Samanta Alonso prefiere hablar de gordoodio y no de gordofobia. “Decir que es una fobia es patologizarlo”, explica.
Desde que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio comenzó una nueva normalidad limitada al interior del hogar. Esto hizo que tome fuerza la idea de que otra pandemia está al acecho: la obesidad. Así lo evidencian los memes que inundaron las redes sociales anunciando que de la cuarentena “vamos a salir rodando”.
Jesica Lavia, nutricionista y coautora del libro Pese lo que pese, explica: “A mí me molesta mucho cuando se habla de obesidad como pandemia porque la obesidad no es una enfermedad contagiosa, así que es imposible que sea una pandemia”. Lavia plantea que la obesidad no es una enfermedad “sino que es un factor de riesgo para otras enfermedades”. Y remarca: “Es importante correr el foco puesto en el peso. Tenemos tanto el ojo puesto en el peso que nos olvidamos de todo lo demás. Lo único de lo que hablamos es de hacer dietas para adelgazar y no para tener una alimentación saludable. Me interesa hablar de una alimentación saludable más allá del tamaño de nuestros cuerpos, porque una alimentación saludable en la diversidad corporal es posible”.
Para Lux Moreno, profesora en Filosofía y activista gorda, es interesante que en una situación de emergencia sanitaria aparezca como una preocupación central la posibilidad de engordar. “Lo que pasó con el aislamiento fue un refuerzo de las normas sociales sobre los cuerpos que implican que no sólo tenés que cumplir con la cuarentena, sino que también tenés que cuidar tu cuerpo y no subir de peso. Porque lo primero que te puede llegar a pasar es subir de peso. Entonces, ¿por qué le tenemos más miedo a engordar? El miedo a engordar tiene que ver con ser visible socialmente, con el éxito social. Y un cuerpo fuera de la norma es un cuerpo que no es productivo ni cumple con las expectativas de mercado”, afirma Moreno.
“No solo hay que cumplir con la cuarentena, sino que hay no subir de peso en ella», dice Moreno.
El miedo a engordar se conoce con el nombre de gordofobia. Aunque la Real Academia Española no reconozca el término, se lo entiende como el rechazo hacia las personas que no tienen un cuerpo hegemónico. Sin embargo, desde el activismo gordo prefieren hablar de gordoodio. “Decir que es una fobia es una manera de patologizarlo”, explica Samanta Alonso, activista gorda y directora de la agencia de modelos de talles grandes Plus Dolls. “La discriminación y las violencias que se ejercen tienen que ver con una construcción social de lo que implica ser gordo o gorda en un mundo pensado solamente para personas flacas. Se asocia la gordura con algo negativo y con una persona enferma, quedada, que no es atractiva. Y llevar todo eso a un contexto de cuarentena, trae esta cuestión de ‘si no podemos hacer nada, comemos. Y si comemos vamos a terminar gordos’. Eso habla del vínculo que tenemos con la comida, hay mucha gente que le tiene miedo. ¿Cómo hay gente que no pueda disfrutar de tomar mates con medialunas?”, se pregunta Alonso.
Lo que hizo la cuarentena fue poner en relieve problemáticas sociales ya existentes. “Aumentó la intensidad de la discriminación -indica Alonso-. Quedó en claro que el miedo a la gordura es real, no queremos ser gordos. Y haríamos cualquier cosa por no serlo”. Desde la ONG Anybody, una de las impulsoras de la Ley Nacional de Talles, advierten que los cuerpos que no encajan con los estándares de belleza son cuerpos en peligro de extinción. Por eso, plantean la necesidad de visibilizar la diversidad corporal. “No tenemos por qué normalizar nuestros cuerpos en pos de alimentar una industria que se llena de dinero con nuestras inseguridades y que trae problemas alimenticios en muchas personas, sobre todo en la adolescencia. Cada vez son más jóvenes las personas que registran que su cuerpo no está bien, que no es el deseado”, expresa Mercedes Estruch, integrante de Anybody. Argentina es el segundo país en el mundo con mayor cantidad de casos de trastornos de la conducta alimentaria, según la Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia (ALUBA).
«Muchos hablan en nombre de la salud, pero en verdad no les importa. Porque la salud también es mental», dice Alonso.
Frente a la viralización de discursos discriminatorios durante la pandemia, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) ha publicado un informe sobre gordofobia, en el que se invita a reflexionar sobre “los resultados violentos y excluyentes que generan los discursos gordofóbicos”. También, se indica que la obesidad y el sobrepeso se ubican en el segundo lugar dentro de los tipos de discriminación más mencionados. Sin embargo, la discriminación por el aspecto físico suele ser minimizada. Alonso explica que muchas veces se tilda a los activistas de exagerados: “Nos dicen que ya no se puede hacer chistes con nada, pero cuando un chiste hace daño deja de ser un chiste”. En línea con esto, Moreno plantea que “los memes gordofóbicos son replicantes culturales. Esto quiere decir que de forma masiva expanden sistemas discursivos gordofóbicos. Con los memes expandemos situaciones de violencia y la reproducción de esa violencia es sostenida como algo que está bien. Burlarse de una corporalidad específica tiene que ver con señalar que esa corporalidad no es normal, y no sólo que no es normal, sino que no es deseada. Eso permite el gordoodio, la violencia sobre los cuerpos diferentes”.
A su vez, la expansión de los memes tuvo su correlato con el aumento de la opinión sobre el cuerpo de los otros. “Hay un recrudecimiento de los dispositivos de vigilancia, de los policías de los cuerpos en las redes sociales- advierte Moreno-. Pero no nos ponemos a pensar sobre algunos privilegios, como el espacio físico para hacer ejercicios o el privilegio de la alimentación. No todo el mundo tiene acceso a los alimentos y eso lo vemos con el creciente trabajo en los barrios vulnerados con los operativos de bolsones de alimentos”.
“Los memes gordofóbicos son replicantes culturales», señala Lux Moreno.
Para ponerle un freno a la gordofobia, tanto Moreno como Alonso coinciden en que se puede empezar cambiando conductas en lo cotidiano, como dejar de naturalizar los memes. “Creemos que tenemos el derecho de opinar sobre el cuerpo de otra persona y la realidad es que no. Con la opinión uno puede hacer un daño. Muchos hablan en nombre de la salud, pero en verdad no les importa nuestra salud. Porque hablar de salud también es hablar de nuestra salud mental. Entonces, la opinión en el bolsillo”, concluye Alonso.
La cuarentena llegó para resguardarse del coronavirus y quedarse por un buen tiempo. Por eso, la medida provocó también que el bolsillo de los ciudadanos se vea afectado, golpeando a los más vulnerables, aquellos que necesitan trabajar día a día y no pueden relajarse. Entre ese grupo están los vendedores ambulantes: ¿qué sucede estos días de aislamiento con ellos y su trabajo?
A raíz de la pandemia que tiene al mundo alerta, la cuarentena obligó a que muchísimos argentinos desistieran de concurrir a sus trabajos para evitar un posible contagio. Como consecuencia de la falta de circulación en los cascos urbanos, muchos comerciantes están sufriendo de gran manera, y uno de los sectores más invisibilizados son los vendedores ambulantes, principales exponentes del empleo informal.
La situación de este sector es crítica, ya que vivir con el dinero que ganan en el día, su situación se tornó gris, al menos en el AMBA. Antes de la cuarentena, el sector seguía creciendo a gran velocidad: ya a principios del año 2019 el Sindicato de Vendedores Libres calculaba más de 10.000 personas viviendo de las ventas ambulantes en la Ciudad de Buenos Aires, una cifra que aumentaba de manera constante.
“La situación está difícil, no sabemos cuándo vamos a poder volver a trabajar y parece que va a seguir para largo, me tiene preocupado” expresa Omar Gutiérrez, vendedor ambulante de Berazategui. Gutiérrez, quien ofrecer indumentaria deportiva, comenta que la solución temporal encontrada para darle una vuelta a su trabajo es la venta online: “Vendo por Facebook, mi hijo me ayuda a publicar y contactarse con el comprador, y yo voy a llevar la mercadería, siempre cumpliendo el distanciamiento social y con uso de barbijo”.
Ante la consulta sobre si hay diferencia sobre los ingresos de antes de la cuarentena comparados con los de ahora, Gutiérrez sostiene: “Tengo más llegada por Facebook, pero no es lo mismo, muchos preguntan para averiguar precios, pero muy pocos compran. Tengo la suerte que junto con mi esposa podemos mantener el hogar, pero tengo muchos compañeros que la están pasando mal”. La situación de los vendedores ambulantes es muy diferente a la de los comerciantes en Buenos Aires. “Ojalá se pueda conseguir un permiso, así como están haciendo con los comercios, para que por lo menos podamos salir en ciertas horas, manteniendo el protocolo y la distancia social, porque así es muy difícil seguir”, comenta.
La situación de Gutiérrez es similar en gran parte del territorio argentino. “Mechita” Suarez (como así prefiere que la llamen) es vendedora de indumentaria de temporada, como guantes, soquetes, medias. Expresa que no pudo aguantar más la situación en Santa Fe, después de estar tantos días sin trabajar y volvió a salir a las calles para ganarse su dinero: “El gobierno no nos ayudó, yo vivo con mi hija, ella cobró el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) pero yo no, y así le pasó a muchos compañeros”, dice Suarez. “Mechita” no ve el panorama con buenos ojos: “La venta está muy fea, la gente está con miedo. En la calle no se te acercan y sobrevivimos a esto como podemos”.
“Vendo por Facebook, mi hijo me ayuda a publicar y yo voy a llevar la mercadería», dice Gutiérrez.
La razón de la falta de ventas es también causada por la falta de demanda. Hugo Delgado, comerciante de la ciudad de Marcos Paz, cuenta que solía comprar mercadería a los vendedores ambulantes, pero que ya no lo hace, ya que el momento económico no es el mejor: “Hoy no tengo dinero extra que me sobre para comprar cosas. Solo compro lo básico, como comida y limpieza personal”. Delgado considera que las ventas ambulantes son exitosas por su simplicidad: “Uno los cruza en la calle y simplemente ahí, en el momento, ocurre la compra. No soy de usar redes sociales ni de ir buscando productos. Antes quizás veía algo que me gustaba, consultaba el precio y si me parecía razonable, compraba en el acto”. Además de estas complicaciones, hay algo que no se debe pasar por alto: la gente también tiene miedo de contagiarse del virus. “Tampoco creo que sea indispensable en este momento comprar mercadería, no quiero comprometer a mi familia saliendo a buscar cosas que no sean indispensables, uno tiene miedo de contagiarse, el virus está por todos lados”, manifiesta Delgado.
Por otro lado, en un panorama completamente distinto, Roberto Quiroga cuenta que en Tucumán los vendedores ya tienen los permisos para poder circular y trabajar: “El gremio hizo una presentación en el COE (Comité Operativo de Emergencia) para que nos habiliten”. Roberto, que es secretario general del sindicato SIVARA (Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina) de Tucumán,dice con orgullo: “Hicimos un protocolo, siempre respetando las normas del Ministerio de Salud, así los compañeros van trabajando”.
Además de su rol como autoridad, Quiroga es quien maneja las redes sociales del sindicato, subiendo imágenes de las actividades que hacen para ayudar a los vendedores: cocinan, recolectan alimentos no perecederos y entregan barbijos junto con alcohol en gel a los vendedores para que siempre respeten el protocolo. Comenta que como autoridad de la organización que representa a los vendedores ambulantes de dicha provincia, organizaron diferentes actividades para poder ayudar a los vendedores en este momento difícil: “Estuvimos conteniendo a los compañeros, dándoles viandas y bolsones de mercadería en estos tiempos de pandemia, en la cual estuvieron parados 80 días sin poder trabajar”. También repite una frase, un mensaje, que suele compartir también en las redes sociales del sindicato: “De esta salimos todos unidos”.
Las agresiones de la policía, de trabajadores del Gobierno porteño y también de gente que pasa, son frecuentes. El pasado sábado una mujer fue quemada en Constitución, bajo la Autopista 25 de Mayo, donde tenía su colchón y sus pertenencias.
La presidenta de la organización Ciudad Sin Techo, Claudia Enrich, afirma que estas situaciones violentas son más frecuentes de lo que se cree: “Tengo la filmación de un compañero que vio cómo prendieron fuego a un colchón con la persona encima. Fue en pleno Almagro, hace quince días. Parece que más común de lo que uno quisiera. Él salió corriendo, pero se quemaron todas sus cosas”.
Los niños y niñas que viven en la calle son trasladados a dispositivos de la Dirección de Niñez y Adolescencia. “Se los sacan a las familias que están en calle y los llevan a hogares donde son maltratados y aparte ahora están contagiados. Cuando empieza el frío, empieza esa cacería de brujas”, señala Enrich.
A principios de la cuarentena, se conoció la triste noticia de un parador de Retiro con 79 personas contagiadas. Una trabajadora de otro parador del Gobierno porteño, a quien llamaremos L. para resguardar su identidad, sostiene que las condiciones sanitarias mejoraron después del incidente pero que “aún falta mucho”.
Los contagios se multiplicaron por la demora en aplicar protocolos de prevención, su posterior incumplimiento, la falta de insumos de higiene y las condiciones de hacinamiento. En tiempos normales, los paradores de la Ciudad funcionan durante la noche. Desde comienzo del aislamiento social y durante los meses del Operativo Frío, abren las 24 horas. El encierro permanente al que están obligadas las personas que permanecen en estos espacios contribuye al malestar y la proliferación de enfrentamientos violentos entre unos y otros.
“La cuarentena dejó a la vista la desidia que hay en los paradores», dice González.
Los paradores son grandes espacios -como polideportivos- que se adaptan. “No están cien por ciento habilitados para que personas vivan ahí. Esta es una situación extrema y es entendible, pero no son hoteles. No es donde a nosotros, con nuestra casa, nos gustaría vivir”, dice L.
Decenas de personas malviven juntas en habitaciones generales, separadas entre varones y mujeres. El acceso a un parador durante la cuarentena significa un techo y comida. Sin embargo, la vida no es fácil. “Los procesos de convivencia son los que suelen generar conflicto. Las personas en la calle podían decidir con quién estar. Dentro del parador, a muchas les resulta difícil convivir con otras que muchas veces no pueden congeniar”, explica la trabajadora.
“La cuarentena dejó a la vista la desidia que hay en los paradores. Saltó a la luz lo mal manejada que está esta población. Cuando empezó la pandemia no hubo una bajada de protocolo para trabajar”, señala Eleonora González, operadora en el Centro de Inclusión Social Costanera Sur desde 2016.
El espacio, perteneciente al Gobierno de la Ciudad, tiene lugar para 140 personas y alberga familias en situación de calle, papás solos con hijos y chicas trans en casos excepcionales. Funciona las 24 horas y ofrece cuatro comidas diarias. Cuenta con un equipo de dos trabajadoras sociales y un psicólogo, tres coordinadores y operadores sociales. También dispone de un equipo de logística que distribuye insumos. En este momento, se quedan allí 52 personas.
Pero al comenzar la pandemia “no había jabones, champú, pañales, alcohol en gel ni barbijos. No había nada”, subraya González. Durante ese período se desbordó la capacidad del lugar. “Hubo fechas que tuvimos arriba de 160 personas. Si no hay camas, tenés que tirar el colchón y hacerlas dormir en el piso”.
«Muchas personas del Gobierno vienen de otras áreas y no están capacitadas para trabajar en el parador», dice L.
Las cosas empeoran por la noche. Solo se quedan uno o dos operadores sociales y personal de seguridad. El parador solamente cuenta con el equipo profesional durante la mañana. “Nos arreglamos como podemos -admite González-. Son muy pocos. Muchos renuncian, no aguantan”. Es una constante en estos espacios. Claudia Enrich, quien trabajó dos años en parador donde vivían 120 hombres adultos, recuerda: “El mundo del parador a la noche, cuando se cerró la puerta y ya no podés salir, es terrible. Es una tumba”.
Para ambas, uno de los principales problemas de estos dispositivos es la falta de personal preparado para trabajar con la población, la cual frecuentemente presenta problemas psiquiátricos o casos de consumo problemático. “El trabajo colectivo es difícil ya que muchas personas del Gobierno de la Ciudad vienen de otras áreas y no están capacitadas para trabajar en el parador. Están cumpliendo un nuevo rol y hay quienes lo hacen lo mejor que pueden y otros que no. Suelen haber muchas desprolijidades, falta de empatía, y eso lo notan las personas que están alojadas y que vienen de situaciones tremendas”, expresa L.
“Es gente que necesita acompañamiento constante. Que los escuchen, que estén con ellos. También tenés que bancar que te puteen, son muy borderline. Tenés que negociar todo el tiempo”, remarca González. Ante la falta de profesionales especializados para tratar casos de consumo problemático, los operadores sociales del Costanera Sur asumieron la tarea de gestionar la enfermería del parador y entregar la medicación correspondiente. “Muchos salen de internación y pasan a paradores”, denuncia.
Previo al aislamiento, las personas asistían a los paradores por unas pocas horas durante la noche, básicamente para dormir y alimentarse. Actualmente, deben permanecer encerrados todo el día y la mayoría de las veces no se les permite salir. Este es otro de los puntos que genera tensiones. “Todas esas personas tenían una libertad de decisión en sus movimientos. Ahora tienen horarios, tienen alguien que los tiene que autorizar para salir a trabajar, hacer trámites” explica L.
El Costanera Sur es el único parador de la ciudad que permite salidas. En teoría, debe ser por cuestiones específicas como visitas médicas, para realizar alguna compra, o para cobrar la AUH o el IFE, siempre y cuando su profesional a cargo los autorice. “Eso es como debería ser”, sostiene González y agrega: “Pero la gente sale, y no vuelve, o vuelve a los dos días. Y los reingresan”.
En el Costanera Sur hubo tres casos de covid-19: dos de personal de cocina y uno de oficina. Cuando hay casos sospechosos, se intenta aislar a las personas en la ludoteca “pero la gente no respeta el aislamiento. Como están en el mismo predio salen, porque hay poca seguridad y pocas cámaras y se vuelven a entrelazar entre todos”, sostiene González.
Más allá de las rispideces que genera el encierro, estos dispositivos dan acceso a derechos y contención a la gente en situación de calle. “Muchas veces es un oído lo que necesitan. Son personas que a lo largo de su vida no fueron escuchadas y valoran que alguien se interese por su historia, de dónde vienen y a dónde quieren ir. Esto les ayuda a proyectar. También, hay muchos que, aprovechando el aislamiento, tienen ahora la oportunidad de no drogarse y acompañar ese proceso por profesionales. Otras están pudiendo hacer trámites, por ejemplo, personas con discapacidades”, cuenta L, que trabaja en dar acompañamiento y asistencia en estos procesos.
A pesar del acceso a información y derechos, según ella, la situación está siendo “desaprovechada” por la falta de políticas integrales. “Podríamos tener a toda esta gente después de la cuarentena en una situación mucho mejor de la que está ahora. Podría haber talleres y capacitaciones en empleo, oficios, o darles más herramientas para que puedan proyectar un futuro mejor. Esto no se está haciendo. Simplemente, están ahí”, critica.
“Es gente que suele vivir un mes en el hotel, dos meses en la calle. Conseguir trabajo o acumular ingresos es lo que más les cuesta por obvias razones: es imposible que puedan ir a una entrevista laboral bien vestidos, bañados, sintiéndose bien, combatiendo la adicción. Tienen un montón de barreras, entonces terminan laburando en changuitas que nunca son suficientes ni estables”, detalla González.
Las personas en situación de calle pueden ser trasladadas a hoteles de la Ciudad llamando a la línea 108 Buenos Aires Presente. Para pagar el alquiler, existe la posibilidad de un subsidio habitacional. Sin embargo, no todas pueden cumplir con los requisitos, o bien el dinero no llega a tiempo y las desalojan. “A los dueños de los hoteles les importa un cuerno -asegura Enrich-. Para ellos, es un negocio. Si se va uno, tenés otro en la calle que va a venir”.
Con la pandemia, se estableció un protocolo que prohíbe los desalojos en hoteles. Sin embargo, los propietarios desoyen la medida. “Como no pueden salir a trabajar, y es lógico, no pueden pagar el hotel. Como no pueden pagar el hotel, los echan. El subsidio no llega a tiempo y al hotelero no le importa”, afirma.
Para acceder al subsidio, las personas necesitan DNI con domicilio en Capital, que demuestren que hace más de dos años que está en situación de calle, un informe realizado por un trabajador social y un presupuesto de hotel. Además, para obtener la ciudadanía porteña, las madres que cobran la Asignación Universal Por Hijo (AUH) deben renunciar a este beneficio. “Hay una trampa. Es una cosa o la otra. Es terrible, todo un armado bastante perverso”, denuncia Enrich.
Además, el subsidio es insuficiente para un alquiler. Mientras que el Gobierno de la Ciudad entrega 5.000 pesos a adultos solos y 8.000 pesos a quienes tienen hijos, los hoteles cobran alrededor de 12.000 por una habitación pequeña. “Las organizaciones sociales empezamos a hacer amparos hasta lograr que paguen el total. Si no, ¿con qué comés? Más en este contexto. Por eso ahora también a un par de hoteles estamos llevando comida a algunas de las familias que conocemos. No es lo que queremos hacer, pero el Gobierno de la Ciudad nos está obligando. No queremos reemplazar al Estado”, explica.
En los hoteles tampoco se aplica el protocolo de prevención. “El fin de semana fuimos a visitar a una familia de once personas que está viviendo en una habitación, como si fuera la piecita del fondo de tu casa, con niños muy pequeños y salieron a recibirnos sin barbijo”.
Según la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad, el año pasado había 1.146 personas en la calle. Sin embargo, el Segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle (CPPSC) realizado durante mayo de 2019, demostró que había 7.251, 1.379 más que en 2017. El Primer Censo Popular de Zona Sur reveló, asimismo, que la mayoría quedó en la calle en los últimos tres años de la gestión de Cambiemos y que la mitad de ellos eran niños.
Para Claudia, uno de los factores que influye en esta diferencia radica en el procedimiento empleado para relevar. Mientras que las organizaciones sociales hacen los recorridos en todos los horarios con el objetivo de dar con personas que circulan en distintas franjas, “el Gobierno de la Ciudad hace un muestreo todos los años en abril, entre las 20 y las 8, en un solo día y en una sola camioneta. No vas a poder hacer un muestreo muy real”, destaca.
Erlich sostiene que incluso las cifras del Censo Popular no terminan de reflejar la población entera en situación de calle ya que, al momento del relevamiento, las personas son expulsadas por la fuerza del espacio público para evitar que sean censadas. “Cuando el Gobierno porteño sabe que vamos a salir a hacer el censo que les corresponde a ellos, sacan a la gente violentamente, las llevan a hoteles o a lugares periféricos. Entonces, encontrás menos de la que realmente hay. Hay más, que no quede ninguna duda”.
Tal es así que el año pasado, mientras hacían el recorrido, integrantes de Ciudad Sin Techo presenciaron uno de estos hechos. “Cuando llegamos a la plaza de Tribunales, vimos ochenta personas durmiendo allí y un colectivo negro de la policía sacándolos y despertándolos a palazos, diciéndoles que si no se iban, no sabían lo que les esperaba”, relata Erlich. Situaciones similares se replicaron en otras áreas de la Ciudad. “El número que dimos fue el que pudimos censar, pero estoy segurísima que faltan muchos”, concluye.
Según un estudio realizado por la Universidad Nacional de Lanús y el Centro de Investigaciones Laborales (CEIL) del Conicet, 5 de cada 10 trabajadoras domésticas vio empeorada su situación laboral a partir del aislamiento por la pandemia covid-19 en Argentina.
Desde que el Gobierno nacional dispuso de una cuarentena obligatoria a partir del 20 de marzo para evitar la propagación de la enfermedad, se afectaron por completo muchos sectores de la sociedad. Uno de ellos y uno de los más vulnerados fueron las trabajadoras de casas particulares, que se vieron imposibilitadas para trabajar.
El Programa Salud, Subjetividad y Trabajo de la UNLa junto al Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) del Conicet, realizaron un relevamiento encuestando a 635 personas vía redes sociales y WhatsApp entre el 13 de abril y el 10 de mayo, donde notaron que más de la mitad, vieron empeorada su situación. “Decidimos realizar esta investigación para generar un informe y que pueda llegar tanto para que los usen las trabajadoras para reclamar y también por el otro lado que llegue a quienes toman las decisiones políticas”, explica Verónica Casas, antropóloga de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, quien participó en la coordinación del trabajo.
A causa del contexto actual, sólo cuatro de las cinco categorías de empleadas de casas particulares están exceptuadas de concurrir al trabajo. Solamente tienen permitido realizarlo aquellas que estén cumpliendo tareas de cuidado y asistencia de personas, pero en algunos casos, los empleadores se aprovechan de esa situación, como le sucede a Laura Herrera, quien comenta: “Entro a la Ciudad con el permiso de cuidado de personas mayores, no es legal. Pero cualquier cosa que me pase yo ya tengo el permiso. Hay compañeras que entran de forma clandestina, que es peor.”
“Es una estrategia de parte de los empleadores bastante preocupante – exclama Casas – porque después hay que ver si esas personas, efectivamente le cambiaron la categoría y le están haciendo los aportes porque después no las cubre la ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) por ejemplo, entre otras cosas. Y es una persona que se está exponiendo a sus familias, mayormente las trabajadoras domésticas tienen hijos y son jefas de hogar, así que es una situación bastante crítica. Lo del cambio de categoría debería ser una de las primeras medidas que se tome para que el Estado pueda controlarlo”.
El 25 por ciento de las mujeres que respondieron la encuesta, trabajan en negro.
Según lo establecido por el Estado, las trabajadoras domésticas deberían cobrar su salario a pesar de no estar concurriendo a trabajar, incluso no estando registradas. “Por el tema de la pandemia no trabajo, pero me abonan igual el sueldo. Hasta que no se levante la cuarentena no vuelvo, pero igual tengo comunicación constantemente con mis jefes” expresa Blanca Rodríguez, de Moreno, empleada doméstica desde hace más de diez años en Recoleta. “La rutina igual se extraña, uno está acostumbrado a tener un ritmo de vida de mucho tiempo y este receso complica. En lo económico, afecta bastante porque se gasta más plata al estar en casa todo el día”, exclama. El mismo caso sucede con Sandra Méndez, de la localidad de Merlo: “Con respecto a mi patrona, estoy dentro de todo bien, me está pagando porque yo estoy en blanco hace siete años. Mis patrones son de alto riesgo y se cuidan mucho, por eso no puedo ir. Hasta que no pase la pandemia no me van a llamar”.
Pero, ¿qué pasa con todos los casos que no son como el de Blanca, Laura o Sandra? Algunos empleadores no están cumpliendo con lo pautado y en muchos de esos casos, las trabajadoras no poseen otro ingreso extra. El 25% de las mujeres que respondieron la encuesta, trabaja de manera informal o más conocido como “trabajo en negro”. Así, es el caso de Karina Méndez, de 44 años, quien trabaja hace seis años junto a una familia en San Miguel: “A mí no me pagan porque estoy en negro. Iba una vez a la semana, o dos veces, y yo tenía mi plata, mis cosas, no era mucho, pero iba guardando, gastaba o guardaba, pero ahora no”.
Quienes más padecen esta situación son las empleadas no registradas. “En el trabajo a donde yo voy hace doce años estoy en negro, ella me estuvo pagando y me mandaba mensajes, ahora no me mando más mensajes, nada. A partir de junio se han olvidado que existo. Pensé que me iba a pagar el sueldo, pero hasta ahora nada”, señala Mirtha González, trabajadora doméstica de la localidad de Merlo. “La verdad que ya me estoy poniendo re mal porque no puedo pagar lo que debo. Juan, mi hijo mayor, me da para comprar la comida, remedios y los pañales”, agrega.
Los resultados del estudio demostraron que solamente el 55,7% de las trabajadoras cobró los 10.000 pesos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) dispuesto por el Gobierno Nacional, el 15% no sabe como tramitarlo y después está el resto que no están recibiendo ninguna ayuda. Casi la mitad de las trabajadoras no poseen otro ingreso extra.
“Ni siquiera cobré el bono –dice Mirtha Martínez- porque estamos vinculados con mi marido a la pensión no contributiva, por discapacidad, de mi hijo Matías. No nos salió negativo la IFE, y cuando mi hija entró a averiguar en el Anses nos sale vinculado con eso, así que estamos sin nada y es un re bajón”.
«En la práctica los empleadores no están cumpliendo la ley y no registran a las trabajadoras», dice Casas.
Este sector siempre padeció una gran vulnerabilidad y se vio profundamente agravado en este contexto de pandemia. Casas sostiene: “Las situaciones que cuentan las trabajadoras y que se ve por todos lados ahora en la cuarentena en realidad son situaciones que vienen de antes, hay una desigualdad estructural del sector que tiene que ver con desigualdad de género, de clase, étnicas y hacen que, un montón de prácticas que antes también se hacían, ahora se empiecen a ver más por esta crisis que estamos viviendo”. Además afirma: “Si bien en Argentina tenemos una ley que iguala derechos a esas trabajadoras, hoy en la práctica los empleadores no están cumpliendo y no las están registrando”.
La pandemia vino a agudizar esas desigualdades estructurales que padecía el sector de las trabajadoras domésticas, compuesto mayormente por mujeres que vienen peleando por el acceso a sus derechos. Es el momento de potenciar la voz de esas trabajadoras que vienen reclamando históricamente, visibilizarlas y darles una solución.
La llegada del Covid-19 forzó al sistema educativo a implementar herramientas tecnológicas para mantener el vínculo con los estudiantes. En la joven Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), fundada en 2015, esto no resultó algo nuevo. ANCCOM dialogó con la Directora General de Gestión Académica de la institución, Melina Fernández, y la ingeniera informática y docente, Romina Robles, de la Escuela N.º 10 de Hurlingham.
Desde sus inicios, la UNAHUR trabajó en la articulación con escuelas secundarias del distrito. Varias se sumaron a la propuesta de UNAHUR. Entre los proyectos comprendidos por la propuesta se cuenta “Un campus para mi escuela” cuyo primer objetivo es enriquecer y expandir los tiempos y espacios de la clase. Pero la pandemia cambió todo, especialmente el ritmo con el que había que llevar el proyecto adelante.
“La Universidad se encargó de gestionar los espacios como la creación de aulas y usuarios. Además acompañó con jornadas de formación, donde se trabajaba sobre el aula del docente conociendo los recursos del campus. La pandemia intensificó este proceso con las escuelas que ya veníamos trabajando, y se extendió a otras escuelas del distrito”, explica Melina Fernandez.
La Universidad trabaja con la plataforma educativa Moodle. El sistema está alojado en servidores propios, lo que garantiza un control sobre la herramienta y que los datos de los estudiantes solo se usen con fines educativos y de seguimiento. Además, por ser de software libre, Moodle permite a la universidad modificar directamente la plataforma de acuerdo a las necesidades particulares de sus estudiantes.
Las aulas virtuales pasaron de ser un apoyo a la presencialidad a transformarse en el espacio principal de clase durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. Así se transformaron en un entorno que posibilita la continuidad pedagógica. En este nuevo contexto comenzaron a surgir nuevas problemáticas, sobre todo, la conectividad. “Algunos chicos no solo no tiene dispositivos sino que tampoco tienen internet. Este es un problema del sistema educativo en general que está pasando en todos los niveles”, afirma Melina. Como consecuencia de esta problemática que afecta a todo el país, el Consejo Universitario con el ENACOM y la Secretaría de Políticas Universitarias, solicitaron y obtuvieron de las empresas prestadoras, el acceso a las plataformas educativas de manera libre y gratuita.
Frente a la urgencia y la necesidad de garantizar la continuidad pedagógica, se firmó un convenio entre la Provincia de Buenos Aires, la Secretaria de Políticas Universitarias, la Universidad y el Municipio para expandir el programa aula abierta a las escuelas de nivel Primario e Inicial. El objetivo es que todas las escuelas de Hurlingham cuenten con un entorno más rico de trabajo para docentes y alumnos. “Para facilitar la tarea, se armaron aulas base configuradas, con varias herramientas que permiten al docente apropiarse de ese espacio. Esto es acompañado por jornadas de formación docentes y de equipos directivos”, explica la educadora. “Para esto el rol docente es central e imprescindible. Necesitamos docentes creativos, acompañando y aprendiendo. Acá hay un modo de enseñanza y de pensar la educación de manera complementaria”
El entorno virtual es un espacio que articula la comunicación con los alumnos, las actividades y los contenidos. Tiene, por ejemplo, un correo integrado a la plataforma y un sistema de videoconferencia, también de software libre, llamado BigBlueButton que los informáticos sumaron a las herramientas del campus. De esa manera se reemplazan otras plataformas privativas de teleconferencia poco seguras y que consumen datos por alojarse en dominios externos a los edu.ar.
“Son momentos de mucha incertidumbre. Todos los profesores llegaron de distintas maneras; algunos ya tenían herramientas porque tenían conocimientos previos; para otros es la primera vez. Este es un contexto sumamente difícil para todos, pero al mismo tiempo, la comunidad educativa de Hurlingham está comprometida en garantizar el derecho a la educación. Hoy la educación tiene esta forma. No la elegimos pero es la forma que tenemos de seguir enseñando y en el medio vamos haciendo nuevos aprendizajes”, explica Fernández.
Romina Robles es encargada de medios de apoyo técnicos y pedagógicos, ingeniera en informática y además, docente referente en la escuela secundaria Nº 10 de Hurlingham desde 2013. Hace un año, la escuela donde trabaja se sumó a Aula abierta, principalmente para los alumnos de zonas desprotegidas que por alguna particularidad no pudiesen asistir a clases regularmente. Romina explica: “En la escuela implementamos el campus para muchos casos. Nosotros trabajamos con una comunidad vulnerable, donde hay problemas de adicción, embarazos adolescentes o estudiantes con algún tratamiento médico especial que les impide asistir al colegio regularmente”.
Además de ser docente de informática, Robles se encarga de brindar soporte a los alumnos y profesores en lo referido a las nuevas tecnologías y herramientas digitales. Por el contexto en el que nos encontramos, este rol se vio muy afectado, describe Romina: “Tengo una sobrecarga de trabajo importante no tanto de los alumnos sino de los profesores porque hay una resistencia muy grande al cambio y sobre todo al uso de herramientas tecnológicas”.
Si bien este proyecto era optativo para los docentes de la escuela Nº 10, a principio de año se anunció la implementación obligatoria como herramienta complementaria: “En febrero se decidió con las autoridades extenderlo para todo el colegio; meses después nos agarró la pandemia y muchos de los que se resistieron tuvieron que meterse a la fuerza. Los recursos que tenemos en la educación pública pero sobre todo en esta comunidad vulnerable son escasos. Es importante que los chicos puedan tener acceso a las plataformas educativas gratis como cualquier estudiante”.
Esto implicó además capacitar en tiempo récord a los docentes y alumnos. La ingeniera agrega: “Yo daba capacitaciones tanto para docentes como alumnos del uso de herramientas digitales. Esto estaba planificado para todo el año pero tuvo que hacerse de manera intensiva en el mes de marzo con video tutoriales. A su vez, están quienes deciden no participar de algunas de las herramientas que parece tener el campus. No sirve subir una actividad para los chicos y no explicarles nada. La guía de preguntas no es del todo útil. La idea también era poder hacer una presentación para que los alumnos conocieran al docente”, detalla la referente.
En relación al problema principal que es la conectividad, se empezó a pensar alternativas desde la misma institución. “Muchos no tienen conexión a internet ni un celular con datos. Fue difícil, pero cuando se liberaron los datos para la plataforma, empezó a haber más participación”, comenta la docente.
Algunas de las alternativas que organizaron fue la entrega de computadoras que pertenecen a la sala de informática: “Las prestamos como se hace con los libros. Supimos de alumnos que tenían conectividad pero no tenían dispositivos y les prestamos equipos. También sabemos que muchos alumnos no tenían dispositivos ni conectividad. Lo que estamos haciendo es bajarle todo lo que se sube al campus, hacer juego de fotocopias y alcanzarlos”.
De todas maneras, Romina enfatiza en la importancia de capacitarse en nuevas tecnologías tanto para los docentes como para los alumnos. Desde su experiencia y conocimiento, es fundamental tener una base de herramientas tecnológicas para achicar la brecha digital y garantizar la enseñanza en esta coyuntura incierta.
