Abr 29, 2020 | Comunidad, Novedades
“Hay más conciencia del tema saludable, hace deporte y eso ayudó a que le den uso a la bici», dice Campomar.
Alexis Campomar administra Star Cicles, una bicicletería fundada en 1989. “Mi papá (Norberto) y un amigo comenzaron a arreglar bicicletas en un local pequeño y con el tiempo se mudaron a uno más grande donde empezaron a fabricarlas. Hoy vendemos bicicletas fabricadas por nosotros, importadas y también reparamos”, comenta el encargado del local ubicado en Olivos y que ahora ofrece sus productos a todo el país gracias al comercio por Internet.
La bicicleta ha ganado terreno en la movilidad de las ciudades y el Gran Buenos Aires no es ajeno a su popularizacón. “En los últimos seis años hubo un gran crecimiento: la gente es más consciente del tema saludable, hace deporte y eso ayudó a que le den uso. En Zona Norte y Capital Federal hay espacios donde se puede salir a andar y eso es un incentivo”, agrega Alexis.
Pascual Mazza, distribuidor de Olmo Bikes, una fábrica fundada en Morón hace más de 70 años, complementa esta información sobre el mercado. Cuenta que en los últimos tres años aumentó cien por ciento las ventas de rodados de media y baja gama. “Veníamos en alza, ahora con el tema de la cuarentena se cortó todo, pero la bicicleta viene en un crecimiento mundial y la gente se concientizó en usarla más porque es un medio de transporte no contaminante. Además, carreras, bicisendas y salidas grupales ayudaron a ese crecimiento”, puntualiza.
“En el último año hubo récord de ventas de bicicletas de todas las gamas. La gente que empezó a usarlas como medio de transporte, se encontró con algunas muy económicas: la compraba en cuotas y se daba cuenta que la cuota era más barata que lo que gastaba en transporte al mes. Y la venta de una bicicleta luego te genera la venta del inflador, del casco, de la luz”, afirma Maxi Chazarreta, distribuidor de Bicicletería Pereyra para el Gran Buenos Aires.
«La venta de una bicicleta luego te genera la venta del inflador, del casco, de la luz”, afirma Maxi Chazarreta.
Adolfo Carrizo es periodista especializado en ciclismo y monta bicicleta desde los 4 años. Antes de la cuarententa, decretada el 20 de marzo, salía entre dos y cuatro horas diarias a entrenar. “Me gusta salir, no tengo problema con andar en el tránsito, hay gente que si no tiene para salir de la ciudad, alejarse un poco y volver, no sale, pero yo en ese sentido no tengo problema”. Dice que en los últimos cuatro años se ve mucha más gente pedaleando y cree que los gobiernos provinciales y municipales tienen que motivar, aún más, a los argentinos a usar este medio de transporte. “En un montón de sectores de Capital faltan bicisendas y otras tienen poco mantenimiento”, asegura.
La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, instó a sus colaboradores a diseñar rutas que pongan a la bicicleta como el principal medio de transporte en la ciudad. “Estoy pensando en diseñar temporalmente rutas por encima de las líneas de metro más concurridas para que las personas que se sienten más seguras en bicicleta puedan moverse”, declaró. En Bogotá, Berlín, Milán, Quito, Bruselas, San Francisco, Edimburgo y varias ciudades de España, Canadá, Nueva Zelanda, Perú, Inglaterra y México se han creado carriles y rutas provisionales para el uso exclusivo de la bicicleta.
“Después de la cuarentena la gente va a usar mucho más la bicicleta porque no quiere viajar en colectivo para no estar en contacto con otras personas y aparte van a querer hacer más deporte del habitual por este tiempo que no pudieron salir”, expone Alexis. “Unos amigos que ya están empezando a trabajar otra vez me decían que hay un montón de cosas que no las ven de la misma manera que las veían tres meses atrás. Están con un poco de miedo”, completa Adolfo.
Chazarreta agrega que la financiación también es importante para impulsar el mercado de la bicicleta en tiempos de recesión económica. “El sistema de crédito y cuotas ayuda a que la gente compre una bicicleta: el valor promedio está en 20 mil pesos y la gente ve que la compra se le hace pesada. Si varios bancos empiezan a ofrecer este servicio, seguramente más pesonas se van a volcar a la bicicleta”, afirma el representante del mayorista con sede en La Banda (Santiago del Estero).
La bicicleta viene en crecimiento mundial porque es un medio de transporte no contaminante», dice Mazza.
Si bien las ventas bajaron por la cuarentena, el comercio por Internet es un aliado en la distribución de bicicletas y bicipartes. Desde Bicicletería Pereyra afirman que lo que más se está vendiendo son los rodillos, entrenadores que permiten usar la bicicleta dentro de casa, y las bicicletas fijas. Desde Star Cicles comentan que las que son para chicos, los monopatines y repuestos como cámaras y cubiertas han tenido buena demanda en el último mes.
Maxi explica que este fenómeno se da en los momentos de crisis económica porque muchas personas no tienen para comprarse una bicicleta, pero si tienen la posibilidad de mandar a reparar la que tienen en casa. “La gente que no tenga para pagar un boleto de colectivo no le quedará otra que sacar la bicicleta vieja y cambiarle cámaras, cubiertas, cables de freno, hacerle un service general y ponerla en condiciones”.
El espacio público tiene que cambiar su funcionamiento para impedir que el coronavirus se expanda en las grandes metrópolis el día que las cuarentenas se flexibilicen y por eso serán importantes las políticas públicas en relación a la movilidad. Los gobiernos tienen la responsabilidad de ampliar y facilitar el uso de medios de transporte que reduzcan la contaminación y sean útiles para mantener el distanciamiento social.
Feb 27, 2020 | DDHH, Novedades
La Fiscalía ya contabilizó 2.248 casos. Los familiares de las víctimas dicen que la cifra puede llegar a 10.000.
“Los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate, no fueron a ‘recoger café’, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde”, afirmó Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, el 7 de octubre de 2008 en Bogotá. Dos meses antes, también en la capital del país, Jaime Castillo Peña se comunicó con su familia. “La última vez que se supo de él fue el domingo 10 de agosto: llamó a mi hermana, le dijo que iba a almorzar, pero nunca llegó”, comenta Jacqueline Castillo, representante de Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (MAFAPO), una organización de mujeres que desde hace 12 años busca encontrar la verdad sobre los crímenes de Estado cometidos bajo el mandato de Uribe Vélez.
Jaime Castillo, trabajador ambulante de 42 años, fue visto por última vez subiéndose a un auto rojo. Dos días después apareció acribillado a 600 kilómetros de Bogotá. La Brigada Móvil número 15, perteneciente al Ejército Nacional de Colombia, lo reportó como baja en combate. Iba a almorzar con su familia, pero un grupo organizado de “reclutadores” (encabezado por Alexander Carretero), personas que “pescaban” civiles en situaciones vulnerables, lo sacó de la ciudad y lo llevó hasta Ocaña, una población del nororiente de Colombia, a más de seis horas de viaje, para entregarlo a militares, quienes posteriormente lo fusilaron, lo reportaron como guerrillero y lo enterraron en una fosa común junto a otros civiles.
“Los ‘reclutadores’ estuvieron haciendo seguimiento porque ellos visitaban los barrios, los parques, y detectaban a las personas para escogerlas”, explica Jaqueline. El exsenador Alirio Uribe sostuvo en el Congreso de la República que fueron más de 450 los “reclutadores” en todo el territorio nacional. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicado en 2010, resalta que ese era uno de los patrones detectados: los civiles eran engañados con falsas promesas de trabajo para ser sacados de sus regiones; eran llevados a sitios alejados y allí eran asesinados.
Jacqueline Castillo buscó a su hermano durante dos meses hasta que una investigadora le aconsejó que buscara en Ocaña. “La última vez que me vi con Jaime, me dijo que algún día me iba a pagar el doble de todo lo que yo hacía por él”, rememora. Lo que no sabía Jaime, es que ella entregaría el resto de sus días en la búsqueda de esclarecer los hechos que cegaron su vida. “Tristemente, en el caso de Jaime, ni siquiera pudimos tener audiencia de imputación de cargos. No hay nadie que esté detenido por el crimen de él”, se lamenta.
Según la ONU, las fuerzas de seguridad “han perpetrado un elevado número de asesinatos premeditados de civiles y han presentado fraudulentamente a esos civiles como ‘bajas en combate’”. Jaime, quien cometió el ‘delito’ de ser pobre, es uno de esos casos. Diferentes organizaciones no gubernamentales destacan que estos actos perpetrados por el Estado colombiano se presentaron desde la década de los 80, pero que se agravaron desde 2004 cuando Uribe Vélez implementó la doctrina de ‘seguridad democrática’.
Carmenza Gómez es una de las madres de Soacha, una población al sur de Bogotá, a quien el Estado colombiano le arrebató a dos de sus hijos. El 23 de agosto de 2008, Víctor, un joven que había prestado el servicio militar obligatorio, fue sacado del centro del país para ser llevado, como Jaime, a Ocaña. Carmenza y su hijo John, fueron de los primeros familiares en reconocer a uno de los suyos en las fosas comunes en las que eran sepultados los jóvenes como NN. En 2009, John fue asesinado por buscar la verdad en el caso de su hermano.
La muerte de Jaime Castillo sigue en la impunidad, pero no es la única, “hay varios de los casos de Soacha que nunca se esclarecieron”, comenta Jacqueline. El informe de la ONU resalta que la injusticia es una de las causantes de estas prácticas estatales: “La tasa de impunidad de los homicidios atribuidos a las fuerzas de seguridad se estima actualmente en la alarmante cifra del 98,5%”. Un informe entregado por la Fiscalía señala que fueron 2.248 las víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 1988 y 2014, pero hasta el momento ningún militar de alto rango ha sido condenado.
En febrero de 2019, Human Rights Watch había denunciado que los militares implicados en ejecuciones extrajudiciales (mal llamados “falsos positivos”) habían sido ascendidos por el presidente uribista Iván Duque. Por ejemplo, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, fue designado como Comandante del Ejército Nacional de Colombia aún cuando sobre sus espaldas cae la responsabilidad de 23 ejecuciones perpetradas por soldados de la Décima Brigada Blindada en 2005 en donde era segundo al mando.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) [la justicia creada luego de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado y la guerrilla de las FARC y a la cual se acogieron muchos militares] resalta que el fenómeno de los ‘falsos positivos’ se presentó en todo el territorio nacional. Álvaro Uribe Vélez, presidente de la época, Juan Manuel Santos, Ministro de Defensa para ese entonces, y Mario Montoya Uribe, General del Ejército entre 2006 y 2008, nunca han reconocido esa práctica como una política de Estado, pero hay datos que contradicen sus versiones.
En 2008, cuando las Madres de Soacha hicieron visible la problemática, el Ejército de Colombia estaba dividido en siete brigadas y en todas se presentaron casos de ejecuciones extrajudiciales. Colombia tiene 33 divisiones territoriales (32 departamentos y un distrito capital, Bogotá) y en 32 de ellas se presentaron reportes de ‘falsos positivos’. “Hemos encontrado patrones a nivel nacional: buscaban personas que no tenían trabajo, personas de bajos recursos sin posibilidades de solventar su vida y los engañaron con falsas propuestas”, ilustra Jacqueline.
“Recibimos mensajes a través del Twitter y del Facebook, de personas de la Guajira, Ibagué, Pereira, de los Llanos Orientales, de Medellín y de varias regiones en donde nos dicen: “A mi hijo le sucedió lo mismo”. Hace poco hemos tenido contacto con otras personas en Bogotá, en el barrio Juan Rey, en la salida a Villavicencio, comentándonos que para el 2008 hubo desapariciones masivas”, afirman desde MAFAPO y complementan que muchos casos permanecen en la oscuridad por el miedo de las familias a denunciar (estiman que puedan ser alrededor de 10.000 asesinados).
La condición socio económica era determinante a la hora de seleccionar sistemáticamente las personas para ser ejecutadas. No hay otro rasgo de carácter ideológico, racial y/o religioso que tengan en común los ejecutados. Soraida Muñoz, madre de Jony Duvían Soto Muñoz, otro de los jóvenes de Soacha acribillado en Ocaña, señaló en audiencia pública ante la JEP que su hijo prestó el servicio militar y que soñaba con seguir una carrera en el Ejército de Colombia. Su testimonio concuerda con el de otras víctimas, que enuncian que los jóvenes asesinados pertenecieron a la institución en el pasado.
Otro factor que determinó el asesinato de civiles fue la presión impuesta por el General del Ejército, Mario Montoya Uribe, durante el periodo 2006–2008. “Existen vínculos entre los militares y los narcotraficantes y otros grupos de la delincuencia organizada. Como las unidades militares locales no quieren entrar en combate con los grupos ilegales con los que cooperan, el asesinato de civiles presentándolos falsamente como miembros de esos grupos hace parecer que las unidades militares están tomando medidas contra ellos”, señala el informe de la ONU.
Mario Montoya Uribe fue vinculado al Macro-proceso número 003 que se adelanta en la JEP y que cobija a las “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” ya que fue mencionado por más de once de exmilitares. En un documento firmado por el General cuando era el hombre más importante del Ejército se puede leer: “Las bajas es la mejor acción integral, porque potencializa la moral de la tropa, desmoraliza al enemigo y aumenta la credibilidad de la población civil en su Ejército.Las bajas no es lo más importante, es lo único”.
Ante la JEP el militar de más alto rango que ha sido llamado para rendir su versión libre no quiso aceptar su responsabilidad y culpabilizó de lo sucedido a sus subalternos: “Eran soldados muy pobres, ignorantes, no entendían la diferencia entre resultados y bajas, por eso cometieron los falsos positivos». Desde MAFAPO creen en “el proceso que está haciendo la JEP porque ha sido bastante importante, y pueden tener la oportunidad de saber la verdad”, pero reconocen que tristemente “hay varios de los militares, que no están aportando verdad”.
Las víctimas han criticado constantemente el sistema judicial colombiano porque dicen que beneficia a los verdugos. “En la justicia ordinaria nunca se avanzó porque los abogados de los militares siempre obtenían disculpas y se aplazaban las audiencias”, recuerdan desde MAFAPO y cuestionan que cuando ellas han pedido permisos o aplazamiento de algunas diligencias estos no han sido concedidos. Además, reconocen que las siguen amenazando: “A través de las redes sociales hemos recibido mensajes bastante incómodos”.
Los familiares de los asesinados admiten que lo más difícil de todo este proceso es que ya cumplieron 12 años de larga lucha y los militares, que se acogieron a la JEP, están todos en libertad. “Sentimos que estamos otra vez en cero”, cierra Jacqueline, pero no pierde la esperanza de que sean llamados a declarar Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez para ver si por fin cuentan la verdad de la desaparición de los pobres a los que mató el Estado para engordar las cifras del Ejército.
May 16, 2019 | DDHH, Novedades
Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora emitió un comunicado rechazando la instalación de las ecobicis frente a la Iglesia San Patricio.
El domingo 4 de julio de 1976 la parroquia San Patricio del barrio Villa Urquiza no abrió como era costumbre. La misa no comenzó y los feligreses agolpados en la puerta empezaron a impacientarse. Uno de ellos fue a la casa sacerdotal y encontró cinco cuerpos acribillados por la espalda con decenas de disparos en la cabeza y el tórax. Los sacerdotes Alfredo Kelly, Alfredo Leaden, y Pedro Dufau y los seminaristas Emilio Barletti y Salvador Barbeito fueron asesinados esa madrugada por una patota a los servicios de la última dictadura cívico-militar. El colectivo Palotinos por la Memoria y la Coordinadora Barrios por la Memoria y la Justicia lideraron el año pasado, en el cuadragésimo segundo aniversario de la masacre, el emplazamiento de tres baldosas para recordar a las víctimas. “La colocación tuvo una repercusión muy grande porque se hizo con Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. y Madres de Plaza de Mayo. Los organismos de derechos humanos estuvieron todos representados”, rememora Ramiro Varela, miembro de Palotinos por la Memoria y uno de los organizadores del homenaje. Desde hace dos semanas una estación de bicicletas colocada por el Gobierno porteño, sin consultar con la comunidad, espera a ser inaugurada en el mismo sector en donde están esos símbolos y otros que homenajean a las víctimas de ese quíntuple crimen.
“Es prácticamente imposible que esto lo desconocieran”, subraya Varela. Además de las baldosas, en este lugar histórico se encuentran cinco monolitos, un altar recordatorio y un cinerario donde descansan las cenizas de muchos miembros de la comunidad. “Hay una obstaculización deliberada de la visual de ese espacio de la memoria, como parte de una política sistemática. Esa refundación del espacio público que ellos (por el Gobierno de la ciudad) pretenden tiene que ver con censurar una producción simbólica obrada para reivindicar la memoria”, afirma.
La estación, con lugar para 20 bicicletas, que está sobre la calle Estomba, entre Echeverria y Sucre, todavía no ha entrado en funcionamiento y se desconoce cuándo está planificada su inauguración. “Fueron a un lugar donde se sabe qué pasó y se sabe las cosas que se hicieron para mantener viva la memoria, por lo cual no podemos interpretar esto como un error. Lo entendemos como algo deliberado, una provocación y un atropello”, amplia Varela.
Baldosas por la Memoria había instalado los recordatorios el año pasado en un acto multitudinario.
La colocación de esta estación naranja y con patrocinadores bancarios levantó la solidaridad de Madres de Plaza de Mayo. Línea Fundadora que emitió un comunicado el pasado lunes titulado “Larreta no respeta la memoria de los mártires palotinos” y en el que ‘repudian y acompañan el pedido de retiro urgente de las instalaciones (estación de bicicletas)”.
Además, desde la legislatura porteña también se han elevado voces por el hecho. La legisladora por Unidad Ciudadana, Paula Penacca, realizó un proyecto de declaración en el que ‘manifiesta su preocupación por la instalación de una estación de EcoBici en la Iglesia de San Patricio, ofendiendo un lugar de memoria y respeto para la comunidad religiosa”.
Por su parte, la legisladora Andrea Conde (Unidad Ciudadana) presentó un pedido de informes exigiendo explicaciones al Gobierno de la Ciudad. En dicho documento se le pide al Poder Ejecutivo que “indique si se consultó o si se dio aviso a las autoridades de la Parroquia San Patricio, a la Junta Comunal Nº 12 y a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la colocación de la estación de bicicletas” y “qué criterio se utiliza para definir los lugares donde se colocan las estaciones”.
