Abr 5, 2019 | Novedades, Trabajo
“¡Tienen la máquina de hacer llover comprada! ¡La tienen comprada!” exclamaba una voz refugiada bajo el techo de una galería sobre Hipólito Yrigoyen y Virrey Cevallos. Las columnas de manifestantes llegaban desde varias avenidas hasta el Congreso conforme avanzaba también la nube oscura que traía la tormenta. No obstante, ni la lluvia ni los fuertes vientos lograron callar los bombos y las trompetas que entonaban al ritmo del que parecería ser el hit de toda convocatoria popular desde hace ya más de un año: MMLPQTP.
La marcha encabezada ayer por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) junto a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que confluyó con la impulsada por la CGT, se consolidó bajo la consigna “Por la unidad, la producción y el trabajo”. No es casual, sin embargo, el contexto en el que se desarrolló, marcado por el anuncio del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) del incremento del índice de pobreza al 32%, la suspensión de la reunión de los movimientos sociales con Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social de la Nación, la semana pasada y la exigencia de una Ley de Emergencia Alimentaria. Al resoecto, Gildo Onorato, dirigente de la CTEP y Secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita declaró a ANCCOM: “Hay una convocatoria de la CGT por la unidad, por la producción, por el trabajo. Nosotros le agregamos a eso la emergencia alimentaria, para que sea tratada con urgencia, teniendo en cuenta los niveles de pobreza y exclusión que tenemos en Argentina”. Añade luego: “Entendemos que hay que convocar un paro nacional, que hay que construirlo, fortaleciendo los acuerdos, las coincidencias y planteando la agenda de los sectores populares, que la están planteando muy mal”.
“Unidad de los trabajadores” fue el grito favorito de las columnas, que tras dar vueltas a la plaza del Congreso adornadas con pilotos y paraguas, se deslizaron por Avenida de Mayo hasta la 9 de julio, donde viraron para dirigirse hacia el Ministerio de Desarrollo Social, cortando el Metrobus y desviando el tránsito. Entre las seis cuadras de agrupaciones (donde se destacaron también el Movimiento Barrios de Pie, la Asociación de Trabajadores del Estado, el Frente Popular Darío Santillán y el Frente de Organizaciones en lucha) uno de los gremios que marcó mayor presencia fue el de la Educación. Roberto Baradel, Secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, describió la situación de los docentes como “compleja” y narró: “Ayer se dio un nuevo accidente en una escuela de Moreno, que lastimó a otros docentes. Hay desidia, abandono y también nos vemos afectados por el salario, por la inflación y por las políticas de ajuste de este gobierno”. Representantes de Conadu sumaron a los reclamos los recortes en el presupuesto universitario y en la investigación y el cierre de numerosos institutos. También se encontraban entre los presentes los docentes agrupados en UTE, FEDUN, FATUN, Suteba, Sadop y APUBA.
El pedido de paro nacional fue unánime, tal como se inscribía en la extensa bandera que se posicionó detrás del escenario anclado en Avenida Belgrano. Pese al rumor de que no habría acto al finalizar la convocatoria, representantes de los principales movimientos hicieron lectura de un documento donde se insistió en la unidad y el fortalecimiento del diálogo entre los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina y se expuso la preocupación por el cierre de fábricas y comercios frente a la apertura indiscriminada de las importaciones y el crecimiento del desempleo. También se mencionó la decadencia de las cooperativas de trabajo y de la economía popular, el aumento del costo de vida, el fomento de monopolios en la producción de alimentos y el cierre y desfinanciamiento de comedores escolares. “Paro, paro, paro, paro nacional” continuaba el grito de los manifestantes previo a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino y dar por finalizado el acto. Por último, se anticipó una próxima jornada de lucha para el jueves 11 de abril.
May 24, 2018 | Novedades, Te puede interesar, Vidas políticas
El acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) parece un hecho, y tras la reunión en Washington, continúan las negociaciones para obtener la ayuda financiera. Todavía no se habló oficialmente del monto, pero la mayor inquietud consiste en saber cuáles serán las implicancias y los costos sociales que acarreará el préstamo. ANCCOM dialogó con distintos especialistas para intentar echar luz sobre este nuevo endeudamiento.
«Los dólares que se piden se van a usar para la fuga de capitales», dice el economista Asiain.
Los detalles
A contramano de otros tiempos, aceptar un préstamo del FMI implica que la política vuelva a quedar subordinada a la economía. Para Hernán Letcher, concejal de Unidad Ciudadana en San Martín y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esto “sepulta la estrategia que inició Néstor Kirchner de desendeudamiento: el gobierno kirchnerista había trabajado no sólo por el pago al Fondo, sino que también había llegado a proponer ante la ONU la creación de un marco legal para procesos de reestructuración de deuda soberana que legislara lo que había que hacer en esas circunstancias”, sostiene. Letcher cree que este acuerdo forma parte de un plan maestro que trasciende las fronteras de nuestro país. “En ese aspecto creo que algunos sectores del poder económico financiero internacional se la tenían jurada al país”, agrega.
El acuerdo con el FMI es la salida elegida por el gobierno tras ver que se derrumba su política económica, basada en tomar deuda externa e incentivar el ingreso de capitales especulativos al país. Andrés Asiain es director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) y docente universitario. Afirma que el gobierno “encontró un límite en la colocación de deuda en los mercados voluntarios, y entonces los capitales especulativos emprendieron la huída desatando la última corrida”.
El objetivo consiste entonces en conseguir los suficientes dólares para que la economía no estalle antes de las elecciones de 2019. ¿Y para que se van a usar esos dólares? “Para financiar la fuga de capitales de esos grupos económicos que entraron a comienzos de la gestión Macri, y que una vez hecha la valorización financiera a través de las LEBAC, se quieren ir. Alguien tiene que poner la plata porque si no se desvalorizan las inversiones. El candidato a hacerlo es el FMI y a cambio de eso pedirá políticas de ajuste”, responde Asiain.
«El FMI está intentando que se modifique la edad jubilatoria», opina el economista Martín Burgos.
Recorte de partidas
El gobierno nacional le solicita al Fondo un crédito stand-by. Estas líneas de crédito suelen referirse a condicionamientos ligados a la reducción del déficit fiscal y exigen diversas medidas de ajuste. ¿Qué partidas del presupuesto se verían afectadas? ¿De qué manera repercutiría esto en el pueblo?
Martín Burgos es jefe del departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación (CCC) y docente universitario. Cree que el acuerdo afectará principalmente las partidas de seguridad social. “Lagarde viene advirtiendo que la gente vive mucho y el fondo está implementando la idea de modificar la edad jubilatoria. En el presupuesto nacional las partidas de seguridad social (jubilaciones, pensiones, AUH) son un 40% del total. Me imagino que por ahí andará el recorte, además de la reforma laboral. Eso para la gente será: menores ingresos y peor calidad de vida”, asegura.
Para Letcher está claro que habrá un recorte en la obra pública, y coincide con Burgos al respecto: “Parte de la agenda de discusión va a venir por el lado de la reforma laboral, las jubilaciones, por ejemplo en lo relativo a la edad jubilatoria, la discusión del haber inicial que obviamente va a tender a la baja, y finalmente lo que tiene que ver con separar las partidas contributivas y las no contributivas, para hacer el ajuste en estas últimas”, entiende.
Para Hernán Letcher, este FMI no es distinto al de 20 años atrás.
Asiain por su parte manifiesta que “después habrá que ver cómo evoluciona, pero este año está claro que el ajuste se va a esparcir por todas las partidas, porque la inflación va a ser mucho más alta que la proyectada en el presupuesto: casi todas las partidas salvo las que tengan una cláusula indexatoria van a evolucionar muy por debajo de los precios, entonces el ajuste se va a dar automáticamente a través del proceso inflacionario”.
Todo esto genera un impacto de manera directa: pérdida del poder adquisitivo para los trabajadores, convalidación del negocio financiero y la consecuente garantía de pagar los intereses de deuda a costa de los gastos locales; esto es sólo una parte del cóctel explosivo que se divisa.
La pregunta es cómo se va a presentar este acuerdo: ¿ayuda o imposición? Para Asiain, “claramente la estrategia para que no parezca que lo impone el FMI va a ser que fue todo idea de Macri, que pide ir por más: entonces dirán que no es injerencia extranjera sino que Macri está allí, con toda autoridad, diciendo lo que hay que hacer y el Fondo en todo caso apoyando. Lo cual termina siendo una mera pose para la tribuna: el gran acuerdo nacional o algo por el estilo”, explica.
El FMI fue creado en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial.
¿Un Fondo distinto?
El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y otros funcionarios (incluyendo, claro, a los del propio organismo) afirman que este Fondo es distinto al de 20 años atrás. Letcher sostiene que dicha afirmación es “una vergüenza”. La realidad es que no hay modificaciones sustanciales en las políticas del FMI, sino que “en todo caso invierten un poco más en medios de comunicación para tratar de ocultar mejor lo que son”, a lo cual agrega que “reflejaron en un informe publicado el 8 de octubre de 2015 los pedidos de aumento de tarifas, reducción del déficit fiscal, reforma impositiva que se votó en parte en diciembre del año pasado, devaluación y fin de los controles regulatorios cambiarios: todo eso ya lo hizo el gobierno. El gradualismo ya fue y le van a exigir al gobierno más que eso, naturalmente”.
En la misma línea Asiain advierte que el Fondo es el mismo, y lo único que hubo en todo caso fueron cambios de “maquillaje”: “Por ejemplo, antes te daban un crédito e imponían condiciones; vos ahora podés acceder a créditos flexibles si antes aplicaste sus políticas”. Pero Argentina no calificó siquiera para esos créditos flexibles así que cayó en los créditos más tradicionales, que son los ya citados stand-by.
Está claro que el Fondo sufrió varios fracasos que lo pusieron en cuestionamiento. Para Burgos “2001 fue algo importante, pero también la crisis rusa de los años 90. Por eso fue discreto su papel en la crisis de 2008, salvo en el caso griego. Lamentablemente no sacó lecciones de ese fracaso, porque el Fondo no es un organismo académico, sino un organismo del poder financiero. Luego de su recomposición en 2010 y 2011, el poder financiero volvió a sus recetas de siempre, porque las deudas públicas son fuente de grandes riquezas, y la desestabilización macro que ellas generan, también”, concluye. Mientras tanto, Argentina comienza a transitar nuevamente las consecuencias de caminar hacia el Fondo.
Jun 15, 2016 | inicio
Ajustes en los presupuestos de programas sociales y cooperativos, aumento en la demanda de alimentos de los grupos vulnerables y pocas respuestas oficiales. Las organizaciones que nuclean a los sectores más golpeados por los tarifazos y las restricciones en inversión social coinciden en esos tres grandes ejes de diagnóstico para describir los primeros seis meses del gobierno de Cambiemos.
La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista Combativa (CCC), el Frente Popular Darío Santillán y las organizaciones Tupac Amaru y Barrios de Pie dialogaron con ANCCOM para repasar las demandas de sus bases -en muchos casos protagonistas de protestas callejeras, cortes de calle y ollas populares en las últimas semanas- y caracterizar el vínculo propuesto por la administración de Mauricio Macri.
Dina Sánchez es dirigente del Movimiento Darío Santillán que, junto a otras siete organizaciones, integra el Frente Popular Darío Santillán (FPDS). El espacio aglutina a cerca de mil trabajadores de cooperativas. Ella viaja todos los días desde Glew, provincia de Buenos Aires, a Capital para trabajar, junto a 250 cooperativistas, en limpieza e higiene urbana. “Nosotros siempre firmábamos los acuerdos con el Gobierno de la Ciudad a principios de año, a esta altura ya habíamos renovado y teníamos definidos los aumentos y la cantidad de puestos de trabajo. Ahora tardaron hasta para negociar, igualmente no dejamos de trabajar porque si no se les hace más fácil echarnos diciendo: `Estos no quieren trabajar´. Seguíamos con el mismo sueldo desde junio del año pasado hasta ahora, que nos impusieron un aumento del 23%. Igual, de más puestos de trabajo, ni hablar”, grafica.
Archivo ANCCOM. 18 de enero de 2016.
El coordinador de Barrrios de Pie, Daniel Menéndez, advierte sobre un escenario negativo para los sectores más vulnerables. «Todo el arco social, político, y religioso coincide en que estamos en una situación marcada por el deterioro. Este escenario se agudiza por la inflación y la generación de nuevos pobres que según las mediciones del Observatorio Social de la UCA ya rondan el millón y medio de personas”, subraya.
Para Menéndez, ese nuevo estado de cosas se muestra sin disimulos en el aumento de la demanda por alimentos en los comedores, una pintura que también coinciden en realizar los intendentes del conurbano bonaerense. “Es algo distintos a los últimos años, la situación empeoró y ahora están haciendo estallar los comedores a los que se acercan un montón de chicos por un plato de comida. Incluso Margarita Barrientos reconoció que aumentó un 50% la asistencia a los comedores, y por eso también se abren nuevos. A la vez, hay preocupación por el aumento del 20% del salario, porque siguen estando atrasados, y los programas de empleo terminan siendo un complemento de las changas de los trabajadores en negro, como por ejemplo en la construcción o el de las mujeres que hacen trabajo doméstico”, explica.
Julia Rosales es dirigente de la CCC Zona Norte (Capital), la organización que nació junto al movimiento de trabajadores desocupados en el año 2001 “cuando se vino el mundo abajo y quedó un montón de gente afuera del sistema”.
En la actualidad, la CCC de esa zona impulsa cooperativas de trabajo que se ocupan principalmente de la higiene y limpieza urbana, a la vez que promueven comedores sociales que reciben en su mayoría a los vecinos del Barrio Mitre. “Antes venían 40 familias, ahora vienen 100, y cuando hay hambre también se nota porque la gente se pelea más por las porciones. Hay menos trabajo y mucha inflación. Si antes las capas medias tenían alguna trabajadora doméstica ahora, frente al aumento de tarifas, ya no la contratan y esa mujer queda sin trabajo y viene al comedor”, dice Julia.
Archivo ANCCOM. 18 de enero de 2016.
La organización cuenta con 150 personas en cooperativas de trabajo. “Son principalmente mujeres para las que es muy difícil volver al sistema cuando ya se cayeron, porque son grandes, con hijos, sin dientes”, retrata.
Y puntualiza. “Tenemos que ponernos firmes sobre la base de que somos útiles. Acá trabajamos en cuatro cuadrillas, algunas en el Parque Sarmiento, y también tenemos otras cuatro en centros de primera infancia. Esto es en nuestra zona, pero en el resto de la Ciudad hay más. Esa es la mitad de la gente que viene a nuestros comedores, pero la mayoría no tiene trabajo”.
Una de las organizaciones más afectadas por el cambio de gobierno fue la Túpac Amaru, cuya líder, Milagro Sala, aún permanece detenida en Jujuy. El coordinador nacional del espacio, Alejandro «Coco» Garfagnini, describe la nueva realidad. “Muchos compañeros pasaron de ser cooperativistas a desocupados. Ahora el desafío nuestro es empezar a organizarlos. En los diez años de avance que tuvimos como organización popular logramos agrupar, a partir del trabajo, a un montón de compañeros, no sólo desde las cooperativas de obra pública sino también de fábricas y emprendimientos. Pero hoy la gran mayoría, sobre todo los de obra pública, están desocupados porque el programa se cerró”, dice Garfagnini en referencia a uno de los principales planes de construcción de vivienda, el Programa de Integración Socio Comunitario (ex Emergencia Habitacional), creado en el año 2003 por el Ministerio de Planificación Federal y con el que se construyeron cerca de 56 mil viviendas, según indicó el dirigente. “Era un programa que generaba casi 70 mil puestos de trabajo en todo el país y se terminó porque el gobierno nacional querrá hacer negocios con empresas y no con las cooperativas. En la misma situación están los compañeros de la CNCT que también tenían cooperativas de obra pública. Todos los que integrábamos el programa llegamos a ejecutar en 2015 el 15% del presupuesto de viviendas nacionales”, remata.
Manifestación de Barrios de Pie en el Obelisco el 10 de junio.
Las cooperativas de trabajo comenzaron a multiplicarse en Argentina a partir de la crisis del 2001. Desde entonces, el sector “ha inventando trabajos para poder vivir”, dice Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) que agrupa a sectores como cartoneros, empresas recuperadas, cooperativas populares, campesinos, vendedores ambulantes, constructores, y pequeñas unidades productivas, entre otros. El derecho de agremiación es una de sus principales demandas: “Sabemos que el desarrollo del capitalismo hace que se concentre la economía y que los trabajadores ya no se vuelven a incorporar a ese lugar una vez que quedan afuera, pero nos cuesta que las centrales sindicales nos tengan en cuenta. Vamos siempre a acompañar al sector formal pero es hora de que como trabajadores de la economía popular tengamos personería gremial para contar con obra social y aportes”.
Diálogo con el gobierno
Junto con las crecientes demandas sociales, las organizaciones enfrentan también el desafío de interactuar y reclamar ante un nuevo gobierno. “Hay diálogo pero para discutir giladas. Nos hablan de la herencia, y sólo hay excusas, no canales que permitan resolver los problemas. Nosotros reclamamos por alimentos y por programas de empleo porque están desactualizados, más en este contexto de emergencia social por el ajuste brutal que estamos viviendo. Creemos que tiene que haber un aumento del 50% de los ingresos porque no es suficiente lo que nos pretenden imponer”, subraya Menéndez, desde Barrios de Pie.
Julia Rosales coincide con esa apariencia conciliadora de Cambiemos porque “diálogo con el gobierno hay, pero con pocas respuestas”. Y sentencia: “Son dialogadores pero después migajas. Somos como tercerizadas para el gobierno y no les conviene que nosotros le cobremos barato porque frente a las auditorías después tienen que justificar por qué las cooperativas del PRO –que funcionan en las Comunas como pequeñas empresas- les cobren mucho más”.
En el Frente Popular Darío Santillán marcan como un hito del nuevo vínculo la toma del edificio de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad que se realizó el 11 de mayo pasado junto a otras organizaciones. “Nos recibieron el vicejefe de Gabinete Juan Pablo Graña y el Jefe de Gabinete Social, Juan Ignacio Maquieyra, quienes se comprometieron a conservar los 250 puestos de trabajo, pero no a aumentarlos y nos dijeron que nos iban a dar un incremento de nuestros ingresos cercano a nuestro reclamo. Una semana después fuimos al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, donde nos dijeron que desconocían aquel acuerdo, como si nosotros estuviésemos locos. Mirá si vamos a levantar un acampe, a las tres de la mañana, porque se nos da la ganas”, puntualiza Dina Sánchez.
La CTEP da cuenta de los acuerdos firmados. «Nosotros logramos unas 16 unidades ejecutoras, donde el gobierno va a hacer que podamos coordinar el dinero que es para obras. En un principio era una cantidad de plata pero ahora es bastante menos. También hicimos un acuerdo por el tema de viviendas, otro por problemas alimentarios, también trabajo autogestionado, y para fábricas recuperadas”, explican desde la organización.
El diálogo, sin embargo, tiene doble vara. “Nosotros no tenemos ninguna instancia de diálogo con este gobierno”, explican los referentes de la Tupac Amaru. Con presencia en Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Catamarca, Chaco, Misiones, Corrientes, Salta y Jujuy, el único distrito que mantiene un diálogo institucional es Chaco. “Con el macrismo no te podes confiar. Nosotros nos dimos cuenta cómo eran al poco tiempo que asumieron cuando hicimos los acampes, por las actitudes que tuvieron y después cuando detuvieron a Milagro y a otros seis compañeros”, subrayan.
Manifestación de Barrios de Pie en el Obelisco el 10 de junio.
Perspectivas
“Hay un parate económico que va a seguir porque el gobierno tiene la voluntad de provocar una recesión para que los precios bajen. Tenemos que llevar adelante medidas que busquen menguar esas políticas económicas, por eso nos seguimos reuniendo con distintos sectores, incluso religiosos, como las parroquias, para que podamos convocar a un diálogo, y también pensamos movilizar a los hipermercados y continuar con las ollas populares”, describe el referente de Barrios de Pie.
Desde la CTEP, el diagnóstico incluye una mirada política sobre la región. “Hay un contexto de retroceso regional. Acá la transferencia de recursos que hizo el gobierno a los sectores más concentrados, indica que más allá de pelear por el trabajo autogestionado y las tarifas, vamos a estar en una situación muy dura”.
Julia Rosales cuestiona las promesas futuras de Macri. “El gobierno les dio a las mineras, a los exportadores, y hablan de la herencia pero eso lo puede decir unos meses pero después ya es la forma en la que ellos decidieron resolver la crisis. Hay gente que tiene bronca, sobre todo la clase media que es la que lo votó. Y ahora ya no hablan de la recuperación del próximo semestre, ahora dicen que va a venir el año que viene”, advierte.
Desde el Movimiento Darío Santillán, Dina remarca las contradicciones del gobierno de Cambiemos en la Ciudad. “Si un día se juntan con nosotros y después lo niegan, ya no podemos confiar en nadie. Por eso decimos hay que estar más alertas. Notamos que con este gobierno, a nivel nacional, las cosas fueron muy duras y muy seguidas. La opinión del conjunto de los compañeros de las asambleas que se hacen en los barrios es que vamos a luchar, porque no nos alcanza. Cómo se puede vivir con 4500 pesos si hay que pagar boleto, alquiler, luz, comida. Es una locura”.
La CTEP visualiza la articulación política como la principal herramienta para hacer frente a la nueva realidad y demandas crecientes. «Cuando sufrís una derrota en el campo popular, cada uno va por sus demandas pero hay que hacer un trabajo político, además de lo reivindicativo, y definir qué tipo de país queremos. Para afrontar la crisis necesitamos organizar a todos los sectores y pedir por el salario complementario. Hay un montón de necesidades y por eso tenemos que luchar por una política que yo llamaría defensiva de los derechos conquistados. Lo cierto es que la crisis no nos agarra desprevenidos, no estamos en el 2001», resume Castro.
La perspectiva de las organizaciones para los próximos meses en ningún caso prescinde de las manifestaciones, las ollas populares, las intervenciones frente a hipermercados, entre otras tácticas y métodos de lucha. “A pesar de que hay personas que dicen que no existen espacios de unidad, que estamos fragmentados, yo puedo decir que no veo eso, creo que hay un alto nivel de articulación en el movimiento popular en general. El tema de Milagro tuvo una reacción impresionante, fue muy rápida, tuvimos la solidaridad de más de 40 organizaciones sociales, sindicales y del campo popular”, expresa el coordinador de la Tupac Amaru.
Archivo ANCCOM. Movilización por la liberación de Milagro Sala en el centro porteño el 18 de enero de 2016.
La CTEP analiza una próxima movilización que exprese a todos los sectores de la economía popular para romper con el discurso de los `plancitos`y pelear por un salario universal complementario.
Más allá de las diferencias, las organizaciones apuestan a reinvidicar su lucha alrededor de la única consigna del derecho al trabajo. “Nadie nos regaló nada, lo que logramos lo hicimos con la lucha. La primera conquista es tener un plan social para no morir de hambre pero no nos van a comprar con bolsas de alimentos, con planes, nosotros queremos trabajo”, resume la dirigente de la CCC.
Actualización 15/06/2016
