Los documentos pueden aportar evidencias para los juicios que investigan crímenes de lesa humanidad.
Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta, en conjunto con estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA -a través de las prácticas preprofesionales de estudiantes convocadas por el Centro Antonio Gramsci y la Carrera de Ciencias de la Comunicación- y del Instituto Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”, lanzan hoy, 23 de marzo, la página desclasificados.org.ar que pone a disposición del público los archivos que entregó el gobierno de Estados Unidos sobre la última dictadura cívico-militar al argentino de manera accesible. Los estudiantes participaron de un proceso de traducción y sistematización para democratizar los documentos que podrían tener un gran impacto en los juicios a los militares.
El trabajo iniciado en septiembre del 2019 publica en el sitio web una primera visualización de 1.000 archivos relevados por los estudiantes. La labor, además de democratizar la información, tiene por objeto formar a la nueva generación en cuestiones de derechos humanos y en los temas vinculados al terrorismo de Estado y la inteligencia.
“La información es de acceso público desde abril, cuando la publicó Estados Unidos, pero nuestro proyecto fortalece la accesibilidad porque es muy difícil comprenderla para quien no maneja cómo son las tramas burocráticas que la producen o no habla inglés”, enfatizó Guadalupe Basualdo, representante del CELS. El hecho institucional está realizado, pero el acceso real, que tiene que ver con que sea comprensible e interpretable, es en lo que están trabajando. “La idea era crear un sistema donde sea más fácil bajar la información para que los interesados puedan acceder a los archivos por nombre, temas y ejes de investigación”, completó María José Lavalle Lemos, representante de Abuelas de Plaza de Mayo.
«Queda pendiente el acceso a otra información producida por la Policía Federal o la SIDE”, advirtió Basualdo.
El proyecto
El 20 por ciento de los documentos desclasificados corresponde a agencias de inteligencia de Estados Unidos en intercambio con agencias locales o de otros países, pero en relación a Argentina. “Es la primera vez que Estados Unidos desclasifica este tipo de documentación para el país”, afirmó Basualdo. Esto era un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos porque son documentos fundamentales para comprender el terrorismo de Estado y el desarrollo de la red de inteligencia en América Latina, además del rol que jugó los Estados Unidos informando e interviniendo en el funcionamiento represivo de las dictaduras del Cono Sur. Tres de las agencias que abrieron sus archivos fueron la CIA, el FBI y la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa (DIA). “Esto produce aportes concretos a causas judiciales en curso, agregan información sobre casos y acontecimientos que no se tenía antes y que van a ser aportados por las querellas”, recalcó Basualdo.
Además de este material, también hay información de intercambios bilaterales entre Estados Unidos y Argentina en ese período, gestiones que distintos familiares y organismos de derechos humanos organizaron para denunciar las desapariciones y apropiaciones y los distintos lugares donde se realizaron denuncias internacionales. Para Lavalle Lemos, tener informes de inteligencia de Estados Unidos provee de una legitimidad para el resto de la sociedad sobre el terrorismo de Estado. “Aunque nosotros ya sepamos lo que sucedió, es importante tener una fuente norteamericana porque ellos mismos lo están diciendo”, puntualizó.
Para el trabajo, los 19 estudiantes seleccionados de las carreras de la Facultad de Ciencias Sociales y del Instituto Lenguas Vivas, leyeron los documentos y extrajeron datos basados en palabras clave que los organismos pusieron en común. “Trabajamos con un software que nos permitió organizar el trabajo de manera remota. Los estudiantes hacían la lectura y la carga en sus casas y nos encontrábamos presencialmente cada quince días para consolidar los criterios de carga, lectura y clasificación”, relató Basualdo. Las palabras clave tenían que ver con los intereses de las instituciones que participaron y en el caso de Abuelas son menciones a niños, bebés y embarazadas, y los nombres de los casos. “A medida que los chicos y chicas extraen la información y la cargan en la base, nosotros la relevamos y separamos los documentos que pueden ser de interés para Abuelas”, mencionó Lavalle Lemos.
Los efectos que tuvo esta documentación fue mucha y diversa. Lavalle Lemos resaltó que encontraron información sobre la abuela de uno de los casos que llevan adelante desde Abuelas de Plaza de Mayo; el de Amarillo Molfino. “En los archivos se hablaba de su secuestro en Perú y su posterior muerte en España. Había informes que hizo Estados Unidos en base a otro que hizo el Gobierno peruano”, contó. El caso está enmarcado en la causa Contraofensiva.
Otros efectos tienen que ver con la posibilidad de seguir reclamando la desclasificación de archivos a agencias de inteligencia locales. “Hay experiencias previas, como el Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pero queda pendiente el acceso a otra información producida por la Policía Federal o la SIDE”, advirtió Basualdo. La documentación de Estados Unidos entra en diálogo directo con las agencias argentinas porque citan como fuente de información a funcionarios de inteligencia del país. “Hay un vínculo muy directo, y nos está faltando la pata local, que ahora reconstruimos con lo que tenemos”, puntualizó.
Historia
Los organismos de derechos humanos y varios jueces argentinos planteaban reclamos desde 1990 a Estados Unidos en relación a la desclasificación de documentos. Recién en el año 2000, la ex secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Albright, se reunió con Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS. “Esto dio origen a un proceso de recolección, revisión y desclasificación de informes sobre la Argentina que resultó en 4.600 documentos”, relató Verónica Torras, representante de Memoria Abierta, una organización especializada en temas de archivo. En ese primer pedido, la CIA y el Pentágono se negaron a abrir sus documentos y a entregarlos.
Parte de esta información se convirtió en prueba documental de varias causas judiciales luego de que se reabrieran los juicios. Esta situación impulsó a un nuevo pedido para profundizar la documentación que ya se tenía, y ampliarla hacia las agencias de inteligencia. “La segunda tanda se hizo en cuatro entregas, que empezó en 2016 y terminó en abril del 2019, y fue más amplia porque más de catorce agencias abrieron sus archivos, entre ellas las de inteligencia”, agregó Torras. Parte de este proceso implica tener una ida y vuelta con Estados Unidos para poder hacer una devolución en base al análisis de los documentos y también es un proceso abierto que permite seguir construyendo herramientas que permitan analizar la información.
El trabajo con los estudiantes
El proyecto se enmarca en las prácticas preprofesionales en organizaciones sociales dentro de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, pero también se extendió a estudiantes del Instituto Lenguas Vivas, de la Universidad del Salvador y de la Universidad de La Plata. Fueron elegidos 19 jóvenes, aunque la convocatoria fue mucho más grande. Los criterios de selección tenían que ver con el manejo del inglés y una subjetividad en relación a los derechos humanos, además de materias de historia y comunicación o política aprobadas.
Los estudiantes se reunieron presencialmente cada quince días en encuentros que sirvieron como espacios de formación y construcción de conocimiento sobre el período. Se organizaron reuniones con invitados especiales que expusieran información y tuvieran un ida y vuelta con la nueva generación. En palabras de Basualdo: “Invitamos a Alan Iud, que era el coordinar jurídico de Abuelas, a Pablo Llonto, abogado querellante en diversas causas de lesa humanidad, a Melisa Slatman, historiadora e investigadora de la Unidad de Asistencia para Causas de Violaciones de Derechos Humanos del Ministerio Público y Fiscal, al Equipo Argentino de Antropología Forense y tuvimos encuentros en el Museo de la Memoria de la ESMA”.
Al final del 2019 se hizo un cierre y los estudiantes expusieron hasta dónde habían llegado, qué les había llamado la atención y qué otras dudas les había despertado leer y clasificar la documentación. “Estuvieron muy comprometidos y contaron qué líneas de investigación les generaron interés para buscar y seguir construyendo más cosas”, relató Larisa Kejval, directora electa de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. “Como Carrera y parte de la Facultad, este trabajo continúa una histórica relación que tenemos con los organismos de derechos humanos en el esclarecimiento por lo acontecido en la última dictadura cívico-militar”, agregó. Para Kejval también fue interesante el encuentro entre los estudiantes de la Facultad y los del Lenguas Vivas, y cómo se imbricaron dos instituciones con tradiciones distintas para hacer una experiencia común.
“Nos emocionó mucho que los estudiantes se sensibilizaran tanto y estuvieran tan contentos”, comentó Lavalle Lemos. Destacó, más que nada, el hecho que la información sea ahora pública y deje de ser secreta o manejada sólo por algunos. Para Alicia Entel, representante del Centro Antonio Gramsci de la Facultad de Ciencias Sociales, la reunión con los estudiantes fue muy conmovedora. “Por un lado, ellos encontraron cosas que los motivaron a seguir indagando y ver otra documentación, y por el otro, para mi generación, que vivió estas situaciones, fue una experiencia extraordinaria, porque vimos la dictadura desde una mirada joven. Lo que ellos consideraban y priorizaban era verlo con ojos nuevos. Hubo un aprendizaje para los estudiantes y para nosotros”, destacó.
Toda esta recolección y sistematización de los primeros mil documentos va a estar publicada a partir de hoy en desclasificados.org.ar, de acceso público y organizada para que cualquier persona pueda entenderlos. Para Alicia Entel este trabajo tendría que formar parte de una publicación, no solamente académica, sino de mayor divulgación para las escuelas secundarias. “Hay un conocimiento acerca de lo acontecido en la última dictadura, pero cada tanto aparece una nube de olvido, sobre todo en los últimos cuatro años, y me parece importantísimo poder enviar esta información a las escuelas del país como formación ciudadana, sobre todo con esta mirada joven de seguir investigando a través de lo dado”, finalizó.
El 11 de diciembre Argentina hubo una sentencia histórica: dos ex directivos de la multinacional automotriz Ford Motors fueron condenados por crímenes de lesa humanidad contra 24 trabajadores durante el golpe cívico-militar de 1976.
Pedro Muller, por entonces jefe de manufactura, hoy tiene una condena de 10 años de prisión. Héctor Sibilla, ex jefe de seguridad recibió 12 años. Por otra parte, la Justicia condenó a 15 años al militar Santiago Riveros. Todos ellos fueron partícipes necesarios en los secuestros y torturas que acontecieron en la planta fabril de General Pacheco. Los ex directivos entregaron a las Fuerzas Armadas listas, legajos y fotos de los trabajadores que a la postre resultaron desaparecidos.
Especialistas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y del Programa de Memoria, Verdad y Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos realizaron un informe titulado “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”. Victoria Basualdo es investigadora del Conicet, trabaja en el área de Economía y Tecnología de Flacso y participó de esta extensa investigación sobre la complicidad empresarial con la dictadura, un insumo que sirvió para condenar a los directivos de la Ford. En diálogo con ANCCOM habló sobre su trabajo y analizó la repercusión de la sentencia.
¿Qué te motivó a formar parte de la investigación en la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad?
Hace 15 años que vengo investigando sobre estos temas. Trabajé sobre la organización sindical de base en las grandes fábricas industriales entre la década del 40 y 80, los casos de Alpargatas y Acindar. Aparecieron cuestiones vinculadas a la agenda de investigación sobre responsabilidad en estos delitos, que en ese momento se lo denominaba “complicidad” empresarial. En el año 2006, la CTA me invitó a escribir un tema que fuera significativo para pensar la dictadura desde los trabajadores, y escribí Complicidad patronal militar. Comparaba seis casos que permitían ver que había un patrón de funcionamiento. Entre 2014 y 2015 se analizaron 25 casos de empresas en todo el país.
¿Con qué se encontraron?
Los casos fueron seleccionados haciendo una lista de empresas, de las cuales había desaparecidos y de las que teníamos evidencia preliminar de responsabilidad empresarial. Hubo variedad en términos regionales y de actividades económicas, desde astilleros hasta automotrices como Ford, Mercedes Benz y Fiat, siderurgias, cementeras, gráficas, industrias alimenticias y textiles. Analizamos la trayectoria de estas empresas, la historia de organización sindical y de los conflictos, las políticas represivas desplegadas sobre el colectivo de trabajadores. El conjunto de prácticas represivas se repetía. Secuestros en el lugar de trabajo en casi el 90% de los casos, entrega de recursos logísticos y materiales de la empresa a las fuerzas, listados de trabajadores a ser secuestrados, información respecto de dónde ubicarlos, provisión de vehículos, alimentos y financiamiento. Se repetía la presencia de funcionarios empresariales tanto en la detención de trabajadores como en la tortura y, en 5 de los 25 casos, nos encontramos con la existencia de centros de detención dentro de los establecimientos fabriles, como en el caso de Ford.
¿Por qué el sector empresarial se alió con las fuerzas militares?
Un motivo en común de preocupación era el accionar sindical que, desde el Cordobazo en adelante, empieza a tener un protagonismo a nivel nacional. Comienza a constituirse como una preocupación, tanto para las Fuerzas Armadas como para los sectores empresariales. Este es el punto central de confluencia, porque se sientan hacer listas, a detener trabajadores y sindicalistas.
¿Qué suponía la destrucción de la representación gremial y de los derechos de los trabajadores?
El papel de la representación gremial es fundamental. En la causa Ford hubo un proceso de consolidación de estructura sindical fuerte en la primera mitad de los años 70, ampliación incluso del universo de lo sindicalizado, incluyendo al sector del comedor, que no tenían inclusión dentro del sindicato de automotores, cambiando sus condiciones de trabajo y los niveles de protección. Justamente son estos trabajadores del comedor los primeros en ser secuestrados, el 24 de marzo de 1976. La importancia otorgada a la representación gremial, a la defensa de los derechos de los trabajadores, y a la organización dentro del lugar de trabajo es de importancia crucial para entender este doble involucramiento entre sectores empresariales y fuerzas militares.
¿Cómo era el modus operandi de los gerentes?
El alegato final (en el juicio Ford) muestra cómo y por qué un gerente de Seguridad tiene control sobre lo que entra y sale de la fábrica y todo lo que pasa dentro del establecimiento. El personal de seguridad está al tanto de lo que sucede y tiene involucramiento en esto, lo mismo el gerente de Manufactura, a través del análisis de lo que significa el método fordista de producción, un método científico que se basa en el control absoluto de lo que sucede en el lugar de trabajo. Es imposible pensar que se produzca el secuestro de 24 trabajadores y su traslado a un quincho interno dentro de la planta para ser torturados sin que el gerente tenga dominio sobre est. Lo mismo con el traslado afuera. a una comisaría.
¿Los trabajadores eran elegidos arbitrariamente?
El denominador común muy claro de las víctimas es su carácter de trabajadores y su involucramiento en procesos de organización sindical y de defensa de sus derechos, y muchos de ellos eran además delegados y referentes en la fábrica. Cómo se hizo la selección individual uno a uno es algo que no se llegó a determinar del todo, logramos llegar a certezas dentro de la investigación pero hay todo un circuito de contactos entre las fuerzas armadas y empresarios a los cuales no pudimos llegar. En el informe detectamos otras víctimas conectadas con Ford, trabajadores y familiares, por lo menos 13 víctimas que no fueron incluidas en estas 24.
¿Cómo se vivió la lectura del fallo? ¿Qué repercusiones tuvo la sentencia contra los ex directivos?
Fue increíble. El martes 11 de diciembre de 2018 fue un momento muy especial, en todo sentido. Era la conclusión de un juicio que los trabajadores estuvieron esperando durante 42 años, intentaron todo lo que tenían a su alcance para encontrar pruebas. Un juicio que tuvo incidencias: el presidente del Tribunal fue designado en Casación y dejó el tribunal, demoras para el comienzo del juicio oral, uno de los hijos de los trabajadores sufrió un infarto antes de declarar. Ese martes diluviaba, había mucha gente, sólo algunos pudimos entrar a la sala de audiencia, antes de que comenzara la lectura de la sentencia se cortó la luz, dio lugar a cánticos, finalmente se recuperó. El Tribunal pidió que no se exteriorizaran sentimientos antes de finalizar la sentencia y que permitieran leer todo. Lo que podía significar una mala noticia. En la lectura establecieron que estos hechos tienen que encuadrarse como delitos de lesa humanidad. Por otro lado fue emocionante cuando leyeron la calificación dada a cada unos de los imputados, una sensación de que estaba ocurriendo algo histórico. Algo difícil de acreditar en el marco judicial.
¿Por qué es una sentencia histórica?
Porque es la primera vez que se analiza la responsabilidad de gerentes en la violación de derechos humanos de trabajadores de la propia fábrica. Además, se consideró como causal la actividad sindical. No se puede explicar la enorme dificultad de judicialización de estas causas si no es teniendo el cuenta el poder que tienen estas empresas para condicionar la discusión pública. La repercusión que tuvo la sentencia a nivel local fue mínima, en relación a lo que fue a nivel internacional, hubo notas en decenas de idiomas. Estamos hablando de una de las multinacionales más importantes que marcó desde su nombre y su modo de producción las historia del capitalismo contemporáneo.
¿Creés que esta sentencia reivindica la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y el retorno a la democracia?
Por supuesto. La condena permite poner freno a la violación de derechos humanos. Hay una relación entre la agenda de responsabilidad empresarial con la agenda que analizó y buscó judicializar las responsabilidades militares. Se está pensando la responsabilidad indiscutida de las fuerzas en articulación con otros grupos de poder muy significativos.
¿Qué reparación simbólica pidieron las víctimas?
La querella privada de los trabajadores pidió como medida de reparación y como garantía de no repetición, que se disponga la colocación de una señalización como sitio de memoria en la entrada de la fábrica y el quincho, con un acto que cuente con la presencia de los trabajadores, sus familias, y todo el personal de la empresa. Que se ponga a disposición del público los archivos de la empresa especialmente los vinculados al periodo de 1976–1983. Que se disponga la firma de un convenio con el CONICET para el otorgamiento de becas que puedan llevar los nombres de los trabajadores secuestrados para investigaciones sobre responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Que se realicen formaciones en derechos humanos para todo el personal de la fábrica, que incluya una charla de los ex trabajadores sobrevivientes y sus familias, entre otras acciones.
¿Frente a este fallo, es posible que se investigue el caso de otras empresas implicadas en estos mismos crímenes?
Hay otras causas en este momento, en etapa de instrucción o abiertas a la incorporación de material adicional. El caso de la Veloz del Norte abierto nuevamente a discusión. Hay una gran cantidad de causas posibles en la Argentina, la causa Ford es la punta del iceberg de un patrón de violaciones a los derechos humanos y laborales por parte de empresas.
«Investigamos los Panamá Papers y a Gustavo Arribas, y terminé denunciado yo», reflexiona el fiscal Delgado.
El fiscal federal Federico Delgado (49) ya anunció que se retirará pronto. Hace casi tres décadas que forma parte del Poder Judicial. “Somos los abogados de los ciudadanos”, afirma sobre su rol, y considera que “la justicia es un servicio público, no un trabajo” y que “las cárceles generan violencia y miseria”. Autor de dos títulos elocuentes, La cara injusta de la justicia -Paidós, 2016- e Injusticia -de Editorial Ariel, 2018- sostiene además que “la ley está divorciada de la justicia”.
Rodeado de expedientes, de jean y remera negra, recibe a ANCCOM en su oficina de Comodoro Py. Todavía recuerda cuando un auto lo hizo volar por los aires mientras andaba con su bicicleta: “Pasó en un momento donde yo era hostigado. La justicia no investigó más allá del accidente, el que me atropelló terminó con una probation, al testigo le secuestraron los hijos. La fragilidad es muy alta”. Fiscal desde 1997, siente que su cargo le ha empezado a afectar su calidad de vida y que puede, desde otro lugar que aún no sabe definir, colaborar en la construcción de instituciones fuertes y autónomas.
¿Qué es la justicia?
Es el sistema que en la posta democrática todos los ciudadanos consentimos que nuestros conflictos sean solucionados por el Estado, los juzgue un cuerpo burocrático de acuerdo a una ley y resignamos la venganza por la mano propia.
¿Sufrió presiones?
Presiones hubo siempre porque a ningún poder le gusta que lo investiguen. Jode y mucho la violencia institucional. A mí me fabricaron causas jueces federales con funcionarios públicos utilizando dispositivos mediáticos y haciéndolos circular por medios de comunicación. Eso es perturbador, es cansador porque tenés que soportarlo en un clima de una soledad extrema. Me preocupa el uso del proceso penal para múltiples cosas y no siempre para hacer justicia, hay un autoritarismo de las formas.
¿Qué opina del caso D’Alessio?
Lo de Marcelo D’Alessio lo sufrí y lo denuncié hace tiempo, hay una fábrica de violencia institucional enquistada adentro del Estado que a veces funciona articulada con intereses de políticos inescrupulosos, protagonizada por jueces inescrupulosos y por periodistas.
¿Cómo es esta relación justicia-medios?
Los jueces hablan por sus sentencias, no hablan con los periodistas. Pero uno ve las páginas de los diarios y están llenas de información judicial. O hay espías, o alguien habla. Es una dinámica perversa, porque en plena revolución comunicacional, se genera que la información judicial se conoce todo el tiempo, todo se juega en la relación de un juez o fiscal con un periodista por simpatías ideológicas o personales, sacralizada en un off the record. La mayoría tiene que ver con operaciones y recortes de la verdad, gente que filtra información fragmentada que lesiona la verdad y deslegitima la justicia. No está profesionalizada la relación de la justicia con la comunicación.
¿Por qué?
La justicia ya dejó de ser un lugar únicamente para impartir justicia. Se cuelan operaciones políticas, disciplinamientos, casos de corrupción, internas partidarias. Hay un sistema judicial que se divorció de la Constitución. Si fueran diez o quince jueces fiscales truchos, los cambiás y listo. Este sistema tiene intereses políticos, empresarios y desarmarlo y volver a meter la justicia federal dentro de la Constitución es un trabajo colectivo arduo y nadie ha intentado enfrentarlo.
«Hay una fábrica de violencia institucional enquistada adentro del Estado», advierte el fiscal.
¿Qué implica investigar en serio la corrupción?
Investigué al gobierno anterior y al actual. Del actual nosotros investigamos Panamá Papers, a Gustavo Arribas, y terminé denunciado yo. Investigamos al Gobierno de la Ciudad y terminé apartado de la causa. Investigamos a Daniel Angelici y terminé con causas penales. Investigué a Marcos Peña y tuvimos problemas, a Odebrecht y terminamos con denuncias. Es tremendo el grado de fragilidad de las instituciones y la manipulación de la justicia. Se hace muy difícil y carecés de las garantías básicas para hacer tu trabajo que es que nadie te moleste por lo que hacés. Usan la ley como un arma para disciplinar a quien trabaja. Hay jueces que no son leales con la Constitución.
Las causas de corrupción tienen un promedio de 14 años de proceso…
Hay un problema sistémico. Los jueces, abogados, fiscales, el sistema judicial han torcido el procedimiento. Se hace “como que”, los mecanismos están tan viciados que los plazos no se respetan, se prolongan indefinidamente los procesos y llegás a la conclusión de que la Argentina y la justicia federal someten a las personas pero no las juzgan. Nadie merece estar quince años procesado, uno merece ser juzgado sea inocente o culpable.
¿Cuál es el avance de la causa Odebrecht en Argentina?
Una de las causas está en juicio oral y otra va en camino, avanzó. No tuvo la espectacularidad que tuvo en Panamá, Brasil y Colombia. Acá “los cuadernos de las coimas” es nuestra versión del caso Odebrecht. La relación entre las empresas y el Estado por la obra pública, en la Argentina se discutió de otro modo. Brasil no manda la información porque la información entre jueces y fiscales de otros países no depende de la justicia, sino del Poder Ejecutivo. Hay mecanismos que no se activaron.
¿Qué opinás sobre las preventivas y los arrepentidos?
No estoy de acuerdo con el arrepentido, es una figura eficaz pero que en términos éticos está mal que el Estado tenga que sentarse a discutir con un delincuente cómo viola la ley. En el caso de las prisiones preventivas, se deformaron porque funcionan como una pena anticipada y hay que reglamentarla para que no se aplique a la discrecionalidad de los jueces.
Esta tarde, en conferencia de prensa, Organismos de Derechos Humanos convocaron a marchar desde las 14 con una movilización hacia la Plaza de Mayo desde 9 de Julio y Avenida de Mayo, para repudiar el golpe de Estado que se está dando en el Estado Plurinacional de Bolivia.
Las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo de la línea fundadora, en conjunto con otras organizaciones se reunieron para denunciar las violaciones a los derechos humanos que están sufriendo funcionarios y familiares, periodistas y el pueblo boliviano en su conjunto por parte de las fuerzas armadas y policiales. Las entidades afirmaron en su escrito: “El Poder Legislativo de Bolivia, elegido por el voto popular, es quien debe restablecer el orden constitucional, no los mandos militares”.
Al documento conjunto, sumaron su firma Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; H.I.J.O.S. Capital; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Centro de Estudios Legales y Sociales; Liga Argentina por los Derechos Humanos; el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; la Asociación Buena Memoria; APDH La Matanza; Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz; Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte; y Fundación Memoria Histórica y Social Argentina. La encargada de leerlo fue Taty Almeida. La presidenta de Abuelas, Estela De Carlotto luego reflexionó: “El gobierno actual (de Mauricio Macri) no reconoce que es un golpe de Estado. Dijeron que no era conveniente que le dieran protección a Evo. Cuando ya esté Alberto, la Argentina le abrirá los brazos para que venga a acá”. Además denunció: “No hay estadística sobre las violaciones de Derechos Humanos en Bolivia. Hay un ocultamiento de la información”. Y criticó fuertemente el posicionamiento de la OEA (Organización de los Estados Americanos) por no tener una visión latinoamericana y promover la democracia, ya que considera que está “Incrustada” en Estados Unidos y que decidió no apoyar a Morales, cuando el presidente accedió a convocar a nuevas elecciones. En el discurso de Carlotto, la acompañaron el periodista Horacio Verbitsky y miembro del directorio del CELS, Vera Jarach de Madres Línea Fundadora y Lita Boitano de Familiares de Desaparecidos, entre otros.
“Hay muertos, secuestrados y desaparecidos en Bolivia por el simple hecho de ir con la bandera whipala. Se está generando el miedo y el terror al pueblo por parte de los golpistas, hay un toque de queda”, describió Daiana Marino a ANCCOM de la joven de 22 años, oriunda de Cochabamba. La información sobre el estado de Bolivia se la brindan sus familiares mediante intercambio de mensajes de chat. La joven se encontraba entre el público y se quebró al hablar: “Si todo el pueblo boliviano supiera que ustedes están apoyándolos… Muchas gracias en nombre de toda Bolivia”, sentenció con lágrimas derramada sobre su mejilla.
Por último, las organizaciones de derechos Humanos analizaron en el escrito: “El golpe de Estado en Bolivia no es un hecho aislado: hace semanas el pueblo chileno se manifestó en las calles contra el modelo neoliberal impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet y continuado por Piñera, quien utiliza a las fuerzas de seguridad para cometer crímenes contra la población y sostener los privilegios para pocos contra los derechos de todos”. El encuentro finalizó con el pedido de Taty Almeida para que el lunes se haga un gran wiphalazo, en plaza de mayo, acompañado de un gritó masivo: “Evo no está solo”.
