Dic 24, 2020 | Novedades, Trabajo
El pasado 3 de diciembre se sancionó, con 52 votos positivos y tres abstenciones, la Ley de Promoción de la Economía Social en la Legislatura de la Ciudad. Según un comunicado del Ministerio de Desarrollo y Hábitat porteño, uno de los organismos impulsores del proyecto, esta es una iniciativa que busca “fortalecer el desarrollo productivo de la economía popular, que involucra a cientos de miles de personas”. La titular de la cartera porteña, María Migliore, asegura que esta ley otorgará herramientas para que el sector pueda crecer e integrarse a las cadenas de valor y así generar trabajo de manera sostenida. Por su parte, los verdaderos protagonistas de ese sector plantean dudas, críticas y expectativas.
A grandes rasgos, la ley establece la creación del Registro de Unidades Productivas de la Economía Popular y Social, que es el registro de proveedores estatales en la ciudad; el acceso a herramientas financieras, como líneas de crédito; y la creación de un fondo público-privado a través de la constitución de un fideicomiso en el Banco Ciudad para financiar proyectos productivos.
A partir de este marco, diferentes cooperativas y fábricas recuperadas expusieron su visión sobre la nueva legislación. Una de ellas fue la cooperativa de productos lácteos Séptimo Varón, formada por un colectivo de trabajadores que recuperó la empresa en el año 2002. Sus productos se encuentran en el mercado desde hace más de 60 años y, actualmente, cuentan con siete locales de venta minorista distribuidos alrededor del AMBA. Federico Chab, uno de sus miembros, considera interesante que haya una ley que recoja a los actores de la economía social, muchas veces postergados en la agenda legislativa.
Asimismo, pone la lupa en cómo se va a reglamentar, ya que a su criterio hay algunos puntos fundamentales que no se mencionan, como el tipo de financiamiento – por ejemplo, si serán microcréditos o no -, si las cooperativas más grandes, como ellos, pueden acceder a estos beneficios y si hay un máximo de facturación o en la cantidad de trabajadores. Chab asegura que en reiteradas oportunidades “se toma a la economía social como pequeños micro-emprendimientos y en realidad nosotros somos una PyME que factura de a millones. Por esto muchas veces nos quedamos afuera de estos cupos fiduciarios”. Chab espera que los convoquen a participar para aportar su visión en la iniciativa.
Por su parte, Fabián Pierucci, presidente de la cooperativa La Litoraleña, que fabrica tapas de empanadas y tartas, comenta que el fin de aquella no es maximizar ganancias sino crecer como colectivo de trabajadores y, por ese motivo, exige una mayor claridad en la forma de financiamiento que otorgaría la ley. “Si es un fondo privado no podemos aceptar imposiciones”, sintetiza. A su vez, se explaya sobre la falta de delimitación entre el tipo de préstamo que puede necesitar una cooperativa como La Litoraleña, que es una PyME, y la que necesita cualquier otro emprendimiento individual. Asegura que la ley no proporciona ningún tipo de diferencia entre estas dos realidades sumamente diversas. Además, comenta que la ley no hace referencia a un tema tan delicado como la seguridad social: “Seguimos siendo monotributistas y somos un colectivo de 55 personas. Te terminás jubilando siempre con la mínima”, sentencia.
En esta línea, Eduardo Montes, presidente de la Federación de Trabajadores de la Economía Social (FeTraES), se pregunta cómo va a ser el registro formal de los trabajadores, cuál va a ser el organismo de aplicación de la ley y cuáles van a ser las características del fideicomiso. Para Montes la ley tiene “muchas carencias” y no se condice con las políticas que el Gobierno de la Ciudad llevó adelante en los últimos años, como fue “la eliminación y el vaciamiento del presupuesto destinado al sector en el año 2015”, agrega.
En busca de una mirada etnográfica sobre la situación de las cooperativas y fábricas recuperadas de cara a esta nueva ley, Andrés Ruggeri, investigador y director del programa Facultad Abierta en Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, dice que la ley es un hito importante para un sector totalmente desplazado en la economía formal. “Desde el 2007 que no hay un reconocimiento para este colectivo, me parece bien que haya una medida que recoja su realidad”, señala.
Sin embargo, cuestiona la conceptualización que hace la ley de la economía social: “Si vos armás toda la base del financiamiento desde el lugar de una economía de la pobreza y sin capacidad de crecimiento, pensada para pequeños montos de créditos, vas mal“.
Para Ruggieri, la estructura crediticia está mal planteada porque el Estado no invertiría en el fondo fiduciario sino que lo harían los privados que siempre tienen intereses por detrás. Sumado a esto, sentencia cómo se planteó la conformación del comité de financiamiento, que está integrado por los mismos miembros que van a sostener el fondo.
Ante la repregunta por la postulada “economía de la pobreza”, profundizó en lo problemático que pueden llegar a ser las valoraciones que edifica la ley en referencia a los receptores de la misma. “Partís de la base que la economía social no tiene escala y por eso brindás microcréditos o créditos sin mucha capacidad y así el sector nunca va a crecer”, concluyó.
Oct 8, 2020 | Novedades, Trabajo
Estos últimos meses fuimos testigos de la profundización de las problemáticas de los sectores más relegados y olvidados de la sociedad. Muchos de los conflictos laborales actuales no fueron creados por la pandemia ni la cuarentena, sino que el cese total de actividades los ha puesto en evidencia, y aunque llevan años afectando a muchos trabajadores, sistemáticamente son pasados por alto o silenciados.
El sector gastronómico es uno de los más golpeados por el aislamientos social, preventivo y obligatorio y aunque en la Ciudad de Buenos Aires ya se habilitó un protocolo por el cual los locales pueden disponer las mesas en las veredas y en los patios para recibir clientes, esto aún no sucede en el casi todo el resto del AMBA.
La precarización laboral de los trabajadores es alarmante: empleados que no están registrados, por los que sus derechos laborales son constantemente vulnerados o inexistentes, sumado a las largas jornadas sin descanso o su contrapartida el recorte horario sin ningún tipo de diálogo o mediación.
Una de las problemáticas a las que se enfrentan los empleados de los locales de comida durante el aislamiento, ya sean restaurantes o bares, es que sus empleadores eligen no abrir sus puertas, por más que puedan trabajar con modalidad delivery, debido a que esto implicaría un mayor gasto.
Este es el caso de The Tower, un bar ubicado en la localidad de Castelar, que desde que se declaró la cuarentena se mantiene cerrado, lo que, claramente, afectó a quienes trabajaban allí. Noelia, una de las empleadas del lugar comenta con respecto al cierre: “Afectó desde el primer discurso (referido a los anuncios de cuarentena realizados por el presidente de la Nación) ya que decidieron no abrir más desde ese día dejándome a mí y mis compañeros sin ese ingreso económico”. Los dichos de Noelia evidencian una realidad que no sólo sucede en The Tower, sino también en muchos otros locales, empleados precarizados que ante el cierre del lugar dejan de percibir su sueldo por completo.
La precariedad y los recortes de sueldo no sólo afectan al sector informal, lo mismo sucedió en el restaurante en donde trabaja Gisela desde hace más de 15 años, ubicado en Parque Leloir. Aunque ella trabaja de manera formal, su empleador, desde que comenzó la cuarentena, no ha realizado el pago alguno. Gisela comenta: “Mi sueldo se vio afectado porque mi jefe no efectuó ni pagos, ni aportes desde marzo del corriente año.” Además dice que el dueño del lugar decidió no abrir porque eso le implicaría más gastos que ganancias, y agrega: “No se sabe cuánto tiempo más el dueño va a tener esta postura, en el caso que decida abrir con delivery, ya nos informó que no va a poder seguir pagando los sueldos que teníamos antes de este contexto.”
También esta situación ha afectado de diversas formas a los dueños de restaurantes y bares, mientras que, más allá de los casos de aquellos que eligieron no trabajar bajo la modalidad de delivery por una cuestión de gastos, en otros casos la entrega de pedidos implicaba un peligro real para los empleados.
Esto fue lo que sucedió en el restaurante La Herradura que se encontraba en el country San Diego, ubicado en la localidad de Francisco Alvarez, Moreno. Agustín, empleado e hijo del dueño del restaurante, comenta que debido a que gran parte de su clientela eran personas que podrían haber viajado al exterior, continuar trabajando implicaba riesgo de contagio de Covid-19. Además, explica que aunque su padre ha trabajado por más de una década para poder sostener su restaurante, el local no podrá volver a abrir sus puertas debido a que el country que les concesionaba el espacio, a la hora de renovar el contrato, modificó diversas cláusulas que perjudicaban e implicaba gastos que no podían solventar. Con el cierre del local, no sólo que su familia pierde esa fuente de trabajo, sino que también, otras siete personas se quedaron sin sus empleos.
A pesar de la situación de desventaja en la que se encuentran los trabajadores, durante este año han podido organizarse como un colectivo unificado para que sus reclamos sean escuchados. Las formas de protesta que encontraron fueron desde visibilizar, a través de las redes sociales, las condiciones laborales en las que se encontraban los trabajadores de comida rápida y de entregas a domicilio, que fueron completamente autogestionadas. O también las últimas medidas impulsadas por la Unión de Trabajadores Hoteleros de Turismo y Gastronómicos (UTHGRA), que llamó a sus afiliados a presentarse en sus puestos de trabajo, el pasado 15 de septiembre, a modo de protesta y pedido que se reactiven y retomen las actividades laborales.
Abr 15, 2020 | Géneros, Novedades
En lo que va del año, el 62% de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima.
“A Cristina la maté porque empezamos a discutir porque yo no quería tener relaciones”, le confesó Abel Romero al fiscal de Lanús Jorge Grieco. Los cuerpos de Cristina Iglesias (40) y su hija Ada (7) fueron encontrados el 28 de marzo, enterrados en el patio de la casa en la que vivían en Monte Chingolo. “A la nena la maté porque se despertó y comenzó a gritar al ver a su madre tirada en el piso”, reveló Romero, aunque los peritos que realizaron la autopsia consideran que la niña fue apuñalada mientras dormía.
Desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, el 20 de marzo, el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora que sí nos ven” registró 18 femicidios confirmados, lo que implica uno cada 32 horas. Susana (51), Lorena (32), Solange (2), Cristina (40), Ada (7), Florencia (39), Yoana (30), Romina (39), Alejandra (22), Estella (40), María (45), Anacarla (2 meses)… la lista sigue y no para.
“Hubo polémicas con los números, tiene que ver con cómo se consigna”, explicó a ANCCOM Laura Rothberg, integrante del Observatorio. “Nosotras hacemos el registro a nivel mensual porque se necesita un tiempo de análisis, sobre todo en temas como estos, que a veces parece que son femicidios y no lo son. Pero, entendiendo el contexto y lo que es para una mujer que sufre violencia de género estar encerrada con su agresor, decidimos sacar una cifra el 13 de abril, cuando se suponía que terminaba la cuarentena”. Y añadió: “Las cifras que nosotras tenemos son representativas, ya que hacemos un monitoreo minucioso de más de 160 medios gráficos y digitales de todo el país. Hay muchas variables y es muy difícil. Un registro único cruzaría distintos tipos de métodos y fuentes como las denuncias, los medios y las causas judiciales”, concluyó Rothberg. Si bien el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad tiene la propuesta de un registro único de femicidios a nivel nacional, aún no está operativo.
Según el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, entre el 1 de enero y el 30 de marzo de 2020, hubo 86 femicidios. Frente al contexto de aislamiento social hay un dato que cobra especial relevancia: en lo que va del año, el 72% de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima. En cuanto al vínculo con el agresor, el 56% de los femicidios fueron cometidos por las parejas o ex parejas de las víctimas. Los resultados no dan lugar a dudas: en los hogares está el mayor peligro para las mujeres y los femicidas son los hombres que alguna vez dijeron amarlas.
El 65% de los femicidios fueron cometidos por las parejas o ex parejas de las víctimas.
Según las Naciones Unidas (ONU), al menos una de cada tres mujeres ha sufrido en algún momento de su vida violencia física o sexual, principalmente por parte de su pareja. Esto convierte a la violencia contra las mujeres y las niñas en una pandemia. Ahora, frente a la emergencia sanitaria por el avance del COVID-19, la ONU advierte que la tendencia indica que habrá un menor acceso a la salud sexual y reproductiva y un incremento de la violencia doméstica cuando los hogares están bajo tensión.
En nuestro país, han aumentado tanto los llamados a la línea 144 de violencia de género como las consultas por redes sociales. En la provincia de Buenos Aires, la línea 144 recibió un 56 por ciento más de llamadas desde que se inició la cuarentena, según informó el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense.
“Es algo que preveíamos por el contexto de aislamiento social obligatorio. Pero, por otro lado, hay una baja de las denuncias en los ámbitos que son presenciales justamente por las medidas de restricción de circulación”, explicó a ANCCOM la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz. “Vivimos esta doble preocupación: cómo una consulta después puede traducirse efectivamente en una denuncia, y cómo hacer para que las medidas de protección, de ser necesarias, se lleguen a tomar- agregó Díaz-. Estamos trabajando en esa línea porque son parte de las nuevas problemáticas que aparecen en este contexto”.
¿La línea 144 se encuentra saturada?
No, se está trabajando mucho. El Ministerio de la Nación incorporó una línea de WhatsApp. Es una vía por la cual el mensaje de texto es otra opción y la verdad que es bueno porque a veces no se puede hacer una llamada, pero sí mandar un mensaje. Nosotras también incorporamos en la Provincia un WhatsApp y sumamos nuevas operadoras a la línea telefónica.
Una vez que la víctima se contacta con la línea 144 o a través de las redes sociales, ¿cómo es la articulación con la Justicia?
Normalmente se nos da un teléfono de contacto y se ve con la persona en qué momento puede hablar. Entonces, el equipo de seguimiento se pone a trabajar dependiendo del grado de urgencia que tenga el caso. Si es un caso extremadamente urgente se articula directamente con Seguridad, con el 911. En los casos en los que se puede hacer una denuncia, se le explicita por las vías en que puede hacerlo. Hoy el Ministerio de Seguridad tiene una página por la que se puede hacer la denuncia y después ver qué disposiciones se llevarán a cabo. Por ejemplo, las medidas cautelares se prorrogaron por resolución de la Corte hasta que dure el aislamiento sin necesidad de ningún trámite. El tema es cómo se van a tomar medidas en los casos que se están denunciando ahora. Por eso, tuvimos una reunión con el presidente de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo De Lazzari, y con el procurador, Julio Conte Grand, para trabajar en esto. Estamos buscando algún tipo de aplicación simplificada con un formulario único y también hacer alguna campaña de comunicación común. Estamos aprendiendo todos.
Según la ONU, una de cada tres mujeres ha sufrido en algún momento de su vida violencia física o sexual.
Entre las nuevas medidas destinadas a reforzar la atención a las personas en situación de violencia de género, el Ministerio de la Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) lanzaron el primero de abril la campaña solidaria “barbijo rojo”.
“Una siempre tiene una farmacia más o menos cerca de su domicilio y, si no puede salir, puede ir un conocido o un familiar que sepa de la situación. Hay que ir a la farmacia y decir: ‘Quiero un barbijo rojo’. Al recibir el pedido, el personal farmacéutico activará el protocolo que es un secreto profesional para no poner en peligro a la víctima”, dijo a ANCCOM la pro-secretaria de COFA, Alicia Merlo. Y añadió: “Hemos sido elegidos por el Ministerio dado que COFA abarca 18 de las 24 provincias y, en las seis restantes, siempre tenemos farmacias amigas”. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, la campaña se ha implementado “parcialmente en algunos municipios”, declaró la ministra Díaz.
También, se sumaron a la medida la Federación Nacional de Empleados de Farmacia (FENAEMFA) y la Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF). “Cuando tomé conocimiento de la campaña, a través de los medios, pensé que teníamos que sumarnos porque, en realidad, los que tienen contacto permanente con el que entra a la farmacia son nuestros afiliados”, expresó a ANCCOM el Secretario General de FENAEMFA, Víctor Carricarte.
Otra de las disposiciones fue la Resolución 15/2020, que aclara que las mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género pueden salir de sus domicilios, solas o con sus hijos e hijas, si necesitan protección, realizar denuncias o pedir ayuda.
Estas nuevas medidas son fundamentales para responder ante la emergencia, pero para evitar nuevas víctimas es necesario desarrollar un proyecto a largo plazo. Para la socióloga e investigadora Dora Barrancos se trata de “repensarlo todo. Hay que tener institutos en los barrios que exclusivamente se dediquen a una sistemática acción de prevención y generen debate de las violencias, instruir más a las mujeres e implementar un tratamiento de los violentos. Son cuestiones que hay que encararlas en una circunstancia de base, que es modificar completamente la pauta vincular y curricular en el sistema educativo.” Y agregó: “Por un lado, estamos fatigándonos por los espantosos números que arroja la violencia y los femicidios, pero por el otro, estamos postergando muchísimo la reforma curricular, la readaptación de las mentalidades de la docencia en nuestro país. Mientras tengamos un fortalecimiento del patriarcado con índoles categoriales en el sistema educativo existirán experiencias vehiculizadoras de violencia. Si tenés tareas de niños y tareas de niñas; qué hacen las mamás y qué hacen los papás exclusivamente, ¡estamos en el horno! Ahí hay una autorización patriarcal porque alguien tiene mejor disposición que otros. Henos aquí en el cuadro del círculo vicioso de la violencia patriarcal. Hay que cortar eso desde abajo.”
Con respecto a los cambios que puede generar el coronavirus en nuestra sociedad, Barrancos comentó a ANCCOM: “Ahora vemos cómo está en riesgo la vida humana, cuando volvamos a la normalidad se verá que hay otros males evitables y, sin embargo, siguen matando a las mujeres. No estoy muy entusiasmada sobre la modificación completa que se pueda realizar. No es tan fácil el bien social, no es tan fácil inhibir las formas brutales capitalistas. Pero, vamos a apostar de todos modos.” Y reparó en una situación paradójica que produce el confinamiento: “Como todo el mundo está en su casa, han disminuido los ruidos habituales, hay mucha audición. Por ejemplo, yo estoy en un barrio en el que puedo escuchar ruidos, voces, alaridos. Y antes, eso en el ruido general no se percibía. En ese punto podemos llegar a intervenir como vecinas y vecinos.”
El desafío está en cómo erradicar la violencia que, según la ONU, provoca más muertes que la tuberculosis, la malaria y todos los tipos de cáncer juntos. Hoy, incluir la perspectiva de género en la respuesta frente al COVID- 19 resulta más urgente que nunca para evitar que el “quedate en casa” se convierta en una trampa mortal.
Por situaciones de violencia de género llamá al 144. Podés escribir por WhatsApp a los números (+54) 1127716463 / (+54) 1127759047 / (+54) 1127759048. O mandar un mail a: linea144@mingeneros.gob.ar. Si la situación es de emergencia, comunicate al 911.
Jun 26, 2019 | Novedades, Vidas políticas
Invitaciones a tomar un café, posibilidades de establecer un Plan V, chancletazos, anuncios sorpresivos, amenaza de colectoras, ofertas, contraofertas y expectativa hasta el último segundo fueron las múltiples escenas que signaron el cierre de listas frente a las PASO. No obstante, y a pesar de tanto trasiego, ayer se presentaron proyectos para suspenderlas. ¿Cuáles son las posibilidades de que esto suceda?
Desde hace semanas, los argentinos no hablamos de otra cosa. El anuncio de Cristina Fernández como vicepresidenta, los numerosos vaivenes de Sergio Massa, el cambio de frente de Miguel Ángel Pichetto, la evaporación de la UCR y los análisis post cierre de fórmulas han marcado los debates en los medios y en las mesas. Se habla de ganadores y perdedores: que la Cámpora con Máximo Kirchner a la cabeza monopolizó la lista, que Elisa Carrió logró engrosar su bloque, que Miguel Pichetto perdió al no poder incluir senadores, que Daniel Lipovetzky descendió a la provincia, que Matías Lammens ascendió a la política y que Margarita Stolbizer se evaneciò junto con Gabriela Michetti y Emilio Monzó. Ahora, el postre: la eliminación de las PASO. Para comprender todo este fenómeno ANCCOM dialogó con Nicolás Tereschuk, politólogo y Magister en Sociología Económica y Néstor Leone, sociólogo y periodista.
¿Siempre se genera tanto revuelo y espectacularización para confeccionar las alianzas? Nicolás Tereschuk considera que este cierre contrajo más debate y enunciaciones, porque, a diferencia de las dos últimas elecciones, esta vez las listas van unificadas: “En las elecciones de 2015 cada parte llevó su propia lista. Por ejemplo en Cambiemos, el radicalismo llevó una, la Coalición Cívica también y el PRO llevó otra, que después participaron de primarias y se fueron unificando. Pero esto hace que al momento de confeccionar las listas no hubiera tantos niveles de negociación como los que hubo estos días. Lo mismo el Frente de Todos. Porque el Partido Justicialista o el Frente para la Victoria iban por un lado y el Frente Renovador iba por el otro. Entonces a la hora de conformar sus listas tenían menos grado de conflictividad. Ahora hay una serie de negociaciones que tiene que ver con cómo armar una sola lista. Y eso le pone más tensión a esa definición”. Y las candidaturas siguen teniendo un número limitado.
Tereschuck remarca lo que ya muchos habían notado. Las listas están en su mayoría unificadas, al menos en los principales cargos, como las fórmulas presidenciales o los precandidatos a Gobernador de Buenos Aires. No hay ningún candidato a presidente que vaya a internas en las primarias. Estas están reservadas para algunos cargos legislativos, de diputados, senadores nacionales o intendentes. Por ejemplo, el oficialismo las va a usar en Misiones y San Luis y el Frente de Todos en el Chaco.
¿Cuál es entonces el objetivo de la realización de las PASO si los ciudadanos casi no pueden incidir en las fórmulas de los partidos? Hay quienes las acusan de ser una gran encuesta nacional muy cara. Se estipula que el gasto de las primarias es de 4.300 millones de pesos, más del 40% del presupuesto total reservado para las tres instancias eleccionarias. De aquí deviene la idea de la suspensión. Néstor Leone, considera que la decisión de eliminar las primarias muestra un signo de debilidad del gobierno, así como también un cambio en las reglas de juego. “No me parece que garantice la seguridad jurídica de un proceso electoral cuando ya está en marcha la campaña. No solo cerraron las listas, sino que estamos a 46 días de votar. Es válido plantear la significación de las PASO como mecanismo para resolver candidaturas, pero me parece que no es el contexto estando ya en marcha el cronograma”. Para el analista, el anuncio de la suspensión es una jugada del oficialismo, impulsado por una marcada derrota en las provincias, para ganar tiempo con la ilusión de que la economía se recomponga y el dólar se estabilice.
Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias se sancionaron en 2009, tras la aprobación de la Ley Electoral 26.571, con el objetivo, además de definir quién representará a cada partido, de establecer un piso mínimo de votos -el 1,5%- para que un candidato pueda validarse como tal en las elecciones nacionales. “Podemos pensar que los grandes partidos no tienen problema en eso, pero hay otros que sí”, explica Tereschuck. Y recuerda que más allá de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, Consenso Federal y el Frente de Izquierda, también se presentaron para presidenciales el Nuevo Más, el Frente Despertar, el Frente Nos, el Frente Patriota y el Partido Autonomista Nacional.
Para Néstor Leone, las PASO, en términos retrospectivos, contribuyeron a “ordenar la oferta electoral y a reducir la fragmentación política, que es una vieja deuda que tiene el sistema político argentino como herencia de la crisis de 2001”. Ejemplo de ello es la izquierda, espacio históricamente dividido, que desde 2009 se fue aglutinando para formar el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Lo mismo ocurrió, como ya se mencionó, con Cambiemos en 2015 y las tres fuerzas que lo integran.
Pero el escenario hoy es otro, las listas están unificadas y el país polarizado. “Antes del cierre de listas se planteaba una discusión: si la polarización iba a ser de hecho, o si la oferta iba a estar polarizada. Y me parece que sucedió esto último. La oferta se da en dos grandes bloques que concentran entre el 75% y el 80% de los votos”, explica el sociólogo, y agrega: “El sistema político argentino en los últimos años ha tenido dos bloques dominantes, dos minorías internas, que acaparan cada uno el 30 o 35% de los votos: el kirchnerismo y Cambiemos. Y después tenemos un voto lábil, votante independiente, indeciso, que es principalmente quien define las elecciones. Ese votante independiente me parece que en esta ocasión va a ser menor ya desde el arranque”.
La unificación de las listas está determinada por la reunificación propia de los partidos, particularmente del peronismo, que contempla la posibilidad de vencer a Mauricio Macri. Si fuera el triunfo de Macri fuera seguro, el peronismo estaría más dividido, considera Tereschuk. Y agrega: “El presidente Macri va a reelección y en general, por lo que uno ha visto en la historia de la Argentina, los presidentes que concurren a reelección han estado más fuerte que Macri. Estoy hablando del caso de Menem o de Cristina Fernández, pero también del paso de Kirchner a Cristina. En esos tres momentos los presidentes estaban más fuertes políticamente de lo que está Macri el día de hoy y eso les permitía incidir con más fuerza en el plano electoral. En general, cuando el presidente está fuerte, la oposición está más dividida o fragmentada. En este caso la oposición llega a este cierre de listas en un proceso de fortalecimiento y de unificación. El Frente de Todos fue a las últimas legislativas en tres boletas diferentes y ahora va unificado. Me parece que el presidente Macri tuvo poca incidencia en la posibilidad de dividir la oposición o fragmentarla como se había especulado desde hace tiempo”.
¿Es posible suspender las PASO? El proyecto difícilmente sea aprobado. El fiscal electoral ya anunció que las PASO deben cumplirse. No obstante, según coinciden los analistas, el debate en torno a su instrumentalidad se puede (y se debe) dar como sociedad, pero a futuro, no con las elecciones ya en marcha. La actual propuesta quizá sea un nuevo intento oficial de imponer un tema polémico en agenda para desviar la atención de la crisis económica.
¿Qué se debe esperar entonces de estas primarias? Lo que ya sabemos. Una campaña por demás polarizada. ¿Y cuál es el espacio que tienen en ella los frentes más pequeños? “Tienen el lugar que se da en la democracia. Por más que las elecciones tiendan a polarizarse, nunca hay dos fuerzas políticas solas y está bien que así sea, porque hay distintas opciones, matices y sectores en una sociedad. Y por supuesto que todos ellos ocupan un lugar”, termina Tereschuk. Así mismo, ante la posibilidad de una segunda vuelta, es clave su posicionamiento para arrastrar a sus votantes a otro candidato.
Las elecciones no están para nada definidas. Las encuestas solo demuestran incertidumbre y los próximos 46 días van a ser claves para el posicionamiento de los principales candidatos. ¿El gran triunfo? El de las mujeres, que ocupan el 50% de las candidaturas. “En un contexto donde el movimiento femenino cobra fuerza y plantea discusiones, reivindicaciones y derechos al interior de una sociedad, es necesario que exista una paridad real en donde se toman las verdaderas decisiones”, finaliza Leone.
Feb 28, 2019 | Novedades, Trabajo
El último 6 de enero, un operario trabajaba en la planta de la Dreyfus, de la localidad santafecina de Timbúes, cuando el piso cedió y lo hizo caer en una fosa llena de líquidos a altas temperaturas. Con el 90 por ciento del cuerpo quemado, el trabajador, identificado como Fernando Peña, murió un día después en el Sanatorio Británico de Rosario. El 12 de
febrero, Pedro Manuel Gauna trabajaba en altura en el parque industrial de la papelera
Samseng, en el partido bonaerense de Pilar. Tras perder la estabilidad, cayó al piso y perdió
la vida. Al día siguiente, también en Santa Fe, Walter Quiroz, operario de una empresa
eléctrica subcontratada por la empresa Cofco -que un mes antes había despedido a 200
empleados- tuvo un destino similar cuando la pasarela de 15 metros de altura sobre la que
se encontraba se desplomó, dentro del predio de aquella multinacional china en la ciudad de Puerto San Martín. Esas muertes, ignoradas por casi todos los medios, son apenas algunas de las causadas por las fallas en las medidas de prevención por parte de las compañías.
Según datos oficiales del informe anual de accidentabilidad laboral, elaborado
en octubre del 2018, por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) “en el año 2017, se registraron -en Argentina- 67.514 casos en los que el trabajador padeció alguna incapacidad permanente. Para los varones, los accidentes de trabajo constituyeron la
principal causa de incapacidad laboral (69,9%), mientras que para las mujeres lo hicieron
los accidentes in itinere (47,5%)”, es decir, que se producen en el trayecto desde el
domicilio del trabajador hasta su puesto de trabajo. El informe especifica que “en el conjunto de los casos notificados, la forma de ocurrencia más frecuente de los accidentes fueron las pisadas, choques o golpes por objetos (26,6%), las caídas de personas (20,7%) y los esfuerzos excesivos (13,5%)”.
Lorenzo Gómez, presidente del Consejo Federal de profesionales de Seguridad e Higiene (COFESH), destaca cómo se vulnera la normativa vigente en relación a la salud y seguridad de los trabajadores dispuesta por la Ley 19.587: “Uno de los sectores en el que menos se cumple con las normas de seguridad son las obras privadas de construcción. Por los lugares que uno transite, se observan obras en las que es notorio el incumplimiento en materia de prevención, desde la falta de elementos de protección personal hasta los elementos de protección colectiva, como la colocación de mallas anticaídas, señalización, cartelería de obra, etcétera. A medida que nos alejamos de los centros industriales o ciudades capitales se potencian las faltas de medidas de prevención”, asegura.
El 9 de septiembre de 2016 no fue un día más. Sólo en la Ciudad y el Gran Buenos Aires,
con horas de diferencia, fallecieron tres trabajadores en sus respectivos puestos de trabajo.
El derrumbe de una medianera en una obra en el barrio de Villa Crespo produjo la muerte
de Richard Alcaraz. David Ramallo, técnico de la línea 60, murió luego de que el elevador
que sostenía el colectivo que reparaba cediera, y el peso de la unidad cayera sobre él. Diego Soraire, otro trabajador, se encontraba trabajando en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) cuando un digestor explotó causándole heridas que terminarían con su vida. Estos tres hechos fueron el puntapié inicial que dio origen al espacio Basta de Asesinatos Laborales (BAL), que, en su informe sobre el tema, difundido a fines del año pasado, sostiene que «los tres casos no fueron hechos aislados, son el resultado del ahorro en salud y seguridad en el trabajo por parte de las patronales, de la desidia del control estatal y de la complicidad de las burocracias sindicales. Por esta razón, si pudieron evitarse, no son accidentes, son asesinatos».
El espacio BAL agrupa a compañeros y familiares de las víctimas que exigen justicia y buscan poner en evidencia “los asesinatos producidos en el trabajo producto de la negligencia, falta de inversión y falta de interés de los empleadores. También se trata de visibilizar las pésimas condiciones en que se desarrolla el trabajo en forma cotidiana, y las múltiples dolencias, problemas y enfermedades que provoca la forma en que está organizado”, explica el licenciado Oscar Martínez coordinador del taller de Estudios Laborales e integrante de BAL. Además, dice el especialista, “se busca dar apoyo
y contención a las familias de los trabajadores muertos y capacitar a los trabajadores para
que tengan herramientas en defensa de su salud”.
“Muere un trabajador aproximadamente cada 21 horas, pero eso es negado sistemáticamente. Sólo es noticia cuando es imposible de ocultar”, remarca Martínez. La
cifra es resultado de la investigación realizado por BAL a través de “un trabajo de
recopilación de datos combinando información publicada por la SRT, con otra obtenida por
este espacio en forma directa y a través de fuentes periodísticas. La información
proveniente de la SRT sólo abarca a los trabajadores formales, en blanco, es decir, “no
contempla a los trabajadores no registrados, comúnmente llamados ‘en negro’ que según el
INDEC son aproximadamente una tercera parte de los asalariados”, resalta el informe que
abarca desde octubre de 2017 a septiembre de 2018.
En el informe se expone que, en el período señalado se produjeron 375 muertes, de las
cuales la amplia mayoría fueron jóvenes de entre 30 y 40 años. En cuanto a la distribución
sectorial por rama de actividad, la mayor cantidad de muertes se producen en la de
transporte (20%) en donde se destaca como causa principal el choque de vehículos. “Las
extensas jornadas laborales, la falta de descanso y la falta de mantenimiento de los
vehículos explican la mayoría de estas muertes”, se detalla. Le sigue la rama de la
construcción con un 18%, en la que se aclara que el subregistro de muertes es muy amplio ya que “abarca más del 40% de los trabajadores asalariados según datos ofrecidos por el Plan Nacional de Regulación del Trabajo” Las principales causas de muerte suelen ser el derrumbe o desplome de edificios y las caídas de altura. En tercer lugar se encuentra la
rama industrial con un 12%, seguida por la agropecuaria, con un 11%.
Detrás de cada estadística hay cientos de historias, y detrás de cada historia hay un
protagonista y una familia. Los números pueden parecer fríos y distantes, es por eso que en el informe se los humaniza. Las cifras están acompañadas de casos concretos como el de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, vicedirectora y portero, respectivamente, de la
escuela N° 49 de Moreno en donde el 2 de agosto de 2018 ambos perdieron la vida en su
puesto de trabajo a causa de una explosión producida un escape de gas. La administración
pública tiene un alto porcentaje de muertes -un 10%- sobre el total de víctimas fatales en
situaciones de trabajo.
Para Gómez, frente a esto “las medidas que deben tomarse son de tono cultural.
Debemos cambiar el paradigma donde el trabajador solo da la fuerza de trabajo y el
empresario el factor económico, debemos apuntar al trabajo mancomunado donde todos los integrantes de la cadena productiva tienen un valor de suma importancia”. En ese sentido, el titular del COFESH afirma que hay que apuntar “a una conducta de seguridad global donde el empresario invierta en medias de innovación para facilitar la actividad laboral, los trabajadores se involucren con las normas de seguridad y el estado controle el
cumplimiento de estas”. Mientras tanto, cada jornada que pasa deja otra víctima fatal en una fábrica, una obra en construcción, una ruta o una oficina estatal.
