Abr 14, 2021 | Comunidad, Novedades
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el 42% de las personas y el 31,6% de los hogares argentinos son pobres. Dentro de este conjunto, se distingue un 7,8% de hogares indigentes, que incluyen al 10,5% de las personas. La información, correspondiente al segundo semestre del 2020, evidencia una problemática acuciante y que arrastra varias décadas en el país. Las políticas sociales parecen el único instrumento sensible para evitar que la inequidad se transforme en violencia para la simple supervivencia, por las necesidades básicas insatisfechas. Un indicador alarmante de este último informe es que los jóvenes menores de 14 años son los más pobres. En otras palabras: carecen de alimentos básicos para su desarrollo físico e intelectual.
Los datos del Indec, publicados el 31 de marzo, arrojaron números alarmantes. En términos absolutos implica que, para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la Encuesta Permanente de Hogares, por debajo de la Línea de Pobreza -aquellos cuyos ingresos no pueden satisfacer un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales- se ubican 2.926.890 hogares que abarcan a 12.000.998 personas. Asimismo, 720.678 hogares se encuentran por debajo de la Línea de Indigencia. Estos son quienes no cuentan con ingresos suficientes para satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas para la subsistencia, e incluye a 3.007.177 personas.
El Indec también destaca que la franja etaria de 0 a 14 registra la mayor cantidad de pobres con el 57,7% de las personas, seguida por el grupo de 15 a 29 con un 48,2%. Además, los niveles más altos de incidencia de la pobreza en personas se observaron en las regiones de Gran Buenos Aires con el 44,3%. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el 16,5%.
El Noreste argentino cuenta con una pobreza global del 43,5%, con variaciones según las provincias: Corrientes 42,9%, Formosa 36,4%, Gran Resistencia 53,6% y Posadas 37,7%. Por su parte, la región Pampeana alcanza un 38,2%, en tanto la Patagonia suma 35,2%.
Mientras que la mayor cantidad de indigencia por personas se concentra en la zona del Gran Buenos Aires con el 13,3%, la Patagonia posee el 7,8% (Neuquén-Plottier 12,3%); y la menor indigencia se observa en Cuyo con un 5,3% y en Noroeste un 7,0%.
Los índices de pobreza e indigencia se calculan sobre la capacidad de los hogares de acceder, respectivamente, a la canasta básica total (CBT) y la canasta básica alimentaria (CBA), mediante sus ingresos monetarios, y la brecha es la distancia entre estos y las canastas.
Los últimos datos revelan que el ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de $29.567, mientras la CBT promedio del mismo grupo alcanzó los $50.854, por lo que la brecha se ubicó en 41,9%. En el caso de la indigencia, la CBA promedio de los hogares fue de $21.572 y el ingreso total familiar promedio de $12.864, lo que implicó una brecha del 40,4%.
Estos números son la muestra certificada de una cruda realidad social. La deuda interna que dejó el macrismo, según el Banco Mundial, marca una recesión y caída del PIB de 2,5%, en 2018, y 2%, en 2019. A esto, se adiciona el endeudamiento externo por 40 mil millones de dólares y la aparición de la inédita pandemia originada por el virus del Covid-19.
La contracción de la economía durante 2020, producto de las restricciones impuestas a partir de la cuarentena, generó una caída de 9,9% interanual del Producto Interno Bruto (PIB). Estas consecuencias negativas se replicaron en la mayoría de las latitudes del mundo. En el caso de América Latina, el informe anual de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sostuvo que, en el año pasado, se registró una caída del PIB de 7,7% y la tasa de pobreza extrema y de la pobreza se situaron en 12,5% y 33,7% de la población, respectivamente. Esto significó que a finales de 2020, en la región, 22 millones de personas engrosaron la fila de la pobreza.
Para la CEPAL, pese a las medidas de protección social de emergencia adoptadas por los países, orientadas a frenar la pandemia, estos números en la cantidad de pobres no se habían observado en los últimos 20 años.
Evolución de la pobreza
La problemática de la pobreza arrastra varias décadas en nuestro país y se agudiza con el tiempo: es, tal vez, la mayor deuda de la democracia con la sociedad. La exclusión social en los últimos 50 años (1970 – 2020) mostró niveles de pobreza cada vez más altos.
“En la década de 1970 la pobreza promedio fue de 5,7%, aunque ya en la década siguiente prácticamente se cuadriplicó al pasar al 19,6%. La década de 1990 volvió a crecer al ser del 26,4%, mientras que en la década del 2000 el salto volvió a registrarse al establecerse en niveles de 36,4%. Donde vemos que todas las décadas el número de pobres no paró de crecer en su promedio. La única excepción fueron los últimos 10 años, en donde el promedio se ubicó en valores igualmente desgraciados del 29,3%”, afirma Julián Zícari, Economista y Doctor en Ciencias Sociales.
En la misma sintonía, un estudio del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (Cedlas), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) recalcó que, entre 1983 y 2018, la pobreza medida por ingresos “sólo disminuyó en el rebote de las dos crisis macroeconómicas profundas que vivió el país [después de la hiperinflación de 1989 y de la crisis del 2001], y en el período de excepcionales circunstancias externas durante parte de los 2000 [principalmente entre 2004 y 2007]”.
Desde una mirada más reciente en el tiempo, a partir del estudio del Cedlas se puede advertir que, considerando en su conjunto los tres gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015, la pobreza cayó del 58,2% al 30,1%, mientras que la indigencia descendió del 21,1% al 5,9%. El documento también destacó que la disminución tanto de la pobreza como de la indigencia se dio de forma acelerada entre 2003 y 2007, y luego siguió bajando, pero de forma paulatina hasta el 2011. Desde ese momento, se mantuvieron en los mismos niveles, con algunos altibajos durante el gobierno de Cristina Fernández.
Respecto al mandato de Mauricio Macri, el primer dato oficial del Indec señaló que la pobreza y la indigencia en el segundo trimestre de 2016, alcanzaron respectivamente al 32,2% y al 6,3% de la población. Luego hubo un leve descenso de la pobreza a partir del 2018, pero como consecuencia de la crisis macroeconómica, ese número aumentó significativamente. De este modo, los números del Indec indicaron que en 2019 el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández recibieron un país con 35,5% de pobreza en las personas y 8% de indigencia.
Pobreza en pandemia y asistencia social
La grave situación económica que atravesaba el país a fines del 2019 y, acentuada al año siguiente, generó los números cristalizados en el informe del Indec. Para Itai Hagman, economista y diputado del Frente de Todos, la pandemia “no sólo no permitió revertir un proceso de crecimiento sostenido de la pobreza desde abril de 2018”, sino que también “ocasionó que el punto de partida sea aún más bajo”. Hagman también advierte que “sin las políticas de asistencia que existieron durante la pandemia, la situación sería todavía más dramática. Aunque eso no justifica que se podrían haber hecho más cosas para evitar los resultados que hemos conocido”.
Pese al rebote en la actividad económica de los últimos meses, sin una intervención activa del Estado esa mejora no va a alcanzar para revertir todo el daño que se produjo en la pandemia.
Para Hagman, este contexto “demanda políticas distributivas más intensivas, de transferencias de ingresos. Hay propuestas en danza, desde las más ambiciosas como establecer un salario universal que por lo menos garantice un ingreso equivalente a la línea de indigencia, y que permita también disminuir la pobreza. Hasta políticas más focalizadas que permitan inyectar recursos en los sectores más vulnerables, básicamente, con políticas de urbanización de barrios populares, de construcción de viviendas, de inversión en infraestructura que le de trabajo e ingresos a esos sectores de la población. Requiere de políticas concretas y no va a derramar automáticamente del crecimiento económico que está ocurriendo en la industria y que es importante, pero resuelve solo una parte del problema”.
En 2020, el Estado fue un protagonista inexorable por la crisis global y local. No sólo para adquirir los insumos indispensables que el sistema de salud usó en la pandemia, sino también en la implementación de políticas que pudieran morigerar el impacto económico y social que tuvo el Covid-19. Entre ellas, la asistencia y los planes sociales como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), los incrementos en los montos de la Tarjeta Alimentar y en la Asignación Universal por Hijo (AUH). Todos ellos permitieron contener a aquellos sectores más vulnerables.
Conforme a la Memoria detallada del estado de la Nación 2020, la Tarjeta Alimentar implicó una inversión de $95.355 millones y alcanzó a 2.040.277 personas. El monto otorgado fue de $4.000 para las familias con un hijo de hasta seis años, y de 6.000 para las familias que tuvieran más de un hijo en la misma franja etaria, y sin límites de edad en el caso de los niños y niñas con discapacidad. Durante mayo y diciembre se duplicaron ambos montos de las tarjetas.
Por otra parte, el IFE -creado el 24 de marzo- llegó, al menos en una ocasión, a 9.048.499 personas (32,8% de la población entre 18 y 65 años) y significó una inversión de $263.169 millones. Consistió en el pago excepcional de $10.000 a trabajadores desocupados, informales, de casas particulares, cuentapropistas de menores ingresos y beneficiarios de AUH y Asignación Familiar por Embarazo para Protección Social (AUE). Se abonó en tres oportunidades a lo largo de seis meses.
El ATP -lanzado el 1 de abril- fue recibido por 2.965.909 trabajadores y 306.761 empresas fueron beneficiadas y representó una inversión de $236.377 millones. Mediante este programa el Estado se hizo cargo de parte de los salarios de los trabajadores de las empresas privadas en todo el territorio nacional que evidenciaron una afectación considerable en su facturación producto de la pandemia.
Asimismo, el INDEC publicó el segundo informe del impacto del coronavirus en los hogares del Gran Buenos Aires, correspondiente a agosto-octubre de 2020. En él se destaca que 68,3% de los hogares con jefe o jefa asalariado no registrado recibió prestaciones implementadas a partir de la pandemia. La cobertura alcanzó al 82,2% si se suman quienes comenzaron a recibir transferencias con la pandemia (22,8%), quienes cobraron esas sumas y ya obtenían algún tipo de programa (45,6%) y quienes solamente cobraban en base a programas previamente existentes (14%).
Los números de la cobertura y el alcance de estos programas evidencian la importancia que tuvieron durante el 2020. Ante ciertos relatos peyorativos sobre estas ayudas estatales, Hagman señala que se anclan en prejuicios, “porque supone que cuando el Estado hace transferencias de ingresos lo que está haciendo es sacarle a un sector de la población que, supuestamente, es productivo y meritorio, y destinarlo a un sector que es parasitario. Esto no es así. La razón por la que el Estado tiene que hacer políticas distributivas no se vincula con sacarle a los que se esfuerzan y darle a los que le viene todo de arriba. Tiene que ver con reparar o equilibrar una injusticia social”.
Nov 24, 2020 | Comunidad, Novedades
La gestión de la pandemia no pudo, en lo que va del año, amortiguar el aumento de la pobreza en nuestro país. Según el último informe del INDEC, correspondiente al primer semestre del 2020, aquella se ubicó en torno al 40, 9%, por lo que subió 5,5 puntos porcentuales respecto de igual período de 2019. La indigencia fue del 10,5%, así que se incrementó 2,6 puntos respecto del año anterior. Distintos especialistas explican debe y haber de las políticas públicas para contrarrestar la caída de los ingresos de la población, en particular de los sectores más vulnerables.
El Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) en un análisis muy exhaustivo sobre los indicadores de pobreza y del mercado laboral, sostuvo que “el principal factor de evolución de la pobreza no es la caída del ingreso real de las personas ocupadas sino la pérdida de ingresos producto de la pérdida de empleo”.
En este sentido, Martín Hourest, economista e investigador, explica que el primer condicionamiento al que está atada la economía argentina es que el mercado de trabajo no tiene capacidad para incorporar a nuevos trabajadores. El segundo es la pobreza intergeneracional, los hijos que nacen y se crían en un contexto familiar muy vulnerable. “Hay una continuación y sostenimiento de la privación al ascenso social”, agrega. Una de las conclusiones que sugiere Hourest es que estos dos elementos mencionados no permiten perforar el piso de la pobreza estructural que arrastra nuestro país desde hace décadas.
Sergio De Piero, politólogo y director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), incorpora una visión socioeconómica sobre la pobreza estructural de la Argentina: “La instauración de un modelo pro mercado y basado la valoración financiera desde la dictadura militar, generó una sociedad donde inevitablemente un número importantes de sus habitantes vivirán en la pobreza”.
De Piero hace referencia a dos modelos de políticas públicas que trataron de hacer frente a la denominada “lucha contra la pobreza”. El primero es el que pone el foco en el “fortalecimiento individual” o el “emprendedurismo” y está basado en programas de asistencia que no atacan al problema de raíz y que, en paralelo, favorecen la concentración económica y el libre mercado.
El otro modelo al que De Piero apunta es el que implementó el kirchnerismo y el que está incorporando el actual gobierno: “Se plantea un escenario de articulación entre organizaciones territoriales, los tres niveles de gobierno, pero no pensando en una salida individual sino apoyando la dimensión comunitaria”. Los planes Trabajar, Jefes y Jefas de Hogar, la AUH, la Tarjeta Alimentar y el IFE de los últimos meses tienen el objetivo darle a las personas más vulnerables una herramienta para que puedan enfrentar las situaciones críticas de pobreza y asegurarles el acceso a los alimentos. Este modelo requiere, para su desarrollo, la suba de impuestos a los que más tienen y el fortalecimiento del mercado interno.
Por otra parte, el politólogo señala que deben abordarse los programas de ayuda social de manera unitaria y no segmentando al sujeto, a la familia y al barrio por separado. Por último, sugiere que es necesario seguir avanzando en una legislación y políticas que ayuden a la consolidación de una economía social, solidaria y popular que dé respuestas reales al problema de la pobreza.
Para Lorena Putero, economista especializada en economía social de la Universidad de General Sarmiento, las políticas sociales que otorga el Estado no deben transformarse en subsidios a la concentración económica porque el esfuerzo del Ejecutivo, y de todos los argentinos por ayudar a los que más lo necesitan, queda en ese caso en manos de los formadores de precios. “El control de los precios y la apertura de nuevas cadenas de comercialización – encuentro entre productores y consumidores- es una medida clave”, sentencia Putero en referencia a las estrategias que debe llevar adelante el gobierno para ralentizar el aumento de la pobreza.
Una de las cuestiones que faltaron reforzar, según Putero, para lograr una mayor redistribución de los ingresos, fue la compra de insumos hospitalarios a las cooperativas o pequeñas empresas textiles que fabrican barbijos u otro tipo de productos sanitario, en lugar de hacerlo a las grandes industrias que terminaban terciarizando ese servicio. Putero asegura que los sectores más vulnerables trabajan en ese tipo de emprendimientos y es ahí donde debe impulsarse la inversión estatal.
La economista muestra preocupación por las medidas como la quita del IFE a las personas que no perciben un ingreso fijo mensual. “La pandemia no terminó. Hoy no se puede salir a vender sándwiches de milanesa como se salía hace un año porque la gente no está en la calle como lo estaba hace un año”, explica. Para ella la clave para aminorar la evolución de la pobreza está en los programas de asistencia alimentaria que se ejecutan fruto de la articulación interministerial entre el Ministerio de Desarrollo Social y el de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Las políticas de subsidio social pueden darse con dos fines diferentes, se explaya, por su parte, Adriana Clemente, trabajadora social. El primer caso es para la subsistencia de las personas y el segundo es para la movilidad social ascendente. El gobierno actual no heredó un país en condiciones para afrontar una crisis sanitaria de tal envergadura, comenta Clemente, y por eso los programas de asistencia social fueron con el fin de garantizar el acceso a la alimentación.
Volviendo a la reflexión inicial, el aumento de la pobreza es consecuencia de la pérdida de empleo producto de una paralización económica en varios sectores de la economía popular, como lo son los informales y los cuentapropistas. OCEPP desglosa cuáles fueron las ramas más golpeadas por la pérdida de los puestos de trabajo: Hoteles y restaurantes, Comercio y Servicio Doméstico. Todas ramas de actividades caracterizadas por la elevada informalidad y precariedad laboral.
Pareciera que la pandemia desnudó los altos niveles de informalidad laboral que padece nuestro país desde el advenimiento del neoliberalismo. Los sectores de la economía popular son los que más padecieron los efectos del coronavirus al no tener ingresos estables.
A pesar de todos estos condicionantes, el sistema de salud estuvo a la altura y las coberturas monetarias pudieron dar respuesta a los requerimientos sociales que trajo la pandemia, sintetiza Clemente. Para ella, en comparación con otros países latinoamericanos, Argentina tuvo un buen manejo de sus recursos lo que la dejó mejor parada sanitariamente. “No hay ningún país que no haya aumentado la pobreza», finaliza.
Sep 23, 2020 | Novedades, Vidas políticas
El arribo del Coronavirus a suelo argentino activó el sensor de distintas alarmas que preocupaban al Gobierno nacional y a los ciudadanos. El aislamiento, como única medida lógica y posible en el inminente contexto, llevó a los sujetos a resguardarse en sus hogares. Si bien, desde un principio, se estableció la división entre trabajadores esenciales y no esenciales, la dinámica de la economía diaria se frenó abruptamente para todos los escalones sociales. Entre distintas problemáticas que se profundizaron, y otras que se agudizaron, el Ingreso Familiar de Emergencia llegó con la idea de tapar algunos agujeros. Ante un entorno nuevo surgieron las inevitables preguntas: ¿Fue suficiente el monto del IFE? ¿Fue correcta la forma en que se decidió entregarlo? ¿Qué tan útil resultó ser? ¿Qué consecuencias económicas dejará la pandemia a nivel global y nacional?
Juan Alberto Enrique, economista y columnista televisivo, analizó la medida: “Es inédito el esfuerzo. Son 90 mil millones de pesos. Es admirable, sobre todo los sectores más bajos. Está bueno que el derrame arranque de abajo para arriba. Eso hizo que la economía no se haya derrumbado aún más. Creo que debería seguir un poco más la ayuda para todo el país. Cuando no hay actividad económica se frena la velocidad del dinero, y la tenés que recomponer con emisión monetaria. Creo que el monto debería ir a $15.000 por lo menos”.
En este sentido, Hugo Bedecarras, docente de la carrera Trabajo Social en la Universidad Nacional de Moreno, opinó: “El IFE era una decisión indispensable para sostener y garantizar las necesidades mínimas y básicas de alimentación. Luego de cuatro años de un modelo de Estado empresarial, donde generó condiciones de extrema pobreza, se instaló un aislamiento social obligatorio, donde vastos sectores de la población (muchos de ellos invisibilizados), estuvieron postergados y sin acceso a condiciones mínimas de subsistencia, fue condición indispensable generar recursos para que puedan acceder los alimentos necesarios para sobrevivir”.
El gobierno estimaba en tres millones de personas los beneficiarios del IFE. Finalmente fueron casi nueve millones.
Ante la imposibilidad de poder ejercer la actividad laboral, o en el mejor de los casos cumplir con dicha obligación y no sufrir una quita considerable del salario, surgió una cuestión que giró más en torno del seno familiar que del núcleo político: ¿Hasta qué punto es suficiente un bono de 10.000 pesos para sostener los gastos de una familia? Juan Enrique consideró: “No, no es suficiente. Pero bueno, algo es algo. Creo que el Estado puede hacer mucho más. Recién estaba cruzando mensajes con gente del Gobierno y les estoy diciendo que los bancos que tienen colocados 2.4 billones de pesos en el Banco Central con una tasa del 38%, podrían obligarlos a prestar a tasa 0% a la gente que no cierre los comercios. Para que por lo menos en dos meses tomen ese crédito de 0% a pagar recién el año que viene y poder pagar alquileres, costos y así más o menos mantener la economía. Sería algo inédito para una situación inédita”.
El IFE se trató de una medida para ayudar o colaborar con una parte de los gastos familiares. Bedecarras, más empapado con los barrios carenciados del oeste del conurbano bonaerense, explicó: “Me parece muy escaso, es insuficiente ese importe, las familias tienen que complementarlo con la concurrencia a comedores barriales y comunitarios, con la entrega de mercadería a través de las escuelas, o violar la cuarentena para salir a conseguir un poco más de ingresos que permita una alimentación mínima y suficiente. Me parece un importe escaso. Pero absolutamente indispensable”.
Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo en su sitio web, la crisis económica que se generó con la pandemia trajo consigo la incapacidad de generar sustento a casi 1.600 millones de trabajadores de la economía informal del mundo. En esta línea, la OIT y la Comisión Económica Para América Latina y Caribe (CEPAL) en relación a los niños, niñas y adolescentes (comprendidos dentro de los 5 y 17 años) analizó la concreta posibilidad del incremento del trabajo infantil. Éste podría aumentar entre 1 y 3 puntos porcentuales en la región, es decir, que entre 109.000 y 326.000 niños y niñas podrían entrar al mercado laboral infantil. Frente a esta dura realidad, el IFE recobra valor y es uno de los bastiones para dar pelea a la crisis económica en Argentina.
Pablo Tavilla, Director General del Departamento de Economía y Administración en la Universidad Nacional de Moreno y docente en la UBA se expresó en relación a lo que significa el IFE: “Estaría bueno que sea un monto mayor o se cobrara con mayor asiduidad. Porque ante un periodo de recisión y de insuficiencia de gasto yo lo hubiese pagado más veces. Esto responde a una idea de cómo veo yo las relaciones causales en la economía, de la importancia de la demanda para poner en marcha la rueda. Pero en general no tengo grandes críticas a la medida”.
El Estado lleva aportados 90.000 millones de pesos en el IFE.
El bono de 10.000 pesos, como ya se dijo, resultó ser para las autoridades una herramienta útil para evitar que la crisis se profundizara aún más. Pero, ¿cómo lo han tomado las personas que cobraron esta ayuda? Gastón Amestoy, de 27 años, quien vive en el Partido de Lezama, expresó: “La medida la tomé más que positiva. Somos muchísimos los que nos encontramos trabajando en la informalidad, con escasa cobertura médica y cobro de aguinaldos, por ejemplo. Entiendo que no es un plan social sino una ayuda por un tiempo determinado. Ojalá sirva para sentar bases de la realidad que vivimos los no reconocidos por el sistema”.
Rocío Parra, de 23 años, que vive a 216 km de distancia de Gastón, en General Rodríguez, consideró: “En un principio, cuando estábamos empezando la cuarentena, y se comenzó a hablar del IFE me pareció una idea genial. Incluso ahora, un poco más avanzada la cuarentena, es una ayuda muy importante la que estamos teniendo porque, por ejemplo, yo desde que empezó la cuarentena estoy desempleada, trabajo como fotógrafa y mi labor vinculada a lo social está 100 por ciento afectada y no tengo una fecha específica de retorno. Así que a mí, por lo menos, me sirvió muchísimo”.
Uno de los puntos que mayor repercusión y debate generó fue la disposición del cobro. Las casi nueve millones de personas que supieron cobrarlo, debieron cargar una cuenta de CBU (Clave Bancaria Uniforme) en la página de Anses para cruzar sus datos con los del organismo. Una vez realizado este paso, se les notificó mediante mensaje de texto el día del cobro para retirar en la sucursal bancaria más cercana a través de cajero automático. En este punto, Gonzalo Bouza, de 37 años, de Merlo, respondió: “Está un poco mal organizada. Tendría que tener un poco más de orden en las filas de los bancos”. Por último, Gastón detalló: “Tuvo sus baches. Es entendible por la cantidad de gente que lo solicitó. Calcularon que era mucho menor el número de personas que se encontraban en una situación de vulnerabilidad laboral y pérdida de derechos. Las distintas formas de pago del primer IFE fueron buenas. La segunda es un poco más compleja. Por ejemplo, yo quedé sin posibilidad de hacer el cambio de domicilio del que figura en mi DNI, y para este nuevo pago presencial en banco estoy a 300 km (antiguamente residía en Ituzaingó). Tengo que ver cómo lo cobro. Aún no me han informado”.
La pandemia provocó la incapacidad de autosustentarse a 1.600 millones de trabajadores informales del mundo.
Hasta el mes de julio, los beneficiados, cobraron dos bonos referentes a los meses de abril y mayo. El tercer IFE (correspondiente al mes de junio) se cobró entre fines de agosto y principios de septiembre. ¿Qué tan importante sería que la ayuda económica se siga manteniendo para las familias compuestas por trabajadores no esenciales, o que han quedado desempleados, una vez que finalice la cuarentena? Rocío Parra reconoció: “Me parece importante que se siga sosteniendo de manera prolongada, ya que no es que se levanta la cuarentena y todos empezamos hacer vida normal. Hay trabajos que van a empezar después de otros y considero que hay mucha gente que perdió su trabajo lamentablemente por empresas que cerraron, otros que no pudieron sostener sus Pymes, y va a ser difícil retomar la rueda de la economía. Mucha gente va a estar buscando trabajo y el IFE es una buena manera de ayudar a la gente. Es necesario, primero, para que se active la economía y, segundo, es un incentivo para empezar de nuevo desde abajo para retomar el país que una vez tuvimos”.
Sin dudas, la problemática de reconstruir puestos laborales para tanta gente será de los desafíos más arduos para el Gobierno. Gastón, desde Lezama, respondió: “Sería bueno que siga hasta que se genere la posibilidad del trabajo formal. Va a ser muy difícil encontrar un mercado laboral bueno después de toda esta situación tan compleja”.
Jul 8, 2020 | Novedades, Trabajo
Según un estudio realizado por la Universidad Nacional de Lanús y el Centro de Investigaciones Laborales (CEIL) del Conicet, 5 de cada 10 trabajadoras domésticas vio empeorada su situación laboral a partir del aislamiento por la pandemia covid-19 en Argentina.
Desde que el Gobierno nacional dispuso de una cuarentena obligatoria a partir del 20 de marzo para evitar la propagación de la enfermedad, se afectaron por completo muchos sectores de la sociedad. Uno de ellos y uno de los más vulnerados fueron las trabajadoras de casas particulares, que se vieron imposibilitadas para trabajar.
El Programa Salud, Subjetividad y Trabajo de la UNLa junto al Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) del Conicet, realizaron un relevamiento encuestando a 635 personas vía redes sociales y WhatsApp entre el 13 de abril y el 10 de mayo, donde notaron que más de la mitad, vieron empeorada su situación. “Decidimos realizar esta investigación para generar un informe y que pueda llegar tanto para que los usen las trabajadoras para reclamar y también por el otro lado que llegue a quienes toman las decisiones políticas”, explica Verónica Casas, antropóloga de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, quien participó en la coordinación del trabajo.
A causa del contexto actual, sólo cuatro de las cinco categorías de empleadas de casas particulares están exceptuadas de concurrir al trabajo. Solamente tienen permitido realizarlo aquellas que estén cumpliendo tareas de cuidado y asistencia de personas, pero en algunos casos, los empleadores se aprovechan de esa situación, como le sucede a Laura Herrera, quien comenta: “Entro a la Ciudad con el permiso de cuidado de personas mayores, no es legal. Pero cualquier cosa que me pase yo ya tengo el permiso. Hay compañeras que entran de forma clandestina, que es peor.”
“Es una estrategia de parte de los empleadores bastante preocupante – exclama Casas – porque después hay que ver si esas personas, efectivamente le cambiaron la categoría y le están haciendo los aportes porque después no las cubre la ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) por ejemplo, entre otras cosas. Y es una persona que se está exponiendo a sus familias, mayormente las trabajadoras domésticas tienen hijos y son jefas de hogar, así que es una situación bastante crítica. Lo del cambio de categoría debería ser una de las primeras medidas que se tome para que el Estado pueda controlarlo”.
El 25 por ciento de las mujeres que respondieron la encuesta, trabajan en negro.
Según lo establecido por el Estado, las trabajadoras domésticas deberían cobrar su salario a pesar de no estar concurriendo a trabajar, incluso no estando registradas. “Por el tema de la pandemia no trabajo, pero me abonan igual el sueldo. Hasta que no se levante la cuarentena no vuelvo, pero igual tengo comunicación constantemente con mis jefes” expresa Blanca Rodríguez, de Moreno, empleada doméstica desde hace más de diez años en Recoleta. “La rutina igual se extraña, uno está acostumbrado a tener un ritmo de vida de mucho tiempo y este receso complica. En lo económico, afecta bastante porque se gasta más plata al estar en casa todo el día”, exclama. El mismo caso sucede con Sandra Méndez, de la localidad de Merlo: “Con respecto a mi patrona, estoy dentro de todo bien, me está pagando porque yo estoy en blanco hace siete años. Mis patrones son de alto riesgo y se cuidan mucho, por eso no puedo ir. Hasta que no pase la pandemia no me van a llamar”.
Pero, ¿qué pasa con todos los casos que no son como el de Blanca, Laura o Sandra? Algunos empleadores no están cumpliendo con lo pautado y en muchos de esos casos, las trabajadoras no poseen otro ingreso extra. El 25% de las mujeres que respondieron la encuesta, trabaja de manera informal o más conocido como “trabajo en negro”. Así, es el caso de Karina Méndez, de 44 años, quien trabaja hace seis años junto a una familia en San Miguel: “A mí no me pagan porque estoy en negro. Iba una vez a la semana, o dos veces, y yo tenía mi plata, mis cosas, no era mucho, pero iba guardando, gastaba o guardaba, pero ahora no”.
Quienes más padecen esta situación son las empleadas no registradas. “En el trabajo a donde yo voy hace doce años estoy en negro, ella me estuvo pagando y me mandaba mensajes, ahora no me mando más mensajes, nada. A partir de junio se han olvidado que existo. Pensé que me iba a pagar el sueldo, pero hasta ahora nada”, señala Mirtha González, trabajadora doméstica de la localidad de Merlo. “La verdad que ya me estoy poniendo re mal porque no puedo pagar lo que debo. Juan, mi hijo mayor, me da para comprar la comida, remedios y los pañales”, agrega.
Los resultados del estudio demostraron que solamente el 55,7% de las trabajadoras cobró los 10.000 pesos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) dispuesto por el Gobierno Nacional, el 15% no sabe como tramitarlo y después está el resto que no están recibiendo ninguna ayuda. Casi la mitad de las trabajadoras no poseen otro ingreso extra.
“Ni siquiera cobré el bono –dice Mirtha Martínez- porque estamos vinculados con mi marido a la pensión no contributiva, por discapacidad, de mi hijo Matías. No nos salió negativo la IFE, y cuando mi hija entró a averiguar en el Anses nos sale vinculado con eso, así que estamos sin nada y es un re bajón”.
«En la práctica los empleadores no están cumpliendo la ley y no registran a las trabajadoras», dice Casas.
Este sector siempre padeció una gran vulnerabilidad y se vio profundamente agravado en este contexto de pandemia. Casas sostiene: “Las situaciones que cuentan las trabajadoras y que se ve por todos lados ahora en la cuarentena en realidad son situaciones que vienen de antes, hay una desigualdad estructural del sector que tiene que ver con desigualdad de género, de clase, étnicas y hacen que, un montón de prácticas que antes también se hacían, ahora se empiecen a ver más por esta crisis que estamos viviendo”. Además afirma: “Si bien en Argentina tenemos una ley que iguala derechos a esas trabajadoras, hoy en la práctica los empleadores no están cumpliendo y no las están registrando”.
La pandemia vino a agudizar esas desigualdades estructurales que padecía el sector de las trabajadoras domésticas, compuesto mayormente por mujeres que vienen peleando por el acceso a sus derechos. Es el momento de potenciar la voz de esas trabajadoras que vienen reclamando históricamente, visibilizarlas y darles una solución.
