Carlos Brigo, fotógrafo, despedido de la Agencia de Noticias Telam.
“Yo me pongo acá para que tengas una mejor vista de lo que es una redacción vacía. Lo que queremos es trabajar y no se está trabajando porque no quieren que trabajemos y el Presidente de la Nación te dice que acá se sale trabajando…” Aclara y ríe Carlos Brigo, uno de los fotoperiodistas despedidos de Télam con más trayectoria. “La Agencia Nacional de Noticias, la agencia de bandera no es un firma comercial, es una empresa de servicios que está brindando información pública a todo el territorio nacional”. El edificio de la agencia se encuentra tomado pacíficamente. La claridad entra por las ventanas del cuarto piso que dan a la avenida Belgrano y pueden verse trabajadores que duermen bajo los escritorios, otros sentados frente a sus computadoras y otros que entran y salen. En todos ellos se percibe el mismo gesto, el de la angustia.
¿Cuál es tu situación particular?
A mí no me llegó el telegrama de despido, tampoco me llegó el correo de bienvenida. Pero ayer a la mañana vi impactado en mi cuenta sueldo una suma de dinero que no cobro como salario, era bastante más. Lo que presumo, al no tener ninguna comunicación oficial sobre que me hayan aumentaron el sueldo, es que me despidieron. Pero no lo sabemos. Estoy en un limbo, hay muchos compañeros que están en la misma situación. Hay una clarísima persecución ideológica. Según dice el ministro de medios y el presidente de la compañía, al estar sobredimensionada Télam se llenó de empleados de poca capacidad profesional, activistas, que formaban un núcleo duro muy poco flexible a los nuevos cambios y que operaban contra las políticas actuales hostigando, poniendo palos en las ruedas. Eso es inaceptable; yo empecé en 1980 y pasé por grandes diarios de alcance nacional por lo que no pueden decir que que vine a comer de la teta del estado.
¿Tuviste oportunidad de hablar con el presidente de la agencia, Rodolfo Pousá, o alguien del directorio?
No. Cuando asumieron, fui a Tecnópolis a hacer una nota sobre Macri. Fui como reportero gráfico a hacer las fotos y de pronto lo veo a Pousá. Me acerqué y me presenté, le extendí la mano y le dije que trabajaba en Télam, que esperaba que podamos trabajar juntos, y le dije: “La verdad es que soy peronista, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra, yo soy profesional pero quiero que lo sepan. Porque además tengo un cargo de editor y si no querés que tenga cierta tendencia quitame de la edición y yo voy a hacer fotos porque es lo que amo hacer en mi vida”. Me dijo: «No, vamos a estar bárbaro, quédate tranquilo, no venimos a perseguir a nadie, no vamos a hacer como en la gestión anterior». Yo con la gestión anterior he tenido muchas diferencias, discusiones fuertes porque no siempre estuve de acuerdo en la manera en que comunicaban. Pero teníamos la posibilidad de discutir con el presidente de la compañía, con el gerente periodístico. Ahora no tenemos la posibilidad de discutir nada porque no están nunca, no han estado presentes.
El comunicado oficial que los directivos publicaron en la página de Télam habla de hostigadores y de los que no son periodistas. Según este escrito, ¿en qué lugar te ubicás?
Yo soy periodista, no soy un hostigador, que me digan en qué momento fui un hostigador en estos diez años o en estos dos años y medio de gestión macrista en la agencia de Cambiemos. Yo he venido a trabajar y siempre más horas que las que dicta el convenio. No paso las horas extras porque tengo un compromiso social con la profesión y con la población. Uno deja muchas cosas de su vida personal porque empieza a confundir, dada la vocación, la vida personal con la laboral. Por eso es inadmisible que te digan ñoqui, hostigador o poco profesional.
¿Tuvieron la oportunidad de discutir, de apropiarse de la línea editorial como indica el comunicado?
Es imposible que nos apropiemos de la línea editorial. Un editor de fotografía no puede apropiarse de la línea editorial. Yo no como vidrio, hay fotógrafos que salen a hacer una nota institucional, por ejemplo, donde hay mucho viento y se le vuela la pollera a Patricia Bullrich y se le ve el culo. Si me traen esa foto yo no puedo publicarla, porque es una Ministra de la Nación y somos una agencia oficial. Me encanta esa foto porque me parece un momento maravilloso, pero sigue siendo Ministra de un gobierno votado democráticamente y hay que respetarlo. Desde la fotografía no se puede torcer o voltear una línea editorial.
«Yo soy periodista, no soy un hostigador, que me digan en qué momento fui un hostigador en estos diez años o en estos dos años y medio de gestión macrista en la agencia de Cambiemos.»
¿Hay o hubo persecución ideológica o de otras características?
No, por lo menos en fotografía hemos trabajado con bastante libertad, hasta hace tres meses, cuando recibo un audio de otro de los editores que me dice que por orden del jefe de Fotografía, que a su vez es orden del gerente periodístico de la empresa, no podemos subir más de tres fotos de protestas sociales.
¿Qué motivos esgrimieron?
Ninguno, no dieron ninguna explicación, salvo que se silencie la protesta social, que destaquemos los logros y minimicemos los conflictos. Y la verdad que no hay muchos logros para mostrar, yo no sé cuáles son los logros que podemos destacar. Nos estigmatizan a nosotros como trabajadores del Estado y nos tratan de ñoquis y estigmatizan a la población diciéndonos que somos culpables del exceso del gasto, del aumento de las tarifas porque no estamos abrigados en nuestras casas. Tenemos que sentirnos culpables como pueblo por querer vivir un poco mejor, los que tienen que vivir siempre bien son ellos, la oligarquía, los hijos de la fusiladora y nosotros, sus esclavos.
¿Tuvieron acompañamiento del resto de los periodistas?
De muy pocos, sobre todo de medios chicos, C5N, Página12, Radio del Plata, el periodista Néstor Espósito habló conmigo y al otro día lo despidieron de Radio del Plata, que echaron a 54 trabajadores, mucha gente. Del gran monopolio no ha venido nadie. El acompañamiento que tenemos es de gran parte de la población, organizaciones sociales, sindicatos, militantes y de todo el arco político salvo de la alianza Cambiemos. Y del interior, sin exagerar, me han llamado unas 120 radios. A ellos les afecta mucho esta situación. Por ejemplo, los periodistas de Chaco envían cables a la central y luego por cables, audio, videos o fotografías lo desparramábamos a todo el país. Y cualquiera de cualquier punto levanta lo que pasa en Chaco. De esta manera lo están silenciando. Así no nos enteraremos ni de sequías ni de mortalidad infantil ni de pobreza extrema.
¿Cómo esperás la resolución del conflicto?
Yo soy muy escéptico, vamos a luchar hasta la reincorporación de todos los compañeros, pero en definitiva, con los años que tengo de laburo y la cantidad de conflictos en los que he estado retratando, veo que a la larga se van desinflando. Además estos tipos te cortan al medio todos los días con algo distinto. Una noticia va tapando a la otra, a una reacción se sucede otra reacción, entonces tenemos la capacidad de asombro quizás un tanto adormecida, hablo como sociedad, ya no nos está asombrando nada, lo cual es bastante grave. Te dicen que aumentó un 1600 por ciento la luz, decimos “uff” y seguimos para adelante, pero el problema es que no hay adelante.
«Yo soy muy escéptico, vamos a luchar hasta la reincorporación de todos los compañeros, pero en definitiva, con los años que tengo de laburo y la cantidad de conflictos en los que he estado retratando, veo que a la larga se van desinflando.»
La primera posta fue el lunes de la semana pasada. Ese día, los trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad se enteraron que el gobierno echaba a 70 de sus compañeras y compañeros. Un policía en la puerta del organismo, en Hipólito Yrigoyen 1439, en Capital, leía de un papel los nombres de quienes a partir de ese momento eran dejados sin trabajo. La segunda sucedió pocos días después, cuando el Ministerio de Agroindustria resolvió echar a 330 personas, disfrazando la medida de “desvinculación”, tal como se usa en el lenguaje gerencial. Así, 400 empleados se quedaban en la calle en menos de una semana.
Más de 400 personas quedaron sin empleo en el Ministerio de Agroindustria.
El lunes 16 de abril, los empleados y empleadas de la Agencia Nacional de Discapacidad llegaron hasta Hipólito Yrigoyen 1439, como todas las semanas, para retomar sus tareas habituales. Sin embargo, algo había cambiado en la geografía del lugar: carros de asalto y efectivos apostados en el ingreso. En las oficinas faltaban empleados; los que estaban eran policías de la Federal. Así se enteraron de los despidos.
La Agencia había sido creada por el Gobierno nacional en septiembre de 2017, tras el intento fallido (producto de la fuerte resistencia) de dar de baja 170 mil pensiones por discapacidad y absorber a otras reparticiones como la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad, el Servicio Nacional de Rehabilitación, el Programa Incluir Salud y la ex Comisión Nacional de Pensiones.
Christian Gutiérrez trabajaba en el área desde hacía 18 años. Su puesto era administrativo. “Nos encargamos de recibir y procesar el trámite de pensiones no contributivas, que asisten a una población muy carenciada, que no se pueden desarrollar sea por cuestiones de salud y/o dificultades económicas”, explica sobre las tareas que hacía.Los medios de comunicación (o buena parte de ellos) se encargaron de hablar del curro de las pensiones. Para Gutiérrez eso “es una gran canallada. Acá trabajan un montón de profesionales, y las personas para acceder a las pensiones tienen que presentar un montón de trámites, como presentar certificados médicos e informes sociales que realizan nuestros trabajadores sociales”. ANCCOM intentó comunicarse con la Agencia, pero nadie respondió.
Reclamo de la Agencia Nacional de Discapacidad en el Congreso.
El interior también existe (y sufre)
Los 70 despidos no corresponden solamente a la sede porteña sino que se extienden a otras sedes, entre ellas las de Córdoba, Neuquén, Mendoza y Ushuaia. Cerraron además algunos centros de atención local (CAL) en localidades bonaerenses como Lomas de Zamora, Moreno, Tigre, Necochea y Tres Arroyos. Para lograr el objetivo, emplean un método arcaico pero eficiente: dejande pagar los alquileres y servicios para que las oficinas de atención desaparezcan.
Silvia Moglie es delegada de ATE a nivel nacional. Trabajaba en el CAL de Luján hasta que la echaron la semana pasada. Cuenta que allá se enteraron de los despidos “por una foto que nos envían los compañeros de Capital de la lista que tenía la Policía en sus manos. Después nos llamó el gremio, ATE. En Luján, somos cuatro despedidas. Tres somos trabajadoras sociales y una compañera es administrativa.”Moglie agrega: “Vivimos un desguace permanente del organismo, no tenemos caja chica, nos compramos el papel higiénico, el agua que consumimos. Luján es cuna de Cambiemos y está claro que acá nos persiguen”.
Valeria Barrere, por su parte, trabaja en la delegación de Tres Arroyos. Su telegrama tiene fecha el 13 de abril, momento en el cual estaba mandando mails y solicitando respuestas a diversos trámites. Quedaron 100 trámites de pensiones pendientes que estaban a su cargo. Lejos de indignarse por su situación personal, Barrere realiza un diagnóstico integral: “No me preocupo por mi caso personal, porque voy a seguir trabajando y en definitiva soy una más en la larga lista de despidos que azota al país. Me preocupo porque hay que exigirle al gobierno nacional que toque timbre a cada uno de los pensionados para decirle adónde va a concurrir a hacer su trámite”, afirma.
La Agencia había sido creada por el Gobierno nacional en septiembre de 2017.
Menos pensiones
La mutilación de la Agencia Nacional de Discapacidad no solo afecta a los trabajadores. Según ATE, hasta diciembre de 2015 se otorgaban 12 mil pensiones por mes y en los primeros cuatro meses del 2018 sólo se aprobaron 8.869 en todo el país. Walter Pignataro es delegado general de ATE Pensiones y revela que “el mes pasado se entregaron 1000 pensiones y hoy hay 100 mil que están trabadas. Los expedientes están parados. Van pasando de una oficina a la otra, o quedan paradas un año en una oficina, y así sucesivamente, pero el trámite no se liquida. Estamos hablando de personas en la situación más vulnerable de Argentina“.
Eliana Fernández, delegada de ATE Pensiones, afirma que al panorama ya descripto “se suma que fueron achicando los criterios para el otorgamiento de pensiones: se empezó a reducir la cantidad de patologías que se podían tomar para iniciar la pensión, se empezó a quitar del medio la visión social que tenía la pensión no contributiva por invalidez.” Al otorgar una pensión se tenía en cuenta no solo la patología sino también el entorno social y cultural que tiene la persona: si vive en estado de hacinamiento, si tiene una familia numerosa, si tiene algún otro ingreso.
En febrero de este año los trabajadores denunciaron el achicamiento de estos criterios, y también la intención de excluir a los menores con discapacidad, porque no los consideraban discapacitados laborales. “Esto salieron a desmentirlo en La Nación, pero la realidad es que esos expedientes referidos a menores de edad están en cajas para mandar al archivo”, afirma Fernández.
Cosechar desempleados
El festival de despidos no terminó en la Agencia Nacional de Discapacidad. Continuó esta semana con la confirmación de 330 trabajadores despedidos en el Ministerio de Agroindustria, en manos del ex titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere. Las tres áreas de Agroindustria más afectadas por las cesantías son el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), donde ya hubo 130 despidos a principio de año, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Agricultura Familiar, que sufrió 160 bajas en 2016.
Sebastián Rivera, delegado general de la Junta Interna de ATE, entiende que hay una orientación profundamente clasista en los despidos: “Se dirigen fundamentalmente a los trabajadores de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que se encarga de desarrollar políticas públicas para los sectores más vulnerables del agro y hacia los trabajadores que perciben los salarios más bajos, de apenas 12 mil pesos», denuncia.
Cualquier despido impacta de manera terrible porque puede dejar a una provincia entera sin operadores y, por ende, a productores sin apoyo. Carina Maloberti, secretaria gremial de ATE SENASA, anticipa que esperan unos “380 despidos en SENASA de un total de 958 que es lo exigido según el Plan de Dotaciones Óptimas desarrollado por el Ministerio de Modernización».
En tanto, la Federación Agraria Argentina (FAA) había aclarado mediante un comunicado de prensa que durante la última reunión de la Mesa de Enlace con el ministro Etchevehere «en ningún momento se nos adelantó acerca de posibles recortes ni despidos en organismos como SENASA, INTA, ni en el área de Agricultura Familiar». La FAA agregó que en dicho encuentro se exigieron soluciones a los graves problemas de los pequeños y medianos productores que se encuentran «en emergencia económica, financiera y productiva».
Jorge Harvez, trabajador de Agroindustria y primer vocal del Consejo Directivo de ATE Capital, es “un veterano”, y ya tiene antecedentes en la administración pública. Trabajó en su momento en la Junta Nacional de Granos, hasta que el menemismo la disolvió. Sostiene que “hoy tenemos como funcionarios públicos a los que desalojan a los productores. No sólo defendemos el lugar de nuestros compañeros sino el rol del Estado, que es lo fundamental de este caso”.
“Acá tenemos una disputa muy clara entre una política que basa el desarrollo económico en la fortaleza del mercado interno y otra que cree que hay que exportar cualquier cosa y así llegarán las inversiones, y estos dos años y medio nos demuestran lo contrario”, afirma con pesadumbre Harvez, quien ya vivió exactamente lo mismo cuando lo despidieron de la Junta Nacional de Granos, recordando con tristeza que “después de eso vino la crisis de 2001”.
Sebastián Rivera, delegado general de la Junta Interna de ATE.
Trabajo precario
Los trabajadores cesanteados revisten, en general, bajo la modalidad de contratación del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20744, que ofrece todos los beneficios de la planta permanente pero no la estabilidad laboral y, por lo tanto, no permite indemnización. Se trata de empleados que pueden tener más de diez años de antigüedad y, cabe reconocer, heredan esta situación de precarización y vulnerabilidad de gestiones anteriores.
Precarizados e injustamente rechazados por parte de la sociedad. Sebastián Rivera, delegado de ATE, recuerda al respecto un momento desagradable que les tocó vivir recientemente, cuando Agroindustria había dispuesto asueto, en medio del anuncio de despidos.: “Nos retiramos el viernes hacia nuestra seccional Capital, y desde algunos autos nos gritaban Vayan a laburar, vagos’. ¿Qué loco, no? Porque justamente quien no nos dejaba trabajar era el ministro, con otro lock-out patronal. Como sabemos, ya lo hizo en 2008 defendiendo sus intereses de clase. Hoy, con estas actitudes está ganando las batallas empresariales de aquel conflicto, y nosotros pagando con nuestros puestos el incremento de sus patrimonios”.
Primero, fue la educación. Luego, la ciencia y la tecnología. Ahora, la cultura. El gobierno avanza, una vez más, sobre los capitales simbólicos que potencian a una sociedad democrática. Maestros, científicos e investigadores, trabajadores de museos y bibliotecas, son atacados y perjudicados por las medidas de ajuste impulsadas por Cambiemos. Esta vez, le tocó al personal del Museo del Libro y de la Lengua, ubicado en Avenida Las Heras al 2500, el cual es un anexo de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.
Museo del Libro y de la Lengua, en el marco de su vaciamiento.
El Museo del Libro y de la Lengua se inauguró el 29 de septiembre de 2011 y abrió sus puertas para el público, el 10 de octubre de ese año. Fue pensado como un medio para conocer la cultura nacional y nuestra condición de hablantes y lectores. La directora del museo hasta diciembre de 2015, María Pía López lo definió así: “El museo tenía la idea de producir una especie de transmisión, de poner en acceso a un conjunto de personas un tipo de saber, un tipo de lectura, un tipo de intervención. Este museo tuvo muchas muestras que tenían que ver con la literatura argentina”. López, socióloga y docente de la UBA, contó que este espacio cultural, en el que trabajaban intelectuales, escritores y traductores, “era un lugar clave para la difusión de editoriales independientes y para el feminismo argentino”, debido a la maratón de lecturas sobre femicidios que se realizaban.
Sin embargo, esta semana, las autoridades de la Biblioteca Nacional que dirige Alberto Manguel decidieron cerrarlo. Una fuente cercana a la Biblioteca Nacional le comentó a ANCCOM el proceso de clausura. “Apenas asumió esta gestión, lo que se hizo, aparte de los despidos iniciales, fue hacer que el museo perdiera el rango de dirección y pase a ser una simple sección. Lo segundo que hizo fue quitar la muestra permanente de la lengua que se encuentra en la planta baja con la historia de la lengua castellana. Ahora, como etapa final, concluye con el desarme de todo el equipo de trabajo”, expresó. Es decir, existían señales de que lo que pasó iba a pasar. Aun no hay despidos en el área, pero sí es un hecho el desarme del equipo de trabajo y la reubicación del personal. “El desguace del museo significa desarmar el equipo que está trabajando y asignarle otras funciones que no tienen nada que ver con el motivo por el cual fue armado”, indicó el allegado. A partir de esta acción, se supone que desde el lunes, el espacio, proyectado por el arquitecto Clorindo Testa, permanecerá cerrado, y con ello, todas las obras a exhibir.
Muestra sobre artistas beatniks argentinos «Déjalo Beat» en el Museo del libro y de la lengua, en mayo de 2017
Según la fuente consultada por ANCCOM, el presupuesto de la Biblioteca Nacional fue reducido en un 20 por ciento, lo cual constituía otra señal del cierre del museo. La exdirectora López dijo al respecto: “El cierre del museo es muy coincidente con la política que están llevando adelante con la Biblioteca, que, en principio, es vaciarla de público, que no haya gente en estos espacios, junto con un ajuste presupuestario”. En educación, en ciencia y tecnología (siendo el caso más palpable el del INTI) y en cultura, campos necesarios de desarrollo para cualquier sociedad pero atacados por Cambiemos, la política de gobierno es la misma: recorte de fondos. “El Gobierno puede usar el argumento de ajuste económico pero estoy segura que no es un problema económico, sino que son decisiones político-ideológicas. Está en curso una ofensiva de disciplinamiento social, de privación a las personas de sus derechos, siendo el ajuste una coartada más que una razón real”, reflexionó López.
Sobre la decisión del cierre no hubo notificación oficial. Las autoridades de la Biblioteca dejaron trascender que allí funcionarán ahora diferentes centros de investigación, uno de literatura infantil y otro indigenista. Por lo pronto, ordenaron desarmar, en primera instancia, la muestra permanente sobre la lengua. Queda la muestra del libro, aunque se estima que desaparecerá en poco tiempo. “El cierre de este museo significa desconocer que las políticas públicas e institucionales que pagamos todos con nuestros impuestos debieran exceder a las gestiones de turno”, dijo el allegado a la Biblioteca Nacional, quien consideró que Alberto Manguel tomó la decisión porque relaciona el Museo con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y agregó: “Tranquilamente, esta gestión podría haber pensado que las reflexiones sobre nuestra identidad, la lengua castellana, el libro como objeto y la literatura podrían reformularse en todo caso. No necesitaban tener la impronta de la gestión anterior, si es que el director actual consideraba que había que llevarlo por otro camino. Pero lejos de eso, lo que se termina haciendo es destruir todo”.
La Biblioteca Nacional fue una de las primeras instituciones en sufrir el ajuste de la gestión de Cambiemos con 140 despedidos. Ahora le tocó al Museo del Libro y la Lengua, mientras otros espacios culturales también suelen padecer el recorte presupuestario. “Nosotros no defendemos una gestión porque es ahí donde nos quieren llevar. Estamos defendiendo una política pública que debiera trascender los mandatos”, expresó la fuente, que decidió preservar su nombre. López, por su parte, explicó qué significa, al fin y al cabo, el cierre de un museo: “La posibilidad de acceder a libros clásicos, fundamentales de la literatura, a niños y jóvenes, me parece muy clave. Entonces, cuando cierra una institución así, se cierra también la posibilidad de democratizar la cultura, de democratizar el acceso a esas riquezas y tesoros que tiene una cultura nacional”.
Pese al compromiso firmado el 22 de noviembre pasado entre el gobierno, empresarios y sindicalistas nucleados en la CGT, para evitar el despido de personal hasta el 1 de marzo de este año, el último informe del Centro de Economía Política Argentina -CEPA- revela que hay un promedio de 190 trabajadores por día que son despedidos.
En total ya suman 245.466 los despedidos y suspendidos desde que asumió Mauricio Macri, entre los 74.655 del sector público y los 170.811 del sector privado. Las principales ramas afectadas son la de construcción, metalúrgica y textil, aunque no son las únicas. En tanto, desde la firma del pacto, hace 3 meses, se destruyeron más de 13 mil puestos.
Las cifras del CEPA contabilizan los despidos a partir de la asunción del macrismo en diciembre de 2015 y detallan que el sector más afectado por esta problemática es el de la construcción, con 60.626 pérdidas de fuentes de trabajo. Le sigue la rama de la metalúrgica con 17.567 entre despidos y suspensiones. ANCCOM intentó dialogar con los referentes de la UOCRA y la UOM pero no hubo respuesta desde esos gremios.
Cooperativa Subpga. Foto: Archivo ANCCOM
Ola de despidos
Hace una semana, la empresa alemana Mefro Wheels cerró su planta en Rosario y dejó sin trabajo a 170 empleados. A fines de enero, la ensambladora de computadoras Banghó había hecho lo mismo con más de 200 trabajadores, de su fábrica ubicada en Vicente López. Luego de la protesta de la UOM, esos despidos se convirtieron en suspensiones. Por otra parte, también durante enero cerraron dos plantas de la empresa textil Alpargatas, empujando al desempleo a unas 200 personas.
Hernán Letcher, economista y director del CEPA, explica que la situación en la construcción se debe a la paralización de la obra pública a inicios de 2016. En cuanto al sector metalúrgico agrega: “En general es una actividad vinculada a la mayoría de los sectores productivos, como todo se retrajo, esto la afectó por distintos lugares”.
Otra de las ramas más desfavorecidas es la textil, que sufrió, según los registros del CEPA, 3.752 pérdidas de empleo y 11.820 suspensiones. Hugo Benítez secretario general de la Asociación Obrera Textil-AOT- se refiere a las dificultades que atraviesa su sector: “Es todo una cadena, aumentan los insumos porque hay una inflación del 41%, hay recesión en la producción, no hay consumo y eso hace que la industria nacional esté prácticamente paralizada”.
Como la mayoría de la actividad económica, la industria textil fue perjudicada por la apertura de las importaciones y la caída del poder de compra. Al respecto, Letcher señala: “El área textil está íntimamente ligada al mercado interno, al caer el salario real un 6%, se vio afectada y más si incluso parte de los que se compra viene de afuera”. Benítez, de la AOT, alerta sobre la situación: “Si la política económica no habilita la posibilidad de que se reactive el consumo, chau. Todas las empresas que suspendieron y despidieron, si cuando reincorporen a la gente no tienen la posibilidad de sacar el stock, los trabajadores vuelven otra vez a las casas o a la calle”.
En el estudio realizado por el CEPA también se registra la expulsión de trabajadores en otras áreas de la producción que no llegan a ser tan impactantes aún. Es lo que ocurre por ejemplo con el sector de frigoríficos donde se registraron 3.071 despidos. Lo mismo que en plásticos y curtiembres donde hay 406 entre cesantías y suspensiones para el primero y 374 para el segundo.
Claudio Blanch, secretario general adjunto de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, señala que en su sector donde el 20% de la producción se exporta, los conflictos se dieron en el área comercial debido al impacto en las ventas de la caída del consumo de carne vacuna. El sindicalista destaca que su gremio no sufrió grandes despidos aunque reconoce que hay mermas en la cantidad de horas de trabajo, lo que en definitiva influye en los sueldos: “Tenemos una herramienta fundamental que es la garantía horaria, son 140 horas mensuales garantizadas que si no se llega a cumplir esa cantidad las tienen que pagar igual. Es una instrumento que están utilizando mucho los empresarios y por eso no hay tantos despidos”, puntualiza.
En curtidores, las características de la industria, que exporta el 93% de la producción, también minimiza el impacto de los conflictos. Sin embargo, Walter Correa, Secretario General de la Federación del Cuero admite dificultades para la pequeña empresa: “Las pymes están muy expuestas al cierre debido a que la industria consume mucha agua, energía y gas. Estos factores indispensables son los que están sufriendo los tarifazos y es lo que termina afectando los puestos de trabajo.” Además, Correa advierte que la combinación de “las importaciones, el tarifazo y que se haya detenido el consumo local, son las tres causas que detonan la pérdida del empleo”.
Letcher, en la misma línea que Correa, agrega: “De las tres razones, la más importante es la caída del salario real, es la que más ha afectado la producción interna”. Y aunque analiza que no se prevé que en el 2017 vayan a mantenerse los mismos niveles de destrucción del empleo que los del año 2016, alerta sobre las importaciones: “Todavía no han llegado a su techo, lamentablemente van a hacer estragos incluso todavía más adelante.”
Cooperativa Subpga. Foto: Archivo ANCCOM
Desde las bases
Actualmente, dentro del gremio liderado por Correa, trabajadores de la curtiembre Espósito en Avellaneda, mantienen un conflicto con la fábrica, que estuvo cerrada durante un mes en octubre del año pasado. Al reabrir en noviembre, de 108 trabajadores que había, despidieron a 58. Aún hoy esos empleados aguardan una audiencia en el Ministerio de Trabajo para llegar a un acuerdo con los dueños de la empresa que ni siquiera presentaron una propuesta de pago por las indemnizaciones correspondientes. Daniel Flores, delegado en Espósito, advierte que: “Ya veníamos con una baja de trabajo pero no como para que despidan así a 58 compañeros”.
Correa se muestra escéptico respecto al rol del Estado: “El Gobierno echa gente desconociendo los propios acuerdos que firma. Y el viceministro de Trabajo (nota de la r: Miguel Ángel Ponte) les responde a los compañeros gráficos que no puede hacer nada porque la situación está superada”. Recordemos que a fines de enero el Grupo Clarín despidió a 300 trabajadores de su planta de impresión del barrio porteño de Pompeya.
Otra empresa en donde hubo conflicto durante el último mes fue Mascardi, perteneciente al sector del plástico. En enero hubo 42 cesantías, que fueron reincorporadas por la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. En febrero al vencer la medida se volvió a despedir a los mismos empleados y a otros ocho, originando la toma de las instalaciones de la fábrica. “La toma se decidió levantar porque dieron marcha atrás con los despedidos, los nuevos y los viejos, y se comprometieron a pagar el 100% las indemnizaciones”, comenta Emmanuel Kommers, delegado en Mascardi y agrega: “Están siguiendo una línea general. ¿Quién les va a decir algo?. Es un ajuste a todos, no solamente acá, hay miles de lugares que están iguales o peor”.
Marcha Federal a Plaza de Mayo, septiembre 2016. Foto: Archivo ANCCOM
Perspectivas
“En lo que tiene ver con la industria los despidos crecen todos los meses a una tasa relativamente uniforme”, señala Letcher y en base al acuerdo antidespidos firmado por el gobierno y empresarios el 22 de noviembre pasado señala: “No tuvo efecto básicamente, las grandes empresas que lo firmaron también despidieron.” Efectivamente, el cálculo realizado por el CEPA marca que desde la firma del compromiso se produjeron 13.291 nuevos despidos, lo que se traduce en un promedio de 190 por día.
Sobre esta cuestión, Benítez, de la AOT, opina: “Las empresas que habían firmado el compromiso de no despedir, son las mismas que salieron de la Casa de Gobierno y lo que hicieron al llegar a sus empresas fue hacer todo los contrario.” En cuanto a la recuperación de los puestos de trabajo Letcher concluye: “En el sector industrial, claramente los despidos no se han repuesto. Pero en términos generales, a cualquiera que echen de cualquier actividad, está en problemas porque no tiene dónde conseguir trabajo”.
Virginia, Cecilia, Luciana y Lucía, como tantos miles de argentinos, fueron despedidas sin justificación por parte del gobierno de programas como Plan PROGRESAR, Consumo Protegido, planes de inserción laboral para jóvenes y el área Derechos Humanos del Hospital Posadas. Mientras luchan, junto a sus compañeros y compañeras, por la reincorporación, nos cuentan cómo atraviesan la situación de despedidas y qué significa el trabajo hoy.
