Ene 3, 2018 | Noticias en imágenes, Novedades
A 13 años de la tragedia de Cromañón, sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas recordaron a las 194 personas fallecidas en el incendio del boliche el 30 de diciembre de 2004. Desde el mediodía del sábado, se instaló una radio abierta y se realizaron actividades culturales en el santuario del barrio de Once, un espacio de homenaje ubicado en los alrededores de lo que fuera el boliche República de Cromañón.
En el cierre de la jornada, se encendieron 194 velas en la puerta del boliche.
Por la tarde se conmemoró la tradicional misa en la Catedral Metropolitana, seguida de un acto en Plaza de Mayo. Además, se entregaron reconocimientos a agrupaciones que luchan por justicia en casos en los que está involucrado el Estado. Estuvieron presentes representantes de familiares de la tragedia de Once, Madres de Plaza de Mayo y familiares de víctimas de AMIA, entre otros. Los familiares leyeron un documento consensuado por todas las agrupaciones participantes y luego iniciaron una marcha hacia el lugar de la masacre, en la calle Bartolomé Mitre al 3000. Allí, nombraron a cada una de las víctimas, con un pedido de justicia que incluía también a los más de 1.400 heridos sobrevivientes y a los familiares fallecidos por las secuelas psicológicas de la tragedia.
Al finalizar el homenaje, hubo una suelta de globos blancos a las 22.50, hora del incendio ocasionado por una bengala en el recital de la banda Callejeros. Para cerrar la jornada, se encendieron 194 velas en la puerta del boliche, como insignia de la lucha y símbolo de recordación.
Actualizado 02/01/2018
Feb 21, 2017 | Comunidad
En el Parque Rivadavia, a metros de la entrada principal, diez personas se sientan en ronda sobre el pasto y despliegan una bandera azul que los identifica. Ellos conforman la Coordinadora Cromañón. “No debatimos sobre quiénes son los responsables de lo que pasó sino que trabajamos por el bienestar y la salud de los sobrevivientes y familiares”, afirma María Celeste Oyola, integrante del grupo.
Es justamente un ataque a la salud de las víctimas -y a la salud pública de los porteños- lo que los vuelve a convocar. “Hace un mes cerró el Programa de Estrés Postraumático turno tarde del Hospital Psiquiátrico Alvear, del que yo y dos chicos más éramos pacientes. Nadie avisó nada. Un día fui y me enteré que no nos podían atender más”, se queja Daniel Romano, sobreviviente, quien desde entonces está sin asistencia psicológica.
Miembros de la Asociación de Profesionales del hospital, que prefieren resguardar su identidad, se acercaron a la reunión abierta y contaron que la medida fue tomada por los directivos, quienes esgrimieron una auditoría de 2016 -a la cual los profesionales no accedieron- para desplazar al terapeuta a cargo del programa. El argumento es que no está habilitado para atender pacientes por pertenecer a la categoría “escalafón general”. Más allá de esto, otro psicólogo del Alvear subraya la lógica empresarial en la decisión: “El espacio lo dan de baja porque ven que se atiende poca gente. Pero la atención debe estar disponible para que la use cualquiera, cuando la necesite”, sostiene.
La ley N° 4.786, sancionada por la Legislatura de la Ciudad en noviembre de 2013, garantiza la reparación integral de los sobrevivientes y familiares de la tragedia de Cromañón. Sin embargo, desde la Coordinadora repasan todos los obstáculos que hubo desde ese momento. “El GCBA demoró catorce meses en reglamentar la normativa. Y al día de hoy no hay programas ni en Salud, ni en Trabajo, ni en Educación”, plantea Celeste Oyola. Además, según ella, espacios como el del Alvear deberían brindarse en todos los hospitales núcleo de la Ciudad, y esto no sucede. “Desarman el único eslabón fijo al que pueden acceder los sobrevivientes”, denuncia.
“Hace un mes cerró el Programa de Estrés Postraumático turno tarde del Hospital Psiquiátrico Alvear, del que yo y dos chicos más éramos pacientes. Nadie avisó nada. Un día fui y me enteré que no nos podían atender más”.
Una terapeuta de la Asociación de Profesionales enfatiza en que este golpe a la salud pública afecta a la comunidad en general y deja sin trabajo a un especialista con más de diez años de trayectoria. Hasta el momento las autoridades no recategorizaron al psicólogo a cargo, ni nombraron a otro para que los pacientes puedan seguir atendiéndose. “La experiencia muestra que cuando cierran uno de estos programas, no abren más”, remarcan desde la Asociación.
Desde la Coordinadora se comunicaron con el responsable de la Dirección General de Salud Mental del Gobierno porteño, Ricardo Picasso. “Nos dijo que iban a cambiar de psicólogo y listo, que no hagamos política con esto”, relata Nicolás Pappolla, otro sobreviviente de Cromañón: “No tienen en cuenta lo difícil que es para un afectado generar un vínculo con su terapeuta, lograr lo que se conoce como transferencia. No da lo mismo que sea cualquiera”.
Daniel Romano, otro obreviviente, cuenta: “Pasé por varios lugares antes de llegar al Hospital Alvear. Primero un centro en La Matanza y después me derivaron al Posadas. Ahí con los compañeros no sentimos un buen trato. Nunca elaboré un vínculo con el terapeuta, y eso es lo que conseguí en los últimos dos años. Es difícil establecer la confianza necesaria con el psicólogo, sentirse respetado, lograr un ida y vuelta”. Y, con un tímido orgullo, Daniel agrega: “Yo no podía ir a una entrevista de laburo, no me relacionaba con mi familia. Hoy rompí esa fobia social. Tengo trabajo estable, conseguí armonía familiar y paré con los ataques de pánico, es súper valioso”.
“Cuando vas a terapia desnudás el alma. Eso no se puede hacer ante cualquiera. Uno habla desde lo más profundo, desde los dolores, los miedos, las contradicciones”, explica Celeste, quien ya padeció una situación de indefinición parecida, en abril del año pasado, cuando el Gobierno Nacional despidió a profesionales del Centro Ulloa, que brindaba una asistencia como la del Hospital Alvear. Y mientras la Coordinadora Cromañón peleaba por la reincorporación de los psicoterapeutas y la reapertura del espacio –lo que finalmente lograron–, nadie les garantizaba la continuidad del programa. “Fue un manoseo y una incertidumbre terribles. Volví a tener ataques de pánico, un retroceso que no había tenido en once años”, confiesa Celeste. Con los años en la Coordinadora han perdido las esperanzas con el Gobierno de la Ciudad. “Ellos creen que sólo nos interesa la actualización de un subsidio. Y los reclamos van más allá de eso”, afirman.
Está en juego la salud de quienes salieron con vida de una de las tragedias más grandes de la historia argentina. En diciembre de 2004, en el boliche República de Cromañón, murieron 194 personas. “Desde entonces, son 17 los sobrevivientes que se suicidaron. Esas eran pérdidas evitables”, dice Celeste. Por eso, desde la Coordinadora, hacen hincapié en que lo que pasó no fue un hecho aislado. Como reza la bandera azul de la agrupación, Cromañón nos pasó a todos.
Actualizado 21/02/2017
Dic 31, 2015 | inicio
Los recuerdan, los recordamos.
Un 30 de diciembre de 2004, 194 personas murieron en el boliche República de Cromañón y más de mil resultaron heridas en el barrio de Once cuando una bengala prendió fuego el interior del lugar durante el recital de la banda Callejeros.
El anteúltimo día del año la Catedral Metropolitana reunió a familiares, amigos y agrupaciones en una misa en homenaje a las víctimas. Cada uno de los 194 fallecidos fueron nombrados y 194 gritos de «justicia» se escucharon en medio del dolor la emoción.
Durante el acto, se leyó un documento en donde se destacó que el reclamo siempre apuntó a “desactivar la ´lógica Cromañón´”, el funcionamiento corrupto del Estado y los empresarios que a través de la violación de normas, aseguran ganancias ilegales y ponen en riesgo la vida de las personas. Los familiares saludaron a los “hermanos de lucha” de la Tragedia de Once y celebraron las condenas del día anterior. En la lectura se hizo referencia al estado judicial del caso donde culpabilizaron a los integrantes de la banda Callejeros, pero no redujeron la responsabilidad solamente a ellos, sino que denunciaron también al ya fallecido dueño del boliche, Omar Chabán y al entonces Jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, destituido de su cargo.
Hay que recordar que la justicia declaró culpables a los miembros de la banda Callejeros, Patricio Fontanet, Eduardo Vázquez, Juan Alberto Carbone, Christian Torrejón, Maximiliano Djerfy y Elio Delgado; el manager de la banda, Diego Argañaraz y a los funcionarios Gustavo Torres, Fabiana Fiszbin y Ana Fernández. Todos ellos debían cumplir una pena de prisión efectiva, pero luego se resolvió concederles la libertad a los miembros de Callejeros, exceptuando a Eduardo Vázquez que debe cumplir con una pena por haber asesinado a su esposa.
Al finalizar el acto, los familiares, sobrevivientes, las agrupaciones y jóvenes que adherían al reclamo, marcharon hacia el santuario ubicado en Bartolomé Mitre al 3000, donde funcionaba el boliche incendiado. Allí, se realizó un nuevo homenaje y la ya tradicional suelta de globos blancos, que se perdieron en el cielo y recordaron que el dolor no cesa y que la lucha se transforma en cada nuevo aniversario.
Abr 19, 2015 | inicio
“Reparación integral a las víctimas sobrevivientes, y familiares de víctimas fatales de la Tragedia de Cromañón” es el nombre de la Ley Nº 4.786 que, el 28 de noviembre de 2013 sancionó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto fue promovido por diferentes diputados de ese momento, que apoyaron la iniciativa de familiares y sobrevivientes, entre ellos Laura García Tuñón (Proyecto Sur), Juan Cabandié (Frente para la Victoria) y Fernando Sánchez (Coalición Cívica). Sin embargo, a pesar de que la legislación dio respuesta al reclamo de responsabilidad y contención estatal que exigían los damnificados, la solución no fue suficiente. Los artículos en los que el Gobierno se comprometía a otorgar ayuda en Salud –programas especiales y medicamentos–, Inserción laboral, Educación y Asistencia alimentaria no fueron reglamentados. Solamente se entregó a las víctimas el subsidio económico. Luego de un año y cuatro meses de reclamos y reuniones con diferentes funcionarios, el pasado 27 de marzo, se decretó la Reglamentación en su totalidad.
El objetivo de sancionar esta Ley era “reparar integralmente” las vidas de los sobrevivientes, y de los familiares de las 194 personas que perdieron la vida el 30 de diciembre de 2004, en el incendio que provocó la tragedia de Cromañón. Pero luego de sancionarse, la reparación resultó ser parcial y el Estado continuó adeudando su promesa. No mejoró la calidad de vida, no se escucharon sus pedidos de necesidad de respuestas rápidas, ni se gestionaron los programas necesarios para contenerlos: “Lo único que se reglamentó, fue el subsidio económico, pero no fue suficiente, ya que lo que precisan los sobrevivientes y familiares que conviven con el Trastorno por estrés postraumático, con diversas patologías físicas y psicológicas, es una reparación completa para volver a establecer las condiciones básicas que precisa una persona para vivir en sociedad”, afirmó Juan Capodistrias, miembro de la Coordinadora, Memoria y Justicia x Cromañón.
Juan Capodistrias (el primero de la izquierda) junto a otros miembros de la Coordinadora Memoria y Justicia por Cromañón en la jornada de Memoria y Conciencia por Cromañón en el Parque Rivadavia
La Coordinadora es una organización civil formada por sobrevivientes y familiares. En 2013 comenzaron a funcionar como agrupación, posteriormente a la aprobación de la Ley: “Al comienzo estaba conformada por Organizaciones no gubernamentales (ONG) de familiares y sobrevivientes, y además familiares y sobrevivientes autoconvocados. Una vez que se aprobó la Ley se abrieron las demás ONG, y al día de hoy quedamos participando activamente solo sobrevivientes y familiares como adherentes”, relató Capodistrias. Si bien vieron materializarse parte de su reclamo con la aparición de una Ley que les brindara el sostén necesario, la falta de reglamentación produjo que no pudieran acceder a los servicios. El problema principal es en el área de salud, ya que el programa de atención, al momento “está muy lejos de funcionar eficientemente”, agregaron los miembros de la Coordinadora. “Sobre todo en el aspecto de Salud mental. Los hospitales Álvarez y Alvear, que son los principales receptores de estos pacientes, tienen diversos problemas que hacen que den turnos a varios meses, o que hagan esperar varias horas a los pacientes. Esto último teniendo en cuenta que ya vienen de un viaje de dos horas –muchos viven en la provincia de Buenos Aires– y que están en situaciones muy delicadas: ataques de pánico, intentos de suicidio, entre otras cosas. No tener una respuesta rápida, genera en el afectado un desgaste tal, que en la mayoría de los casos, se resignan y buscan refugio en otros lugares lejos de los profesionales que están preparados para atenderlos”, concluyó. Con la reglamentación completa, los sobrevivientes están a la expectativa de avances concretos que empiecen a dar soluciones.
Santuario recordatorio de las víctimas de Cromañón en el barrio de Once, Ciudad de Buenos Aires
Desde la Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima, que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad, el director Leonardo Szuchet comentó que la dificultad principal para definir la reglamentación fue el largo proceso que conlleva una actuación interministerial: “Hay un montón de normativas que son propias de cada uno de los Programas de los distintos Ministerios, y sobre eso es sobre lo que hay que trabajar para después poder brindar la asistencia que corresponde. La demora es por el trabajo que se vino realizando a los efectos de poder articular en forma ordenada todas las intervenciones que hay que hacer. Aquí interviene Salud, Desarrollo social, interviene Modernización por la solicitud respecto de que puedan ser notificados de los distintos concursos públicos que hay, e interviene Desarrollo Económico con el tema empleo”. Además el director agregó que los inconvenientes no fueron de aplicación si no de implementación, como por ejemplo con el Programa Ciudadanía Porteña, mediante el cual se gestionan algunos subsidios: “es un Programa de Desarrollo Social, en el que sus normas prevén la atención únicamente para las personas que tienen el domicilio radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muchos de los beneficiarios de la Ley de Reparación son de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual hubo que reformular esa normativa para que Ciudadanía Porteña haga lugar a la excepción a su propia norma de origen dentro del Programa, y así poder dar cumplimiento con la Ley”.
Martín Cisneros, sobreviviente de Cromañón, se suicidó el pasado 3 de febrero y aumentó a 17 el registro de personas que terminaron con su vida después del 2004, además de los familiares fallecidos por enfermedades oncológicas producto de las secuelas de la tragedia.
Desde la Coordinadora sostuvieron el reclamo alegando: “Nuestra necesidad es incluir en la sociedad a todos aquellos que entendemos, que por relación directa con la Tragedia, no pueden continuar con una vida normal. En el aspecto educativo también, ya que un gran número de sobrevivientes abandonan los estudios por estados anímicos negativos. Si bien muchos de los afectados logran excelentes cuadros de resiliencia, hay muchos que no. Nuestro anhelo es ayudar a todos esos”.
Finalmente, cerca de cumplirse 16 meses de establecida la Ley, el 27 de marzo, el Gobierno de la Ciudad publicó el Decreto de Reglamentación Nº 96/15, en el que se mencionan los artículos que previamente habían quedado suspendidos –asistencia alimentaria, empleabilidad y salud– y se confirma su vigencia con el fin de “lograr una adecuada aplicación de los mencionados artículos, se propicia aprobar su reglamentación”.
Taller de RCP dictado por Cascos Blancos y junta de firmas por el apoyo a la Ley de Asistencia en la Jornada organizada por la Coordinadora Memoria y Justicia por Cromañón en el parque Rivadavia
Desde la Dirección, Szuchet afirmó: “Ahora estamos trabajando con mucha fuerza y mucha dinámica para aplicar lo que dice el decreto reglamentario respecto de la inserción laboral, de la inserción educativa y de descentralizar la atención en salud. Esos son los ejes en los que se está trabajando, porque son los más necesarios”.
Igualmente, aún quedan muchos problemas por resolver para que la asistencia se cumpla a tiempo, además de las dificultades que se extienden más allá de la Ciudad, y abarcan localidades y municipios de la Provincia. Para dar respuesta a la mayor cantidad de casos posibles, desde la Coordinadora Memoria y Justicia x Cromañón, Juan Capodistrias informó que están juntando firmas para un nuevo proyecto: “Estamos impulsando un proyecto de Ley a nivel Nacional, que busca ser superador de la ley de Ciudad, y trascenderlo. No discriminar a quiénes viven cruzando General Paz. Que haya un programa en cada municipio que les permita atenderse con prioridad en la provincia de Buenos Aires, y en otras provincias”.
Cierre musical de la Jornada de Memoria y Conciencia por Cromañón
Con motivo del cumplimiento de los 10 años de la tragedia, la Coordinadora organiza 10 encuentros públicos en todo el país, bajo la consigna “Cromañón nos pasó a todos”. El pasado domingo, 12 de abril, la celebración se realizó en el Parque Rivadavia del barrio de Caballito, en la que hubo shows musicales, una murga, y la colaboración de Cascos Blancos ofreciendo clases de Reanimación cardiopulmonar (RCP). Además de juntar firmas para promover la Ley Nacional, lo primordial en estas jornadas es difundir la reflexión y la memoria, concientizar a la sociedad para honrar a sus compañeros, utilizar el arte como sanación y “transformar el dolor en amor”.
