Nov 11, 2020 | Culturas, Novedades
El impacto del COVID-19 obliga a repensar la relación del ser humano con la naturaleza y los impactos que ha ocasionado en ella a lo largo de la historia. El cineasta Juan Dickinson presenta el jueves 12 de noviembre por Cine.ar TV su más reciente documental Proyecto Parque Patagonia para ahondar en uno de esos conflictos en el noroeste de la provincia de Santa Cruz, entre los habitantes y productores locales y un proyecto de resilvestración de 500.000 hectáreas en manos de la fundación Rewilding Argentina, cuyos objetivos ambientalistas ponen en riesgo la forma de vida y las actividades económicas de los habitantes del lugar.
“Es un conflicto falso, en el sentido de que ambas partes están interesadas en hacer lo mejor por nuestro planeta, pero no lo están haciendo de la mejor manera”, expuso el director y productor en diálogo con ANCCOM.
En 2019, un grupo de productores locales contactó a Dickinson después de ver su anterior trabajo, Perros del fin del mundo, que exhibe la amenaza de los perros cimarrones sobre las personas y la cultura de Tierra del Fuego. La voz del director les pareció la indicada para difundir la problemática que nació en abril de ese año, cuando la viuda del filántropo estadounidense, Douglas Tompkins, donó 410.000 hectáreas a la zona austral de Chile para cumplir el sueño de su marido de consolidar un parque binacional unificando esas tierras con el lado argentino. Cuando el cineasta accedió a la propuesta se encontró con la resistencia de Rewilding Argentina -fundación creada en 2010 gracias a la herencia de Tompkins Conservation- pero los 53 años de experiencia de Dickinson en el cine le sirvieron para lograr que la directora de la fundación, Sofía Heinonen y un montañista simpatizante que adscribe a los objetivos de la ONG accedieran a revelar su punto de vista.
«Lo que planean hacer es bien intencionado, pero tenés que encontrar la forma de que esté bien para todos», dice Dickinson.
Rewilding Argentina propone la defensa de especies oriundas en peligro de extinción, como el pato macá tobiano, lo que supone la eliminación total de las personas en el territorio y su producción ganadera, que degrada el suelo debido al sobrepastoreo. Si bien miembros del Instituto Nacional de Tecnología Agraria (INTA) afirman que este inconveniente fue resuelto y que la cantidad de animales ha disminuido en los últimos tiempos, el Proyecto sigue en pie y se enfrenta a la constante resistencia de los vecinos y la legislación provincial de Santa Cruz que se niega a cederles más territorio.
El documental recoge testimonios que dan cuenta de la destrucción tanto de fuentes laborales como de la cultura local. Uno de ellos relata que cuando Rewilding Argentina, introdujo en la zona cachorros de puma para regular el ecosistema y la cadena trófica, impactó negativamente a la producción ovina ante la falta de alimento para esta fauna “plantada” en la zona resilvestrada. Otro menciona presiones y hostigamiento por parte de la Fundación bajo el argumento de la “utilidad pública”.
Frente a estos y otros reclamos expuestos en el film, Dickinson aseguró que el consenso es primordial para llevar a cabo proyectos de tal magnitud. “Es importante el enfoque de resolución que querés dar, porque si bien lo que planeás hacer está bien intencionado, tenés que encontrar una manera de que esté bien para todos. De lo contrario, generás una resistencia que te impide prosperar”. Y agregó que según su observación durante el rodaje: “Hay un mensaje que no está adaptado a las condiciones, y eso hace enojar a la gente que ha estado ahí hace mucho tiempo y conoce el lugar. Rewilding Argentina habla de modular la economía basada en el turismo, y muchos vecinos dudan que eso vaya a suceder”.
“El mensaje no está adaptado a las condiciones, y eso hace enojar a la gente que ha estado ahí hace mucho», señala.
El director rescata la teoría de su gurú ambientalista, del científico y naturalista británico David Attenborough. “Cuando uno mueve una cosa, provoca un movimiento en la naturaleza. Cada vez que vos hacés algo, sobre todo un proyecto tan grande como el de Rewilding Argentina, hay que hacer lo necesario para que eso aguante en el tiempo”. Esta Organización ya llevó adelante un proceso de resilvestración en Monte León –Santa Cruz- que luego careció de mantenimiento, y aunque “reconocieron su error”, los lugareños sospechan que sucederá lo mismo.
“El documental no ofrece ningún tipo de solución, pero trata de presentar los hechos, las opiniones, y da la posibilidad de estar con la gente, ver quiénes son y el grado de apego que tienen con el medio ambiente”, concluye Juan Dickinson. “Es un lugar al que muy poca gente llega y nosotros estamos tratando de hacerlo accesible para que puedan formar una opinión más completa dándole información desde ambas partes”.
Proyecto Parque Patagonia fue seleccionada para participar en la 27ª edición de SUNCINE 2020, el Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente en Barcelona. Su estreno en Argentina será el jueves 12 de noviembre a las 20 hs por Cine.ar TV, y se repetirá el sábado
Sep 29, 2020 | Culturas, Novedades
La directora y guionista argentina Laura Casabé, quien lleva más de diez años incursionando en cine en los géneros de la fantasía y el terror, en octubre estrenará su más reciente trabajo: Los que vuelven.
Ambientada a principios del siglo XX, pero con un enfoque actual, la película propone una relectura sobre la estigmatización de las comunidades indígenas marginadas. Narra la historia de Julia (María Soldi), esposa de un terrateniente yerbatero de Misiones, que pierde a su bebé recién nacido y le pide a su criada guaraní (Lali González) que lo devuelva a la vida convocando los poderes de Iguazú. El niño resucita, pero también lo hacen los miembros de la comunidad con el fin de reapropiarse de las tierras que el hombre blanco les ha quitado.
La vigencia del conflicto en la actualidad inspiró a la directora a trabajar en este largometraje y a resignificar los conceptos de barbarie y salvajismo con los que se asocia al indígena. Obras como La vuelta del malón de Ángel Della Valle continúan expuestos en el Museo Nacional de Bellas Artes como grandes obras nacionales, siendo -según Casabé- una propaganda de guerra contra el indio. “Este cuadro es una suerte de maquinaria simbólica muy fuerte que estableció la idiosincrasia nacional. Propone al indio, al ‘malón’, como un animal salvaje que viene a quitarnos a nosotros, los hombres blancos, la propiedad privada que paradójicamente les quitamos nosotros a ellos. Es la grieta histórica en el planteo de civilización o barbarie que recorre la historia nacional y latinoamericana. Desde ese momento hasta ahora no ha cambiado sino que se invisibilizó aún más”, aseguró la directora en diálogo con ANCCOM.
Paula Casabé está elaborando un nuevo proyecto cinematográfico de terror basado en las obras de Mariana Enríquez.
La figura del indio “bárbaro”, “salvaje” y “demonizado” es moneda corriente en la historia del cine, pero la película adopta ese estereotipo para cuestionarlo. “Los que vuelven no son agresivos sino inquietantes, personajes que empiezan a apropiarse de aquello que les perteneció”, señaló Casabé. Fue un trabajo que requirió de mucha investigación, concientización y, principalmente, reconceptualización. “En la primera versión del guión había un saqueo de los indios a la casa y el secuestro de la mujer del terrateniente. Pero a partir de la conversación con la gente de la comunidad nos dimos cuenta que estábamos reflejando el mismo relato del cuadro (La vuelta del Malón). Lo tenemos tan impregnado que, a pesar de querer alejarnos de él, se cuela igual”, explicó. Para evitar caer en material histórico hegemónico el equipo de producción trabajó con historiadores especializados, dialogó con la comunidad misma, conformó un elenco integrado por sus miembros y tomó algunas licencias creativas.
Los desafíos también se presentaron durante el rodaje, empezando por la fuerte devaluación económica que se produjo en 2018, cuando en octubre de ese año tenían planeado el viaje del equipo a Misiones para realizar el rodaje. Una película que, inicialmente, estaba programada para seis semanas de filmación, tuvo que reducirse a cuatro, debió limitar el uso de efectos especiales y aplicar otras tantas medidas de recorte. Por otra parte, “trabajar con chicos de las comunidades marginales también fue un acto de fe, porque no teníamos manera de comunicarnos con ellos sino con el cacique. Solo nos quedaba confiar en que les pasara la información a los actores y que ellos lleguen a horario, o siquiera que lleguen”, sostuvo la directora.
Con un presupuesto limitado y una confianza a ciegas, la apuesta a filmar en la selva misionera se duplicó. “Como estábamos en temporada de lluvias y era un clima tropical, el plan de rodaje era indomable y debíamos recalcularlo todos los días. El barro rojo era muy resbaladizo y provocaba que los camiones se trabaran, la movilidad era un circo total, la luz cambiaba todo el tiempo y, para colmo, tuvimos que bajar sesenta metros del Salto de Iguazú con una actriz enferma y otra embarazada”, recordó Casabé aunque admitió que la experiencia fue difícil, pero espectacular, y aseguró que volvería a trabajar en en el mismo lugar: “Tengo ese delirio místico de que la naturaleza nos castigó, nos puso en situaciones muy extremas, pero finalmente nos permitió filmar en muy poco tiempo porque coincidía ideológicamente con nosotros”, reflexionó.
La película cuestiona el estereotipo del indicio como un salvaje o un bárbaro demonizado.
La película participó en el Festival de Cine de Mar del Plata 2019 y tenía programado su estreno nacional el pasado abril, pero la pandemia por el Covid-19 lo impidió. La solución fue la transmisión virtual y, lo que en un principio significó una oportunidad perdida para compartir el trabajo en compañía de la audiencia, pronto se transformó, para Casabé, en una nueva oportunidad para el cine nacional: “Se obtuvo muchísimo más alcance que lo que se hubiera conseguido en pantalla grande. Antes, era difícil tener una cantidad de salas disponibles y, si accedías a ellas, nunca tenías presupuesto suficiente para su promoción. Pero ahora las producciones nacionales están teniendo mucho público porque se estrenan en la web y se federalizan”. La directora ejemplificó con El acecho, una película dirigida por Francisco D’Eufemia y estrenada el pasado 6 de agosto por la plataforma de streaming Cine.ar con más de 40 mil espectadores diarios, un alcance exorbitante para el cine independiente argentino.
El cine nacional apuesta cada vez más a géneros que antes se asociaban casi exclusivamente a la producción anglosajona. Para Casabé: “El cine nacional, en este momento, es muy heterogéneo. Hay de todo. Hubo un crecimiento del género fantástico, que antes se mantenía en los márgenes. Y viene acompañado de los estrenos virtuales, el mayor acceso del público y su formato gratuito”. La directora ya tiene un recorrido explorando este género con películas como El hada buena: una fábula peronista (2010) y La valija de Benavídez (2016).
Actualmente, Casabé está elaborando un nuevo proyecto cinematográfico de terror basado en las obras de Mariana Enríquez, con una fuerte apuesta a la crítica política y social. Mientras tanto, se podrá disfrutar del estreno de Los que vuelven el jueves 1° y el sábado 3 de octubre en Cine.ar TV y en el Autocine al río en San Isidro el domingo 4.
Jun 4, 2020 | Comunidad, Novedades
Paraguay es uno de los pocos países que ha logrado contener al covid-19. Los contagios registrados hasta ahora son solo 1.013, dentro de los cuales 700 son personas repatriadas provenientes principalmente de España y Brasil. Los casos de fallecidos se mantuvieron en 11 en las últimas dos semanas: es el menor número registrado en Latinoamérica hasta hoy. Estos resultados se le atribuyen al rápido accionar del gobierno, que fue uno de los primeros en la región en decretar el cierre de fronteras y de escuelas, en suspender las actividades de concurrencia masiva, y en imponer la cuarentena obligatoria desde el 11 de marzo.
Pero las severas restricciones que resguardan la salud de la población afectaron a nivel económico. El presidente Mario Abdo Benítez comprende que el panorama financiero no es favorable. Su gabinete admitió que la situación se agravaría; por lo pronto, se propuso solicitar un préstamo de 1.600 millones de dólares al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), al Banco Mundial y a Banco Interamericano de Desarrollo.
El país fronterizo está llevando a cabo una gradual salida del aislamiento con una “cuarentena inteligente” que consistirá en retomar algunas actividades de acuerdo a cuatro fases. En cada una de ellas se liberará a sectores seleccionados y se suprimirán determinadas pautas de restricción de circulación. Actualmente se encuentra en la fase 2, y se asegura que más de 800 mil personas retomarán sus labores. Para la comunicadora social Adelaida Galeano, esta será la oportunidad de “saber con certeza si hay una mayor incidencia de la circulación comunitaria del virus. Las pruebas ahora se realizarán de forma aleatoria, ya no solo a gente con síntomas”.
Según informó el ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Julio Daniel Mazzoleni, esta nueva etapa permitirá la reapertura de locales comerciales, eventos religiosos con un público menor a 10 personas, y extensión de horario para realizar actividad física al aire libre. Las fronteras seguirán cerradas, las clases serán de manera no presencial, las oficinas no esenciales continuarán ejerciendo el trabajo a distancia, y los eventos masivos públicos seguirán suspendidos.
Secuelas económicas y precarización laboral
El sector turístico será uno de los últimos en reintegrarse al mercado debido al refuerzo de controles fronterizos por el aumento de casos en Argentina y Brasil. La agente de viajes corporativos Mónica Costas argumenta que, a estas alturas, son excepcionales las posibilidades de mantener a flote esta clase de negocios. El Estado le otorgó la mitad de un sueldo mínimo durante dos meses, junto con la posibilidad de suspender los contratos de trabajo por noventa días. Asimismo, señala que otras áreas que enfrentan dificultades económicas, como la industria hotelera y gastronómica, consideran reabrirse en los próximos días, pese a no estar formalmente autorizados para ello. “Todos estos negocios que tenían previsto abrir recién en la etapa 4, hoy se revelaron y dijeron ‘basta, debemos trabajar para seguir viviendo’”, dice Costas.
La industria exportadora es un sector de gran peso a nivel monetario y, aunque deba enfrentarse a una limitación crucial por el cierre de fronteras, resiste a las limitaciones. Yanice Figueredo Quintana trabaja en una naviera multinacional y asegura que la empresa ha sufrido un considerable cambio. “El presupuesto general de la empresa tuvo que bajar un porcentaje alto, destinado a compras de insumos para la oficina, presentes para los funcionarios, entre otros, ya que muchos clientes no pueden cumplir con los pagos. De todas maneras, es un negocio que no para, ya que la importación y exportación de alimentos es siempre necesaria”.
“La gente necesita trabajar para subsistir. Si no mata el coronavirus, el hambre matará a la gente”, se enoja Yanice para justificar la urgencia de mayor flexibilización. “Es un riesgo levantar la cuarentena, pero se debe aprender a vivir y retomar las labores respetando las medidas de higiene. No podemos continuar encerrados. La gente necesita salir a trabajar. No todos tienen el privilegio de poder hacer home office”.
Galeano explica que la prensa también se vio afectada ante las medidas implementadas y sus consecuentes dificultades financieras. Ya son más de 300 despedidos en esta área, y otros tantos trabajadores independientes pierden espacios en radio y televisión ante una notable reducción de auspiciantes. La precarización laboral, moneda corriente en el ámbito mediático, creció también. “Existen constantes denuncias del trabajo en los medios por esta situación. Muchos deben desempeñar dos o tres roles en simultáneo, trabajando en horarios indeterminados y sufriendo la falta del cumplimiento de los derechos laborales, que soportan todo esto ante el temor de quedar sin empleos”, expone la comunicadora.
Corrupción y renuncias
La incertidumbre también se expresa a nivel político y social. En el marco de la emergencia sanitaria, fueron numerosas las denuncias por corrupción de diferentes instituciones y funcionarios públicos. Desde el ámbito mediático, Galeano explica que “la difusión y monitoreo de las compras y los informes elaborados por instituciones como la Contraloría General de la República llevaron a muchos medios a la difusión de casos de corrupción generados por los fondos de emergencia, que derivaron en renuncias de varias altas autoridades y una serie de cuestionamientos al propio Ministerio de Salud”.
Uno de los casos más difundidos fue el despido y posterior arresto domiciliario del presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), Édgar Melgarejo, por sobrefacturación en la compra de mascarillas por 120 millones de guaraníes. La ex titular de Petropar, Patricia Samudio, también hizo eco alrededor del mundo tras su compra de cinco mil botellas de agua tónica para “combatir la pandemia”. La directora general de Vigilancia Sanitaria, Lourdes Rivaldi, renunció al ser cuestionada por la falta de respuestas a empresas que solicitaron permisos para producir y comercializar desinfectantes.
“En otras circunstancias, no hubiésemos podido desarticular esta red de corrupción. La gente misma iba encontrando pruebas y denunciando a los funcionarios”, asegura Costas ante la notable participación de la prensa y de los ciudadanos para investigar aquellos casos por sus propios medios y deshilar el subregistro de información. “El paraguayo va a despertar con una consciencia diferente de esta pandemia, con ánimos de involucrarse”.
Abr 23, 2020 | Comunidad, Novedades
En las calles de Guayaquil se abandonan los ataúdes que son utilizados para colocar los cuerpos hasta que la policía los retira de los hogares.
El panorama de Ecuador ante el Covid-19 es incierto. La escasez de recursos pone en tela de juicio el registro de casos confirmados. La cantidad de testeos no cubre la cifra de posibles contagios. Se han confirmado solo 537 muertes oficiales por coronavirus, mientras que otras 952 fueron catalogadas, según el Ministerio de Salud ecuatoriano, como “fallecimientos probables”. La única certeza es que el sistema sanitario colapsó, numerosas familias convivieron en sus casas con los cuerpos de sus allegados por casi cinco días, y que hoy se considera una suerte de alivio que se recojan en un máximo de 48 horas.
Este país es el segundo con más muertes en la región a causa de la pandemia, superado únicamente por Brasil. El 13 de marzo dio a conocer la primera de ellas, dos días después de haber declarado la emergencia sanitaria. Para entonces, el número de infectados había ascendido a 23 y no se presentó señal de que la situación mejoraría. Hoy la cifra de contagios superó los 10 mil y sigue aumentando a gran escala.
El gobierno de Lenín Moreno implementó técnicas de prevención a la par de los demás mandatarios de la región: desde mediados de marzo, se restringió el acceso de pasajeros que provenían del exterior, se cerraron las fronteras con Colombia y Perú, se suspendieron eventos masivos y actividades comerciales en establecimientos que concentran a más de 30 personas, se instaló el aislamiento domiciliario preventivo y el toque de queda, y se limitó la jornada laboral a ciudadanos que trabajen en el ámbito de la salud, la seguridad y la distribución de bienes de la canasta básica.
Las medidas son semejantes, pero los resultados, muy disímiles. Para la infectóloga Gabriela Zambrano, el problema principal radicó en el accionar tardío de las autoridades. “El primer caso sospechoso de Covid-19 se detectó en febrero pero, al dar un resultado negativo, bajaron la guardia”, explica. “Faltó nivel de alerta y de gravedad en toda América Latina. Muchos lo compararon con una gripe normal, y ese fue el error principal desde el punto de vista gubernamental”.
En uno de los barrios mas populares de Guayaquil la Policía Nacional levantó un cuerpo que llevaba más de 5 días en una casa. Al terminar, la familia prendió fuego al ataud vacio.
El arquitecto e investigador en Desarrollo Urbano y Regional Fernando Carrión Mena destaca la responsabilidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la crisis ecuatoriana. “Ha planteado una política absolutamente general y única para todo el mundo. Por ejemplo: lavarse las manos. Según UNICEF, el 40% de la población mundial, es decir, tres mil millones de personas, no tienen capacidad de lavarse las manos porque no tienen agua potable ni jabón”.
El académico, que recientemente conformó un equipo internacional para analizar la situación local y mundial por la pandemia, argumenta que se debe dar cuenta de los niveles de desigualdad que existen entre los países desarrollados y subdesarrollados para tomar medidas de acuerdo a cada situación en particular. “El contagio comunitario es un tema absolutamente popular. La vulnerabilidad pasa por la condición etaria, pero en la práctica, cuando uno revisa la condición de letalidad, los que están falleciendo son los sectores de bajos ingresos porque tienen enfermedades preexistentes, viven con alto hacinamiento, y porque la única forma de obtener algún recurso de supervivencia es en el espacio público. Este es el motivo por el cual Guayaquil es la zona más afectada: allí el 62% del empleo se hace en el espacio público y las viviendas están en pésimas condiciones”.
Familias de diferentes partes de Guayaquil hacen horas, y a veces días, de fila fuera del cementerio «Parque de la Aurora» para que sean enterrados sus familiares fallecidos.
Otra causa del enorme contraste es la crisis económica que azota Ecuador. El 11 de marzo, el presidente expuso que se están perdiendo ocho millones de dólares por día debido al desplome del precio del petróleo, el mayor sustento del país. Otra dificultad que endurece el panorama financiero es la deuda que se contrajo en 2019 por la suma de 10.300 millones de dólares con organismos internacionales, entre ellas, el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El jefe de Estado asegura que se aportarán otros 60 millones de dólares para encarar el Covid-19, pero esta contribución supone un ajuste atroz: se redujo el salario de los empleados públicos en un 8% y se recortaron 1.400 millones de dólares del presupuesto estatal, eliminando así secretarias, empresas públicas y agencias de control.
Moreno prometió reducir el 50% del ingreso mensual a presidente, vicepresidente, ministros y viceministros. A su vez, creó el Bono de Protección Familiar para auxiliar económicamente a 950 mil familias a partir de mayo. “Hasta ahora, lo único que se está cumpliendo es la entrega del bono de contingencia de 60 dólares que ofreció el Gobierno. Sin embargo, hay muchas familias pobres que aseguran que no lo están recibiendo. Las otras medidas como la de reducción salarial recién se podrán ver a final de mes”, explica la periodista ecuatoriana Cristina Bazán Salcedo.
La familia Bastidas tuvo el cadaver del padre durante 4 días en su casa.
LOS OLVIDADOS
En Sauces, al norte de la ciudad de Guayaquil, una familia implora por ayuda a través de sus redes sociales para que las autoridades vayan a recoger el cuerpo de una mujer de 66 años que llevaba más de 24 horas fallecida en su domicilio. Un video filmado en la misma zona se viraliza por captar la imagen de un hombre recostado en un banco, cubierto por una manta blanca y acompañado por un cartel que lleva escrito “Hemos llamado al 911 y no hay ayuda”. El ministro ecuatoriano, Santiago Tarapués, sale en cadena nacional a definir el abandono masivo de cadáveres en la vía pública como un nuevo “fenómeno social”, mientras que los ciudadanos lo califican como una irresponsabilidad estatal.
A principios de abril, la provincia de Guayas concentró el 72% de las personas infectadas y fue coronada como la zona más perjudicada por la pandemia. En su ciudad portuaria, Guayaquil, se registraron 1.400 muertes desde el 12 de marzo hasta el 10 de abril, de las cuales no se dieron a conocer las causas concretas, pero que implicaron un riesgo impensado: el colapso de los centros hospitalarios y, en consecuencia, del sistema fúnebre. Frente a esta problemática, numerosas familias tuvieron que convivir con el cadáver de un ser querido, y otros se vieron obligados a abandonarlos en la calle ante la amenaza de vecinos.
Las condiciones monetarias no acompañan. “Hubo un decrecimiento significativo en el área sanitaria en los últimos tres años. Del año 2017 al 2018, bajó el 34% el presupuesto de la salud. Un año después, bajó el 36%”, explica Carrión Mena. Este es el motivo por el cual el 21 de marzo la ministra de Salud Pública, Catalina Andramuño, renunció por falta de fondos y apoyo político para enfrentar el coronavirus. El suceso generó profundos cambios en las subsecretarías y, según Zambrano, dejó al sistema de salud sin liderazgo.
Hoy el escenario escalofriante que enfrentó Guayaquil ya no es el mismo. “Se activó una fuerza de tarea con el Ejército para recoger la mayor cantidad de cuerpos posibles en poco tiempo. Ahora las personas que fallecen son recogidas en dos días. Esta fuerza de tarea recogió, hasta el 11 de abril, 631 cuerpos en hospitales y 771 en viviendas”, asegura Bazán Salcedo.
Juan, de 78 años, murió camino al Hospital Los Ceibos.
En Quito, la situación es distinta. Representa solo el 8% de la totalidad de casos confirmados de Covid-19 y, si bien surgen ocasionalmente olas de brote, tienden a estabilizarse. “Por suerte, el alcalde de la ciudad (Jorge Yunda) es médico, comprendió la gravedad de la situación y actuó rápido. Fue el primero en cerrar las puertas de los centros educativos, y actualmente propone extender el aislamiento preventivo hasta fines de abril”, explica Zambrano.
La pauta oficial indica que la cantidad de infectados en Guayas descendió un 4% en los últimos días. Según la infectóloga, los profesionales médicos han adquirido mayor experiencia sobre el manejo de la pandemia, y la población comenzó a ser más responsable ante ella. Además, se crearon protocolos para asegurar equipos de protección personal (EPP) a los profesionales médicos, y los hospitales obtuvieron donaciones extranjeras de insumos: pruebas de diagnóstico, trajes quirúrgicos, unidades de bioseguridad (trajes, mascarillas, guantes, gafas), medicamentos y equipos como ventiladores mecánicos. Aun así, Zambrano advierte que podría tratarse de un subregistro de la información ante la falta de testeo.
Este último es, para Carrión Mena, una medida que se debe implementar con urgencia en Ecuador. “Se necesita un sistema de Big Data para obtener información georeferenciada. Estos tests no se hacen de forma indiscriminada, sino en los epicentros y focos de irradiación para ir estableciendo el control y registro de las zonas de mayor incidencia”.
Pero la obtención de información es otro desafío en estos tiempos. Bazán Salcedo confirma que la mayor dificultad es acceder a los datos oficiales. “Este tipo de informaciones se dan con mucho retraso y bajo el parámetro que ellos escogen”. Así, el conflicto va más allá de aquellos cuerpos sin sepultar; es la información lo que las autoridades quieren poner bajo tierra.
Abr 2, 2020 | Novedades, Trabajo
“Al principio de la pandemia tuvimos un montón de quejas de compañeros que fueron atosigados por las fuerzas policiales, les pedían dinero para seguir trabajando. Pero eso, con el pasar de los días, y debido a las múltiples denuncias y videos, se fue corrigiendo. Específicamente lo pasaron muy mal los extranjeros, porque por más que tengan todo en regla, los asustaron bastante”. El que cuenta esto es Cristian Loccisano, un repartidor que trabaja para diversas empresas con aplicaciones digitales, y conductor del programa radial Cadetes organizadxs, que enfoca en la problemáticas de los trabajadores de empresas digitales de delivery, en suspenso durante estos días de aislamiento social.
Cristian: “Tuvimos un montón de quejas de compañeros que fueron atosigados por las fuerzas”.
Desde el primer minuto del viernes 20 de marzo todo el país quedó bajo cuarentena obligatoria y como consecuencia la mayoría de los comercios dejaron de atender al público y las actividades debieron posponerse o cancelarse. El gobierno se mostró estricto e inflexible y la población, en gran medida, apoyó la medida, demostrándolo en las redes sociales con hashtags como #yomequedoencasa.
A pesar de todo esto, los repartidores debieron continuar trabajando, exponiéndose a sí mismos y a sus familias, principalmente porque no se pueden dar el lujo de quedarse en casa haciendo la cuarentena mientras ven pasivamente cómo su economía se desvanece como espejismo en el desierto.
Cada cadete, para operar, tiene dos permisos. Uno es un mail de autorización provisto por las empresas, y el otro es un código QR directo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ambos deben estar a mano en caso de ser controlado por circular, situación muy frecuente, y más aún en el territorio porteño. Las empresas digitales de delivery han establecido protocolos de entrega e informado mediante gráficos explicativos: en caso de un pago con tarjeta de crédito, se le exige al operador que deje el pedido en la puerta de entrada del domicilio y que luego se aleje como mínimo dos metros, hasta que el cliente reciba lo que ordenó. En el caso de que haya efectivo de por medio, se procede de la misma forma, sólo que, el cliente deja primero el dinero en el suelo, también respetando los dos metros de distancia recomendados. Por otro lado, algunas de las compañías entregaron guantes, barbijos y alcohol en gel, aunque las fuentes afirman que el stock no fue suficiente y los puntos de entrega, limitados.
El trabajo de los repartidores colabora para que más gente se quede en casa. La demanda de órdenes aumentó y también varió. Ahora, es mayor el porcentaje de pedidos de farmacia y de compras de supermercado. Por otro lado, la cantidad de trabajadores se vio reducida por las circunstancias dadas. En consecuencia, algunos cadetes se vieron beneficiados en términos de ganancias. Hay una menor cantidad de trabajadores en la calle, más pedidos por usuario y un sistema de “bonus” que se alcanza al lograr distintos objetivos, como cantidad de pedidos en una hora o durante el día, que ahora es más fácil de lograr. Paralelamente, las personas que ya estaban acostumbradas a dejar propina, aumentaron los montos al empatizar con la situación.
Cristian recorre las calles vacías de Buenos Aires en su moto todos los días. Su vida cotidiana no cambió drásticamente, aunque sí el paisaje a su alrededor y el tiempo de llegada a cada destino. Según su experiencia, los controles en la ciudad son mucho más frecuentes que en la provincia. “Han aumentado a medida que han pasado los días –dice-. Hoy, por ejemplo, me pararon siete veces en tres horas de laburo; cuando empezó la pandemia, era una vez o dos veces durante todo el día”.
Las irregularidades y los abusos policiales no son nuevos, plantea Cristian, pero en una situación tan especial como la que está atravesando el mundo, indignan y aún más. Tal es el caso de Eylin Sojo, otra trabajadora, que fue maltratada por las fuerzas mientras esperaba retirar su orden en un reconocido local de milanesas. “Hagan la fila con dos metros de distancia, porque si no van a contagiar al personal –le dijo un oficial de turno -. Seguro son unos locos sin libreta sanitaria ni obra social y se van a morir todos en un hospital público”.
Eylin: “Una sola vez nos dieron un gel antibacterial pequeño, un barbijo y un par de guantes”.
“Nunca había tenido problemas desde que estoy acá en Argentina –cuenta Eylin-. Salvo este inconveniente, el resto está bien, porque tengo todos mis papeles de mi moto en regla, para circular”. Eylin tiene 34 años, es venezolana y desde hace poco más de dos años vive en Buenos Aires, una ciudad que ahora se podría llamar fantasma, ya que la pandemia redujo la circulación de autos y de gente. No es lo que sucedió con los servicios de delivery como Glovo, Rappi, Pedidos Ya y Uber Eats: “La demanda en estos tiempos es mucha, pensé que iba a bajar –dice-. Los pedidos caen uno tras otro, a veces llegan dos o tres por hora. Obviamente, más que nada son de mercados y farmacia”. Suele tomar un primer pedido cerca de su casa, en Caballito, y luego la demanda la lleva hacia Palermo, Recoleta, Microcentro, Puerto Madero: los barrios más ricos.
Aunque las empresas de delivery abogan por entregas sin contacto, depende de la responsabilidad de cada repartidor establecer medidas propias de distanciamiento con el cliente: “No me acerco a la persona en la entrega y siempre les pregunto si desean que les deje el pedido en algún sitio específico -en el piso o en una mesa- pero son pocos los que me piden, o los que aclaran en la aplicación”, cuenta Eylin. Trabaja para Glovo y recibe correos de la empresa con las medidas de protección. “Una sola vez nos dieron un pack con un gel antibacterial pequeño, un barbijo y un par de guantes”, detalla. Medidas, a decir verdad, insuficientes.
Para Matías Zeballos, de 30 años, que lleva trabajando más de uno como repartidor, no hubo modificaciones significativas en las últimas semanas. Respecto a la dinámica laboral, “lo único que hizo la empresa fue un copia y pega de las recomendaciones que dio el Ministerio de Salud”, asegura, refiriéndose a los cuidados básicos para resguardarse del contagio, y agrega que “no brindan ningún tipo de seguridad. En algunos barrios hay un camión que reparte alcohol en gel, barbijos y guantes, pero lo hace en un horario y zonas muy específicas, y entonces no todos tienen acceso a esos elementos”.
La demanda, según Matías, mantiene un nivel alto como el resto del año, pero destaca un cambio notorio: “Hay muchos más envíos de compras de supermercados –dice-. Sigue habiendo pedidos de productos que no son de primera necesidad, aunque no tanto como antes, porque la gente no se puede dar ese lujo”. Las entregas, al igual que el resto de sus compañeros, funcionan con el menor contacto posible, y esta estrategia no fue motivo de desacuerdos con los clientes, porque “la gente está acostumbrándose” a estos tiempos desconcertantes.
Martín trabaja en atención al cliente en “El Surtidor”, una pizzería en el centro de Ranelagh, una localidad del conurbano bonaerense, a unos 35 kilómetros de CABA. El local se mantiene funcionando con cuatro empleados, y sólo se realizan repartos a domicilio sin cargo mediante un repartidor contratado, cuenta. “Se entrega el pedido con guantes descartables, y en el auto hay alcohol en gel, alcohol rebajado con agua; además, el repartidor usa barbijo y se lo cambia dos o tres veces por jornada. Aun así, algunas personas se acercan al local respetuosamente, pero no los dejamos entrar porque no está permitido. Entonces hacen el pedido desde afuera, tienen que esperar en el auto y el repartidor entrega el paquete sin contacto alguno”, detalla. Asegura que las medidas de higienes son estrictas: la prevención va desde pasar lavandina en los pisos, usar alcohol en gel, limpiar con alcohol líquido rebajado con agua los picaportes, los mismos procedimientos en las mesadas, hasta el uso guantes y barbijos en el personal.
Martín: “El repartidor cambia el barbijo dos o tres veces por jornada. Las medidas de seguridad son estrictas”.
A pesar del rápido impacto de los casos de coronavirus y las consecuentes medidas que afectaron a la economía, la crisis (que impacta en el salario de cada uno de los empleados) no es novedad para ellos. Martin dice, con evidente preocupación en su voz: “Estamos vendiendo un 10 o un 15% de lo que vendíamos antes, y redujimos el horario de trabajo a cinco horas por día (de 18 a 23). Esto nos agarró de sorpresa, pero la situación no venía estable en cuanto a las ventas desde hacía tiempo. Estos últimos cuatro años fueron totalmente negativos, sólo subsistimos, no hubo capacidad de ahorro y sí de deuda, íbamos sobre la marcha. Esta situación nos sobrepasó”.
Néstor Eduardo Riveiro, de 39 años, insiste con que los repartidores asuman los mismos cuidados que los clientes. “El problema es que los cadetes se juntan entre compañeros y, si hay un infectado que no quiere admitir que se siente mal, expone al resto”, dice. Pero los elementos de seguridad (barbijos, guantes, alcohol en gel) deben ser cubiertos por los propios trabajadores, ya que las empresas se los suministraron por única vez al principio del aislamiento social obligatorio, y no dieron pie a la renovación de estos recursos para los días subsiguientes.
El colectivo Ni un Repartidor Menos, que generalmente se centra en casos de violencia laboral y de género, robos, accidentes y enfermedades dentro del rubro, actualmente está concientizando sobre la inconveniencia de permanecer en grupos, la limpieza diaria de la mochila y la ropa de trabajo, y la higiene del trabajador. Además, ideó un nuevo proyecto frente a la pandemia: un seguimiento mundial sobre la cantidad de repartidores contagiados de Covid-19 a causa de la exposición laboral. “Recién se habilitó ayer a través de un documento en Google Drive: los afectados, compañeros o familiares, dependiendo de la gravedad del caso, pueden ingresar y registrar su denuncia ahí”, explica Néstor, que también cumple el rol de representante general de la organización hace más de un año.
Sofía Puente es shopper para Pedidos Ya en Córdoba Capital. Su trabajo consiste en armar y comprar los pedidos con una tarjeta que le da la empresa. A veces le llegan de a seis pedidos en simultáneo y tiene que tenerlos todos listos antes de los quince minutos: en muchas ocasiones eso no es posible. Ella busca los productos, hace la fila como cualquier cliente, los paga, y se los entrega a los cadetes, que esperan afuera hasta que están listos. Sofía destaca que es afortunada en comparación de los repartidores: “Yo trabajo ocho horas y tengo un contrato, cobro un sueldo fijo sin importar la cantidad de pedidos. Los cadetes no, son monotributistas y cobran por pedido que hacen”, explica. De todas formas, Sofía es consciente de la precariedad de su trabajo: pidió que le cambiemos el nombre porque teme ser echada si sus superiores se toparan con esta nota.
“Hay mucha demanda, pero es porque Pedidos Ya regala vouchers. No vendemos harina, o productos de necesidad, sino papas fritas, cerveza, gaseosas. Todo porque les dan cupones gratis”. Cuenta que, si hay faltantes de alguno de esos productos -como pasa mucho estos días-, la gente cancela el pedido. Y todo el tiempo que se perdió en armarlo, es plata que el cadete pierde. “Nosotros entramos en la categoría de los exceptuados de hacer la cuarentena, pero la gente no lo toma en serio”, asevera.
“Le pedimos a la empresa que nos den elementos de seguridad para afrontar la pandemia -cuenta-. Ellos alegaron no haber podido conseguir y nos dieron mil pesos para que lo compremos nosotros. Los amenazamos con que no íbamos a ir a trabajar y ahí consiguieron todo, incluso el permiso”. Sofía remarca que fueron ellos quienes averiguaron por los proveedores de alcohol en gel y barbijos, y la empresa se encargó de comprarles. Esas medidas de precaución fueron solo para los shoppers: los cadetes debieron arreglarse por su cuenta. “Algunos pocos tienen guantes, otros tienen barbijos –dice-. Alcohol en gel casi ninguno usa, y al estar en la calle tampoco tienen dónde lavarse las manos. Yo los veo preocupados, no tienen ganas de seguir laburando así, pero lo necesitan”. Todos ellos trabajan ocho horas como mínimo, aunque la mayoría está más. Si los repartidores eran ya un emblema del empleo precarizado, la pandemia agudizó al extremo esa caracterización.
