Del dicho al hecho…

Del dicho al hecho…

Marcha de las sillas vacías en Plaza de MAyo.. Personas con distintas discapacidades y sus familiares marchando en fila por sus derechosEn el año 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó al 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Más de una década después, en el año 2006, la misma institución aprobó un documento en el cual se establecía, entre otras cosas, al término personas con discapacidad como el pertinente para denominar a quienes tengan “deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que (…) puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás”.

Estos antecedentes históricos, basados en un modelo social de inclusión con foco en los derechos humanos, fueron el punto de partida para que, a fines de 2017, el Gobierno firme el decreto 868/2017 que establecía la creación del Plan Nacional de Discapacidad. Pasado un año de ese hecho, ¿Qué hizo el Poder Ejecutivo respecto de ese tema?

El documento garantizaba la implementación de políticas públicas reguladas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que, en conjunto con la participación activa de organizaciones no gubernamentales, permitieran la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad a la hora de insertarse en los diferentes sectores de la sociedad. No obstante, la actualidad muestra que la distancia entre el dicho y el hecho es cada vez más extensa.

“Después de un tiempo, nos fuimos dando cuenta que el plan era puro marketing, hay muy pocas iniciativas concretas por parte del Gobierno” afirma Marcelo Betti, presidente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI). En paralelo, Betti agrega que “el sector es uno de los más afectados por el ajuste, ya que hay una quita paulatina de pensiones no contributivas desde 2016. Las personas con discapacidad tienen un gasto mayor que el resto de la sociedad y su nivel de ingresos es muy bajo. Según un informe de la OIT, el 80 por ciento de quienes integran este colectivo son desempleados”.

Hombre con discapacidad motriz hablándole a un grupo de personas en la marcha

“A la pobreza hay que agregarle la quita de las pensiones y la falta de respuesta gubernamental ante el pedido de pensiones nuevas», dijo Martín Passini.

Si bien la desocupación es una de las problemáticas más lacerantes en el país a nivel general, la cuestión se agrava ante el incumplimiento de pautas dentro del mismo aparato estatal. En diálogo con ANCCOM, Martín Passini, miembro de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba, explica que “el Estado tanto a nivel nacional como provincial está obligado a tener un cuatro por ciento de trabajadores con discapacidad en cada organismo, sin embargo hoy en día el cupo no llega al uno por ciento”.

Passini, quien también forma parte del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de la misma provincia, asegura que “a la pobreza hay que agregarle la quita de las pensiones y la falta de respuesta gubernamental ante el pedido de pensiones nuevas. Además hubo una regresión ya que las pensiones se volvieron a regir de acuerdo a un decreto del año 1997 que se centra en los grados de invalidez de cada persona en particular y no en los problemas del entorno, oponiéndose a lo reglamentado por las Naciones Unidas en 2006”.

Otra de las premisas incluidas en el plan es el acceso a la educación, aunque lejos está de establecer prioridades o metodologías de aplicación específicas para los diferentes niveles. “La ANDIS no tiene relación con nosotros, nunca nos ha hecho participar. Las actividades que hacemos son junto a otras organizaciones y con el mínimo presupuesto posible” asegura Natalia Barroso, quien integra la Comisión de Inclusión de Personas con Discapacidad (CIPeD) de la Universidad de Salta (UNSA). En la misma línea opina Daniela Pérez Rangeon, licenciada en Trabajo Social e integrante de la CIPeD, quien entiende que “el recorte presupuestario incide directamente en la accesibilidad de nuestros estudiantes e impide la inclusión plena, hay que entender que no todos parten del mismo lugar ni tienen los mismos recursos”.

Mujer con un cartel que dice:"Mis capacidades son diferentes y lo tuyo es discapacidad indiferente"

“El recorte presupuestario incide directamente en la accesibilidad de nuestros estudiantes e impide la inclusión plena», dijo Daniela Pérez Rangeon.

La ausencia del Estado se pone de relieve en casos como los del Cottolengo Don Orione, institución centenaria abocada a la asistencia de personas con discapacidad que en la actualidad sufre el embate del brutal ajuste. “Hay una conjunción de atraso de pagos y desactualización de aranceles que nos genera una incertidumbre permanente”, sostiene Beatriz Pérez, coordinadora del organismo. En consonancia, Pérez agrega que “están mintiendo respecto a la supuesta cancelación de la deuda, el último pago que recibimos corresponde al mes de junio. Por la falta de regulación no se están recibiendo prótesis ni medicamentos, además los transportes dejan de brindar servicios y eso es algo esencial ya que no contamos con vehículos adaptados a nivel público, incluso hay lugares que no tienen transporte”.

Precisamente la falta de movilidad es el principal conflicto que afronta Cecilia Watkins, ciudadana de Corrientes capital y tutora de su hermana María Graciela, quien tiene síndrome de Down. “Ella tiene PAMI como obra social y es un desastre, deberían pagar el instituto y el transporte pero no se hacen cargo de nada”, aclara. En la misma línea, Julieta Blayer, vicepresidenta de la Federación de Entidades Pro Atención a las Personas con Discapacidad Intelectual (FENDIM), entiende que la situación es cada vez más apremiante. “Como mamá de una persona con discapacidad de 40 años considero que día a día hay menos posibilidades de que accedan a una mejor calidad de vida”, sostiene.

Según la línea argumental del Plan, la participación multisectorial es un pilar fundamental a la hora de generar políticas de inclusión. Sin embargo, Daniel Ramos, presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), asegura que “la medida fue anunciada sin consulta previa ni posterior a los organismos especializados”. Tanto Passini como Betti coinciden también en cuanto a la unilateralidad en el armado del proyecto. Pese a esto, el presidente de REDI subraya que “más allá de intereses contrapuestos, la gravedad de la situación genera una homogeneización de los grupos a la hora de marchar y reclamar por nuestros derechos”. En tiempos turbulentos, consideran, la unión emerge como uno de los escasos remedios contra la incapacidad de quienes gobiernan.

Sillas de ruedas vacías con letreros escritos que dicen: "No al ajuste en discapacidad"

“El sector es uno de los más afectados por el ajuste, ya que hay una quita paulatina de pensiones no contributivas desde 2016″, dijo Marcelo Betti.

¿La casa está en orden?

¿La casa está en orden?

«Esto no es un golpe» reconstruye los hechos del levantamiento militar contra el presidente Raúl Alfonsín en 1987.

Los meses de marzo y abril de 1987 no fueron un segmento más en la vida política y social del país. La flamante democracia había sido puesta en vilo ante una concatenación de sucesos que llegaron a su punto crítico en Semana Santa. Bajo la mirada panóptica del director y productor Sergio Wolf, Esto no es un golpe se presenta como un thriller documental que, a través de varios personajes, reconstruye los hechos acaecidos antes, durante, y luego del alzamiento militar que significó un punto de ruptura en la relación entre el presidente Raúl Alfonsín y el pueblo que lo había ungido como el reestructurador de la vida democrática nacional.

En diálogo con ANCCOM, Wolf recuerda su vivencia particular de aquel domingo pascual que lo encontró en la Plaza de Mayo con otras miles y miles de personas, experiencia que relaciona directamente con la realización de la obra. “Algo de esa sensación de incomodidad y perplejidad respecto al final de ese conflicto quedó flotando y fue el germen del documental, me gusta pensar que algunas preguntas generadas en ese domingo de 1987 fueron las que me hice actualmente a la hora de escribirlo y filmarlo”, aclara el también guionista. Uno de los rasgos distintivos del film es justamente la omnipresencia del autor, quien mediante una potente voz en off plantea un viaje que recorre tanto puntos geográficos como testimonios clave a la hora de conocer el detalle de los hechos.

Sergio Wolf es el director y productor del nuevo thriller documental «Esto no es un golpe».

Desde el afiche de presentación hasta el último centímetro de la cinta, hay un dualismo que marca el pulso del relato. De un lado Aldo Rico, líder carapintada y estandarte de la rebelión; del otro Raúl Alfonsín, primer mandatario y “padre” de la nueva era democrática luego de la etapa más oscura del país. En el medio, personalidades políticas y militares que pugnan por sus intereses mientras una sociedad civil pujante se organiza para no regresar al pasado reciente de penumbras. “Hice una selección de personajes teniendo en cuenta su cercanía con los sucesos de Semana Santa, es decir, no simplemente gente que haya formado parte del gobierno, sino que también haya presenciado todo lo que pasó en esos cuatro días. Luego Pablo Chernov y Gabriel Kameniecki se ocuparon de contactar y convocar a las personalidades”, aclara Wolf, destacando a quienes, junto a él, se encargaron de la producción.

La presencia de Rico amerita un párrafo aparte. Sarcástico, impetuoso, con la impronta castrense rayana en el paroxismo que lo caracteriza, el ex dirigente del Movimiento por la Dignidad y la Independencia (MODIN) da su visión particular mediante aseveraciones que son tan controversiales como difíciles de apelar en la inmediatez. Al respecto, el director explica que el militar retirado “siempre fue pensado como un protagonista, incluso no sabiendo lo que podía llegar a decir más allá de ciertas presunciones debido a declaraciones anteriores. Dice muchas cosas que pueden incomodar al espectador, pero a la vez también aporta datos que no muchos consiguen”.

La presencia de Aldo Rico, más allá de sus aseveraciones controversiales, aporta datos que de otra manera hubieran sido difíciles de conseguir.

En el otro extremo, los movimientos de cámara y la diversidad de planos permiten que el espectador pueda situarse en el lugar del ex presidente y pueda observar sus movimientos entre la Casa Rosada, su casa de descanso y Campo de Mayo, cubriendo de alguna forma el vacío testimonial que implica su ausencia física. “Hay desplazamientos de cámara que ponen de relieve la subjetividad de narrador, o en este caso del propio Alfonsín que no está en cuerpo presente, por ende la cámara intenta reconstruir ciertos recorridos del ex líder radical, sobre todo antes del segundo discurso (NdeR: el que da luego de su reunión con los militares)”.

La multiplicidad de voces presentes en el documental se combina con una variedad de información que, lejos de tomar un cauce unidireccional, muestra perspectivas diferentes con una narrativa despojada de cualquier preconcepto o cariz ideológico. No obstante, Wolf entiende que el film lejos está de ser objetivo o de buscar una respuesta absoluta a las problemáticas planteadas en el momento histórico recorrido. “No encaré la película desde el lado de la objetividad, de hecho no creo en la objetividad, todo lo contrario. Tampoco la hice con un juicio previo, no se puede hacer una película con prejuicios. Siempre pensé hacer la película con Aldo Rico, por ejemplo, más allá de las discusiones que he tenido con mi grupo de trabajo o de mis propias diferencias ideológicas para con lo que él dice o hace. Para mí lo importante era la palabra de él, la película necesitaba su presencia”, asegura.

Al no contar con la presencia de Alfonsín, los movimientos de cámara y la diversidad de planos permiten que el espectador pueda situarse en el lugar del ex presidente.

En la misma línea, el documentalista entiende que la subjetividad es precisamente lo que enriquece la obra. “La película tiene un marco dentro del cual hay un relato pormenorizado de muchas zonas de conflicto, aunque nunca se busca una verdad ni nada parecido, sino que se muestran personas que son un conjunto de subjetividades en tensión. Aún si hubiera estado vivo el propio Alfonsín no hubiéramos llegado a esa verdad, ya que hay muchas lecturas de lo que pasó e incluso puntos de vista cruzados entre personajes del mismo sector” afirma Wolf, quien convierte esa tensión en el suspenso que deja al espectador pegado a la butaca desde el mismo instante en el que se apaga la luz.

El presupuesto educativo se desbarranca

El presupuesto educativo se desbarranca

La aprobación del Presupuesto para el año 2019 en la Cámara de Senadores, en consonancia con los lineamientos impuestos por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), representa un nuevo golpe a las necesidades prioritarias de la sociedad. Uno de los ítems más afectados será, sin dudas, el sistema educativo.

Un informe elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE) indica que la participación de la educación en el presupuesto se reducirá de un 7,1 a un 5,5 por ciento en 2019 respecto a este año. En la misma línea, se puede observar que, si bien en términos nominales la partida presupuestaria duplica a la de 2016, teniendo en cuenta que en los tres años transcurridos los precios aumentaron un 125 por ciento, la disminución real es del 17 por ciento. Si se toma como parámetro el aumento de la comunidad educativa en el período 2016-2019, estipulada en 500 mil alumnos, el ajuste presupuestario representa un 20 por ciento de disminución en la inversión por cada estudiante.

“La sanción del Presupuesto para el año que viene es de alguna forma ponerle la firma a la dependencia respecto al FMI, mientras que el ajuste es parte de un proyecto político que tiene como objetivo el desmantelamiento de la educación pública”, asegura la Doctora en Educación Graciela Morgade. La decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA agrega que la reducción presupuestaria no solo afecta al crecimiento y la renovación de las instituciones educativas, sino también al cuidado de los edificios. ”En la localidad de Moreno, la mayoría de las escuelas no tienen clases hace tres meses. Esto demuestra que la desinversión afecta tanto el desarrollo de nuevos institutos como el mantenimiento de los que ya existen”, explica.

En la distribución, el 61 por ciento de la partida presupuestaria está destinado a las facultades, mientras que el 39 restante se divide en Cultura, Becas, Ciencia y Tecnología, Fondo de Incentivo Docente y programas afines. El ámbito académico es el más “beneficiado” por el presupuesto, aunque teniendo en cuenta el notorio ajuste, el porcentaje lejos está de satisfacer las necesidades. “Las universidades se ven en algún punto favorecidas por la buena relación entre algunos rectores y el Gobierno, aunque la distribución no es homogénea y no todas gozan de los mismos beneficios”, subraya Morgade, quien entiende que las instituciones “jóvenes” sufren más los problemas estructurales en comparación con las casas de estudio tradicionales.

En diálogo con ANCCOM, Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), sostiene que “el presupuesto solo sirve para los sueldos de los docentes y el mínimo funcionamiento de la universidad. Nosotros tenemos edificios nuevos, los servicios tienen un incremento cada vez mayor y no están subvencionados”. La situación de la UNDAV muestra la incidencia del ajuste en instituciones de estudio superior creadas durante la última década. “Si a esto le sumamos las necesidades eventuales que puedan surgir y los sueldos de los no docentes, llegaríamos a fin del año que viene con lo justo, sin contemplar gastos en construcción, desarrollo ni crecimiento” asegura Calzoni.

Respecto a la infraestructura y el equipamiento, el documento de la UNIPE muestra una reducción presupuestaria del 75 por ciento en 2019 en comparación con el 2018. El importe estipulado para el año próximo es de $ 2.600 millones, mientras que este año fue de $9.200. El crecimiento en el presupuesto para este sector entre 2017 y 2018 está fundamentado en la implementación de varios proyectos de arquitectura y construcción financiados por organismos internacionales. No obstante, hasta octubre solo se había ejecutado un 27 por ciento del importe total.

Uno de los sectores más afectados dentro del sistema educativo es la rama de Ciencia y Tecnología. El informe estipula que, teniendo en cuenta la creciente inflación desde el año 2016, la partida presupuestaria destinada al sector supondría una disminución del 14 por ciento en valores reales. “La desinversión en organismos como el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) o el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), entre otros, supone una pérdida de autonomía científica que también impacta directamente en el sector universitario”, afirma Morgade.

Desde la década del ’90, el presupuesto de la educación no universitaria es diagramado y ejecutado por cada provincia de forma autónoma. No obstante, hay instituciones de estudio superior que tienen bajo su órbita a colegios secundarios, tal es el caso de la UNDAV. “Hay gastos que el Estado no contempla, nosotros tenemos una escuela técnica a jornada completa con comedor, también hay que pagar servicios y trabajo no docente. Esto nos obliga a eliminar proyectos para abrir nuevas carreras y nos impide incorporar nuevos docentes especializados, además de estancarnos en investigaciones y construcciones edilicias”, explica el rector de la institución.

Ante el desfasaje entre la inversión y el aumento desmesurado de los precios desde que la gestión actual gobierna el país, es trascendental un crecimiento exponencial en el presupuesto para equilibrar la balanza. Como especifica el informe, sería necesario un aumento presupuestario del 23 por ciento anual a nivel general, con partidas adicionales para sectores especialmente afectados como la franja etaria comprendida entre los 18 y los 29 años, y provincias particularmente carenciadas en este aspecto como Buenos Aires (Conurbano), Neuquén, Tucumán y Mendoza. Aunque el panorama para los próximos meses no parece ser auspicioso.

“El proyecto de Cambiemos tiene como fin el desfinanciamiento de todo lo público, de esa forma cada vez habrá más paros, por ende más excusas para la criminalización y la posterior privatización en pos de la “eficiencia”, concluye Morgade. La frase deja en evidencia que la educación está cada vez más lejos de ser un derecho y más cerca de ser un privilegio.

 

En Agricultura Familiar, los despidos son de Ushuaia a La Quiaca

En Agricultura Familiar, los despidos son de Ushuaia a La Quiaca

El desmantelamiento de la Subsecretaría de Agricultura Familiar (SAF), reducida de su rango de Secretaría por la reciente reestructuración del Gabinete nacional, no es un caso más en la avanzada del Gobierno contra los empleados estatales. Los 600 despedidos en ese sector dependiente de la Secretaría de Agroindustria de la Nación eran parte de una estructura de apoyo imprescindible a nivel técnico y metodológico para miles de familias dedicadas a la pequeña producción agrícola.

Como explica Lorena Putero, economista e investigadora del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), “la Secretaría es un derecho histórico de asistencia para una agricultura que es la principal proveedora de alimentos en las grandes urbes. No solo aporta subsidios, sino también asesoramiento técnico, legal y productivo”. A su vez Putero, maestranda en Economía Social y Solidaria en la Universidad General Sarmiento (UNGS), aclara que “los proyectos del organismo permitían una autonomía productiva sin dependencia de importaciones, precios accesibles y un aumento notorio en la calidad de los productos. Ahora, en un contexto de inflación, aumento tarifario y suba del dólar, los productores se quedaron solos”.

En el norte del país, varios trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar se vieron tan afectados como poco sorprendidos por los telegramas que materializaron su desvinculación. Tal es el caso de Ana Herrera, quien se desempeñaba como referente de Comercialización en la sede que el organismo posee en Salta. “Desde hace dos años y medio fuimos maliciosamente evaluados por la nueva conducción. El presupuesto disminuyó hasta hacerse inexistente, los vehículos se deterioraron y se vencieron las revisiones técnicas obligatorias”, dice Herrera, quien también fue referente de Comunicación hasta 2012. “Después de 23 años en el sector, en abril me despidieron sin previo aviso, al igual que a otros 25 trabajadores”, concluye.

Hombre mirando al costado junto a cajas con verduras.

Feriazo organizado por familias de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) para vender su producción a $10 en Plaza Constitución, CABA.

Como un efecto dominó, los trabajadores de la tierra se ven directamente perjudicados en este contexto. “Con mi familia nos dedicamos a la cría de cabras para fabricación de queso artesanal, con los técnicos despedidos veníamos trabajando y estudiando el valor agregado del queso. Ahora la persona encargada del sector ni aparece y casi no hay visitas territoriales”, explica Rodrigo Cuevas, pequeño productor de la localidad de Amblayo, en el valle Calchaquí salteño.

En la región Centro, las imágenes no hacen más que repetirse. “Nosotros formulábamos proyectos junto a las familias agricultoras para mejorar la escala de producción y forjar un vínculo directo con el consumidor, evitando intermediarios. También promovíamos la agroecología a través de encuentros y ferias polirrubros con certificación estatal”, describe Ariadna Arrigoni, quien se desempeñó durante 15 años como técnica en la SAF de Córdoba. “De los 52 técnicos que trabajábamos en 2015, solo quedaron 8, hay territorios que ya directamente no tienen asistencia”, explica Arrigoni, quien también era delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) dentro del organismo.

“Me dediqué toda la vida a la producción de verduras y huertas en las casas. La SAF nos brindó talleres, nos inculcó conocimientos más allá de los que teníamos y promovió ferias para el productor que está a 70 u 80 kilómetros de la ciudad y no se podía ganar el mango. Lo que hizo el Gobierno con la subsecretaría es un desastre”, asevera Servando Conci, agricultor del pueblo Colonia Tirolesa, en Córdoba.

El litoral tampoco escapa a la onda expansiva de despidos en la institución. “En Entre Ríos hubo tres tandas de despidos, 60 en abril de 2016, 16 en abril de este año, y otros 20, incluido yo, en agosto”, detalla Mario Den Dauw, quien trabajaba en la SAF desde el 2001. “Las más afectadas fueron las mujeres y los profesionales que habían ingresado en la época del kirchnerismo. Las listas las armó la Federación Agraria Argentina (FAA), comandada por el senador Alfredo de Ángelis, con el aval del ahora secretario Luis Etchevere. De todas formas esto nos fortalece, porque la solidaridad entre los organismos y los productores, que representan más del 70 por ciento de actividad en la provincia, es irrompible”, asegura Den Dauw, también delegado de ATE.

La situación en Mar del Plata, a su vez, es extrema: hay un cese total de actividades. Como explica Hernán Molina, prosecretario gremial de ATE en la ciudad costera, “la decisión política fue despedir a nueve compañeras y cerrar las oficinas del organismo. En la provincia de Buenos Aires, los despidos ascienden a 61, afectando tanto la producción como las normativas que regulan la calidad y suprimen la utilización de agrotóxicos”.

En la región más austral del país, el caso de Silvia Crettón, ex agente territorial de SAF Santa Cruz, excede a cualquier lógica, ya que se transformó prácticamente en una trabajadora ad honorem. “Había un listado con el nombre de cinco de los siete trabajadores en la provincia, dentro del cual estaba el mío. Finalmente, en septiembre nos rescindieron el contrato pero nunca tuvimos notificación ni telegrama”. A su vez, Crettón explica que al manejarse en varios territorios no tenía oficina y nadie fue a retirar las herramientas que le brindaba el organismo, a pesar de las presiones recibidas para que las devuelva. “Hay 600 familias productoras registradas a las cuales seguimos asistiendo por una cuestión humana. Somos el único ente estatal que está con los pequeños productores”, asegura.

Una de las localidades en las que Crettón desarrollaba su actividad era Comandante Luis Piedrabuena. Javier Lemos, oriundo de la zona y fabricante de cerveza artesanal, explica que “hay proyectos con mi familia y la gente del pueblo para hacer plantaciones de lúpulo, un producto escaso y cotizado. La asistencia de gente como Silvia es fundamental no solo en lo técnico, sino también en lo anímico”. Esto parece no importarle al gobierno nacional, que sigue cercenando puestos laborales e historias de vida desde Ushuaia a La Quiaca.

Los despidos son bien federales

Los despidos son bien federales

Interior de una fábrica con máquinas.

Parque Industrial Villa Flandria, Jaureguí, Provincia de Buenos Aires.

La creciente cantidad de despidos en lo que va del año es un eslabón en la profunda recesión económica que trajo aparejada la gestión del gobierno de Mauricio Macri. Un informe emitido por el ex Ministerio de Trabajo, tras un relevamiento llevado a cabo por el Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA), muestra la pérdida de 106 mil puestos laborales en los primeros seis meses de 2018. Dentro de este grupo, el sector privado se vio particularmente afectado, a tal punto que solo en el mes de mayo se perdieron más de 13 mil empleos registrados. La situación se agrava en las provincias, donde las desvinculaciones arbitrarias se suman a la evasión de leyes y la implementación de artimañas por parte de las empresas para maximizar ganancias y reducir la mano de obra.

Benito Aramayo, licenciado en Economía (UBA) y ex titular de Economía Política en la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), sostiene que “las causas principales de la crisis y el ajuste tienen como base la estructura dependiente y latifundista de la economía, cimentada en el avance de la concentración y monopolización de la producción en la industria y en el campo. En Jujuy, por ejemplo, tan sólo seis empresas monopolizan el 82 % de la producción manufacturera industrial y cinco grandes terratenientes poseen el 45 % de los terrenos con valuación fiscal”.

Aramayo, ex vicedecano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (UNJu) y Profesor Emérito de la institución, entiende que hay sectores particularmente afectados por la crisis económica y el aumento del desempleo.En el NOA y el NEA ya hay despidos masivos en empresas azucareras y pymes. De todas formas, comparado con el centro del país, en proporción podrían haber menos despidos dado que la estructura económica está más monopolizada en la producción: azúcar, tabaco y minería” aclara el economista.

La situación del tradicional Ingenio Ledesma en Jujuy es ilustrativa de la problemática que plantea Aramayo en relación al sector azucarero. “En este último tiempo despidieron a 32 personas, y están rotando gente para, supuestamente, no seguir despidiendo, aunque nadie nos garantiza que esto no suceda”, explica Rafael Vargas, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma (SOEAIL).

Interior de una fábrica vacía, con los tanques amontonados.

«Las causas principales de la crisis y el ajuste tienen como base la estructura dependiente y latifundista de la economía», dijo Benito Aramayo, licenciado en Economía de la UBA.

En la misma línea, Vargas afirma que “desde que está Gerardo Morales como gobernador en Jujuy, se han perdido 400 puestos laborales, han intervenido sindicatos y asambleas. El Ingenio San Isidro en Güemes (Salta) dejó 700 trabajadores en la calle, ahora nos enteramos que reabrió pero con el mínimo de personal posible”. Por su parte Antonio Apaza, delegado de la sección Biocombustibles de la SOEAIL, aclaró que “a los 32 despedidos hay que sumarles 50 que estaban fuera de convenio, y 150 que se jubilaron. Las jubilaciones son una forma de despido encubierto, ya que los puestos no se renuevan”.

“Estuve ocho años trabajando en la empresa y este año por primera vez me adherí a un paro de 24 días. De ser uno de los empleados más calificados pasé a ser perseguido, sancionado, impedido de ascender y finalmente despedido con una liquidación final inferior a lo establecido por la ley”, afirma Daniel Campbell (30), quien era el único trabajador dentro del convenio en la sección de Fermentación de Alcohol y está en litigio con Ledesma.

En la región centro del país la situación es similar. Los últimos informes muestran desvinculaciones y suspensiones en Georgalos (Córdoba), Mercedes Benz (Mar del Plata), y General Motors (Alvear, Santa Fe). Consultado por este medio, Mauricio Brizuela, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (SOEPU) de San Lorenzo (Santa Fe), aclara que “en la provincia, DOW-Dupont tiene 22 despedidos disfrazados de ‘retiros voluntarios’, petroquímica Pampa otros 7 y 22 cesanteados sin renovación de contrato. También la aceitera Buyatti cerró sus puertas en enero y les paga la mitad del sueldo a 150 empleados con una proyección de cierre hacia fin de año, mientras que Bunge despidió a 3 empleados en su planta de San Jerónimo”.

Interior de una fábrica, con máquinas y materiales.

La fábrica Extreme Gear S.A. (ADIDAS) de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires, cierra sus puertas por la apertura de las importaciones.

Brizuela también se refirió a otros casos a nivel provincial, como el de Motos Guerrero, empresa que en julio cerró sus puertas para luego reabrirlas con turnos y sueldos reducidos; y el de General Motors, que suspendió 1.500 empleados hasta febrero del año próximo. “A principio de mes paralizamos el cordón industrial de Rosario para visibilizar la gran cantidad de despidos y suspensiones en el sector. También hay persecución sindical, hace doce días que estamos de paro en la química IDM porque suspendieron a todos los delegados y la policía se mete adentro de la fábrica e interviene de forma violenta. Este modelo de país para los trabajadores no va más”, asegura el gremialista.

Si el viaje continúa hacia el sur, el paisaje no se modifica. Según el Sindicato de Empleados de Comercio de Chubut, en lo que va del año se perdieron 500 empleos en la región, mientras que un informe de la misma institución afirma que en Puerto Madryn se realizan dos consultas diarias por despidos. En la localidad chubutense de Gaiman, 24 empleados quedaron en la calle tras el cierre de la procesadora de algas Soriano. La ciudad de Catriel (Río Negro) también se vio afectada por los 83 trabajadores despedidos de la petrolera San Antonio, empresa que en mayo del año pasado despidió 334 empleados en su planta de Santa Cruz.

También hay conflictos como el de la distribuidora de frutas, peces y mariscos Agropez en Rawson (Chubut), que en julio había desvinculado a 23 marineros de su personal luego de una huelga. “Hubo una protesta de varios empleados por un descuento de dos mil cajones de langostinos con presunta melanosis (NdeR: formación de manchas oscuras en mariscos), pero nosotros sabíamos que los certificados presentados por la empresa eran truchos. Después de una semana de lucha logramos que reincorporen a los compañeros y les restituyan el dinero descontado injustamente” asegura Ramón Vera, delegado del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Entretanto Sergio Balcaza, secretario administrativo de la UOM en Madryn, declaró que “hay una disputa interna con Antonio Caló (NdeR: secretario general de la UOM y la CGT) y la cúpula dirigencial porque más allá de la situación crítica ponen trabas y están en contra de los que luchamos día a día para cambiar esta realidad”. Lejos de la atención mediática concentrada en Buenos Aires, sea en Jujuy, Santa Fe o Chubut, la destrucción de puestos laborales en el sector privado no se detiene.

Interior de una fábrica, con mesas de trabajo vacías y trapos tirados en el piso.

Cierre de la Cooperativa textil Mac Body, ubicada en Villa Urquiza, Capital Federal.

Interior de una fábrica vacía.

Un relevamiento del Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA) muestra que en los primeros seis meses de 2018 se perdieron 106 mil puestos de trabajo.