Abr 7, 2016 | inicio
“Entender en la promoción, regulación y fiscalización del cumplimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores, en especial la libertad sindical, la negociación colectiva, la igualdad en las oportunidades…” son las competencias que debe hacer cumplir el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad. Las debería hacer cumplir y así lo exige la Ley 22.520, sin embargo, el panorama es otro: son las normas que el organismo no está cumpliendo con sus propios trabajadores.
Es por este motivo que el miércoles 6 de abril último, ATE llamó a un Paro Nacional del Ministerio de Trabajo para reclamar la reincorporación del personal despedido. A las 12 del mediodía, la avenida L.N.Alem ya se encontraba cortada. En la puerta del Ministerio, sindicatos, partidos políticos, movimientos sociales y demás organizaciones entonaban juntos “Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode, se jode”. En el frente del edificio, carteles satirizaban la situación a partir de frases como “La Revolución de los despidos”, “No tengo cuenta en Panamá, soy estatal”, “Queremos trabajo, no empresas offshore”.
Sobre el escenario montado algunos trabajadores despedidos contaron su experiencia y enfatizaron sobre la unión de los trabajadores y la fortaleza con la que se sienten: “Sin duda, después de esta concentración, salimos más fuerte de lo que estábamos el miércoles pasado. Es por la solidaridad de ustedes y por la unión de los trabajadores. Desde ese lugar, queremos agradecer a nuestros compañeros quienes votaron no enseñarle a nadie que ingrese nuevo las tareas que nosotros realizábamos”.
El conflicto comenzó a principios de año con el despido de 30 trabajadores contratados bajo convenio de asistencia con la Universidad de La Matanza. A esta situación, se le sumó la renovación parcial de más de mil contratos temporarios y cerca de cien trabajadores monotributistas cuyos contratos vencieron el 31 de marzo. “Esto se enmarca en los despidos que está realizando el Gobierno Nacional. Salió a acusar a los empleados públicos de ñoquis. Salió a estigmatizarlos, sin tener conocimiento real de quiénes hablaban ni en qué año habían entrado. Lo que nosotros decimos es lo siguiente: sacaron el Decreto 254/15 en diciembre, echaron personas para meter gente de ellos y están incrementando el gasto público. Le están mintiendo a los argentinos. Lo que están haciendo es la vieja política de meter gente acomodada y cercana a ellos”, comunicó Humberto Rodríguez, Secretario General de ATE Capital.
Frente al reclamo de los trabajadores, la respuesta que llegó por parte de las autoridades fue 200 telegramas laborales que comenzaron a ser enviados a partir del 30 del mes pasado. Hasta el día de hoy, los despidos rondan los 280; cada día que pasa, ese número se acrecienta.
“El despido masivo actual y la precarización laboral son la forma de contratación estatal. Si existe un lugar donde ha habido una continuidad es en el Ministerio de Trabajo. Doce años, no hay excusa por parte de los funcionarios. Doce años estuvo Tomada y este es el Ministerio que nos dejó. Una ofensa para toda la clase trabajadora. ¿Cómo puede ser que los trabajadores del Ministerio de Trabajo hayan sufrido precarización laboral?”, comenzó diciendo Julio Fuentes, Secretario General de ATE Nacional. Ante este reclamo, partidos políticos kirchneristas mostraron su desacuerdo, pero el canto por la unión de los trabajadores calló las diferencias. “La única verdad es la verdad, y la precariedad laboral es la madre de los despidos. Gobierne quien gobierne, ATE no se calla la boca”, interrumpió y finalizó Fuentes.
Entre los despidos figuran trabajadores con más de 20 años de experiencia, estudios profesionales y evaluaciones de desempeño destacadas. A su vez, han desmantelado programas enteros de alto impacto social, como es el caso del Programa Asistir, que brinda asesoramiento legal gratuito a trabajadores de bajos recursos y el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo que tiene por objetivo la inserción laboral de jóvenes que no hayan finalizado sus estudios. La mayor parte de los trabajadores de estos programas han sido despedidos. “Mi trabajo no tenía ningún tipo de privilegio, al igual que el trabajo de cualquier despedido. Yo trabajaba para comunidades indígenas y campesinas. Decirme a mí que yo soy descartable es decirles a ellos que no son parte del Proyecto Nacional”, declaró y enfatizó Julieta.
Desde el miércoles pasado, fecha en que llegaran los primeros telegramas, los trabajadores mantienen virtualmente paralizado el Ministerio con asambleas permanentes, retenciones de tareas, y ocupaciones pacíficas del hall central del organismo. A su vez, han estado ingresando de manera colectiva al Ministerio asegurando así el ingreso de los trabajadores despedidos bajo la consigna “entramos todos y todas”.
“Vamos por la reincorporación”
Desde las 8 de la mañana del jueves, los trabajadores y delegados de las distintas seccionales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comenzaron a reunirse en las puertas del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, antes Ministerio de Economía, ubicado frente a la Plaza de Mayo, para pedir la reincorporación de los trabajadores despedidos.
Los delegados de la junta interna del Ministerio (ATE MECON) vienen llevando adelante diferentes medidas de fuerza desde el jueves 31 de marzo, cuando 150 trabajadores fueron despedidos de manera abrupta al intentar ingresar a sus puestos. Los despidos fueron anunciados por los empleados de control de acceso, que tuvieron que informar a sus compañeros a medida que llegaban a trabajar. Según los delegados, ningún funcionario se presentó para dar explicaciones. El lunes 4 de abril, luego de aceptar una reunión con los delegados, las autoridades accedieron a reincorporar a 30 de los despedidos, pero hasta el día de hoy se encuentran sin estabilidad asegurada ni tareas asignadas.
“Desde entonces no tuvimos más comunicación ni diálogo. Nos habían prometido una reunión para el día de ayer pero la levantaron. Por lo cual, lo que queremos hacer hoy es bloquear el acceso hasta que lleguen los funcionarios, queremos charlar con ellos, queremos tener una respuesta por la reincorporación plena de los 150 despedidos”, dijo Pablo Anino, delegado de ATE MECON, a ANCCOM.
En la puerta del Ministerio, los trabajadores se agruparon con carteles que pedían: “No al vaciamiento de Progresar”, “La plata de los buitres es de los laburantes” y “El Estado no es empresa ni exclusión”. Pasadas las 9 de la mañana, y tras haber bloqueado el acceso, los referentes de ATE organizaron una conferencia de prensa en la entrada del edificio. Contaron con el apoyo y adhesión de agrupaciones sociales, partidarias y sindicales, y la presencia de delegados de la conducción nacional, de la Ciudad de Buenos Aires, y de juntas internas de otros organismos, como el Ministerio de Trabajo. Durante la conferencia, Pablo Almeida, delegado general de ATE MECON, aseguró: “A cada trabajador que se ha acercado lo consideramos parte de esta lucha, y le estamos profundamente agradecidos. Sabemos que esta lucha que damos, no es solo por la reincorporación de los 150 compañeros despedidos del MECON, sino que es para frenar el ajuste que ha descargado este Gobierno desde el 10 de diciembre, y que hoy tiene expresión sobre los puestos de trabajo en el Estado Nacional y que comienza a tener expresión sobre los puestos de trabajo en el sector privado. También es un intento de disciplinar al conjunto de la clase trabajadora para que en las próximas paritarias tengamos nuevamente un aumento muy por debajo de la inflación y de esa forma seguir avanzando con el ajuste sobre nuestros bolsillos”.
También haciendo énfasis en la unión, el secretario adjunto de ATE Capital, Manolo Sueiro agregó: “Nuestra organización tiene un solo puño. Puede tener una multiplicidad de miradas, de enfoques, pero tiene un solo puño para enfrentar a este Gobierno, que lo único que plantea es un combo de ajuste, represión, despidos y violencia institucional”.
De los 150 despidos, 99 pertenecen al Programa Progresar y el resto a distintas áreas como la Dirección Nacional de Empresas con participación del Estado, la Secretaría de Política económica, y de la Dirección Nacional de Programación Macroeconómica. El Programa Progresar, comenzó a funcionar en Enero de 2014 y otorga un subsidio económico a todos los jóvenes del país de 18 a 24 años que estudien y/o trabajen y obtengan el sueldo mínimo.
Gabriela Alvarado y Georgina Gómez son dos de las despedidas del área de Progresar. Gómez aún no recibió el telegrama, pero su tarjeta de entrada fue inhabilitada. Alvarado fue re incorporada esta semana pero sin funciones asignadas, trabajaba desde agosto de 2014 en la oficina que funciona en el Ministerio, y que conforma la Red Nacional en la que se desarrolla el programa. “Lo que hacíamos en la Red era, a partir de la información que entregaba Ansés, armar un mapa que describía cuáles eran las dificultades en las que se encontraban todos los jóvenes de 18 a 24 años que cumplían con las características para poder acceder y no podían inscribirse, como por ejemplo, no contar con oferta educativa, no haber podido inscribirse en Ansés por cuestiones propias del organismo, o por documentos que no podían obtener. A partir de eso, articulábamos institucionalmente con el Ministerio de Educación, o con el Ministerio de Trabajo, para que el Estado actúe en donde no había oferta pública ni privada”, contó Alvarado a ANCCOM y agregó: “Hoy con los 99 despidos no hay respuestas ni por la red, ni por los trabajadores. Ahora no está funcionando la red, está a cargo de Ansés, pero si bien es un organismo que tiene mayor logística, no accede a todos los destinatarios. De hecho, sin la red, del primer millón y medio de destinatarios del programa solo pudieron acceder 400 mil, y a partir del funcionamiento de la red llegamos a 900 mil en un período de 7 u 8 meses, entonces la red es fundamental. Es el 80% para que el programa funcione”.
Por último, los delegados confirmaron el estado de asamblea permanente y el avance en medidas futuras para continuar el reclamo. “Hay una conquista en esta lucha, además de la treintena de reincorporaciones, y es que los despedidos están muy organizados y logramos que ingresaran jueves y viernes, cuando nos lo impidieron, por la firmeza que mostramos. Pero para nosotros no basta con que los despedidos entren al ministerio sino que lo más importante es tener la garantía de su continuidad laboral”, concluyó Pablo Anino.
Actualización 07/04/2016
Abr 2, 2016 | inicio
Trabajadores del Ministerio de Trabajo de la Nación, junto con gremialistas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se movilizaron este viernes para realizar un “ingreso masivo” al edificio sobre la Avenida Alem, como forma de protesta ante los nuevos despidos dispuestos por el gobierno de Mauricio Macri. El objetivo –dicen- es “que ningún trabajador quede en la calle”.
Pasadas las 10 de la mañana, la junta interna de ATE-Trabajo pidió a sus compañeros que fuesen ingresando en grupos de a diez personas, para luego realizar una asamblea en el hall del edificio. En la vereda de enfrente, una fila policial observaba, intimidante, la movilización. Si bien hubo algunos forcejeos, los trabajadores pudieron entrar en su totalidad y de manera pacífica. Ya dentro del Ministerio, cerca de mil personas participaron de la asamblea en la que se decidió pedir el diálogo con los funcionarios y continuar con las medidas de fuerza en contra de los despidos.
Cerca de mil personas participaron de la asamblea en la que se decidió pedir el diálogo con los funcionarios.
Sebastián Scarano, delegado de la junta interna, contó a ANCCOM: “Nos dirigimos al piso del Jefe de Gabinete, Santiago Leguizamón, pero no se presentó. Nos dijeron que estaba en una reunión y también dijeron que el ministro (Jorge) Triaca se había ido a la Casa Rosada. Fuimos atendidos por Esteban Echeverri, un funcionario de confianza del ministro. No nos dio mayores precisiones acerca de los despidos, ni siquiera quiso avanzar en decirnos cuál era la cantidad de trabajadores cesanteados. Solo tomó nota y nos dijo que regresemos en una hora.”
Tras esa breve reunión, los delegados retornaron a la asamblea, que resolvió continuar con las medidas de fuerza. “A la hora volvimos a reunirnos con Echeverri, no nos dijo que accedía a reincorporar a los trabajadores, pero sí que el ministro iba a designar una persona de su confianza, con autoridad política para revertir esta situación, y que nos íbamos a reunir con él para empezar a discutir cuál será la solución”, resume Scarano.
«Nos dijeron que el ministro iba a designar una persona de su confianza, con autoridad política para revertir esta situación», resumió el delegado de la junta interna de ATE, Sebastián Scarano.
Los trabajadores desconocen cuál es la cifra exacta de despedidos, pero los delegados creen que además de los 30 trabajadores cesanteados a principio de año, ahora se sumarían unos 250: “En la sede central no tenemos el numero a ciencia cierta, porque parte de la estrategia de las autoridades es no informar absolutamente nada”, dijo Hernán Izurieta, también delegado de la Junta Interna. Scarano completa: “Pensamos que la respuesta que nos van a dar dependerá del nivel de movilización de los trabajadores, y hoy demostramos que fue verdaderamente contundente. El Ministerio estuvo absolutamente parado y los trabajadores aguantaron todo el día firmes, manifestándose”. Luego concluyó: “Somos conscientes de que esta política de despidos masivos, que lleva adelante este gobierno, tiene por objetivo a todos los trabajadores, no solo a los estatales. Esto queda claro porque ya hubo 30 mil despidos en el Estado pero en el ámbito privado son 80 mil. Claramente, como dijo el ministro de Economía, quieren que dejemos de discutir salarios para que discutamos puestos de trabajo. No vamos a aceptar ese chantaje, nosotros vamos a asegurar que ningún compañero quede en la calle”.
«El Ministerio estuvo absolutamente parado y los trabajadores aguantaron todo el día firmes, manifestándose», declaró Scarano.
Por último, los trabajadores reunidos en la asamblea, decidieron volver a convocarse el lunes próximo para establecer cómo continuar con las medidas de fuerza.
Actualizado 2/04/2016
Mar 31, 2016 | destacadas
Hoy vencen los contratos de más de 65 mil trabajadores de todas las áreas del Estado y hay inquietud acerca de cuántos de aquellos serán renovados o pasarán a formar parte de la gran cantidad de despedidos contabilizados desde diciembre. Por esa razón, y en defensa de los puestos laborales, la Asamblea de Trabajadores Autoconvocados de Cultura de la Argentina (ATACA) realizó anoche una jornada de vigilia, que se extendió desde las 20 hasta la 1 de la madrugada. El encuentro se llevó a cabo en Plaza de Mayo, frente al Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, contó con una buena presencia de concurrentes.
La tela gigante desplegada, sobre la calle Bolívar, con la leyenda “La cultura no se achica – Todos somos cultura” condensó las consignas de esta reunión: el cese de los despidos y la reincorporación de las personas echadas, la finalización de la precariedad laboral, el pase a planta permanente de todos los precarizados y la convocatoria inmediata a paritarias para todos los trabajadores de la administración pública nacional y provinciales.
Verónica Jeria pertenece a la Asociación de Trabajadores de Museos. Ella explica que, frente a la poca confiabilidad de la información oficial, ATACA comenzó a recolectar datos sobre el verdadero estado de situación de los trabajadores de la administración pública vinculados al área de cultura en todo el país. Conforme a los datos de los miembros de ATACA consultados por ANCCOM desde enero se despidieron a 500 trabajadores del área de Cultura, de los cuales 200 han podido ser reincorporados.
Unas 140 personas han sido cesanteadas de las funciones que cumplían en distintos museos nacionales, 26 de los cuales pertenecían al Programa Ronda Cultural del Centro Cultural Néstor Kirchner, quienes trabajaban en visitas en distintos establecimientos. De estos 140 se ha logrado la reincorporación de 70 compañeros. En el Museo Malvinas hubo 11 reincorporados de las 12 personas que habían sido cesanteadas. Asimismo, han sido dejados sin su fuente laboral trabajadores de los museos Histórico Nacional, Evita, Mitre, Sarmiento, Arte Decorativo, Bellas Artes y Malvinas e Islas del Atlántico del Sur (que funciona en la ex-ESMA).
En la provincia de Córdoba se han detectado siete despidos en el Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers y en la Estancia de Jesús María – Museo Jesuítico Nacional. En Entre Ríos, hubo tres despidos y una reincorporación. En San Juan, reincorporaron a uno de los tres despedidos de la Casa Natal de Sarmiento, que depende del Ministerio de Cultura nacional.
También han sido desmantelados distintos programas que se desarrollaban dentro de la órbita del Ministerio de Cultura de la Nación. Entre ellos, se cuentan cinco trabajadores despedidos en la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, de los cuales se ha podido lograr que cuatro trabajadores retornaran a sus puestos. En tanto, en la Dirección Nacional de Música fueron afectados docentes que dictaban talleres para la comunidad. En tanto, en el Palais de Glace se contabilizaron tres despidos y en la Biblioteca Nacional y en el Museo del Libro y de la Lengua 240 personas quedaron sin trabajo la semana pasada. El recorte de personal también se trasladó a las dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas, a la del Centro Cultural Recoleta.
A partir de la aplicación del decreto 227/2016, el Ministerio de Modernización nacional tiene la facultad de renovar o prorrogar contratos según la Ley de Regulación del Empleo Público Nacional. A su vez, desde que rige el 24 de diciembre pasado el decreto 254/2015 (llamado Ley Marco) se les permite a los ministros y a otros altos funcionarios estatales de la Nación revisar los contratos firmados entre 2013 y 2015, y eventualmente despedir al personal designado bajo las figuras de “locación de obra y/o servicios” y “contratados”.
Vigilia de trabajadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Laura, presente en la vigilia, cuenta que hace siete años que trabaja en sitios de Memoria, que dependen del Ministerio de Justicia de la Nación a través de la Secretaría de Derechos Humanos. “La situación de los trabajadores y trabajadoras siempre fue de mucha precarización laboral. Pero ahora estamos más vulnerables con la firma del decreto de necesidad y urgencia de diciembre Ley Marco. Se habla de que se estaría por firmar con el Estado contratos por tres meses más y eso sería parte de una política de despido por goteo para evitar una gran confrontación”, remarca.
“En la administración pública nacional hay cerca de 450 mil empleados; poco más de 200 mil son fuerzas de seguridad, y de los 200 restantes hay 95 mil en estado de precarización laboral”, denuncia Verónica Jeria.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) es una de las tantas organizaciones y agrupaciones que integran ATACA. Nicolás Rodríguez Saá, delegado gremial de la Junta Interna del Ministerio de Cultura de Nación, afirmó que se ha querido imponer el estigma a través de la figura del “ñoqui”, pero “la realidad es que la mayoría de los estatales vamos a trabajar todos los días y se nos puede ver la cara en los distintos organismos”. Asimismo, señaló que está abierto un canal de diálogo con funcionarios del Ministerio de Modernización Nacional debido a que “estas medidas ayudan a visibilizar que estamos en plan de lucha y que tienen la obligación de sentarse a negociar”. En tanto, a 300 metros del Cabildo porteño, otro grupo de integrantes de ATE hacían su propia vigilia donde funciona el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Sarmiento 329.
El ex diputado Luis Zamora acompañó durante un par de horas a la vigilia enfrente del Cabildo, que iluminó los canteros de la plaza con candeleros de plástico reciclados. “A pesar del ocultamiento de los grandes medios, a pesar de la traición de la dirigencia sindical y a pesar del vacío de la resistencia política, el pueblo está peleando cómo puede, porque no hay convocatoria de las organizaciones de las cuáles cree. Por eso hay que iniciar un período de lucha y construir un poder desde abajo, y nos vamos a dar cuenta que el Gobierno no tiene el poder que pretender ostentar”, señaló el líder de Autodeterminación y Libertad.
Clara, asistente a la vigilia, fue despedida en enero y reincorporada en marzo a las funciones que cumple en el Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo. “Esto tiene que promover el encuentro y la articulación con otros trabajadores de la cultura que se encuentran en conflicto, así cada uno cuenta su situación”, comenta Clara. Otro caso de una persona reincorporada a partir de la lucha es el de Gabriela Inés, que se desempeña como secretaria en la Escuela Nacional de Museología (ENaM). Ella y un compañero fueron reincorporados debido a las jornadas de protesta de ATACA y a la contribución de la secretaria académica de la ENaM Marcela Asprella.
ATACA está integrada por trabajadores de museos nacionales, universitarios y de otras jurisdicciones; por institutos de investigación; y por programas, áreas y organismos que se encuentran en la órbita del Ministerio de Cultura de la Nación. Surgió durante la primera semana de febrero en respuesta a los despidos masivos de fines de enero implementados, en el sector de la cultura, por parte del nuevo Gobierno Nacional a través de su ministerio. Jeria, que trabaja en el Museo de Etnografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, lo define como un “espacio abierto y participativo que espera sumar muchos más trabajadores que todavía no se han enterado de este espacio”.
Los trabajadores en estado de vigilia en defensa de sus derechos laborales fueron acompañados, a los largo de la noche, por expresiones culturales de artistas que quieren visibilizar la protesta de la ATACA. El disc jockey Villa Diamante empezó a manejar el clima musical, desde su teclado, con versiones diferentes de temas conocidos de Babasónicos, Fito Páez y de la banda del Indio Solari, mientras se proyectaban videos en una pantalla. A las 21 hizo su show, entre melódico y potente, el cantautor Gabo Ferro. Le siguió la enmascarada Sofía Viola y sus sencillas y bellas canciones, y más tarde retumbó la orquesta de tambores Stacatto, que hizo temblar a los edificios históricos que rodean la plaza. Hacia el cierre de la vigilia Informe Bancario realizó una intervención artística.
Bajo un cielo descubierto sobre sus cabezas, los autoconvocados por la cultura y el trabajo levantaron bien alto sus velas, en una noche desmigajada en puntitos de luz, con la esperanza de que su lucha los mantenga organizados y en posesión de sus fuentes laborales.
Actualizado 31/03/2016
Feb 25, 2016 | inicio
Una línea de policías tras el vallado que forma parte del paisaje habitual en la Plaza de Mayo, una fila de mujeres de la Infantería con escudos y trajes y un camión hidrante estacionado, con el motor apagado. Un poco más allá, un grupo de uniformados que apenas interrumpe su charla cordial para mirar la explosión de bombas de estruendo que surgen desde la base de la Pirámide de Mayo. El promocionado debut del nuevo Protocolo de Seguridad quedó finalmente desdibujado en una discreta presencia policial en la movilización convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para rechazar los despidos en la gestión pública y protagonizar la primera protesta laboral contra la gestión de Mauricio Macri.
La resolución del denominado “Protocolo Antipiquetes” fue aprobada la semana pasada en una reunión del Consejo de Seguridad Interior dependiente del Ministerio que encabeza Patricia Bullrich. Sin embargo, horas antes de la movilización, el gobierno anunció que las fuerzas de seguridad no interferirían en el desarrollo de la marcha. Tampoco se formalizaría el cuestionado experimento del corralito para la prensa. Las competencias de juridiscción con la Ciudad de Buenos Aires -el reglamento es válido para fuerzas federales- y la demorada publicación de la nueva normativa en el Boletín Oficial terminaron de dar forma a la estrategia oficial.
Desde el comienzo del ¿debate? del Protocolo, el gobierno defendió las nuevas reglas como una herramienta de equilibrio entre dos derechos: el de protestar y el de transitar. Esa idea inicial cobró cuerpo en la resolución aprobada la semana pasada en una reunión del Consejo de Seguridad Interior. “En una jornada histórica para el Consejo de Seguridad Interior, con el 80% de adhesión de las provincias, logramos poner en marcha el `Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas´», anunció en su portal el Ministerio de Seguridad.
Si bien el Protocolo afirma que “manifestar en la vía pública, es una de las formas de expresión de derechos amparados constitucionalmente” y luego considera que “quienes no participan de una manifestación en la vía pública, no vean afectados sus derechos a circular libremente”, las declaraciones posteriores de Bullrich -”si no se van a los cinco minutos, los sacamos”, amenazó- fortalecieron el argumento de que el Protocolo pretende privilegiar el derecho de libre circulación por sobre el de la protesta social.
La aprobación generó la reacción de diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la sociedad civil. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que “esta decisión limita derechos de manera inconstitucional al poner a la libre circulación por encima de la integridad de las personas y de los derechos a la protesta y a la libertad de expresión”. Además, puntualizó que el documento no prohíbe explícitamente el uso de armas de fuego.
Por su parte, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) repudió “la aprobación del `nuevo protocolo para manifestaciones públicas´ por parte del Consejo de Seguridad Interior, por orden del presidente Mauricio Macri y la ministra Patricia Bullrich.” Y fustigó especialmente la asignación de una “zona determinada” para la cobertura mediática. “Los trabajadores de prensa no aceptamos liberar la zona para que la policía reprima sin que queden evidencias”, afirmó el sindicato en un comunicado. Como parte de ese argumento, recordó que el accionar de reporteros gráficos, camarógrafos y periodistas fue vital en la resolución de casos como los asesinatos de los militantes Darío Santillán, Maximiliano Kosteki y Mariano Ferreyra.
Con el protocolo en vigencia y el paro y movilización de ATE confirmados, el modo de intervención policial había generado expectativa. El lunes, dirigentes gremiales de ATE fueron citados a una reunión en el Ministerio de Seguridad para acordar el modo en que el Protocolo se pondría en marcha. Horas después, la seccional porteña de ATE intentó impedir la aplicación de la normativa con la presentación de un habeas corpus que, luego de ser aprobado por una jueza de Capital, fue revocado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires.
A los motivos iniciales de los miles de despidos de empleados estatales, se sumó la consigna contra la criminalización de la protesta que disparó la aprobación del Protocolo. A pesar de la multitud que marchó desde diferentes puntos del centro hacia la Plaza de Mayo, interrumpiendo totalmente el tránsito a su paso, no hubo disturbios ni intervención del operativo policial.
La desconcentración de la marcha comenzó pasadas las 15:00, con un calor agobiante. Cuando la Avenida de Mayo ya estaba despoblada, casi vacía de gente, un joven padre de veintipico le explicó a su hijo de unos tres o cuatro años: “La calle es tuya”.
