Jul 17, 2025 | Destacado 4, Trabajo
Los trabajadores de la fábrica de golosinas Georgalos resisten luego de la reducción de personal y el despido de cinco trabajadores por realizar huelga. Por qué puede ser un caso testigo.
“Ni despidos afuera, ni esclavos adentro” es la frase que resume la lucha obrera en la fábrica de golosinas Georgalos tras el despido de cinco trabajadores en la planta de San Fernando. “Semanas previas al inicio de los paros sufrimos una reducción de personal en la línea productiva y un achicamiento del salario consecuencia de la flexibilización laboral que unilateralmente está imponiendo la empresa”, explica Maximiliano Montero, uno de los trabajadores despedidos y agrega: “El Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimentaria (STIA) que conduce Rodolfo Daer y la comisión interna estuvieron al tanto de esta situación y mantuvieron conversaciones con la empresa hasta que el jueves 29 de mayo convocaron a un paro”.
“Paramos el jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de mayo en los tres turnos con el sindicato a la cabeza. El sábado levantamos el paro porque acordamos tener una audiencia que después no se realizó. Ante la falta de respuesta por parte de la empresa, el martes 3 de junio hicimos dos horas de paro. El miércoles también, dos horas de paro y el jueves 5 de junio fue cuando nos dieron el telegrama de despido”, declara Diego Ciani, uno de los cinco trabajadores despedidos que, al igual que los demás compañeros del sector de chocolate, lo único que hizo fue acatar la medida de fuerza que convocó el sindicato: “Solo soy un obrero sindicalizado que, después de trabajar veintiún años en esta fábrica, estoy acostumbrado a que la única herramienta que tenemos para reclamar es la huelga”.
“El sindicato no midió las consecuencias y hoy estamos cinco familias en la calle”, denuncia Miguel Maciel, otro de los trabajadores despedidos que durante la mañana del 5 de junio se le impidió el ingreso a la fábrica. En el transcurso de ese día, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictó una conciliación obligatoria que planteaba retrotraer el conflicto a foja cero y reincorporar a los cinco obreros despedidos. “Ante esta medida, el viernes 6 de junio entramos a trabajar, nos habilitaron los molinetes y nos dieron tareas normalmente, pero a partir del sábado 7 de junio ya no nos permitieron entrar más: se reforzó la seguridad, pusieron patrulleros, cadenas en los portones y más seguridad privada. La empresa nos negó el ingreso hasta el 8 de julio, que fue cuando se venció el plazo de la conciliación obligatoria”, explica Ciani.
“Nos acusan de haber organizado la huelga, realizar un sabotaje contra la empresa, amedrentar a los compañeros, provocar daños económicos e incitar a la violencia”, plantea Montero que además comenta que en el plazo que duró la conciliación obligatoria se realizaron tres audiencias. “En la última audiencia, la parte gremial denunció que los despidos fueron inconstitucionales, discriminatorios y antisindicales. Por su parte, la empresa no presentó ninguna prueba y mantuvo la postura de no reincorporación”, expone Ciani y agrega: “No tienen ningún argumento para justificar lo que hacen y nosotros estamos muy preocupados porque una empresa como Georgalos te despide con mentiras, incumple la ley ¿y cuál es la respuesta del Ministerio de Trabajo? Una multa ¿Y nosotros? seguimos sin trabajo”.
“Continuamos peleando por nuestra reincorporación porque se está violando un derecho constitucional como lo es el derecho a huelga; si esto pasa, fija un antecedente nefasto porque cualquier sindicato ya sea a nivel provincial o nacional no va a poder convocar a paro porque si para le echan a la gente”, declara Montero. Los trabajadores de la fábrica de golosinas insisten en que el despido de los compañeros es un caso testigo porque pone de manifiesto que empresas como Georgalos aplican una reforma laboral basada en medidas flexibilizadoras sin cumplir las leyes y la única consecuencia que afrontan por parte del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires es una multa económica por incumplir la conciliación obligatoria. En esa misma línea, Ciani refuerza y resume: “Nos hacen laburar más, nos suben los ritmos de trabajo con menor personal, no damos abasto y encima si levantas la voz te echan”.
«Fue una semana de la dulzura muy amarga para nosotros», ironiza Maciel quien comenta que ante la violación de la conciliación obligatoria por parte de la empresa, el martes 8 de julio cortaron la Panamericana y fueron reprimidos por personal de Gendarmería. El miércoles 9 de julio, realizaron un festival solidario por el Día de la Independencia en la puerta de la fábrica que contó con la multitudinaria presencia de familias y obreros. El viernes 11 de julio participaron de una audiencia pública en el Congreso de la Nación junto a diputados del Frente de Izquierda y Unión por la Patria quienes firmaron una resolución en solidaridad con los trabajadores despedidos y exigieron su inmediata reincorporación.
A su vez, este lunes 14 de julio se movilizaron en La Plata desde el Ministerio de Trabajo hasta la Gobernación para exigir que el gobierno provincial se pronuncie contra los despidos ilegales. “El Ministerio nos dice que ya no puede hacer más nada, entonces les llevamos un escrito que detalla articulo por articulo lo que puede hacer ante estos despidos inconstitucionales y persecutorios que estamos sufriendo”, comenta Ciani y Maciel agrega: “Tienen herramientas para pronunciarse a favor nuestro, solo hace falta un poco de decisión política”.
Como próxima medida de fuerza por parte de los trabajadores de Georgalos, este jueves 17 de julio convocan a marchar del Congreso a Plaza de Mayo junto a las y los trabajadores del Garrahan en defensa de la salud pública. Llevarán sus reclamos contra despidos ilegales y también se sumarán los obreros de Secco y Molinos Río de La Plata. Consideran que avanzar en la unidad de los trabajadores es fundamental para hacer frente al ajuste y la precarización laboral.
«Si bien nosotros somos cinco despedidos, hoy este conflicto excede el dejar a cinco familias en la calle», reflexiona Maciel y Montero explica que lo suyo no se trata de un hecho aislado: «No hay que perder de vista que el gobierno nacional quiere avanzar con la reforma laboral y ya lo está haciendo». Ante la apertura de las importaciones la industria de la alimentación en Argentina tiene que competir con productos que antes no estaban en el mercado y es en este marco que: «La variante del ajuste en Georgalos es la flexibilización de las condiciones de trabajo y superexplotación del trabajador», según Montero, quien concluye: «Hoy las patronales se ven beneficiadas por las medidas del gobierno nacional y casos como los nuestros se están empezando a generalizar. Es por eso que desde Georgalos continuamos dando pelea».
Ago 22, 2024 | Destacado 3, Trabajo
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que declara a la educación como un servicio estratégico esencial. Sindicatos y funcionarios de la oposición advierten que la norma va en contra del derecho a huelga y la legislación internacional. También reclaman al oficialismo inversión en la educación. El impulsor del proyecto insiste.
El sistema educativo se encuentra en estado de alerta tras la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que reglamenta a la educación como un servicio estratégico esencial. La norma, entre otras cuestiones, tiene como objetivo garantizar la apertura de todos los establecimientos educativos todos los días que establecidos en el calendario lectivo y una asistencia del 30% de docentes los días de paro, proporción que se incrementa a medida que aumenten los días de medidas de fuerza.
“Nosotros entendemos que la educación no es un servicio, es un derecho y que en realidad a lo que apunta esta ley es a prohibir el derecho a huelga”, explicó Sonia Alesso, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). En esta misma línea se mostró, Alberto Sileoni, ex ministro de Educación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y actual director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires que detalló: “El objetivo de esta norma es el disciplinamiento de las organizaciones gremiales, es regular un derecho constitucional. La educación es un derecho universal para ciudadanos y ciudadanas y no un servicio para clientes, para pocos”.
La medida fue impulsada por el exministro de Educación y actual diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro, y obtuvo 131 votos positivos, mayoría constituida por la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza, ante 95 negativos, correspondientes a Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. Además, hubo dos abstenciones. El proyecto declara que el Estado debe garantizar el ejercicio del derecho a la educación durante todo el ciclo lectivo y pone el foco en los días de clases perdidos por las distintas medidas de fuerza directas o indirectas del personal docente y no docente que afecten al calendario y desarrollo curricular establecido.
En diálogo con ANCCOM el legislador del PRO explicó el motivo de su proyecto: “Declarar a la educación como servicio estratégico esencial para garantizar el derecho a educarse fue el punto de equilibrio que encontramos ante el conflicto de derechos: el derecho a huelga y el derecho a la educación de los niños y adolescentes”. En contraparte, Sileoni crítico de la media sanción aprobada sostiene que “las medidas no pueden ser zócalos de TV o medidas efectistas, tienen que ser de verdad, tienen que tener profundidad, por tanto, tampoco creemos que la educación sea esencial para este gobierno. Si no, no la estarían desfinanciado”. Sobre la situación en la provincia de Buenos Aires, profundizó: “Tenemos 1.000 obras paradas por Nación de las cuales 80 son escuelas, no hay distribución de libros, no hay distribución de tecnología, no hay una política de formación docente, entonces: ¿dónde se ve el aprecio que este gobierno tiene por la educación?”
Para la Organización Internacional del trabajo (OIT), de la que Argentina es miembro, un servicio esencial es aquel cuya interrupción pondría en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de la totalidad o parte de la población, y por lo tanto prohíbe o regula el derecho a huelga. Alesso sostiene que en base a este reglamento hay dos fallos judiciales que dicen que la educación no se encuentra dentro de los servicios esenciales, además detalla: “Este proyecto tiene varios aspectos cuestionables: en primer lugar no puede ir contra la Constitución Nacional y la OIT. Además, en el trámite parlamentario el tratamiento de la ley no pasó por la Comisión del Trabajo o la de presupuesto y solo lo hizo por la Comisión de Educación y, por último, no se dio un debate a fondo, no se tuvo en cuenta la participación de los docentes pese a que pedimos que nos dejaran hablar y algunos legisladores estuvieron de acuerdo. Nos quitaron la palabra y eso que nos estaban declarando como servicio esencial”.
«a lo que apunta esta ley es a prohibir el derecho a huelga”, explicó Sonia Alesso. FOTO: ARCHIVO
En cambio, Finocchiaro explica que la ley no habla de servicio esencial en los términos de la OIT, ya que la norma se refiere a servicio estratégico-esencial y pone énfasis en la palabra estratégico para diferenciar los conceptos. Además, justificó la ausencia de docentes al debate debido al tiempo acotado y a las difíciles negociaciones en las cámaras legislativas para lograr aprobar leyes. “No hay sector más democrático que el Congreso, ahí estamos todos representados y las discusiones las tenemos que dar los representantes en las cámaras, porque para eso fuimos elegidos. Muchas veces las presentaciones lo único que hacen es dilatar las resoluciones”, sostuvo el presidente de la Comisión de Educación en Diputados, quien también se refirió a la necesidad de ampliar el debate ya que “tenemos una escuela del siglo XIX, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI, algo está fallando”.
Alesso, por su parte, descree de la preocupación del gobierno por la educación y sostiene que “pensar que los problemas de la educación se resuelven sin financiamiento educativo, sin resolver los problemas salariales, sin discutir los temas de fondo y prohibiendo el derecho a huelga, nos parece que es empezar al revés o poner el carro adelante del caballo”; y detalló la difícil situación que atraviesan los docentes: “Venimos desde diciembre sin paritarias que aumenten el piso nacional. Además, el gobierno eliminó de forma unilateral el fondo de incentivo docente, no se están enviando los fondos para infraestructura escolar, no se amplían los fondos para la copa de leche, ninguna de las políticas que tengan que ver con mejorar la educación este gobierno las ha tomado”.
Con todo este panorama, el conflicto entre el Gobierno y el sector educativo está lejos de apaciguarse, a este frente debe sumarse el que mantienen las universidades nacionales que siguen reclamando la emergencia presupuestaria y salarial. “Si el presupuesto sigue subejecutándose y si, además, no aumentan los salarios y la conflictividad lejos de bajar va a subir”, sostiene Alesso, que aunque suene como advertencia es lo que marca la experiencia. El proyecto deberá tratarse en el Senado y para ese momento desde CTERA buscarán informar, convocar y movilizar para evitar su aprobación.
Abr 18, 2017 | Trabajo
El 20 de diciembre de 2013, empleados de la empresa Perfil participaron de una asamblea para tratar de resistir una tanda de despidos y la salida del bisemanario homónimo se retrasó diez horas. Meses después, les llegó una citación para prestar declaración ante la Justicia a cinco delegados y un miembro de la Junta Electoral de la publicación. Allí se enteraron de que la compañía, propiedad de Jorge Fontevecchia, los había denunciado, que estaban procesados penalmente, acusados de atentar contra la libertad de prensa, y con la amenaza de terminar en prisión de uno a seis meses. Aunque el juicio se suspendió momentáneamente, debido al conflicto por el traspaso de parte de la Justicia a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, la causa no se cerró y una posible condena pende sobre los trabajadores.
El conflicto había empezado en octubre de 2013, cuando se conocieron los primeros despedidos. En el marco de las elecciones de renovación de la Comisión Interna donde se eligen delegados, la editorial decidió echar a trece trabajadores, entre ellos a integrantes de la Junta Electoral. “Estábamos en medio de elecciones y echaron a parte de la la Junta Electoral, porque a mí no me podían echar, porque tengo inmunidad gremial. Lo que ellos no sabían era que la Junta también la tiene, y ahí fue cuando estos tipos dijeron: `Bueno tenemos que hacer algo, y empezaron a avanzar con todo´”, recuerda Marcelo Iglesias, delegado de Perfil desde hace 17 años.
Luego de realizar una seguidilla de paros, medidas de fuerza y conciliaciones obligatorias, se logró la reincorporación de todos los trabajadores. Pero la empresa Perfil fue un paso más allá y mandó nuevos telegramas de despidos cerca de fin de año.“ Tenés todo el año para despedir, y elegís justo esa fecha. Fue una medida ejemplificadora, como diciendo: `Me importa un carajo vos, tu Comisión Interna y el día de elecciones. Yo soy el dueño, hago lo que quiero y se terminó”, dice Rubén Schofrin, delegado de Perfil desde el cierre del viejo diario en 1998 y actualmente secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).
Planta de la Empresa Perfil donde se produce el conflicto.
A finales del año pasado, la causa – que se encuentra en el Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 12- fue elevada a juicio. Las audiencias tenían fecha desde el 29 al 31 de marzo pasado, pero fueron suspendidas en el marco de una crisis entre la Justicia y el Gobierno por el traspaso de los fueros nacionales a Capital. Sin embargo, entre los trabajadores de Perfil creen que pudo haber influido el contexto de conflictividad social, vivido durante el último marzo, con la lucha docente y la convocatoria del paro de la CGT. Además, se había llevado adelante una campaña de solidaridad con los delegados y estaba programada una movilización para el día del comienzo del juicio.
“Desde lo personal genera cierto alivio -dice Iglesias-, pero también cierta incertidumbre porque esto se estira. Desde la óptica político-sindical para nosotros es una victoria”. No obstante, la abogada defensora, Claudia Ferraro, advierte: “El juicio está suspendido pero sigue siendo una espada de Damocles sobre la cabeza de los trabajadores y en cualquier momento pueden notificarnos que se inicia”.
Un dato que no pasó desapercibido entre los acusados fue que la empresa de Jorge Fontevecchia no se presentó como querellante en la causa y sólo se encargó de asentar la denuncia penal en primera instancia. “Se encontraron con que la Justicia actuaba por ellos, sin tener que presentarse ni ir al choque con la Comisión Interna. Es una forma de maquillar la responsabilidad que tienen, en esta persecución penal, porque ellos han sido quienes presentaron la denuncia, los apellidos y nombres de los trabajadores, y los que en sus declaraciones señalaron como autores de este supuesto delito a quienes están imputados”, afirma Ferraro.
Delegados y trabajadores de Perfil reclamando el derecho a huelga.
En el momento del juicio, tendrá lugar una discusión entre la defensa del derecho a huelga y la libertad de empresa, en este caso, presentado como libertad de prensa. “Para el gremio de prensa un fallo adverso sería un golpe mortal al derecho de huelga, porque el objetivo del paro es que el producto periodístico no salga. Entonces, si no sale te acusan de violar la libertad de prensa, quiere decir que no hay derecho a huelga. Por lo tanto, se está a la merced de las patronales”, explica el secretario adjunto de SiPreBA.
“Si a nosotros nos encuentran culpables, yo estoy convencido que la empresa sale a pedir el desafuero de los delegados”, observa Iglesias sobre la posibilidad de que él y sus compañeros sean despedidos sin indemnización, tras quitarle la inmunidad gremial y continúa: “La causa no solo afecta a prensa, puede afectar a los gráficos, a los canillitas, a los camioneros. Generaría un antecedente importante y esto se puede aplicar tranquilamente a otros gremios. Es una caso, en algún punto, emblemático.”
Actualizado 18/04/2017
