Mar 25, 2025 | DDHH, Destacado 3
De los disparos a la murga de la Villa 31 no bien asumió Macri al cartucho de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza de Pablo Grillo bajo el gobierno de Milei. Un problema que la democracia no pudo solucionar.
Represión durante la protesta de los jubilados en septiembre de 2024.
Mientras el fotoreportero Pablo Grillo, víctima de un balazo de gas de la Gendarmería, se recupera lentamente en el Hospital Ramos Mejía, ANCCOM repasó la última década de represión a manos del Estado. El término “violencia institucional” tiene múltiples definiciones y alcances. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y presidente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) considera que “cuando hablamos de violencia institucional se piensa mucho en la represión policial o militar, pero esta se manifiesta de muchas maneras. La violencia institucional parte de los poderes del Estado: está tambien en la discriminación, en expresiones y condicionamientos”.
Para Manuel Tufró, director del área de Justicia y seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), “es una forma de violencia estatal que no requiere de un plan centralizado para existir, eso la diferencia del terrorismo de Estado. Es una violencia más difusa, que depende del modo en que funcionan las instituciones”.
Por su parte, María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), sostiene que “en lo que hace a la militancia de Correpi, preferimos utilizar la expresión represión estatal”. A su criterio, “violencia institucional es el género y represión estatal es una de sus especies”. Desde Correpi identifican dos tipos de represión estatal: la preventiva y la selectiva. “La represión selectiva se dirige sobre los sectores organizados de la clase trabajadora, a través de la criminalización de la protesta y la represión, por ejemplo, y la represión preventiva es la represión de control social en los barrios, invisibilizada hacia adentro de la clase que la padece y naturalizada hacia afuera”. Verdú afirma que hay dos nociones centrales con respecto a esto, control social y disciplinamiento: “Al que ya sale a protestar, lo disciplinan. Al que potencialmente podría organizarse y salir, le aplican el control social para que tengan miedo y se queden quietos en sus casas”.
Tanto Tufró como Verdú hablan de las dificultades que supone la falta de un registro estatal sobre los casos. “No tenemos datos concretos. casos de gatillo fácil, por ejemplo, hay infinidad que nos vamos a enterar en los próximos meses cuando la familia se contacte. Todos los años incorporamos casos de años anteriores”, afirma Verdú con respecto al Archivo de Casos que Correpi realiza desde 1996. “No existe una producción de datos o de información que permita hacer una medición detallada de la violencia institucional y de su evolución”, sostiene Tufró. “El Estado no lo produce y lo que producimos las organizaciones son datos de algunos indicadores, pero esos indicadores no hablan de la generalidad de la violencia institucional”, agrega.
Pese a la dificultad de acceder a los datos concretos, el trabajo de las organizaciones logra ciertas certezas. “Lo que se sostiene y persiste es que la violencia institucional se concentra cada vez más sobre las personas pobres, jóvenes varones pobres particularmente”, establece Tufró. Otro dato certero es que la mayor cantidad de muertes por violencia policial ocurren cuando el oficial se encuentra de civil. “En estos últimos años el 70% u 80% de los casos de muertes por policías se dieron cuando estaban fuera de servicio. Se llevan el arma a su casa y matan a personas que supuestamente les van a robar”, afirma el integrante del Cels.
Florencia Torres, de la murga «Los Auténticos Reyes del Ritmo» luego de la represión. Año 2016.
2015-19: Macri con Bullrich
29 de enero de 2016. La murga Los Auténticos Reyes del Ritmo del barrio de Bajo Flores ensayaba en la calle, cuando dos móviles de Gendarmería los encararon con el auto para pasar. Antes de que pudieran despejar la calle, los gendarmes comenzaron a dispararles balas de goma. La ministra de Seguridad presentó los hechos como un enfrentamiento de los oficiales con una banda narco.
En febrero del mismo año, Bullrich presentó el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas. Este identificaba la libre circulación de personas y bienes como el principal derecho a ser defendido por las Fuerzas de Seguridad y omitía regular el uso de armas de fuego, ya que no establecía ninguna disposición respecto al armamento autorizado en los operativos. “Durante la gestión Macri se produjo un recrudecimiento profundo de todas las estrategias represivas del aparato estatal, al punto tal de que a mediados de 2017 hablábamos de un estado de excepción con suspensión de derechos y garantías”, afirma Verdú.
La administración de Bullrich en el Ministerio de Seguridad durante estos años fue caracterizada por la denominada “Doctrina Chocobar”. El nombre hace referencia al caso del policía Luis Chocobar, quien estando de civil asesinó a Juan Pablo Kukoc, tras ver al joven robarle a un turista en La Boca. Las imágenes del hecho demuestran que Kukoc escapaba cuando el policía le disparó por la espalda, desmintiendo la versión del oficial que aseguró haber visto en riesgo su vida. Luego de los hechos, Macri y Bullrich recibieron a Chocobar en la Casa Rosada y aseguraron estar orgullosos de su actuación.
“Algo que nunca había sucedido antes, en ninguna de las administraciones anteriores fue la normativización del gatillo fácil a través de resoluciones ministeriales, los famosos Protocolos Bullrich”, sostiene Verdú. A través de la resolución 956/18, el Ministerio de Seguridad amplió la posibilidad del uso de arma de fuego para las fuerzas federales para “cuando resulten ineficaces otros medios no violentos”. A su vez, se exceptuaba el deber de dar voz de alto en las situaciones donde “resultara ello evidentemente inadecuado o inútil”.
“Durante esta gestión se superaron todos los récords de cantidad de personas encarceladas, de la tasa de prisionización y la tasa de crecimiento interanual de personas detenidas”, expresa el informe 2019 de la Comisión Provincial por la Memoria.
Represión en la protesta contra la Ley de Reforma Previsional en diciembre de 2017.
De acuerdo a la CPM, estos indicadores muestran una política de seguridad dirigida únicamente a una mayor captación de personas por parte del sistema penal, y no a una desarticulación de los mercados delictivos. “En casi cuatro años no existieron políticas públicas destinadas a la prevención, asistencia o sanción de la tortura. A la par, asistimos a la descomposición acelerada de un Poder Judicial que no previene ni sanciona estas violaciones de derechos humanos y que es parte constitutiva de su realización”, denuncia el informe. De acuerdo a los datos de la CPM, la Gobernadora bonaerense en ese entonces, María Eugenia Vidal, culminó su gestión con 51.000 detenidos que se alojaron en 21.000 plazas: la sobrepoblación carcelaria creció del 72% al 118%. La CPM sostiene que esta tasa de prisionización fue la más alta del país, con 294 detenidos por cada 100.000 habitantes.
Con un discurso punitivista y apologista de la “mano dura”, en estos cuatro años se profundizó la criminalización de la protesta, la persecución a los pueblos originarios enmarcada en un discurso “antiterrorista” y el aumento del índice de prisionalización junto a una narrativa de “guerra contra el narcotráfico”. De acuerdo al informe de Correpi, en los 1.435 días del gobierno de Macri fueron asesinadas 1.926 personas por el aparato represivo estatal.
La madre de Facundo Astudillo Castro reclama por la desaparición de su hijo en julio de 2020.
2019-23: Fernández con Sabina Frederic y Aníbal Fernández
30 de abril de 2020. Facundo Astudillo Castro salió a dedo desde su casa en Pedro Luro hasta Bahía Blanca. En el camino, fue detenido en dos ocasiones por la Policía Bonaerense, por no contar con permiso para circular durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). A la misma hora de la segunda detención, tres testigos declararon haber visto un patrullero estacionado en la banquina junto a dos policías y un joven. Uno de esos oficiales afirmó que Astudillo Castro se había ido en un auto luego de ser detenido, pero más tarde cambió la historia y afirmó que el joven se había ido caminando. Facundo permaneció desaparecido durante cuatro meses. El 15 de agosto, restos de su cuerpo fueron encontrados en un cangrejal cerca de Bahía Blanca. La autopsia del cuerpo arrojó que fue una muerte violenta, no natural, pero no pudo determinarse la causa. La Policía Bonaerense, conducida políticamente por Sergio Berni, entorpeció y manipuló la investigación, hostigó a testigos, amenazó a la familia de la víctima, a sus abogados y a familiares de la exnovia. A más de cuatro años de los hechos, ninguno de los policías sospechados por la desaparición forzada seguida de muerte ha sido imputado.
“La gestión de Alberto Fernández es el mejor ejemplo para explicar cómo la etapa que está atravesando el gobierno influye en las políticas específicas que adoptan”, sostiene Verdú. “Durante esta gestión tuvimos tres etapas muy claras, una primera donde tenía un porcentaje de adhesión muy alto y se pudieron dar el ‘lujo’ de designar en Seguridad a Sabina Frederic, una persona que no está alineada a este tipo de políticas represivas”, afirma la abogada. Frederic asumió como ministra de Seguridad el 10 de diciembre de 2019. El 24 del mismo mes, a través de la resolución 1231/19, derogó la Resolución 956/18 que establecía el Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego y otra batería de normativas implementadas por Bullrich. “Eso fue un borrón y cuenta nueva, volver a la legislación preexistente, los pactos internacionales, lo que dice la Constitución. Solo con eso se produjo un descenso importante del gatillo fácil en todo el país”, sostiene Verdú.
“La segunda etapa empezó con la irrupción de la pandemia. En ese momento había un 47% de la población precarizada que si no salía a laburar no morfaba, y el Estado en lugar de poner fondos para el bolsón de comida, la asistencia médica, el agua potable, puso la guita en el aparato represivo para garantizar el ASPO por la fuerza. Los casos de gatillo fácil subieron a pesar de que no había gente en la calle”, repasa la abogada. “Tercera etapa: perdieron las elecciones legislativas, se produce el recambio de Sabina por Aníbal Fernandez y volvimos otra vez a la sopa. A partir de ahí no hubo diferencia en la política represiva entre Nación y provincia de Buenos Aires, donde estaba Berni”, apunta.
El gobierno de Alberto Fernández concluyó con un saldo de 1.924 casos de víctimas fatales de violencia institucional. Durante esta gestión se hizo notable el aumento de muertes en lugares de encierro, que superó a los casos de gatillo fácil. En 2020, más del 70% de los casos de muertes por represión estatal se dieron en cárceles. Esto se debió al crecimiento de la tasa de encarcelamiento, el hacinamiento en los sitios de encierro y la falta de medidas sanitarias adecuadas en una situación de pandemia.
Asamblea Legislativa en marzo de 2024.
Milei con (otra vez) Bullrich
Pablo Grillo tiene 35 años y es fotógrafo. El 12 de marzo de 2025 se acercó al Congreso donde, como todos los miércoles, los jubilados reclaman por una mejora en sus condiciones económicas, siendo reprimidos semana a semana. Esta vez, la movilización tuvo un factor especial: hinchas de clubes de fútbol se autoconvocaron para ir a defenderlos de los palos y los gases del Comando Conjunto al que la ministra Bullrich suma cada vez más fuerzas. Alrededor de las 17 horas, la represión policial estaba enteramente desplegada contra los manifestantes. A unos 150 metros del Congreso, Grillo se resguardó detrás de los restos de un mueble prendido fuego, buscando una imagen de la represión estatal: la Gendarmería avanzaba con el camión hidrante, tirando gas y balas de goma entre el humo. En ese momento, una granada de gas lacrimógeno impactó sobre su cabeza. Grillo aún permanece internado en terapia intensiva del hospital Ramos Mejía, con un cuadro delicado.
La pistola lanza-gas con que Grillo fue herido está prohibida en gran gran parte del mundo por ser potencialmente letal. En Argentina su uso era ilegal desde el 2010 –dos años antes fue uno de sus cartuchos el que impactó en la nuca del maestro Carlos Fuentealba– pero Patricia Bullrich lo volvió a permitir en 2023. Esta pistola debe ser disparada siempre hacia arriba en un ángulo de 45 grados. A través del peritaje y fotografías del momento que logran reconstruir los hechos, se probó que el proyectil que impactó en la cabeza de Grillo fue disparado en línea recta con una trayectoria descendente, por fuera de cualquier protocolo de uso. La represión fue premeditada y de carácter disciplinante. El día previo, la ministra Patricia Bullrich afirmó: “Que no se animen, porque nos van a encontrar”. Para Pérez Esquivel, “la represión de los miércoles es como un Estado de sitio, pero acotado a jubilados y a quienes se solidarizan y van a la movilización”.
Javier Milei llegó al poder con un discurso que reivindica la última dictadura cívico militar, y eligió como ministra de Seguridad a Bullrich, que volvió a ocupar el puesto tras salir tercera en las elecciones presidenciales. Tanto el Presidente como la Ministra tenían el mismo lema durante la campaña: “El que las hace, las paga”. Este eslogan punitivista se transformó rápidamente en una medida concreta: a través de la Resolución 943/23, publicada el 14 de diciembre de 2023, Bullrich efectivizó el denominado “Protocolo Antipiquetes”. Este establece que cualquier manifestación pública en la que se corte la calle constituye un delito que habilita la intervención de las fuerzas de seguridad, sin necesidad de orden judicial. El protocolo también dispone que se buscará identificar y judicializar a los manifestantes, habilitando la persecución y criminalización de quienes ejercen el derecho a la protesta, y aprueba que el Ministerio de Seguridad demande a las personas y organizaciones involucradas para que se hagan responsables del costo del operativo represivo. También deroga la Resolución 210/11 que fijaba las reglas y pautas de la actuación policial, y establecía: “El objetivo fundamental de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad que actúen en manifestaciones públicas es el respeto y protección de los derechos de los participantes”. Así, el “Protocolo Antipiquetes” elimina las regulaciones del accionar de las fuerzas al tiempo que amplía su capacidad de intervención en detrimento del derecho a la protesta.
Durante la movilización en repudio a la denominada “Ley Bases”, la policía reprimió y detuvo arbitrariamente a 33 personas. El Gobierno sostuvo que intentaban realizar un golpe de Estado y los acusó de sedición, trasladando a los detenidos a diferentes penales federales. Las detenciones arbitrarias durante las movilizaciones cobran otra perspectiva a partir de la reciente modificación del Código Penal, que incorpora la figura de reiterancia.
Otra normativa donde las agrupaciones de derechos humanos ponen especial atención es en la denominada “Ley anti-mafias”. En su texto, el objetivo de la ley se establece como “brindarle al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales”. Establece que son grupos de tres o más personas que “actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”. De acuerdo al informe 2024 de Correpi, esta definición es “confusa y permeable a cualquier interpretación”. La ley incorpora el término “zona sujeta a investigación especial”, donde las fuerzas policiales podrán detener a una persona sin causa previa entre 48 horas y 15 días para hacer averiguaciones. También habilita, entre otros puntos, requisas, allanamientos e intervención de llamadas telefónicas y mensajería. Desde el Cels interpretan que: “La “organización criminal” deja de ser algo cuya existencia hay que demostrar y pasa a ser un argumento a priori para establecer zonas de excepción en las que no rigen las garantías”.
De acuerdo al archivo de casos de Correpi, en el año y tres meses que lleva de gestión Javier Milei fueron asesinadas 549 personas por el aparato represivo estatal, entre ellas Rodrigo Torres y Fernando Gómez en Salta a manos de la Gendarmería, y hubo más de 200 detenciones de manifestantes bajo la figura de “resistencia a la autoridad”. Por su parte, en el informe “Milei. 1 año”, el Cels contabilizó hasta septiembre de 2024 723 personas heridas por la represión policial, 50 de ellos trabajadores de prensa.
Consultado sobre el momento actual, Pérez Esquivel afirma que “el gobierno viola la Constitución, el derecho a manifestarse de los pueblos, y quiere disciplinar las protestas sociales”. El Premio Nobel también se refirió a la jueza Karina Andrade, que liberó a los detenidos por protestar el 12 de marzo: “La jueza procedió y ahora está siendo blanco de ataques, este gobierno quiere disciplinar también a la justicia”. En tal sentido, sostuvo que “la política se ha bastardeado, ha perdido valores, como también el Poder Judicial, perdió valores jurídicos de independencia de poderes. Hay una degradación política e institucional. Argentina ha retrocedido más de cincuenta años”.
María del Carmen Verdú, por su parte, considera que “estamos viviendo un momento absolutamente inédito y novedoso de ruptura de los consensos históricos”. A su criterio, “lo que ellos llaman batalla cultural en realidad es la destrucción de los consensos democráticos. Para eso llevaron adelante una política de instalación en el sentido común de cosas como la reivindicación explícita de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, la estigmatización de las luchas llamando terroristas, golpistas y subversivos a las organizaciones, el incentivo sistemático al odio”. Concluye Verdú: “No es que antes viviéramos en el paraíso de la tolerancia pero estas expresiones que estaban segmentadas y no eran convalidadas mayoritariamente ahora forman parte del sentido común, impulsadas por el manejo excelso que tiene el Gobierno de las redes y la prensa hegemónica”.
Estela de Carlotto y Adolfo Pérez Esquivel reclaman por libertad de los detenidos durante la sanción de la Ley Bases en 2024.
De aquí en adelante
Para Tufró, la herramienta principal de la ciudadanía frente a la violencia institucional es organizarse. “No hay nada que pueda reemplazar a la organización, toda la historia del activismo contra la violencia policial demuestra eso”, afirma. Por su parte, Pérez Esquivel sostiene: “La Argentina viene con una experiencia de la resistencia, pero la mayor resistencia que hay que hacer es la cultural, es desarmar la violencia que nos han metido, comenzar a volver a crear los acuerdos, la unidad. Si no conseguimos la unidad estamos perdidos. La unidad debe ser en la diversidad”, postula el Nobel de la Paz. “La riqueza de los pueblos es la diversidad, pero tiene que haber objetivos centrales en la unidad: no a la pérdida de soberanía, los derechos de los pueblos originarios, de las mujeres, de los niños. Democracia significa derecho e igualdad para todos y todas. Hoy no lo tenemos, lo hemos perdido. La forma de enfrentar esto es la unidad, con la gente en la calle y las organizaciones trabajando y construyendo”.
Ene 9, 2019 | Novedades
“Hay que dejar de pedirle permiso al diccionario para hablar”, dice desde su despacho Santiago Kalinowski, doctor en Letras y director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras. En las últimas semanas, los medios visibilizaron un fenómeno que el debate en torno a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) logró sumar a la agenda pública: el lenguaje inclusivo. Para Kalinowski, sin embargo, esa discusión está bastante lejos de ser nueva.
También conocido como “lenguaje de género” o “no sexista”, el lenguaje inclusivo consiste en una serie de modificaciones en la lengua española para introducir un género neutro en los casos en los que se hace referencia a un individuo cuyo género no es marcado (ni femenino ni masculino), o a un grupo de individuos de varios géneros para lo que hoy se utiliza el masculino genérico (como por ejemplo “los estudiantes”, aunque sean varones y mujeres). Esta forma de utilizar las palabras produce conflictos porque sugiere la necesidad de cambios profundos en las composiciones gramaticales. Sin embargo, muchos colectivos que adscriben a ideologías de género las utilizan habitualmente. La discusión llegó a la superficie mediática cuando estudiantes secundarias se refierieron a “les diputades” en varias entrevistas periodísticas durante el crucial debate en la Cámara Baja. Las consultas empezaron a llover y la Academia publicó un pronunciamiento.
¿Cuándo comenzó a trabajar este tema?
Nosotros tenemos el servicio de consultas idiomáticas y somos una institución que entiende en cuestiones de lengua desde siempre, como cualquier academia. Empezamos hace bastante tiempo a recibir una demanda muy fuerte de consultas de los usuarios primero y después de la comunidad de medios. Y eso, cuando salió el video de una chica de un centro de estudiantes hablando con lenguaje inclusivo, de repente invadió la agenda pública. Pero eso fue simplemente el catalizador, esto es un proceso que viene hace como veinte años más o menos.
¿Tan antiguo es el fenómeno?
El estado actual de la cuestión, con el uso de la e, es simplemente el último capítulo de la discusión sobre el masculino no marcado, que viene desde que existió la necesidad de tratar de lograr que la sociedad tome conciencia de la situación de desigualdad que hay entre los géneros, de un género que tiene supremacía y uno subordinado. En el año 1999 salió publicada con desdoblamiento la constitución de Venezuela. Es un caso muy sonado porque es bastante difícil de leer. Todo el documento está escrito con o y con a. No se puede decir gobernador sin decir gobernadora, ministro sin decir ministra, presidente sin decir presidenta. Entonces quedan unas cláusulas totalmente kilométricas. Por ejemplo “si el cargo del presidente o la presidenta o el cargo del vicepresidente o la vicepresidenta o el cargo del gobernador o la gobernadora”… Digamos que, estilísticamente, se vuelve una pesadilla.
Muy difícil de leer…
Como era tan engorroso, se ensayaron opciones que ahorraban el desdoblamiento. Primero apareció la arroba, que a mucha gente le pareció que era binaria también porque es un signo que parece una o adentro de una a o algo así. Ante éste problema se propuso usar la X, que era no binaria, pero no es pronunciable. Entonces apareció la posibilidad de usar una vocal que no sea ni la a ni la o, con tradición de ocupar el lugar de vocal desinencial.
Entonces se incorporó la e…
Claro. En español en el final de las palabras solamente hay tres vocales, la o, la a y la e. Entonces por eso se prefirió la e, aunque trae otros problemas.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo el problema de que “lectores” es masculino, entonces vos podés decir “les lectores”, pero sigue sonando muy masculino porque existe lectoras. Algunos lo que hacen en lugar de decir “les lectores” es decir “les lecteres”: cambian una vocal más para atrás.
Entonces el lenguaje inclusivo genera problemas gramaticales…
Genera un tema que es que no existe morfología en la lengua española. El género gramatical en español está estructurado de esa manera. Tiene una versión no marcada que es masculina, el masculino genérico, y que incluye a personas de todos los géneros. Por otro lado está el masculino marcado y el femenino marcado. No existe femenino genérico. El masculino sirve para dos cosas y el femenino sirve para una sola. Eso se puede remontar a la noche de los tiempos de la codificación gramatical.
¿Es una convención casual?
Es convincente pensar que dinámicas que eran propias de la especie vienen de mucho tiempo antes. Por ejemplo, que es el macho de la especie el que monopolizaba la fuerza física, el que distribuía los recursos valiosos, acaparaba los espacios de poder. Desde el punto de vista de la larga evolución humana no es casual que haya sido el masculino el que haya asumido ese rol. No es una conspiración entre los tipos que dijeron “vamos a hacer así”. Es tan abrumadora la presencia del macho de la especie en todos los lugares de mayor visibilidad que se da solo. Se asume que si hay un espacio, ese espacio es de hombres. Porque las lenguas funcionan en base a generalizaciones. De otra manera no podríamos hablar.
“Hay que dejar de pedirle permiso al diccionario para hablar”, dice desde su despacho Santiago Kalinowski.
Posiciones y cruces
El debate en la academia ha resultado en posiciones a favor y en contra. En el año 2012, la Real Academia Española (RAE) emitió un informe donde criticaba las intervenciones de este tipo a la lengua española por un grupo de guías “por un lenguaje no sexista”. En un tweet de enero de este año, la Academia reafirmaba su posición frente a estas expresiones definiéndolas como “innecesarias y artificiosas”. Por otro lado, grupos feministas y ciertos académicos consideran que su uso es válido y necesario puesto que, desde su perspectiva, el español está “atrasado” frente a ciertos cambios sociales.
¿Cuál es su posición frente a este tipo de lenguaje?
Nuestra postura es que el lenguaje inclusivo es un recurso de intervención del discurso público que persigue un fin en la sociedad, que es el de echar luz sobre un problema, denunciar una desigualdad y eventualmente crear las condiciones para cambiarla. Es decir, pertenece al ámbito de la retórica, no es un fenómeno lingüístico. No sé si alguna vez lo va a ser, es muy difícil por otras razones. Tiene una extraordinaria potencia y, como se subordina al progreso social, es un recurso fantástico y necesario. Pero si se estudia dónde, cuándo y cómo aparece, se da cuenta de que su ámbito natural de circulación es el discurso público: una entrevista, una pancarta, un tweet.
¿No lo considera un proto-cambio lingüístico?
Me parece que plantearlo en esos términos es ya darle estatuto de cambio. Desde un punto de vista lingüístico, no podemos decirlo. Es una intervención consciente, calculada, planificada y muy potente e interesante porque no tiene precedentes. Se puede decir que es la formulación discursiva que rodea una lucha social y política. Y eso es algo de toda la vida: toda lucha social y política conformó alrededor un tipo de discursividad propia.
Pero podría pasar de lo retórico a lo lingüístico…
Todos los que intervienen en este debate presuponen que a la lengua la cambian cinco ‘changos’. Es tal la vehemencia con la que se lo rechaza como con la que se lo defiende. El valor principal de las lenguas es adaptarse a las novedades manteniéndose fiel a sí mismas. Si uno hablara con una persona del siglo XVIII se entendería perfectamente, dirían: “Uh usted habla raro. Usted también” y ahí se acabó. Para que esto ocurra hay que cambiar todas las vocales desinenciales, todo el sistema de pronombres y toda la estructura morfológica. La dimensión es totalmente desproporcionada: por eso digo que es muy difícil. Es reestructurar algo que en la mente de los hablantes está en un lugar de altísima jerarquía, que es muy abstracto.
«Nuestra postura es que el lenguaje inclusivo es un recurso de intervención del discurso público que persigue un fin en la sociedad», dice Kalinowski.
¿Es útil entonces hablar en inclusivo?
Cuando uno escucha una fórmula de inclusión, no puede evitar tener conciencia de que hay alguien detrás que se planta frente a un problema, lo que lo lleva a ver ese problema. Con el discurso se lo presenta. Es un problema tan grave que quien use el lenguaje inclusivo necesitó por medio de esa forma denunciarlo. A partir de allí, uno no puede estar al margen, ya se involucra. Porque le molesta o porque le suena raro, pero se involucra. En ese sentido, es muy potente y muy necesario.
Frente a las posturas que no lo rechazan pero lo consideran un cambio generacional ya instalado, ¿considera que el español está atrasado a los cambios culturales?
Creo que es un fenómeno de nicho. Su ámbito de circulación es extraordinariamente restringido, hay grupos localizados con mucha visibilidad porque están a la vanguardia del movimiento: centros de estudiantes, el Congreso, algunos medios. Así como la lengua se configura a lo largo de miles de años y a través de generalizaciones, en esas generalizaciones se actualizan prejuicios de tipo racial, cultural y político. Atrasar, por supuesto que atrasa: es un poco algo que está dado. Y por ejemplo si uno quiere que deje de haber palabras racistas lo que tiene que hacer es terminar con el racismo. Como se trata de un pronunciamiento político, uno no puede coartarle a nadie la voluntad de pronunciarse ante una causa tan importante como esta, que la siente de una manera tan íntima y tan fuerte con argumentos gramaticales. Porque si uno se lo impide con argumentos gramaticales, esos argumentos, como se trata de un fenómeno político, no se leen y no se entienden como otra cosa que una intervención política.
Como lo hizo la RAE y otros grupos opositores…
Hay un problema de apreciación del fenómeno: se está tratando de lingüístico algo que no es lingüístico. Todas las organizaciones militantes escuchan eso como un intento de un organismo (la RAE) que tiene mucho poder de comunicación, de horadar la lucha feminista, no como una declaración clínica de tipo gramatical. La lengua funciona como una manera mediada de discriminar a una persona por distintas razones: su sexo, su origen nacional, su clase social, su raza. Se convierte en un dispositivo para hacer lo que realmente quiero hacer: criticar a la mujer que reclama igualdad. En cambio, si una persona no usa el lenguaje inclusivo, está usando la gramática de su lengua y no lo podés acusar de nada a menos que diga barbaridades. Hay que bajar la ansiedad de que de repente va a haber una “policía del lenguaje inclusivo” y que si vos no lo usas te convertís en un “machirulo”.
Esa palabra estuvo en agenda por el uso que le dio la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para criticar a Mauricio Macri. ¿Qué piensa al respecto?
Para el discurso feminista fue un golazo. Esta palabra ya está en proceso de ponerse en el diccionario. Las declaraciones de gente de ese nivel le dan mucho ímpetu porque de repente un montón de gente se entera de lo que significa y dicen “ah, me viene bárbaro para decirle a éste que me acaba de rozar el culo en el transporte público, que me dice una guarangada”, porque hay un rol que esa palabra describe muy bien. Los hablantes necesitamos mover el léxico mucho más que todo lo otro.
Dic 13, 2018 | Comunidad, Novedades
Debora Kozak exponiendo en la audiencia por el cierre de los Institutos Docentes, el 24 de abril del corriente año.
La docente y rectora del Normal 1, Débora Kozak, murió la noche del lunes producto de una repentina encefalitis. Fue una de las máximas referentes de la comunidad educativa porteña en la lucha contra el proyecto UniCABA. Familiares, amigos y compañeros de trabajo la despidieron en un emotivo acto. El discurso de Darío Sztajnszrajber
“Todavía no lo podemos creer, fue todo muy repentino. La última vez que la vi fue el día anterior a que se votara UniCABA, en el acampe. Luchó hasta el final”, cuenta a ANCCOM una compañera de trabajo de Débora Kozak. La docente y rectora del Normal 1 murió la noche del lunes producto de una encefalitis repentina, generando conmoción en toda la comunidad académica. En un emotivo acto, familiares, amigos y colegas despidieron ayer a las 19 a una de las principales referentes de la lucha contra la reforma educativa del PRO en la Ciudad.
“Me dio un beso y un abrazo, me acuerdo. Era muy afectuosa”. Como vicepresidente del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal (CESGE), Kozak estuvo a la cabeza de la lucha contra UniCABA, la punta de lanza del ajuste en materia educativa impulsado por el oficialismo porteño. La iniciativa que procuró el cierre de 29 institutos de formación superior docente se convirtió en ley el pasado 22 de noviembre, luego de ser aprobada en la Legislatura de la Ciudad. Meses antes, en abril, Kozak advertía a ANCCOM las implicancias que este proyecto traería para la educación superior porteña: “Si tenés una sola universidad que promueve el pensamiento único, un sólo enfoque, una sola mirada, claramente hay un empobrecimiento del conocimiento, porque se afecta la diversidad”.
Tras confirmarse su fallecimiento, el CESGE emitió un comunicado donde afirmó comprometerse a “seguir su ejemplo y honrar su legado”. «Debora luchó contra la ignorancia, la hipocresía y la falta de humanidad en la educación», escribieron sus compañeros y agregaron: «Nos comprometemos a seguir su ejemplo y honrar su legado».
Por su parte, desde el gobierno de la Ciudad se decretó el cese de actividades de este miércoles para la totalidad de los 29 institutos de nivel terciario.
Huellas
Ayer por la tarde, familiares, colegas y estudiantes de Kozak colmaron la sala velatoria del barrio de Belgrano donde se le dio el último adiós. En un homenaje sentido, se la recordó como gran docente, madre y militante.
Entre los presentes estuvo el filósofo Darío Sztajnszrajber, quien conoció a la experta en educación en la lucha contra la implementación de la UniCABA. Emocionado, el ensayista brindó un breve discurso donde habló de la vida, la muerte y la “huella” de la docencia. A partir de esa reflexión, Sztajnszrajber subrayó la necesidad de continuar con la lucha por la educación pública.
A continuación, el discurso completo:
“El sinsentido de la muerte de alguna manera parece poder compensarse con el sentido que uno construye en la vida. Como formadora de formadores, Débora construyó la posibilidad de que muchos otros construyan sus propios sentidos, y eso tiene un valor agregado, porque está en otro plano. La vida de Débora fue un acontecimiento político porque apostó a esa construcción del sentido de manera democrática, igualitaria, para que todos, sin ningún tipo de distinción, pudieran acceder a su propia formación. Un docente, una docente deja huellas. Esa es la primera tragedia que tenemos los docentes: nuestra devoción por el otro nos vacía, hay un despojamiento absoluto en la apuesta por ese otro. La muerte siempre llega a destiempo pero hay destiempos que duelen y tal vez la mejor manera de homenajear a Débora es poder culminar con sus pendientes. Por ejemplo, muchos de los que estamos acá como comunidad docente, realizar el pendiente de Débora que es continuar la lucha que la encontró en los últimos tramos de su vida. Acá estamos algunos de los suyos. Hay un filósofo que se llama Jacques Derridá que dice que los ojos, más que un órgano que sirve para mirar, son un órgano que sirve para llorar. Tal vez en este llanto común, Débora, nosotros te sigamos viendo.”
Parte del pensamiento de Kozak puede encontrarse en el blog Pensar la Escuela, donde escribía asiduamente. El último texto que publicó fue para el portal de noticias Infonews y se titula “Lo que oculta la ley de UniCABA”.
En la nota afirmaba que la ley “apunta a la destrucción del sistema de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires” y “esconde un feroz ajuste presupuestario y también un negocio inmobiliario que ya ha empezado a manifestarse con la decisión de trasladar el Profesorado de Educación Física “Enrique Romero Brest”, cuyos terrenos en Núñez son muy codiciados”.
En su cuenta de Twitter, Kozak se definía como “educadora y madrex3”. En su biografía de esa red social, un corazón verde abortero acompaña su nombre; debajo se puede leer en forma de hashtag “No a la UniCABA”, la frase que sintetizó la resistencia contra la reforma educativa. Kozak eligió que pese a la sanción del proyecto, se mantuviera en su perfil público. Como si fuese una bandera. Una declaración de principios.
Nov 8, 2018 | Comunidad, Novedades
La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual presentó un exhaustivo informe que ya desde el título plantea un interrogante: “¿Qué es noticia para los noticieros de televisión abierta?” Desde febrero de 2013 hasta diciembre de 2017, el organismo elaboró un abordaje comparativo de lo construido como noticia para los canales de aire de la Ciudad: América, Canal 9, Canal 13, Telefé y Televisión Pública.
En total, se clasificaron y compararon 78.289 noticias que ocuparon 2.800 horas distribuidas en los cinco años de investigación. Entre las conclusiones más importantes, el trabajo señala que el mayor espacio se lo llevan las coberturas policiales y políticas. En contraposición, escasean aquellas destinadas a la salud, la educación, los migrantes, las personas mayores y a las problemáticas vinculadas con los derechos humanos o con las cuestiones de género. Además, quedó en evidencia el pobre trabajo que los periodistas realizan con las fuentes de información: cada año desciende la cantidad que citan. El informe completo se puede encontrar aquí.
Lucía Ariza es Doctora en Sociología (Goldsmiths, Universidad de Londres) y Magister en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural (UNSAM). Luciano Beccaria es Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA) y Magister en Estudios Latinoamericanos (UNSAM). Ambos son integrantes de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo de la Defensoría y participaron activamente de la confección de todos los monitoreos, desde el primero hasta este último. ANCCOM logró reunirlos para esta entrevista.
Aunque es un organismo que ya tiene sus años, dado que se fundó en 2012 y que fue creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), sería importante que cuenten cuál es la función principal de la Defensoría del Público.
Luciano Beccaria: (La Defensoría) Es el organismo que representa a las audiencias de radio y televisión en todo el país y, como tal, protege y promueve sus derechos. Su misión principal es recibir y canalizar las demandas y consultas de estas audiencias, las cuales pueden referir a vulneraciones del derecho humano a la comunicación o pueden requerir su presencia en cualquier parte del territorio argentino para desarrollar capacitaciones y otras actividades de promoción.
¿En qué contexto se inscribe la elaboración de este informe?
LB: Bueno, otra de las misiones de la Defensoría es convocar a organizaciones sociales, medios, centros de investigación, a crear un ámbito participativo y de debate permanente. Es en este punto donde se inscribe parte del trabajo que realiza la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, y en particular el desarrollo del monitoreo de noticieros de TV abierta.
Lucía, ¿de qué manera colaboraste en el proceso?
Lucía Ariza: Formé parte del diseño del estudio, definiendo junto al resto del equipo las variables a tener en cuenta: tópicos, actores, fuentes, sus dimensiones y valores. Ya que no había muchos antecedentes de estudios similares, y los que estaban a disposición no detallaban cuestiones técnicas como la composición de sus instrumentos de recolección de datos, se realizó toda una tarea para construir estos instrumentos.
¿Y vos, Luciano?
LB: Participé en ese trabajo colectivo de diseñar el instrumento de análisis y, particularmente, en el desarrollo del modelo de informes cualitativos, que tiene una fuerte impronta en el relevamiento de la información sobre sectores sociales históricamente vulnerados, y con los que la Defensoría trabaja permanentemente en distintos ámbitos.
LA: Otra tarea que también realizamos, además del mantenimiento y control de bases, procesamiento, análisis y diagramación de datos, es el diseño de los manuales de monitoreo y del documento metodológico, que son herramientas fundamentales para la socialización de lo que hacemos, para poder compartir con otros equipos de investigación, y para la capacitación de nuestro equipo y otros con los que hemos colaborado.
¿Qué resultado extraído del informe es el que más les sorprende? ¿Y cuál les parece más relevante?
LB: El que más me sorprende a mí, es el bajo índice de fuentes de la información explicitadas por cada noticia, número que se reduce año a año. El más relevante puede ser la brecha existente entre los tópicos con mayor presencia y duración, principalmente policiales y política, y aquellos que aportan información socialmente necesaria o refieren a sectores sociales históricamente vulnerados, y que en los noticieros aparecen marginados, como salud, educación, migrantes, pueblos originarios, géneros, niñez y adolescencia, personas mayores y derechos humanos.
LA: El monitoreo produce un gran volumen de datos y todos los datos son importantes porque contribuyen a distintas necesidades y debates. Y todos los datos son relevantes porque depende de en qué diálogo son tenidos en cuenta, pero aquellos datos que hablan de poblaciones vulnerables, y los que proveen información sobre temáticas de incumbencia para el todo social, como la salud, creo que son los más relevantes.
¿Por qué es importante realizar este tipo de monitoreos?
LB: Este tipo de diagnóstico acerca de qué es noticia para los noticieros sirve de insumo tanto para el diseño de políticas públicas como para registrar casos y ejemplos que sirven para el tratamiento responsable de distintas temáticas realizadas por la Defensoría. Pero también sirve para las audiencias que reciben esa información, para los propios medios de comunicación y para los investigadores, en tanto se trata de una masa de información pública a la que se le puede realizar una diversidad de preguntas según los intereses de cada actor.
LA: No existe un trabajo similar en la Argentina sobre las noticias que se emiten en TV, y eso lo hace muy útil no sólo para conocer qué y cómo se convierte en noticia en los noticieros, sino también como insumo en las instancias de diálogo y capacitación con los medios audiovisuales que lleva adelante la Defensoría. El monitoreo es un estudio científico que permite conocer aspectos de la agenda noticiosa de la CABA y, por extensión, de las provincias, porque los canales que monitoreamos tienen impacto nacional.
Por último, ¿qué considerás que puede aportarle este informe a la televisión abierta y la dinámica de los noticieros?
LB: En parte, para los medios es una suerte de espejo que refleja algunos aspectos de la producción de noticias y su distribución y jerarquización temática en los programas. Eso también habla de aquello que los noticieros presuponen que sus audiencias consumen. Considero que es un diagnóstico que también puede aportar a la hora de pensar en las rutinas productivas, con su dinámica de la inmediatez y sus ataduras al rating, en tanto puede ser un punto de apoyo para revalorizar el papel de las fuentes de la información en la construcción noticiosa y su diversidad.
LA: El monitoreo ofrece una visión del sistema de noticieros de aire. Ese “espejo” del que habla Luciano es central para que en los lugares donde se producen, editan y presentan noticias se reciba una mirada más amplia sobre la tarea cotidiana, que pueda deducir tendencias de corto y largo plazo, identificar permanencias y variaciones en la agenda, y detectar cómo opera lo que podríamos llamar una matriz de la agenda noticiosa.
Nov 8, 2018 | Comunidad, Novedades
La muestra fue organizada por FOTODOC, un taller especializado en fotografía documental.
“Las cooperativas son espacios de resistencia plena. Le debíamos a las organizaciones mostrar las fotografías. Nos pareció que era algo que no se ve actualmente. Queda mucho camino aún”, confesó Nicolás Falduti, uno de los ocho integrantes del Taller de Fotografía Documental FOTODOC, realizadores de la muestra “Ocupar, Resistir, Producir”, que documenta las historias de siete empresas recuperadas y autogestionadas por sus trabajadores.
La muestra montada en el ECuNHI retrata a los trabajadores de Alcoyana, Chilavert Artes Gráficas, San Carlos, Unión y Fuerza, La Nueva Esperanza, Nuevo Guido Spano y Tiempo Argentino que se inscriben en rubros tan diversos como la educación, el textil, la gráfica, la metalúrgica o la comunicación. Pero que tienen en común que, tras estar a punto de perder sus fuentes de trabajo, los otrora empleados con sacrificio, honestidad y solidaridad lograron reabrir las puertas del espacio que los unía para hacerle frente a empresarios, proveedores, facturas de gas y luz, la modernización tecnológica y la competencia de importaciones que permiten el ingreso de productos y servicios que les compiten a bajo costo.
Mientras recorría y observaba las fotos grupales Sabina Romani, otra de las fotógrafas que participó del proyecto, explicó: “Nuestra idea era representar a estos héroes anónimos. El trabajo es para toda la gente de las cooperativas. Las fotos son historias de vida. Las crisis, caer y recuperarse. Siempre está vigente este tema, por eso le llega a la gente. Nuestro objetivo fue reflejar su espíritu de lucha y resistencia para mantenerse con vida y trabajo”.
La muestra montada en el ECuNHI retrata a los trabajadores de Alcoyana, Chilavert Artes Gráficas, San Carlos, Unión y Fuerza, La Nueva Esperanza, Nuevo Guido Spano y Tiempo Argentino.
Daniel Merle y Pamela Ghisla son los responsables de FOTODOC. Respecto a la tarea que realizan desde este espacio, Merle comentó: “El taller nació en 2003. Elegí fotografía documental para salir de la prensa y dedicarme a lo que no está urgido por la inmediatez de las noticias, para tomar una perspectiva más histórica. El taller lo realizó en conjunto con Pamela Ghisla y siempre está en consonancia con las cosas que pasan en el país. El documentalismo siempre ha sido una disciplina preocupada por los procesos sociales. Este proyecto final, organizado por los participantes, surgió particularmente en el medio de una serie de hechos sociales y políticos a los que no escapa nadie.”
“La elección de la temática fue un arduo camino. Nos costó porque éramos varios. Había muchos temas interesantes. Elegimos éste porque es muy actual, social, transmite y tiene fuerza”, expresó Romani. El público, al momento de producirse el contacto con las fotografías, se muestra sorprendido. Es una oportunidad para descubrir la heterogeneidad de los espacios y lo que se puede lograr con esfuerzo y dedicación en conjunto.
Las fotos no poseen autores, lo cual refleja el espíritu de cooperativismo tanto en la muestra como en las fabricas.
Y es que tanto las cooperativas retratadas como FOTODOC tienen un tipo de lógica de organización del trabajo similar. Romani recorría por primera vez la muestra junto a su padre quien al detenerse frente a los retratos, le consultó a su hija: “¿Cuál es tu foto?” Y ella, sonriendo, le contestó: “Nuestra idea como grupo es que no hay una imagen de cada uno. A veces trabajamos en conjunto, uno disparó y los otros asistieron con las luces y la producción. Hicimos algo entre todos, refleja el espíritu del cooperativismo. Unimos fuerzas de todos lados para llegar a este resultado.” Los demás fotógrafos que completan este grupo son Natalia Calabrese, Nilda Fiorito, Andrea Guedella, Silvia Sánchez Puch, Juan Ignacio Sarrabayrouse y Graciela Zaires.
La producción del proyecto finalizó en noviembre del año pasado. De ahí en adelante comenzó un derrotero de llamados, mensajes, inconvenientes, cuentas, buscar un lugar para la muestra hasta que el ECuNHI abrazó la propuesta y todo comenzó a tomar forma. Zaires relató: “En este espacio la memoria es muy importante. Con las fotografías queremos contar que esto también pasó. Poder mirar a la gente, sus caras retratadas en las imágenes que reflejan memoria de toda la lucha emprendida.”
“Todos nos tenemos que rearmar después de una situación así. Se termina todo y hay que volver a empezar. Ellos tuvieron la voluntad de juntarse”, argumentó Zaires, quién se mostró movilizada al apreciar las fotos grupales. Su marido trabajaba en una fábrica textil y se quedó sin trabajo en 2000 porque la empresa cerró.
El cooperativismo abre espacios donde todos los participantes tienen la misma voluntad de decisión y participación. Una de las historias elegidas para reflejar su espíritu y manera de organizarse fue la cooperativa de trabajo del diario Tiempo Argentino. Cuando los empresarios Sergio Szpolski y Matías Garfunkel abandonaron la empresa y a sus trabajadores, quienes desde diciembre de 2015 no cobraban su sueldo, se terminó de constituir el vaciamiento del Grupo 23. A pesar de este hecho, en abril del 2016 la asamblea formada por 125 trabajadores de los 170 originales votó constituirse en cooperativa y la nombraron Por Más Tiempo. Así fue como Tiempo volvió a la calle y hoy apuesta por un periodismo libre, sin patrones ni condicionantes.
Otra de las elegidas fue la metalúrgica Cooperativa de Trabajo Unión y Fuerza Ltda. que comenzó en diciembre de 2000 a producir con un sistema de fason: los clientes aportaban la materia prima y la fábrica luego cobraba la mano de obra. De esta manera, podían pagar los insumos de luz, agua y gas, sosteniéndose sin subsidios ni créditos del Estado.
Aunque no todas las historias retratadas comienzan con el abandono de los patrones luego de quebrarlas y fundirlas. Tal es el caso de la Cooperativa de Trabajo San Carlos Ltda. que se constituyó en octubre de 2001. Carlos, su dueño, no resistió la crisis de la década del ’90, que lo empujó a una situación desesperante en la que la única salida era la quiebra y el despido de todos los empleados y tomó la tremenda decisión de suicidarse. Tras este hecho, los dueños de la antigua Mondego SRL cedieron las instalaciones y las máquinas para que los integrantes de la cooperativa tengan un espacio para producir. Una vez recuperada la fábrica, los trabajadores la denominaron “San Carlos” en honor a su dueño. Actualmente se especializan en la fabricación de válvulas.
La muestra estará hasta el 13 de noviembre en el ECuNHI – Av. Del Libertador 8151.
En éstos y en los demás casos, la muestra exhibe fotografías grupales, otros retratos más espontáneos y también se adentran en los distintos espacios de las empresas gestionadas por sus trabajadores.
La muestra estará hasta el 13 de noviembre en el ECuNHI – Av. Del Libertador 8151- una de las 15 instituciones que han transformado a la Ex Escuela de Mecánica de la Armada en una reivindicación de la memoria, el arte, la cultura y los Derechos Humanos. El espacio se podrá visitar además el sábado 10 de noviembre durante “La noche de los museos” donde a partir de las 20 hs se realizarán talleres, charlas, encuentros musicales y shows de artistas latinoamericanos.
El proyecto fue invitado a mostrarse el año próximo en la Legislatura porteña y en el Congreso de la Nación, donde los fotógrafos prometen crear más material y traer nuevas ideas a la muestra original.
