El gobierno también avanza contra los migrantes

El gobierno también avanza contra los migrantes

El Gobierno nacional publicó un decreto que endurece el régimen migratorio: mayores requisitos para radicarse en el país y aranceles a la salud y educación, entre otras modificaciones.

El 29 de mayo se publicó en el Boletín Oficial el decreto 366/2025, que modifica el régimen migratorio vigente desde la aprobación de la Ley 25.871 en 2004. La reforma no resultó del todo sorpresiva ya que había sido anticipada por el presidente Javier Milei durante su discurso de apertura de sesiones del Congreso el pasado 1° de marzo. Luego, había sido ratificada el 14 de mayo por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en plena campaña electoral como candidato a legislador porteño.

Ana Mallimaci, socióloga especialista en migraciones, compartió su postura sobre cómo la migración se ha convertido en eje de campaña: ‘’Plantear una reforma migratoria más dura en ese momento es leído como algo que da votos. La mayoría de la población debe estar a favor de este tipo de medidas. Es parte de la batalla cultural, es parte de una manera de insertarse en el discurso de las derechas autoritarias del mundo, en donde el tema de la  migración está en el centro. Adorni, empiezan diciendo: ´este país que fue construido con el aporte migrante, los buenos migrantes´. Efectivamente establece una diferencia moral entre los migrantes del bien y los migrantes del mal. También porque tienen mucho apoyo de la población venezolana, entonces tienen que hacer estas sutilezas. Con Milei se corre el límite de lo decible y lo no decible. En Argentina hay dos cosas: una xenofobia típicamente argentina, sobre todo hacia los cuerpos marrones, sobre todo hacia los pueblos originarios; y una xenofobia de las derechas globales, donde tienen un discurso mucho más de esta idea del enemigo interno, que el migrante viene a socavar la identidad nacional”.

Los cambios más importantes que introduce esta nueva legislación son imponer mayores requisitos en el ingreso al país y para obtener la nacionalización, modificaciones en los procesos de deportación y el arancelamiento de las prestaciones de salud y educación pública superior para aquellos migrantes que no cuenten con residencia permanente. El DNU argumenta estas medidas como una solución que ‘’permitirá una mejor utilización de los recursos públicos que, en lugar de destinarse a financiar la educación y la salud de los extranjeros que no prevén permanecer en nuestro territorio una vez completados sus estudios, se utilicen en mejorar la vida de los contribuyentes’’.

El gobierno argumenta que la nueva legislación es el medio para solventar los problemas de financiamiento que atraviesan las universidades y los centros de salud, sin poner en riesgo el equilibrio fiscal. Es decir que responsabiliza a los migrantes de ser los causantes del deterioro de los servicios públicos, a pesar de que los grandes reclamos que se realizan desde educación y salud son por el desfinanciamiento de los sectores mediante la pérdida del salario real y el congelamiento o recortes presupuestarios.

Mallimaci observa que el decreto se basa en supuestos erróneos: ‘’El DNU dice que la ley vigente fomenta la migración pero la migración bajó en los últimos años. Y después son todas ideas que tienen que ver con prevenir algo que tampoco pasa, que ellos creen que puede pasar, que son nuevos riesgos que existen por la política migratoria de Estados Unidos. Entonces suponen que pueden venir personas deportadas a la Argentina y miembros de organizaciones terroristas’’. Además agrega que el DNU, ‘’construye un migrante eternamente sospechoso, alguien que viene a abusar y es responsable de las crisis del sistema de salud y educación, justamente en un momento donde hay una profunda desfinanciación. Cuando se cuenta la cantidad de estudiantes extranjeros, se incluye toda persona nacida en el extranjero. O sea, que personas que residen hace 20, 25, 30 años acá, que hicieron toda su educación en Argentina, también es contada en este número’’.

Por su parte, ANCCOM, dialogó con Natividad Obeso, miembro de la Asociación de Mujeres Migrantes y Refugiadas en Argentina, AMUMRA: ‘’Lo que esta haciendo este gobierno es de terror. Es un gobierno fascista, xenofóbico, racista. Nosotras y nosotros luchamos mucho por la Ley 25.871 a principios de los 2000 y seguiremos luchando para defenderla. Yo hace muchísimos años que vivo en este país, y amo esta tierra, esta nación, me forme y formé toda mi familia acá. Argentina es una tierra de migrantes. Lo que hay es una discriminación hacia el peruano, al boliviano, al paraguayo que los tratan de delincuentes. Es una situación muy fuerte, muy terrorífica para nuestros hermanos y hermanas. El decreto dice que hubo un aumento de la migración irregular pero no dice que desde hace meses que no imprimen DNI, que no avanzan con los trámites. En las elecciones, a muchos que hace más de diez años que vivimos acá, todavía no nos permiten votar porque no aparecemos en los padrones, por más que contamos con todos los papeles. Tampoco dice que un DNI solía costar tres mil pesos y hoy sale sesenta mil. Hay muchas trabas’’.

Esta no es la primera modificación a la ley migratoria: durante el gobierno de Mauricio Macri, en el 2017, fue modificada también mediante el DNU 70, el cual se derogó por el expresidente Alberto Fernandez, aunque ya había sido declarada inconstitucional por el Poder Judicial por no ser considerada una causa de necesidad y urgencia y vulnerar los derechos de las personas migrantes. Frente a la nueva reforma, Obeso anticipa que ‘’vamos a buscar declarar, como en el 2017, la inconstitucionalidad del DNU, porque lo es. Estamos hablando con diputados, senadores, abogados migrantes que nos ayuden y asesoren. Pero hay mucho miedo, tenemos miedo de exponer a compañeros; sabemos que si salimos a marchar tenemos que ser muchos porque si a los propios argentinos reprimen, a nosotros que no les importamos directamente, nos van a matar. Nuestra comunidad está muy dividida pero yo creo que podemos unirnos, que podemos salir adelante y luchar por nuestros derechos. Lo que yo digo es que no necesitamos cabezas, necesitamos brazos, necesitamos que nos acompañen, que los medios nos escuchen’’.

La reforma migratoria se suma a los múltiples reclamos que atraviesan hoy a la Argentina. La cuestión no parece impactar en ninguno de los problemas de agenda del país: según el Censo 2022 la población migrante del país apenas representa el 4,5 por ciento de la población. ¿Será una nueva nube de humo para desviar la discussion sobre el desfinanciamiento de la salud y la educación, entre otras areas ajustadas?

Durante la cuarentena ya hubo 58 femicidios

Durante la cuarentena ya hubo 58 femicidios

“En la Justicia, los divorcios y compensaciones económicas para las mujeres se encuentran paralizados”, dice Rothberg.

Desde el comienzo del aislamiento social preventivo obligatorio (ASPO), el 20 de marzo, los datos de la asociación civil La Casa del Encuentro @Casadelencuentro indican que se registraron 58 femicidios en todo el país. El último informe publicado fue el 28 de mayo y, desde entonces, hubo un femicidio más. Comparativamente con otros periodos similares, es la cifra más alta de los últimos diez años. En palabras de Ada Rico, presidenta del organismo, también cambió la modalidad empleada por los agresores: “Históricamente, las mujeres son asesinadas con armas de fuego. En cambio en estos últimos casos el índice más alto son las mujeres golpeadas. O sea que el agresor utiliza las manos como un arma. Eso es lo que hemos visto, la manera en que creció la saña en estos asesinatos de mujeres”. 

“Lo que estos datos nos muestran en cuarentena es algo que nosotras ya venimos denunciando y es que un alto índice de los femicidios suceden en el círculo más cercano de la víctima y en su propio hogar”, explicó Laura Rothberg, integrante del Área de Comunicación del Observatorio Ahora que sí nos ven, en diálogo con ANCCOM. Según su último informe, con datos hasta el 24 de mayo, 68% de los femicidas eran pareja o ex pareja de la víctima. Esto significa que gran parte de las niñas y los niños que pierden a sus madres en estos hechos violentos quedan huérfanos, bajo la custodia del Estado o de algún familiar, ya que en la mayoría de los casos es su padre el que comete el delito. “No es nuevo que a las mujeres las matan quienes dicen amarlas ni que el principal lugar donde las mujeres mueren son sus viviendas o las viviendas de los agresores. La cuarentena lo que hace es reforzarlo”, denunció Rothberg. En ese sentido, afirmó que si bien durante el aislamiento obligatorio no hubo un crecimiento exponencial de casos, sí se potencia la problemática al tener en cuenta que hay mujeres que están pasando las 24 horas del día con sus parejas violentas.

El trabajo de las organizaciones que acompañan a mujeres en situación de violencia se centra en evitar que su agresor logre aislarlas. Es una de las tácticas que suelen utilizar para manipular a la mujer y hacerle pensar que está sola, prohibiéndole contactar a sus seres queridos en busca de ayuda. Rico sostuvo que en la sede de La Casa del Encuentro tienen un centro de asistencia y ven cómo las mujeres buscan estrategias para ir y escapar de sus hogares. “Ahora no pueden y con todo esto que sucede no tenemos la manera de llegar a las mujeres. Estamos atendiendo mucho en forma telefónica, o con videollamada para la que puede. Te das cuenta que la mujer no puede hablar porque está él, nos mandan muchos mensajitos a escondidas. Nosotras les decimos que borren los mensajes de su celular porque si él mira con quién habla tendrá el control absoluto sobre ella”, señaló. El mayor peligro reside en que se naturalicen las violencias, que van menoscabando el autoestima de estas mujeres y las van volviendo cada vez más vulnerables.

El funcionamiento de la justicia también se vio afectado por la cuarentena. Según Florencia Zerda de la Red de Abogadas Feministas, “los trámites de denuncias por violencias se encuentran activos pero limitados; lo mismo que en materia penal, hay avances pero mínimos”. Otros fueros, como el laboral, se encuentran completamente paralizados. “En la justicia de familia, los divorcios y compensaciones económicas para las mujeres que durante años fueron violentadas económicamente también se encuentran paralizados”. Desde La Casa del Encuentro, afirmaron que una de las primeras medidas que pidieron al comienzo de la cuarentena es que se prorrogaran las medidas cautelares: “Nos llamaban mujeres de distintos lugares para consultarnos qué pasaba con esas medidas si ya se habían vencido”. Para Laura Rothberg, este momento muestra de forma más cruda una realidad preexistente: “Hombres violando perimetrales acercándose a mujeres que habían hecho la denuncia, que tenían botones antipánico, que tenían una exclusión del hogar, lo vemos todo el tiempo. Hoy queda mucho más en evidencia porque ese hombre además viola la cuarentena y hubo alguien que no estaba controlando que eso no sucediera”, sostuvo. Luego de 17 días de comenzada la cuarentena, el 5 de abril, se exceptuó de penalidad por incumplimiento del ASPO a las mujeres que debieran realizar denuncias por violencia de género. “Están habilitadas a hacerlo sin la tramitación de permiso alguno, porque es un caso de fuerza mayor. Pueden hacerlo y denunciar luego y con las medidas judiciales correspondientes lograr volver al hogar con custodia de alguna fuerza para retirar pertenencias o lograr que se excluya al violento de la vivienda”, afirmó Zerda.

Por otro lado, la caída de la economía es un factor que afecta a toda la población, pero a las mujeres en particular. “Muchas de las mujeres, especialmente en los sectores más vulnerables, trabajan haciendo limpieza en casas de familias, ni siquiera están formalizadas. Por lo tanto, en este momento, no están recibiendo nada de dinero. En cambio, muchos de los hombres sí trabajan en lugares donde le depositan el salario. Eso también juega en contra de ellas”, argumentó Rico e insistió en que no se puede aislar la problemática de la violencia del contexto económico. Según un informe de la Dirección de Economía, Igualdad y Género, las mujeres, además de tener peores salarios en general, enfrentan mayores niveles de informalidad (36% versus 34,2%) y mayores niveles de desocupación (10,8% versus 8,9%) que los varones.

El Congreso de la Nación iluminado con motivo del Ni una menos.

Ni Una Menos: un antes y un después

El 3 de junio de 2015 la sociedad salió a la calle para exigir un Estado presente frente a la violencia de género. “Ni Una Menos fue importantísimo porque toda la sociedad tomó conciencia de lo que significa la violencia de género. Se logró que sea un tema de agenda”, recordó Rico. Por su parte, Rothberg señaló que Ni Una Menos le puso un nombre a algo que ya pasaba: “Cuando a una mujer la mataba un hombre era un caso más de los miles. Era una estadística que no estaba desagregada, una muerte por asesinato y punto. Ahora sabemos que esa muerte tiene sus particularidades propias y que responde a una lógica sobre la que está estructurada nuestra cultura. Entonces ahí podemos pensar de qué manera proponemos soluciones para esta problemática”. También remarcó que es importante comprender que es un hecho que afecta a la sociedad entera y no solo a las mujeres. Ambas apuntan al Estado como principal responsable de revertir esta situación y a la necesidad de políticas públicas integrales para hacerle frente. De hecho, ambos observatorios surgieron en distintos momentos ante la falta de estadísticas oficiales. “Siempre hablamos de la necesidad de políticas públicas integrales y del compromiso de los tres poderes del Estado”, afirmó Rothberg y denunció que en los últimos cuatro años hubo un desfinanciamiento absoluto en todos los programas de asistencia a las víctimas de violencia de género y la promesa de construcción de refugios que nunca se cumplió.

En las últimas semanas, algunas de las medidas que se han tomado desde el Ministerio de Mujeres, Equidad y Géneros, incluyen un refuerzo a la línea 144 (Programa de Asistencia Telefónica sobre Violencia de Género), el traslado a hoteles a las solicitantes de refugio y la campaña “barbijo rojo”, mediante la cual se asegura la asistencia a mujeres que soliciten dicho elemento en farmacias. Sin embargo, esta última recibió críticas por parte de grupos feministas. Rico explicó que no es lo mismo una mujer en la Ciudad de Buenos Aires que va a cualquier farmacia y no conoce a nadie, que una de un pueblo donde saben quién es ella y quién es su pareja. En ese sentido, afirmó que es necesaria una mirada abarcativa que contemple más allá del Área Metropolitana. Un asunto pendiente que señala la activista es que el Ministerio forme parte del comité de crisis, encargado de pensar las medidas para paliar la pandemia y proteger a la población.

¿Cómo acompañar?

Desde el Observatorio Ahora que sí nos Ven expresan que lo importante es tener paciencia y mucha empatía. Recomiendan informarse para poder brindar ayuda; una de las posibilidades es llamando al 144 para obtener asesoramiento. Ahora también tienen una línea de atención por Whatsapp al 1127716463 y una dirección e-mail: linea144@mingeneros.gob.ar En caso de emergencia, se debe llamar al 911.