Mar 31, 2023 | Comunidad, Destacado 1
El bloque del PRO votó en contra de la propuesta impulsada por una iniciativa popular que reunió 53.000 firmas. Quedó firme el proyecto para construir un emprendimiento inmobiliario de torres de lujo. Los vecinos esperan el recurso de la Justicia.
Biclicletada contra el proyecto privatizador a fines de 2020.
En un día histórico para la democracia participativa, donde por primera vez una iniciativa popular llegó al recinto de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el oficialismo porteño le puso freno a la propuesta firmada por 53.709 vecinos, e impulsada por organizaciones vecinales, sociales, ambientales y políticas, que brega por la creación de un parque público en los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco.
Poco después de las diez de la mañana, diversos vecinos se acercaron a la puerta de la Legislatura porteña con las consignas “El río no se vende”, “Parque sí, torres no”, con el pedido unánime de más espacios verdes; y que se deje de lado la especulación inmobiliaria para el beneficio de unos pocos, contra de las necesidad básicas de muchos, como es el acceso a la vivienda y la mitigación del cambio climático. No solo llegaban con consignas, también traían reposeras, sombrillas y elementos de playa, con una alfombra verde puesta en el piso para recrear un espacio verde, de los tantos que faltan en la ciudad. Intentando que ningún funcionario del Gobierno distraído lo pierda de vista, lo venda y convierta en una torre.
“Hace rato que no estaba acá, pero hoy hay que estar. Esa es la verdad. Para que dejen de sacarle el futuro a nuestros hijos, y en el caso mío, a mis nietos”, señalaba Jorge Amílcar Miranda de 80 años, vecino de la Comuna 3, a la vez que enfatizó en la necesidad de mantener los espacios verdes y vincular la ciudad al río.
Se trató de la audiencia pública más larga de la historia de la ciudad: 7000 participantes discutieron durante dos meses el proyecto del Gobierno de Juntos por el Cambio para privatizar los terrenos costeros y habilitar la construcción de torres de lujo, y a pesar de que fue rechazada por más del 97% de los concurrentes, el oficialismo siguió adelante con su propropuest, haciendo oídos sordos a lo que gran parte de los vecinos reclamaba.
El oficialismo porteño tampoco dio respuestas a las problemáticas que los vecinos señalan en contrapartida con el proyecto inmobiliario: el problema habitacional que sufren los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, con un 30% de inquilinos, con alquileres cada vez más costosos y con 400 mil personas que viven en condiciones de hacinamiento en barrios humildes.
Tampoco muestra ningún tipo de iniciativa para la protección de los humedales, en donde se encuentran los terrenos en disputa, y que son pieza clave para proteger el medio ambiente y ayudar a que el cambio climático deje de acrecentarse.
Desde el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, integrado por más de 130 organizaciones, presentaron la propuesta para crear un parque público, con áreas para recreación, actividad física, agroecología, preservando el área del humedal costero. Esta propuesta contó con el aval de más de 53 mil firmas. “Todos los vecinos que se acercaban nos decían estar de acuerdo, aunque políticamente no coincidían tanto con el resto de las ideas”, comentó en diálogo con ANCCOM Magalí Vela, referente del Frente Ambientalista El Hormiguero, que fue una de las tantas activistas que salió a la calle a buscar la firma de los vecinos. A su vez señaló: “La ciudadanía quiere un parque público, necesitamos más espacios verdes. Vienen olas de calor, cada vez el cambio climático es peor en la ciudad y en el mundo y el Gobierno porteño está planificando en contra de lo que está sucediendo”.
Mientras tanto en el recinto, en una sesión que contó con la presencia de las organizaciones y movimientos que impulsaron la iniciativa popular, 35 legisladores pertenecientes al oficialismo (Vamos Juntos) y a sus aliados de turno, como el espacio de Martín Lousteau (UCR-Evolución), Javier Milei (La Libertad Avanza) y Roy Cortina (Partido Socialista), votaron en contra de darle tratamiento parlamentario a la primera iniciativa popular que los ciudadanos de la ciudad lograron presentar en la Legislatura. Por lo cual el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta tiene luz verde para seguir con su proyecto de extractivismo urbano.
A pesar de este resultado negativo, desde el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, se mostraron optimistas y orgullosos por lo logrado, dando una discusión integral sobre la ciudad, declarando que esta lucha no terminó. Quedando a la espera de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se expida sobre la Ley de Ventas, declarada inconstitucional por la justicia porteña.
Ene 29, 2021 | Comunidad, Novedades
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El 28 de enero fue la última de las treinta jornadas de la audiencia pública sobre la rezonificación y venta de Costa Salguero y Punta Carrasco. Con más de 7.000 inscriptos y un total de 2.058 oradores, los participantes expresaron su opinión sobre el proyecto oficialista que privatiza los terrenos costeros y habilita la construcción de edificios de hasta 29 metros de altura, impulsado por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.
En la audiencia pública más larga de la historia de la ciudad, que inició el 27 de noviembre y que duró dos meses, 2.003 participantes se posicionaron en contra el proyecto frente a 55 favorables. Esto se traduce en más de un 97% de desaprobación ciudadana.
El inicio de la polémica se remonta al pasado octubre en la Legislatura porteña, cuando con 35 votos a favor y 22 en contra, el oficialismo porteño aprobó la rezonificación de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco. Además de los votos del oficialismo (PRO-Juntos por el Cambio), Rodríguez Larreta obtuvo el apoyo del espacio de Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Roy Cortina (Partido Socialista) para autorizar la venta de los terrenos públicos. Ambos dirigentes habían manifestado críticas al modelo de privatización de tierras y la necesidad de más parques y espacios verdes durante las campañas electorales pasadas.
Con la finalización de la audiencia pública, que no tiene carácter vinculante, el proyecto pasa a segunda lectura en la Legislatura donde no se prevén cambios. “El Jefe de Gobierno ha mostrado una indiferencia alarmante en un sistema de gobierno que, según la Constitución, debe ser una democracia participativa”, señala el referente del Observatorio por el Derecho a la Ciudad (ODC) Jonatan Baldiviezo. “El Ejecutivo ha decidido avanzar como si este debate no estuviera sucediendo, o supiera el resultado de antemano o, peor aún, sin importarle lo que la ciudadanía exprese en sus intervenciones”, remarcó.
A pesar de ir contra lo estipulado por la Constitución porteña, donde establece que los contornos ribereños son públicos y de libre circulación, el gobierno de Rodríguez Larreta insiste que la manera para hacer un espacio verde frente al río es a través de la venta de los terrenos de la Ciudad. Sin embargo, a pesar de la promesa de un porcentaje de terreno destinado a espacio verde, el Estado porteño perdería la propiedad de las tierras, un bien que escasea.
Con un índice de menos de 6 metros cuadrados de espacio verde por habitante, la pérdida de terrenos públicos con potencial de ser convertidos en parques con acceso privilegiado al río resulta irreparable. Frente al proyecto de inmuebles de lujo impulsado por el PRO, organizaciones civiles junto a la oposición presentaron una alternativa para la creación del “Parque Público Nuestro Río” y la desprivatización de la Costanera Norte.
Desde la Coordinadora la Ciudad Somos Quienes la Habitamos, un espacio integrado por más de 130 organizaciones sociales, ambientales y urbanas, presentaron en 2020 una propuesta para crear un parque con distintos usos. Entre ellos se encuentran áreas destinadas a recreación y actividad física, educación ambiental, agroecología y una estación de medición meteorología, además de delimitar un área de preservación de humedal costero.
Sin embargo, los proyectos del Gobierno de la Ciudad en otras áreas indican que no planean cambiar el proyecto de privatización de las tierras costeras. Según informa Baldiviezo, el Ejecutivo porteño realizó licitaciones para estudios de impacto ambiental del proyecto inmobiliario en Costa Salguero. En el presupuesto se puede observar que esperan la urbanización de los terrenos. “En el Plan Plurianual de Inversiones figura que se destinará $4.800 millones para Infraestructura en Costa Salguero y más de $812 millones para el proyecto ejecutivo del Colector”, detalla Baldiviezo.
“Costa Salguero interpela los límites de la tolerancia ciudadanía cuando la clase política que nos gobierna viola la Constitución, remata lo público, desvirtúa la democracia participativa y utiliza los recursos de la comunidad porteña para continuar enriqueciendo a un pequeño grupo de desarrolladoras inmobiliarias”, denuncia Baldiviezo.
Si la postura de la decisión de la ciudadanía expresada a lo largo de las 30 jornadas de audiencia pública tuvo algún impacto en los proyectos del oficialismo porteño, recién se sabrá en la segunda lectura del proyecto en marzo próximo. Sin embargo, no hay una perspectiva optimista ya que el oficialismo tiene facilidad para lograr mayoría en la Legislatura.
Dic 18, 2020 | DDHH, Novedades
Una nueva etapa de audiencias de alegatos del juicio Contraofensiva Montoneros se llevó a cabo ayer en el Tribunal Federal N° 4. Fue la última audiencia del año y se pidió justicia por Gervasio Guadix, quien fue secuestrado y asesinado durante la última dictadura militar. Su pareja Aixa Bona, sobreviviente, también fue secuestrada con su hija Dolores Guadix, ellas fueron quienes impulsaron insistentemente el pedido de justicia que hoy llega a sus instancias finales.
Luego de 40 años, los imputados Jorge Apa, Roberto Dambrosi, Jorge Bano y Cinto Courtax se conectaron desde las computadoras de sus casas para escuchar el alegato del abogado querellante Rafael Flores. Los acusados cumplen prisión domiciliaria preventiva y solo Courtax se encuentra en una cárcel especial.
“Estos sujetos, ahora ancianos y de aspecto inofensivo, fueron los cerebros y autoridades que organizaron estos y muchos otros crímenes en la última dictadura militar”, expresó Flores. Mientras el abogado relataba los tormentos que vivió la familia de Guadix durante su búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido, fue interrumpido debido a que el acusado Dambrosi se estaba quedando dormido en la silla. Fue necesario llamarle la atención: “Le pido que no se duerma por favor, es un momento importante sobre su destino y futuro”, señaló el presidente del Tribunal.
El asesinato de Guadix fue uno de los más comentados durante el transcurso del juicio. La última vez que fue visto con vida por su pareja y su hija fue el 26 de agosto de 1980, cuando salió de su casa para encontrarse con unas personas. En realidad, la cita nunca se llevó a cabo porque fue secuestrado y mantenido cautivo, cerca de un mes, en Campo de Mayo. Al día siguiente su pareja Aixa Bona también fue secuestrada junto a su hija.
La niña fue liberada en la calle, donde quedó sola al cuidado de una vecina. Mientras Bona era interrogada en el Centro Clandestino de Detención, el ejército fue a buscar a su hija horas más tarde. La menor fue trasladada a una comisaría donde familiares directos de Guadix la fueron la buscar: “Se llamó al teléfono de una tía que encontraron colgando del cuello de Dolores, este número solo lo pudo haber dado Guadix, ya que Aixa no lo conocía”, detalló el abogado estableciendo que en ese momento Gervasio seguía con vida.
El 2 de noviembre de 1980, un hombre se hizo pasar por Guadix en el Paso de los Libres, la frontera con Brasil. Luego de gritar “me autoelimino, soy montonero”, bebió lo que suponía ser cianuro líquido y cayó al suelo. En su alegato, Flores no solo cuestiona lo poco verídico de las supuestas palabras finales, sino que destaca que en esa época la agrupación montoneros ya no usaba el cianuro y mucho menos en estado líquido, porque no se distribuía. Durante la investigación se encontraron muchas irregularidades en los distintos documentos. Las fechas no coincidían y se contradecían.
La autopsia del cuerpo de Guadix fue otro documento muy estudiado. Allí figuraban las firmas de distintos profesionales, entre ellos el médico del Ejército Gabriel Salvador Matharan quien ya testificó anteriormente. En el documento se especificaba que no se habían encontrado señales de violencia o golpes. El Equipo Argentino de Antropología Forense realizó en agosto de 2009 una segunda autopsia y certificó que había una fractura en el brazo derecho de Guadix, que no había sido notificada anteriormente. A pesar de que figuraban las firmas de distintos profesionales, ninguno de ellos admitió recordar absolutamente nada del procedimiento.
La noche anterior a que se montase el suicidio, algunos militares se encontraban cumpliendo servicio en Paso de los Libres. Uno de ellos confirmó haber estado allí porque le habían avisado que un hecho iba a ocurrir al cual debía estar atento. Le ordenaron que permaneciera toda la noche observando a una persona en el puente. Flores comenta al respecto que “llama la atención la capacidad adivinatoria para saber que algo iba a suceder antes de que sucediera”.
Este montaje fue, para el abogado, un intento de evitar que se siga buscando el cuerpo de Guadix. Las luchas por la verdad y justicia que los familiares de las víctimas y los organismos de Derechos Humanos llevaban a cabo en esa época ejercieron un papel importante: “Habían logrado que la comunidad internacional tomara conocimiento de lo que pasaba con la represión en Argentina”, dijo Flores. Por lo que la desaparición de Guadix no pasó desapercibida: “El caso fue pensado de manera secreta para exhibirlo como el suicidio de un subversivo por el que se había presentado un recurso de habeas corpus y se habían realizado denuncias”, recordó.
Flores afirma que es necesario tener en cuenta, a la hora de determinar culpables, que se trató de un plan sistemático de exterminio: “El asesinato de Guadix no fue el resultado de un delito aislado cometido por uno o varios, sino diversas instancias de un mismo proceso represivo”. Los cuatro implicados fueron nombrados uno por uno mientras se detallaban los delitos por los que estaban siendo juzgados. Mientras Flores pedía que cumplan prisión perpetua y que el privilegio de disfrutar de cárcel domiciliaria fuese revocada por los delitos de privación ilegal de la libertad, tortura y homicidio, Jorge Apa, Roberto Dambrosi, Jorge Bano y Cinto Courtaux observaban inmutables.
Antes de que la emoción le quiebre la voz pidiendo una vez más que se haga justicia, Flores solicitó que también se condene a Luis Angel Firpo. A pesar de contar con evidencia sobre su participación en el homicidio, este no se encuentra imputado. En una audiencia anterior huyó de la sala luego de que Dolores Guadix se parara a mostrarle una foto de su padre. Más tarde Dolores declaró para La Retaguardia: “Fue producto de la indignación que le provocaba que siga sosteniendo la misma mentira con tanta evidencia. Con el tiempo transcurrido podrían haber aportado desde otro lugar”, sentenció la mujer.
El momento es emocionante, luego de años poder acercarse a una justicia, aunque tardía, para la familia de Guadix es un momento reparador e histórico. Dolores declaró: “Fue un camino tortuoso de muchísimos años. Si hay tantas pruebas es porque queríamos que se sepa la verdad, que no se pueda seguir diciendo que mi papá se suicidó”.
Nov 4, 2020 | Comunidad, Novedades
Es un domingo soleado cerca del puerto de la ciudad. El asfalto aumenta la sensación de calor. Decenas de personas, muchas de ellas con bicicletas, rodean la entrada de Costa Salguero, predio de la ciudad conocido por sus boliches nocturnos y lugares gastronómicos. Al canto de “el río no se vende”, se escuchan palmas y se ven bicis alzadas en repudio al proyecto de venta de terrenos públicos en Costanera Norte.
Con las consignas centrales “Parque sí, torres no” y “Defendamos nuestro río”, organizaciones ambientales, ciudadanas y políticas convocaron a las puertas del predio concesionado hace treinta años. Ese acuerdo termina el próximo año y el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta ya proyectó su próximo destino: un emprendimiento inmobiliario con viviendas de lujo y acceso privilegiado al río de la Plata.
En caravana de bicicletas desde Plaza Almagro y de autos desde el Planetario, los manifestantes repudiaron la ley aprobada por la Legislatura porteña el 8 de octubre que autoriza la venta del predio y la construcción del exclusivo emprendimiento inmobiliario.
“Se quiere hacer una privatización definitiva y vender el terreno para hacer un proyecto inmobiliario. Estos predios fueron cedidos de Nación a Ciudad para que sean destinados a un parque público”, señala para ANCCOM el referente del Observatorio de Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo. La Legislatura porteña, con mayoría de la alianza Cambiemos, aprobó la ley impulsada por el gobierno de Larreta donde se establece la rezonificación de los predios costeros y se autoriza la construcción de un barrio con viviendas para sectores de alto poder adquisitivo.
Desde el gobierno y sectores simpatizantes, el proyecto fue recibido como algo mejor que lo que está ahora: un predio de puro cemento, sin verde ni acceso al río. Sin embargo, el abogado Baldiviezo niega esta versión. “El gobierno genera esa extorsión de que, para hacer espacios verdes, tiene que vender terrenos públicos. Hay una primera mentira: van a vender todo el predio. La parte verde va a quedar en manos privadas. A lo sumo restringirán la construcción sobre esos espacios pero en el futuro el privado podrá solicitar a la Legislatura seguir construyendo”, advierte.
La venta de terrenos ribereños va en contra del artículo 8 de la Constitución porteña que establece que “los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación”. Baldiviezo a su vez recuerda que ningún poder ejecutivo ni legislativo puede ir en contra de este acuerdo político. “No queremos que haya un nuevo muro de edificios que desconecte a la ciudad del río. Este complejo inmobiliario justamente va a generar esa perpetuidad de la desconexión como pasó con Puerto Madero”, concluye.
La venta de terrenos públicos, que podrían transformarse en espacios verdes en una ciudad donde los índices ambientales y sanitarios están en rojo, es una constante. Para el político, economista y director del Banco Central de la Nación Claudio Lozano, el macrismo apalanca sus negocios y asociaciones con el mercado inmobiliario a través de la venta de tierras públicas. “Están pasando por encima de la Constitución de la ciudad y contra todas las recomendaciones urbanas a nivel mundial. Lo que hay detrás es el intento de armar una ciudad ribereña para los ricos y dejar al resto en una situación complicada en términos ambientales”, analiza.
En una ciudad donde la cantidad de espacios por verde es de seis metros cuadrados por habitante, diez metros menos de los recomendados por organismos internacionales, la venta y construcción de viviendas de lujo profundiza la problemática.
Desde la coordinadora “La Ciudad somos quienes la habitamos”, compuesta por más de 120 organizaciones, presentaron un proyecto de ley llamado “Nuestro Río”, para el desarrollo de un parque multifunción. “Recuperar los humedales autóctonos, incorporar una estación meteorológica experimental para controlar las variables climáticas, relacionadas con el cambio climático, y una producción agroecológica”, señala los principales pilares la referente de la cátedra de ingeniería comunitaria María Eva Koutsovitis.
Para la ingeniera, la situación en la ciudad es crítica: “Estamos en emergencia habitacional, ambiental y climática. Tenemos seis metros cuadrados de espacio verde por habitante pero este número es más dramático en las villas y asentamientos, donde hay solo un 0,1. En esta situación de crisis ambiental y climática, es un contrasentido absoluto privatizar y cementar el borde costero”, indica.
Con respecto al afán inmobiliario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, el referente de Jóvenes por el Clima Bruno Rodríguez señala que se condena la posibilidad de un desarrollo urbano sobre pilares sostenibles. “La avanzada en pos de rematar terrenos de todos los y las porteñas, que podrían ser espacios verdes, lamentablemente es una reiteración del gobierno porteño. El proyecto es muy simple, es una venta directa de la costanera a empresas inmobiliarias para la construcción de torres”, indica.
El cambio climático no es algo que afecta solamente a los polos, lejos de las ciudades. El avance de proyectos inmobiliarios y el déficit de espacios verdes trae consecuencias como mayor efecto de isla de calor, inundaciones por falta de absorción de los suelos (algo que regulan los humedales y la vegetación) y también aglomeraciones en parques y plazas que se observaron durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
El verde ecológico de la ciudad al parecer solo queda en los slogans y afiches de las calles. El militante ambientalista señala: “Estamos ante un punto en que la costanera se convierte en un predio completamente privatizable. No se realiza la construcción de espacios urbanos que tengan el objetivo de mitigar y adaptarnos al cambio climático, de crear una mejor calidad de vida de la ciudadanía local. Todas las organizaciones aquí presentes repudiamos este proyecto”, concluye.
Habrá una audiencia pública el 24 de noviembre donde se apuesta revertir la decisión del poder ejecutivo y legislativo sobre la privatización de la costa. “Hace 25 años todos los gobiernos de la ciudad vienen sosteniendo que esto se transforme en un parque. Hasta Mauricio Macri lo sostuvo cuando aprobó la Ley Urbano Ambiental. Se está tirando este plan a la basura. Queremos solicitar a la ciudadanía que vengan a apoyar para que la legislatura archive el proyecto inmobiliario y declare la nulidad de las leyes que decretaron la venta”, detalla Baldiviezo.
Sep 23, 2020 | Entrevistas
La demanda de la vicepresidenta Cristina Fernández contra Google por el agravio publicado en el buscador el último 17 de mayo, abrió un amplio debate que incluye aspectos como los límites de libertad de expresión, la vulneración del honor, la responsabilidad de los intermediarios en Internet, el rol de los Estados en materia regulatoria, el poder de las grandes corporaciones digitales y el lugar cada vez más determinante que ocupan los algoritmos en la vida de los usuarios.
Un panel de expertos reflexionó sobre estas cuestiones en el marco de un conversatorio organizado recientemente por Acces Now y Observacom, dos organizaciones interesadas en la protección de los derechos de los usuarios digitales. En diálogo con ANCCOM, Beatriz Busaniche, directora de la Fundación Vía Libre, sintetiza la idea principal que sobrevoló en el encuentro: “Sería interesante que haya más transparencia sobre cómo funcionan los algoritmos”, afirma.
La pericia informática pedida por los letrados de la vicepresidenta exige a Google revelar cómo su algoritmo selecciona y exhibe la información destacada en el panel de conocimiento. Según Busaniche, esta solicitud conduce a dos problemas: “El primero es que probablemente Google se localice jurídicamente en los Estados Unidos y diga que allá es donde funciona su algoritmo y entonces trate de correr la jurisdicción. La iniciativa de los abogados de Cristina de ponerlo bajo la Ley de Defensa del Consumidor es para tratar de que el conflicto legal quede radicado en la Argentina. La otra cuestión es que, si esto prospera, puede haber algún pleito vinculado con la propiedad intelectual. Porque las empresas, en general, guardan sus secretos industriales bajo siete llaves”.
La directora de Vía Libre señala que, aun “imaginando el mejor escenario” en el que Google muestre su algoritmo, no se tendría total claridad sobre cómo opera: “No es solo su funcionamiento lo que determina el resultado de las búsquedas o de las recomendaciones, sino lo que hace con el volumen de datos que manejan: qué sabe ese algoritmo de cada uno de nosotros cuando hacemos una búsqueda, qué le sirve para ajustar los resultados a muchas de las cuestiones que conoce de la persona que busca y que condicionan también esos resultados”, explica.
Por otra parte, el «recuadro de conocimiento» constituye un caso particular para la especialista: “No es el resultado de una búsqueda lo que está en cuestión, sino ese box donde Google hace una edición diferente. Hay una información destacada, una selección, una referencia a un tercero, Wikipedia en este caso, o como cuando ante una búsqueda de información médica se destacan fuentes médicas confiables. Hay una curaduría diferente de los resultados del buscador. Y por eso es que los abogados de Cristina están tratando de hacer cargo a Google como autor de la calumnia y de la injuria”.
Beatriz Busaniche. Archivo ANCCOM.
Para Busaniche, esto complejiza y simplifica el caso: “Lo complejiza porque hay que dirimir si Google es un simple expositor, curador, seleccionador, ordenador de información producida por terceros, con lo cual debería primar el régimen de responsabilidad de intermediarios, o si es autor de la calumnia y de la injuria. Si finalmente la Justicia resuelve que Google es responsable en tanto autor o editor de ese contenido, le caben las generalidades de la ley. Es decir, las mismas que podrían caberle a cualquier otro medio de comunicación que tenga una línea editorial y publique una calumnia o una injuria contra una funcionaria pública”.
Sin embargo, Busaniche se muestra escéptica respecto del éxito de la demanda. “Si la Justicia resuelve que hay una cuestión de autoría de Google, dudo que el caso prospere, porque sería un pleito por calumnias e injurias clásico, en el cual deberían probar real malicia. Y si prospera, sería una cuestión seria en términos de libertad de expresión atribuir una responsabilidad editorial a un medio de comunicación por tratar de ladrona a una funcionaria de alto nivel”, algo que también señaló Diego de Charras, actual presidente de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo durante el conversatorio.
Además, Busaniche asegura que los distintos tipos de responsabilidad atribuible serían de difícil implementación. “El régimen de responsabilidad de intermediarios, según se dictaminó en el caso Belén Rodríguez contra Google en 2014, establece responsabilidad subjetiva, y aquí Google actuó con celeridad, dando de baja el contenido injuriante, aun sin que la damnificada hubiera tenido que tomar cartas en el asunto. Atribuirle responsabilidad objetiva, por otro lado, marcaría un antecedente preocupante. Todas las relatorías de libertad de expresión, de Naciones Unidas, OEA, Unión Europea y demás, han planteado que no se les debe atribuir porque eso sería un incentivo muy fuerte para las empresas de ejercer un tipo de censura privada justamente para cuidar sus espaldas. Porque si ellos van a ser responsables de cada cosa que diga cualquier usuario de Internet, lo que vamos a tener son grandes máquinas de censura y de reducción drástica del espacio y de la esfera pública del debate”.
La disputa mediática fue uno de los elementos destacados durante la presidencia de Cristina Fernández. Las tapas agraviantes y las expresiones injuriosas se sucedieron a lo largo de toda su gestión. Basta con buscar, por ejemplo, algunas portadas de la revista Noticias. “Se trataba de acciones que podrían haberse catalogado como violencia simbólica contra una mujer –opina Busaniche–. Y ningún medio salió a pedir disculpas, ni a retirar algo que pudiera ser calumnioso. Al contrario, siempre ha escalado el nivel de agresión. Si uno analiza comparativamente la acción de Google, lo que se ve es que reaccionó rápido respecto a algo que se les escapó, la manipulación de los datos en Wikidata, y la información fue retirada de inmediato”. En otras palabras, para la especialista, “no podría demostrarse que la opinión de Google es que Cristina Fernández es una ladrona”. Pero el contenido fue difundido y amplificado por los medios de comunicación posteriormente.
Entonces, ¿por qué Cristina decidió ir contra Google? Busaniche arriesga una hipótesis: “Intuyo que quiere meter algún tipo de discusión pública sobre el rol de las grandes empresas de Internet, en línea con muchos grandes líderes políticos a nivel global que lo están haciendo. Es un tema que se está discutiendo en el mundo. Hay que mirar también lo que está pasando con Donald Trump en su pleito con Twitter, algunos proyectos de ley sobre fake news en Brasil, algunas cosas que han estado pasando en Francia con los discursos de odio, las regulaciones sobre discurso racista en Alemania. Hay una corriente de muchos líderes políticos que están tratando de subirse a esta discusión. Probablemente, Cristina haya tomado esta decisión de entrar en la disputa y tratar de dirimir cuál es la responsabilidad de las plataformas”.
El camino de la regulación
Hasta el momento, en nuestro país no existe una ley que indique qué responsabilidad poseen las plataformas virtuales a la hora de indexar contenidos, ni tampoco una que imponga penas a acciones editoriales como las que se les atribuye a Google en la construcción del espacio destacado. Los pasos a seguir, en materia judicial, están orientados de forma jurisprudencial, es decir, en base a fallos previos. Las demandas iniciadas por Belén Rodríguez y Natalia Denegri (a favor del derecho al olvido) fueron dirimidas mediante fallos de la Corte Suprema, y sentaron precedentes de utilidad para litigios subsiguientes.
“Una buena regulación protectora de la libertad de expresión, ante todo en materia de responsabilidad de intermediarios, debería ser una de las políticas a acompañar”, afirma Busaniche, quien también subraya la necesidad de proteger el discurso público de la fuerte incidencia que tienen estas plataformas debido a los niveles extremos de concentración: “Como señaló Martin Becerra durante el conversatorio, si algo no puede circular por Facebook, por las distintas áreas de negocio de Google o por Twitter, probablemente no logre permear el discurso público, entonces la baja de contenidos y la protección del discurso de las figuras más débiles en esta ecuación, como somos los usuarios de las redes, también podría ser parte de una regulación interesante en estos entornos de grandes empresas de tecnología de Internet”.
El avance de los procesos de automatización mediante inteligencia artificial y la injerencia creciente de los algoritmos en sistemas que seleccionan, categorizan y deciden en los más diversos ámbitos de nuestra vida, ha traído el debate sobre la necesidad de regularlos. En Nueva Zelanda, el Ministerio de Estadística ha impulsado, desde el mes pasado, un acta que dispone revisar los procesos estatales basados en algoritmos y transparentar estos mecanismos a la población, explicándolos en un lenguaje sencillo y comprensible.
Martín Becerra. Archivo ANCCOM.
¿Se puede tomar algo de esta regulación? La directora de Vía Libre opina que sí: “El de Nueva Zelanda es un modelo pensado más que nada para el sector público, pero me parece que va en el sentido apropiado: mecanismos que permitan dotar de transparencia a los distintos sistemas de regulaciones mediadas por sistemas automatizados”. Existen iniciativas similares, incluso privadas. Tal es el caso de TikTok, que en su batalla con la administración Trump hizo públicos algunos lineamientos de su algoritmo y empezó a trabajar en una política interna a partir de la cual el usuario puede disponer de qué tipo de selección y decisiones se toman de sus contenidos y del acceso a ellos. “En Estados Unidos, por ejemplo, muchas decisiones se toman de esta forma: hay mecanismos algorítmicos para evaluar la posibilidad de que una persona recupere la libertad bajo palabra en el sistema carcelario, hay otros que definen si aceptar o no a una persona como cliente en un seguro médico, hay sistemas que evalúan la perfomance de docentes en escuelas públicas, hay otros que evalúan el otorgamiento o no de ayuda social. Está lleno de mecanismos algorítmicos, tanto del sector público como del privado, que están tomando decisiones que impactan sobre la vida de las personas. Y en el caso de las redes sociales, estos algoritmos, a su vez, impactan sobre lo que se ha empezado a llamar nuestra ‘dieta informativa’, qué cosas nos llegan en este mar inmenso de información que circula por Internet minuto a minuto”.
Estos procesos automatizados nos han ayudado a encontrar consumos de nuestro interés, a que Netflix nos sugiera la próxima película que nos puede llegar a gustar, o que Spotify o YouTube nos recomienden una banda que nunca escuchamos pero que tiene similitudes con otras que sí. Pero cuando se los plantea desde el punto de vista del acceso a la información, dice Busaniche, se ven tendencias como la exposición permanente a contenido extremista, como el discurso del alt right (derecha alternativa estadounidense), que han fortalecido mucho su posición en la vida pública, “no solo a partir de la exposición en la calle, sino que todo eso tiene una expresión en las redes y se le ha dado una visibilidad allí, ese tipo de contenido cada vez más extremo se visibiliza a partir de estos algoritmos. Por eso sería interesante saber cómo funcionan, qué variables toman en cuenta, en función de qué datos se exhiben o no ese tipo de contenidos”. La respuesta está en tener mayor y mejor acceso y transparencia los algoritmos y saber cómo construyen los resultados a partir del volumen de datos. Una discusión que recién comienza.
