Feb 3, 2021 | Culturas, Novedades
Más de una cuarta parte de las noticias que emiten los cinco canales de aire de la Ciudad de Buenos Aires son policiales, según se desprende de un informe de la Defensoría del Público. Desde 2013, el organismo realiza un monitoreo de los noticieros televisivos de Canal 13, Telefe, Canal 9, América y la TV Pública, que indaga en el tiempo y la cantidad de noticias, su lugar geográfico, las temáticas predominantes y las menos visibles, las perspectivas que se abordaron, las fuentes utilizadas, la distribución por género de columnistas, entre otras cuestiones.
La misión de la Defensoría –creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y puesta en funcionamiento en 2012– es promover, difundir y defender el derecho a la comunicación democrática de las audiencias en todo el territorio nacional. Según la investigadora Stella Martini, “el monitoreo pone en evidencia el conocimiento con que cuenta la población para vivir, pensar, ser ciudadana, así como advierte a medios y periodistas acerca de la crisis en que se encuentra la noticia”.
En el último trabajo, correspondiente a 2019, se relevaron 17.467 noticias emitidas en cuatro franjas horarias (mañana, mediodía, noche y medianoche), a partir de la visualización de la primera semana completa de los meses pares (febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre). Canal 13 produjo la mayor cantidad, un 25,8% del total, y Telefe la menor, un 17,6%. Pero en términos de duración, Canal 9 aportó más tiempo de noticias, un 26,1% del total de horas registradas en el informe, mientras que la TV Pública fue la que menos generó con un 11%.
Sobre los temas de las noticias, el 27,1% fueron policiales, significativas en cantidad además ya que junto con política representaron el 35,5% del total, seguidas de internacionales, deportes y economía. En lo que refiere a la duración, un 36,2% tuvo un abordaje policial.
En el tópico “Niñez y adolescencia / Juventud”, las noticias policiales representaron un 58,8% y si se suman otros asuntos que reportaron violencia, el porcentaje aumenta a 73%. En la categoría “Géneros” (abuso, femicidio, violencia de género, aborto, transfemicidio), el 68% estuvo relacionada a hechos policiales, mientras que en “Personas mayores” la proporción fue del 45,4%, en tanto que en “Migrantes” –que en su mayoría aparecieron criminalizados– fue del 49,5%, el 10,1% a políticas de seguridad y el 6,3% a control migratorio.
Es decir que las noticias son contextualizadas mediante el género policial, algo que alcanza a los temas y grupos sociales más invisibilizados –educación, discapacidad, adultos mayores, pueblos originarios y migrantes– que sólo se vuelven noticiables cuando se relacionan con hechos de violencia. La contraparte de esta tendencia es la reproducción de imaginarios que naturalizan las problemáticas, revictimizan y estigmatizan a quienes forman parte de colectivos socialmente vulnerados.
Aun así, entre los medios de gestión privada y la TV Pública hay diferencias. El canal estatal fue el que menos información policial aportó: el 14% de un total de 4.642 noticias y un 5,6% en tiempo de duración. En cambio, de las 69 noticias sobre “derechos humanos” contribuyó en más del 50%: una hora, 51 minutos y 40 segundos, muy lejos de las más de 210 horas de policiales, 140 de política, y 58 de espectáculos.
En el ex Canal 7, la decisión de las coberturas está a cargo de los jefes de noticias, independientemente de la gerencia. Desde la emisora, explican que la idea es jerarquizar una agenda que no es la de los medios comerciales. Por ejemplo, tratan de incorporar a las minorías, informar sobre violencia institucional, protestas sociales, conflictos gremiales y tienen como prioridad la defensa de lo público. Fuera de la búsqueda de rating, se proponen dar un servicio a quienes no tienen representación en otros espacios.
Periodistas, productores y productoras coinciden en que la definición de una noticia depende de varios factores, uno es la interrelación entre las publicaciones de los diarios y la televisión. El medio gráfico se nutre de la agenda política y las declaraciones de funcionarios, de las comunicaciones de entidades financieras, datos de organismos públicos y de otras instituciones. Pero también influye Google, que revela la cantidad de clics que tuvieron en Internet, y así los principales portales informativos no sólo conocen sus propias métricas sino también las de sus competidores. Cuando una nota tiene muchos clics, otros medios la ven y buscan replicarla (al menos los comerciales).
Además de los diarios y la web, la televisión se alimenta de los cables y las agencias. Siempre hay dos o tres temas del día y el contexto es otra variable que interviene, ya que se considera que puede aumentar el interés del público. Como se observa en el monitoreo de 2019 –año de elecciones–, la política fue el segundo tema con mayor presencia. Los testimonios acuerdan en que el rating también configura la agenda. El famoso “minuto a minuto” no se agota en las mediciones propias: se mira lo que está haciendo el otro y cómo le está funcionando. “Si estás con un tema al aire y no mide, se da un volantazo y se cambia”, afirma una de las profesionales consultadas por ANCCOM. Asimismo, las decisiones editoriales tienen su peso, en particular cuando se trata de poner o no al aire a determinado personaje, como puede ser un funcionario público.
Las y los periodistas admiten que el predominio de lo policial desde hace varios años ha dejado relegadas otras cuestiones. Un descreimiento de la ciudadanía en la política, así como un desconocimiento de la economía, refuerzan la hipótesis de que los hechos policiales se hayan convertido en la moneda de cambio de los noticieros. A su vez, estos van en búsqueda de aquello que afecta el bien común, entre ellos la integridad de las personas consideradas ciudadanas y el derecho a la propiedad privada. La noción de inseguridad remite a estos sentidos cuando se ven vulnerados por los delitos y los crímenes comunes e interpela a quienes encuentran identificación en ellos. Para uno de los periodistas televisivos de policiales entrevistados por ANCCOM –todos prefirieron mantener sus nombres en reserva–, esta presencia se relaciona a que “hoy el tema de la inseguridad es una de las mayores preocupaciones de la gente, principalmente en las grandes ciudades”.
Precarizados y sin fuentes
Las condiciones en las que se producen las noticias recortan los tiempos de análisis y resultan en la falta de perspectivas diversas para contar los hechos. Para Martini, el periodismo televisivo está en crisis: la precarización laboral da lugar a periodistas con escasa experiencia, a locutores o presentadores a quienes el mismo canal o el programa califican de “experto”. A ello se suma la desigualdad de género, que si bien se está tratando de revertir es un proceso que lleva años, y aún hoy repercute en el desarrollo profesional de las mujeres y deja huellas en los discursos.
En la mayoría de los canales se reproducen estereotipos que justifican la asignación de ciertos temas a mujeres, así como el privilegio de los varones en roles periodísticos y áreas técnicas. De las 8.034 noticias presentadas por columnistas, el 68,8% contó con la participación de un varón, el 25,5% de una mujer y el resto de una combinación de ambos. Otras identidades de género estuvieron ausentes. Las mujeres solamente son mayoría en temáticas de “salud” y “espectáculos, arte y cultura”. “Deportes”, “policiales”, “niñez y adolescencia / juventud”, “economía”, “política” y “géneros”, fueron presentados predominantemente por varones. Esta disparidad se puede ver condensada y agudizada en las noticias deportivas donde sólo el 2,5% fue presentado por mujeres.
Ahora bien, si en 2018 ya se había registrado una ausencia de fuentes en más de la mitad de las noticias, en 2019 esa mala praxis se redujo al 39,2%.
De las 10.617 (60,8%) que contaron con una o más fuentes, el 51,7% fueron privadas, el 33,8% públicas y el 14,5% indistintas. Internet, videos de aficionados y de redes sociales de personas privadas pasaron a ser los registros digitales más utilizados. Junto a dispositivos de seguridad, representan el 19,7% del total. Martini opina que incluirlos es una decisión editorial puesto que, en un contexto de mercantilización de la noticia, la TV compite con internet como soporte informativo. “Poner en el aire una fuente casera también busca aumentar la audiencia, hacer la noticia más ‘atenta’ al día a día de los públicos y a la necesidad o expectativa”. Los entrevistados por ANCCOM sostienen que las redes han tomado protagonismo. La mayoría de las noticias llega por este medio y después se busca la fuente periodística. Quienes protagonizan hechos policiales comparten sus propios videos, ya que tratan de encontrar primero una respuesta social y después una institucional. “Eso habla de un descreimiento de la organización del Estado. La gente cree más en los noticieros que en la policía o en la justicia”, reflexiona uno de los profesionales consultados. Las fuentes digitales pueden colaborar como respaldo de la información, dar una primicia al medio y ser un complemento del trabajo periodístico. Pero, ¿qué representaciones construyen los medios cuando las utilizan? Otras fuentes recurrentes fueron Vecino/a, Ciudadano/a a pie, Transeúnte, Consumidor, Conductores/as (7,7%), Medios de comunicación privados nacionales e internacionales (7,5%) y Familiares/Testigos (7,1%).
Centralismo y criminalización
La mayor parte de las noticias monitoreadas ocurrió en Argentina –el 80,4%– y en menos de la mitad (49,7%) se especificó el lugar del suceso. Más de la tercera parte correspondieron a la Ciudad de Buenos Aires (el 34,4%) y se registró un crecimiento de las situadas en el Gran Buenos Aires (el 22,9%) que ocuparon el 32,3% del tiempo. Las noticias de CABA y GBA sumadas a las sucedidas a lugares geográficos sin especificar del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), alcanzaron el 79,1%. Martini asevera que entre los efectos políticos más graves de la centralización de las noticias en el AMBA está la reducción del territorio nacional y la anulación del federalismo. “Se consolida el sentido común de Buenos Aires versus ‘el interior’ –¿de qué?–, y el mito de la supremacía ‘blanca’ porteña. Se trata de un proceso de hipoinformación que hace del país un espacio distorsionado, todo es Buenos Aires y alrededores. Desaparecen la particularidad de las regiones, provincias, localidades. Se produce una profunda desinformación de toda la población”.
El modo predominante de representación de los hechos en el GBA fue la noticia policial (64,2%), así como en CABA (22,1%), seguida de política (19%) y protesta social (10,2%). “La Ciudad de Buenos Aires es signo de todo lo bueno y todo lo malo que tiene nuestro país. La pantalla televisiva, que funciona como si fuera una ventana abierta al mundo, reitera la agenda sobre la inseguridad. Entre el vivo televisivo, la transmisión en directo y la capacidad de ‘mostrar’ del soporte audiovisual, se construye una imagen única de realidad”, explica la especialista, quien en diálogo con ANCCOM analiza esa gigantesca trama de sentidos, parcial y sesgada, que construyen los noticieros de aire y de cable, por la que se cuelan las fake news y se naturaliza una idea falsa de país.
¿Qué determina el predominio de las noticias policiales?
La primacía del género policial en la televisión argentina es casi un sello de nuestra agenda. Se trata de una noticia de larga data, propia de la prensa escrita masiva decimonónica. Como herramienta que permitía al diario una cercanía con los sectores populares, históricamente vulnerables al delito y la violencia, se constituyó en la crónica de la vida cotidiana. Décadas más tarde, la televisión aportó a la información primero en un formato casi de diario leído, para abrirse luego al noticiero con modalidades del entretenimiento. Por eso entra en la agenda la noticia sobre el crimen en los 70, y muy rápidamente convirtió a la seguridad y la delincuencia en nota destacada que pretende poner en relación el delito con la gobernabilidad. El soporte audiovisual es referente ideal para tal propósito y supera a la noticia escrita, que no puede registrar rostros y llantos, pena y desesperación. En la actualidad, vemos el delito cuando se produce desde las cámaras de seguridad callejeras, una modalidad retórica peligrosa: mucha violencia sin filtro y la imposibilidad de verificar un rostro hacen de tal tipo de notas una suerte de escena de ficción. Solo aporta al miedo y el escándalo. Suma al sensacionalismo.
¿Qué dice esta tendencia de nuestra sociedad?
La crónica policial es clasista: hay víctimas buenas y otras no tanto, las que no merecían el padecimiento y las que quizás se lo buscaron, su curriculum vitae, los rostros familiares, su casa, el barrio en que vivía lo delatan. También hay amarillismo, la cámara exhibe el dolor de la víctima o de su familia, muestra escenarios comunes que se tiñen de terror con la descripción simplificada del hecho criminal en los zócalos. Es una noticia que incluye también aportes de expertos en psicología y psiquiatría forense, criminología, derecho penal, que repiten y buscan legitimar, con los modos pertinentes de la comunicación gestual, el espacio que ocupa el acontecimiento en la sociedad. La banalización del crimen se cristaliza en un desvío: la investigación judicial se lleva a cabo por individuos que ni pertenecen a la justicia ni han estado en contacto con la causa, pero igualmente construyen una noticia. Hay discursos y metadiscursos mediáticos sobre los casos delictivos, y hay operaciones políticas que los tienen como tópico y excusa, fabricando denuncias sobre presunta corrupción o ingobernabilidad, y alimentando el juego del marketing político.
¿La significativa presencia de registros digitales afecta la calidad de las fuentes de información?
El periodismo audiovisual no recurre a todas las fuentes que permitan conocer los sucesos que hacen a la vida cotidiana de todo el país. Hay fuentes imprecisas, como las que circulan informalmente por las redes sociales, los videos caseros. Toda imagen puede ser registrada, dicen los dispositivos inteligentes, y tal registro llega a la audiencia televisiva con algún trabajo de edición y escaso chequeo. Lo que se ve en la televisión como de fuentes no profesionales suele ser el registro de un escándalo. Algunas grabaciones informales, sin embargo, sirven a fines policiales, judiciales, testimoniales. En todo caso, su servicio siempre depende de la verificación de la fuente y del trabajo de producción periodística. No existe el trabajo en crudo, toda nota es producto de la edición. No soy de la creencia de que hay un “periodismo ciudadano”. Hay buenos y malos profesionales del periodismo, los hay que responden al sentido de su profesión y se proponen brindar un servicio público, y los que se asocian al poder concentrado para la construcción de una realidad distorsionada.
¿Qué deberían hacer los medios?
Reflexionar y producir un modelo mejor de programación noticiosa, lo cual incluye la seriedad profesional, la honestidad para la investigación, la voluntad de construir ciudadanía y opinión crítica. No sé si se puede medir la calidad periodística, pero sí se puede evaluar la responsabilidad del periodismo y de las empresas de medios en la construcción de diversas versiones de la realidad. Los medios concentrados son el riesgo más alto que puede acechar a la democracia, a la libertad de expresión, al derecho a la información, porque en la construcción de la realidad que promueven están las fake news, las grietas, el desprecio a la sociedad, el olvido de la historia, la lucha contra la memoria y la justicia.
A partir del monitoreo de la Defensoría del Público, ¿qué puede decir de la democratización de la comunicación?
No hay democracia en los medios, en la televisión argentina. Hay geografías relegadas y se verifican ausencias de ciertos conflictos –el conflicto social no existiría–, hay actores y actoras sociales que no se ven, quienes luchan por sus derechos tienen escasos minutos al aire. No tener registro televisivo es sinónimo de no existencia. ¿A qué tipo de opinión pública aporta un noticiero sesgado y desbalanceado? ¿Cómo pensamos o imaginamos la realidad y las políticas públicas cuando sabemos mucho de crímenes atroces y poco de derechos laborales? La situación inaudita que vivimos por causa del covid ha puesto en relieve la necesidad de una política para disponer de información televisiva “socialmente necesaria”, como decía Herman Schiller. Podemos coincidir en el poder de atracción que la TV tiene como fuente de información pública en un momento de crisis mundial como el que vivimos. La pluralidad de voces es indispensable, porque así se puede hacer un país inclusivo y una ciudadanía generosa. Cuando no hay un derecho a la información satisfecho, cuando la noticia es formalmente un commodity, y un capital en juego en el campo político, sin garantía de federalismo, cuando no se habilita el derecho a ser sujeto de la información y a que su barrio, su ciudad, su provincia sean objeto de información, entonces padecemos una información televisiva excluyente, clasista, desigualitaria, sesgada. Todavía hay muchos feos, sucios y malos en la noticia de la televisión abierta.
Oct 23, 2019 | Culturas, Novedades
A las pocas semanas del inicio del mandato actual gobierno, Mauricio Macri dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/2015, aprobado el 6 de abril de 2016, que modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) y la Ley Argentina Digital (27.078). En este contexto, el jefe de gabinete Marcos Peña sentenció: “Hoy se termina la guerra contra el periodismo y empieza el siglo XXI en lo que tiene que ver con las comunicaciones”. Pero ¿a qué periodismo hacía referencia el funcionario? Los especialistas en la comunicación detallan las abrumadoras consecuencias en materia comunicacional de las políticas por acción y por omisión del macrismo y cómo el periodismo al que apuntó favorecer desde sus inicios hasta hoy se encuentra vinculado directamente con los medios más concentrados.
Una política presidencialista
La política comunicacional de Cambiemos se caracterizó por el uso abusivo del dictamen de DNUs y resoluciones, obturando de esta manera el debate público a cambio de decisiones tomadas directamente desde el Ejecutivo. En este marco, a su vez, el nombrado DNU 267/2015 disolvió los entes regulatorios sectoriales Afsca y Aftic creados a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y conformó, en su reemplazo, al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), un ente dependiente totalmente del Poder Ejecutivo. Bernadette Calífano, Investigadora del CONICET, sostiene que la conformación del ente “contradice todos los estándares del sistema interamericano de Derechos Humanos” Y agregó: “Los miembros no requieren idoneidad en sus cargos, desaparece cierta representación federal, no es independiente, no tiene estabilidad en sus puestos y el presidente los puede remover por cualquier motivo y sin causa.”
Por otro lado, un acontecimiento de gran relevancia que denota el sesgo verticalista de la gestión oficialista fue la intervención de la Defensoría del Público Audiovisual (creada con la Ley 26.522) por parte de la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, presidida por el senador Eduardo Costa en septiembre de 2018. Santiago Marino, Doctor en Ciencias Sociales, Magíster en Comunicación y Cultura y Licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA, es ex Director de Análisis, Investigación y Monitoreo de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los motivos que lo llevaron a dejar su cargo fueron “la política de censura, el hostigamiento personal, el malestar y la incertidumbre laboral.” En su puesto, Marino recibió la directiva de no poder dar entrevistas sobre el trabajo de la Defensoría y le ofrecieron la renovación de su contrato por un mes. A partir de la intervención se nombró a Emilio Jesús Alonso como defensor a cargo, un hombre del que no se le conocen antecedentes en el rubro. Desde este momento, relata Marino, la Defensoría tomó un nuevo rumbo pese a que venía funcionando con relativa normalidad: se dejaron de hacer capacitaciones y audiencias públicas o se dilataron los períodos entre una y otra de manera notable.
Hernán Lombardi fue la cara visible de la política de medios de Cambiemos.
La concentración como norma
En conjunto con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se modificó la Ley Argentina Digital. En este sentido, Calífano explicó que “el mismo decreto modificó el hecho de que la televisión por cable fuera considerada en vez de un servicio audiovisual, un servicio de TIC, es decir, pasó a ser considerada dentro de Argentina Digital. Eso implica que a la televisión por cable no se le pueden aplicar todas las restricciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: el límite en la cantidad de licencias, el porcentaje que la ley establecía como tope de mercado, las cuotas de programación sobre contenidos, etc.”
Por otro lado, la fusión Cablevisión Holding-Telecom marcó un hito difícil de revertir en materia de concentración. Este hecho se explica dentro de un contexto de políticas que avalan y fomentan la acumulación sin límites y sin regulación equitativa. Al respecto, Diego Rossi, investigador en políticas y planificación de la comunicación de la UBA detalló: “En audiovisual básicamente desatendieron a la Televisión Digital Abierta y avalaron los movimientos de los prestadores de televisión por cable. Estos prestadores quisieron avanzar en otros servicios: básicamente Internet, porque telefonía móvil les resultaba complicado ya que es una gran inversión. Salvo para uno de esos prestadores que es Cablevisión Fibertel, el cual venía dando Internet y avanza con la megafusión después de hacerse de espacio radioeléctrico a partir de la compra de Nextel.”
Los noticieros televisivos del fin de semana de la TV Pública fueron eliminados.
Hacia una convergencia impostora
La ansiada y admirada convergencia no se hizo notar en estos cuatro años de gestión. Si bien Cambiemos alza la bandera de la convergencia como rumbo al que hay que llegar y, de hecho, creó una comisión para redactar una Ley de Comunicaciones Convergentes, los proyectos en esta materia se vieron congelados y sin avances.
En este sentido, la conectividad en las escuelas públicas es una cuenta pendiente. Mariela Baladrón, licenciada en Ciencias de la Comunicación Social de la UBA y Magíster en Industrias Culturales, Políticas y Gestión por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), dijo que “Cambiemos hizo un acuerdo para desarrollar un programa de pisos tecnológicos con escuelas donde se había entregado un monto muy alto (600 millones de pesos) para la primera parte de un programa que se entregó a educ.ar. Sin embargo, Enacom finalmente tuvo que suspender ese programa porque nunca se rindió cuenta de qué tipo de implementación se hizo o cómo avanzó ese programa.”
Por otra parte, Baladrón nombró el caso emblemático del desarrollo del Plan Conectar Igualdad. Este fue renombrado bajo la gestión macrista como Aprender Conectados y si bien las capacitaciones se mantuvieron en algunos casos, lo que marcó la diferencia fue la suspensión de la entrega de dispositivos. En este punto, la investigadora agregó que “en muchos lugares del país el único dispositivo de la familia era justamente la Netbook que se entregaba a los chicos que estaban en etapa escolar.”
Tras un fallo judicial, el gobierno debió reincorporar a los 354 trabajadores despdidos de Telam.
Soberanía satelital y medios públicos
La Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT) posee actualmente dos satélites geo-estacionarios: ARSAT-1 y ARSAT-2. Pese a que hacia fines del 2015 estaba planeada la creación del tercer satélite ARSAT-3 –pensado para abarcar todo el continente americano-, esta se vio definitivamente suspendida bajo la dirección del ex titular de ARSAT Rodrigo de Loredo. Baladrón explicó que “con la nueva gestión se empezó a autorizar a operar satélites extranjeros que entraban en competencia con los satélites ARSAT-1 y ARSAT-2 y no sólo eso sino que empezaron a operar satélites que directamente prestaban los servicios para lo que se estaba pensando el ARSAT-3.” Y agregó: “Esto es una forma de discontinuar totalmente una política pública de soberanía satelital que se venía llevando adelante con una empresa satelital propia.”
En cuanto a los medios públicos, a partir de la creación del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos se sientan las bases para una concentración hacia el interior del Estado- Así, distintos proyectos diferentes entre sí -Canal 7, Radio Nacional, Canal 12 de Trenque Lauquen, todos las emisoras que dependían del Ministerio de Educación y otros proyectos culturales como Tecnópolis, el CCK y demás- quedaron comprendidos bajo este nuevo espacio de carácter ministerial con sesgo presidencialista.
A su vez, los medios públicos han sufrido recortes presupuestarios extraordinarios. Según la Resolución 672/2019 el déficit operativo y financiero de la TV Pública y Radio Nacional para 2019 es de $3.860.773.784. Por otra parte, desde el inicio de la campaña, la agenda de los informativos viró hacia el oficialismo. “De los 880 cables publicados en la sección Política referidos a las elecciones generales, que la agencia [Télam] despachó desde el 7 de septiembre –inicio formal de la campaña- hasta el 7 de octubre, el 55% tiene como protagonista a algún referente de Juntos por el Cambio”, señaló Ezequiel Rivero, magíster en Industrias Culturales, Políticas y Gestión de la UNQ y licenciado en Comunicación de la UNC. A esto se agrega el despido masivo de 354 trabajadores al interior de la agencia a mediados de 2018 bajo la gestión de Hernán Lombardi, que gracias a la lucha sindical y gremial de los trabajadores logró retrotraerse. “También se anularon los informativos de la TV Pública los fines de semana y se restringió la programación de Radio Nacional que dejó de transmitir programación propia y retransmite ahora programación de Buenos Aires”, agregó la investigadora cordobesa Daniela Monje.
El olvido de los medios comunitarios y de la federalización
La comunicación como algo que no es estrictamente comercial recién existe en Argentina desde 2005 y se termina de formalizar con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009. “En este período, los medios cooperativos y comunitarios dependen mucho de los fondos del Estado para poder funcionar. Entonces, la política de dilación que tuvo el gobierno con la entrega, la convocatoria a concursos y el pago de los fondos de fomento concursables para medios de comunicación audiovisual (FOMECA) generó en algún momento la asfixia financiera de muchos actores de este sector que se mantenían básicamente con fondos concursables del Estado”, explicó Rivero.
“Además –agregó- se da la paradoja de que le toca a este gobierno que denostó a la Ley Audiovisual y que ignoró durante buena parte de su gestión a las radios comunitarias, al sector cooperativo y demás, ser el que finalmente otorga las primeras licencias definitivas a un montón de medios en los últimos meses. Es casi como un acto de hipocresía porque lo hacen sin haber hecho antes un plan técnico de ordenamiento del espectro radioeléctrico.”
Por otro lado existe una deuda actual e histórica en cuanto al federalismo de las políticas comunicacionales en Argentina. Ana Müller es docente de las cátedras Comunicación Popular y Alternativa de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Salta y se especializa en medios rurales. En diálogo con este medio nombró algunas de las dificultades que atraviesan las regiones que no son Buenos Aires. Muchos de los trámites y reclamos deben hacerse con domicilio en Buenos Aires y además tienen que iniciarse de manera virtual.
En este punto, Müller destaca un dato que recabaron desde el Relevamiento de Radios y Televisoras Comunitarias, Populares, Alternativas, Cooperativas y de Pueblos originarios de Argentina, realizado por la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular (RICCAP): “Hay un 10% de las radios y televisoras que actualmente en Argentina no tiene acceso a conectividad porque no existen redes en sus localidades o porque los costos son tan altos que es imposible acceder.” Y añadió: “Ningún ciudadano ni ciudadana de este país quiere solamente ser enunciado por medios de otros lugares que ni siquiera reconocen cuál es la situación de cada contexto. Todos queremos hablar con voz propia.”
