Basurero de Cocula, donde el EAAF busca a los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.
La semana pasada la Fiscalía General de la República de México (FGR) anunció nuevas coincidencias genéticas entre restos óseos y familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en 2014. La primera de ellas identificó a Jhosivani Guerrero de la Cruz; la segunda, arroja una identificación previa, la de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, informada el año pasado. Ambas vuelven a evidenciar las contradicciones de la llamada “verdad histórica”, sostenida por las autoridades estatales mexicanas de aquel entonces.
Los restos fueron recuperados en la Barranca de la Carnicería, en octubre de 2020 por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR, a cargo de Omar Gómez Trejo. Las coincidencias surgen de los exámenes genéticos realizados en el laboratorio de la Universidad de Medicina de Innsbruck, en Austria, que se dedica a examinar muestras en las cuales, por su extremada degradación, es muy difícil extraer ADN. “Nuestros resultados también señalan la fuerte coincidencia”, comenta, en diálogo con ANCCOM, Mercedes Doretti, integrante fundadora y directora para Norte y Centroamérica del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
El caso
De aquella noche del 26 de septiembre de 2014, en la que se produjo la desaparición forzada de 43 estudiantes mexicanos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, de la localidad de Iguala en el Estado de Guerrero, han pasado un total de 2.826 días, más de siete años. Los familiares siguen exigiendo verdad y justicia. En el proceso puede notarse, al menos, un cambio de actitud en la investigación a partir del cambio de gobierno en 2018. En diciembre Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), reemplazó en la presidencia a Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El 7 de noviembre de 2014 la Procuraduría General de la República informó que, según sus investigaciones, había indicios de un homicidio masivo en un basurero de Cocula, Guerrero. Dos meses después confirmó su propia versión. Según la “verdad histórica”, los jóvenes habían sido atacados y detenidos por policías municipales para luego ser entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado en Cocula.
Los familiares rechazaron siempre esa explicación, ya que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comprobó su falta de veracidad a partir de videos que registran irregularidades. Allí se constata que Tomás Zerón, director de la Agencia de Seguridad Criminal, encargada de investigar el caso en la estructura estatal, había estado en el basurero antes de que se encontraran en el lugar los restos incinerados de un estudiante. Además, el GIEI plantea que se puede observar cómo agentes federales impidieron el paso del Equipo Argentino de Antropología Forense mientras Zerón recorría la zona, por lo que las pruebas podrían haber sido implantadas. A eso se sumaron denuncias de tortura durante las confesiones de distintos sospechosos.
Al poco tiempo de asumir, López Obrador creó por decreto la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, hoy encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración Alejandro Encinas Rodríguez, momento en el que la primera versión oficial de los hechos comenzaba a ser descartada.
El fin de semana se identificaron restos óseos pertenecientes a Jhosivani Guerrero y Christian Alfonso Rodríguez.
Rol del EAAF
El Equipo Argentino de Antropología Forense actúa desde octubre de 2014 como perito y asesor técnico de los familiares de los estudiantes desaparecidos, tanto en búsquedas de campo como en análisis de laboratorio. Fue convocado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que acompañan y representan legalmente a las familias. “También contribuimos como contacto con distintas entidades para llevar a cabo trabajos especializados”, suma Doretti, y en esa instancia aparece la universidad austriaca.
El EAAF participó, junto a la Coordinación General de Servicios Periciales de la FGR, en el estudio de la evidencia recuperada y en la selección de muestras que se enviaron al laboratorio de Innsbruck. Hace dos años que trabaja de manera coordinada con la UEILCA que dirige Gómez Trejo. Al no encontrar evidencia física para sostener la incineración que declaraba la “verdad histórica”, comisionó en 2017, previa autorización de todos los familiares, a la ONG inglesa Arquitectura Forense la reconstrucción de la escena del crimen de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 a través de una cartografía interactiva, en la que se exploran los conflictos e inconsistencias de la narrativa oficial.
Luego de diversos retrasos por la pandemia, el 19 de febrero de 2021 el fiscal Gómez Trejo, acompañado por un integrante del EAAF, de la comisión presidencial y de la CIDH, hizo entrega de las muestras a Walter Parsons, jefe del Departamento de Genética del instituto austriaco. De los restos óseos recuperados, en su mayoría severamente fragmentados y alterados por exposición a altas temperaturas y a la intemperie, pudieron seleccionar catorce muestras del total para ser enviadas. Un mes más tarde Parsons informó que sólo seis restos eran viables de ser estudiados y el 8 de junio se comunicaron los resultados de análisis en ADN, de los cuales dos arrojaron identificaciones positivas.
Nuevas identificaciones
La primera identificación realizada en el caso está asociada a la versión oficial de 2014, a partir de una bolsa que, según se indicó, se había hallado en el Río San Juan, en Cocula, poblado a una hora de distancia de Iguala. En ese entonces apareció un fragmento de hueso que terminaría identificándose con el joven Alexander Mora Venancio por vía genética, aunque desde el EAAF remarcan que “hasta el día de hoy no hay evidencia científica” para sostener la aseveración. De hecho, las coincidencias recientes tampoco concuerdan.
Estas dos identificaciones posteriores pertenecen a una hipótesis de trabajo muy distinta, a cargo de la actual Fiscalía. La Barranca de la Carnicería, el mismo lugar en el que se identificó un resto del estudiante Rodríguez Telumbre, está ubicada a 800 metros del basurero y “los restos hallados en superficie son aislados y en su mayoría multifragmentados”, menciona Doretti, y agrega que las dos muestras que arrojaron los resultados “no presentan alteraciones térmicas y están bastante completas”.
Mercedes Doretti, integrante del Equipo Argentina de Antropología Forense, realizó los anuncios de los hallazgos.
La primera de las coincidencias, según informó Gómez Trejo, fue a partir de un hueso calcáneo del talón de Aquiles de un pie derecho y demostró una reasociación positiva con uno de los identificados en junio de 2020, el mencionado Rodríguez Telumbre, que ya había sido debidamente notificado. La segunda fue gracias a una vértebra lumbar y tiene concordancia con los padres y los tres hermanos de Jhosivani Guerrero de la Cruz. A diferencia de otra muestra de 2015, también asociada con el joven pero desestimada por el EAAF por ser baja en términos estadísticos, ésta permite la certeza en la identificación.
Según comunicó el EAAF, el ADN mitocondrial de la muestra de 2015 se transmite por vía materna sin alterarse y “no identifica a un individuo sino a dos que pueden pertenecer al mismo linaje”. El fiscal Gómez Trejo remarcó que, a pesar de las recomendaciones, las autoridades de aquel entonces decidieron dar a conocer un “resultado dudoso del 17 por ciento de coincidencia”. En cambio, los restos hallados recientemente se alcanzaron gracias a la recuperación de ADN nuclear, “resultante de la combinación única de un padre y una madre”, por eso la probabilidad de parentesco es concluyente. “Técnicamente, es falso que ya hubiera sido identificado”, insistió en su exposición el letrado.
Los siguientes pasos
La investigación sigue su curso por distintas áreas. “Por un lado, seguir buscando a los estudiantes y, por otro, a los culpables y a quienes cometieron irregularidades en el caso”, expresa Doretti. Ese tercer punto fue denunciado por el EAAF, el GIEI y Gómez Trejo al momento de asumir su función. El hallazgo demuestra que la identificación genética es posible, incluso a pesar del paso del tiempo. El fiscal, a su vez, deslizó que en los días venideros partirá para entregar nuevos restos óseos para su análisis en Innsbruck.
Las coincidencias fueron notificadas a las familias particulares el 12 de junio, en presencia del fiscal, del subsecretario Encinas Rodríguez, del acompañamiento legal y psicosocial de los familiares, de Francisco Cox, integrante del GIEI, y de Mercedes Doretti y Alicia Rizzardo, representantes del EAAF. Para Gómez Trejo se trata de “resignificar y reparar” acciones anteriormente llevadas a cabo por autoridades estatales y federales que “alimentan la impunidad y la indiferencia frente a la realidad de las víctimas que se vive en México”.
Días más tarde, el presidente López Obrador convocó a una reunión con todas las familias, en compañía de Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República. Informaron las nuevas coincidencias y los avances en materia de investigación y procedimiento penal. El caso de los estudiantes de Ayotzinapa es un punto de inflexión en la historia mexicana, así como lo fue la Masacre de Tlatelolco en 1968. En septiembre de 2014 los jóvenes se trasladaban a Iguala para recaudar fondos para asistir a una marcha en conmemoración del hecho citado con anterioridad. Una cuestión simbólica.
Es 22 de octubre de 1977. Varias mujeres giran alrededor de la Pirámide de Mayo, como lo hacen todos los jueves desde el 30 de abril de ese mismo año. Piden por sus hijos. La dictadura genocida, en boca de Jorge Rafael Videla, les dirá dos años más tarde que ellos “no están ni vivos ni muertos; están desaparecidos”. Lo cierto es que ese jueves y todos los jueves sus hijos les faltan y nadie las escucha.
Una madre decide apartarse de la ronda y pregunta: “¿Quién está buscando a su nieto o tiene a su hija o nuera embarazada?”. Doce mujeres responden “yo”. Si bien al comienzo se llamaron Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos, la historia hizo que hoy las reconozcamos en Argentina, y en el mundo, como las Abuelas de Plaza de Mayo.
Estela Barnes de Carlotto se incorporó en agosto de 1979, luego de que le entregaran el cuerpo sin vida de su hija Laura, que estaba embarazada de dos meses cuando la secuestraron. Hoy, Estela es la presidenta de la institución.
En su larga historia, las Abuelas lograron cosas que ni los gobiernos, ni la ciencia, ni nadie, hubiese imaginado alcanzar: impulsaron la investigación que logró desarrollar el “índice de abuelidad”, que lleva ese nombre en su honor; crearon un Banco Nacional de Datos Genéticos sin igual en el mundo; fomentaron la formación del mejor equipo de antropología forense y, sobre todo, encontraron a 122 nietos, a quienes le restituyeron su verdadera identidad. Aún les falta encontrar a más de 300, pero no se rinden ni se cansan de luchar. Por eso, ahora también piden desesperadamente por la aparición con vida de otro joven: Santiago Maldonado.
Aparentemente no hay lugar más seguro que el que se vuelve habitual. Las calles del barrio, la cuadra de la casa, el edificio donde se vive, el vecino del departamento, la puerta de entrada al hogar. Es así como también los lugares más extraños, los hábitos menos frecuentes, los espacios más llamativos, se disfrazan de cotidianos. Eso explica cómo un cementerio, por ejemplo el de Avellaneda, sólo puede inquietar al fulano que no es de Villa Corina. Y también es cierto que un portón, un paredón al que se le suman policías y militares en sus vehículos y con armas, pueden volverse parte del paisaje. Pero no es menos verdadero que para algunos, una noche basta para dejar marcados recuerdos que jamás pasarán inadvertidos.
“A mí lo que me diferencia con mis hermanos, es haber estado esa noche y tener memoria de lo que pasó”, arranca Karina Manfil, 40 años después de haber sobrevivido a la noche trágica en donde un grupo de tareas conformado por policías de civil y militares ingresó en el departamento de su familia, en el tercer piso de la torre seis en Villa Corina, y mató a tres adultos que militaban en Montoneros y a un chico de 9 años. “Estábamos comiendo fideos con tuco y mirando El Planeta de los simios en la tele. Y después nos fuimos a acostar”, comienza el relato Karina.
En la vivienda dormían en una de las habitaciones Carlos Manfil con su mujer Angélica Zárate y su hijo de seis meses, Cristian. En otro cuarto, estaba la pareja integrada por Rosario Ramírez y José El Gordo Vega, mientras en la pieza del medio descansaban los hijos de ambos matrimonios: los hermanos Carlos y Karina de nueve y cuatro años, y Marcela y Adolfo de nueve y once años, respectivamente.
“Eran las dos menos cuarto de la mañana, (Nota de la R: del 27 de octubre de 1976) entraron tirando cosas, gritando y disparando”, recuerda Karina Manfil. “Mi hermano se para en la cama, para mirar por la ventana y ver qué pasaba. Cuando apoya la mano en el marco, literalmente le vuelan la cabeza”, dice y agrega: “Yo sentí hasta cierta culpa de quedar con vida. Mi hermano Carli tuvo mucho que ver, se cayó arriba mío y me cubrió”.
Espacio municipal de la memoria «El Infierno», ex-centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la última dictadura militar, y donde funcionó hasta 2015 la Brigada de Investigaciones de Lanús, Avellaneda.
Lo que puede parecer negligencia por parte de los oficiales que efectuaron los disparos, se despeja cuando Karina rememora una situación crucial: “Los genocidas entraron a la pieza disparando, se metieron debajo de la cama y siguieron, hasta le tiraron al ropero. Se escuchaba el grito de las madres pidiendo que no tiren, y no le daban bola. Entró otro y preguntó quién dio la orden,´acá hay sólo chicos´, y el que estaba disparando se dio vuelta y le dijo cállate, la orden la dio (Ramón) Camps”.
Durante la ráfaga de balas, Karina fue herida en una de sus piernas, Adolfo también fue baleado en sus extremidades, y Marcela recibió una bala en el brazo y otra en el pulmón. Los chicos fueron llevados al Hospital Presidente Perón de Avellaneda donde quedaron internados bajo custodia militar. A los hijos de Vega, que fue el único de los mayores que logró escapar, se les negaba la medicación y les tocaban las heridas para lograr obtener información sobre el paradero de su papá.
Además, a la abuela materna de los Manfil le dijeron que Cristian, el bebé de seis meses, había muerto en la balacera, cuando en realidad había sido secuestrado por personal de la Comisaría 4° de Avellaneda y recuperado 3 días después por Luisa López, madrina de Karina. “Se lo devolvieron, cosa rara. Yo supongo que hubo una negociación que a los tipos le interesó, porque mi madrina tenía una posición económica bastante importante”, agrega.
Graciela, la mayor de los Manfil, tenía en aquel entonces 12 años y no se encontraba en el departamento con sus padres y hermanos; había sido llevada a la casa de su abuela paterna cuatro días antes por decisión de su papá Carlos, previendo lo que luego sucedería. Ella recuerda hoy, a sus 51 años: “Ese día vivimos una locura, mi hermana internada, mi hermanito que no estaba con nosotros porque se lo habían llevado, ‘Carli’ asesinado, nuestros padres también. Es algo que uno después de todo este tiempo se pregunta cómo llegamos hasta acá, porque el día a día fue muy duro”.
Figuras en el Espacio municipal de la memoria «El Infierno».
Los restos de Carlos, su mujer Angélica y “Carli” fueron encontrados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en una de las tres fosas comunes del cementerio de Avellaneda, en el sector 134, perteneciente a la morgue policial, en donde se hallaron 336 cuerpos. Del total de los restos encontrados, sólo 120 pudieron ser identificados.
Entre ellos, el de los Manfil, que fue el primer caso en donde se utilizó una muestra de ADN para una causa de lesa humanidad. Hernán Bravo, historiador y trabajador del Espacio para la Memoria en el Municipio de Avellaneda, investigó el rol que ha tenido en particular el cementerio de esta localidad en la desaparición de los cuerpos de las víctimas del terrorismo de Estado. Antes de la dictadura militar, la morgue policial tenía muy poco funcionamiento, como indica el historiador: “Empiezan a ver más registros, ingresos de N.N. casi todos los días y con una característica atípica, que el promedio de edad baja de los 25 años”.
Para ingresar los cuerpos, los militares entraban por el portón de la morgue que se encontraba sobre la calle lateral, Oyuela, evitando la puerta principal que se ubica sobre una Crisólogo Larralde. Además, en el interior del cementerio se construyó un paredón de tres metros, para aislar al sector 134 con el fin de que no se visualizara el inhumación de los cuerpos.
Villa Corina fue una zona militarizada durante la dictadura militar por la función que tuvo el cementerio. Luis Velázquez, que era vecino de la zona en la época de la masacre, recuerda que su abuelo y uno de sus tíos, que habían trabajado durante toda su vida en el lugar, le llegaron a comentar que los militares “hacían preparar las fosas por los empleados mismos, y después sacaban a todo el mundo y ahí tiraban los cuerpos. Si un trabajador quedaba dentro, lo amenazaban con lastimar a su familia, a tal punto que después de todos los años que pasaron seguían con miedo a hablar.”
En la calle Oyuela, frente al sector 134, se encuentran unos monoblocks desde donde se podían observar los movimientos dentro del cementerio. Antonio Cáceres, vecino que vive todavía en uno de estos edificios, recuerda: “Cuando caían con los camiones abrían el portón y te hacían volar, se paraban en dirección a las torres y no se podía mirar lo que estaban haciendo, si abrías una ventana te mandaban para adentro en seguida. Acatabas o iban a tu casa y te pateaban la puerta y entraban”. Cáceres, que era un niño en esa época, señala sobre las descargas que realizaban: “Uno veía que bajaban como si fuesen bolsas de papa, los tiraban para abajo, hacían un pasamano y los mandaban adentro.”
ANCCOM recorrió juno a Karina Manfil el Espacio municipal de la memoria «El Infierno».
Algo parecido recuerda otro vecino, Elvio Taboada, que reconoce que con frecuencia veía que se bajaban cuerpos. En una oportunidad, cuando tenía seis años, pasaba por la puerta lateral del cementerio con su mamá y vieron que “había un cuerpo con una panza gigante, yo era chico y pensé que era un borracho. Después me di cuenta que era una mujer embarazada con un vestido blanco. Cuando nos acercamos, un soldado le dijo a mi vieja que pasara rápido y que no miráramos”.
La causa judicial por el asesinato de la familia Manfil, se encuentra en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3, a cargo del juez Daniel Rafecas. El proceso está en la instancia de declaraciones testimoniales desde hace dos años, a la espera del pedido de instrucción para elevar el caso a juicio. A 40 años de la muerte de su familia, Graciela Manfil expresa su pesar: “Es duro que la causa no avance, que hayan salido varios juicios y que el nuestro esté ahí, en veremos. Los genocidas están muy grandes ya.” Su hermana Karina, por su parte, reclama apoyo: “Me gustaría que la gente de Avellaneda aportara un poco más de fuerza por el tema del juicio. Yo la escuchaba a la compañera Emilce Moler, que no se la tiene en mente como sobreviviente de la Noche de los Lápices. Ella dice que es desaparecida doblemente de la democracia. Me parece que mis viejos y mi historia también”.
