Mar 7, 2019 | Novedades, Trabajo
El creciente cierre de locales puso en alerta a la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (FAIPA), que el 14 de enero decretó el estado de “emergencia nacional de las panaderías”. “A nivel nacional hicimos un cálculo de panaderías registradas y en el último tiempo han bajado sus persianas, o continúan trabajando informalmente, cerca de mil panaderías sobre un total de 37 mil”, afirma Miguel Di Betta, presidente de FAIPA, y agrega que “Buenos Aires es una la zonas más afectada junto con Rosario”. En este contexto, a nivel nacional, las ventas en la industria panadera cayeron entre 30 a 35 por ciento en promedio, según las empresas del sector.
De acuerdo a la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires (FIPPBA), se estima que en la provincia unos 200 locales cerraron sus puertas en 2018, “muchos de ellos con más de 50 años de trayectoria”, según expresó en un comunicado. Mientras que en Rosario, la Asociación de Industriales Panaderos denunció la desaparición de 60 panaderías durante el último año.
Desde el Centro de Industriales Panaderos del Oeste (CIPDO), su presidente Rodolfo Silva puntualiza: “En nuestra zona cerraron un promedio de 40 panaderías, no todas grandes, algunas son panaderías chicas que arrancaron hace tres o cuatro años y con la crisis tan rápida que hubo no pudieron hacer pie”. El cierre de establecimientos panificadores se da incluso en áreas de poder adquisitivo alto, donde no se siente tanto el achicamiento de salarios, como en la zona norte del Gran Buenos Aires. Pero claro, hay costos impagables. Allí, el alquiler de una panadería ronda los 180 mil pesos. “Tenemos calculado que entre 15 y 20 establecimientos cerraron en este proceso que viene del año 2016, dejando 60 personas en la calle”, detalla Luciano Eberlé, secretario general del Sindicato de Obreros Panaderos de San Isidro y Vicente López (SOPSIyVL).
Los representantes de las distintas agrupaciones de panaderos coinciden en que el aumento de materias primas y servicios, la caída del consumo y la presión tributaria originaron el desequilibrio del negocio. “Uno de los factores que causa la crisis del sector es la caída de las ventas y el otro es el aumento de las tarifas, sobre todo la del gas que en noviembre fue del 100 por ciento. Además, la harina aumentó un 300 por ciento a hoy”, sostiene Silva. Por otra parte, Di Betta indica que “el aumento de los servicios es fundamental para la debacle que ha habido, porque el trabajo nuestro se maneja con gas, luz y agua; son tres esenciales materias primas, como es la harina también”.
Por los barrios
Josefina es propietaria de La Genovesa, una panadería centenaria que funciona sobre la avenida Manuel Belgrano en la localidad bonaerense de Wilde, y aporta datos concretos de los precios: “La bolsa de harina hace un año estaba en 400 pesos y hoy estamos en 1.000. Con la harina a 400, el kilo de pan lo teníamos entre 30 y 40 pesos, ahora lo tenemos a 70 con la bolsa de harina a 1.000 pesos”. Josefina también señala que los aumentos los empujan a congelar los precios para mantener la clientela ya que “en realidad, tendría que estar 100 pesos el kilo de pan, pero si es así no podríamos vender nada”.
La propietaria de La Genovesa ilustra con números contundentes la crueldad de tarifazo: “Hace un año, pagaba de gas 700 pesos, ahora me vino 37 mil. De luz me venía 3 mil pesos y hoy me vino 40 mil pesos. Estamos al límite, no se llegan a cubrir los gastos”, reconoce. Es que mientras los servicios y la materia prima están dolarizados, los sueldos están pesificados.
Otro caso testigo es el de Marcela Pérez que hace 11 meses abrió un local en la calle Las Flores al 800, en el partido de Avellaneda. Pérez confirma que a raíz de los aumentos se dio un cambio en los hábitos de compra de los clientes, dado que ahora “se consume menos, por ejemplo antes llevaban un cuarto de galletitas y ahora te llevan solo 20 pesos”. Lo mismo le sucede a Claudio, dueño de Panadería Bahía Blanca, también en Avellaneda, que reconoce que «los productos más caros dejaron de consumirse, como las tortas que ya no las hacemos». A esto hay que sumarle que en verano siempre bajan las ventas en estos negocios.
Causas y consecuencias
La devaluación del peso, que llevó el dólar a costar más de 40 pesos a fines de agosto de 2018, aceleró los precios de los productos que vienen del campo, los que se importan y la provisión de energía. “Hoy exportar el grano de trigo es más negocio que procesarlo en el país y hacer pan. El grano de trigo está en pocas manos de los grandes exportadores, la mayoría corporaciones extranjeras, por lo que el valor del trigo es el mismo a nivel nacional que la cotización internacional de la bolsa de Nueva York”, explica Xavier De Escalada, encargado del rubro de panaderías y pastelerías de la Asociación de Empresarios Nacionales (ENAC).
En este sentido, Silva, el presidente de CIPDO, manifiesta que “el sector triguero es el verdadero formador de precio, están todo el tiempo comparándote a precio internacional. Argentina produce 18 millones de toneladas anuales y 6 millones se utilizan en el país. Lo que nosotros reclamamos cuando hicimos el ‘panazo’ es que tiene que haber un precio interno, porque se escudan en el libre comercio, pero Estados Unidos tiene libre comercio y tiene precio interno”.
Eberlé, por su lado, describe: “Tenemos una situación de incompatibilidad, yo me manejo con una moneda depreciada pero las cadenas que dan el servicio necesario para que funcionen las panaderías se manejan con dólar”. Por su parte, Silva apunta: “Todo aumenta, inclusive los impuestos, porque el IVA, Ingresos Brutos y Aportes Patronales van por encima de la inflación; pero no aumentó el salario del trabajador, o sea que a tu cliente la plata no le alcanza para ir a comprar a su panadería, vos no pudiste subir tus precios, no pudiste cerrar a tu ganancia, entonces estás en un embudo”.
Otra consecuencia de la crisis que atraviesa el rubro es el crecimiento de la venta clandestina de productos panificados que “ya existía y ahora se nota más, porque hay panaderías que han bajado las persianas pero continúan trabajando a puertas cerradas, sin pasar por ningún control de sanidad, no pagan impuestos y venden más barato. Esto abarca a un 40 por ciento de la actividad”, denuncia Di Betta.
Asimismo, la baja de consumo genera una flexibilización laboral. Eberlé, el titular del gremio de obreros panaderos de San Isidro y Vicente López advierte que “cuando empiezan a sentirse en crisis, la solución inmediata de la empresa es pagar media jornada al trabajador, o el ‘trabajen una hora más’. Acá no hay panadería que cierre los lunes, en el convenio dice que es el día de descanso del panadero pero lo sortearon a través de distintos días de licencias; entonces no hay descanso, hay 30 días de trabajo. O también empiezan con la polifuncionalidad”.
El 12 de diciembre pasado envió una carta documento al presidente Mauricio Macri y el 15 de enero hizo un pedido de audiencia urgente, sin respuesta hasta el momento. Entre los requerimientos que realizan se destaca el de “retrotraer el costo de la energía a diciembre del 2017 o una energía diferenciada para la producción del pan, control sobre el precio del trigo para evitar los abusos en esa parte de la cadena formadora de precios y tener previsibilidad del costo de la harina cuidando el precio para el mercado interno, moratorias a 60 meses sin intereses para el pago de deudas impositivas y el control de la clandestinidad”.
Silva cuestiona la falta de respuesta del Poder Ejecutivo: “Está más que claro que la política de ellos es no dar nada. Todas las grandes cadenas reciben préstamos, beneficios impositivos y las panaderías chiquitas no reciben nada”. Así, panaderos y vecinos ven desmigajarse sus ingresos día a día.
Nov 15, 2018 | Culturas, Novedades
Mnémora es una producción multimedia comunitaria en la cual el pueblo toma el papel de protagonista principal.
Viajes en el tiempo, rayos láser, monstruos, escenas de acción y suspenso que reúnen a José de San Martín, Juana Azurduy, Martín Miguel de Güemes y Eva Perón en una ciudad subterránea donde no existe el tiempo. Esos son son algunos de los elementos que se conjugan en Mnémora, una película que combina la artesanía comunitaria con la tecnología digital para hablar sobre cómo la comunidad y el pueblo transforman la historia.
Mnémora, Pueblo, Poder y Tiempo es el segundo film creado por la productora escuela cultural y comunitaria El Culebrón Timbal; el primero fue El Cuenco de las Ciudades Mestizas en 2008, un mediometraje ganador del Festival Nacional de Cine con Vecinos y de doce premios internacionales. «Después de esa experiencia nos planteamos la posibilidad de hacer otra producción multimedia comunitaria pero que estuviera estructurada en torno a un relato de aventuras y que pudiera combinar los lenguajes del cómic, de la ciencia ficción, la novela negra, del realismo mágico, y las cosas que nos gustaban como grupo artístico», cuenta Eduardo Balán, coordinador y miembro fundador del Culebrón Timbal.
El Culebrón Timbal es un colectivo cultural que comenzó a fines de la década del 90 como una banda de rock. Funciona como una productora comunitaria con sede en Cuartel V, uno de los barrios más vulnerados del partido de Moreno. Además, sustenta una Escuela de Arte y Comunicación y cuenta con un plurimedio barrial que comprende el periódico La Posta Regional, la FM La Posta y el Canal 3 Comunitario.
La película cuenta que en el año 2070 la humanidad ya maneja la tecnología para viajar en el tiempo, por lo que un “Gobierno Global” lanza una campaña que se presenta como una cruzada para borrar de la historia a todas las tiranías y dictaduras, pero que en realidad pretende eliminar a muchos movimientos sociales y populares y a los líderes revolucionarios de la historia de la humanidad. Así, se desata una rebelión que se sitúa en una red de túneles bajo tierra recubiertos por una membrana resistente a la tecnología gubernamental. La ciudad subterránea se llama Mnémora y allí se unen rebeldes de toda las épocas para tratar de detener esa especie de genocidio temporal.
La película es una mezcla de géneros: aventura, ciencia ficción, novela negra, y hasta realismo mágico.
Para el director de Mnémora, Alexis Fusario, la ciencia ficción es un género que siempre se esquiva por falta de presupuesto; sin embargo, “El Culebrón Timbal históricamente es una máquina de pensar cómo se pueden hacer las cosas por otros caminos. El desafío estaba en pensar qué es lo que no se hace nunca y probar que dignamente igual se puede hacer”. Asimismo, Balán reflexiona que “la ciencia ficción, cuando habla de los viajes en el tiempo, también sirve para poner en cuestión la visión más tradicional que en general tenemos sobre el tiempo, que lo vemos siempre como una dimensión que está para ser conquistada por la planificación racional. Y en realidad, hay otras visiones del tiempo que están más en la cultura popular, donde el tiempo es algo más circular, con ciclos, con momentos que van y vienen y con cosas que se van dando como un espiral en donde parecen que se repiten pero siempre en un punto de partida distinto”.
Aparte de ser una película de peripecias, Mnémora es un proyecto colaborativo y autogestivo donde participaron más de 200 personas y una superartesanía que combina en su narración la acción; los efectos especiales, dibujos animados y una banda sonora original compuesta por quien fuera tecladista de Mercedes Sosa, Gustavo “Popi” Spatocco, basándose en temas de la banda El Culebrón Timbal pero grabadas por la Orquesta Sinfónica de la Municipalidad de San Martín. Para los efectos especiales y las ilustraciones contaron con la colaboración de Marcelo May, Emilio Utrera y Julián Sequeira. El sonido lo realizó FM Tinkunaco y los equipos de grabación fueron provistos por SOFOVIAL, la Sociedad de Fomento de Video Alternativo. Por último, el elenco está integrado por vecinos del barrio y por actores de la Cooperativa de teatro La Comunitaria.
Mnémora es un proyecto colaborativo y autogestivo donde participaron más de 200 personas.
La producción de Mnémora sigue una lógica colectiva, “lejana a la lógica del mercado, la competencia y los altos presupuestos y mucho más real en el sentido de una lógica colaborativa: un grupo de gente haciendo algo juntos”, dice Fusario y agrega: “Por ejemplo, uno de los principales héroes de la película no es un héroe individual, es el pueblo y esa potencia, esa energía que tiene la gente juntándose a hacer algo”. Del mismo modo, Balán define a Mnémora como “una declaración de amor al pueblo, a lo colectivo y a lo colaborativo. Es una especie de manifiesto de que lo que hagamos juntos va a ser siempre más divertido, más colorido y más efectivo para transformar la realidad que lo que hagamos disciplinados por la competencia, o por el lucro, o por cualquier dispositivo del capitalismo”.
En definitiva, de eso habla el largometraje y por eso sus realizadores afirman que ‘Mnémora cuenta lo que Mnémora es’. “La mejor manera de contar una historia sobre un grupo de personas que quieren salvar el mundo, es hacer la película con un grupo de personas que quieren salvar el mundo. Y las personas que están en organizaciones de cultura comunitaria, mal que mal, cada uno a su manera, son gente que desde lo que hacen quieren salvar el mundo”, cierra Balán.
Mnémora, Pueblo, Poder y Tiempo también se enmarca en una obra transmediática que incluye, además de la película, una novela gráfica; el videojuego Las lentes de Galimán (disponible para celulares y PC) y un disco con la banda sonora. Su proyección se llevará adelante durante los días 16, 17 y 18 de noviembre a través de un circuito de exhibición completamente colaborativo y gratuito en Argentina y Latinoamérica, en las sedes de más de mil centros culturales y comunitarios, salas de cine y universidades.
El film podrá verse durante los días 16, 17 y 18 de noviembre en las sedes de más de mil centros culturales y comunitarios, salas de cine y universidades.
Oct 10, 2018 | Novedades, Trabajo
“Huesitos” transita por el undécimo año de su existencia tras haber sido recuperada por los trabajadores. Un camino que no fue fácil ni lo es aún, ya que por la situación económica en la actualidad sus máquinas funcionan solo dos días a la semana en el edificio ubicado en Salcedo 470, Wilde.
La Cooperativa de Trabajo Huesitos Wilde Ltda., que se dedica a la fabricación de entretenimientos para mascotas, está integrada por ex obreros de Starpet S.A. y se constituyó como respuesta a la quiebra que en 2006 dejó sin empleo a 180 personas.
La firma Starpet S.A. había desembarcado en la localidad de Avellaneda en 1996 y llegó a emplear a más de 200 personas. Se dedicaba exclusivamente a la fabricación y exportación de huesos de cuero vacuno. Diez años después, la compañía presentó inesperadamente la quiebra. Los motivos del conflicto aún no están claros para los trabajadores: «Aparentemente fue un problema interno con los socios que estaban radicados en Estados Unidos», cuenta Mary Chávez, secretaria y socia fundadora de la cooperativa. Pero para Marcelo, esposo de Chávez y encargado de la comercialización, “se dejó de exportar por diversos motivos. Según la empresa, se les quitó los beneficios que le daba el Estado, y así dejó de ser negocio para los empresarios y se fueron”.
Frente a la quiebra, “la gente del Sindicato de Obreros Curtidores decidió no hacer nada y la fábrica fue vaciada en su gran totalidad, se llevaron hasta los inodoros», recuerda Chávez, aún asombrado. Asimismo, indica que la idea de nuclearse en una cooperativa de trabajo nació de la mano de Joaquín Escobar, Director General de Economía Social y Solidaria de la Municipalidad de Avellaneda: “Él nos ayudó, nos brindó información de cómo era una cooperativa, cómo se formaba. Porque nosotros, hasta ese entonces, veníamos, trabajábamos, cobrábamos nuestro sueldo, y nos íbamos. O sea: cero experiencia en administrar”. De esta forma, a fines de enero de 2007, se reunieron 33 personas y armaron Huesitos Wilde que comenzó a funcionar de manera autogestionada el 18 de octubre de ese año.
Actualmente, la empresa cuenta con 30 trabajadores y es presidida por Marcelo Quiroga. La fábrica se divide en dos sectores, uno artesanal, donde se producen los huesos de cuero crudo vacuno anudados; y otro industrial, que elabora palitos para perros hechos de cuero molido y almidón. El edificio ocupa una superficie de 4.490 metros cuadrados y está compuesto por tres pabellones con pisos de cemento y techos de chapa de zinc deterioradas.
El taller dispone de una decena de mesas de trabajo pero solo una se encuentra operando. Parado junto a ella, Walter empaqueta palitos para perros. Es uno de los asociados más antiguos y relata que aprendió el oficio de armado de huesos en 1989 y nunca más trabajó en otra cosa. Hoy instruye a cinco armadoras que tiene a su cargo. “Antes, se exportaba bastante. Se alcanzó a sacar 30 containers en un mes, ahora no hacemos ni uno y había 96 armadores, ahora somos diez”, rememora. Además, reconoce que “está medio jodido el tema de laburo porque no hay ventas. Los palitos se venden pero los huesos están complicados, lo que más afecta es el tema del dólar”. Los aumentos en la materia prima que necesita Huesitos son constantes: “Los que te venden el cuero te lo venden en dólares, entonces los costos al día de hoy son tan variables que es imposible cubrirlos”, detalla Marcelo Chávez.
Chávez fue supervisor en Starpet S.A. y renunció antes de la quiebra, pero volvió en 2009 cuando Huesitos comenzaba a dar sus primeros pasos como fábrica recuperada. “Hace seis años fue una época buena por desgracias ajenas, dos fábricas cerraron y teníamos muchos encargues de esos clientes. Además, había un buen poder adquisitivo por lo cual teníamos buena demanda”. Pero el panorama se empezó a complicar a partir de 2015. Chávez explica que se trata de un sector de la industria que tradicionalmente exporta sus productos y por eso, “en el mercado interno no le vendés a nadie, porque no es un producto de primera necesidad. Vos antes de gastar 30 pesos en un hueso le comprás un kilo de Dogui al perro”.
Suba del dólar, caída de la demanda, y aumento de tarifas crean un cóctel fatal para la cooperativa, que se ve obligada a reducir jornadas de labor. “Nosotros trabajamos con gas envasado y ha aumentado en un corto tiempo un 80 por ciento”, dice la secretaria de la cooperativa. Sin embargo, la empresa sufre más el impacto de la caída de las ventas. Con una facturación mensual que ronda los 200 mil pesos solo están trabajando dos días a la semana y no llegan a vender esa producción: “El problema es que en la actualidad no hay mucha plata y al no tener una espalda financiera tenés que trabajar con el día a día. Eso genera que no se llegue a vender toda la producción y se frena la entrada de materia prima. Tenemos que parar porque no tenemos los recursos para seguir trabajando”, puntualiza Marcelo.
Pese a la delicada situación que vive Huesitos, su secretaria afirma que por el momento ninguna de las 30 fuentes laborales está en riesgo, así como no pierde la esperanza al afirmar que “en lo inmediato, la idea es vender más para poder producir más y seguir manteniéndonos, porque realmente en la Argentina no conseguís laburo. Si esto se va a pique no hay otra posibilidad de trabajo, más para gente como nosotros que solo tenemos estudios básicos. La situación es crítica”.
Oct 5, 2018 | Comunidad, Novedades
Una resolución del Poder Ejecutivo dispone suspender beneficios a las personas que reciben pensiones por discapacidad que presenten “incompatibilidades” para percibirlas, basándose en un decreto 432/1997, firmado por Carlos Menem. La semana pasada se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 268/2018 emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en la que se oficializa un nuevo “circuito administrativo de notificación” ante presuntas incompatibilidades en el cobro de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Este protocolo de información establece que una vez detectada la irregularidad será comunicada al beneficiario para la toma de conocimiento y lo obliga a formular su descargo ante la autoridad pertinente en un plazo de diez días hábiles. Distintas voces representativas del sector rechazan de plano la medida.
“Lo que desde el Gobierno están buscando con esto es dar debida notificación a las personas, ya que el Estado acaba de de perder un juicio porque no notificaron las bajas que se dieron el año pasado, que se hicieron sin notificar a los pensionados. Eso se llama ‘violación del debido proceso’ en Derecho”, explica Varina Suleiman, abogada de la Red por los Derechos de Personas con Discapacidad (REDI). Esa organización impulsó las presentaciones judiciales ante la masiva cancelación de pensiones cometida el año pasado por el gobierno. El Ejecutivo daría este nuevo paso para subsanar su anterior “error” que consistió en eliminar las pensiones sin avisar a los perjudicados.
Es que la resolución de ANDIS se dio como respuesta al fallo del Juzgado Federal de la Seguridad Social N°8, a cargo de Adriana Cammarata, que el 18 de septiembre ordenó al Poder Ejecutivo restituir las 170 mil pensiones por invalidez que fueron suspendidas o interrumpidas desde enero de 2017. En el dictamen, la jueza Cammarata había considerado el recorte como un hecho “lesivo, con arbitrariedad e ilegitimidad manifiestas de los derechos y garantías contemplados tanto en la Constitución como en los Tratados Internacionales”. Sin embargo, el actual Ministerio de Salud y Desarrollo Social comandado por Carolina Stanley apeló la sentencia y en simultáneo se estableció un nuevo “circuito administrativo” con el objetivo de complejizar el reintegro de dichas pensiones.
Como se mencionaba, la resolución 268/2018 se dicta para aplicar un decreto firmado por el entonces presidente Carlos Menem en 1997 que establece que los beneficiarios de pensiones no deben percibir (el cónyuge tampoco) jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva. Además, el solicitante debe acreditar una invalidez del 76 por ciento o más; no tiene que estar empleado bajo relación de dependencia ni tener bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia.
Este criterio para otorgar las pensiones es cuestionado por las agrupaciones de personas con discapacitadad: “Supongamos que una persona tiene un auto y está en silla de ruedas, el auto lo utiliza para trabajar porque no tiene forma de llegar (no hay colectivo de piso bajo o porque el tren en hora pico no entra una silla de ruedas); o que una persona tenga una casa que heredó, entonces es como que el Estado le está diciendo ‘bueno primero vende tu casa y después vení a pedirme una pensión”, ilustra Suleiman.
Según Matías Ferreyra, Secretario de DDHH y Asuntos Legales de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes, esta misma situación se da en el caso de que se comprobara la convivencia en el mismo hogar de más de una persona que percibiera el beneficio: “En esa circunstancia, uno de los beneficiarios debería renunciar a la pensión. Esto es muy grave ya que existen muchas personas con discapacidad visual cuyas patologías son derivadas de enfermedades genéticas y hereditarias, por ejemplo la retinosis pigmentaria, amaurosis congénita de Leber, neuropatía óptica hereditaria de Leber, enfermedad de Stargardt, entre otras”. También, de acuerdo a Remigia Cáceres, Secretaria de Discapacidad de la CTA de los Trabajadores, si se emplea a rajatabla el Decreto que habla de pensiones por invalidez laboral, “solo es aplicable a las personas mayores de edad, y en ese sentido los menores ya no quedan en este cuadro, no van a percibir este beneficio con el supuesto de que esos niños no pueden trabajar».
En suma, “esos requisitos no tienen nada que ver con la posibilidad de sostener una vida independiente por parte de las personas con discapacidad. Existe un coste de vida mayor asociado al hecho de vivir con una discapacidad. En un estado ideal de las cosas, este costo extra debería ser sostenido por el Estado a través de garantizar derechos específicos. Pero esto no sucede”, indica Ferreyra y sostiene que la posibilidad de que una persona con discapacidad tenga una vida digna e independiente en Argentina es ínfima: “La desocupación entre las Personas con discapacidad alcanza el 80 por ciento, el Estado no garantiza derechos a los que él mismo se comprometió y ahora el Poder Ejecutivo quiere avanzar en revisar pensiones a través de una norma que tiene 21 años de antigüedad y que nada tiene que ver con el modelo social de la discapacidad”.
Asimismo, se plantea la inconstitucionalidad de esa normativa debido a que contradice los preceptos de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) a la que la Argentina suscribió en 2008 y con lo cual tomó carácter de Ley. La CDPD establece en su artículo primero que se considera personas con discapacidad a “aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.
“El decreto toma un concepto médico: tenés que tener un 76% de invalidez laboral y ese concepto médico es contrario a la CDPD que aplica un modelo social. Ese déficit que se puede detectar con estudios médicos no es suficiente para discapacitar sino que hay una barrera social, cultural y actitudinal”, dice Suleiman y ejemplifica: “Por ejemplo, en el caso de la silla de ruedas la discapacidad no es solo porque la persona, supongamos, tiene espina bífida sino porque hay una sociedad que construye todo en base a un binomio normal-anormal y entonces, hay universidades con escalinatas, ascensores pequeños donde no entra la silla de ruedas. Es decir, es una cuestión cultural la que crea la discapacidad y la CDPD llama a deconstruir las barreras culturales”, detalla Suleiman.
Conforme al INDEC, el 10,2% de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad y de acuerdo a datos de REDI, el sistema de pensiones no contributivas contiene a más de un millón de personas en todo el país que reciben 6.045 pesos por mes. Para los consultados por ANCCOM, las medidas en torno al colectivo de personas con discapacidad son un reflejo de las políticas liberales impulsadas por el Ejecutivo. “Este Gobierno vino con un marketing bastante bueno: una vicepresidenta en silla de ruedas, pero engañaron a todos los votantes. Las personas con discapacidad votaron pensando que su situación iba a cambiar pero lo están haciendo desde que asumieron es eliminar a todas las personas con discapacidad con esta quita de derechos”, asegura Cáceres y agrega que “el Fondo Monetario Internacional vino con ciertas direcciones, como esto de quitar las pensiones a las personas con discapacidad, las prestaciones con respecto a la salud”. Por su parte, Ferreyra cree que el Poder Ejecutivo “en esta ocasión avanza sobre el colectivo de personas con discapacidad por ser este relativamente más débil a nivel organizacional que otros colectivos. Al Gobierno no le interesa avanzar sobre corporaciones, y grupos de interés claramente más poderosos que las personas con discapacidad y con el argumento de transparentar situaciones existentes, avanza sobre aquellos más vulnerables”. Como suele suceder últimamente, el hilo se corta por lo más delgado.
En la misma línea, Suleiman afirma que “el Gobierno está buscando recortar derechos porque los derechos tienen un costo y como tiene un modelo de liberalismo salvaje lo que hace es recortar derechos en los más vulnerables”. Además señala que estas políticas demuestran “una falta de criterio de justicia social de parte de los que tienen facultades para gobernar: el Gobierno, los diputados y senadores podrían dictar leyes que distribuyeran la crisis en los sectores que sí ganaron, porque en todo este empobrecimiento hay tres sectores que ganaron de acuerdo a los índices: el campo, el sector de actividades extractivas y el sector financiero. Esos sectores podrían hacer un esfuerzo. Estamos cansados de que siempre se le pida el esfuerzo a los que ya lo vienen haciendo”, concluye.
Jul 18, 2018 | Comunidad, Novedades
El pasado viernes 29 de junio se conoció el dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que determinó la legalidad de la fusión entre la operadora de cable Cablevisión, perteneciente casi en su totalidad al Grupo Clarín, y la empresa multinacional de telefonía Telecom. ANCCOM dialogó con expertos en política comunicacional para dilucidar las consecuencias de esta operación.
“Esta megafusión consolida a la tercera empresa más importante del país en volumen de facturación, y la primera en su rubro, que además tiene posiciones dominantes en cuatro servicios: televisión por cable, telefonía fija, telefonía móvil y conexión a banda ancha de Internet”, explica Diego Rossi, profesor adjunto de la cátedra Políticas y Planificación de la Comunicación de la UBA y docente de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). Así, “Cablevisión Holding controlará el 42% del mercado de telefonía fija en el país, 34% de telefonía móvil, 56% de las conexiones a Internet por banda ancha fija, 35% de la conectividad móvil (con posiciones monopólicas en muchas ciudades del centro y norte del país) y el 45% de la TV de pago”, precisa Luis Lazzaro, docente de Derecho de la Comunicación y la Información de la Universidad Nacional de Moreno y de la UNDAV.
Si bien el fallo de la CNDC establece limitaciones a la operación de fusión para que se «garantice el cuidado de los derechos del consumidor» y se «promuevan las inversiones y el desarrollo tecnológico del sector”, para Lazzaro “no es cierto que la medida fomente la competencia, como pretendió justificar el presidente Mauricio Macri”. La posibilidad que tiene la empresa fusionada de ofrecer una modalidad de servicio cuádruple play “desalienta a nuevos competidores que encontrarán un prestador concentrado y con ventajas competitivas, y perjudica más a quienes no tienen espectro para prestar telefonía móvil, o tienen unidades de negocios más pequeñas que no les permite acceder a crédito o invertir de la misma manera”, asegura Rossi.
Para la docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y secretaria del Sindicato de Prensa de Comodoro Rivadavia, Mónica Baeza, una de las conductas de que implica la concentración mediática se manifiesta en materia de costos y tarifas: “Al ser un solo grupo el que controla todo, también va a controlar los costos que se van a trasladar a los usuarios del servicio». Al respecto, Rossi detalla que la falta de regulación del valor de los abonos lleva a una distorsión de precios: “Fibertel, en abril de 2018 para el mismo servicio de TV por cable más Internet cobraba precios que oscilaban entre $684 en Santa Rosa y Toay (La Pampa) y $1666 en Villa María o Río Cuarto, Córdoba”. Además, agrega que estas prácticas son contrarias a la Ley 27078, conocida como Argentina Digital, que en su Artículo 48 establece que “los precios deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”.
Los efectos de la concentración empresarial son múltiples pero los especialistas coinciden en que la fusión por absorción de las dos compañías pone en riesgo la diversidad de información. Claudia Villamayor, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes, sostiene que esta fusión «habla de un nuevo mapa de la comunicación en Argentina que claramente es una afrenta al derecho a la comunicación y a la democracia de las comunicaciones porque deja concentrada en manos de los sectores privados la administración de la palabra en el país. En este caso, el negocio está concentrado en el Grupo Clarín”. Para Lazzaro, la primera víctima de la concentración es la información: “A mayor concentración de los dispositivos convergentes menor será la circulación de voces y opiniones diversas. Por lo tanto, la previsible manipulación de contenidos en las redes audiovisuales y digitales afectarán en primer lugar a los ciudadanos y a la democracia misma como sistema político en que las ideas deben circular con libertad y confrontarse”.
En la misma línea, Baeza añade que esta fusión afecta las condiciones laborales de los trabajadores de prensa. Por eso hay que leerla a la luz de los acontecimientos que están ocurriendo en el país: “En los últimos dos años tuvimos muchos cierres de medios comunicación en las provincias del interior, y por lo tanto pérdidas de fuentes de trabajo”. De acuerdo con la dirigente comodorense, esto no es casual, “sino que es parte de este proceso de concentración en el que solamente se van a escuchar algunas voces y en el que se elimina la responsabilidad del Estado, en materia de regulación de esos negocios y en torno a garantizar el derecho a la comunicación de todos”. En este sentido, para Rossi “está claro que los cambios en las grillas de programación y el incumplimiento de cuotas de pantalla y producción de películas y series nacionales, avaladas por el actual Gobierno, también ponen en riesgo la diversidad cultural y el pluralismo informativo”.
Por otra parte, Villamayor asevera que, en materia de comunicación, “el rol del Estado según el gobierno de Mauricio Macri y de la alianza Cambiemos es un rol ‘gendarme’, un rol que garantiza la potencia de la concentración mediática. ‘Gendarme’ porque dispone todas las políticas y el marco jurídico para favorecer el crecimiento económico solo del sector privado y reduce al Estado a velar porque esto sea así”. De igual modo, Baeza considera que “nos están debiendo a la sociedad un debate con respecto a este tema, un marco regulatorio y sobre todo acciones de control, ausentes en las políticas de medios desarrolladas en estos dos últimos años”.
