Dic 21, 2021 | Comunidad, Destacado 1
En tan solo seis días, las movilizaciones populares de los vecinos y organizaciones sociales provinciales lograron que se derogue la ley que habilitaba la minería en el desierto patagónico.
La Legislatura de Chubut acaba de aprobar por decisión unánime la derogación de la ley XVII N° 149 de Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de zonificación minera sancionada el pasado 15 de diciembre por este mismo cuerpo. El gobernador Mariano Arcioni había anunciado ayer su intención de derogar la ley y llamar a un plebiscito, luego de cinco días de lucha y movilización en la provincia de Chubut en rechazo por la sanción de la Ley XVII 149 de zonificación minera que acababa de ser aprobada por esta misma legislatura por 14 votos a favor y 11 en contra. Este proyecto de derogación se trató hoy en la legislatura junto con otros dos proyectos presentados por legisladores provinciales. La decisión del ejecutivo llegó de forma imprevista luego de que tres días antes Arcioni declarara que no retrocedería con la promulgación de la ley.
El miércoles 15 de diciembre a última hora y de manera imprevista se trató y aprobó en la legislatura chubutense el proyecto de ley que disponía la zonificación de la provincia y autorizaba la radicación de proyectos mineros en la zona de la meseta central de la provincia, en los departamentos de Telsen y Gastre. Esto se desprendía de un artículo de la Ley Provincial 5001 que prohíbe la explotación minera a cielo abierto y la utilización de cianuro, pero establece la posibilidad de determinar zonas que quedarían exceptuadas de esta regulación particular. “El problema es que esto abre las puertas a las grandes corporaciones mineras, cosa que hasta el momento no había ocurrido. Los chubutenses tenemos la certeza de que esto es el mascarón de proa, con esto entran a la provincia y ya después no los pueden frenar”, reconoció Marcos Ponce, vecino de la ciudad de Esquel, abogado y buzo profesional comprometido con la conservación del ambiente.
Aprobado el proyecto en la Legislatura, el gobernador de Chubut promulgó la ley inmediatamente y la reacción de las asambleas y vecinos autoconvocados no se hizo esperar. “Sabíamos que estaba previsto que se tratara la ley el 16, pero la sacaron el día anterior. Ahí automáticamente se generó el movimiento espontáneo de la gente: en Rawson en Trelew, en Esquel y en otras localidades de la provincia, hasta en Comodoro hubo marchas de miles de personas”, relató Cristina Agüero, participante de la Asamblea de Esquel.
La movilización, de más de diez mil personas, se replicó durante los días siguientes en gran parte de las localidades. En las principales ciudades los incidentes y la represión fue desproporcionada. “Está toda la provincia movilizada. Desde la industria pesquera hasta la CTA. Esto no paró hasta la derogación y es lo que se pidió desde cada municipio”, continuó Cristina Agüero.
La lucha, la declaración como personas no gratas en algunas localidades a los 14 legisladores que votaron a favor de la zonificación y la falta de apoyo de intendentes propiciaron la decisión que se conoció ayer de derogar la ley y la confirmación de hoy por medio de la Legislatura.
En diálogo con ANCCOM, Javier Tolosano, biólogo docente investigador de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, reconoció: “Lo que se discute además de todas las consecuencias ambientales que puede traer la implementación de este proyecto, es la falta de acceso a la comunidad al proyecto en sí; la poca apertura que ha tenido el gobierno para exponer este proyecto en su totalidad y que la comunidad pueda visualizarlo”. Con este panorama, llama la atención y no genera demasiada confianza entre los asambleístas la idea de un plebiscito.
“Considero particularmente que se debe dar un debate mucho más amplio sobre algunos de los recursos, principalmente sobre el agua. Nosotros como ciudadanos chubutenses muchas veces no disponemos del agua y se plantea un proyecto de desarrollo de megaminería en un contexto en el cual dos veces por semana nos la cortan; es algo casi provocador. Más allá de todos los problemas que genera la megaminería como actividad productiva, no hay una discusión seria sobre cómo utilizar el recurso agua en nuestra provincia: un lugar que por demás es árido, que tiene conflictos más incrementados por las consecuencias del cambio climático que están exacerbando esas dificultades del acceso al agua”, advirtió Tolosano.
Jul 13, 2021 | Comunidad, Novedades
El 9 de marzo de 2021 era un día cálido y tranquilo, como cualquier otro en el verano de la cordillera chubutense, pero al llegar la tarde un hecho inesperado irrumpió esa calma y todo se convirtió en desesperación. Varios focos de incendio se activaron casi de manera simultánea en distintos puntos estratégicos. Las altas temperaturas, la sequía y los fuertes vientos complicaban la tarea de los pocos brigadistas y bomberos que había en la zona, ya que muchos de ellos se encontraban a más de 30 kilómetros, afectados a otro fuego iniciado dos días antes.
En pocas horas varias zonas de Lago Puelo y El Hoyo estaban envueltas en llamas, obligando a los vecinos a resistir como podían y poniendo en riesgo su seguridad para defender sus casas, sus animales y el trabajo de toda una vida. Algunos ni siquiera tuvieron tiempo y debieron huir con lo puesto, mientras detrás de ellos el incendio devoraba sus casas, sus chacras y el bosque.
Julio Pibert, docente y secretario en una escuela, quien hoy vive con su esposa en una pequeña cabaña de alquiler, perdió su casa ubicada en el barrio Catarata Norte en El Hoyo. “El incendio marco mucho en mí y en mi señora. Es como un antes y un después. Yo tenía todo y no me faltaba nada. Hoy no tengo nada. Se me fue el trabajo de varios años, la casa la había levantado e incluso tenía un galpón de herramientas con un tallercito que era mi cable a tierra. De golpe me encontré con que mi casa ya no estaba y había que empezar a reconstruir”, comenta Julio y agrega: “La parte que hasta ahora logré levantar fue gracias a los materiales que me donaron amigos, compañeros de trabajo y gente que me conoce. Además, tengo la ayuda de un vecino albañil que viene todos los días, y de un comerciante del pueblo que tiene una ferretería y me fía y a veces directamente no me cobra.”
Por su parte, Marina Barrientos, vecina del barrio Eco Aldea en la localidad de Lago Puelo, no solo perdió su casa sino también el sustento familiar: “A nosotros se nos quemaron tres casas y el taller de herrería que era la fuente de trabajo de nuestra familia. Yo vivo con mi marido y mis tres hijos que dependen de ese taller que se quemó. Entre los clientes del taller, amigos y familiares que nos ayudaron, pudimos reconstruir una de las casas que se nos quemó y ahí estamos viviendo mis hijos, mis nueras, mi nieto, mi marido y yo, o sea ocho personas”, dice.
Tras lo sucedido, varios medios nacionales se hicieron eco de la situación y reflejaron la tragedia en todas sus dimensiones. Incluso hubo intervención del gobierno nacional, que desplegó acciones y destinó fondos para ayudar a los damnificados. Hoy, a cuatro meses de lo sucedido, parece que la ayuda no se distribuyó de la mejor manera.
“Desde Nación llegaron unos módulos, tipo casitas prefabricadas, que tienen cocina comedor, un dormitorio y un baño. Yo me anoté y me dijeron que en una semana estaba armada, pero ya pasaron cuatro meses y no hay absolutamente nada. La municipalidad está administrando los fondos y estos módulos que llegaron pero, a mi entender, esta todo empastado con otras cosas. Por otra parte, desde la provincia solo mandaron gente para realizar encuestas. A mí me vinieron a ver tres veces y la cuarta vez que aparecieron los saque de mi casa porque ya me parecía una cargada”, relata Pibert sobre su experiencia.
Tras el incendio, a Marina la angustia no la deja dormir: “El cansancio psicológico es horrible. Nos hablamos entre vecinos para darnos ánimos porque una semana esta angustiado uno, a la semana siguiente el otro y así estamos. No nos cabe en la cabeza lo que están haciendo, se burlan de nuestra necesidad. El dinero que enviaron desde Nación ha llegado al municipio pero andan las pirañas alrededor y es inconcebible, porque a los que menos nos llega la ayuda es a nosotros”, asegura y continúa con su relato: “Incluso seguimos sin luz y sin agua potable. Dicen que están arreglando el tendido eléctrico pero parece que lo está haciendo una tortuga, así que desde la municipalidad nos dan unos vales para comprar nafta e iluminarnos con generadores”.
“A raíz de todo esto, creamos una junta promotora de vecinos y somos nosotros mismos los que intervenimos cada vez que llega algo para los damnificados. Nuestro objetivo es fiscalizar lo que hacen los funcionarios y recordarles que existimos. Han repartido cosas en otros barrios y al nuestro no llego nada”, explica Barrientos y amplía: “Muchos vecinos reconstruyeron hasta donde pudieron, con las donaciones que recibieron de particulares. Hay muchas mamás solas y gente sin trabajo que no tiene la posibilidad de volver a levantar su casa”.
A las pérdidas materiales, naturales y emocionales de aquella tarde, se sumó una que parece una paradoja y que hoy a la distancia podría formar parte de una humorada. Mientras todos los recursos humanos estaban abocados a combatir el siniestro, uno de los focos se extendió descontroladamente devorando la base del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, ubicada en el Paraje Las Golondrinas en Lago Puelo. Los brigadistas perdieron todas sus herramientas de trabajo, vehículos de la institución e incluso sus propios autos y motos.
“Hoy nuestra base es un tráiler que envió la provincia. En la zona seguimos sin luz, así que nos enviaron un grupo electrógeno y estamos trabajando con las pocas herramientas que nos quedaron, que son las que teníamos encima cuando estábamos combatiendo el incendio del 9 de marzo. Se nos prometió la reconstrucción de la base y el reconocimiento monetario de los vehículos para los compañeros que los perdieron, pero hasta ahora quedo solo en palabras. Estamos levantando la base nosotros con las donaciones de materiales que nos van llegando”, relata el brigadista Daniel Samartin.
Las llamas se cobraron la vida de tres personas, consumieron 14 mil hectáreas de bosque, centenares de viviendas y tuvieron en vilo a los habitantes del área y a sus familiares, que sin poder comunicarse con sus afectos se hundieron en la desesperación. Hoy, ya pasado el desastre, muchos damnificados siguen durmiendo en carpas, casillas o en pequeñas habitaciones que pudieron construir gracias a la solidaridad de personas de todo el país.
Mar 15, 2021 | Comunidad, Novedades
Con una provincia sumergida en una profunda crisis económica, social y política, en noviembre del 2020 el gobernador Mariano Arcioni, presentó ante Nación su plan productivo, el cual incluye un proyecto de rezonificación minera. La iniciativa fue vista, por gran parte del pueblo chubutense, como una provocación y reflotó la lucha anti minera que lleva sin descanso desde hace 18 años. En ese contexto, se produjo la visita del presidente Alberto Fernández a las localidades afectadas por los voraces incendios de la última semana. El primer mandatario recibió reclamos y agresiones de la población: “El problema minero debe resolverlo la provincia”, intentó desligarse.
EL conflicto por la megaminería chubutense lleva ya dos décadas. En el año 2002 la empresa canadiense Yamana Gold desembarcó en la ciudad de Esquel con un proyecto para la explotación de oro e intentó obtener licencia social para llevarlo adelante. “A la charla que dio la empresa, asistieron dos docentes de química de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y todo lo que escucharon no les cerraba por ningún lado. Empezaron a investigar cómo era el proceso de minería y le hicieron llegar esa información a la comunidad. Así se creó un gran movimiento social y político que es hoy No a la Mina” explica Silvia Borgia, vecina de Esquel e integrante activa de la organización.
“La población se empezó a informar y con una lucha muy sostenida se logró, en el año 2003, llamar a un plebiscito no vinculante, en el cual la gente tenía que decidir si quería o no el emprendimiento. El 81.4% de la población dijo que no. A partir de ese momento, la asamblea se sostuvo marchando los días 4 de cada mes. Este movimiento comenzó acá en Esquel y luego se extendió a toda la provincia”, agrega Borgia.
Producto de ese plebiscito, el gobierno provincial sancionó la Ley 5001 (en la actualidad ley 1768) que prohíbe la explotación metalífera a cielo abierto con el uso de cianuro y que, en su Artículo 2 estipula un plazo de 120 días desde la sanción de la ley, para presentar un proyecto de zonificación. “Es una ley rara y frágil porque propone en el primer artículo la prohibición y en el segundo abre la excepción. Eso nos tiene en vilo desde hace 18 años”, comenta Marina Richeri, asambleísta y docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de Puerto Madryn.
En 2002 nació el movimiento «No a la mina» en Chubut.
En este marco se conforma la UACCh (Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses), que en el 2013 redacta un proyecto de ley por iniciativa popular, una herramienta de la democracia semi directa contemplada por la Constitución de la provincia. “Entró en la Legislatura en el 2014 y lo presentamos nuevamente el año pasado. Prohíbe totalmente la minería metalífera en todas sus etapas, en todo el territorio sin excepciones y prohíbe el uso de cualquier sustancia tóxica. Lamentablemente tras un escándalo de corrupción, en el que un diputado fue descubierto mensajeándose con un empresario minero en plena sesión, se anuló el debate y volvimos a tener la misma ley frágil”, explica Richieri.
El proyecto de ley 128/20 del Ejecutivo provincial pretende declarar exceptuada la zona de la meseta chubutense, comprendida por los departamentos de Gastre y Telsen, y así establecer la explotación a cielo abierto de minerales metalíferos. Si bien se estipula mantener la prohibición del uso de cianuro durante todas las etapas del proceso minero, no esclarece que tecnologías y sustancias serían las habilitadas para extraer los minerales. Desde la UACch se denuncia la inconstitucionalidad, ya que el plazo de 120 días que dicta la Ley 5001 para la presentación del proyecto de zonificación está más que vencido.
Los argumentos expuestos en dicho proyecto, describen al área de la meseta como atrasada, improductiva y postergada, por lo cual el establecimiento de la actividad minera permitiría su desarrollo. “La población está conformada mayoritariamente por comunidades Mapuches – Tehuelches que viven, históricamente, del pastoreo de cabras y ovejas. Si bien esta el acuífero de Gastre Sacanana, el agua es un recurso escaso en la zona y nunca se ha tomado la decisión política de explotarlo. El abandono en relación a políticas productivas, sumado a la caída del valor de la lana y a un fuerte proceso de desertificación por falta de lluvias, hace que muchas de estas comunidades tengan problemas para alimentar a sus animales y cultivar sus huertas. A pesar de esto, quieren seguir con estas actividades y rechazan fuertemente la explotación minera” explica la historiadora Liliana Pérez, oriunda de Comodoro Rivadavia.
En esta sentido, Richieri dice que “hay una violación de los derechos humanos. El Artículo 169 de la Organización Internacional del trabajo (OIT), al cual nuestro país adhirió, dice que ante un proyecto en el cual los bienes comunes estén en peligro o sean utilizados, las comunidades aborígenes deben ser consultadas y ser partícipes del mismo. Esto nunca ocurrió y hay que denunciarlo. Por otra parte, se elaboró sin consultar a ninguna entidad científica reconocida local”.
Al respecto, el CONICET-CENPAT elaboró un documento en el que refleja su preocupación respecto al tema, y solicita el retiro del proyecto de su tratamiento legislativo. A su vez, explica que gran parte de la comunidad científica de Chubut declinó la invitación de Arcioni a participar de la mesa de trabajo sobre un proyecto que ya estaba hecho. “Nuestra institución recomienda debates abiertos, donde la exposición de los resultados de estudios e investigaciones que aportan al desarrollo productivo de la provincia sean parte de un proceso participativo. No hay debate sin espacios de reflexión, aporte técnico y comunitario para la diversificación productiva”, sentencia el informe.
El proyecto presentado por la UACCh nunca se trató, después que se interrumpiera una sesión legislativa tras el escándalo desatado tras descubrirse a un diputado intercambiando mensajes con un empresario minero.
Por su parte, una veintena de entidades avaló la actividad minera en la provincia a través de un informe técnico, el cual afirma ser un aporte para enriquecer el debate. Una de estas entidades es la Asociación Sindical del Personal Jerárquico Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN). “Quisimos dar nuestra visión profesional de la actividad minera. Desde luego que todo informe en este rubro tiene que tener una base científica y un balance objetivo de la situación” declaró Marcelo Mena, secretario general de la institución.
“La idea es que podamos permitir el desarrollo de las comunidades creando cooperativas, emprendimientos y que la minería solo sea el motor de arranque. A eso es a lo que apuntamos y el motivo por el que firmamos este informe”, explicó Mena y continúo “es muy importante el rol que cumple la posición anti minera en defensa del medio ambiente y del agua. Tienen que estar dentro de los controles y ser parte de la cadena de custodia de esas muestras. Nosotros queremos una industria que sea una casa de cristal, para que toda la sociedad sepa exactamente lo que está pasando”.
De aprobarse la zonificación, la compañía canadiense Pan American Silver (ya instalada en Gastre) podría llevar adelante su proyecto Navidad, que prevé la explotación por un mínimo de 18 años de un yacimiento de plata, considerado uno de los más grandes del mundo.
En esta coyuntura, surgieron sospechas respecto a posibles intereses mineros detrás de los incendios simultáneos, ocurridos la semana pasada en siete localidades cordilleranas de la provincia. Más de 200 familias se quedaron sin vivienda y perdieron todo. La presencia del gobernador y del presidente Alberto Fernández para solidarizarse con los damnificados, colisionó con las protestas anti mineras y agresiones, por parte de algunos manifestantes, al vehículo que trasladaba a los mandatarios. Según las organizaciones ambientalistas, se trata de infiltrados. En este marco, el proyecto de rezonificación sería tratado en lLegislatura este martes 16 de marzo. Desde las asambleas que claman “No a la mina”se anunciaron para ese día manifestaciones en toda la provincia y en la puerta de la casa de la provincia de Chubut en CABA.
