Abr 2, 2021 | Novedades, Vidas políticas
Luego de 25 años finaliza la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, perteneciente al consorcio empresarial compuesto por la compañía belga Jan de Nul y la argentina Emepa. El Gobierno nacional abrió un nuevo llamado a licitación para la realización de obras para el dragado de la vía fluvial para aumentar su capacidad, la modernización y el mantenimiento del sistema de señalización, así también como para administrarla. La medida dio lugar al debate puertas adentra de la coalición oficialista y entre los especialistas ligados al tema respecto de cuáles son las decisiones políticas que debería tomar el Estado para lograr un beneficio económico para el país, tomando como ejes principales la producción de la maquinaria utilizada para el dragado, la mano de obra, el cobro de peajes a las embarcaciones y las posibilidades de control de una ruta acuática por la que pasa el 80% de las exportaciones argentinas declaradas y otra inconmensurable cantidad que transita de contrabando.
La Hidrovía Paraná-Paraguay es un corredor de transporte fluvial de más de 3.400 km de extensión que permite la navegación continua entre los puertos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. En su tramo argentino va desde el kilómetro 1.238 del río Paraná y el 239 del canal de Punta Indio, en el Río de la Plata.
En el ámbito del Ministerio de Transporte se creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Hidrovía, con el objetivo de asistir y asesorar al ministro de Transporte en lo vinculado al llamado de la licitación pública de carácter nacional e internacional. Además, este organismo tiene la tarea de realizar los estudios e informes necesarios para la confección de los pliegos licitatorios, elaborar los pliegos de bases y condiciones para la licitación por el régimen de concesión de obra pública por peaje, para la modernización, ampliación y mantenimiento del sistema de señalización, así como también las tareas de dragado y mantenimiento de la vía navegable, según la resolución 8/2021 publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina.
El Estado nacional busca, con el nuevo llamado a licitación, tener mayor presencia en la administración de la Hidrovía Paraná-Paraguay y no volver a dejarla en manos extranjeras como ocurre desde los años noventa, década donde se dio comienzo al proceso más grande de privatización de empresas en Argentina. En relación a esto, César Crocitta, licenciado en Economía (UBA), habló con ANCCOM sobre el asunto en cuestión: “El control debe estar en manos del Estado argentino, nosotros tenemos que controlar firmemente todo el movimiento de la Hidrovia, todo movimiento que se haga a través del río debe estar fríamente calculado”. Además, hizo referencia a la importancia de que sea el Estado el que se haga cargo del cobro del peaje de las embarcaciones. “El ingreso por el peaje es una cifra que ronda los 18 millones de dólares anuales, y el costo del dragado es muchísimo inferior”, agregó.
El presidente y los gobernadores durante la firma del Acuerdo Federal de la Hidrovía en Puerto San Martín.
Bruno Capra, ingeniero electrónico e integrante del Grupo Bolívar y del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, hace referencia a que la privatización de las empresas nacionales afecta a la soberanía sobre nuestro territorio. Comenta que la Prefectura no puede detener ni revisar los barcos que pasan por el Río Paraná, por estar catalogado, en esa zona, como aguas internacionales, facilitando de esta manera el contrabando de las exportaciones. “Se cancelaron y se privatizaron muchas organizaciones y empresas del Estado y a partir de allí empezaron las décadas, que aún están incluso, de aumento de la pobreza”, añade Bruno Capra
Uno de los tramos centrales de conexión con la Hidrovía es el Canal Magdalena, una vía de acceso, ubicada en el Río de la Plata, que une a los puertos de la provincia de Buenos Aires y el sur del país con la zona del litoral. Allí es donde el Ministerio de Transporte planea iniciar obras una vez finalizado el proceso de licitación, las cuales apuntan al dragado del canal para pasar de 15 pies (4.5 metros) a 40 (12 metros) de profundidad. De esta manera se abriría una nueva ruta de navegación que permitiría a las grandes embarcaciones acceder de forma directa a la hidrovía Paraná-Paraguay.
“Un barco que sale de un puerto de la costa del sur para pasar a Rosario, Santa Fe o Resistencia tiene que pedir permiso a Uruguay”, explica Bruno Capra. Por otro lado, César Crocitta hace hincapié en la necesidad de la apertura del Canal Magdalena para que los sectores agroexportadores no sigan utilizando el de Montevideo como eje central del tráfico y único acceso desde el sur del país hasta la zona del litoral por el momento, y de esta manera evitar el contrabando con los países limítrofes. “A ellos les interesa cargar en Montevideo porque no pasan por la Argentina y exportan. Paraguay se convirtió en el cuarto exportador de soja, exporta la soja que sale de contrabando de la argentina”, señala el economista.
El Estado también tiene la posibilidad, por medio del llamado a licitación para la realización de mantenimiento y ensanchamiento de la Hidrovía, de reducir los costos de transportes de los productos que se exportan. “Hemos perdido la conexión marítima que es la más barata, está el 10% de lo que sale llevar la carga por camiones. Para eso necesitamos hacer el canal Magdalena, que es la obra principal, y que se integre con el proceso de la hidrovía”, aclara César Crocitta. En relación a esto, Capra, destaca la importancia de que la ruta pueda ser administrada desde el Estado: “Toda la cadena de puertos, que al mismo tiempo se privatizaron, son todos puertos extranjeros en territorio argentino y nos asombramos que un producto como los granos, que se exportan desde Argentina, tengan que pasar por administración extranjera en el propio puerto de embarque. O sea, hemos pasado a tener fuga de cosas elementales”.
Por último, Crocitta destaca la importancia de volver a construir las dragas (maquinaria utilizada para la excavación de la tierra que se encuentra debajo del nivel del agua para realizar el ensanchamiento de la vía) en Argentina. “La licitación debe contemplar la construcción de las dragas en argentina, es la primera condición. Se pueden crear más de 3 mil puestos de trabajos construyendo dragas en argentina, que no solo se construirían dragas para la hidrovía, sino también para los puertos”, aclara. Este es un paso fundamental para que el Estado ponga las condiciones necesarias para que la industria nacional se vea beneficiada, y de esta manera generar un desarrollo en la economía del país. “Se debe contemplar que por lo menos el 50% de las dragas que se utilicen deben ser construidas en Argentina. Otra condición que debe cumplir la licitación es que las dragas funciones a gas natural licuado como combustible y no diésel, que es altamente contaminante”, agrega Crocitta.
Feb 25, 2021 | Novedades, Trabajo
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por medio de la Secretaría de Economía Social, lanzó el capítulo “Trabajadores y trabajadoras de medios comunitarios” del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP). De esta manera, las y los comunicadores de los medios comunitarios, alternativos, populares, originarios, digitales y de las TIC´S, pasarán a ser reconocidos dentro del universo de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. A partir de esta nueva pestaña que se abre en el ReNaTEP, las y los trabajadores de la comunicación alternativa podrán inscribirse en el registro y así intentar cambiar la suerte un segmento que parecía invisibilizado por parte del Estado
David Magnarelli, Coordinador de Medios Comunitarios de la Secretaría de Economía Social, sostiene que el registro no solo está destinado a las y los comunicadores, “sino que también a los técnicos, operadores, diseñadores, toda la gente que labura atrás de medios y que siempre lo hace en negro. Lo que intentamos con esto es obtener una radiografía al sector, por cuánta gente está conformado y a partir de ahí sacar el recorte.” También menciona que, a solo dos meses de dar inicio al registro, ya son más de 13 mil trabajadores registrados y se espera que sean más en los próximos meses, ya que planean realizar una campaña de inscripción.
Los principales beneficios a los que van a poder acceder las y los trabajadores de los medios de comunicación comunitarios son los programas de asistencia del Estado que brinda hacia el sector de la economía popular. Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), explica: “Hay dos líneas fuertes que se están planteando, en realidad tres líneas: una es Potenciar Comunicación, es decir Potenciar Trabajo, pero volcada específicamente a la comunicación; y líneas de formación, que hay dos que son centrales: una tiene que ver con las nuevas tecnologías, y otra con legislación.”
Esta propuesta, lanzada por la Secretaría de Economía Social, ostenta una ruptura en el paradigma del sector autogestionado de la comunicación, el cual se caracteriza por la presencia de trabajadores que tienen que acudir a la realización de otras tareas para poder sustentarse. Esto se debe a que los medios comunitarios o alternativos no logran generar ingresos suficientes por no perseguir una lógica comercial, la cual limitaría su capacidad de generar contenido diverso que haga eco de las distintas realidades que no exhiben las grandes empresas mediáticas. En relación con esta realidad, Martín Díaz, integrante de la dirección de Radio Arraigo de La Matanza, cuenta: “El ReNaTEP, contemplando el tema de la comunicación comunitaria y los diferentes medios autogestionados, es una puerta como para que, en este contexto de pandemia, aquellos trabajadores que vienen en un proceso de la comunicación comunitaria puedan acceder a algún tipo de subsidio.”
Además de proponer cambios a nivel económico, estas asistencias por parte del Estado pueden marcar un antes y un después en la calidad profesional de las y los trabajadores de la comunicación, lo que puede llegar a mejorar las condiciones del medio. “El gran desafío es que los compañeros puedan acceder a través de este registro a diferentes posibilidades, de poder seguir capacitándose, formándose, y poder pelear el día a día en una situación que es bastante crítica”, afirma Díaz.
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Por otro lado, Belén Del Huerto, trabajadora del medio comunitario tucumano La Nota, menciona la realidad que viven los medios comunitarios a lo largo del país: “Nosotros revindicamos el hecho de ser un medio sostenido por sus trabajadores, pero obviamente tenemos las limitaciones en cuanto a lo económico. Vemos que la pauta oficial está repartida en los grandes medios, y no en democratizar las voces y mucho menos federalizar las voces, que es nuestro gran pedido.” Además, aclara: “Ya estamos registrados, tenemos todos los papeles en regla, tenemos acá un organismo que es el IPACYM que gestiona cooperativas, tenemos relación con los organismos nacionales, pero falta la línea de financiamiento por parte del Estado, que es lo que corresponde, porque realmente cubrimos casos desde nuestro territorio y brindamos espacio y voz desde nuestro territorio con las problemáticas propias de vivir en el interior del país, lejos de la Capital Federal.”
Si bien la situación económica actual en la que están inmersos los medios comunitarios es poco favorable, las distintas fuentes consultadas coinciden en que la inclusión en el ReNaTEP es el punto de partida de un largo camino por recorrer para que la comunicación alternativa logre posicionarse al frente de la lucha por el sentido, por representar las distintas realidades de cada comunidad desde una mirada diversa, inclusiva y representante de las clases populares. Que el Estado brinde las herramientas necesarias es una condición fundamental para que la comunicación popular gane mayor visibilidad y pueda situar su mirada con la misma impronta que lo hacen los grandes medios de comunicación del país.
Feb 16, 2021 | Comunidad, Novedades, Trabajo
Conocer el impacto de la pandemia en la actividad productiva de las cooperativas y las empresas recuperadas por trabajadores (ERT) y cuáles fueron las políticas de asistencia tomadas por el gobierno nacional para poder evitar el cierre masivo de compañías del sector autogestionado de la economía. Ese fue el objetivo del informe diseñado por el programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y avalado y difundido por la Comisión Técnica Asesora de Empresas Recuperadas del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). ¿Fueron realmente eficaces las medidas tomadas o todavía falta acción por parte del Estado para acompañar al sector autogestionado de la economía?
Para el estudio, los investigadores contaron con la colaboración del Proyecto de Vinculación con Empresas Recuperadas de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y distintas organizaciones del sector. “La participación de este año fue mayor porque al no tener la necesidad de pactar una visita y hacerla presencialmente, eso es un trabajo de organización. En el último ordenamiento que habíamos hecho entre 2017 y 2018 hicimos unas 87 empresas recuperadas, y ahora fueron 135, 195 en total porque este año se agregaron cooperativas de trabajo”, comenta Andrés Ruggeri, director del informe y asesor del Ministerio de Trabajo.
Si bien las restricciones propuestas en el marco del Aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) involucraron el cierre de gran cantidad de empresas dedicadas a actividades denominadas no esenciales, según el informe solo un 20% del total de las cooperativas y empresas recuperadas encuestadas tuvo que detener su actividad productiva en los meses de confinamiento más estricto. El 80% restante representa a los sectores que realizan actividades esenciales en forma directa o indirecta, como es el caso de las cooperativas textiles. “Trajimos una máquina para fabricar barbijos desde China y tuvimos la suerte de incorporar 45 compañeras y compañeros, pudimos completar un plantel de 160 personas”, cuenta para Anccom Francisco Martínez, secretario de la Comisión Técnica Asesora de Empresas Recuperadas del INAES, asociado fundador y ex presidente de Textiles Pigüé.
Hugo Cabrera OOPERATIVA CAMPICHUELO
El impacto económico que significó la pandemia a nivel global y la limitación en la actividad productiva profundizaron la crisis que venía atravesando el país luego de las políticas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri, la cual perjudicó principalmente al bolsillo y calidad de vida de los trabajadores. En este contexto es que el gobierno se vio en la necesidad de implementar distintas medidas de apoyo económico, las cuales fueron eficientes en cierta proporción para las empresas privadas, que pudieron solicitar la Asistencia de Trabajo y la Producción (ATP) o los créditos a tasas subsidiada del 24% para las pymes. “Cuando arranca la pandemia las industrias la pasamos realmente mal. No nos entendían que éramos empresas cooperativas, entonces todos los decretos que salían para que los bancos den algún crédito, no nombraban la palabra cooperativa. Hablaban solo de pymes”, menciona Hugo Cabrera, presidente de la Cooperativa Gráfica Campichuelo, del barrio de Caballito.
Estas políticas de contención no pudieron ser concretadas por las cooperativas y las ERT, debido a imposibilidades normativas, lo que generó grandes críticas desde el sector. “No fueron específicas para la cooperativa. Había que acondicionar mejor esas medidas para que lleguen mejor a las cooperativas de la misma manera que llegan a las empresas privadas”, destaca Andrés Ruggeri.
Frente a la difícil situación en que se encontraban inmersas las cooperativas, el Estado reactivó la línea 1 del Programa Trabajo Autogestionado, que aporta un subsidio mensual a los asociados; lanzó créditos especiales para las cooperativas de trabajo a través de una línea articulada entre el Ministerio de Desarrollo Productivo, el INAES y el Banco Nación; implementó Potenciar Trabajo, que fue otras de los programas destinados a los trabajadores de la economía popular; e implementó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el cual benefició a gran cantidad de trabajadores asociados a cooperativas.
Cooperativa El Zócalo
El informe señala que el 67% del total de las cooperativas solicitó el programa Línea 1 y el 82% de ese total tuvo acceso a él. Si bien tuvo un alto nivel de demanda, no significó una solución del todo eficaz para los trabajadores. Manuel Azurmendi, presidente de la Cooperativa de Trabajo El Zócalo, del barrio de Montserrat, señala que “la línea 1 fue un aporte que es para cooperativas trabajo autogestionado. Lo hemos tramitado, han sido 8 meses, pero en esa línea es incompatible con otros programas así que se cayó a todos los compañeros que han accedido a otros programas por ejemplo potencia trabajo, IFE.”
Otros de los puntos reclamados es el que atiende Silvia Diaz, de Cooperativa La Cacerola, también ubicada en Caballito: “Estamos reclamando que haya continuidad en el programa línea 1 que solo lo han prolongado por el mes de febrero, cuando el gobierno nacional ha prolongado para los trabajadores de empresas privadas la ATP en algunos casos, que son equivalentes lo que era la línea 1 para las cooperativas de trabajo.”
Cooperativa El Zócalo
La línea de crédito lanzada por el Ministerio de Desarrollo y el Banco Nación fue otra de las iniciativas enfocadas en el fortalecimiento económico de las cooperativas. Con una tasa subsidiada del 18% y con la posibilidad de pagarlo a un año con 3 meses de gracia y otros 3 meses solo de pago de intereses. Sin embargo, los resultados de la encuesta arrojaron que solo el 12% de las cooperativas solicitaron créditos del Banco Nación. La baja demanda se debe, principalmente, a la falta de información, incertidumbre en capacidad de pago y a las dificultades a la hora de entregar la documentación requerida. “Toda la operatoria de los créditos es lenta y piden muchísimos requisitos”, señala Silvia Diaz. “Nos costó completar toda esa documentación y cuando la terminamos, le dieron de baja y fue reemplazado por un nuevo proyecto”, agrega la presidenta de la FACTA.
No obstante, con respecto a la negativa de las cooperativas a la hora de acceder a estos créditos, Francisco Martínez, comenta que “más del 80% de las cooperativas de trabajo de este país nunca habían accedido a un crédito, entonces se hace este programa afectando 2mil millones de pesos, usando una tasa del 18% y con dos simples papelitos: estar registrada en la secretaria pymes y un certificado legibilidad del INAE, comunicación con el Banco Nación y se terminó en menos de 20 días. Nosotros lo hicimos.”
Cooperativa La Cacerola
Sin dudas el decreto 311/2020, que prohibió los aumentos y corte del servicio por falta de pago para el gas, la electricidad y el agua, fue una de las medidas más importantes que tomó el gobierno en los meses de mayor restricción de la actividad económica. Además, prevé que las empresas prestadoras de estos servicios deben otorgar planes de facilidad de pago para las deudas que se generen y hace referencia exclusivamente a las cooperativas o empresas recuperadas que estén inscriptas en el INAES.
Cooperativa La Cacerola
Todas estas medidas se fueron tomando sobre la marcha con el objetivo de mantener a flote la actividad productiva de estas, pero de nada sirven si no se implementan políticas a largo plazo que regularice la situación de los trabajadores. “Lo que hace falta es resolver esa situación para que sea más equivalente, para que no sea una pérdida o una cuestión menor trabajar en una cooperativa en relación a tener un trabajo formalizado”, menciona Ruggeri. “La ley de cooperativas es muy vieja, donde el cooperativismo de trabajo no está casi contemplado. entonces se fueron haciendo distintos parches por decretos o resoluciones del INAES que fueron regulando la cooperativa de trabajo pero que no lo terminan de contemplar como un sujeto laboral. Entonces los trabajadores de las cooperativas no tienen los derechos de los trabajadores asalariados”, concluye el director del informe.
Dic 9, 2020 | Comunidad, Novedades
Reserva Natural de Hudson
El conflicto por la conservación de los humedales en el partido de Berazategui, a 32 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, toma repercusión debido a la intervención de organizaciones ambientales que buscan proteger estos espacios naturales frente a la explotación del suelo que generan distintos emprendimientos inmobiliarios por parte de empresas privadas.
El negocio de la urbanización pisa fuerte en una zona donde existen grandes extensiones de tierra. Pero si encima se lleva a cabo donde existen humedales, el daño al medioambiente puede ser irreparable, ya que su característica es que logran acumular gran cantidad de agua, la cual puede ser utilizada tanto para el consumo humano como para la producción, además de tener la capacidad de evitar inundaciones en zonas aledañas.
En los últimos meses desbordó el reclamo de diferentes organizaciones ambientales por la construcción ilegítima de barrios privados o countries en la costa ribereña del partido de Berazategui. Las denuncias señalan que la zona está sufriendo un cambio en el uso del suelo para emprendimientos privados, lo que genera un impacto ambiental significativo para los vecinos del partido. Por empezar, para construir es necesario levantar terraplenes, lo cual altera la pendiente del suelo y genera inundaciones.
El ojo de la tormenta está puesto en el Municipio, acusado por los ambientalistas de ser el principal responsable de facilitar el acceso de áreas protegidas a los inversionistas privados. En relación a esto, Edgardo Boiraz, referente del Foro Regional en Defensa del Rio de la Plata, la Salud y el Medioambiente, pone de manifiesto que: “El problema concreto alrededor de los humedales es que los countries obtienen rezonificaciones a medida de sus necesidades y una intendencia proclive a conceder excelentes territorios a los barrios cerrados, lo que generó que los últimos 33 años existan 33 nuevos barrios cerrados.”
El primer atentado contra las zonas protegidas que costean el partido de Berazategui se dio en el 1996 cuando se llevó a cabo el inicio de la construcción del proyecto Country Náutico Puerto Trinidad de 360 hectáreas, perteneciente a Beccar Varela Desarrollos SA. y Sepra. “Sepultaron toda la fauna y la flora con 3,4 metros de tierra”, menciona Boiraz. Luego de varios años en donde la obra fue paralizada por distintos motivos, durante los primeros meses de cuarentena se comenzaron a reactivar actividades de desmonte y relleno sobre esta área que, según denuncian las diferentes organizaciones ambientales, está protegida por la Ley de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la cual señala que es un sector de mediano valor de conservación y que por consecuente no se podrán autorizar desmontes en él.
La Asamblea Autoconvocada en Defensa de los Humedales y Bosque Ribereño de Hudson- Hocó, que lucha contra los abusos planteados por los negocios inmobiliarios, denuncia que la posibilidad de la explotación de las zonas de humedales solamente puede ser llevada a cabo gracias a las rezonificaciones propuestas por el Municipio de Berazategui. “La estrategia fue rezonificar el ordenamiento territorial de la provincia de Buenos Aires a cargo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS), achicando las zonas de mayor protección y agrandando las zonas para explotar; en paralelo el Municipio junto con el Concejo Deliberante rezonifica la zona de reserva a zona residencial.”, señala Lucas Rúa, activista ambiental perteneciente a dicha asamblea.
La puja de los privados por conseguir tierras a precios más bajos, la habilitación de los funcionarios públicos para que puedan acceder a estas y la falta de una ley de conservación de los humedales son tres puntos clave para que el avance sobre estas tierras se dé sin ningún tipo de límites. “Hace algunas décadas las economías de los municipios de todo el mundo junto a los privados pusieron el ojo sobre los humedales por la riqueza que se puede hacer en terrenos tan baratos con ecosistemas a su alrededor hermosos y abundante agua cerca”, agrega Rúa.
Lucas Rúa, guardaparque y activista en la Asamblea autoconvocada Hocó .
La modificación en el ordenamiento territorial aprobada este año por el intendente de Berazategui, Juan José Mussi, y con el apoyo de la OPDS permitió que la Zona de Reserva pase a ser considerada como Zona Residencial Extraurbana. Esta rezonificación habilita a los emprendedores privados a realizar distintos proyectos inmobiliarios como los casos del barrio privado Pueblos del Plata de Caputo Hermanos y Achaval Inmobiliaria, el cual cuenta con 300 hectáreas; y Lagoon Hudson, un complejo que incluye tres barrios privados, con un total de 900 hectáreas, perteneciente a la sociedad compuesta por Enrique Pedro Balsa y el Grupo Monarca SA.
Frente a esta situación, Rúa menciona que en el último tiempo se realizó una nueva calle con acceso al río, con la excusa de que era para la utilización de todos los vecinos, pero “fue meramente para la especulación inmobiliaria”. Además, cuenta que se construyó un murallón para contener al río, pero no se realizaron estudios de impacto ambiental al respecto. “La obra hoy se encuentra paralizada judicialmente sin poder terminar el último tramo gracias a la acción del Foro del Río de la Plata”, concluye el joven activista.
La sanción de una ley de humedales es un paso fundamental hacia la regulación y protección de estos ecosistemas. “Es necesario que deje bien en claro la definición de humedales para que no pueda haber arrebatos en ellos”, aclara Rubén Quintana, Doctor en Ciencias Biológicas e Investigador del CONICET y del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
Frente a los diferentes proyectos de ley que fueron propuestos en el Congreso, el presentado por el diputado del Frente de Todos y el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Leonardo Grosso, es el más preponderante, según Quintana. “En lo personal creo que es un texto muy superador”. Además, hace referencia a que la causa principal de que se presentaran tantos proyectos este año fueron los incendios fluviales de la región del Delta del Paraná.
“Necesitamos la presión constante para incentivar a diputades y senadores con la pronta resolución a favor del equilibrio socio ambiental”, menciona Rúa.
La situación actual que transita el partido de Berazategui con respecto al mal uso de los espacios naturales es un ejemplo del maltrato por parte de la intervención humana a estos ecosistemas a nivel país. Según Quintana, desde mediados de la década del 90 se perdieron 88 mil hectáreas de humedales, donde se construyeron alrededor de 8 mil kilómetros de terraplenes. Esto significó una pérdida del 42% de la superficie total de humedales en Argentina.
Unos de los efectos más visibles que genera el cambio del uso del suelo de la mano de los emprendimientos inmobiliarios son las inundaciones en las zonas urbanizadas, ya que el agua no encuentra espacio donde acumularse. Es evidente que la acción social que promueven las agrupaciones ambientales es la responsable de hacer visible la situación crítica que está sufriendo el medioambiente, y es la vía por la cual el tema pueda tomar mayor repercusión para que la sociedad en conjunto pueda llegar a ser consciente de que el daño contra estos ecosistemas es la causa directa de los desastres ambientales que se viven.
Nov 12, 2020 | Novedades, Trabajo
La cuarentena promovida por el gobierno nacional a causa de la pandemia del coronavirus obligó a miles de comercios a cerrar sus puertas para poder evitar el contagio masivo del virus. Entre los rubros que aún se encuentran con severas restricciones se encuentran los musicalizadores y disc jockeys, los cuales tuvieron que buscar otras salidas laborales dentro y fuera del mundo del entretenimiento y la música para subsistir económicamente en una situación que no tiene precedentes. Las fiestas, boliches o todo evento que permita la acumulación masiva de personas todavía es algo del pasado y, si bien ya se comenzarán a abrir cines y teatros, este tipo de actividades aún no tiene fecha de regreso.
El principio de la pandemia representó un impacto que no fue fácil de asimilar, según cuentan las fuentes consultadas. Cancelar todos los eventos planeados a futuro, y más cuando representan la única forma de ingreso económico, fue un golpe fuerte que exigió a los DJs a reinventar su forma de hacer. “Desde los 15 años hasta antes de la cuarentena me dediqué exclusivamente a la música, vivía de eso, laburaba de eso y me dedicaba a eso al 100%”, comienza a relatar el reconocido Dj escobarense Diego Arcuri, que además administra una empresa de eventos junto a su padre. “Hasta principio de la cuarentena veníamos bárbaro, cada vez con más laburo. Además, trabajo en una empresa de Dj-. Teníamos proyectado laburo cuando arrancó esto hasta junio, todo ocupado y ya con la agenda programada para meses futuros. Esto nos frenó a todos, nos cancelaron todos los eventos y nos quedamos prácticamente sin nada”.
El quiebre de la normalidad produjo un impacto sobre las agendas laborales y trajo consigo la incertidumbre y la desesperación. Ante esto surgieron alternativas poco pensadas hasta hace unos meses atrás pero que, en algunos casos, fueron el único medio que le permitió generar ingresos. “Me puse a vender pizzas congeladas. Cuando vi que la cuarentena venía para larga y que yo no iba a hacer nada, arranqué con las pizzas, debo llevar cuatro meses y medio con esto”, cuenta el Dj de música electrónica y productor de eventos Julián Calderone. “No cobro ni un poquito de lo que llegaba a cobrar como Dj –cuenta- o como iba a llegar a cobrar, porque dos meses antes de que arranque la cuarentena yo empecé a tocar fuerte
Diego Leiva, el disC jockey organizador de eventos destaca que, si bien la situación produjo un profundo daño para todos los trabajadores del rubro, él tuvo la oportunidad de formar una pequeña empresa que le genere ingresos mientras duren las medidas de aislamiento. “En 10 días armé el negocio, al conocer gente del rubro anteriormente conseguí las máquinas y actualmente hoy es mi sustento. Laburo todos los días, hasta 12 horas por diarias. No me estoy llenando de plata, pero no le debo nada a nadie, tapo todos los huecos y por lo particular de mi situación me considero más que agradecido”. Sin embargo, aclara que trabajar en la imprenta no le es redituable de la misma manera que lo era el negocio de eventos. “Yo me largué como Dj independiente hace 5 años y no paré de crecer, a pesar de que el contexto era bastante favorable. Desde el año pasado y comienzo de este estaba laburando en lugares que para mí eran soñados”.
Las alternativas laborales lejos de la música comenzaron a ser más comunes entre los trabajadores del rubro. Arcuri expresa que tuvo la oportunidad de trabajar en un programa de radio pago con la empresa Pato Sambrano pero que solo alcanzaba para poder pagar los gastos fijos. Además, señala: “Con mi viejo empezamos a buscarle la vuelta, a hacernos independientes, comenzamos a vender artículos de limpieza, que en principio funcionó pero a medias. Ahora conseguí laburo en blanco de vendedor de herramientas que es completamente ajeno a la música, pero hubo que reinventarse”. El contacto entre el Dj y el público es clave para poder desarrollar un buen ambiente, y el distanciamiento social dificultó la forma de hacer su trabajo. Esto produjo que se dejaran los equipos musicales de lado y buscar alternativas que sean más rentables para poder palear la crisis.
La explotación del streaming en las distintas plataformas virtuales, como YouTube e Instagram TV, fue una experiencia que les permitió seguir cerca de su público en un primer momento. En relación a esto, la Dj, productora y profesora de gimnasia y nutrición, Melanie Liber, expone cómo fue su forma de encontrarle la vuelta: “En cuanto a nivel económico estuve teniendo ingresos por los vivos y por el streaming pero obviamente no es lo mismo que estar en presencia”. Con el pasar de los días estas herramientas quedaron en un segundo plano, ya que no les redituaba de igual manera. “Surgieron nuevas estrategias, nuevas formas de comunicación, porque la gente al estar en su casa aprovechó más esto de utilizar las playlist y a buscar enganchados que es lo que se vino en este último tiempo”, concluye.
El caso de Guillermo Crivella (Dj Pirata) es similar en cuanto a lo económico: “Con YouTube no ganas ni un peso, los remixes no se pueden monetizar porque están todos con derecho de autor”. Si bien no es un gran sustento económico para la mayoría de los Dj, el trabajo virtual sirve especialmente para mantener o aumentar seguidores. “Obviamente que no se gana lo mismo con las plataformas que con los shows, pero estamos 8 puntos”, agrega Dj Pirata, quien afirma que la cuarentena lo ayudó en conseguir de a 5 mil seguidores cada 15 días, gracias a que la gente se encontraba en su casa y buscaba su contenido musical para entretenerse.
Contrariamente, Diego Leiva no ve con buenos ojos la difusión de contenido por medio de plataformas virtuales, “la alternativa del streaming no me parece una buena opción, no es rentable”. En los últimos años, estas herramientas se apoderaron de un mercado que era exclusivo de los Djs dedicados a los eventos informales como cumpleaños o reuniones familiares. Según Diego, la gente hoy en día prefiere ahorrar en un Dj y cargar una lista de reproducción que puede encontrarla en cualquier plataforma. “Yo creo que para los que transmiten en vivo no es una buena manera de mostrar lo que vos haces porque vos no sos solamente la música que pasas, sino que también la calidad de sonido que llevas, las luces, la experiencia de estar ahí”, concluye el disc jockey.
Lo que pueda venir en los próximos meses todavía es incierto en cuanto al trabajo del disc jockey. Todavía no hay ningún protocolo que plantee la vuelta a este tipo de eventos masivos a corto plazo.
