Ene 3, 2024 | Destacado 5, Trabajo
La flexibilidad y el acceso al mercado laboral vs. la precariedad y la vulnerabilidad. Los repartidores comparten sus experiencias y plantean un debate: ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar para progresar?
Es martes por la tarde en Capital Federal, a pesar del frío y el viento, el punto Rappi de Humboldt y Costa Rica se va colmando de camperas naranjas, combinadas con gorras y cajas de delivery del mismo color. Los que llegan se saludan entre sí y se sientan frente al local. Charlan, fuman y esperan.
Félix Vázquez hizo de todo, fue plomero, albañil, paseador de perros. Por muchos meses buscó un trabajo para mantener a su familia, y así fue como llegó a las oficinas de Rappi en Villa Crespo. El representante le explica que no será un empleado, sino que se unirá al equipo, será “colaborador”, no realizará repartos, sino que prestará un servicio. Sin contrato, sin horarios, sin objetivos de rendimiento —y sin derechos laborales, también—. “Hace tres años que trabajo en Rappi, a base de arriesgar mi bicicleta, mi celular, mi integridad. No tenemos leyes laborales que nos amparen, si no salís a laburar, no cobrás”, comenta Félix trabajador de Rappi, en diálogo con ANCCOM.
El circuito empieza cuando un cliente pide algo por la aplicación y abona con tarjeta o efectivo. El pago siempre es para Rappi, quien le liquida al restaurante a los 15 días de realizada la compra, pero se queda con un porcentaje del producto. “A mí me conviene porque llego a más clientes, aumenta la demanda, aunque le tenga que dar 20% a la app tengo publicidad y no me encargo del costo de distribución y los chicos del delivery”, explica Yasmín Merlo, encargada de un local de hamburguesas de Palermo.
Radiografía del mercado
El trabajo en plataformas no cuenta con estadísticas oficiales ni estudios exhaustivos periódicos que den cuenta de la situación de los trabajadores. Hasta el momento se ha realizado en 2018 y en 2021 la Encuesta de Trabajadores de Plataforma (ETP). Según el primer informe, realizado durante 2018 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se estiman 160.000 empleados de plataformas digitales en todo el país, de los cuales unos 60.000 serían de reparto. En un estudio más reciente, publicado en 2022 por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), se realizó la segunda edición de la encuesta. Por el volumen de transacciones y cantidad de trabajadores las dos empresas principales son PedidosYa y Rappi.
La idea de PedidosYa nació en 2008, cuando Ariel Burschtin y Álvaro García eran alumnos de la universidad ORT de Uruguay. Como trabajo para una materia sobre emprendedurismo, les dieron la consigna de inventar un negocio desde cero en 30 minutos, pensar su propósito, imaginar su nombre y diseñar cómo podría ser su implementación.
Por su parte, Rappi fue fundada en 2015 en Colombia, por Simón Borrero y Sebastián Mejía. Ambos eran empleados de la startup Grability que permitía que los consumidores compren productos del supermercado online. Se dieron cuenta de que existía un cuello de botella en el envío, la entrega podía demorar días, hasta semanas. Vieron que los clientes tenían una necesidad de recibir compras como comida, medicina o antojos en su casa y en poco tiempo, así fue como decidieron crear una plataforma que brindara esa solución.
Comparando las encuestas mencionadas, se observa que la edad de los trabajadores disminuyó significativamente: la edad promedio en la ETP 2018 era de 38 años, y en la ETP de 2021 cae a 31 años. También se observa que las plataformas comienzan a absorber a una población de menor nivel educativo. En la ETP 2018 el 87,3% de los encuestados tenía al menos el nivel secundario completo, mientras que ese porcentaje disminuye al 79,2% en la ETP 2021.
En cuanto a la población migrante, hay una caída relativa respecto a 2018, los datos mostraban sólo un 23,8% de trabajadores argentinos, mientras en la ETP 2021 pasan a ser la nacionalidad mayoritaria con un 58,1%. Esto a su vez se corrobora en la antigüedad de los trabajadores, aquellos que hace más tiempo que trabajan son en su mayoría venezolanos y los que ingresaron hace menos de un año, son en su mayoría argentinos.
Esto coincide con las fechas de aumento exponencial de la migración (fundamentalmente desde Venezuela). Mientras que, en 2008-2009, la inmigración venezolana se ubicaba en séptimo lugar en términos de las radicaciones en nuestro país, en 2019 ocupaba el primer lugar, con el 34,5% de radicaciones. Esto se puede observar en este gráfico interactivo, una producción propia a partir de datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Hecha la ley, hecha la trampa
El sociólogo brasileño Ricardo Antunes, autor de libros clave para entender las transformaciones en el mundo del trabajo, define esta situación como la “uberización de la economía”, un proceso en que el trabajador se ve despojado de derechos, garantías y protecciones asociados al trabajo y acarrea con los riesgos y costos de su actividad. Un proceso en el cual las relaciones sociales de trabajo asumen la apariencia de ‘prestación de servicios’, invisibilizando la relación de asalariado y de explotación del trabajo. Se presenta como un nuevo tipo de economía innovadora y colaborativa, donde los trabajadores aparecen como “emprendedores” o “colaboradores”.
Omar Plaini, secretario general del Sindicato de Canillitas y senador bonaerense por el Frente de Todos, quien presentó un proyecto para la regulación de este tipo de trabajo, en diálogo con ANCCOM, describe: “Es una situación laboral fraudulenta. Se etiquetan como colaboradores, aunque es evidente que existe una relación de dependencia encubierta, manifestada por la necesidad de la aplicación en términos económicos para llevar a cabo las entregas».
Hebert Nontero, repartidor de Rappi lo describe: “Somos trabajadores, no somos microempresarios, ni trabajadores independientes. Eso es mentira. Somos totalmente dependientes de la empresa”. El conflicto está en que se presentan como meras intermediarias y así logran eludir todas las regulaciones laborales e impositivas. “La falta de transparencia en el funcionamiento de las empresas que gestionan aplicaciones forma parte de un innovador modelo de negocio que ha modificado las normas en cuanto a la explotación laboral”, explica Plaini.
El senador afirma que, «gracias a la gestión algorítmica, las plataformas funcionan con costos prácticamente inexistentes, sobre todo en lo que respecta a los costos laborales». Esta realidad coloca a los repartidores en una situación de «extrema fragilidad y precariedad», ya que carecen de salario mínimo, seguro de accidentes laborales y cobertura médica.
Mi jefe es un algoritmo
Tanto Félix Vázquez como Ezequiel Rojas, dos repartidores de Rappi, trabajan desde el mediodía hasta pasada la medianoche. Van en bicicleta o moto y reparten de todo: desde pizza y hamburguesas, hasta artículos de farmacia, compras de supermercado, o incluso, las llaves que un cliente le tiene que hacer llegar a alguien.
Ezequiel Rojas describe: “Necesitamos trabajar, pero a veces sentimos que usan la tecnología en nuestra contra. Avalan la esclavitud moderna”. Y cuenta cómo fueron los inicios en este trabajo que necesita, pero descubre esclavizante: “Empecé hace unos meses a trabajar en Rappi, mi primer día hice $15.000, estaba contento porque calculé lo que podía ganar en un mes y era más que el salario mínimo. Al tiempo noté que me llegaban menos pedidos o me mandaban muy lejos”. Con el tiempo el algoritmo lo empezó a desengañar: “Capaz la app te dice que (el pedido) está a 2 kilómetros, pero cuando lo pones en maps es mucho más lejos”. Los repartidores tienen la opción de liberar el pedido en caso de tener algún inconveniente. “Si pides liberar el pedido, te bloquean y no puedes seguir trabajando por una hora, a veces hasta tres días, si liberas dos pedidos. Te obligan a tomar un pedido que no quieres o no puedes”, comenta furioso.
El teléfono de Ezequiel comienza a vibrar. “Tenemos un pedido perfecto para ti”. Retirar en Palermo y entregar en Villa Crespo. Se pone la caja naranja en la espalda y el cronómetro de la aplicación le dice: “Tiempo para llegar a la tienda, 10 minutos”. En Rappi no hay tiempo para la furia. O sí: arriba de la bicicleta.
El hecho de que las plataformas se reserven el derecho de «dar de baja» o desconectar al usuario/trabajador en cualquier momento es una de las manifestaciones más evidentes de la insensibilidad de este sistema de empleo y de la vulnerabilidad a la que se enfrentan aquellos que buscan obtener ingresos a través de él. “Muchas veces te pueden poner en pausa, te cierran las cuentas, y no siempre queda claro los motivos por los que lo hacen. Lo peor es que no tienes la posibilidad de derecho a réplica”, afirma Francisco Ojeda, otro repartidor.
¿Bronce, Oro o Diamante?
“Rappi tiene un sistema de categorización que nos divide como Bronce, Oro y Diamante. En este último, dan mayor prioridad para elegir horarios, aunque el pago sigue siendo el mismo para todas las categorías”, explica Ojeda, repartidor desde hace seis años. “Si en Rappi no acepto un pedido pasaré a ser de la categoría Bronce; lo que me implica tener menor prioridad al momento de elegir horarios”.
Según relata Ojeda, PedidosYa tiene un sistema mucho más estricto. Se asignan posiciones desde el nivel uno (el más alto) al seis, y el ranking clasifica en base a las ausencias. ¿Qué número de ausencias tuviste durante la semana en tu horario? ¿Llegaste tarde o llegaste puntual? “A un repartidor del nivel uno le pagan más que a un repartidor de los niveles inferiores. La competencia entre nosotros es constante e injusta a mi parecer. Sobre todo, porque muchas veces te asignan pedidos a zonas peligrosas o de muy largas distancias a precios que no son convenientes ni por seguridad ni por insumos nuestros (nafta, peajes, comida). Entonces, por el simple hecho de rechazar un pedido o no querer hacerlo, la aplicación te bajará de nivel y con ello todo lo que implica”.
La organización vence al algoritmo
Estas modalidades de empleo, en las que las calificaciones y clasificaciones juegan un papel fundamental para asegurar mejores oportunidades, condiciones laborales e incluso la permanencia en la plataforma, limitan el ejercicio de los derechos laborales. Ejercer cualquier derecho colectivo puede perjudicar a los propios trabajadores, la posibilidad de ser «despedido» fácilmente mediante la simple desactivación de la aplicación aumenta el temor a represalias. A pesar de ello, los trabajadores han optado por una variedad de estrategias para promover la acción colectiva, asegurar la libertad de asociación y avanzar en la regulación efectiva de su trabajo.
Ramiro Manini, asesor legal del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA), que actualmente cuenta con más de 2.500 afiliados, relata: “Empezamos en 2020, en el contexto de pandemia. Era contradictoria la situación, por un lado, tenías que presentar un permiso que te diga que eras de los trabajadores esenciales para poder circular por la calle, pero por otro lado no teníamos ningún derecho como tales. Ahí nació el sindicato, nos empezamos a organizar en paradas solidarias a charlar y comentar la situación que vivíamos”.
Y remarca: “En un punto las empresas quieren instalar la competencia entre compañeros, eso veíamos en las paradas. Quieren que sea un sálvese quien pueda, que vas a estar mejor si pedaleas toda la semana sin parar y subís el puntaje. Así llegas a repartidor Diamante y tenés mejores tarifas y estas por encima de los demás trabajadores. Buscan que no haya solidaridad entre nosotros, un individualismo extremo”, remarca Ramiro. Y reflexiona: “No son nuevas formas de trabajo, son nuevas formas de explotación. Se aprovechan del vacío legal y esquivan la ley. Están haciendo cosas ilegales, no hay derechos básicos y fundamentales».
Las personas nucleadas en SiTraRepA buscan ser reconocidas como trabajadores y tener los mismos derechos: obra social, vacaciones, aguinaldo, días por enfermedad. “Si un repartidor se quiere ir de vacaciones tiene que poner a un amigo a manejar y usar la app en su nombre, o llevarse la bici y la mochila a la costa y repartir ahí. Es triste, pero si no lo haces te quedás sin puntaje, el algoritmo te puntúa todo el tiempo. Es como si fuese un juego, según el ranking que tengas vas a ganar más o menos plata”, describe Ramiro.
Las posiciones sobre la sindicalización laboral son diversas. Francisco Ojeda, por su parte, opina: “Por lo que hablamos en el grupo de repartidores, prácticamente ninguno está de acuerdo con que haya una sindicalización del sector porque, aunque nos puede traer beneficios como la jubilación, las vacaciones pagas, también nos va a generar mayores obstáculos, vamos a tener que cumplir un horario obligatoriamente, una asistencia y vamos a perder cierta flexibilidad de la que ahora disfrutamos”.
Otra de las posiciones es la de Vázquez, quien manifiesta: “Es necesaria la intervención del Estado para regularizar nuestra situación laboral, no solo de repartidores de Rappi, todas las empresas Uber, Glovo, Cabify son iguales. Necesitamos que se pronuncien los políticos, estamos totalmente precarizados”.
Según Manini, la sanción de una ley para regular este tipo de trabajo es una deuda pendiente, y opina que la falta de jurisprudencia en torno a reconocer la relación de los trabajadores con las empresas como laboral lo frena bastante. “La influencia de las empresas es real, tanto para impedir el debate en el Congreso como para impedir la organización y sindicalización de los trabajadores. No quieren regulaciones económicas como tienen todas las empresas que trabajan en el país. Hay una grave falta de transparencia a la hora de cobrar y a la hora de recibir sanciones o penalizaciones. Y como los trabajadores no tienen contrato, no se sabe cuáles son las consecuencias de rechazar pedidos o cuánto van a ganar por repartir. Una ley no va a transformar el mundo, pero sí será una conquista enorme”, sostiene Manini.
Millones para unos pocos
Juan, repartidor de Rappi, repite este deseo como un mantra para soportar la lluvia intensa y la frustración mientras ve cómo el cliente regresa al ascensor con su pizza. Rápido y seco. Mientras tanto, Juan da un paso hacia el borde de la vereda y se empapa nuevamente. Las gotas caen con fuerza sobre su campera naranja. Cierra la caja y se escapa la última bocanada de aire caliente que dejó la pizza antes de irse. Caliente y puntual.
Los trabajadores de estas plataformas son formalmente considerados trabajadores autónomos, y no se les reconoce una relación de dependencia. Siguiendo una argumentación similar a la de la pionera Uber, empresas como Rappi y PedidosYa también se autodenominan «empresas de tecnología». En ambos casos, estas plataformas argumentan que simplemente proporcionan una herramienta informática, una base de datos para conectar clientes con prestadores de servicios individuales, con el objetivo de evitar cualquier relación de dependencia y eludir el cumplimiento de las protecciones laborales establecidas por la legislación. La intención de no reconocer las actividades desempeñadas por sus repartidores como trabajo se refleja en el propio lenguaje que utilizan las empresas para promover el espíritu emprendedor y el autoempleo. Utilizan términos como «red de consumidores», «red de productores», «colaborador». En este contexto, los términos «trabajo» y «trabajadores» se usan rara vez. Un informe de la OIT plantea los indicadores de existencia de relación laboral en el trabajo en las plataformas digitales de reparto en Argentina.
Las empresas argumentan que no hay una relación de dependencia, mientras que los «rappitenderos» recorren la ciudad sin protección, sin ningún tipo de seguro. “Nos roban las bicicletas o nos pasa un accidente, y no se hace responsable ni la empresa ni ellos tienen a alguien como para auxiliarnos a nosotros y decirnos ´ve a tal lado porque tú trabajas con nosotros´”, comenta Angie León, repartidora de Rappi. Debido al vacío regulatorio y legal en el que se desarrolla esta actividad, las empresas eluden el pago de beneficios laborales, suministros de trabajo, compensaciones por accidentes laborales y cualquier obligación relacionada con la seguridad social. Mientras tanto, los repartidores pueden trabajar hasta más de 8 horas diarias y muchas veces no llegan al salario mínimo.
El derrotero político
La discusión sobre la regulación de las plataformas de reparto se está dando a nivel mundial.
El camino de búsqueda por la regulación en Argentina comenzó en 2020, cuando el gobierno oficialista de Alberto Fernández elaboró un proyecto “Régimen del Trabajo en Plataformas Digitales Bajo Demanda” pero que no fue presentado. Apuntaba a crear una categoría jurídica especial incorporada al ámbito del Derecho del Trabajo y abordaba, entre otras cuestiones, la regulación de la jornada laboral: “Artículo 18.1. Una jornada de labor que no supere las 9 horas. La distribución del horario será por acuerdo de parte entre la Plataforma y la persona trabajadora”, aclara el proyecto.. Respecto al salario mínimo, el Artículo 12 dice que el salario mínimo por tipo, modalidad y categoría profesional será fijado periódicamente por la Comisión Nacional de Trabajo en Plataformas Digitales (CNTPD). También se incluían temas como la retribución por viaje, envío, entrega o distribución en función de la distancia, tiempo y lapso de espera, entre otras cuestiones.
El senado bonaerense aprobó en 2022 un proyecto de ley del legislador Omar Plaini, que establece en su Artículo 2° la creación de un “Registro Provincial, Único y Obligatorio para Trabajadores y Trabajadoras de Plataformas en Aplicaciones (APP)”. Fue aprobado en la Cámara de Diputados provincial en 2023, luego de haberse frenado por varios meses a causa de la presión de las empresas.
En los Artículos 6° y 7° la norma le da atribuciones al Poder Ejecutivo provincial: el registro otorgará un “certificado habilitante” para el trabajador y su vehículo, que será intransferible y establecerá que el Poder Ejecutivo “deberá” exigir a las personas jurídicas y empleadores que denuncien horario de conexión y desconexión de los trabajadores, así como también la aseguradora de riesgo de trabajo.
Sin embargo, aún se busca regular una ley a nivel nacional. En septiembre de este año la exministra de Trabajo, Raquel ‘Kelly’ Olmos aseguró que estaban desarrollando un proyecto de ley para enviar al Congreso. Según declaraciones en El Destape Radio, la iniciativa es parte de un trabajo en conjunto con el Ministerio de Economía: «Nosotros reconocemos que se autodefinen como trabajadores independientes que utilizan su propio bien de capital. Nuestra aspiración es que puedan ampliar su marco de derechos», destacó la ex funcionaria. Todo lo contrario, parece, se propone la gestión desreguladora de Javier Milei.
Delivery de derechos
Las tecnologías digitales generaron cambios en el trabajo y el empleo. La “algoritmización”, les permite a las plataformas operar con costos prácticamente nulos, esto mejora la eficiencia y, en particular, se ve una reducción de los costos laborales. Las nuevas modalidades de empleo en la economía digital se destacan por la desregulación y la flexibilización de los límites en muchos niveles. Mientras que los trabajadores hacen malabares con sus tiempos de trabajo para obtener buen puntaje, la gestión algorítmica produce sobrecarga de trabajo, además, de los riesgos que implica para la salud y la seguridad (accidentes, robos, etc.), trabajar en la calle. Todos estos elementos unidos no se ven recompensados con un salario.
Los repartidores responden con organización y acciones colectivas para fortalecer su representación y capacidad de acción. La sindicalización, las redes sociales, los grupos de WhatsApp son iniciativas destinadas a promover tanto los derechos como la comunicación entre los trabajadores, además de crear conciencia sobre la necesidad de establecer un marco legal que mejore las condiciones laborales y defienda los intereses de los trabajadores y trabajadoras de plataformas.
Dariannis Linares, repartidora venezolana, destaca la importancia del compañerismo entre los “redes”. “Fue en el 2021, en Lomas de Zamora a las 20. Fui a buscar un pedido a una casa de pastas de Don Cotrone, mientras esperaba llegaron unos chicos en una moto chiquita, uno de ellos sacó un arma blanca y me amenazó. Cuando me iban a quitar la moto, aceleré y me fui súper asustada, mirando para todos lados a ver si encontraba algún policía o una comisaría para hacer la denuncia. Encontré la Comisaría 9A de Lomas de Zamora, me estacioné y escribí en nuestro grupo de WhatsApp porque no sabía qué hacer, estaba muy asustada. Algunos de mis compañeros que estaban cerca llegaron a la comisaría para cerciorarse de que estuviera bien y saber qué me había pasado. Fueron ellos quienes le escribieron al soporte de PedidosYa, mientras yo hacía la denuncia en la comisaría. Me sentí contenida por mis compañeros, porque como repartidores andamos solos y expuestos a los peligros de la calle”.
La solidaridad de clase entre los naranjas y los colorados se siente. Cuando las piernas no les dan más, tienen un problema, llueve o hace frío y no recibieron nada de propina, cruzarse con el saludo o la ayuda de un compañero les da un respiro en la línea del frente de batalla.
Jul 8, 2020 | Novedades, Trabajo
Mercado Justo, aprobado en el Concejo Deliberante de Rosario, es una plataforma digital sin fines de lucro.
Hasta los días previos a que se inicie el aislamiento social preventivo y obligatorio estaban en el terreno de lo ilegal; ahora, son actividades esenciales: las plataformas digitales de prestación de distintos servicios han cobrado una importancia tal que ya no se puede ocultar la necesidad de su regulación. ¿Es posible, además, pensar alternativas, como plataformas digitales públicas, que se rijan bajo condiciones más democráticas y emancipatorias que las actuales?
Arduos debates sobre las posibilidades que brindan y, a su vez, sobre la perversidad de las mismas han abundado tanto a nivel internacional como nacional: conectando ofertas y demandas de bienes o servicios, o bien agregando valor a actividades no monetizadas de la vida cotidiana, aplicaciones como Rappi, Glovo, Pedidos Ya, AirBnb, Uber o Cabify son opciones de empleo -inmediato y garantizado- para muchísimos jóvenes de nuestro país y el mundo entero. Pero es necesario preguntarse a qué costo: el pasado lunes 29 de junio falleció Leonel, de 28 años, el sexto repartidor en lo que va de la cuarentena, dejando en evidencia una vez más las condiciones paupérrimas en materia de seguridad y derechos laborales de las plataformas de la “economía colaborativa”.
En este contexto, el proyecto de Mercado Justo, presentado por Ciudad Futura y aprobado en el Concejo Deliberante de Rosario, supone una interesante iniciativa: se trata de una plataforma digital sin fines de lucro que unifica toda la oferta y demanda de bienes y servicios de la ciudad y su distribución, buscando fomentar la economía local. Aunque se trata de una experiencia todavía excepcional, en un escenario dominado hábilmente por las grandes, publicitadas y poderosas compañías.
“En el ecosistema digital, la posición significativa de un puñado de plataformas asfixia la competencia», dice Becerra.
“Si bien las plataformas no aumentaron las bases de pagos por los pedidos, lo que hicieron fue aumentar algo que se llama ‘bono por productividad’, es decir, un bono por cantidad de pedidos realizados, para incorporar a más trabajadores para que cubrieran la alta demanda que había durante la cuarentena”, expresa Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista y asesor de la Asociación de Personal de Plataformas (APP). “Esto significó un fenómeno de transformación e intensificación del trabajo porque muchos trabajadores que antes hacían jornada parcial ahora hacen completa y quienes ya hacían completa hacen más horas aún. Todo esto en el marco de la contratación autónoma: es decir, sin ningún tipo de protección de la salud o ante los riesgos. Los trabajadores se hacen cargo de todos los elementos de seguridad y todos los gastos”.
La utilización de sistemas de asignación de trabajo y de control de la productividad a través de rankings son el común denominador en todas estas plataformas. “El ranking te evalúa la cantidad de pedidos aceptados sobre la cantidad de pedidos ordenados y además te evalúa la cantidad de horas o el tiempo que cada trabajador está conectado, sobre todo en las horas de alta demanda. Ahora bien, ese cómputo está determinado pura y exclusivamente por la plataforma y en general no es justo”, afirma Ottaviano.
Durante la cuarentena, por lo menos seis reparatidores fallecieron por accidentes viales.
De allí se desprende la necesidad de truncar la idea que se pretende fomentar acerca de la supuesta neutralidad y autonomía de las aplicaciones y las tecnologías en general y su carácter fantasmagórico. “Muchas veces se dice que estas empresas no tienen existencia real: que exista un control remoto no significa que no haya un sujeto controlante, un medio de control y un controlado. Por supuesto, al ser remoto este control, se diluye la presencia de ese sujeto controlante y eso puede dar a pensar que se diluye la responsabilidad. Para atribuirle responsabilidad primero hay que hacer emerger la figura del empleador”, asegura el abogado y continúa: “Son empresas, con capital, que tienen un domicilio, que tienen administradores, gerentes, dueños. Que diseñan los algoritmos para la organización del trabajo y los servicios y diseñan un modelo de empresa tradicional con el agregado de una existencia digital también. El gran dilema a resolver o la gran disputa en torno al trabajo en plataforma, es establecer la relación que existe entre la empresa y los trabajadores y trabajadoras. Si creemos que el sujeto empleador no existe o existe sólo digitalmente va a ser muy difícil establecer cuál es esa relación”.
Este contexto propicia la obtención de siderales ganancias, sobre la base de condiciones laborales profundamente desiguales, de las cuales sólo un ínfimo porcentaje queda para el fisco del país. En este sentido, Martín Becerra, investigador y profesor universitario especializado en medios de comunicación e industrias culturales, afirma que “no sólo es imprescindible e impostergable revisar las condiciones de tributación de las grandes plataformas en los países donde comercializan productos y servicios (propios o ajenos), sino además definir reglas democráticas para distribuir el aporte que necesariamente estos conglomerados, beneficiados por las inversiones en infraestructura, en contenidos y en capital social de otros actores, deben hacer como contraprestación del usufructo de ese capital y de esos bienes”.
“Se cae en una discusión inconducente de tecnología sí o no, cuando en realidad es tecnología a favor de quién”, dice Tepp.
Además, afirma que “en el ecosistema digital, la posición significativa de un puñado de plataformas asfixia la competencia, dado que la asimetría en el acceso y distribución de recursos necesarios para competir es capitalizada por los grupos más concentrados en detrimento del resto”. En consecuencia, agrega, “la captura de la rentabilidad que exhiben los principales conglomerados contrasta con los márgenes de beneficio del resto de los participantes del mercado. Una determinación estructural crítica que afecta la manera en que, en una misma sociedad, sujetos distintos acceden a oportunidades de desarrollo muy desiguales. La ficción democratizadora de las tecnologías encuentra en las condiciones materiales de acceso por parte de los sectores populares en el marco de la pandemia, su fracaso más cabal: las brechas digitales afloran a la vista del conjunto”.
Una gran cantidad de emprendimientos o pequeños locales barriales de bienes o servicios están invirtiendo enormes esfuerzos en un intento por no quedarse fuera del mercado virtual. Las experiencias evidencian lo difícil que se torna competir contra empresas multinacionales: no hay forma de que, por ejemplo, una cadetería de barrio logre hacerle frente a las difundidas plataformas de delivery. Cabe preguntarse, entonces, si con políticas regulatorias alcanza, o si es necesario, además, pensar en alternativas más democráticas y horizontales, con inversión y decisión política, que ofrezcan al resto de los actores del mercado una posibilidad real de participar.
Al respecto, Juan Ottaviano afirma que “estas alternativas requieren de una inversión y de decisión política para ser llevadas a cabo. Está claro que una iniciativa cooperativa, por ejemplo, no quiere ser una alternativa a Uber a nivel global. Pero a nivel local también es necesario un desarrollo de la tecnología que requiere de un financiamiento y conocimiento científico muy robusto. Me parece que la forma de resolver esto es que el Estado ejerza un rol en este asunto, estableciendo reglas justas, que respeten a todos los usuarios de estas plataformas, sean trabajadores, consumidores, prosumidores”.
En este escenario la aprobación del proyecto de Mercado Justo que llevó al Concejo rosarino el bloque de Ciudad Futura, representa un avance importante en el nivel local. Caren Tepp, concejala del bloque, explica que la propuesta surgió a partir de advertir durante la pandemia una tendencia muy fuerte a que todas las compras y ventas -que aumentaron exponencialmente- se hagan a través de plataformas de e-commerce hegemónicas, “siendo Mercado Libre la más representativa, que nació en Argentina pero que hoy funciona con una lógica multinacional que nada tiene que ver con la defensa de la economía cercana”. Frente a esta realidad, es necesario que los gobiernos locales puedan crear herramientas que vayan por la positiva y no queden sólo en la prohibición. “No podemos naturalizar que se concentre en un par corporaciones económicas todo el mercado virtual y digital, ni que el resultado de las medidas que se tomaron por la pandemia, que todos reconocemos como necesarias, sea una mayor concentración de la economía en perjuicio de todos”, afirma Tepp.
De allí surge Mercado Justo, una alternativa local que busca unificar toda la oferta económica y productiva de la ciudad de Rosario y poder vincular a quien necesita algo con quien lo tiene, produce o sabe hacer. El objetivo es que a todos estos esfuerzos particulares que están dispersos en el mercado digital “se los pueda centralizar en esta plataforma municipal sin fines de lucro y que se priorice toda la economía local”, afirma Tepp, y agrega que “muchas veces se cae en una discusión inconducente de tecnología sí, tecnología no, cuando en realidad es tecnología a favor de quién”. El objetivo de crear esta herramienta es que quienes se beneficien sean quienes interactúen a través de la plataforma, es decir, “que quien produce u ofrece un servicio se le pague de manera digna y que al consumidor se le cobre un precio justo”.
El objetivo de Mercado Justo es que se beneficien quienes interactúen a través de la plataforma.
Además, atendiendo al gran aumento de jóvenes trabajando en pésimas condiciones en aplicaciones como Rappi, Glovo y Pedidos Ya, Mercado Justo “incorpora los servicios de delivery para poder fomentar desde el Estado el cooperativismo de plataformas y la posibilidad de que esos jóvenes puedan seguir teniendo ese trabajo pero en términos realmente dignos y económicamente más justos y emancipatorios”, cuenta la concejala rosarina.
Una característica fundamental de estas plataformas que hay que considerar a la hora de llevar a cabo un proyecto es la autoadministración del tiempo laboral. En este sentido, Ottaviano afirma que la posibilidad de desconectarse es un pequeño margen de libertad que existe, pero está desregulado. Es por ello que “la insistencia está en tratar de establecer mecanismos justos de medición de la productividad, más que la adecuación de este sistema a un sistema de jornada continua. Hay puntos intermedios entre una regulación tradicional y la no regulación. El debate es el de poder, sobre la base de las protecciones laborales, admitir que este trabajo tiene algunas particularidades que pueden ser respetadas”.
Como lo ha sido siempre, la organización de los y las trabajadoras de plataformas supone una instancia fundamental frente al avasallamiento de derechos laborales. “La digitalización del trabajo sin dudas rompe con un concepto muy propio del siglo XX del ámbito de trabajo, del establecimiento. En muchas ocasiones la construcción de los sindicatos está pensada en función de un espacio común. Creo que por ese motivo las estrategias sindicales de los trabajadores digitales consisten en preservar los ámbitos de encuentro, espacios que pueden ser idealmente físicos pero posiblemente virtuales, es decir, se trata de combinar estrategias de encuentro físico con estrategias de encuentro digitales. Sería necio pensar que la única forma de construcción sindical es en base al establecimiento, porque si fuera así los sindicatos estarían renunciando a disputar a las empresas el código, el lenguaje y las herramientas de la digitalidad”, concluye Ottaviano .
Desde los tiempos modernos de Chaplin hasta los actuales de Rappi, Uber y Galperin, el mundo ha cambiado mucho y no ha cambiado nada: las técnicas avanzaron y las innovaciones llegaron a niveles jamás imaginados, generando condiciones y posibilidades inéditas. Pero no para cualquiera: la inequidad y la desigualdad en la distribución y el acceso evidencian que, en sus bases, todo sigue igual. Las fábricas han cedido su lugar a enormes infraestructuras digitales globalizadas, donde el nivel de producción lejos de cesar, cada vez aumenta más. Plataformas que reproducen la relación asimétrica entre trabajadores y patrones adheridas al capitalismo, con el agregado de que entre códigos y algoritmos intentan escurrir sus responsabilidades. Al igual que en las grandes crisis económicas, quedan expuestas las contradicciones de un sistema que ha producido a ritmo frenético, a lo largo de su historia, un nivel de explotación y precarización proporcional a las ganancias siderales que se facturan.
Abr 2, 2020 | Novedades, Trabajo
“Al principio de la pandemia tuvimos un montón de quejas de compañeros que fueron atosigados por las fuerzas policiales, les pedían dinero para seguir trabajando. Pero eso, con el pasar de los días, y debido a las múltiples denuncias y videos, se fue corrigiendo. Específicamente lo pasaron muy mal los extranjeros, porque por más que tengan todo en regla, los asustaron bastante”. El que cuenta esto es Cristian Loccisano, un repartidor que trabaja para diversas empresas con aplicaciones digitales, y conductor del programa radial Cadetes organizadxs, que enfoca en la problemáticas de los trabajadores de empresas digitales de delivery, en suspenso durante estos días de aislamiento social.
Cristian: “Tuvimos un montón de quejas de compañeros que fueron atosigados por las fuerzas”.
Desde el primer minuto del viernes 20 de marzo todo el país quedó bajo cuarentena obligatoria y como consecuencia la mayoría de los comercios dejaron de atender al público y las actividades debieron posponerse o cancelarse. El gobierno se mostró estricto e inflexible y la población, en gran medida, apoyó la medida, demostrándolo en las redes sociales con hashtags como #yomequedoencasa.
A pesar de todo esto, los repartidores debieron continuar trabajando, exponiéndose a sí mismos y a sus familias, principalmente porque no se pueden dar el lujo de quedarse en casa haciendo la cuarentena mientras ven pasivamente cómo su economía se desvanece como espejismo en el desierto.
Cada cadete, para operar, tiene dos permisos. Uno es un mail de autorización provisto por las empresas, y el otro es un código QR directo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ambos deben estar a mano en caso de ser controlado por circular, situación muy frecuente, y más aún en el territorio porteño. Las empresas digitales de delivery han establecido protocolos de entrega e informado mediante gráficos explicativos: en caso de un pago con tarjeta de crédito, se le exige al operador que deje el pedido en la puerta de entrada del domicilio y que luego se aleje como mínimo dos metros, hasta que el cliente reciba lo que ordenó. En el caso de que haya efectivo de por medio, se procede de la misma forma, sólo que, el cliente deja primero el dinero en el suelo, también respetando los dos metros de distancia recomendados. Por otro lado, algunas de las compañías entregaron guantes, barbijos y alcohol en gel, aunque las fuentes afirman que el stock no fue suficiente y los puntos de entrega, limitados.
El trabajo de los repartidores colabora para que más gente se quede en casa. La demanda de órdenes aumentó y también varió. Ahora, es mayor el porcentaje de pedidos de farmacia y de compras de supermercado. Por otro lado, la cantidad de trabajadores se vio reducida por las circunstancias dadas. En consecuencia, algunos cadetes se vieron beneficiados en términos de ganancias. Hay una menor cantidad de trabajadores en la calle, más pedidos por usuario y un sistema de “bonus” que se alcanza al lograr distintos objetivos, como cantidad de pedidos en una hora o durante el día, que ahora es más fácil de lograr. Paralelamente, las personas que ya estaban acostumbradas a dejar propina, aumentaron los montos al empatizar con la situación.
Cristian recorre las calles vacías de Buenos Aires en su moto todos los días. Su vida cotidiana no cambió drásticamente, aunque sí el paisaje a su alrededor y el tiempo de llegada a cada destino. Según su experiencia, los controles en la ciudad son mucho más frecuentes que en la provincia. “Han aumentado a medida que han pasado los días –dice-. Hoy, por ejemplo, me pararon siete veces en tres horas de laburo; cuando empezó la pandemia, era una vez o dos veces durante todo el día”.
Las irregularidades y los abusos policiales no son nuevos, plantea Cristian, pero en una situación tan especial como la que está atravesando el mundo, indignan y aún más. Tal es el caso de Eylin Sojo, otra trabajadora, que fue maltratada por las fuerzas mientras esperaba retirar su orden en un reconocido local de milanesas. “Hagan la fila con dos metros de distancia, porque si no van a contagiar al personal –le dijo un oficial de turno -. Seguro son unos locos sin libreta sanitaria ni obra social y se van a morir todos en un hospital público”.
Eylin: “Una sola vez nos dieron un gel antibacterial pequeño, un barbijo y un par de guantes”.
“Nunca había tenido problemas desde que estoy acá en Argentina –cuenta Eylin-. Salvo este inconveniente, el resto está bien, porque tengo todos mis papeles de mi moto en regla, para circular”. Eylin tiene 34 años, es venezolana y desde hace poco más de dos años vive en Buenos Aires, una ciudad que ahora se podría llamar fantasma, ya que la pandemia redujo la circulación de autos y de gente. No es lo que sucedió con los servicios de delivery como Glovo, Rappi, Pedidos Ya y Uber Eats: “La demanda en estos tiempos es mucha, pensé que iba a bajar –dice-. Los pedidos caen uno tras otro, a veces llegan dos o tres por hora. Obviamente, más que nada son de mercados y farmacia”. Suele tomar un primer pedido cerca de su casa, en Caballito, y luego la demanda la lleva hacia Palermo, Recoleta, Microcentro, Puerto Madero: los barrios más ricos.
Aunque las empresas de delivery abogan por entregas sin contacto, depende de la responsabilidad de cada repartidor establecer medidas propias de distanciamiento con el cliente: “No me acerco a la persona en la entrega y siempre les pregunto si desean que les deje el pedido en algún sitio específico -en el piso o en una mesa- pero son pocos los que me piden, o los que aclaran en la aplicación”, cuenta Eylin. Trabaja para Glovo y recibe correos de la empresa con las medidas de protección. “Una sola vez nos dieron un pack con un gel antibacterial pequeño, un barbijo y un par de guantes”, detalla. Medidas, a decir verdad, insuficientes.
Para Matías Zeballos, de 30 años, que lleva trabajando más de uno como repartidor, no hubo modificaciones significativas en las últimas semanas. Respecto a la dinámica laboral, “lo único que hizo la empresa fue un copia y pega de las recomendaciones que dio el Ministerio de Salud”, asegura, refiriéndose a los cuidados básicos para resguardarse del contagio, y agrega que “no brindan ningún tipo de seguridad. En algunos barrios hay un camión que reparte alcohol en gel, barbijos y guantes, pero lo hace en un horario y zonas muy específicas, y entonces no todos tienen acceso a esos elementos”.
La demanda, según Matías, mantiene un nivel alto como el resto del año, pero destaca un cambio notorio: “Hay muchos más envíos de compras de supermercados –dice-. Sigue habiendo pedidos de productos que no son de primera necesidad, aunque no tanto como antes, porque la gente no se puede dar ese lujo”. Las entregas, al igual que el resto de sus compañeros, funcionan con el menor contacto posible, y esta estrategia no fue motivo de desacuerdos con los clientes, porque “la gente está acostumbrándose” a estos tiempos desconcertantes.
Martín trabaja en atención al cliente en “El Surtidor”, una pizzería en el centro de Ranelagh, una localidad del conurbano bonaerense, a unos 35 kilómetros de CABA. El local se mantiene funcionando con cuatro empleados, y sólo se realizan repartos a domicilio sin cargo mediante un repartidor contratado, cuenta. “Se entrega el pedido con guantes descartables, y en el auto hay alcohol en gel, alcohol rebajado con agua; además, el repartidor usa barbijo y se lo cambia dos o tres veces por jornada. Aun así, algunas personas se acercan al local respetuosamente, pero no los dejamos entrar porque no está permitido. Entonces hacen el pedido desde afuera, tienen que esperar en el auto y el repartidor entrega el paquete sin contacto alguno”, detalla. Asegura que las medidas de higienes son estrictas: la prevención va desde pasar lavandina en los pisos, usar alcohol en gel, limpiar con alcohol líquido rebajado con agua los picaportes, los mismos procedimientos en las mesadas, hasta el uso guantes y barbijos en el personal.
Martín: “El repartidor cambia el barbijo dos o tres veces por jornada. Las medidas de seguridad son estrictas”.
A pesar del rápido impacto de los casos de coronavirus y las consecuentes medidas que afectaron a la economía, la crisis (que impacta en el salario de cada uno de los empleados) no es novedad para ellos. Martin dice, con evidente preocupación en su voz: “Estamos vendiendo un 10 o un 15% de lo que vendíamos antes, y redujimos el horario de trabajo a cinco horas por día (de 18 a 23). Esto nos agarró de sorpresa, pero la situación no venía estable en cuanto a las ventas desde hacía tiempo. Estos últimos cuatro años fueron totalmente negativos, sólo subsistimos, no hubo capacidad de ahorro y sí de deuda, íbamos sobre la marcha. Esta situación nos sobrepasó”.
Néstor Eduardo Riveiro, de 39 años, insiste con que los repartidores asuman los mismos cuidados que los clientes. “El problema es que los cadetes se juntan entre compañeros y, si hay un infectado que no quiere admitir que se siente mal, expone al resto”, dice. Pero los elementos de seguridad (barbijos, guantes, alcohol en gel) deben ser cubiertos por los propios trabajadores, ya que las empresas se los suministraron por única vez al principio del aislamiento social obligatorio, y no dieron pie a la renovación de estos recursos para los días subsiguientes.
El colectivo Ni un Repartidor Menos, que generalmente se centra en casos de violencia laboral y de género, robos, accidentes y enfermedades dentro del rubro, actualmente está concientizando sobre la inconveniencia de permanecer en grupos, la limpieza diaria de la mochila y la ropa de trabajo, y la higiene del trabajador. Además, ideó un nuevo proyecto frente a la pandemia: un seguimiento mundial sobre la cantidad de repartidores contagiados de Covid-19 a causa de la exposición laboral. “Recién se habilitó ayer a través de un documento en Google Drive: los afectados, compañeros o familiares, dependiendo de la gravedad del caso, pueden ingresar y registrar su denuncia ahí”, explica Néstor, que también cumple el rol de representante general de la organización hace más de un año.
Sofía Puente es shopper para Pedidos Ya en Córdoba Capital. Su trabajo consiste en armar y comprar los pedidos con una tarjeta que le da la empresa. A veces le llegan de a seis pedidos en simultáneo y tiene que tenerlos todos listos antes de los quince minutos: en muchas ocasiones eso no es posible. Ella busca los productos, hace la fila como cualquier cliente, los paga, y se los entrega a los cadetes, que esperan afuera hasta que están listos. Sofía destaca que es afortunada en comparación de los repartidores: “Yo trabajo ocho horas y tengo un contrato, cobro un sueldo fijo sin importar la cantidad de pedidos. Los cadetes no, son monotributistas y cobran por pedido que hacen”, explica. De todas formas, Sofía es consciente de la precariedad de su trabajo: pidió que le cambiemos el nombre porque teme ser echada si sus superiores se toparan con esta nota.
“Hay mucha demanda, pero es porque Pedidos Ya regala vouchers. No vendemos harina, o productos de necesidad, sino papas fritas, cerveza, gaseosas. Todo porque les dan cupones gratis”. Cuenta que, si hay faltantes de alguno de esos productos -como pasa mucho estos días-, la gente cancela el pedido. Y todo el tiempo que se perdió en armarlo, es plata que el cadete pierde. “Nosotros entramos en la categoría de los exceptuados de hacer la cuarentena, pero la gente no lo toma en serio”, asevera.
“Le pedimos a la empresa que nos den elementos de seguridad para afrontar la pandemia -cuenta-. Ellos alegaron no haber podido conseguir y nos dieron mil pesos para que lo compremos nosotros. Los amenazamos con que no íbamos a ir a trabajar y ahí consiguieron todo, incluso el permiso”. Sofía remarca que fueron ellos quienes averiguaron por los proveedores de alcohol en gel y barbijos, y la empresa se encargó de comprarles. Esas medidas de precaución fueron solo para los shoppers: los cadetes debieron arreglarse por su cuenta. “Algunos pocos tienen guantes, otros tienen barbijos –dice-. Alcohol en gel casi ninguno usa, y al estar en la calle tampoco tienen dónde lavarse las manos. Yo los veo preocupados, no tienen ganas de seguir laburando así, pero lo necesitan”. Todos ellos trabajan ocho horas como mínimo, aunque la mayoría está más. Si los repartidores eran ya un emblema del empleo precarizado, la pandemia agudizó al extremo esa caracterización.
Nov 13, 2019 | Novedades, Trabajo
Cadetes Organizadxs puede escucharse todos los lunes a las 14 por FM 101.7.
Desde hace dos meses, todos los lunes a las 14, vibran en el aire las ondas de Cadetes organizadxs, un programa radial que se emite por Subteradio, FM 101.7, y en streaming por la página de Facebook de la radio. Está co-conducido por Cristian Loccisano, Néstor Riveira, Esteban Manrique y Luna Aguilar, quienes visibilizan fundamentalmente las condiciones de precarización dentro de las empresas digitales de delivery.
Cristian y Néstor, quienes propusieron la idea, se habían cansado de ir de programa en programa contando su problemática. Así que decidieron buscar su propio espacio para reflexionar e informar acerca del contexto actual. Ambos son trabajadores de mensajería que se vieron afectados con la irrupción de estas nuevas empresas –como Rappi o Glovo- que, como compiten deslealmente, generan que sus servicios sean más baratos, y, por lo tanto, que ellos tengan que, tarde o temprano, unirse a este sistema. Se conocieron por medio de redes sociales que hicieron los trabajadores y, al ver que tenían un objetivo en común, decidieron juntarse para realizar este proyecto.
Con el paso del tiempo, el formato del programa se fue modificando, porque vieron un patrón común entre las lógicas de todas las apps que ofrecen esta clase de servicios. “El objetivo principal era visualizar sólo la protesta nuestra. Después, un día nos solidarizamos con los muchachos de tránsitos, después con los compañeros taxistas y terminó siendo un programa directamente relacionado con la precarización laboral en general. Si bien el foco principal es hablar de nuestra problemática”, dijo Cristian, quien desde una perspectiva de comprensión hacia los trabajadores, trata las diversas movilizaciones populares tanto de Argentina como del resto del mundo.
“El objetivo era visualizar sólo nuestra protesta. Después, terminó siendo un programa relacionado con la precarización laboral en general», admiten los conductores.
El problema principal que tienen estas aplicaciones es que, en connivencia con el Estado, esconden una relación laboral precarizada, haciendo pasar a sus empleados por monotributistas. Según Néstor, estas empresas “dicen que no son empleadores, pero te dan sanciones. Si yo fuera mi propio jefe y mañana no quiero salir, no me tendría que pasar nada. Pero si yo mañana no voy a trabajar, automáticamente me descuentan un porcentaje o no me caen más pedidos porque me bloquean.” De esta manera, se desligan de responsabilidades tributarias hacia el trabajador, quien no tiene protección alguna simplemente porque no tienen derechos laborales.
Peor aún, los repartidores que sufren robos o accidentes, no sólo están totalmente desprotegidos sino que además las empresas, en vez de advertirles acerca de los riesgos, les inculcan la competitividad interna, para que repartan más en menos tiempo, ignorando que, en muchos casos, esto puede ser perjudicial para la salud. “Durante los días de lluvia, en vez de decirte andá con precaución, dice cuantos más pedidos metés hoy, más plata vas a ganar», explicó Cristian. Dada la problemática, muchos cadetes se agruparon dentro de la organización «Ni un repartidor menos”. Su función es reportar y registrar problemas, robos y accidentes. Gracias a esto pudieron dimensionar qué tan riesgoso puede ser este trabajo. “Nosotros encontramos ahora a una señora de 50 años que está internada desde hace un tiempo. Tuvo un accidente con un vehículo y la encontramos a través de ‘Ni un repartidor menos’. Ella entró por un accidente que parecía de bajo riesgo y ahora le están por sacar un riñón”, indicaron. Néstor afirma que hechos como este hay a montones, y recuerda el famoso caso del repartidor que tuvo un accidente y desde la empresa le preguntaban por el estado de la pizza que cargaba. Otra de las tareas de la organización es crear un mapa online y participativo, que indique las zonas en donde más robos hubo, para que los cadetes circulen con mayor cuidado.
Del lado del consumidor también hay riesgos, porque los controles bromatológicos de los alimentos no son suficientes y porque en el traslado, los productos pueden ser contaminados, tanto por los envases de las empresas, como por la falta de higiene de las cajas quienes los transportan. “Cuando hacés un pedido de McDonald’s te dan una bebida en un vaso con una tapa. No tiene ningún sellado ni nada. Yo ese vaso lo puedo abrir, adulterar, taparlo nuevamente y dárselo al cliente.” Por otro lado, muchos repartidores alquilan cuentas a terceros y, por lo tanto, quien recibe el producto no sabe la verdadera identidad del repartidor.
Ante el éxito del programa, sus realizadores piensan extender su emisión a una mayor cantidad de días.
A diferencia de otros lugares, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con la Ley Nº 5.526 sancionada por la Legislatura porteña en mayo de 2016 que se ocupa de estas actividades. “Tenemos el RUTraMyC, que regula la actividad del delivery y mensajería urbana, y tenemos el ENACOM, que antes era en CNC, que regula el correo. El principal objetivo de los miembros del programa es que se cumpla la ley y reconozcan a los trabajadores como lo hace cualquier otra empresa.
El boom de apps con esquema de precarización es un fenómeno mundial, inclusive en países con mucha regulación laboral y plantea un desafío a los trabajadores y sobre todo a los Estados, que parecen reptar detrás de una tecnología que vuela. Por eso, los repartidores vieron la necesidad de organizarse más allá de las fronteras nacionales. Mediante “Ni un repartidor menos” tienen relación con otros países de Latinoamérica, como con Chile y México, cuyas banderas flamean en cada movilización.
Debido al éxito del programa, Cristian, Néstor, Esteban y Luna piensan extenderlo a más días, para poder debatir más tiempo y agregar secciones que generen una interacción mayor con el público. Las novedades de este colectivo así como los programas, pueden ser vistos en su página de Facebook, Cadetes organizadxs.
Sep 12, 2018 | Novedades, Trabajo
Cristian Manzano, trabajador precarizado de Rappi.
La empresa de delivery on line Rappi les ofrece a sus trabajadores ser sus propios jefes, manejar sus horarios y hacerles la vida más fácil. “Todo es mentira, nada de eso es verdad”, dice el rappitendero Roger Rojas, que hace algunos meses organiza la lucha contra los despidos y el incumplimiento de la independencia que la empresa propone.
“A veces nos salen viajes de 9 kilómetros por 40 pesos, y si no los aceptamos empiezan los problemas. De repente te asignan el pedido sin que vos estés de acuerdo y si lo cancelas quedas bloqueado, sin trabajar por una hora”, explica y asegura que si “en un día hacés eso dos veces, o tres en la semana, te eliminan de la aplicación, no podés trabajar”.
Uno de los despidos que más indignó a Roger fue cuando un compañero le reclamó a la empresa que le pagara las tres semanas de trabajo que no había cobrado. “Le dijeron que tenía que esperar, les alzó la voz y lo bloquearon de la aplicación”. Por este caso, entre otros, los trabajadores iniciaron una demanda ante el ex Ministerio de Trabajo.
“Lo que están reclamando en sede judicial es que se los reconozca como trabajadores en relación de dependencia y, dado que están siendo despedidos, se les abone la indemnización que corresponde”, aclara Juan Manuel Ottaviano, el abogado que inició la demanda.
Según Roger, la postura de la empresa parece ser siempre la misma: “Ellos nos esquivan, no quieren negociar. ´Si no les gusta se van´, nos dicen. Eso no es así porque tú estás ante un derecho y la misma ley dice que los derechos son irrenunciables”.
Julio Olivero y Cristian Manzano, trabajadores de Rappi.
El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, sostiene que “se considera nula una renuncia de un trabajador a un derecho de la Ley de Contrato de Trabajo porque es la relación de desigualdad y la necesidad de trabajar la que lo lleva a aceptar. No son dos partes iguales en un contrato cualquiera”.
Para Cremonte, los mensajeros de Rappi, por más que trabajen para una empresa de plataforma digital (como Uber o Pedidos Ya), cuentan con el respaldo de la Ley de Contratos de Trabajo y los artículos de la Constitución Nacional. “El problema que hay está vinculando al fraude laboral. La forma en que se los recluta y se les propone cuál va a ser la forma de relación de trabajo, tratándolos de micro emprendedores, enmascara una relación de engaño”.
Ottaviano sostiene que la relación laboral sí es de dependencia porque “cumplen horarios, una prestación determinada por la empresa que fija un precio a pagarle a los mensajeros, establece los controles para el cumplimiento de la prestación, e inclusive las sanciones”.
“Lo que nosotros pedimos es ser trabajadores independientes, como nos propone la empresa, pero para eso nos tenemos que sentar a negociar con ellos. No puede ser que ellos fijen cuánto cobramos y cuánto pedaleamos, y que si no acordamos nos bloqueen”, argumenta Roger.
Los trabajadores de Rappi reclaman contra la precarización y los despidos llevados a cabo por la empresa.
Roger llegó a Argentina hace seis meses, es venezolano. Allá se recibió de abogado, en estos días está esperando que le acepten la revalidación del título para poder ejercer acá. “Es increíble que estas empresas ya tienen ganancias exageradas y quieran incrementar sus fortunas mil veces más y los trabajadores quedamos siempre por debajo, es una gran injusticia”, comenta.
¿Te respaldan los otros rappitenderos?
Sí, nosotros somos un grupo grande. Respaldo por lo menos. En este movimiento somos muchos. El 90 por ciento está inconforme y todos los días son víctimas. Hay algo llamado miedo, te apoyan pero no quieren dar la cara. Temen a que sean despedidos, a que no les paguen. Así aceptan todas las condiciones de la empresa, y por eso se aprovechan.
¿Vos tenés miedo?
No, eso es lo que me lleva a estar donde estoy. Y ahora hay muchos detrás de esto.
Sin éxito, ANCCOM intentó comunicarse con representantes de la empresa en Buenos Aires. Nadie contestó a las inquietudes.
