iniciativa tiene como objetivo promover la educación ambiental e incorporar, en cumplimiento de la legislación vigente, los nuevos paradigmas de la sostenibilidad a la educación formal y no formal. “La toma de conciencia, el cambio de las acciones individuales y su impacto en lo colectivo es hacia donde se orienta la ley”, explica Cristina Ruiz del Ferrier, titular de la Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
“Por primera vez en la historia de la Argentina vamos a tener a las cuestiones ambientales en las currículas escolares. Ponemos a la educación como herramienta para generar conciencia e involucrar a toda la sociedad en el cuidado del ambiente. Esto es una política pública inédita en nuestro país”, sostiene Leonardo Grosso, diputado y presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano en el Congreso.
Si bien en Argentina ya existen la Ley de Educación Nacional N° 26206 y la Ley General de Ambiente N° 25675 que reconocen el derecho a la educación ambiental, no hay una norma que permita una implementación articulada en todo el país. El actual proyecto busca garantizar que se instrumente y se aplique. Por eso, propone una Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA) como herramienta de planificación, coordinada entre el Ministerio de Ambiente y el de Educación.
«Ponemos a la educación como herramienta para involucrar a toda la sociedad en el cuidado del ambiente», dice Grosso.
También dispone la incorporación del Artículo 92 a la Ley Educación Nacional que establecería “la toma de conciencia de la importancia del ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales, su respeto, conservación, preservación y prevención de los daños” como contenido curricular común a todas las jurisdicciones. Además, declara el 5 de junio como el Día Mundial del Ambiente, en el cual cada provincia deberá “promover una acción comunitaria en la que se fomente el ‘Compromiso Ambiental Intergeneracional’”.
“Se busca lograr una integralidad que genere conocimiento y conciencia para hacerle frente a una las problemáticas más grandes de la humanidad. La depredación del planeta es escandalosa. No tenemos otro, éste es el único. Y de a poco la humanidad lo está comprendiendo. Estamos llegamos tarde, pero nuestro Gobierno asumió el compromiso y durante 2020 y 2021 tenemos una política ambiental fuerte, con la esperanza de lograr cambios significativos en los resultados y en la conciencia”, afirma Grosso.
La educación ambiental se vuelve prioritaria en un contexto de disputa de los recursos naturales y en el que, según Ruiz del Ferrier, “la pandemia puso en evidencia algo que ya se vislumbraba: debemos cambiar nuestra manera de vincularnos con la naturaleza”.
La Ley de Educación Ambiental Integral ya tiene media sanción de Diputados. Ahora la tratará el Senado.
Martín Vainstein, coordinador nacional de la organización Climate Save Argentina, destaca que están contentos, pero no conformes, con el proyecto presentado. La primera crítica apunta al Artículo 4, que describe los objetivos del Programa Nacional de Educación Ambiental. “En todo el texto se habla de fomentar el desarrollo sustentable pero no se lo define, dando espacio a una zona gris en la que todo puede pasar”, advierte.
El segundo señalamiento es que “el desbalance especista se mantiene”, en tanto no contempla la relación con los animales. “Consideramos que su trato en el marco de la ley sería idóneo por su intrínseco correlato con la relación entre humanos y naturaleza”, declara Vainstein.
Por último, Vainstein expresa su desconfianza hacia la ENEA: “La creación de aún más espacios, donde interactúan distintas instituciones estatales, ralentiza el proceso de implementación”, opina.
A diferencia de Climate Save Argentina, desde Jóvenes por el Clima se manifiestan muy conformes con el proyecto. “Está buenísima la articulación que plantea entre el Ministerio de Educación, de Ambiente y el Consejo Federal de Medio Ambiente. Por otro lado, quiero destacar que la educación ambiental está contemplada en el Artículo 41 de la Constitución Nacional, en la Ley General de Ambiente, así como también en tratados y pactos internacionales. Por lo tanto, es una deuda que teníamos”, remarca la activista Luciana de la Serna.
En tal sentido, Ruiz del Ferrier admite que esta política es una demanda de larga data: “Hace muchos años que desde diferentes sectores se reclama esta ley. La sociedad civil, la academia, los gobiernos locales, todos desarrollan programas de educación ambiental. Pero la existencia de un marco normativo que permita poner en marcha la implementación de una Estrategia Nacional de Educación Ambiental trae la posibilidad de orientar las acciones hacia un mismo objetivo: una Argentina sostenible, lo que significa un presente y un futuro posible para las generaciones por venir”.
La ley establece, además, que cada 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, cada provincia deberá “promover una acción comunitaria en la que se fomente el «Compromiso Ambiental Intergeneracional”.
El proyecto de ley fue presentado en el Parlamento por iniciativa del Poder Ejecutivo, lo cual para de la Serna “da cuenta de una toma de conciencia por parte del Gobierno y de una voluntad política de hacerse cargo y hacer algo sobre las problemáticas ambientales: es algo para celebrar”, dice, y también lo es la participación ciudadana que “está implicada y fomentada en esta ley porque su intervención es fundamental en el derecho y en la política ambiental”.
“Muchas cosas que se trabajan en el día a día que están contempladas, como los múltiples cruces entre ecología, sociedad, economía, política y cultura”, reconoce Vainstein, aunque señala que “el Estado es quien debería garantizar el derecho a un ambiente sano y sin embargo es el principal responsable de la creación de vidas y territorios de sacrificio. En el proyecto no hay ninguna mención explícita a su rol en la depredación actual de la mano de los extractivismos, del agronegocio, la ganadería industrial y la extracción de combustibles fósiles”. Y concluye que “si bien hubo apoyo ciudadano, no hubo una alta participación”.
La funcionaria Ruiz de Ferrier habla de una toma de conciencia del Estado frente a las problemáticas ambientales ya que “no hay un planeta B”. “El Gobierno argentino comprendió la necesidad de avanzar en estos temas. Por eso, rejerarquizó la exsecretaría en Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”, indica.
Aparte de este proyecto, “el Congreso sancionó a fin del año pasado la Ley Yolanda, que obliga a la capacitación en temas ambientales a todos los agentes de la administración pública nacional, de los tres poderes del Estado. Del mismo modo, Argentina ratificó su vinculación con el Acuerdo de Escazú, que es el primer tratado regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales”, enumera Ruiz del Ferrier.
Pese a las discrepancias ideológicas y acerca del contenido, la necesidad de que la educación ambiental sea ley resulta indiscutible por los diferentes sectores. “Es imposible oponerse a una política pública de esta magnitud, por lo tanto, considero que la aprobación no corre ningún riesgo y en pocos días tendremos la ley”, asegura el diputado Grosso.
