Dic 17, 2020 | Comunidad, Novedades
En 2009 fue noticia un llamado a licitación para una obra que favorecería a millones de argentinos: la construcción de la Autopista Presidente Perón. El trazado, que empezó a desarrollarse recién en 2011 y actualmente se está reactivando, tenía como objetivo expandir el Camino del Buen Ayre uniéndolo con Ruta 2. Según Vialidad Nacional, los beneficios serían varios: por un lado se optimizaría la circulación entre las zonas norte y sur del Gran Buenos Aires (GBA) al no tener que pasar por la Capital del país, mejorando las condiciones de circulación para más de 50.000 usuarios por día. Por otro lado, permitiría ahorrar una hora de viaje a las personas que viajan desde La Plata hasta Pilar o Morón, así como también el acceso al puerto de La Plata, por dar algunos ejemplos.
De la vereda de enfrente, donde se encuentran los barrios afectados por el mega proyecto, la situación es diferente: para ellos esto es una amenaza directa a su vivienda.
Solamente en el barrio de La Pradera, en Merlo, hay alrededor de 1300 viviendas afectadas por la traza. En muchas de ellas hay más de una familia. Ángel Insfrán se mudó a esta zona hace siete años y desde ese entonces escucha rumores acerca de la obra, pero entre los vecinos hay quienes afirman que hace más de veinte años que la situación es igual.
La realidad es que los estudios para llevar a cabo el proyecto comenzaron en 1990 y era mucho más ambicioso de lo que es hoy, ya que se pretendía construir un puente entre Buenos Aires y Colonia, Uruguay. Entre numerosos gobiernos y acuerdos que no prosperaron, la iniciativa se modificó dando como resultado esta obra que lleva 11 años de desarrollo.
El comedor Copa de Leche es una de las edificaciones afectadas por la ampliación del Camino del Buen Ayre.
El miedo de los vecinos se hizo realidad cuando un día les llegó una nota de Vialidad Nacional que les ofrecía un resarcimiento económico para abandonar sus viviendas: el problema estaba en que esa tasación no les alcanzaba para comprar otra casa. “Nosotros somos conscientes que no tenemos papeles pero con lo que nos dan conseguimos poco y nada, y si queremos algo mejor tenemos que volver a caer en el boleto de compra venta.” afirma Ángel, fundador del merendero «Copa de leche». Tanto él como las demás familias coinciden en algo: esta es la oportunidad para que el Estado les dé una respuesta que les permita, a ellos también, progresar. Con seguridad, Insfrán insiste en que aceptar lo que “ellos nos dan significa terminar en una toma o en otro boleto. No tenemos muchas maneras de conseguir una vivienda. Este es un negocio que existe y lo saben. Saben que están promoviendo esta inmobiliaria de los pobres”. Un panorama similar se presentó en Ezeiza donde desde julio los vecinos, también perjudicados, vienen realizando protestas por las expropiaciones.
Las historias que atraviesan al barrio de Merlo son muchas y variadas, algunas casas tuvieron dueños en algún momento pero con las diferentes generaciones se fueron perdiendo los papeles, otras pasaron de ocupación en ocupación. En la mayoría de los casos, el temor a la reactivación de la obra impidió que los ocupantes apostaran a invertir en las viviendas, y aquellos que se animaron, hoy intentan que se reconozcan las mejoras en la nueva tasación. Silvana Gutiérrez, una de las referentes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por Autopista del Oeste y afectada por la traza, explica que desde la agrupación se ha intentado mantener una postura de negociación con Vialidad Nacional, ya que en definitiva lo que buscan no es obstruir la obra sino que cada vecino pueda llegar a un acuerdo justo.
Sin embargo, “al ser una obra que hace tanto tiempo que está en desarrollo, los gobiernos van cambiando y también la gente de allí trabaja, entonces es difícil mantener acuerdos o negociaciones. Es un empezar de nuevo cada vez”, afirma Gutiérrez. Con la valoración de los inmuebles como principal problema, se abren dos cuestiones: por un lado, que la suma que se ofrece es en pesos y se percibe luego de 90 días aceptada la oferta de Vialidad Nacional, por lo que a la hora de adquirir una nueva propiedad no sólo la moneda argentina se desvaloriza sino que las cotizaciones se encuentran en dólares. Y por otro lado, si bien la situación dentro del barrio es dispar, en muchos casos las tasaciones que recibieron los vecinos se encuentran desactualizadas. Al respecto, Silvana cuenta que desde la Asamblea ya se comunicaron con el Tribunal de Tasaciones de la Nación para regularizar los números, pero aún no han recibido respuesta.
Desde Vialidad Nacional afirman que “cada proceso de expropiación es distinto dependiendo de cómo éste se desarrolle”, y que en el caso de que las personas expropiadas no acepten el convenio propuesto, “se inicia un proceso judicial a través del juzgado federal correspondiente a la jurisdicción del terreno a expropiar dado que, al ser declarada la propiedad de utilidad pública, no puede rechazar ser expropiado. En este caso, los tiempos pasan a estar en manos del sistema judicial”.
El proyecto, que tiene como fecha estimada de finalización 2021, ya tiene varios adeptos principalmente del sector inmobiliario que ve en él una gran oportunidad comercial. Tal como lo explica Esteban Edelsterin Pernice, director de Castex Propiedades para La Nación, “las áreas que más se van a valorizar son, seguramente, los puntos de unión con otras autopistas, como Merlo, Ezeiza y Presidente Perón.” Dado que pueden generarse polos de logística muy importantes. “De la misma manera, se generarán posibles conexiones entre residencias y zonas de trabajo, lo que puede fomentar un mejor desarrollo de diversas zonas” afirma.
Frente a la creciente especulación alrededor de la obra, los vecinos del barrio de Merlo se preguntan si alguna vez también les tocará a ellos hablar de progreso. Al contexto de crisis económica y emergencia sanitaria se suma un problema estructural para la argentina, una crisis habitacional donde los perjudicados son los mismos de siempre: los sectores más vulnerables.
Nov 24, 2020 | Comunidad, Novedades
La ley de etiquetado frontal continúa su tratamiento en Diputados y con ello, numerosos debates y posiciones antagónicas. No sólo se trata de una iniciativa que busca poner en el frente de los productos la información nutricional clara y accesible, sino también contempla cómo esos productos se publicitan y dentro de qué espacios se consumen, haciendo foco principalmente en los entornos escolares. Con media sanción en Senadores, el viernes pasado comenzó el debate en las comisiones de Legislación General, de Salud Pública, de Defensa del Consumidor y de la Competencia y de Industria de Diputados. Allí, Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, advirtió que la ley tendría repercusiones en el Mercosur y que “será necesario tomar recaudos para mantener el proceso de armonizar las normas de los países miembros y no generar obstáculos innecesarios” en el comercio internacional. De la misma manera se manifestaron desde la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) que enfatizaron que la resolución “debe ser armonizada en el ámbito del MERCOSUR”.
Para entender por qué es necesario avanzar con este proyecto de ley, ANCCOM dialogó con Andrea Graciano, presidenta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (FAGRAN), y ella explicó que en nuestro país el marco regulatorio para los alimentos es el Código Alimentario Argentino y que éste, en su definición textual, entiende a estos como “las substancias o mezclas de substancias que se ingieren por hábito, costumbres, o como coadyuvantes, tengan o no valor nutritivo”. Planteado así se deja por fuera el principal problema en materia de salud: la obesidad, el sobrepeso y una serie de enfermedades no transmisibles. Por caso, ésta última es la causa de más del 70% de las muertes en Argentina según la 4ta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. “Estos objetos comestibles, porque no siempre podemos llamarlos alimentos, llegan a nuestras manos a través de fuertes condicionantes culturales y es allí donde tiene que estar el Estado, protegiendo nuestras elecciones sobre todo cuando esos hábitos vienen siendo tallados por una omnipresencia de la publicidad”, problematiza Graciano. El proyecto de ley pretende avanzar colocando octógonos negros en la parte frontal de los productos para alertar a los consumidores qué contienen.
Según la última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENS), los patrones alimentarios han ido cambiando y cada vez son peores: existe una mayor presencia de ultraprocesados en detrimento de comidas caseras sobre todo en niños, niñas y adolescentes, y también en la población de menores ingresos. Al respecto, la presidenta de FAGRAN resalta que hay un paradigma viejo que cree que “si hay pobreza, hay falta de acceso a los alimentos, desnutrición y bajo peso, y en realidad hoy tenemos pobreza, dificultad de acceso a los alimentos, con convivencia de exceso de peso y desnutrición oculta. Por esto también es necesario avanzar en políticas que protejan a los sectores más vulnerables”.
Las presiones por la modificación de ley provienen, principalmente de las industrias azucareras y alimentarias.
Otra cuestión que aborda la ley es la regulación de las estrategias de mercadeo que utiliza la industria alimentaria. La Fundación Interamericana del Corazón (FIC) realizó un estudio para cuantificar las publicidades que se transmiten durante los cortes comerciales de los programas dirigidos a niños y niñas en televisión: el resultado arrojó que se encuentran expuestos a más de 60 publicidades de comida chatarra por semana. Graciano ejemplifica la cuestión afirmando que muchas veces “los niños piden los productos no por el producto en sí mismo, sino por los objetos que promocionan: la presencia de caricaturas, la promesa de premios o la entrega de entradas”. Dentro de este punto también se quiere controlar el uso de logos o avales de entidades científicas, que en numerosas ocasiones se utiliza como estrategia para posicionar a los productos como opciones saludables.
Del otro lado de la problemática, se encuentran las diferentes industrias de alimentos y bebidas nucleadas en COPAL que en el marco del debate afirman que siempre “se apostó por un sistema de etiquetado informativo, dándole así al consumidor un rol protagónico al momento de tomar sus decisiones”. Atendiendo a ello, resaltan que la educación nutricional “es fundamental para fortalecer el entendimiento por parte de la población respecto del etiquetado nutricional, su utilidad y la toma de decisión de compra y/o consumo”. Sin embargo, quienes impulsan la ley enfatizan que lo que se necesita son políticas públicas que la comiencen a abordar en su integralidad y que permitan regular esos entornos: desde las publicidades que recibimos, pasando por los supermercados, hasta los colegios.
Según la FIC, un niño se encuentra expuesto a 60 publicidades por semana de «comida chatarra».
Las presiones por la modificación de artículos de la ley, principalmente de las industrias azucareras y las industrias alimentarias, vienen desde su tratamiento en el Senado. El artículo que sigue estando en la mira es aquel que habla sobre el sistema de perfil de nutrientes (SPN), una herramienta para clasificar alimentos según los niveles de nutrientes críticos como azúcares, sal y grasas. Estas cuestiones de la ley a un ojo poco entrenado podrían ser discusiones menores pero quienes vienen trabajando en esta temática, como FAGRAN, afirman que el caso Chile demostró que un SPN basado cada 100g/ml de producto como el que pretende el sector alimenticio, en lugar de la base calórica que propone Organización Panamericana de la Salud (OPS), permitió que las industrias de las bebidas azucaradas hagan pequeñas modificaciones en sus composiciones químicas que llevaron a que se libren de los sellos. “Cuando un producto se libra de sellos queda libre de cualquier regulación en la publicidad, promoción y patrocinio. Es decir que en nuestro país pasaría lo mismo si dejamos que se modifique este artículo”. Si bien muchos sectores de la industria alimentaria alegan que el SPN de OPS no permite la reformulación, el caso reciente es el de México, donde la Ley de Etiquetado ya está en vigencia en octubre y en noviembre las industrias lanzaron nuevos productos más saludables y sin sellos. En ese sentido, si bien el objetivo del proyecto no es la redefinición de los productos, termina generando una modificación en la oferta. Sobre este punto, la COPAL asegura que, desde el comienzo, “uno de los objetivos fue trabajar en forma sostenida para el desarrollo y el fortalecimiento de hábitos de vida saludable” y es por eso que lleva a cabo “la mejora en la composición nutricional de sus productos, como la reducción de sodio y azúcares libres”.
El debate continuará, pero si hubiera que trazar un horizonte de acción, Graciano propone volver consciente la alimentación para empezar a hacernos preguntas y en una segunda instancia poder empoderarnos en nuestro rol de ciudadanos-consumidores para exigir un Estado presente, que garantice entornos mejores. “Muchas veces la gente vive en entornos poco saludables donde sus oportunidades de acceso son limitadas o nulas. Un gran desafío de los estados es garantizar la igualdad, la equidad y, sobre todo, justicia social”, concluyó.
Nov 17, 2020 | Novedades, Trabajo
Este martes 17 de noviembre se llevará a cabo un paro de 24 horas convocado por Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad (AMM), la medida de fuerza es impulsada en el marco del reclamo salarial por parte de los profesionales de la salud hacia el Gobierno porteño. A pesar de las numerosas movilizaciones que se organizaron a lo largo del año y del petitorio lanzado vía Change.org, donde firmaron cerca de 200 mil personas, el personal esencial no recibió respuesta.
“Éste problema viene desde que tengo uso de razón y con todos los gobiernos”, afirma Marcelo Userpater, médico y vocero de Médicos Autoconvocados, quien lleva 30 años ejerciendo la medicina en el área de nefrología. La baja en los salarios trae varias consecuencias, por un lado que el fenómeno del pluriempleo se multiplique entre el personal sanitario ya que, tal como ejemplifica Userpater, “una obra social puede llegar a pagar una consulta clínica 170 pesos a 60 días”. El promedio de sueldos de los médicos argentinos ronda entre los 604 dólares al tipo de cambio oficial, lo cual se encuentra por debajo del promedio de la región que ronda los 1.291, sin llegar a representar la mitad del sueldo promedio de Latinoamérica (46,8%), según un informe realizado por el centro de investigación Libertad y Progreso. Por otra parte, la multiplicidad de trabajos se traduce en extensas jornadas laborales que desembocan, inevitablemente, en el deterioro de la salud pública. “Las guardias de 24 horas ya no se usan en la mayoría del mundo, por lo general son de ocho o 12 horas, porque es una locura atender 70 pacientes al día. Cuando llegás al paciente número 70 ya no te acordás ni cómo te llamas: ¿Cómo hacés para prestarle atención a la problemática del paciente si no tenés lucidez?” cuestiona.
Otro punto importante se relaciona con las exigencias que deben cumplir: un médico que desea ingresar al sistema de salud está obligado a adquirir y abonar, sin haber empezado efectivamente a trabajar, una matrícula nacional y otra provincial, seguro de mala praxis, monotributo y abonar lo correspondiente a la caja médica, que se encargará de su futura jubilación. La suma total de todos estos requerimientos ronda los 10 mil pesos mensuales, sin mencionar que una vez que comience a ejercer, el pago del monotributo dependerá de la facturación. Agustín Vera Pérez es médico y contó a ANCCOM cómo fue su experiencia de ingreso al mercado laboral sanitario y mencionó que por lo general, “la mayoría de los estudiantes desconocen la ética y el Código Laboral que establece la Confederación Médica de la República Argentina (COMRA) donde se fijan los honorarios, eso hace que la persona que evalúa una oferta de trabajo, siente que es correcto cobrar una guardia de 12 horas cinco mil pesos. Inevitablemente, quien no conoce su derecho tampoco puede exigirlo”. Es por esta razón que la mayoría de los estudiantes prefieren ingresar al sistema de residencias donde se puedan formar y capacitar para conseguir mejores ofertas. Sin embargo, no siempre es la mejor opción ya que “demandan entre dos y cuatro guardias semanales por una paga muy baja, así que vuelve a aparecer la precarización laboral también en éste ámbito” resalta Pérez.
Al interior de los mismos espacios de trabajo surgen las contradicciones acerca de la situación laboral, lo que dificulta llevar adelante la demanda con un sólido consenso sin que la fuerza se disperse. Como agravante, existe una multiplicidad de sindicatos donde muchos médicos no se sienten representados o, incluso, en algunos casos prefieren no afiliarse. Al respecto Userpater afirma: “Jamás nos han escuchado, siempre han hecho sus arreglos a nivel personal y a los médicos nunca les llega una solución. Estoy hablando a nivel municipal, provincial y privado.” La cuestión es igual o peor en el caso de las mutuales: “Sólo por poner un ejemplo entre tantos, en La pampa las prácticas ginecológicas se pagan 50% menos de lo que se paga por la misma práctica a alguien en Chubut o en Neuquén. Lo que queda para pensar es que depende del arreglo que tenga el colegio médico o el sindicato de cada lugar, sino no hay ninguna razón por la que sea distinto”.
Frente a la situación, los “héroes de la pandemia” se vuelcan a los paros como una herramienta para hacerse oír, con la desventaja de no poder hacerlos efectivos ya que su mismo código de ética se los prohíbe. “Esto hace que prácticamente las personas no se enteren de lo que está pasando. Los consultorios y hospitales no atienden y se suspenden las cirugías, pero después, la guardia y la terapia siguen funcionando, por lo cual la salud sigue asegurada. Entonces si no murió nadie y la gente que fue se siguió atendiendo, a la política no le importa”, sintetiza el nefrólogo y continúa “estamos pidiendo honorarios dignos para una profesión digna”
Nov 11, 2020 | DDHH, Novedades
Unas 1500 personas participaron virtualmente del 4to. Encuentro Federal de Derechos Humanos que se realizó el sábado 7 de noviembre. De las once mesas de debate conformadas por juristas, sociólogos y referentes sociales, las que tuvieron más convocatoria fueron las que analizaban la violencia institucional, los juicios de lesa humanidad e identidades, según informaron los organizadores.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, destacó que este espacio fue creado durante el gobierno de Mauricio Macri “en contraposición al Consejo Federal de Derechos Humanos del neoliberalismo”, en un momento en el cual «no se podían articular políticas». El funcionario subrayó que es imperioso “recuperar los estándares de derechos humanos que tenía la Argentina. Este encuentro recupera una necesidad impostergable de poner al federalismo en primer plano», afirmó.
Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación.
Otra de las intervenciones en la apertura estuvo a cargo de Nayla Bosch, secretaria de Derechos Humanos y Géneros del Chaco, quien sostuvo que la generación de la que es parte, la “de las nietas”, está completamente atravesada por los feminismos. “Es algo que nos constituye: sabemos que no hay política de derechos humanos sin política de género”. La socióloga Dora Barrancos, retomó las palabras de Bosch para celebrar los avances en materia de políticas de género y equidad como el Plan Nacional contra las violencias con motivos de género y el programa Acompañar. Éste último otorga una prestación económica a mujeres y disidencias para cubrir los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias, al mismo tiempo que intenta fortalecer las redes de acompañamiento.
Dora Barrancos.
Sin embargo, Barrancos advirtió que “no se ganaría mucho con el plan sino hacemos una reconstrucción rigurosa de la justicia en este país. Uno de los problemas fundamentales está en la actual organización y administración de la justicia. No es novedad que el sistema judicial está en crisis”. En referencia a la deuda que mantiene el actual gobierno con el tratamiento del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo –cuyo envío al parlamento se anunció el lunes pasado–, recalcó la necesidad de que sea ley: “Necesitamos que este derecho sea conquistado porque se trata de resolver la autonomía fundamental de las personas gestantes. No puede haber derechos humanos consagrados en plenitud sin esta imposibilidad de autodeterminación”, aseguró.
Otro tema preocupante, reflejado en el Encuentro, es el aumento de la violencia institucional durante la pandemia. Según un informe realizado por Amnistía Internacional se registraron alrededor de 30 casos de maltrato policial. Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de Justicia, reflexionó al respecto: “El neoliberalismo va totalmente a contramano de los derechos humanos y por eso cualquier cosa que hagamos para contener la violencia institucional va a ser mostrada como que estamos protegiendo delincuentes”, expresó. “Nos encontramos ante un fenómeno de reproducción de violencia y del delito –añadió–. En una sociedad donde un 30 por ciento están incluidos y un 70 por ciento excluidos, el delito es funcional porque mientras los barrios precarios reclaman más inclusión y se pelean entre ellos, se debilita el sentimiento de comunidad: no hay organización, ni resistencia. El control de la exclusión que se hace en América latina es a través de la introducción de contradicciones”.
La situación carcelaria también fue objeto de debate debido a las voces de alarma sobre la violencia penitenciaria durante el aislamiento, de hecho la semana pasada se vivieron motines en distintos penales de la provincia de Buenos Aires. Si bien el reclamo principal estaba orientado a la reanudación de visitas, el conflicto se desató a raíz de un cúmulo de demandas sin atender. Zaffaroni se refirió a la superpoblación en las prisiones y a las condiciones en que se encuentran en toda la región, que generan un orden interno en el que comienzan a jugar lógicas criminalidad y reducción a servidumbre.
Estela de Carlotto.
Al cierre del encuentro, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, remarcó la importancia que los derechos humanos no deben ser sólo una palabra sino una expresión activa y comprometida que involucre otros derechos: a la vivienda, al trabajo, a la salud, a la educación y a vivir dignamente. “Debemos asegurarle esto a las personas que hoy son pobres en este país tan rico. Las Abuelas tenemos experiencia y nos ofrecemos para todo aquello que sea necesario participar colectivamente”, concluyó.
Oct 30, 2020 | Comunidad, Novedades
Unas 1.400 familias fueron desalojadas del predio que ocupaban desde julio en Guernica. Casi 4.000 efectivos de la Policía Bonaerense formaron parte del operativo liderado por el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni. “Llegaron de noche, y a eso de las cinco de la mañana (de hoy) empezaron a reprimir. No dejaron salir a la gente, ni se nos dejó agarrar nuestras cosas. Nos sacaron como perros, quemaron nuestras casillas y nos tiraron con balas de goma”, relata Juana Acuña, referente del Barrio La Lucha, en diálogo con ANCCOM. Además, hubo heridos y más de 30 detenidos -entre ellos dos estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires- que lograron la libertad en el transcurso de la tarde.
Acuña estuvo desde el inicio de la toma y dice, con angustia, que cuando habían pasado los dos primeros meses pensó “que el Gobierno se iba a solidarizar”. “Los pobres tenemos derecho a una vivienda digna –afirma–. Si sos laburante como yo, sabés que cuesta llegar a fin de mes, cuesta pagar el alquiler, y si ganás 20 mil pesos, ¿qué hacés con eso? Nada, o comés o alquilás”. Esta es la realidad de muchas familias que ocupaban el predio y hoy se encuentran peor que hace unos meses: no tienen nada. Algunos vamos a estar de prestados con nuestras familias, pero otros tienen que ver cómo se la arreglan porque no tienen a dónde ir”.
Antes del desalojo se conformó una mesa de diálogo con los referentes y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, donde se estuvo cerca de un acuerdo. Acuña asegura que se les ofreció reubicar los barrios por bloques, pero todo cambió “cuando nos dimos cuenta que en el acta no figuraba ninguna información acerca de dónde íbamos a ir a parar, sólo que eran unos lotes. No nos dieron ninguna garantía real y, a raíz de este rechazo, se desató todo esto”.
El desalojo comenzó a las cinco de la mañana, con topadoras y fuego que destruyeron las casillas.
La coordinadora del Área Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Luna Miguens, subraya que las condiciones estaban dadas para que el desenlace fuera otro. En las últimas semanas, “se había logrado un acuerdo al que adhería la gran mayoría de las personas que formaban parte de la toma, pero cuando faltaban sólo detalles para la reubicación, el fiscal, Juan Cruz Condomí Alcorta, y el juez, Martín Rizzo, consideraron que los tiempos ya estaban agotados”. Hoy el escenario fue totalmente diferente al que se venía planificando: la represión a los ocupantes se extendió por varias horas dejando a su paso no sólo detenidos y heridos, sino también cientos de familias a la deriva sin ninguna solución a su problema.
Para Miguens, el problema de procesar los conflictos sociales tan complejos mediante causas penales, hace pensar que se trata de una cuestión de legalidad o ilegalidad, y si se lo entiende así es difícil lograr una solución. “El Gobierno debe sostener la propuesta que tanto esfuerzo llevó construir y adaptarla al nuevo contexto para dar una respuesta definitiva a las familias que estuvieron durante tres meses en las peores condiciones posibles. Esto muestra que se trata de un problema estructural, gravísimo y urgente. El Gobierno tiene los nombres y apellidos, toda la información sobre estas familias, por lo tanto, sería inaceptable que se desentienda. Existen predios donde todavía pueden instalarse de manera transitoria. Y hay en marcha una solución definitiva con un predio donde podrían irse a vivir”
La mesa de diálogo que había creado el gobierno provincial, fracasó.
Cuarenta y ocho horas antes del desalojo, el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, anunció el lanzamiento del Programa de Asistencia Crítica y Habitacional que contempla una ayuda económica de 50 mil pesos que podrá ser recibido hasta seis veces por beneficiario. El objetivo es que sea destinado a gastos de alojamiento, materiales de construcción y otros que tengan como fin resolver el problema existente.
Si bien significa una respuesta ante la emergencia, tiene sus límites. “En la provincia de Buenos Aires es un problema estructural más allá del contexto, hace falta política pública que genere oferta de suelo accesible para sectores medios y bajos. La provincia tiene la Ley de Acceso Justo al Hábitat que reconoce herramientas valiosas para cambiar las dinámicas estructurales y hacer que esos procesos de producción de la ciudad no estén sólo orientados a los negocios inmobiliarios, sino que contemplen la demanda habitacional real”, concluye Miguens.
