Nov 20, 2019 | Géneros, Novedades
El CJM se ocupa de recibir denuncias por violencia física, psicológica y económica.
El Centro de Justicia de la Mujer (CJM) abrió sus puertas el 1º de noviembre de 2018 con el desafío de evitar la revictimización en el proceso de denuncia por violencia de género. Este fenómeno ocurre cada vez que una persona debe volver a contar la experiencia que vivió, yendo de un edificio a otro sin que se resuelva su caso. Además de prolongar el sufrimiento y detener el avance de la causa, estas situaciones suelen provocar el abandono de la denuncia. “Lo que nosotros sabíamos es que eso es lo que se le reclama al Estado: la poca o mala intervención o la intervención tardía”, cuenta Vanesa Ferrazzuolo, consejera del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El CJM se presenta como el único recinto en todo el país con: atención integral a casos de violencia de género. El lugar cuenta con un equipo de más de 40 personas especializadas en distintas áreas, que ofrecen una atención interdisciplinaria a las denunciantes. En un año de funcionamiento ha recibido más de 260 casos. El espacio atiende no solamente casos de violencia física si no también psicológica, económica y simbólica.
“El proceso de denuncia se inicia mucho antes: la mujer tiene que armarse de valor para acercarse a denunciar y vos no sabés cuánto tiempo le llevo dar ese primer paso”, afirma Ferrazzuolo, y continúa: “Pero una vez que una persona se acerca a denunciar, tiene que poder resolverlo de manera rápida y eficaz”. El organismo prevé una serie de pasos que efectivizan la denuncia al cabo de unas pocas horas. En un primer momento, se toma el testimonio de la víctima. Luego, se realiza un informe de riesgo que profundiza en las características de la experiencia vivida. El equipo que realiza este informe está compuesto por trabajadores sociales, abogados y psicólogos. Pablo Ibarra, coordinador de las distintas áreas que se desempeñan en el organismo, confirma la importancia de la pluralidad de miradas: “Para investigar un hecho penal, desde el derecho, se investiga el qué, el cómo, el dónde. Son preguntas muy concretas, y no se analiza la historia detrás del hecho. Por eso es esencial la interdisciplinariedad en materia de género, no se puede actuar exclusivamente con perspectiva jurídica, hay que analizar vínculos y múltiples aspectos de la situación”.
Una de las preocupaciones del CJM es no revictimizar a quienes sufren situaciones de violencia.
A partir del informe, se determina el nivel de riesgo al que está expuesta la persona denunciante y se evalúa cómo seguir, siempre con su consentimiento. Si la mujer presenta lesiones, se hace una revisión médica y se registran los resultados. Si precisa un botón de pánico o subsidio habitacional, se gestionan esos recursos. Una vez que se efectuó la denuncia, la persona no tiene necesidad de volver al CJM, ya que el caso se eleva a Fiscalía y se comienza el proceso judicial. Durante ese período, se hace un seguimiento de las denunciantes para ver si las medidas cautelares siguen vigentes, para asesorarlas en patrocinio jurídico si fuera pertinente, para confirmar si es necesaria la atención psicológica.
La presencia del lactario y de la sala de juegos para niñas y niños también revela la importancia de la atención integral. “Hay varios obstáculos que frenan a las mujeres a la hora de denunciar: no pueden faltar al trabajo, tienen que ir y volver varias veces y quizá no tienen plata en la SUBE, o no saben con quién dejar a les hijes. Por eso nos pareció importante ofrecer la juegoteca”, explica Ferrazzuolo. Otra de las barreras ante situaciones de violencia, es el miedo de las mujeres a quedar en la calle. Para estos casos, el CJM ofrece subsidio habitacional. Un atributo importante a su favor resulta en que allí no hay ningún servicio ofrecido a los denunciados, y así se evita que puedan cruzarse ambas partes en el mismo recinto.
Actualmente, el CJM recibe una gran cantidad de denuncias, pero la mayoría son derivadas de otros canales institucionales, como la Línea 144 de Atención a Mujeres en Situación de Violencia o la Oficina de Violencia Doméstica. El objetivo principal actual es que el Centro de Justicia de la Mujer pueda ser conocido en el barrio en el que está, La Boca. En los últimos registros de la Oficina de Violencia Doméstica, la Comuna 4 se posicionó como aquella con los índices más altos de violencia de género, y la mayor cantidad de femicidios de la Ciudad. Toda la zona sur de la Capital presenta una tendencia mayor en comparación con otras zonas de ciudad. “Fue importante ubicarnos en La Boca, aunque lo hubiéramos hecho en cualquier barrio. La violencia es transversal, no distingue de zonas”, afirma la consejera, y agrega: “Es claro que los sectores sociales más desfavorecidos tienen una vulnerabilidad más grande, que también hay que atender”. La idea a futuro es que se replique en otras zonas de la ciudad.
Ferrazzuolo recuerda que cuando a fines del año pasado surgió la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés, hubo un gran caudal de concurrencia. “Algunas solamente venían a ser escuchadas, era la primera vez que hablaban de sus experiencias. Hay momentos en el año más movidos, como el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) o el 25 de noviembre (Día de Acción contra toda Violencia contra las Mujeres)”. El CJM trabaja con otros organismos que asesoran mujeres, como los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), a los que se hacen derivaciones si el caso lo amerita. “Igualmente, tratamos de reducir el paradigma de la derivación constante”, afirma Pablo Ibarra.
Si bien el nombre del organismo refiere a la violencia contra la mujer, atiende todo tipo de abuso de género.
El CJM originalmente tenía el objetivo de ser un centro comunitario de acceso a la justicia, para vincularse con el barrio pero sin acotar su especificidad a este tipo de casos. “La demanda social hizo que la institución se replanteara y virara hacia el acceso a la justicia para víctimas de violencia de género”, recuerda Ibarra. Respecto al nombre, aclara: “Si bien se llama ‘de la mujer’, atendemos a todas las personas que estén en situación de violencia de género. Entendemos a la violencia como parte de relaciones de poder. Es un hecho estructural. Es muy importante trabajar con las diversidades, incluyendo a mujeres y varones trans”.
El recinto se encuentra en Pedro de Mendoza 2689, en el barrio de La Boca y atiende de Lunes a Viernes de 8 a 20hs. Todas las consultas se pueden hacer vía mail (mujer@jusbaires.gob.ar), por teléfono las 24hs (080033347225) o en forma personal.
Nov 4, 2019 | Noticias en imágenes
Oct 3, 2019 | Novedades, Trabajo
Los residentes no cobran desde junio.
Escoltados por un metrobús acotado y tres motos de la Policía de la Ciudad, la columna de guardapolvos blancos comenzó a avanzar por la avenida Brasil a las 11:10 de la mañana del último miércoles. Las pancartas y carteles que sostenían los manifestantes daban cuenta de la situación que están viviendo: “Residentes de Nación en lucha”, “Sueldos por debajo de la línea de pobreza”, “4 meses sin cobrar”, “87 pesos la hora”, “Salarios dignos”, “Basta de ajustes en la salud pública”.
Los bombos y las bocinas de automovilistas en señal de apoyo acompañaban las voces esforzadas en los cantos: “Olé olé, olé olá / olé olé, olé olá / sin residentes, no hay hospital / precarizados no vamos a trabajar.”
A las 10, médicos y profesionales de la salud residentes en hospitales nacionales de toda la provincia de Buenos Aires habían comenzado a reunirse en el Hospital Garrahan; más precisamente, en la entrada sobre la esquina de Brasil y Pichincha. El motivo era dar inicio al paro y la movilización hacia el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, y reclamar así por las condiciones de trabajo. “Llevamos cuatro meses sin cobrar y con un sueldo que está por debajo de la línea de pobreza. Firmamos inicialmente un contrato que era por 29 mil pesos en bruto, y en limpio terminaban quedando 24 mil pesos, lo que da un promedio de entre 87 y 100 pesos la hora, de acuerdo a la jornada laboral que tenga cada especialidad.”, explicaba Andrés Cugat, residente de primer año en el Hospital El Cruce. “Así que ese es el reclamo: que se nos pague lo que se nos debe, que se nos pague un salario digno y que se termine con el recorte en la Salud Pública.”
Del mismo modo, Julieta Frontero, del Hospital Colonia Montes de Oca, sostenía: “Con estas condiciones de trabajo, que mantenemos desde junio, no tenemos garantizados ningunos de los derechos que tiene cualquier trabajador. Esto sucede a nivel nacional. Estamos nucleándonos nada más los hospitales de Buenos Aires, Capital, Conurbano y los compañeros que se suman desde Mar del Plata, pero esto sucede a nivel nacional.” Los residentes, subrayan, tampoco cuentan con ART ni cobertura médica.
Los residentes tampoco cuentan con ART ni cobertura médica.
Los trabajadores que participaron del paro y la movilización pertenecen a los hospitales nacionales Colonia Montes de Oca, Posadas, El Cruce, Garrahan, Baldomero Sommer, Laura Bonaparte y Rehabilitación Psicofísica del Sur (Mar del Plata). Pero también a la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis Situacional de Salud, a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y a la Administración Nacional de Laboratorios Malbrán.
Los protagonistas de la manifestación, con guardapolvos y mascarillas, insistían en que ellos no eran estudiantes, como se cree desde el sentido común. “Nosotros somos profesionales que rendimos un examen nacional que se rinde en todo el país, donde, de acuerdo a nuestra nota, elegimos el hospital que queríamos e ingresamos el 1 de junio a trabajar. Este trabajo es de dedicación exclusiva,: por cuatro años solamente nos podemos dedicar a este hospital y por el sueldo que nos da Nación. Y desde que iniciamos la labor hasta el día de hoy, no estamos cobrando.”, explicaba Cugat. Martina Pesce, residente de la Dirección de Epidemiología de la Nación, expresó también que “esto tiene que ver con transformar algunos derechos en privilegios”. Y agregó: “Hoy en día, si vos no tenés una red que pueda sostenerte durante cuatro meses, no podés ser residente de Nación. Y eso es un escándalo, porque nosotros apostamos a una salud pública, inclusiva y de calidad, y no hay posibilidad de que eso exista si no existen residentes que eligen seguir formándose como trabajo. Porque somos trabajadores. Y no es que somos cualquier trabajador: somos los que, cuando entrás al hospital todos los días, te recibimos.”
La caravana tardó poco más de una hora en llegar a su destino: el Ministerio de Desarrollo Social, dirigido por Carolina Stanley, y específicamente la Secretaría -así degradada por el Gobierno Nacional- de Salud. El recorrido llenó de guardapolvos y bocinas primero la avenida Brasil, luego Entre Ríos, San Juan y Bernardo de Irigoyen, sucesivamente, hasta Moreno, donde está la entrada del otrora edificio de Obras Públicas. Frente a una Evita exaltada, los profesionales cantaron y agitaron sus carteles hacia el Ministerio, haciéndose oír, esperando que alguien los oyera. “A vos te digo que se siente / vivir dentro del hospital / cobrando un sueldo insuficiente / queremos trabajar con dignidad.”
“Vamos a presentar formalmente otra carta más, sumada al grupo de cartas que ya hemos presentado. Nos gustaría que se nos reciba en este contexto.”, dijo Micaela Solé, residente de pediatría en el Hospital Garrahan. “En un momento se nos ofreció una reunión de carácter extorsivo, ni siquiera con una propuesta concreta. Decían: ‘Bueno, vamos a pensar qué hacemos si dan de baja el paro’. Eso era una propuesta irrisoria y con horas de aviso, por eso decidimos sostener la movilización. Pero estamos definitivamente abiertos al diálogo, queremos respuestas concretas y la mejora salarial. Necesitamos que nos den el espacio para debatir esto.”, contó Solé.
Sin embargo, quien primero los recibió fue la línea de contención formada por 24 policías. Si bien no hubo grandes conflictos –todos los manifestantes estaban de acuerdo en mantener la movilización en carácter pacífico–, sucedió un episodio confuso en el que, mientras Andrés Cugat instaba a sus compañeros a moverse sobre la calle Moreno (para liberar por completo la avenida 9 de Julio), fue golpeado por un efectivo en la espalda. La situación fue conversada con los jefes del “operativo”, y no pasó a mayores. Los trabajadores de la salud permanecieron en asamblea.
Pasadas las 13, dos residentes de cada hospital, fueron recibidos en el Ministerio por Javier O’Donnell, subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización de la Secretaría de Salud. En aquella reunión se acordaron algunos puntos preliminares como para comenzar una negociación: compromiso para garantizar ART y regularizar la obra social de todos los residentes; pago de los sueldos adeudados en un plazo máximo de 10 días; y una mesa de trabajo establecida para la semana siguiente, con el objetivo de resolver la recategorización salarial. de no cumplirse con lo prometido, el jueves 9 habría una nueva asamblea de los trabajadores en el Hospital Garrahan.
Martina Pesce expresó el agradecimiento a quienes se sumaron a la causa: “Poder contar con el apoyo de todos y de todas es muy importante, para poder definitivamente destrabar este conflicto. Entendemos que lo que estamos pidiendo, lejos de ser algo descabellado, es simplemente que nos paguen lo que deben por lo que trabajamos.” Como a cualquier trabajador.
Sep 18, 2019 | Comunidad, Novedades
Acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social por la Emergencia Alimentaria.
“En materia de ingresos, la pobreza habría subido un 35 por ciento en el primer semestre antes de las PASO. La movida financiera, la devaluación y el efecto inflacionario incrementaron el desempleo y el subempleo, reduciendo la capacidad de consumo en los sectores populares”, explica Agustín Salvia, director del ODSA e investigador CONICET. Para Salvia, la situación de emergencia económica, social y financiera durará hasta mediados del año que viene y se deberá aplicar un plan de estabilización. La pobreza se acrecentó en los últimos cuatro años y está entre las principales preocupaciones de la opinión pública. En tanto, el Congreso se apresta a aprobar la Emergencia Alimentaria.
En este contexto, Salvia propone dar refuerzos en materia de ingresos a los sectores más pobres mediante planes sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y agrega: “También deberíamos ampliar la capacidad de abastecer de alimentación a las escuelas, comedores y merenderos comunitarios y extender esos almuerzos a los fines de semana”. Y sostiene: “Hay que recuperar el fomento al empleo social que se perdió en estos dos últimos años a través de cooperativas, apuntando a la prestación de servicios a la propia comunidad”. Como objetivos a largo plazo, el director del ODSA sugiere hacer un plan de investigación y desarrollo y articular al sector formal con el informal: “Habrá que garantizar que, en un contexto de inversiones relativamente estable, los sectores más dinámicos como el agropecuario o el minero generen excedentes que se vuelquen subsidiariamente a la inversión en la pequeña y mediana empresa”.
Desde el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), sus miembros consideran a los sectores populares como un área esencial que ayudaría a una rápida reactivación de la economía. La investigadora Lorena Putero, integrante del CESO y especialista en Economía Social y Solidaria propone tres formas en las que esta perspectiva económica puede aportar a la causa: la producción de alimentos, la construcción de viviendas y el trabajo educativo. “La agricultura familiar es periurbana, por lo tanto, se necesitan políticas activas de asistencia en la logística, desde poner en funcionamiento y ayudar a organizar el sistema de transporte hasta subsidiar y acompañar por un tiempo la distribución de alimentos en las zonas urbanas”, afirma Putero. A su vez, ella esclarece que dicha producción de alimentos está en transición agroecológica, lo que quiere decir que tiene pocos productos químicos y usa menos insumos importados, favoreciendo a la salud de los argentinos.
La vivienda es una necesidad que el CESO detectó desde el censo 2010 al recoger datos de hacinamiento y falta de hogar. “Es un sector que rápidamente genera puestos de trabajo en una relación alta entre inversión de dinero y cantidad de puestos creados y satisface velozmente una carencia fundamental del pueblo”, argumenta Putero.
Imagen de la Villa 31 en la Ciudad de Buenos Aires.
Una tercera medida para recuperar puestos de trabajo está ligada al sector educativo: “Se puede generar empleo de acompañamiento, de asistencia técnica desde el fortalecimiento de la cultura pero que sea territorial, que se haga en los barrios con gente de ahí y eso va a suscitar la distribución del ingreso”, plantea la especialista Putero. Las disposiciones sugeridas crearían más de 500 mil puestos de trabajo usando menos del 30 por ciento de las reservas del encaje bancario. “Con un uno por ciento del gasto público se podría solucionar el problema alimentario y además se originaría trabajo”, finaliza.
Para el diputado nacional, Daniel Arroyo, hoy existe un grave problema de hambre y malnutrición: “Hay cada vez más gente en los comedores comunitarios, más chicos que comen en las escuelas y menos raciones de comida, por eso lo principal es declarar la emergencia alimentaria”. Luego, en el mediano plazo, Arroyo alista algunas medidas para frenar la caída como la regulación de los productos de la canasta básica de alimentos, el armado de un esquema crediticio que apoye a los pequeños productores y el establecimiento de una ley de góndolas. “Otra forma de ayudar a los sectores populares es desendeudando a las familias, armar un sistema de crédito no bancario a tasa muy baja, del 2 o 3 por ciento anual, para máquinas y herramientas y que, por ejemplo, el carpintero pueda comprarse su sierra circular”, describe Arroyo. Y agrega: “Hay que cuidar a los sectores productivos donde trabajan mujeres y jóvenes. Tenemos casi un 30 por ciento de desocupación en los jóvenes. Por último, hacer obra pública con mano de obra intensiva, esto es mucha vereda, cordón, cuneta y vivienda social”. Arroyo considera que la reconstrucción de la Argentina va a llevar dos años aproximadamente: “El objetivo es mover el mercado interno, encender la economía, fortalecer el consumo y poner en marcha el mercado, de abajo hacia arriba, en el desarrollo local”, define.
“Acá no hay medidas transitorias para combatir la pobreza porque es pan para hoy y hambre para mañana, no alcanza con una ley de emergencia alimentaria”, dictamina Sergio Val, miembro fundador de la Fundación Che Pibe e integrante de la Mesa Nacional de la CTA. La organización social, ubicada en Villa Fiorito, se encarga de proteger los derechos de los niños, les da de comer y les brinda herramientas de higiene además de actividades de recreación. “Yo no le encuentro salida con estos gobernantes, hablo de los que están y los que van a venir. No hay grieta, ambos son distintas caras de una misma moneda. Los dos apuestan al saqueo y nos destruyen las economías regionales”, reflexiona Val, y añade: “Este pueblo no sabe dónde está parado, vota a su verdugo desde hace décadas. Necesitamos un gobierno de verdad, no un gerente de los intereses de otras latitudes”.
Che Pibe alberga a 600 niños, niñas y adolescentes por día. Si bien la alimentación es primordial, su proyecto es esencialmente educativo. “El Gobierno de la Ciudad hace dos años que no nos renueva el convenio para la atención de niños, que si no estuvieran acá estarían cartoneando con sus familias”, comenta Sergio Val.
Como solución ante la pobreza en constante ascenso, el referente social considera un cambio radical: “No veo salida sin una reforma agraria. Hace tiempo venimos trabajando en un proyecto llamado ‘La vuelta al campo’. No podemos tener como utopía urbanizar villas, tenemos un país y tenemos derecho a ese país, no al agujero podrido, inundable y contaminado del conurbano donde terminó nuestra gente por culpa de políticos inescrupulosos”.
En Villa Fiorito, 1 de cada 4 chicos tiene presencia de plomo en sangre. Su capacidad cognitiva se ve disminuida por la combinación de desnutrición y plondemia, que termina generando un retraso madurativo y dificultades en el desarrollo celular. “Somos el octavo país más grande del planeta y tenemos la quinta geografía con mejores condiciones para la agricultura del mundo. Un niño que muere de hambre en la Argentina es un niño asesinado”, ratifica Val.
“La pobreza nunca viene sola, viene con violencia, con jóvenes en conflicto con la ley, con problemas de vivienda. Para dar respuesta a problemáticas sociales complejas, con factores que interactúan y se potencian negativamente, la mirada y la intervención deben tener un carácter integral”, describe, por su parte, Bibiana Travi, magíster en Trabajo Social, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Moreno. Según Travi, un diseño interesante de política social desde lo teórico, metodológico e ideológico se diluye cuando llega a los barrios. Para evitar esta pérdida de consistencia, la investigadora propone emprender políticas globales. “Tienen que combinar territorialidad, construir con los actores sociales, interdisciplina, intersectorialidad entre distintos niveles del Estado, de las organizaciones de la sociedad civil y simultaneidad en la ejecución de las acciones. Las estrategias tienen que estar sincronizadas para que den resultados”, anuncia. La meta es combinar políticas universales con políticas de focalización que lleguen de forma particular a los sectores vulnerables. “Que los diagnósticos y las intervenciones sociales no sólo atiendan lo económico, que es fundamental, sino también los aspectos que tienen que ver con lo cultural”, concluye la especialista.
Sep 11, 2019 | Géneros, Novedades
El 78% de las empresas de medios está dirigida por varones.
Como un reflejo de lo que sucede en toda la sociedad, las trabajadoras de medios periodísticos y de la industria de publicidad sufren tratos sexistas y estigmatizantes en el ámbito laboral. “Para mañana ponete una minifalda que tenemos una presentación”. “Vos tenés que agradecer este trabajo porque está complicado conseguir en publicidad y vas a terminar en una peluquería”. “Te ves más bonita cuando no se te escucha”. “Las mujeres son menos creativas que los hombres”. “Las mujeres no tienen sentido del humor”. “En Cuentas contratamos a mujeres porque son más fáciles de manejar”.
Estos comentarios son una constante para las trabajadoras de la publicidad que durante mucho tiempo han soportado “tratos discriminatorios, dichos al paso sobre su aspecto físico, chistes y burlas machistas, y las sugerencias de falta de capacidad por ser mujeres”, sostiene el estudio Organizaciones de medios y género, realizado por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), con apoyo de la Fundación Heinrich Boll, que recoge los resultados de 50 entrevistas realizadas a directivos de medios, dirigentes sindicales, directores de carreras de Comunicación, trabajadoras y trabajadores de medios y especialistas en el tema de Córdoba y Buenos Aires. El informe será presentado en el marco del Foro Nacional de Políticas de Género en Periodismo y Publicidad a realizase este jueves y viernes en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Culturalmente a la mujer se la ha encasillado en determinados roles y los ámbitos laborales reproducen determinadas normatividades que confluyen en la segregación temática dentro del periodismo o áreas dominadas por varones en la publicidad. “En relación a los temas abordados dentro de la redacción periodística de acuerdo a la identidad de género de cada persona, la división tradicional de roles ha hecho que las mujeres mayormente se ocupen de los temas de la agenda ‘fríos’ y aparentemente menos relevantes: cultura, sociedad, salud, educación, sociales y la agenda de género; y los varones de las áreas ‘calientes’ más importantes: economía y política”, puntualiza el informe.
En la industria de la publicidad sucede algo parecido. Por ejemplo, las áreas creativas están dominadas por hombres, mientras que las mujeres quedan relegadas a los puestos de administración y cuentas. El estudio denuncia esta situación: “Existen mujeres capaces, competentes, con trayectoria y experiencias pero deslegitimadas por las estructuras laborales machistas para ocupar puestos jerárquicos. El margen de oportunidades que brindan los medios de comunicación a las mujeres interactúa con los privilegios que los varones todavía no están dispuestos a abandonar o con los prejuicios de género, lo que termina discriminando a las periodistas mujeres”.
Ninguna de las empresas que participó en el estudio dispone de oficina o Área de Género, como así tampoco de un sector específico para la resolución de problemas de violencia de género y/o acoso y abuso laboral y sexual. “Ante situaciones de esa índole se opta por el cambio de área o por la desvinculación de la empresa. He conocido un solo caso, que tomó esa decisión. No tanto de acoso sexual, sino de mobbing (maltrato laboral) de parte de un jefe hacia una chica, haciendo hincapié en sus ‘debilidades’”, manifestó una de las entrevistadas en la investigación, quien pidió preservar su anonimato.
El estudio pone en evidencia la profunda disparidad y tratos sexistas que sufren las trabajadoras en los medios de comunicación y la industria publicitaria. Solo el 28% de los cargos jerárquicos en periodismo están ocupados por mujeres. “En las empresas y organizaciones de medios hay una enorme concentración de poder por parte de los varones. Esto impacta tanto en prácticas laborales sexistas como en la agenda de los temas y la forma de abordarlos, con una perspectiva solamente masculina de la realidad”, resalta la investigación. La conclusión surge a partir de los índices elaborados que muestran que el 78% de las empresas de medios está dirigida por varones. También son mayoría en las secretarías sindicales y las distintas áreas más valoradas de los medios que, no casualmente, son las mejores remuneradas.
Estos índices son aún más llamativos si se tiene en cuenta que el 69,04% de los egresados de las careras de Comunicación son mujeres frente a un 30.96% de hombres. Sin embargo, a la hora de la inserción laboral estos índices se invierten: el 70% de quienes trabajan en empresas periodísticas son varones.
Solo el 28% de los cargos jerárquicos en periodismo están ocupados por mujeres.
Si bien las casas de estudio manifiestan preocupación por la dimensión de género, esto no se traslada a la currícula de grado obligatoria. Solo en el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (IUNMA) está prevista una materia sobre género obligatoria en quinto año. En las demás carreras de Comunicación, el alumnado puede optar por seminarios optativos vinculados a la temática. En la carrera de Publicidad ninguna de las instituciones consultadas ofrece una materia específica obligatoria que aborde los estudios de género como parte central de sus contenidos.
«Hay docentes que tienen iniciativas puntuales dentro de su cátedra, pero no hay un anclaje desde lo académico, desde lo estructural, que acompañe. Pasa porque nuestros docentes son jóvenes, están viendo que hay una necesidad y un requerimiento de quienes están participando de la clase. Pero no como determinación desde la Dirección. No está plasmado tampoco en los programas de docentes”, señala una representante de una empresa radicada en Córdoba, citada en el estudio.
Las estadísticas del informe visibilizan el vacío de información en la construcción de conocimientos: más del 80% de los y las estudiantes de carreras de Publicidad, profesionales del área y docentes conoce sobre el enfoque de género en la comunicación, sin embargo sólo un 22% accedió a esos saberes en su formación académica. ¿Cómo se quiere cambiar la estructura sexista de pensamiento si a quienes trabajarán en ese ámbito no se les brindan las herramientas teóricas para ello?
En este contexto, la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad brinda distintos cursos y capacitaciones virtuales certificadas por la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA. “Tenemos varias áreas de trabajo cuya finalidad es incidir en la comunicación para democratizarla, fundamentalmente, desde un punto de vista e género”, explica a ANCCOM Sandra Chaher, directora de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, quien a su vez estuvo a cargo de la investigación. “Tenemos el área de asesoramiento empresarial para las instituciones que quieren mejorar la comunicación interna y externa de la empresa y que están en este proceso de saber qué es el género, qué son las relaciones desiguales de género, qué es la violencia de género entonces aparecen requerimientos de ese tipo también”, puntualiza Chaher egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA.
¿Cuál es el camino a recorrer para revertir los altos índices de disparidad de género? Chaher lo sintetiza de la siguiente manera: “Primero tenés que reconocer que hay un problema y hacer un diagnóstico sobre él. Una vez identificado, hay que empezar a ver cómo se corrige. Para eso, se debe crear un espacio donde discutir los temas de género, no solo en las empresas, sino también en los sindicatos y en las universidades porque inequidades hay en los tres ámbitos. Después, a partir de ver cuáles son las inequidades generales y específicas, hay que generar políticas para equilibrar las desigualdades”. Este es un trabajo que integra al conjunto de la sociedad y donde la naturalización cultural sobre las desigualdades de género está siendo cuestionada. El primer paso está dado.
