La ausencia del Estado mata

La ausencia del Estado mata

Una niña de 11 años, que atravesaba con su familia una situación de vulnerabilidad límite, falleció luego de sufrir desmayos en la escuela. La ausencia de una dieta hipercalórica en la vianda escolar fue denunciada por sus docentes en repetidas ocasiones, pero nunca recibieron respuesta. El lunes, la escuela organiza una marcha hacia la Jefatura de Gobierno.

Una nena de 11 años falleció este lunes luego de ingresar a la guardia del Hospital Penna tras haberse desmayado el viernes anterior en la entrada de la escuela, día en que la ambulancia nunca apareció. Hoy la familia y la comunidad educativa esperan los resultados de la autopsia y la resolución de una denuncia penal, apuntando al Gobierno de la Ciudad como principal responsable por su “ausencia y desidia que sistemáticamente vulnera los derechos de nuestres pibis”. 

La niña asistía a la Escuela Nº 11 D.E. 5 «República de Haití» de la villa 21-24 desde que comenzó primer grado. Desde entonces, debido a su situación de vulnerabilidad y la de su familia, las autoridades pidieron la intervención del EOE (Equipo de Orientación Escolar) conformado por profesionales de la educación y la salud que hacen un acompañamiento del alumnado. 

La nena recibía, bajo certificado médico, un refuerzo hipercalórico de vianda. “El refuerzo era insuficiente: un yogur, un flancito o una banana con dulce de leche”, cuenta a ANCCOM Alejandra Giusti, maestra de la escuela dentro del Programa de alfabetización “Maestro + Maestro”. El refuerzo dejó de otorgársele a la nena porque el último médico que la atendió no le diagnosticó bajo peso. “Pesaba 20 kilos. Tenía el cuerpo de una niña de 7 años”, repone la docente.

Fue recién en 2020 que finalmente el EOE solicitó la intervención a la Defensoría Zonal. La solicitud fue reiterada dos veces en 2021 y 2022. “Quienes trabajan en el EOE están en una situación de precariedad laboral importante. Hacen lo que pueden y es muy poco porque no hay una política del Estado apoyando esto”, explica Giusti. Aún hoy la escuela dice que nunca fue informada sobre alguna intervención del organismo.

El acompañamiento que la nena recibía de parte del personal docente era integral. Desde los dispositivos focalizados en su aprendizaje dentro y fuera del aula, como la gestión de turnos médicos o de sus anteojos, ropa de abrigo y almuerzo antes de entrar al aula. “Los recursos y las herramientas que debería haber proporcionado el Gobierno de la Ciudad para acompañar a la niña y a su familia, nunca fueron suficientes, y en algunos casos inexistentes”, expresaron las y los docentes en el comunicado publicado ayer. 

“Hacía días que la niña no estaba viniendo porque no tenía zapatillas y la escuela se encargó de conseguirle unas”, cuenta Giusti. El viernes 12 de agosto, la nena regresó a la escuela y en la entrada se desvaneció en los brazos de una compañera. Luego de dos llamados al SAME y una hora de espera, la niña fue retirada de la escuela. El lunes 15, ingresó en estado de gravedad a la guardia del Hospital Penna, donde finalmente falleció. Aún no se conocen los resultados de la autopsia ni si esta fue realizada efectivamente. El caso se encuentra judicializado y actualmente depende de la Defensoría del Menor.

“Esto es a causa del hambre. Por más que no esté la autopsia, lo sabemos. Vemos todo el tiempo cómo se achican los platos, cómo se saca la carne. Lo que antes era pastel de carne ahora es con lentejas. Con un discurso de nutrición insana nos sacaron el pan. Antes era una manzana ahora es la mitad, y muchas veces la fruta viene podrida”, enumera Alejandra quien siempre lleva galletitas en la mochila porque la frase que más se repite en el día es “Seño, ¿tenés un paquete de galletitas?”. “A veces les tenemos que dar la comida antes porque tienen hambre. Las galletitas no sobran nunca”. 

La comunidad educativa responsabiliza principalmente al Gobierno de la Ciudad por llevar a cabo una política de “vaciamiento de todos los organismos del Estado que durante todos estos años deberían haber actuado en tiempo y forma, garantizando la salud, el cuidado y la integridad de esta niña y su familia; así como la de tantos/as otres estudiantes que se encuentran atravesando situaciones similares en las escuelas públicas del sur de la Ciudad de Buenos Aires”, denuncian en el comunicado. 

  Giusti comenta que lo que sucedió se debe a “la ausencia del Estado y mañana pasa en cualquier escuela del barrio”. Los y las docentes están todos los días gestionando lo que sus alumnos necesitan sea ropa, turnos o materiales. “Tenemos un ropero para poder abrigar al que viene desabrigado. Todo eso lo hacemos las maestras gestionando donaciones, tomando de nuestras propias cosas. Vamos al mayorista a comprar lapices negros porque el Estado no nos da nada, ni un cuaderno. He llegado a ver un cuaderno con hongos. Imaginate la humedad con la que hay que vivir para que un cuaderno que usas todos los días tenga hongos”.

 

Por su parte, la legisladora porteña del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry, presentó un proyecto de resolución que cita a la ministra de Educación, Soledad Acuña, a ser interpelada debido al fallecimiento de la niña. Barry señaló que la situación «se da en medio del ataque de Soledad Acuña a las familias de las y los alumnos más humildes, ya que amenaza con quitar los planes sociales a quienes no logren cumplir con el 85% de la asistencia de sus hijos e hijas».

“Hoy en la ciudad más rica del país mueren niñes porque no se destinan recursos ni hay voluntad, de parte de este gobierno para proteger las niñeces”, señalan los y las docentes en el comunicado. Giusti concluye pidiendo justicia y refiriéndose a la “fantochada del marketing” del GCBA: “la transformación no para de avanzar pero nunca pasa por nuestros barrios”. 

La respuesta desde el GCBA sostiene no haber recibido notificación del estado en que se encontraba la nena. Debido a esto, la escuela convoca una marcha que se realizará el próximo lunes hacia la nueva sede de la Jefatura de Gobierno en Parque Patricios.  

Despiden a los agentes de tránsito que reclaman contra la precarización laboral

Despiden a los agentes de tránsito que reclaman contra la precarización laboral

El 27 de enero la jueza Elena Liberatori ordenó la reincorporación de la totalidad de los agentes de Tránsito despedidos.

Una larga planilla contiene la lista de 82 nombres. Son los agentes despedidos. Junto a ellos, las razones por las que ya no pertenecen al Cuerpo de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. En una sala de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Lucas Dávolos y Silvio Piera leen por primera vez los motivos que, aparentemente, justifican sus desvinculaciones y la violación de la medida cautelar emitida por la jueza Patricia López Vergara, de noviembre pasado, que impedía al Gobierno de la Ciudad despedir a cualquier trabajador de es repartición. “Tuvo cuatro suspensiones, fue informado en tres ocasiones, debe destacar que desde el día 8/9/19 el agente no labró acta alguna”, lee Dávolos con incredulidad y una sonrisa que enuncia sorpresa: el enojo y la impotencia ya se superaron. Su trabajo consistía en ser chofer. “Tengo una sola suspensión, que me la hicieron en estos casi cuatro meses de lucha. Me la hizo un coordinador que, además, es delegado del gremio. Cuando empezó el conflicto, aprovecharon a los que tienen nivel jerárquico dentro del Cuerpo y que también pertenecen al sindicato para justificar medidas disciplinarias y poder rescindir el contrato, darnos de baja o echarnos.”

Los despidos comenzaron poco antes del 1 de enero y fueron notificados como no renovación de contratos. Llegadas tarde, ausentes injustificados y falsificación de certificados médicos fueron los motivos que el Gobierno alega para violar la cautelar. Sin embargo, los trabajadores niegan que estos argumentos sean las verdaderas razones: “De los 82, más o menos 55 fuimos los que impulsamos los reclamos y tratamos de asesorarnos con otro gremio, ya que el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) siempre se comportó bastante funcional al Ejecutivo y de una manera violenta y agresiva hacia con los trabajadores. Y en ese grupo estamos los referentes, delegados normalizadores de ATE, y nuestros amigos y personas cercanas”, sostiene Dávolos, quien llevaba cuatro años en el Cuerpo.

El caso de Silvio Piera es similar: con seis años de monotributista para el Gobierno de la Ciudad y realizando los estudios para su pase a planta permanente fue notificado por teléfono que su vínculo con Tránsito había cesado. El motivo: no haber realizado multas, incluso cuando esa no era su función. El verdadero motivo: político, tal como se lo confesó su supervisor. Los despidos fueron la última represalia para los que decidieron organizarse por sus derechos, y un mensaje para los agentes que quedaban dentro de la Dirección de Tránsito.

Frente a esto, Rodolfo Arrechea, secretario gremial y parte del Consejo Directivo de ATE, aseguró que acudirán al INADI: “Vamos a ir al INADI a presentar una denuncia por discriminación ideológica y persecución laboral, y porque una patota que agredió a las mujeres, mandada por una organización sindical empresarial que es la que sostiene al Gobierno de Larreta. Presentamos la denuncia en la comisaría y acá la respuesta fue ‘los echamos a todos’

Por otra parte, el pasado 27 de enero la jueza Elena Liberatori ordenó al Gobierno de la Ciudad la reincorporación de la totalidad de los agentes de Tránsito desvinculados del Cuerpo con posterioridad a la cautelar de López Vergara, en un nuevo capítulo de esta saga.

“Vamos a ir al INADI a presentar una denuncia por discriminación ideológica y persecución laboral», dice Arrechea.

La situación que atraviesan los agentes del Cuerpo de Tránsito dista mucho de ser la ideal desde hace mucho tiempo. Su precaria situación laboral se conoció luego de que en la madrugada del 8 de septiembre de 2019, Cinthia Choque muriera durante su horario laboral tras ser atropellada por Eugenio Veppo, quien también hirió de gravedad a otro agente, Santiago Siciliano. “Esa noche, Cinthia y Santiago ya no estaban parando autos porque se habían cortado los controles desde supervisión: ya no había lugar en las playas de acarreo”, cuenta Dávolos, quien también era amigo de las víctimas. “Pero los chicos quedan ahí parados en la calle, no los dejan ni subirse al móvil ni subirse a la vereda. Se tienen que quedar ahí como una especie de campaña de márketing”, agrega.  Una exposición que es  doblemente peligrosa cuando los trabajadores no cuenta con ningún tipo de cobertura por parte de la Dirección de Tránsito: ni ART, ni obra social, ni posibilidad de licencias médicas debido a su condición de monotributistas, es decir, de trabajadores  sypuestamente“independientes”.

A partir de ese momento, lo que antes fueron quejas aisladas y puntuales se convirtió en un reclamo organizado. Comenzaron las movilizaciones, las asambleas y la unidad para denunciar las condiciones en las que trabajan. Sin embargo, en medio de una campaña electoral y con bastante presencia de los medio de comunicación, la respuesta del “Ejecutivo” -las autoridades de la Dirección de Tránsito- no se hizo esperar: “Primero nos sacan de la calle con la excusa de que durante una negociación no se podía cortar la calle”, relata Piera. “En la primera mesa de trabajo nos prometieron un montón de cosas, estábamos todos felices. Pero antes de que se lleve a cabo la segunda mesa, renuncia el director y asume el que hasta entonces era jefe de Operativos, que también es delegado de SUTECBA. Ahí hacen un negocio para ellos y a nosotros nos dejan afuera.” Lo que sigue, cuentan, es una serie de persecuciones y aprietes tanto en el ámbito laboral -suspensiones, cambio de horarios y funciones, acoso- como por fuera de éste e incluye amenazas de muerte, patotas y golpizas.

Verónica Báez, trabajadora en planta permanente que también forma parte de la lucha en contra de la precarización laboral, recuerda que anteriormente “otros compañeros intentaron organizarse en un sindicato distinto, pero fueron amenazados violentamente.” La frase “SUTECBA o muerte” logró disuadir a los demás agentes por un tiempo. “Nosotros teníamos muy en claro que no podíamos organizarnos. Pero todo tiene un límite, y la muerte es un límite. Cuando te dicen ‘SUTECBA o muerte’ era literal, nuestra compañera murió. Eso fue el detonante para querer organizarnos”, sostiene Báez. La afiliación en ATE no fue una opción hasta que, agotados todos los recursos propios y habiendo hablado con todas las personas posibles, el asesoramiento legal y laboral que ya recibían del gremio se convirtió en su base de resguardo.

La presión siguió en aumento, al punto que supervisores y coordinadores acudieron durante su horario laboral -como si estuvieran cumpliendo sus funciones- a una reunión de los trabajadores en Parque Chacabuco, en la que sacaron fotos y filmaron. “Se lo dije al vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, porque esta cuestión es gravísima en el marco de la democracia, y dijo que iban a averiguar”, dice Arrechea. Pero esa averiguación prometida culminó en una lista de despedidos en la que se encuentran todos los fotografiados aquella tarde. “Ahí te das cuenta que en esa lista no está el justificativo. El justificativo es todo lo que venimos aguantando y que expusimos”, argumenta Dávolos. Los despidos fueron tan solo el paso final.

La lucha por la reincorporación no es menor, pero los trabajadores no quieren que esta situación corra del eje central la cuestión más importante: la precarización laboral. “Estamos en el año 2020 y estamos pidiendo derechos del 1900. ¿Cómo puede ser que a esta altura en la Ciudad de Buenos Aires -no un lugar perdido en el mundo-, un trabajador no tenga obra social, y no tenga una ART o el derecho a pasarse un médico?,” sostiene Báez.

Piera sostiene que “ya de por sí la condición de contratado es violencia pura porque la gente no sabe si al otro día va a tener trabajo o no, hay dependencia total de la persona que te contrata y así no se puede proyectar nada.” Por otra parte, y si bien el Cuerpo de Tránsito aporta el mayor caudal de ingresos al gobierno después de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), los trabajadores de esta dirección son los peores pagos entre los trabajadores municipales de la Ciudad, tal como sostiene Arrechea. A esto se le suma que pueden llegar a no cobrar durante enero, febrero, marzo y, en ocasiones, abril. “Interrumpen la facturación, que es por una cuestión fiscal para que no salte la relación de dependencia encubierta”, explica Dávolos y añade: “Si facturás los doce meses durante cuatro años, como es mi caso, claramente hay una relación de dependencia. Estás completando el ciclo anual de facturación al mismo ente una y otra vez y seguís siendo monotributista.”

Según Báez, también “hay que ver lo político y lo económico en cómo está armado el Cuerpo de Tránsito para que las cosas no cambien”. Desde lo político, “algo importante es qué hace el gobierno de la Ciudad, por qué decide contratar”. “No es solo una cuestión burocrática, es una manera de presionarte, diciéndote y amenazándote con que no te van a renovar el contrato. Entonces, si a vos te piden hacer mil multas, lo vas a hacer por el miedo de quedarte sin trabajo. Es una pistola en la cabeza”, expresa la agente.

Otra cuestión de gravedad que denuncian es la utilización de los agentes de Tránsito como militantes políticos por parte del gobierno  y del PRO. “Si superabas los 45 días por médico que tienen los monotributistas y, por alguna razón, tenías que faltar, te daban los días a cambio de que fueras a timbrear. Una persona que hacía política para el PRO o que es afín al gremio y al poder tiene franco”, cuenta también Báez, y Dávolos agrega: “Hay gente que se jacta de que recibió la planta permanente por estar siempre presente en el timbreo y de que ‘vos sos un boludo’, te lo dicen así.” Es de este modo que “una persona que va a timbrear los fines de semana y que entró hace dos años tiene más derechos que Cinthia, que falleció estando seis años y medio como monotributista.” “Hicieron clientelismo con los recursos que nosotros habíamos conseguido en nuestra lucha. Hay clientelismo y corrupción”, resume Piera.

Respecto de los motivos económicos, la recaudación supone el objetivo principal y la contracara de la presión sobre los trabajadores en términos de productividad. “Ellos no quieren funcionarios públicos, no solo por el tipo de contratación y la plata, sino porque no quieren personas que estén a  favor del ciudadano y que ayude en lugar de recaudar”, sostiene Báez, una de las pocas agentes en planta permanente que no es administrativa, sino que trabaja en la calle.

Es por esto que, a pesar de que entre las funciones del trabajador de Tránsito esté el “aportar para cesar la falta y prevención de la falta”, es decir, participar en la educación vial más allá de lo meramente punitivo, desde el Gobierno y la Dirección están lejos de promover este tipo de acciones. “La política de los jefes es esconderte porque ellos lo que quieren es la multa, la plata”, sostiene Piera.

“Eso es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que nos llenó de luces la avenida Corrientes pero resulta que genera una ciudad profundamente injusta. Por afuera muchas luces y mucha sonrisa, y por dentro están los trabajadores en esta situación,” expresa Arrechea, para quien la situación está lejos de resolverse debido al cerco mediático: “A todo tipo de medios le aporta Larreta para poder sostener un gobierno como este.”

Por su parte, los trabajadores despedidos y los agremiados a ATE continúan en lucha, a la espera de que se cumpla del fallo de Liberatori. “Nosotros creemos que es prioridad el puesto de trabajo, más en un momento tan difícil como el que está atravesando el país, y aún más después de una relación de dependencia durante tanto tiempo, de manera encubierta, y con una limitación de derechos básicos que asquea”, sostiene  Dávolos. También convocaron a una concentración el lunes 3 de febrero para exigir la inmediata reincorporación de los despedidos y continuar con los reclamos por mejora en los derechos laborales.